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Sentencia CC-36-22 — Registro 15841

Resumen

En segunda instancia se revocó la sentencia y se declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Objeto y naturaleza de la presente resolución. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 724 del Código Procesal Civil, el presente auto tiene como objeto declarar la admisión o la inadmisión del recurso de casación. Este auto es de naturaleza irrecurrible, y en caso de inadmisibilidad, deberá ser especialmente motivado, en cuyo caso, procede que: Se declare de iure la firmeza de la sentencia recurrida. Se imponga el pago de costas al recurrente y se ordene la remisión de las actuaciones a la Corte de Apelaciones correspondiente. En el supuesto de que se declare la admisibilidad del recurso procede seguir lo dispuesto en el artículo 725 del Código Procesal Civil con relación al señalamiento de audiencia para la vista, cuando proceda; o en su defecto la fijación directa de día para la votación y fallo. 2. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA VILMA HONDURAS RODRÍGUEZ GUZMAN. Esta Sala al analizar el primer motivo de casación, estima que éste no es admisible, debido a que no cumple con la técnica casacional que demanda el Código Procesal Civil; en primer lugar, conforme lo determina el Código en su artículo 721.2 en lo que se refiere a la formalización del recurso de casación, la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada deberá ser precisa y justificada, situación que no ocurre en el caso de autos, pues la Recurrente desarrolla normas alejadas de las normas citadas como infringidas, a saber, artículos 96 de la Constitución de la República y 5 del Código Civil. De la lectura del motivo en estudio, deduce esta Sala que lo que pretendía la Impetrante era solicitar la aplicación indebida de la normativa del Código de Familia citada y no su interpretación errónea. Es por los defectos enunciados que llevan a la inadmisión del primer motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN. Al igual que el primer motivo de casación, esta Sala estima inadmitir el segundo motivo casacional, ya que de la lectura de la explicación del motivo lo que hace la compareciente es impugnar la motivación de la sentencia del ad quem y no desarrolla la incidencia de la infracción conforme a la causal citada y las normas señaladas como infringidas. Si lo que pretendía es la revisión de la motivación fáctica de la sentencia, debió hacerlo bajo la causal correcta conforme el artículo 720.2 del Código Procesal Civil. Es por los defectos enunciados que llevan a la inadmisión del segundo motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN. Al igual que en motivos anteriores, esta Sala procede a inadmitir el tercer motivo por carencia de una adecuada incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, al no llevar a este Tribunal de casación al convencimiento en como esas normas señaladas como infringidas y su tipo de infracción cambiarían la decisión adoptada por el Ad Quem. Aunado a lo anterior, cita dos formas de infracción a la ley, tal es la aplicación e interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución del litigio. Finalmente, de la lectura se deduce que lo que se pretendió, al igual que los motivos anteriores, es impugnar la motivación fáctica de la sentencia. Es por los defectos enunciados que llevan a la inadmisión del tercer motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 5. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista; en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704, 721 y 723 del Código Procesal Civil, que la Impetrante debió cumplir para que la Corte pudiera considerarlo.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN. Al igual que el primer motivo de casación, esta Sala estima inadmitir el segundo motivo casacional, ya que de la lectura de la explicación del motivo lo que hace la compareciente es impugnar la motivación de la sentencia del ad quem y no desarrolla la incidencia de la infracción conforme a la causal citada y las normas señaladas como infringidas. Si lo que pretendía es la revisión de la motivación fáctica de la sentencia, debió hacerlo bajo la causal correcta conforme el artículo 720.2 del Código Procesal Civil. Es por los defectos enunciados que llevan a la inadmisión del segundo motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN. Al igual que en motivos anteriores, esta Sala procede a inadmitir el tercer motivo por carencia de una adecuada incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, al no llevar a este Tribunal de casación al convencimiento en como esas normas señaladas como infringidas y su tipo de infracción cambiarían la decisión adoptada por el Ad Quem. Aunado a lo anterior, cita dos formas de infracción a la ley, tal es la aplicación e interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución del litigio. Finalmente, de la lectura se deduce que lo que se pretendió, al igual que los motivos anteriores, es impugnar la motivación fáctica de la sentencia. Es por los defectos enunciados que llevan a la inadmisión del tercer motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil."

