Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CC-70-19 — Registro 15834

Resumen

La Sala de lo Civil declara parcialmente con lugar la demanda de daños y perjuicios, en contra de la sociedad mercantil Taca International Airlines, S.A. Condena a la sociedad mercantil al pago de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON VEINTE CENTAVOS ($ 2,529,875.20), en concepto de daños y perjuicios ocasionados al demandante por el accidente aéreo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “4. En el caso que nos ocupa, es imperante tener en cuenta la temporalidad de finalización y vigencia de las normas internacionales como derecho interno bajo el tamiz del convencionalismo moderno. Para lo anterior, hay que tener en cuenta que el Convenio de Varsovia tiene inicio en el año 1929 y su abrogación por actualización en el año 1999, en donde cada Estado parte deviene en la obligación de su ratificación y depósito para su eficacia dentro de su derecho interno. En sustitución a los limitados y obsoletos alcances del referido Convenio, se firma en la ciudad de Toronto, República de Canadá, el nuevo Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al trasporte aéreo internacional, el cual fue ratificado por la República de Honduras en el mes de enero del año 2016. Con lo anterior, la República de Honduras no se encontraba sometida a las normas convencionales nacidas de dicho Convenio desde el año 1999 hasta el año 2016. El accidente aéreo en que se vio afectado el demandante Alfonso Javier Martínez Bordiú, ocurrió en el año de 2008, año en que se encontraba la República de Honduras en una zona de no derecho convencional sobre la materia, por no encontrarse ratificado el nuevo Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al trasporte aéreo internacional (Montreal 1999).”

Legislación citada

  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “5. Ante la falta de normas internacionales que regulen un control de convencionalidad, se precisa el análisis de la norma considerada como infringida con nuestro régimen legal interno, para lo cual se analiza el artículo 254 de la Ley de Aeronáutica Civil que a la letra dice: “ARTÍCULO 254.- En el caso de muerte o lesiones de un pasajero, la persona o personas con derecho a reclamar la indemnización, deben hacerlo dentro del plazo de dos (2) años a partir de la fecha en que ocurrió el hecho que dio origen a la reclamación, so pena de perder el derecho.” 6. Queda probado en autos, que la parte demandante en fecha 27 de mayo de 2010, solicitó ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, intento de conciliación entre el señor ALFONSO JAVIER MARTINEZ BORDIU BASSO y la sociedad TACA INTERNATIONAL AIRLINES y TACA DE HONDURAS S.A. DE C.V., la cual fue resuelto como imposible de realizar conforme se expone en la constancia extendida por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa de fecha 17 de enero del año 2011 (folios 51 y 52). La demanda ordinaria de daños y perjuicios fue presentada ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha 18 de mayo de 2012, es decir 1 año 4 meses 1 día después de lo resuelto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. El intento de conciliación interrumpe el término prescriptivo. 7. La interrupción de la prescripción de acciones no es un objetivo directo de los métodos alternos de solución de conflictos, sino un efecto colateral y con igual eficacia en casos favorables. Es decir, los métodos alternos de solución de conflictos buscan resolver el conflicto entre las partes de manera pacífica, mientras que la interrupción de la prescripción es un aspecto legal relacionado con el tiempo que transcurre desde que se produce una acción o un derecho y hasta que se ejerce. Por lo antes dicho, bien es cierto que la comparecencia ante un tribunal de conciliación debidamente autorizado para dirimir conflictos (artículo 110 Constitución de la República; 1, 2, 4, 19 de la Ley de Conciliación y Arbitraje) tiene la misma eficacia de suspensión de plazos que una comparecencia ante autoridad judicial y los mismos efectos de interrupción de plazos que la comparecencia ante un órgano jurisdiccional de cosa juzgada que una resolución judicial. Por otro lado, la falta de legitimación es una causa de inadmisibilidad de una demanda, que se presenta cuando el demandante no tiene derecho a presentar la misma porque ha prescrito el derecho de acción. La prescripción es un plazo legal establecido para ejercer un derecho o acción, una vez transcurrido este plazo, el derecho o acción prescribe y ya no se podrá ejercer. En el presente caso, ambas excepciones materiales se encuentran concatenadas entre sí por una supuesta caducidad o prescripción de dos (2) años para presentar la demanda pertinente; quedando acreditado en autos que el ámbito temporal prescrito no ha vencido, por tanto, se desestiman las excepciones materiales interpuestas en juicio.”

Legislación citada

  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Aeronáutica Civil, art. 254 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “8. el demandante en su plan de demanda, reclama indemnización por daño FISICO ocurrido en su rodilla izquierda, sufrida por el impacto en el accidente de mérito. Los artículos 424.2.h y 425.6, ambos del Código Procesal Civil, establecen que deben anunciarse y acompañarse los medios de prueba para hacer valer cada pretensión incoada. En el presente caso, la parte demandante no acompaño al plan de la demanda ofrecimiento ni documento alguno que estimare el DAÑO FISICO denunciado, por tanto, a carencia de asidero probatorio, no se logra probar lo afirmado por el demandante (artículo 228 del CPC). 9. Con el dictamen médico emitido por la doctora Rocío Mayoral Domínguez del Centro Clínico de Psicología y el Lenguaje de la ciudad de Madrid, Reino de España debidamente legalizado, se acredita que el señor Alfonso Javier Martínez Bordiú Basso: “Después de 2 años de tratamiento, el paciente ha experimentado una evolución MODERADA de los síntomas con los que acudió a consulta”; consulta extendida en dos fases: “FASE 1 _Reajuste de la sintomatología esencial del CUADRO DE ESTRESS POSTRAUMATICO; _Re estabilización del Cuadro Somático; _Control de crisis de pánico; _Afrontamiento de Cuadro Ansioso. FASE 2: _Afrontación de cuadro depresivo; _Restructuración cognitiva; _Establecimiento de bases para iniciar una nueva vida.” (folio 25). 10. Con el estudio actuarial del señor Carlos Reyes Barahona, inscrito con número 308 del Colegio Hondureño de Economistas, concluye que: “Basado en los datos proporcionados y los supuestos Técnicos de valuación que sirvieron de base al presente estudio, los gastos explicados en el numeral 6 se valoran en ($112,738,78); los daños y perjuicios representados por el valor presente contingente o valor actuarial de los ingresos afectados a futuro del señor ALFONSO JAVIER MARTINEZ BORDIU BASSO, valorados en $ 2,423,913.59; totalizando la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2,536,652.37).” Se concluye el monto total de los daños y perjuicios reclamados y que no han podido ser desvirtuados por la parte contraria. 11. Que la cantidad indicada en el numeral anterior, conglomera el total reclamado, no obstante, al no haberse probado las erogaciones derivadas del daño físico ocurrido en la pierna izquierda del demandante, como tampoco el costo del boleto aéreo al Reino de España, los que en conjunto suman la cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 6,777.17), razón por la cual, su reclamo se convierte en indebido y como consecuencia debe ser restado de la suma total reclamada en el presente juicio. 12. En el presente juicio, se comprobó la existencia de un accidente aéreo en donde el demandante era pasajero, siendo acompañado de su jefe y amigo Harry Brautigam, éste último perdió la vida a consecuencia del siniestro; lo que le ocasionó al demandante daños psicológicos de largo tratamiento y que por la suma de lo anterior no pudo continuar prestando sus servicios profesionales al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).””