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Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora MARIA ISABEL REYES DUBON, representada en juicio por la abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, como recurrente; siendo recurrido el señor FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA, representado en juicio por el abogado JORGE ABELARDO DIAZ REYES. OBJETO DEL PROCESO: POR EL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO SE PROMUEVE DEMANDA DE DIVORCIO CONTENCIOSO, promovida en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, ante el Juzgado Primero de Letras del departamento de Intibucá, por la abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, actuando en su condición de representante procesal de la señora MARIA ISABEL REYES DUBON, mayor de edad, casada, comerciante, hondureña y con domicilio en el Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá, contra el señor FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA, quien mayor de edad, casado, comerciante, hondureño, y con domicilio en esta ciudad de La esperanza, Departamento de Intibucá. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Por resolución de abstención de las jueces del Juzgado Primero de Letras del departamento de Intibucá, el presente proceso fue conocido por el Juzgado Segundo de Letras del departamento de Intibucá, tribunal que en fecha dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual falló: “FALLA: PRIMERO: Declarar ESTIMADA Y CON LUGAR, la presente Demanda de Divorcio entre los señores MARÍA ISABEL REYES DUBON y el señor FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA, ambos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: DECLARANDO DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL, que une a la señora MARIA ISABEL REYES DUBON, con el señor FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA, ambos de generales conocidas preámbulo de esta sentencia. TERCERO: Ordena Que la secretaria del despacho proceda librar atento mandamiento al Registro Civil Municipal del Municipio de Omoa, Departamento de Cortes, para que Inscripciones preventivas del Ley, hagan las anotaciones en el acta No en 0503- 1992-001 62, ubicada en el folio 015, del Tomo 00010, del año 1992. CUARTO: En cuanto a la Liquidación del Régimen Económico que se otorga a favor de la señora María Isabel Reyes Dubon; de la masa de bienes a favor del señor Francisco Javier Nolasco Rosa: Son los siguientes: 1). Bien inmueble ubicado frente al Mercado quemado, donde actualmente funciona el negocio conocido como Café la Fuente, el cual se encuentra inscrito bajo el número de matrícula 1467820; y que actualmente se encuentra a favor de la Sociedad de Responsabilidad limitada de Capital Variable FHISE.; En el Registro Inmueble y Mercantil de este Departamento, así como todo el mobiliario y equipo que actualmente tiene dicho negocio para su funcionamiento. 2.- Bien inmueble ubicado a la par de la Escuela Urbana Mixta Pedro Nufio donde actualmente funciona el negocio Comercial conocido Restaurante Opalacas, el cual se encuentra inscrito bajo el número de matrícula 1433838, así como todo el mobiliario y equipo que actualmente tiene dicho negocio para su funcionamiento. 3.- Constituir el hogar conyugal de los señores Maria Isabel Reyes Dubon y el señor Francisco Javier Nolasco Rosa, la casa de habitación y el menaje de dicha vivienda, la cual se encuentra ubicado en el Barrio Agua Caliente del Municipio de Intibucá; Inscrito bajo el Número 1629962 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de este Departamento; Ordenándose que la señora María Isabel Reyes Dubon regrese a dicha vivienda para el disfrute de la misma, junto con sus hijos nacidos en el matrimonio; Así mismo deberá quedar incólume el menaje de dicha casa de habitación; la cual había abandonado por los problemas de la relación matrimonial; Ordenándose al demandado señor Francisco Javier Nolasco Rosa; a restituir el hogar a la señora Maria Isabel Reyes Dubon. QUINTO: Así mismo se Condena al señor Francisco Javier Nolasco Rosa a proporcionar una pensión Alimenticia mensual a favor de la señora María Isabel Dubon Reyes como conyugue inocente por la cantidad de L. 50,000.00 a partir de la fecha, que deberá entregar ante la secretaria de este Tribunal el señor Francisco Javier Nolasco Rosa, previo recibo que deberá extenderse; matrimonio. mientras ella no contraiga nuevo matrimonio. SEXTO: Se condena a una pensión alimenticia a favor de la Joven I. N. R., por la cantidad de $ 25.000.00 dólares americanos anuales hasta que ella culmine sus estudios Universitarios en la Universidad de Miami, Estados Unidos; o en cualquier otra Universidad; Así mismo se deberá acreditar a este Tribunal la documentación donde conste las materias cursadas y aprobadas, juntamente con documentación donde acredite su matrícula a dicha universidad del presente año. SEPTIMO: Así mismo Ordena: Que la secretaría del despacho proceda a librar los respectivos mandamientos al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de este Departamento de los bienes que se le han otorgado a la señora María Isabel Reyes Dubon; a efecto de que se proceda a Inscribir a nombre de la señora María Isabel Reyes Dubon los Inmuebles siguientes: 1.-Bien Inmueble conocido como Café la Fuente, el cual se encuentra inscrito bajo el número de matrícula 1467820; y que actualmente se encuentra a favor de la Sociedad de Responsabilidad limitada de Capital Variable FHISE.; En el Registro Inmueble y Mercantil de este Departamento, así como todo el mobiliario y equipo que actualmente tiene dicho negocio para su funcionamiento. 2.- Bien inmueble ubicado a la par de la Escuela Urbana Mixta Pedro Nufio donde actualmente funciona el negocio Comercial conocido como Restaurante Opalacas, el cual se encuentra inscrito bajo el número de matrícula 1433838, así como todo el mobiliario y equipo que actualmente tiene dicho negocio para su funcionamiento OCTAVO: Que la secretaría del Despacho proceda a librar Mandamiento al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de este Departamento, para que proceda a Inscribir la Constitución del Patrimonio Familiar sobre el Bien Inmueble Siguiente: Constituir el hogar conyugal de los señores Maria Isabel Reyes Dubon y el señor Francisco Javier Nolasco Rosa, la casa de habitación y el menaje de dicha vivienda, la cual se encuentra ubicado en el Barrio Agua Caliente del Municipio de Intibucá; Inscrito bajo el Número de matrícula 1629962 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de este Departamento; Ordenándose que la señora María Isabel Reyes Dubon regrese a dicha vivienda para el disfrute de la misma, junto con sus hijos nacidos en el matrimonio; Así mismo deberá quedar incólume el menaje de dicha casa de habitación; la cual había abandonado por los problemas de la relación matrimonial; Ordenándose al demandado señor Francisco Javier Nolasco Rosa; a restituir el hogar a la señora María Isabel Reyes Dubon. NOVENO: Se extienda la certificación correspondiente a la parte interesada una vez que la presente sentencia tenga carácter de firme. DECIMO: EN CUANTO A LA SUSPECION DE LA PATRIA POTESTAD, a el señor FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA, de la menor I. N. R., NO SE PRONUNCIA EN VIRTUD QUE NO FUE OBJETO DE DEBATE, NI SOLICITADO POR NINGUNA DE LAS PARTES; COMO ASI MISMO SOBRE EL REGIMEN DE COMUNICACIÓN. DECIMO PRIMERO: la Guarda y Custodia de la menor I. N. R., queda a favor de ambos padres, los señores MARIA ISABEL REYES DUBON Y FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA; en virtud por ser ellos con quien ha permanecido y se ha criado y siendo objetivos y partiendo del interés superior del niño. DECIMO SEGUNDO: En cuanto a las medidas cautelares resueltas por este Tribunal y confirmadas por la Corte de apelaciones de la ciudad de Comayagua, las cuales constan en el expediente No. 1001-2019-00036, se Ordena: Revocar la medidas adoptadas, Una vez firme la presente sentencia e Inscritos los mandamientos ordenados en los numerales séptimo y octavo de la parte resolutiva de este fallo; que la secretaria del Despacho proceda a librar el mandamiento correspondiente Revocar las mismas. DECIMO TERCERO: Contra esta resolución cabe interponer el Recurso de Apelación, ante la Corte de Apelaciones de la ciudad de Comayagua y si dentro del término de ley no se interpone recurso que la secretaria del despacho proceda a extender el correspondiente mandamiento para su debida inscripción en el registro de las personas, (0503) del Municipio de Omoa, departamento de Cortes, en el acta No. 0503- 1992- 00162., ubicada en el follo No. 015, del Tomo No.00010, del año 1992. DÉCIMO CUARTO: Redacto el Abogado MARIO JOSUE PINEDA GUARDADO, Juez del Juzgado Segundo de Letras del Departamento de Intibucá. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: Que en fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó sentencia REVOCANDO la dictada por el Aquo en fecha dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, de la manera siguiente: “PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN que ha planteado la ABOGADO JORGE ABELARDO DIAZ REYES QUIEN ACTÚA EN DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA, EN LA DEMANDA DE DIVORCIO MEDIANTE EL PROCESO DECLARATIVO ABREVIADO NO DISPOSITIVO QUE LE HA PROMOVIDO LA SEÑORA MARIA ISABEL REYES DUBON, recurso interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) emitida por el Juzgado Segundo de Letras de la Sección Judicial de Intibucá, Departamento de Intibucá. SEGUNDO: REVOCAMOS Y REFORMAMOS PARCIALMENTE LA SENTENCIA DEFINITIVA RELACIONADA EN EL APARTADO ANTERIOR. EN