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designada ponente la tercera para la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES DEL PROCESO: El señor ALFONSO JAVIER MARTINEZ BORDIU BASSO, representado en juicio por el abogado FELIX ANTONIO IRIAS RODEZNO como recurrente y parte demandante; siendo recurrida y parte demandada la sociedad TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A., sociedad mercantil constituida de conformidad a las leyes de la República de El Salvador, con representante permanente en Honduras. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, promovida en fecha 18 de mayo de 2012, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado FELIX ANTONIO IRIAS RODEZNO, actuando en su condición de representante procesal del señor ALFONSO JAVIER MARTINEZ-BORDIU BASSO, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresa y con domicilio en España, contra la sociedad mercantil denominada TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A., por medio de su representante permanente en Honduras, señor DARIO HUMBERTO MONTES BELOT, hondureño, mayor de edad, casado, Abogado y de este domicilio. I. ANTECEDENTES DE HECHO 1. En fecha 18 de mayo del año 2012, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado FELIX ANTONIO IRIAS RODEZNO, actuando como representante procesal del señor ALFONSO JAVIER MARTINEZ-BORDIU BASSO, promovió demanda ordinaria de daños y perjuicios por la cantidad de Dos Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Dólares con Treinta y Siete Centavos ($ 2,536,652.37), en contra de la sociedad mercantil TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A., a través del representante permanente en Honduras, señor DARÍO HUMBERTO MONTES BELOT. Demanda que se contrajo al daño psicológico, daño físico, daño y perjuicio económico derivado en virtud de accidente aéreo ocurrido en el entonces Aeropuerto Internacional Toncontín, de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el 30 de mayo de 2018. 1. Argumenta en su demanda, que en horas de la mañana del día 30 de mayo de 2018, el demandante viajaba adentro de un avión estilo Airbus A-320-233 procedente de El Salvador con destino a la ciudad de Miami, Estado de Florida, Estados Unidos de América, el cual, al momento de aterrizar en el Aeropuerto de Toncontín experimentó un accidente aéreo de gran magnitud. 2. Que el accidente se debió a las acciones y omisiones, el comportamiento y conducta del Comandante-Piloto de la aeronave, particularmente por obviar las instrucciones del personal técnico aeronáutico de la Torre de Control y las demás medidas de navegación aérea que le fueron dictadas oportunamente. En el accidente murieron varias personas. Por su parte, el demandante sufrió lesiones físicas, psíquicas y distintos daños y perjuicios. Que la demandada se encuentra legitimada para ser demandada por ser responsable como el Operador de dicha aeronave y Porteador de dichos pasajeros, con base en el artículo 17 del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Trasporte Aéreo Internacional, hecho en Varsovia el 12 de octubre de 1929, que expresa: “El porteador es responsable de daño ocasionado en caso de muerte, o cualquier otra lesión corporal sufrida por cualquier viajero, cuando el accidente que ha causado el daño se haya producido a bordo de la aeronave o en el curso todas las operaciones de embarque o desembarque.” También sustenta con base en el artículo 245 de la Ley de Aeronáutica Civil de Honduras que establece: “…por el contrato de transporte el Porteador es responsable: 1) De los daños y perjuicios ocasionados en caso de muerte o lesiones sufridas por pasajeros, cuando el hecho que los produzca hubiere ocurrido a bordo de la aeronave o durante las operaciones de embarque o desembarque…”. 3. Continua la demanda estableciendo los DAÑOS PSICOLÓGICOS de la siguiente manera: “ansiedad post traumática de carácter grave con aparición asociada de forma secundaria de las siguientes categorías clínicas. grave alteración somática con manifestaciones estables de la siguiente naturaleza: grave alteración del sueño, frecuentes taquicardias, fatiga extrema, falta de concentración y con manifestaciones recurrentes de episodios de crisis de pánico. de otro lado en este mismo sentido y asociado a los episodios de crisis ansiosa tiene un cuadro defensivo de carácter agorafóbico, estableciéndose evidencias de un trastorno de ansiedad generalizada con muestras discontinuas de comorbilidad con cuadro depresivo; angustia permanente, extrema irritabilidad, labilidad emocional, desanimo severo, tristeza, llanto, pensamiento pesimista, sentimiento de impotencia, anhedonia hiporexia a lo anterior debe sumársele la situación de necesidad de reorientar su vida laboral e iniciar una nueva situación de necesidad de reorientar su vida laboral e iniciar un proyecto de vida en España; dado que en el mismo accidente muere su Jefe y gran amigo Harry Bruatigam, acontecimiento traumático que le ha generado una intensa crisis nerviosa cuyo padecimiento ha hecho que las capacidades laborales y destrezas cognitivas estén altamente diezmadas. En cuanto al DAÑO FISICO, el demandante denuncia que “acabó siendo intervenido de su rodilla izquierda como consecuencia del impacto sufrido en la misma el día del accidente y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y a la fecha de demanda no pude usar la rodilla para y como lo hacía antes, habiendo tenido que dejar de hacer, incluso, sus deportes favoritos como ser correr y bicicleta.” En cuanto al DAÑO Y PERJUICIO ECONOMICO, establece la parte actora que al sufrir los daños físicos y psíquicos así como la muerte de su jefe y mentor profesional quien era en ese entonces Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, donde tenía contrato indefinido, con un salario promedio de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 8,258.50) más otros beneficios, lo que arrojó en definitiva un daño económico sobre este concepto de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTRES MIL NOVECIENTOS TRECE DOLARES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 2,423,913.59), según se acredita mediante estudio actuarial. 4. La parte demandada, previo a la contestación de la acción promovida en su contra, interpuso dos excepciones materiales, a saber: 1) CADUCIDAD DEL DERECHO COMO CAUSA DE INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA. Argumenta el demandado que “tal y como lo dispone el artículo 29 del Convenio de Varsovia, que forma parte de nuestra legislación interna incorporado mediante el decreto número 97-93 de 24 de mayo de 1993 publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la Republica de Honduras, de fecha 29 de marzo de 1994, el que literalmente dice: ¨29.(1) La acción de responsabilidad deberá intentarse, bajo pena de caducidad, dentro del plazo de dos años, a partir de la llegada a su destino o del día en que la aeronave hubiere debido llegar o de la detención del transporte. (2) La forma de efectuar el cálculo del plazo se determinará por la ley del Tribunal que entiende en el asunto.” El excepcionista continua sustentando su excepción con el artículo 1714 del Código de Comercio que establece: “La caducidad no podrá ser estimada de oficio, a no ser que se trate substraía a la disponibilidad de las partes y el juez deba expresar el motivo de la inadmisibilidad de la demanda”, relacionándolo con el artículo 1709 del mismo Código de Comercio, que establece que cuando un derecho deba ejercerse dentro de un plazo determinado bajo pena de caducidad, no se aplicaran las normas sobre interrupción de la prescripción; tampoco se aplicarán las normas a que se refieran la suspensión, a no ser que disponga lo contrario. También fundamenta la presente excepción en el artículo 254 de la Ley de Aeronáutica Civil que establece: “En el caso de muerte o lesiones de un pasajero, la persona o personas con derecho a reclamar la indemnización, deben de hacerlo dentro del plazo de dos (2) años a partir de la fecha en que ocurrió el hecho que dio origen a la reclamación, so pena de perder el derecho”. Continua manifestando el demandado-incidentista, que el accidente aéreo donde salió lesionado el demandante Alfonso Javier Martinez-Bordiu Basso, ocurrió el día 30 de mayo de 2008 y la demanda la presentó con fecha 17 de mayo de 2012, es decir un año once meses después de que le venciera el plazo de dos años para presentar la acción de reclamo, por lo de conformidad con lo que dispone el artículo 29 del Convenio de Varsovia y el artículo 254 de la Ley de Aeronáutica Civil, antes citado, le ha caducado y por tanto ha perdido irremediablemente el derecho para reclamar la indemnización. 2) FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA COMO CAUSA DE INADMISIBILIDAD; se resume en considerar el excepcionista que la parte demandante carece de legitimación activa por haber transcurrido el plazo de dos años establecido en los cuerpos legal nacionales e internacionales (Ley de Aeronáutica Civil y Convenio de Varsovia), razón para la existencia de prescripción que imposibilita presentar demanda al respecto. Sustenta esta tesis haciendo uso de diferentes elementos doctrinarios. 5. Propuestas las excepciones materiales, se procedió a la contestación de la demanda de la siguiente manera: I. Acepta el hecho primero de la demanda; II. Rechaza el hecho segundo en amparo a lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Aeronáutica Civil, sumando que “no se tiene el informe de la investigación de la Dirección General de Aeronáutica Civil para decir que el piloto de la aeronave actúo con grave negligencia. Que el demandante dice que sufrió lesiones físicas, pero a la demanda no adjunta prueba que lo acredite”. III. Rechaza el hecho tercero ya que a la parte demandada no le consta que el demandante sufra de algún daño psicológico; que en la misma línea de ideas “resulta absurdo que se pretenda establecer un daño de tal naturaleza por la muerte de un amigo, por tanto no se puede reclamar daño económico por tal razón”. IV. Rechaza el hecho cuarto por no ajustarse a la realidad. Su representada nunca se negó a pagar las indemnizaciones que le han sido presentadas, pero siempre con sujeción a lo que dispone la legislación sobre ello, en este caso la Ley Especial, Decreto 55-2004 Ley de Aeronáutica Civil, se remite en su artículo 246 para el caso de responsabilidad en el transporte aéreo internacional al Convenio de Varsovia que reza así: “En el transporte internacional de personas, equipaje facturado, mercancías y objetos cuya custodia conserva el pasajero, la responsabilidad del explotador se limitará a lo establecido en el Decreto No. 87-93 del 24 de mayo de 199 publicado en “La Gaceta”, Diario Oficial de la Republica de Honduras de fecha 29 de marzo de 1994, que aprueba el Convenio de Varsovia y por los Protocolos Adicionales Números 1,2,3 y 4 de Montreal, de fecha 25 de Septiembre de 1975 y los Convenios o Protocolos que se suscriban posteriormente”. Adiciona en su argumentación que la Ley de Aeronáutica Civil es congruente con las disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 16 y 18. Por tanto, considera hay que atenerse a lo establecido en los tratados internacionales. Referencia al Convenio de Varsovia, modificado por los instrumentos internacionales vigentes, en la parte conducente a daños a pasajeros, dispone: “Art 22.1 En el trasporte de personas, la responsabilidad del transportista con respecto a cada pasajero se limitará a la suma de 16.600 Derechos Especiales de Giro. En el caso de que, con arreglo del Tribunal que conozca el asunto, la indemnización puede ser fiada en forma de renta, el capital de la renta no podrá sobrepasar su límite. Sin embargo, por convenio especial con el transportista, el pasajero podrá fijar un límite de responsabilidad más elevado.” Continua con la transcripción del numeral 5) del mismo artículo 22 (folio 82). Honduras es miembro del Fondo Monetario Internacional y del Derecho Especial de Giro, que es una divisa aceptada para el señalamiento de montos indemnizatorios; tan es así que en la Ley de Aeronáutica Civil, todos los montos indemnizatorios e igualmente las sanciones están indicadas en Derechos Especiales de Giro y aclara la misma ley en su artículo 309: “Las sumas expresadas en la presente Ley en Derechos Especiales de Giro (DEG), se considerarán que se refieren al Derecho Especial de Giro definido por el Fondo Monetario Internacional. La conversión de la suma en moneda nacional, en el caso de reclamos, se hará de acuerdo con el valor de la moneda nacional en Derechos Especiales de Giro en la fecha en que se hará efectivo el pago. El Banco Central de Honduras deberá comunicar periódicamente a la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil el valor en moneda nacional del Derecho Especial de Giro, cuando ésta se lo requiera.” Continua manifestando el demandado: “Tenemos entonces que en materia aeronáutica la responsabilidad del transportista por la muerte o lesión de los pasajeros está limitada…por la cantidad de 16.600 Derechos Especiales de Giro, por pasajero”, cifra, según se arguye, es menor a la solicitada. V. Rechaza el hecho quinto por considerar que su representada nunca se negó a pagar indemnización y para estas fechas ha caducado el derecho para reclamar que tenía la parte actora. Agrega el demandado en su escrito de contestación: Que el demandante entre sus fundamentos de derecho invoca las modificaciones hechas en La Haya en 1955 y en Guatemala en 1972 al Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional suscrito en Varsovia el 12 de octubre de 1929 que han sido ratificadas por Honduras. 6. PRUEBAS SOLICITADAS EN AUDIENCIA PRELIMINAR: La jueza en esta audiencia admitió todas las pruebas aportadas por las partes (f. 330). * Sobre la prueba ofertada por la parte demandante, así: a. INTERROGATORIO DE PARTES al señor Roberto José Kietre y al señor Darío Humberto Montes Belot, en su condición de representante de TACA en Honduras. b. TESTIFICAL consistente en el interrogatorio de los señores Jesús Alberto Aguirre Cárcamo, por su conocimiento técnico y Rolando Felipe Martinez. c. TESTIGO PERITO del señor Roberto Mendoza Garay, ex Comandante de la Fuerza Aérea Hondureña. d. PERITAJE consistente en: i) Dictamen privado elaborado el 15 de enero 2011 por Carlos Reyes Barahona; ii) A las oficinas de “Interairporst” para examinar filmaciones, fotografías del accidente en aeropuerto Toncontin. e. RECONOCIMIENTO JUDICIAL para examinar en el BCIE el expediente del señor Martinez (Puesto de trabajo, funciones, salario, beneficios). f. DOCUMENTOS PRIVADOS consistentes en: i) Pase de abordaje del demandante; ii) Informe de la Doctora en Psicología del Centro de Psicología y Lenguaje en Madrid; iii) Cartas privadas de fecha 27 de mayo 2010; iv) Carta remitida por TACA, de fecha 1 de junio 2010; v) Solicitud de Conciliación de fecha 27 de mayo de 2010 ante la Cámara de Comercio; vi) Constancia de imposibilidad de conciliación de fecha 17 de enero 2011. g. DOCUMENTOS PUBLICOS consistentes en: i) Instrumento número 162 autorizado por el Notario Adalid Reyes que da fe de la entrega de las cartas a Taca. ii) Reporte del accidente del vuelo TACA TA390 Airbus ocurrido el 30 de mayo de 2008, debidamente traducido. h. MEDIO DE REPRODUCCION DE SONIDO E IMAGEN: i) Reproducción de Imagen y Sonido del Airbus A390 de Taca después del accidente; ii) Reproducción de grabaciones de sonido e imagen del accidente aéreo; iii) Reproducciones de imágenes del señor Harry Brautigan al momento de ser asistido por paramédicos y personas rescatándolo de accidente; iv) Reproducción de imagen y sonido por el señor Alfred Shildknechl, representante de la demandada. v) Reproducción de imagen y sonido de conferencia del señor Roberto Kriete Director Presidente y representante legal de Taca, S.A. * Sobre la prueba ofertada por la parte demandada, así: DOCUMENTAL: a) Constancia extendida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde acredita que la República de Honduras no ha suscrito Protocolos de La Haya de 1955 y de Guatemala de 1971; b) Constancia emitida por la Dirección General de Tratados y Convenios, que hace constar que en los archivos electrónicos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) donde establece que el “Protocolo Adicional Numero 3 al Convenio de Varsovia 1929” firmado en Montreal, no se encuentra vigente por no contar con la cantidad de ratificaciones necesarias para su entrada en vigencia, según el artículo XVIII de dicho protocolo. c) Álbum fotográfico de la boda de Alfonso Martínez Bordiú y María Luisa Velasco; y en definitiva admitiendo toda la prueba propuesta por las partes. (f.330). 7. En fecha 19 de marzo de 2018, el Juzgado de Letras Civil de departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO. DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIO PARA LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por el Abogado FÉLIX ANTONIO IRÍAS RODEZNO, en su condición de Representante Procesal del señor ALFONSO JAVIER MARTINEZ-BORDIU BASSO, contra la sociedad mercantil TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A., constituida de conformidad a las Leyes de la República de El Salvador, a través de su Representante Permanente en Honduras DARÍO HUMBERTO MONTES BELOT, cuyas generales constan en el expediente de mérito. SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEL DERECHO INTERPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA. TERCERO: Se condena a TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A., al pago en concepto de los daños y perjuicios por la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (US $2,536,652.37) a favor del demandante ALFONSO JAVIER MARTINEZ-BORDIU BASSO. MANDA que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno en su contra quede firme el presente fallo. Se resuelve hasta en esta fecha en virtud de la carga laboral que impera en este Tribunal y por la complejidad del caso. CON COSTAS según lo dispuesto en el art. Art 219 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE.” 8. En fecha 17 de septiembre de 2018, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la del A-quo, fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION promovido Contra la Sentencia Definitiva de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018). SEGUNDO: REVOCA LA SENTENCIA APELADA dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018). TERCERO: DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el Abogado FELIX ANTONIO IRlAS RODEZNO en su condición de Apoderado del Señor ALFONSO JAVIER MARTÍNEZ BORDIU BASSO.- Contra la Sociedad Mercantil TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. a través de su representante permanente en Honduras DARIO HUMBERTO MONTES BELOT. CUARTO: SE ABSUELVE a la parte demandada de la acción deducida.- CON COSTAS.- Y MANDA: Que esta sentencia se notifique a las partes, y una vez que la misma adquiera el carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al Órgano Jurisdiccional del que proceden, para su ejecución y demás efectos legales.- NOTIFIQUESE.” 9. Debatido y en votación el recurso de casación interpuesto por el abogado Felix Antonio Irias Rodezno en su condición indicada, se procedió a la admisibilidad de los dos motivos, que a la letra rezan: “MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO Acuso la Sentencia recurrida por aplicación indebida del Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 (en adelante Convenio de Varsovia de 1929), pues este Tratado no se encuentra vigente por haber sido abrogado por el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, celebrado en Montreal el 18 de mayo de 1999 (en adelante Convenio de Montreal de 1999), del cual Honduras es Parte. Dicho motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil el que literalmente dice: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio;” DISPOSICIÓN INFRINGIDA Se estima infringido el artículo 55 de la Convención de Montreal de 1999 y el artículo 59 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados de 1969, los cuales establecen: Artículo 55 de la Convención de Montreal de 1999: “El Presente Convenio prevalecerá sobre toda regla que se aplique al transporte aéreo internacional: 1. Entre los Estados Parte en el presente Convenio debido a que estos Estados son comúnmente Partes de: a) El Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 (en adelante llamado el Convenio de Varsovia); b. El Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas que rigen el transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955 (en adelante Protocolo de La Haya); c. El Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas que rigen el transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de a octubre de 1929 modificado por el Protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955, firmado en la ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 1971 (en adelante llamado el Protocolo de la Ciudad de Guatemala); d. Los Protocolos adicionales números 1 a 3 y el Protocolo de Montreal número 4 que modifica el Convenio de Varsovia, modificado por el Protocolo de La Haya y el Protocolo de la Ciudad de Guatemala firmados en la ciudad de Montreal el 25 de septiembre de 1975 (en adelante llamados los Protocolos de Montreal). 2. Dentro del territorio de cualquier Estado Parte en el presente Convenio debido a que ese Estado es uno más de los instrumentos mencionados en los apartados a) al d) anteriores. Artículo 59 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969: “Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación implícitas como consecuencia de la celebración de un tratado posterior. 