CONSECUENCIA: 1) SE REVOCA LA SENTENCIA respecto a su parte dispositiva en los apartados CUARTO numerales 1 y 2 referente a la cesión de bienes a la demandante, de los inmuebles conocidos como Café la Fuente y Restaurante Opalacas, 2) SE REFORMA LA SENTENCIA en cuanto al numeral 3) sobre la constitución de un hogar conyugal de los señores demandante y demandado, SE REFORMA en el sentido, que queda a disposición la casa de habitación y el menaje de la casa, donde una vez se constituyó el hogar conyugal entre la demandante y el demandado, ubicada en el Barrio agua Caliente del Municipio de Intibucá, inscrita bajo el número 1629962 del registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Intibucá; disposición que se mantiene mientras la demandante no contraiga nuevas nupcias; 4) SE REVOCA EL APARTADO SÉPTIMO de la parte dispositiva, al estar referido a los bienes del apartado CUARTO NUMERALES 1 Y 2; 5) SE REFORMA LA SENTENCIA EN CUANTO AL APARTADO OCTAVO en el sentido que se constituye patrimonio familiar sobre la vivienda que constituía el hogar de la pareja, el que se constituye con termino fijo, hasta que el menor hijo de la pareja alcance su mayoría de edad, por lo que deberá inscribirse la constitución en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Intibucá.- MANDA: Que sean debidamente notificadas las partes, contra la presente resolución cabe recurso de casación, por lo que una vez firme se remítanse las diligencias al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE.” TERCERO: La abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, actuando en su condición de representante procesal de la señora MARIA ISABEL REYES DUBON, en fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El abogado JORGE ABELARDO DIAZ REYES, actuando en su condición de representante procesal del señor FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN y JORGE ABELARDO DIAZ REYES, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fecha catorce y dieciocho de enero de dos mil veintidós, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha dos de marzo de dos mil veintidós, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, de la manera siguiente: ““PRIMER MOTIVO DE CASACION APLICACIÓN E INTERPRETACION ERRONEA DE LAS NORMAS DE DERECHO Precepto Legal Sustantivo Infringido: Se considera que se ha infringido la disposición sustantiva contenida en los artículos 3, 68, 70 y 70-C reformados del Código de Familia regulados en el Decreto Legislativo Numero 31-2015; de fecha 4 de agosto del 2015. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: Las normas legales adjetivas que habilitan la interposición del presente Recurso de Casación se encuentra como causa de impugnación al tenor de lo establecido en el artículo 654 y 719.2 del Código Procesal Civil. Descripción de la Infracción: Al analizar el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), se observa que el Tribunal Ad- Quem en el fallo recurrido específicamente en el ordinal TERCERO del acápite denominado MOTIVACION hace un análisis respecto a lo que calificó como el - de discordia-, respecto a la legislación aplicable al caso en concreto en -punto cuanto a la fecha de constitución de matrimonio y las capitulaciones matrimoniales del discutido juicio de Divorcio; haciendo una interpretación errónea del artículo 96 Constitucional en cuanto a la conocido de este Alto Tribunal que irretroactividad de la Ley, pues es cono una de las reglas para la interpretación constitucional es que las palabras que emplea la constitución deben ser entendidas en su sentido general y común y en ningún caso ha de suponerse que un término constitucional es superfluo; sino que su utilización obedeció al designio preconcebido de los autores de la ley suprema; de ahí que la interpretación que hace el Tribunal Ad-Quem al relacionado artículo 96 Constitucional es una interpretación que no parte de un criterio amplio y practico de la ley, para que se cumpla los fines que la informan, por cuya razón somos de la postura que la motivación en este punto del recurrido fallo del Tribunal Ad-Quem, más que dar luces para dirimir la controversia lo que hace es alejarse del verdadero contenido teleológico y finalista de la Carta Magna. Asimismo y siguiendo el orden cronológico de su motivación en el ordinal TERCERO, el Tribunal Ad- Quem hace un examen entre la redacción del artículo 68 del Decreto Numero 76-84 contentivo del Código de Familia Derogado y la redacción del reformado artículo 68 del Decreto Numero 31-2015; concluyendo que debe aplicarse el principio de identidad y la consecuente literalidad del artículo 68 del Decreto Numero 76-84 contentivo del Código de Familia Derogado en el caso de autos, por la fecha de la celebración del matrimonio; sin embargo disentimos con la postura del Tribunal Ad-Quem, ya que por un