1. Se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y: a. Se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de las partes que la materia se rifa por ese tratado; o; b. …. 2 ...” Como podrán observar y expondré seguidamente 1- Honorables Magistrados, en el caso que nos ocupa es evidente la violación a las normas referidas, ya que las mismas establecen que el Convenio de Montreal de 1999 prevalece y da por terminado el Convenio de Varsovia de 1929. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La violación a la norma, alegada por esta representación procesal como base de la casación de mérito, la constituye el hecho de que la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán utilizó como fundamento de su decisión de fecha 17 de septiembre de 2018, el Convenio de Varsovia de 1929. Dicho Convenio de Varsovia de 1929 en su artículo 1 precisa, que se aplica a todo transporte internacional de personas, equipajes o mercancías, efectuado contra remuneración, en aeronave. Dicho tratado reguló para los estados parte, todo lo concerniente al transporte aéreo internacional, incluso accidentes aéreos, durante 70 años, hasta que, en 1999, se celebrará el Convenio de Montreal, el cual en su artículo 1 estipula justamente que dicho tratado se aplica a todo transporte internacional de personas, equipaje y carga efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración. Como pueden ver Honorables Magistrados, estamos ante un caso en donde hay dos tratados que se refieren al mismo asunto: uno de 1929 (Convenio de Varsovia) y otro de 1999 (Convenio de Montreal). Aquí la pregunta es: ¿Qué tratado aplicamos al caso concreto? El Tribunal utiliza como uno de sus fundamentos el artículo 29 del Convenio de Varsovia, omitiendo por completo el artículo 55 del Convenio de Montreal que expresamente dispone que prevalecerá sobre cualquier otro que se aplique al transporte aéreo internacional, haciendo referencia tangible al Convenio de Varsovia de 1929. De acuerdo con la Constitución de la República de Honduras, al ratificar el Convenio de Montreal de 1999, este Estado hace suyas las normas de dicho Convenio pues desde ese preciso momento forman parte del derecho interno. Como consecuencia de lo expuesto, utilizar como fundamento jurídico para dictar su sentencia, un artículo del Convenio de Varsovia 1929, constituye una aplicación indebida de la Ley, pues la vigencia del Convenio de Varsovia 1929 ya ha terminado para todos los efectos legales en Honduras porque, como se ha mencionado, este Estado ha ratificado y publicado en La Gaceta el Convenio de Montreal de 1999, el cual entierra y prevalece sobre el Convenio de Varsovia de 1929. He allí por qué decimos que se ha aplicado de manera indebida un Tratado (en este caso el Convenio de Varsovia de 1929) que ya no tiene vigencia por haber terminado expresamente por el Tratado posterior de la misma materia (en este caso el Convenio de Montreal de 1999). Por si lo anterior fuera poco, la propia Convención de Viena de 1969, sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 59 dispone que se considera que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran un tratado posterior sobre la misma materia y que se desprenda del tratado posterior (en este caso el Convenio de Montreal de 1999) o consta de otro modo que ha sido intención de las partes que la materia se rija por el nuevo tratado. A tal respecto, de un lado, de la simple lectura del contenido de ambos tratados se puede identificar que regulan exactamente la misma materia. De otro lado, concordando con la otra causa de terminación prevista en el artículo 59 del Convenio de Viena sobre Derecho a de los Tratados de 1969, el Tratado más reciente (Convenio de Montreal de 1999), expresa la voluntad de los Estados parte de regirse por este sobre el Tratado anterior (Convenio de Varsovia de 1929). Esa voluntad a la que se refiere esta disposición, esta expresada de manera indubitable tanto en el preámbulo, como en el artículo 55 del Convenio de Montreal de 1999. Por lo antes explicado, queda claramente comprobado que se ha aplicado indebidamente una norma contenida en un tratado no más vinculante por haber terminado el mismo por la ratificación de un nuevo tratado que versa sobre la misma materia y por estar así dispuesto en el propio contenido del tratado posterior, como ya se acreditó supra. SEGUNDO MOTIVO Acuso la Sentencia recurrida por interpretación indebida de los artículos 29 de la Convención de Varsovia, 35 de la Convención de Montreal y 254 de la Ley de Aeronáutica Civil. Dicho motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil el que literalmente dice: “Igualmente, se podrá Impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio;» DISPOSICIÓN INFRINGIDA Se estiman infringidos los artículos 29 de la Convención de Varsovia, 35 de la Convención de Montreal y 254 de la Ley de Aeronáutica Civil; los cuales literalmente establecen: Artículo 29 de la Convención de Varsovia: “La acción de responsabilidad deberá intensarse, bajo pena de caducidad, dentro del plazo de dos años, a partir de la llegada a su destino o del día en que la aeronave hubiere debido llegar o de la detención del transporte. La forma de efectuar el cálculo se determinará por la ley del tribunal que entiende del asunto.” Artículo 35 de la Convención de Montreal: “Plazo para las acciones. 1. El derecho a indemnización se extinguirá si no se inicia una acción dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha de llegada a destino o la del día en la que la aeronave debería haber llegado o la detención del transporte. 2. La forma de calcular ese plazo se determinará por la ley del tribunal que conoce el caso.” Artículo 254 de la Ley de Aeronáutica Civil: “En el caso (la muerte o lesiones de un pasajero, la persona o personas con derecho a reclamar la indemnización, deben hacerlo dentro del plazo de dos años a partir de la fecha en que ocurrió el hecho que dio origen a la reclamación, so pena de perder el derecho. Como podrán observar Honorables Magistrados en el caso que nos ocupa es evidente la violación a la norma, ya que la misma establece que el derecho caduca, se extingue o se pierde, a los dos años después del hecho que diere lugar al derecho que se reclama, sin que se ejerza ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD, ACCIÓN O RECLAMACIÓN; en ningún lugar, la normativa exige una ACCIÓN JUDICIAL”. Por si lo anterior fuese poco, la Corte de Apelaciones aplica un artículo del Convenio de Varsovia, que ya no tiene vigencia por haber sido reemplazada por el Convenio de Montreal, como se expuso en el primer motivo de Casación. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Como se puede apreciar con una simple lectura de la sentencia, especialmente lo expuesto en los fundamentos de derecho, específicamente en el QUINTO, el Tribunal de alzada estipula que los 3 artículos citados (29 de la Convención de Varsovia, 35 del Convención de Montreal y 254 de la Ley de Aeronáutica Civil), tienen como elemento común, el plazo de dos años que se otorgue a cualquier interesado para que pueda exigir responsabilidad o indemnización, “ANTE LOS TRIBUNALES”. Siempre en el fundamento de derecho QUINTO, continúan expresando los magistrados de la Corte de Apelaciones, que estiman que mi representado, al momento de interponer la demanda de mérito, ya le había caducado su derecho y acción para acudir A LA VÍA JUDICIAL a exigir la responsabilidad o indemnización a la demandada. Como podemos apreciar, la Corte Segunda de Apelaciones manifiesta que el término de dos años resulta un común denominador en los instrumentos jurídicos mencionados y que es para incoar una ACCIÓN JUDICIAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA. Resulta vergonzoso que dicho argumento se encuentre esbozado en una sentencia redactada por togados, pues cambia por completo la redacción de los tres artículos de los tres instrumentos jurídicos en cuestión; sin omitir que uno de los tres instrumentos legales que utilizan para respaldar su sentencia, el Convenio de Varsovia de 1929, ya no tiene vigencia por haber sido derogado por el Convenio de Montreal, situación que debería ser de su conocimiento (sobre todo si lo utilizan como fundamento jurídico), pues nadie puede alegar ignorancia de la ley, menos un Magistrado (en este caso tres Magistrados). Explicaremos uno a uno el contenido de cada artículo citado para demostrar que en ninguno se habla de algún término o plazo para acudir a los Tribunales: 1. Artículo 29 del Convenio de Varsovia: “La acción de responsabilidad deberá intentarse, bajo pena de caducidad, dentro del plazo de dos años, a partir de la llegada a su destino o del día en que la aeronave hubiere debido llegar o de la detención del transporte. La forma de efectuar el cálculo se determinará por la ley del tribunal que entiende del asunto.” Este Convenio, más allá de su contenido (que dicho sea de paso no perjudica la causa de mi representado pues en ningún lado se refiere a que la acción judicial caduca a los dos años; claramente expresa que lo que caduca a los dos años es la acción de responsabilidad, en ningún lado se establece la obligatoriedad de la acción judicial). Adicionalmente resulta inaplicable pues no está más en vigencia ya que fue reemplazado por el Convenio de Montreal. Este punto ya ha sido ampliamente explicado. 2. Artículo 35 del Convenio de Montreal: “Plazo para las acciones. 1. El derecho a indemnización se extinguirá si no se inicia una acción dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha de llegada a destino o la del día en la que la aeronave debería haber llegado o la detención del transporte. 2. La forma de calcular ese plazo se determinará por la ley del tribunal que conoce el caso.” Este artículo del Convenido de Montreal, que, si es aplicable al caso concreto, expresamente dice que el derecho a indemnización SE EXTINGUIRA SI NO SE INICIA UNA ACCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE DOS AÑOS. Como se puede apreciar, en ningún lado dice, a diferencia de lo que asegura el Tribunal de segunda instancia en su errónea sentencia, que el derecho se extingue si no se realiza una acción judicial ante los tribunales. El Tribunal de alzada no solo hizo una interpretación errónea, sino que modificó el articulado de la norma citada con el único ánimo de causar perjuicio a mi patrocinado. El artículo 35 del Convenio de Montreal es claro: El derecho a indemnización SE EXTINGUIRA SI NO SE INICIA UNA ACCION DENTRO DEL PLAZO DE DOS AÑOS. Es aquí donde cabe la siguiente pregunta: ¿Realizó mí representado alguna “acción” dentro del plazo de los dos años que menciona el artículo? Pues para responder dicha pregunta, es preciso definir qué es una “acción”. Según Cabanellas define la ACCIÓN “como el derecho que se tiene a pedir alguna cosa EN CUALQUIER MODO LEGAL, pidiendo la justicia, lo que es nuestro o se nos debe”. Habiendo definido que es acción, y entendiendo que es el derecho a pedir cualquier cosa en cualquier modo legal, lo que queda por revisar es si mi representado realizó una ACCIÓN DE CUALQUIER FORMA LEGAL, para determinar si el derecho se extinguió o no. En ese sentido, consta en autos que si lo hizo. Específicamente, mi representado realizó las acciones siguientes: I. Corre a folios 28 y 30 que se enviaron dos notas el 27 de mayo de 2010 (dentro de los dos años), dirigida a la demandada, y debidamente recibidas, en donde se le conmina a llegar a un arreglo en virtud del trágico accidente aéreo ocurrido el 30 de mayo de 2008. Ambas comunicaciones fueron contestadas por el representante legal y procesal de la parte demandada, tal como consta en folios 35 y 37 del expediente. II. Corre a folios 51 y 52 una solicitud al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en donde mi representado solicita la intermediación de dicho centro para lograr una resolución del conflicto en cuestión. Dicha solicitud tiene fecha de 27 de mayo de 2010 (dentro de los 2 años). III. Cabe mencionar que el proceso iniciado con la solicitud descrita en el ítem anterior fue aceptado por la demandada, que acudió a la audiencia de conciliación que se realizó en fecha 17 de enero del año 2011, en donde no se llegó a ningún arreglo. El acta de dicha audiencia, con la comparecencia del representante de la demandada, refrendada con su firma, corre a folio 54 de la primera pieza de autos. Como se puede apreciar, mi representado SI REALIZO ACCIONES ANTES DE LOS DOS AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 35 DEL CONVENIO DE MONTREAL. 3. Artículo 254 (la Ley de Aeronáutica Civil: “En el Caso de muerte o lesiones de un pasajero, la persona o personas con derecho a reclamar la indemnización, deben hacerlo dentro de plazo de dos años a partir de la fecha en que ocurrió el hecho que dio origen a la reclamación, so pena de perder el derecho. El mismo artículo 35 de la Convención de Montreal, estipula la forma de calcular el plazo al que nos hemos venido refiriendo (el de los dos años), se determinará por la ley competente del tribunal que conoce el caso. Esa ley es precisamente la Ley de Aeronáutica Civil, que en su artículo 254 estipula que, en el caso de muerte o lesiones de un pasajero, la persona o personas con derecho a reclamar la indemnización, deben hacerlo dentro del plazo de dos años a partir de la fecha en que ocurrió el hecho que dio origen a la reclamación, so pena de perder el derecho. Sobre este artículo hay que definir tres cosas: 1. QUIEN ES LA PERSONA CON DERECHO A RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN. Pues sin duda alguna, mi representado es el que tiene el derecho de reclamar la indemnización correspondiente en este caso, por haber sido víctima del accidente y por haber sufrido graves daños y perjuicios como consecuencia de dicho accidente. Daños y Perjuicios que son hechos probados en el juicio, situación que no ha sido revertida por la Corte Segunda de Apelaciones puesto que los magistrados de ese tribunal de alzada, ni siquiera se dignaron en revisar las pruebas presentadas con que probamos los hechos controvertidos. Se limitaron a inventar redacciones de las normas aplicables para cambiar el sentido de la ley con el ánimo de perjudicar a mi representado, con un fallo que no toca el fondo del asunto y que omite la contundencia de la prueba ofertada por esta parte actora. II. El artículo 254 de la Ley de Aeronáutica Civil, aplicable al caso concreto, expresamente dice que el derecho a reclamar la indemnización, debe hacerse dentro del plazo de dos años a partir de la fecha en que ocurrió el hecho que dio origen A LA RECLAMACIÓN, SO PENA DE PERDER EL DERECHO. Como se puede apreciar, en ningún lado dice, como lo asegura el Tribunal de segunda instancia en su errónea sentencia, que el derecho se caduca si no se realiza una acción judicial ante los tribunales. El Tribunal de alzada no solo hizo una interpretación errónea, sino que ilegalmente modificó el artículo 254 de la Ley de Aeronáutica Civil, causando perjuicio a mi representado. Nuevamente nos tenemos que preguntar en este punto lo siguiente: ¿Realizó mi representado alguna reclamación? Para definir este punto, es preciso que la doctrina nos aclare que es una “reclamación”. Cabanellas define “RECLAMACIÓN” como “acción y efecto de reclamar. Más concretamente, el hecho de acudir ante una autoridad para que se reconozca a favor del reclamante o de terceros, la existencia de un derecho”. Como se puede apreciar, en ningún lado se estipula que la “reclamación” es un acto exclusivo que debe realizarse ante un Juez. Sinceramente, esta parte actora no entiende de dónde sacó el Tribunal de alzada, que las acciones o reclamaciones a las que tiene derecho mi representado en virtud del Convenio de Montreal y de la Ley de Aeronáutica Civil, debían hacerse exclusivamente ante un Juez. III. Habiendo definido el concepto de ‘reclamación”, y estando claros que esta reclamación podía hacerse ante cualquier autoridad, lo que resta es identificar si mi representado hizo las reclamaciones correspondientes, dentro de los dos años a los que hace referencia el artículo 254 de la Ley de Aeronáutica Civil. Como ya hemos dejado claro, mi representado sí hizo las reclamaciones correspondientes mediante el envió de notas el 27 de mayo de 2010 (que corren a folio 28 y 30) mismas que fueron contestadas por la parte demandada; y, sobre todo, con la solicitud de conciliación que se hiciese ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (Autoridad con facultades para atender este tipo de asunto en nombre del Estado de Honduras de acuerdo con la Ley de Conciliación y Arbitraje contenida en el Decreto 161-2000), en donde mi representado solicita la intermediación de dicho Centro para lograr una resolución del conflicto en cuestión. Dicha solicitud tiene fecha de 27 de mayo de 2010 y corre a folio 51 y 52, y que tuvo las consecuencias que ya se han explicado, contando con la presencia en dicho proceso del representante legal y procesal de la demandada. A manera de conclusión, es preciso aclarar que las normas jurídicas aplicables, exigen que dentro de los dos años siguientes al hecho que genera el derecho (en este caso el accidente que ocurrió el 30 de mayo de 2008), se haga cualquier “acción” (según el Convenio de Montreal de 1999); o que se haga la “reclamación” según la Ley de Aeronáutica Civil. En ningún lado de estos instrumentos jurídicos se exige la obligación de ejercer una acción “judicial ante los tribunales de la República”. Que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil afirme que la acción y la reclamación a la que se refiere el Convenio de Montreal y la Ley de Aeronáutica Civil respectivamente, debe hacerse ante los Tribunales de la República, constituye una alteración indebida de la norma, pues ninguna de las facultades de ese órgano jurisdiccional (la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán) se refieren a que pueda reformar o modificar la ley agregando palabras que simplemente no están en el texto legal y que al agregarlos le cambia totalmente el sentido a sus contenidos generando terrible inseguridad jurídica no solo a mi representado sino que al propio Estado de Derecho. He acreditado en juicio y reiterado en este escrito que mi representado SÍ realizó acciones y reclamaciones, tanto de manera directa a la demandada, así como solicitando la intermediación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. Esta última acción ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, contó con la presencia del representante legal del demandado, participando en audiencias, emitiendo pronunciamientos y firmando senda acta. Esta acción se inició el 27 de mayo de 2010, dentro del término de los dos años a los que se refiere tanto el Convenio de Montreal como la Ley de Aeronáutica Civil y con ello quedando abierta la controversia entre las partes que después se llevó legítimamente al Juzgado Civil competente. Nótese también que el Tribunal de alzada declara CADUCADO el derecho de mi representado para promover esta acción. Pero el término de “caducidad’ no es utilizado ni en el Convenio de Montreal ni en la Ley de Aeronáutica Civil. La caducidad estaba contemplada en el Convenio de Varsovia, tratado que ya no está vigente, por todo lo ya expuesto, y que no debió ser objeto de análisis, aplicación y fundamento de derecho por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugnan el numeral PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO de la parte dispositiva de la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha diecisiete (17) de septiembre de 2018, que por su orden mandan: “PRIMERO: DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION promovido Contra la Sentencia Definitiva de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018).- SEGUNDO: REVOCA LA SENTENCIA APELADA dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018).- TERCERO: DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el Abogado FELIX ANTONIO IRIAS RODEZNO en su condición de Apoderado del Señor ALFONSO JAVIER MARTÍNEZ BORDIU BASSO.- Contra la Sociedad Mercantil TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. a través de su representante permanente en Honduras DARIO HUMBERTO MONTES BELOT.- CUARTO: SE ABSUELVE: a la parte demandada de la acción deducida.- Y MANDA: Que esta sentencia se notifique a las partes, y una vez que la misma adquiera el carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al Órgano Jurisdiccional del que proceden, para su ejecución y demás efectos legales”. 10. El abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION AL PRIMER MOTIVO: El recurrente acusa la sentencia por aplicación indebida del Convenio Para La Unificación De Ciertas Reglas Relativas Al Transporte Aéreo Internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, pues este Tratado no se encuentra vigente por haber sido abrogado por el Convenio Para La Unificación De Ciertas Reglas Para El Transporte Aéreo Internacional, celebrado en Montreal el 18 de mayo de 1999, del cual Honduras forma parte. Expresa que el motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. Estima el recurrente como infringido el artículo 55 de la Convención de Montreal de 1999 y el artículo 59 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Como el Honorable Tribunal podrá observar, sin entrar en detalles de la explicación del motivo, el recurrente omite indicar las fechas en que el Convenio de Varsovia de 1929 fue abrogado y cuando entró en vigencia el Convenio de Montreal de 1999, cuando en el párrafo primero del primer motivo de casación dice que “acuso la sentencio por aplicación indebida del Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 pues este Tratado no se encuentra vigente por haber sido abrogado por el Convenio para la unificación de ciertas reglas poro el transporte aéreo internacional celebrado en Montreal el 18 de mayo de 1999”, y luego en el párrafo tercero relativo a la Disposición Infringida expresa que “estima infringido el artículo 55 de la convención de Montreal de 1999 y el artículo 59 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969”. Con esos alegatos el recurrente pretende que se deje de lado que el accidente de Taca, que ocurrió el 30 de mayo de 2008, o sea Siete (7) años, Siete (7) meses y seis (6) días ANTES del 24 de enero de 2016 fecha en que entró en vigor el Convenio Para La Unificación De Ciertas Reglas Para El Transporte Aéreo Internacional celebrado en Montreal el 18 de mayo de 1999, aprobado mediante el Decreto 102-2015 de fecha 18 de septiembre de 2015, publicado con fecha 16 de Noviembre de 2015, en La Gaceta; en vigor 60 días después de su depósito, conforme lo prescribe el mismo Tratado. Entonces, cuáles son las fechas de los hechos que el recurrente omite indicar en su alegato, son estas: 1. El accidente ocurre el 30 de mayo de 2008; 2. El 30 de mayo de 2010 venció el plazo para que se demandara la responsabilidad civil; 3. El 17 de mayo de 2012 se interpone la demanda del Señor Alfonzo Martínez Bordiú Faso; es decir un (1) año once (11) meses diecisiete (17) días, después de que le venciera el plazo de dos años para presentarla. 4. Ya con el juicio en curso, tres (3) años, ocho (8) meses y ocho (8) días después de presentada la demanda, el 24 de enero de 2016 entra en vigor el Convenio de Montreal de 1999. Tenemos pues, que el Convenio de Montreal de 1999, no estaba vigente al momento de ocurrir el accidente, tampoco cuando le caducó el Derecho a demandar al demandante, ni tampoco cuando interpuso la demanda. La pregunta es entonces, ¿puede el Tribunal violar la Constitución y aplicar retroactivamente una norma para juzgar hechos ocurridos bajo el imperio de otra? La juzgadora de primera instancia se atrevió a hacerlo. El recurrente se contradice él solo al citar como infringidos artículos de distintos Tratados, en el primero como aplicado indebidamente y sin precisar cuál o cuáles artículos de la citada Convención fueron aplicados indebidamente dando a entender que fue toda la Convención aplicada indebidamente, en los segundos no dice en que consiste la infracción, resultando además que en la forma que formula el cargo, sería propio de enunciarlos en párrafos o motivos separados y no en un solo motivo. En ese mismo desorden de idea, en la explicación del motivo el recurrente manifiesta que “el Tribunal utiliza como uno de sus fundamentos el artículo 29 del Convenio de Varsovia, omitiendo por completo el artículo 55 del Convenio de Montreal que evidenciando una falta de claridad al expresar en un solo motivo la aplicación indebida del artículo 29 del Convenio de Varsovia —que no es citado como infringido en el párrafo del PRIMER MOTIVO y la falta de aplicación del artículo 55 del Convenio de Montreal. Por otra parte, el recurrente dice que el Convenio de Varsovia 1929 ya ha terminado para todos los efectos legales en Honduras, y que éste Estado ha ratificado y publicado en La Gaceta el Convenio de Montreal de 1999 sir precisar a fecha en que el primero fue abrogado y cuando entró en vigencia el segundo, obligación que le corresponde indicar al recurrente ya que los Tratados o Convenciones Internacionales no entran en vigencia sino hasta que son aprobados y ratificados por cada Estado y además, en éste caso, publicados en el Diario Oficial La Gaceta, olvidando que no le es dable al Tribunal subsanar las omisiones del impetrante. No obstante, y para que no quede duda de la inadmisibilidad de ese motivo en este caso, me permito precisar que con fecha 16 de noviembre de 2015 fue publicado en La Gaceta del Decreto No. 102-2015 del 9 de septiembre de 2015 contentivo del Acuerdo No. 29 DGTC Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo internacional (Montreal 1999), que aclaró no fue con el ánimo de probar una Ley sino que precisar tal extremo ya que la parte recurrente a pesar de que alega su vigencia no indicó cuando fue que se inició en la vida jurídica en nuestro país, del cual presenté una copia y que ya obra en el Expediente con lo que se demuestra la inaplicabilidad de tal Convenio al caso, por razón del conflicto de leyes en el tiempo por la fecha en que ocurrió el accidente 30 de mayo de 2008; la fecha máxima que debió presentarse a demanda, 30 de mayo de 2010; y la fecha en que se presentó la demanda fue el 17 de mayo de 2012, con la fecha en que, al tenor del Articulo 53 número 7 del Convenio, entró en vigor, 24 de enero de 2016; es decir Siete (7) años, Siete (7) meses y veinticuatro (24) días, después del accidente o tres (3) años, siete (7) meses ocho (8) días después de la demanda. Por último, según la técnica del recurso de casación, si se alega la aplicación indebida de una norma jurídica, se debe indicar en párrafo aparte cuál es la norma que ha debido aplicarse, pero el recurrente guarda silencio sobre este punto con lo que demuestra que su primer motivo de casación no cumple con los requisitos que el Código Procesal Civil para su admisión. Siendo entonces que el recurrente evidencia una falta de claridad y precisión en el desarrollo del Primer Motivo de Casación y en evidente infracción de lo dispuesto en el artículo 721 del Código Procesal Civil, en cuanto manda que “en este escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundamentar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada”, por lo que resulta imperativo su inadmisión. AL SEGUNDO MOTIVO: En este motivo el recurrente acusa la sentencia recurrida por interpretación indebida de los artículos 29 de la Convención de Varsovia, 35 de la Convención de Montreal y 254 de la Ley de Aeronáutica. Expresa además que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. Dice el recurrente que estima infringidos los artículos 29 de la Convención de Varsovia) 35 de la Convención de Montreal y 254 de la Ley de Aeronáutica Civil. De la explicación del motivo se desprende que el recurrente pretende interpretar a su antojo las tres disposiciones legales que cita como infringidas en lo que se refiere la acción de responsabilidad o indemnización ante los tribunales. Entiende el recurrente que la acepción de la palabra “acción” no se refiere a la acción ante los juzgados y tribunales, sino que puede plantearse ante la vía administrativa y con ello cumple con lo que disponen los artículos en cuestión. La caducidad que menciona el artículo 29 del Convenio de Varsovia es la pena por no intentarse la acción de responsabilidad dentro del plazo de dos años, a partir de la llegada a su destino o del día en que la aeronave hubiere debido llegar o de la detención del transporte. Según el censor, el Convenio de Varsovia no le afecta a su representado pues en ningún lado se refiere a que la acción judicial caduca a los dos años y que lo que caduca es la acción de responsabilidad. ¿Y qué es la acción que ha planteado ante el Juzgado de Letras Civil de este departamento? Para dar respuesta a esa pregunta y demostrar la interpretación errónea, pero no de la sentencia recurrida sino que del motivo de casación formulado por el abogado FELIX ANTONIO IRIAS RODEZNO paso a exponer lo siguiente: a. El abogado EELIX ANTONIO IRIAS RODEZNO, recurrente y apoderado actor no invoca ninguna disposición legal relativa a la interpretación de las leyes lo que lleva a demostrar que la interpretación errónea que él alega es de él y no del Tribunal Sentenciador, con lo que pone de manifiesto que es su propia interpretación la que pretende imponer sobre la aplicación de las leyes que ha hecho la Corte recurrida. b. En el Código Civil se encuentran los artículos del 17 al 20 que se refieren a la interpretación de la ley, y en lo particular cito el artículo 19 párrafo primero: “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.” Pues bien, el abogado IRIAS RODEZNO cuestiona por interpretación errónea los artículos 29 de la Convención de Varsovia, 35 de la Convención de Montreal y 254 de la Ley de Aeronáutica porque según él, en ellos no se Indica que la acción deba ser judicial, puede ser cualquier acción con lo que le demostraría que su “acción” fue Interpuesta dentro de los dos años a que hacen relación dichos artículos, y todo porque en dichos artículos no hacen mención a acciones judiciales. c. Ahora bien, el artículo 29 de la Convención de Varsovia precisa que se trate de una acción judicial y es claro cuando dispone: “29.- (1) La acción de responsabilidad deberá intentarse, bojo pena de caducidad dentro del plazo de dos años, a partir de la llegada a su destino o del día en que la aeronave hubiere debido llegar o de la detención del transporte. (2) La forma de efectuar el cálculo del plazo se determinará por la ley del Tribunal que entiende de la casa” (La negrilla y subrayado son míos). Ordena que el interesado, sujeto del derecho de reclamo, deba Intentar la acción de responsabilidad dentro del plazo de dos años, so pena de que le caduque el derecho, la pregunta ¿ante quién se debe intentar la acción? El mismo artículo lo responde, ante el Tribunal que entiende del caso, por lo tanto se trata de una acción judicial d.-Si aún hubiese dudas sobre lo antes dicho, el mismo Convenio en su artículo 28 despeja toda duda, reza así la norma: “28.- (1) La acción de responsabilidad deberá suscitarse, a elección del demandante, en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, ya ante el Tribunal del domicilio del porteador, del domicilio principal de su explotación o del lugar donde posea un establecimiento por cuyo conducto haya sido ultimado el contrato, ya ante el Tribunal del lugar de destino. (2) El procedimiento se regulará por la ley del Tribunal que entiende en el asunto.” (La negrilla y subrayado es mío). De acuerdo con éste artículo la acción que menciona el artículo 29 no es más que una acción judicial, pues sino, ¿qué acciones se presentan en un Tribunal? e. Sobre el Convenio de Montreal de 1999, tampoco deja duda sobre el tipo de acción a que se refiere, prescribe el Convenio lo Siguiente: “Articulo 33. Jurisdicción. 1. Una acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del demandante, en e/territorio de uno de los Estados Partes, sea ante el tribunal del domicilio del transportista, o de su oficina principal, o de/lugar en que tiene una oficina por cuyo conductor se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de destino. 2. Con respecto al daño resultante de la muerte o lesiones del pasajera, una acción podrá iniciarse ante uno de los tribunales mencionados en el párrafo 10 de este artículo, o en el territorio de un Estada Parte en que el pasajero tiene su residencia principal y permanente en el momento del accidente y hacia y desde el cual el transportista explota servicios de transporte aéreo de pasajeros en sus propias aeronaves o en los de otro transportista con arreglo a un acuerda comercial, y en que el transportista realizo sus actividades de transporte aéreo de pasajeros desde locales arrendados o que son de su propiedad o de otro transportista con el que tiene un acuerdo comercial. 3. Paro los fines del párrafo 2 a) “Acuerdo comercial” significa un acuerdo, que no es un contrato de agencia, hecho entre transportistas y relativo a la provisión de sus servicios conjuntas de transporte aéreo de pasajeros; b) “Residencia principal y permanente” significo la morada fija y permanente del pasajero en el momento del accidente. La nacionalidad del pasajero no será el factor determinan te 0/ respecto. 4. Las cuestiones de procedimiento se regirán por la ley del tribunal que conoce el caso”. (Las negrillas y subrayado son míos) “Artículo 35. Plazo para las acciones. 1. El derecho a indemnización se extinguirá si no se inicia una acción dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha de llegado a destino o la del día en que la aeronave debería haber llegado o la de la detención del transporte. 2. La forma de calcular ese plazo se determinará por la ley del tribunal que conoce el caso” (La negrilla es mía) Estos artículos dan la respuesta clara a la interrogante de a cuál acción es a la que se refiere ese Convenio y ante quién se debe ejercitar; es decir, que se trata de acciones judiciales pues estas se presentan ante un Tribunal. f. Y en cuanto la Ley de Aeronáutica Civil, ésta dice literalmente en su artículo 248: “ARTÍCULO 248.- Para vuelos nacionales, la indemnización por daños a pasajeros debido a casos fortuitos o fuerza mayar, será de: 1) Por muerte, Dieciocho Mil Derechos Especiales de Giro; 2) Por lesiones que ocasionen incapacidad total permanente, Trece Mil Quinientos Derechos Especiales de Giro; 3) Por lesiones que ocasionen incapacidad parcial permanente, hasta un máximo de Diez Mil Doscientos Derechos Especiales de Giro; 4) Por lesiones que ocasionen incapacidad temporal, hasta un máximo de Siete Mil Quinientos Derechos Especiales de Gira; y, 5) Por las demás lesiones, hasta un máxima de Cinca Mil Derechos Especiales de Giro. ¡En los casos previstas en los numerales 3), 4) y 5), el Juez determinará el monto de la indemnización tomando en cuenta todas las circunstancias que rodean al perjudicado! Lo anterior es sin perjuicio a indemnizaciones mayores, solamente en aquellos casos en que siendo procedente la indemnización por cualquier daño de los mencionadas, existieran pólizas de seguros con sumas indemnizatorias mayores a las aludidas.” Y el Artículo 249 de la misma Ley dispone: “ARTÍCULO 249.- Cuando el hecha que originó los daños se debo a culpa debidamente comprobada de la empresa de transporte o de sus empleados, la indemnización consistirá en la suma fijada para cada caso por el artículo anterior, aumentada dicha suma en un cincuenta por ciento (50%). Cuando la Autoridad Judicial competente haya declarado en la causa respectiva la existencia de dolo por parte de la empresa o de sus empleados, la responsabilidad de la empresa será ilimitada. En todo caso, el monto de la indemnización, cuando medie dolo, no será nunca inferior a la indemnización debida por causa de culpa de la empresa a de sus empleadas.” Igual como ya hemos dicho, el artículo 254 de la Ley de Aeronáutica Civil no debe interpretarse aisladamente, los artículos 248 y 249 lo complementan aclarando que esas acciones son ante Juez que determina el monto indemnizatorio (art 248) y ante Autoridad Judicial (Art 249). “ARTÍCULO 254.- En el caso de muerte a lesiones de un pasajero, la persona o personas con derecho a reclamar la indemnización, deben hacerlo dentro del plazo de dos (2) año a partir de la fecha en que ocurrió el hecho que dio origen a la reclamación, so pena de perder el derecho. Claramente se lee en el párrafo segundo del artículo 249 antes citado “Autoridad Judicial”, lo que no deja lugar a dudas que las acciones que menciona el artículo 254 son judiciales, por más interpretación errónea que alegue el abogado IRIAS RODEZNO, en tal sentido, la interpretación errónea que acusa es totalmente infundada y por tanto inadmisible. Como se podrá observar, los artículos que el recurrente acusa como interpretados erróneamente no lo son, si el recurrente hubiera hecho aplicación del artículo 19 del Código Civil para desentrañar el sentido correcto de los artículos por él cuestionados, se habría dado cuenta que no necesitan de ninguna exegesis por estar debida y claramente redactados y relacionarlos con aquellos que les dan la debida correspondencia y armonía. Por otra parte, en el párrafo cuarto de la página de su escrito de interposición y formalización del recurso de casación, el recurrente dice adicionalmente resulta inaplicable pues no está más en vigencia ya que fue reemplazado por el Convenio de Montreal. Este punto yo ha sido ampliamente explicado.” Si en el motivo segundo se alega interpretación indebida no cabe la inaplicabilidad de la norma jurídica, porque conforme la técnica del recurso de casación son dos motivos distintos que por tal razón deben formularse en párrafos separados, sin embargo, el recurrente incurre en el yerro de exponerlos en un mismo motivo, descalificando de esa manera su recurso de casación. En conclusión, en la forma que esta formulado este segundo motivo de casación, que contraviene o prescrito en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil en cuanto manda que “en este escrito se harán constar los motivos en que lo casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundamentar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentida de la resolución impugnada” resultando también inadmisible y así debe declararse. INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SU ADMISION Al margen de los errores cometidos por el recurrente en el desarrollo de los dos motivos de casación de mérito, el recurrente incumple también reglas de fundamentación de los recursos devolutivos consignados en el artículo 704 del Código Procesal Civil, como ser la determinación del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa, y que huelga decir, resulta inadmisible. Y para terminar y dejar en claro la inadmisibilidad del recurso de casación formalizado pro el abogado FELIX ANTONIO IRIAS RODEZNO, en su petición no pide nada, no precisa que es lo que quiere que el tribunal resuelva pues se limitó a decir “...y en lo demás resolver conforme a lo que en derecho proceda”. Lo que en derecho proceda son muchas cosas, entre ellas que se desestime el recurso o que se inadmita dicho recurso. Al presentar una petición en esa forma impide al Tribunal pronunciarse en un sentido diferente al que él recurrente pide por razón del principio de congruencia. 11. En fecha 25 de octubre de 2022 se celebró audiencia de vista, donde ambas partes, en derecho de contradicción, hicieron uso de la palabra sustentando o rebatiendo los motivos admitidos: La parte casacionista, sucintamente manifestó que el Convenio de Montreal modifica el Convenio de Varsovia, ya que el Instrumento de Montreal tiene como fin la protección del pasajero, mientras que el de Varsovia procura la protección de la aerolíneas y sus mercancías y en caso de afección a personas, son éstas las llamadas a probar la negligencia o culpa, por tanto el Convenio de Montreal deroga y sustituye al de Varsovia. Sigue diciendo que en el año del accidente (2008) el Convenio de Varsovia se encontraba afectado por el de Montreal, aunque no pretenden hacer valer este derecho. Que uno de los errores que motivan la recurrencia es desconocer que el fallo se sustenta en una convención derogada (Varsovia), por lo que no tenía efectos al momento del accidente aéreo. Honduras ratifica la Convención de Montreal hasta en el año 2015. Por otro lado, continúa exponiendo que la caducidad para accionar a falta de demanda judicial no es aplicable, ya que al momento del mencionado accidente el Convenio de Varsovia ya no era vigente y Honduras no había rarificado el de Montreal, por tanto, el artículo 29 de la Convención de Varsovia con el que fundamenta la Corte de Apelaciones su fallo, no existe (no es parte del derecho interno hondureño), por tanto, el fallo es errado. En cuanto al segundo motivo de casación respecto a la caducidad de la acción, el accidente se produjo el 30 de mayo de 2008. Que los artículos 29 de la Convención de Varsovia, 35 de la Convención de Montreal y 254 de la Ley de Aeronáutica Civil tienen como factor común un plazo de dos años para iniciar una acción, pero en ningún lado se establece que esta acción debe ser ante órgano judicial. El recurrente considera que si hubo acciones tales como la interposición de acción de conciliación ante la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa el 27 de mayo de 2010, o sea dentro de los 2 años siguientes del accidente (30 mayo 2008). La conciliación tiene rango constitucional. El artículo 4 de la Ley de Conciliación y Arbitraje establece que su resolución tiene efecto de cosa juzgada. En resumen, el accionar no está monopolizado por ser incoada ante órgano jurisdiccional. También hubo cruce de notas entre ambas partes tratando el asunto en conflicto. La parte contraria, en su pronunciamiento en contra del recurso de casación inicia con la afirmación de que la ratificación del Convenio de Montreal entró en vigencia. Que la demanda se presentó un año después del accidente, que al entrar en vigencia el Convenio de Montreal en 2016, estaba vigente el Convenio de Varsovia y la demanda es extemporánea, por tanto, es improcedente el recurso de casación. Al segundo motivo de casación se pronuncia nuevamente que el Convenio de Varsovia era el vigente al momento del accidente. Mantiene el criterio que las acciones deben ser interpuestas ante Juzgado. Que existe diferencia entre prescripción y caducidad, la caducidad no permite interrupción. Que la interpretación debe ser integral a toda la ley. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1. El recurso de casación se caracteriza por su función reguladora de la norma jurídica. Persigue dos fines enmarcados en la ley: la protección de las normas del ordenamiento jurídico y la unificación de la jurisprudencia nacional. 2. El alcance resolutivo se encuentra establecido en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, y consiste en confrontar los motivos que fueron admitidos por este Alto Tribunal con la sentencia recurrida, en el presente caso dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán en fecha 17 de septiembre del año 2018, y el artículo 727.4 del mismo ordenamiento legal, establece que si se apreciara infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la Corte Suprema de Justica dictará nueva sentencia. 3. El Convenio Para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Trasporte Aéreo Internacional (para efectos de sentencia conocido como Convenio de Varsovia), es un tratado internacional que regula la responsabilidad civil, en caso de accidentes aéreos, del año 1929 y del cual era parte el Estado de Honduras, lo que significa que se comprometió a seguir sus términos y regulaciones mientras estuviera vigente como instrumento internacional. Este Convenio establecía límites máximos de responsabilidad para los daños causados por un accidente aéreo, así como procedimientos para el traslado de pasajeros y carga aérea entre los diferentes países. Por otra parte, el Convenio de Montreal es un tratado internacional que regula la responsabilidad civil en caso de accidentes de aviación internacional y creado como instrumento jurídico en el año de 1999. También es uno de los tratados ratificado por Honduras en el año 2016, y tiene como objetivo ampliar y actualizar el Convenio de Varsovia de 1929 sobre responsabilidad internacional en caso de accidentes aéreos. El Convenio de Montreal establece límites máximos de responsabilidad para los daños causados por un accidente de aviación, y también establece procedimientos para el traslado de pasajeros y carga aérea entre los diferentes países. En resumen, ambos convenios regulan la responsabilidad civil en caso de accidentes aéreos, pero el Convenio de Montreal es una nueva herramienta convencional que modifica, mediante la actualización de realidades, al antiguo Convenio de Varsovia, con un énfasis en la aviación internacional y en adaptarse a las nuevas normas y tecnologías. 4. En el caso que nos ocupa, es imperante tener en cuenta la temporalidad de finalización y vigencia de las normas internacionales como derecho interno bajo el tamiz del convencionalismo moderno. Para lo anterior, hay que tener en cuenta que el Convenio de Varsovia tiene inicio en el año 1929 y su abrogación por actualización en el año 1999, en donde cada Estado parte deviene en la obligación de su ratificación y depósito para su eficacia dentro de su derecho interno. En sustitución a los limitados y obsoletos alcances del referido Convenio, se firma en la ciudad de Toronto, República de Canadá, el nuevo Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al trasporte aéreo internacional, el cual fue ratificado por la República de Honduras en el mes de enero del año 2016. Con lo anterior, la República de Honduras no se encontraba sometida a las normas convencionales nacidas de dicho Convenio desde el año 1999 hasta el año 2016. El accidente aéreo en que se vio afectado el demandante Alfonso Javier Martinez Bordiú, ocurrió en el año de 2008, año en que se encontraba la República de Honduras en una zona de no derecho convencional sobre la materia, por no encontrarse ratificado el nuevo Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al trasporte aéreo internacional (Montreal 1999). 5. Ante la falta de normas internacionales que regulen un control de convencionalidad, se precisa el análisis de la norma considerada como infringida con nuestro régimen legal interno, para lo cual se analiza el artículo 254 de la Ley de Aeronáutica Civil que a la letra dice: “ARTÍCULO 254.- En el caso de muerte o lesiones de un pasajero, la persona o personas con derecho a reclamar la indemnización, deben hacerlo dentro del plazo de dos (2) años a partir de la fecha en que ocurrió el hecho que dio origen a la reclamación, so pena de perder el derecho.” 6. Queda probado en autos, que la parte demandante en fecha 27 de mayo de 2010, solicitó ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, intento de conciliación entre el señor ALFONSO JAVIER MARTINEZ BORDIU BASSO y la sociedad TACA INTERNATIONAL AIRLINES y TACA DE HONDURAS S.A. DE C.V., la cual fue resuelto como imposible de realizar conforme se expone en la constancia extendida por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa de fecha 17 de enero del año 2011 (folios 51 y 52). La demanda ordinaria de daños y perjuicios fue presentada ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha 18 de mayo de 2012, es decir 1 año 4 meses 1 día después de lo resuelto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. El intento de conciliación interrumpe el término prescriptivo. 7. La interrupción de la prescripción de acciones no es un objetivo directo de los métodos alternos de solución de conflictos, sino un efecto colateral y con igual eficacia en casos favorables. Es decir, los métodos alternos de solución de conflictos buscan resolver el conflicto entre las partes de manera pacífica, mientras que la interrupción de la prescripción es un aspecto legal relacionado con el tiempo que transcurre desde que se produce una acción o un derecho y hasta que se ejerce. Por lo antes dicho, bien es cierto que la comparecencia ante un tribunal de conciliación debidamente autorizado para dirimir conflictos (artículo 110 Constitución de la República; 1, 2, 4, 19 de la Ley de Conciliación y Arbitraje) tiene la misma eficacia de suspensión de plazos que una comparecencia ante autoridad judicial y los mismos efectos de interrupción de plazos que la comparecencia ante un órgano jurisdiccional de cosa juzgada que una resolución judicial. Por otro lado, la falta de legitimación es una causa de inadmisibilidad de una demanda, que se presenta cuando el demandante no tiene derecho a presentar la misma porque ha prescrito el derecho de acción. La prescripción es un plazo legal establecido para ejercer un derecho o acción, una vez transcurrido este plazo, el derecho o acción prescribe y ya no se podrá ejercer. En el presente caso, ambas excepciones materiales se encuentran concatenadas entre sí por una supuesta caducidad o prescripción de dos (2) años para presentar la demanda pertinente; quedando acreditado en autos que el ámbito temporal prescrito no ha vencido, por tanto, se desestiman las excepciones materiales interpuestas en juicio. 8. El demandante en su plan de demanda, reclama indemnización por DAÑO FISICO ocurrido en su rodilla izquierda, sufrida por el impacto en el accidente de mérito. Los artículos 424.2.h y 425.6, ambos del Código Procesal Civil, establecen que deben anunciarse y acompañarse los medios de prueba para hacer valer cada pretensión incoada. En el presente caso, la parte demandante no acompaño al plan de la demanda ofrecimiento ni documento alguno que estimare el DAÑO FISICO denunciado, por tanto, a carencia de asidero probatorio, no se logra probar lo afirmado por el demandante (artículo 228 del CPC). 9. Con el dictamen médico emitido por la doctora Rocío Mayoral Domínguez del Centro Clínico de Psicología y el Lenguaje de la ciudad de Madrid, Reino de España debidamente legalizado, se acredita que el señor Alfonso Javier Martínez Bordiú Basso: “Después de 2 años de tratamiento, el paciente ha experimentado una evolución MODERADA de los síntomas con los que acudió a consulta”; consulta extendida en dos fases: “FASE 1 _Reajuste de la sintomatología esencial del CUADRO DE ESTRESS POSTRAUMATICO; _Re estabilización del Cuadro Somático; _Control de crisis de pánico; _Afrontamiento de Cuadro Ansioso. FASE 2: _Afrontación de cuadro depresivo; _Restructuración cognitiva; _Establecimiento de bases para iniciar una nueva vida.” (folio 25). 10. Con el estudio actuarial del señor Carlos Reyes Barahona, inscrito con número 308 del Colegio Hondureño de Economistas, concluye que: “Basado en los datos proporcionados y los supuestos Técnicos de valuación que sirvieron de base al presente estudio, los gastos explicados en el numeral 6 se valoran en ($112,738,78); los daños y perjuicios representados por el valor presente contingente o valor actuarial de los ingresos afectados a futuro del señor ALFONSO JAVIER MARTINEZ BORDIU BASSO, valorados en $ 2,423,913.59; totalizando la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2,536,652.37).” Se concluye el monto total de los daños y perjuicios reclamados y que no han podido ser desvirtuados por la parte contraria. 11. Que la cantidad indicada en el numeral anterior, conglomera el total reclamado, no obstante, al no haberse probado las erogaciones derivadas del daño físico ocurrido en la pierna izquierda del demandante, como tampoco el costo del boleto aéreo al Reino de España, los que en conjunto suman la cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 6,777.17), razón por la cual, su reclamo se convierte en indebido y como consecuencia debe ser restado de la suma total reclamada en el presente juicio. 12. En el presente juicio, se comprobó la existencia de un accidente aéreo en donde el demandante era pasajero, siendo acompañado de su jefe y amigo Harry Brautigam, éste último perdió la vida a consecuencia del siniestro; lo que le ocasionó al demandante daños psicológicos de largo tratamiento y que por la suma de lo anterior no pudo continuar prestando sus servicios profesionales al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 110, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 201.2, 716, 717, 718, 719, 720, 725.3, 726.1, 728.1 y 729 del Código Procesal Civil; 1, 2, 4, 19 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; DICTA SENTENCIA IRRECURRIBLE y FALLA: PRIMERO: Declarar HA LUGAR el recurso de casación interpuesto y formalizado por el abogado FÉLIX ANTONIO IRIAS RODEZNO, en su condición de representante procesal del señor ALFONSO JAVIER MARTINEZ BORDIU BASSO, contra la sentencia dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. SEGUNDO: CASA la sentencia recurrida y declara: 1) PARCIALMENTE CON LUGAR la DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida en fecha dieciocho de mayo del año dos mil doce, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado Félix Antonio Irias Rodezno, como representante procesal del señor Alfonso Javier Martinez Bordiu Basso de generales ya expuestas, en contra de la sociedad mercantil TACA INTERNATIONAL AIRLINES, S.A. 2) Condena a la sociedad mercantil TACA INTERNATIONAL AIRLINES, S.A., al pago de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON VEINTE CENTAVOS ($ 2,529,875.20), en concepto de daños y perjuicios ocasionados al demandante por el accidente aéreo ocurrido en la ciudad de Tegucigalpa, en fecha 30 de mayo de 2008. 3) Con costas según lo establecido en el artículo 219 numeral 2) del Código Procesal Civil. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes por medio de sus representantes legalmente constituidos en el juicio, tras lo cual se ordena devolver las actuaciones a la correspondiente Corte de Apelaciones con la certificación del presente fallo, para que disponga el curso que debe seguir conforme a la ley. Hasta esta fecha se emite la presente sentencia, en virtud del exceso de trabajo que impera en el Tribunal y lo complejo del presente recurso de casación. Redactó la Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veintitrés; Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero del año dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 70=2019.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

SECRETARIA SALA DE LO CIVIL

22