lado constitucionalmente no es posible aplicar al caso concreto la irretroactividad de la ley en materia de familia, pues el artículo 96 de la Constitución de la Republica lo prohíbe expresamente indicando que en todo caso se aplica excepcionalmente en la materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado; de ahí que el criterio legal vertido por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua en la resolución impugnada, colisiona con lo dispuesto en el artículo 5 del Código Civil que literalmente dice: Artículo 5. La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de transcurridos veinte (20) días de terminada su publicación en el periódico oficial......; del texto de esta norma entendemos que la obligatoriedad de la nueva ley se rige su promulgación con la cual adquiere su vigencia y en ese sentido los artículos 68 y 70 reformados del Código de Familia según Decreto Numero 31-2015, están vigentes y son los aplicables al caso concreto, pues no puede atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador; según así lo dispone el artículo 17 del mismo Código Civil. Por ello al desconocer el Tribunal Ad Quem la aplicabilidad de las reformas de la ley y su vigencia; valga decir las contenidas en el Decreto 31-2005 del Código de Familia se está cercenando derechos que ya se encuentran reconocidos en los mencionados en los reformados artículos 68 y 70 del Código de Familia, y al respecto ninguno de los artículos reformados en el Decreto 31-2015, disponen expresamente que lo matrimonios celebrados con anterioridad a dichas reformas deban de aplicarse en forma retroactiva la literalidad de los mencionados artículos 68 y 70 del Código de Familia; conforme a estas disposiciones anteriormente citadas y sobre todo el artículo 3 del mismo Código de Familia que son normas de orden público en el caso en concreto, el Tribunal Ad-Quem, desconoce la jurisprudencia nacional en cuanto a la vigencia de la una nueva ley y su promulgación. Por lo cual y siendo que la parte demandada en el presente juicio no demostró fehacientemente que se haya celebrado ningún acuerdo relativo capitulaciones matrimoniales ni antes ni durante el matrimonio de los justiciables o en su defecto que en algún momento hubo una separación del patrimonio de cada uno de los cónyuges, la norma a aplicar en el caso sub judice es la norma vigente; valga decir los artículos 68 y 70 reformados del Código de Familia según Decreto Numero 31-2015, como se argumentó en la pieza principal. De acuerdo a lo anterior y siendo que también el Tribunal Ad-Quem basa su decisión jurisdiccional en el Principio de Identidad el cual no motiva suficientemente jurídicamente como para entender que es el Código de Familia que dispone expresamente que ante la falta de capitulaciones matrimoniales lo que rige es la irretroactividad de la ley; es necesario citar lo que literalmente dice el artículo 68 reformado del mencionado Código de Familia "A falta de capitulaciones matrimoniales, el régimen económico por el cuales se regirá el vínculo será el de la sociedad ganancial"; véase pues, Honorable Tribunal que la reforma claramente establece y de manera literal que en el caso de autos será de aplicación dicho artículo por haberse demostrado en el juicio de primera instancia la inexistencia de capitulaciones matrimoniales durante la vigencia del matrimonio y hasta el momento en que se solicitó su disolución; de lo que se colige que el Tribunal Ad Quem en su fallo que por este acto se impugna, deja no solo en total indefensión a mi representada la señora María Isabel Reyes Dubon, respecto a la liquidación de bienes según así lo establece el artículo 70 reformado del Código de Familia que literalmente dice: "Mediante la sociedad ganancial se hacen comunes para los cónyuges cada uno de los bienes muebles e inmuebles obtenidos a títulos oneroso, indistintamente por cualquier de ellos durante el matrimonio, lo cuales les serán repartidos por la mitad en caso de disolverse el vínculo matrimonial. Se exceptúan los bienes muebles e inmuebles adquiridos a título gratuito y los considerados menaje del hogar, lo cales quedaran a favor de la muer tal como lo establece el Artículo 72 de este Código; norma que habilito a esta parte procesal para solicitar la liquidación de los bienes bajo la figura de la sociedad ganancial ya que esta comienza en el momento de la celebración del matrimonio tal como lo dispone el artículo 70-C del referido Código de Familia; pero al desconocer el Tribunal Ad-Quem este derecho a mi representada en su fallo quebranta flagrantemente el Principio de Prohibición de Reforma Peyorativa al empeorar la situación de mi defendida negándole la liquidación que obtuvo en la Resolución Judicial de primera instancia. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION APLICACIÓN E INTERPRETACION ERRONEA DE LAS NORMAS DE DERECHO Precepto Legal Sustantivo Infringido: Se considera que se ha infringido la disposición sustantiva contenida en el último párrafo del artículo reformado 70-D del Código de Familia regulado en el Decreto Legislativo Numero 31-2015; de fecha 4 de agosto del 2015. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: Las normas legales adjetivas que habilitan la interposición del presente Recurso de Casación se encuentra como causa de impugnación al tenor de lo establecido en el artículo 654 y 719.2 del Código Procesal Civil. Descripción de la Infracción: Igualmente esta parte procesal al examinar cuidadosamente el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones de Sección Judicial de Comayagua de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), observa que el Tribunal Ad- Quem en su fallo específicamente en el ordinal TERCERO del acápite denominado MOTIVACION, omite pronunciarse sobre la ocultación maliciosa de los bienes inmuebles y muebles que se encuentran registrados en este Departamento de Intibucá a favor del demandado y que son parte de la comunidad de bienes, pues se adquirieron dentro de la vigencia del matrimonio y que por medio de los diferente medios probatorios autorizados por la ley se demostró que el demandado constituyo la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable denominada FHISE, a la cual transfirió varios bienes inmuebles, traspaso los locales comerciales a nombre de la referida sociedad e igualmente transfirió el dinero de sus cuentas de ahorro y cheques a favor de su hijo mayor S. Y. N. M. entre otras acciones dolosas que hizo el demandado durante el decurso del juicio, y que oportunamente se denunció en el decurso del juicio; solicitando del Tribunal Ad-Quem la revisión de la Certificación Integra librada por el Registro de la Propiedad de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, que es contentiva del Instrumento Numero 784 autorizada en la ciudad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, en fecha 27 de agosto del año 2018, y que se refiere a la Constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable FHISE, que demostraba que esta sociedad mercantil fue creada y constituida dolosamente por el demandando con el único fin de ocultar parte de los bienes que se han constituido dentro del matrimonio, y para lo cual se adjuntó el Registro del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad SINAP donde aparecen transferidos algunos bienes inmuebles a favor de dicha sociedad y donde consta que el demandado a través de las facultades que le son otorgadas en dicho instrumento público especialmente en cláusula VIGESIMO PRIMERA de esta sociedad, sigue manejando estos bienes inmuebles a través de la referida sociedad, pues se autonombro como gerente y representante legal de dicha sociedad, y de acuerdo a la cláusula SEPTIMA de la referida sociedad, el demandado también está facultado para celebrar actos y contratos sobre dichos bienes y enajenarlos, constituir hipotecas etc, por lo cual se le solicito al Tribunal Ad Quem el estricto cumplimiento al artículo 269 numeral 1 del Código Procesal Penal que textualmente dice: "Tienen la obligación de denunciar los delitos de orden público: 1.- Los funcionarios o empleados que tengan conocimiento de los mismos, en ocasión de sus funciones...; todo con el objeto que se le dedujera al demandado la responsabilidad penal que en derecho hubiere lugar; sin embargo el Tribunal Ad Quem contrario a hacer valer sus facultades procesales delegadas por ley y en claro quebrantamiento a la norma Constitucional prevista en el artículo 305 que expresamente dispone: Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes; obvia pronunciarse sobre este argumento que formo parte de las alegaciones y que están íntimamente relacionadas con la liquidación de bienes tantas veces discutida en juicio.- De igual manera violenta lo dispuesto en el artículo 12.5 del Código Procesal Civil que literalmente dice: El Juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes; lo que devela por un lado que la falta de pronunciamiento por parte del Tribunal Ad Quem deja una gran interrogante en cuanto a las acciones dolosas del demandado que le fueron denunciadas oportunamente, pues de su omisión se entiende que les da el carácter de legales y por el otro que no se le dio la verdeara aplicabilidad del último párrafo del artículo reformado 70-D del Código de Familia que literalmente dice: "Durante la vigencia de la sociedad ganancial los cónyuges no podrán ocultar bienes o cometer fraude de cualquier tipo sobre los mismos..."; norma de derecho que es aplicable al caso en concreto por la misma afectación que se deriva de la Liquidación del Régimen Económico, afectado con ello la jurisprudencia nacional en materia de liquidación de bienes en los divorcios a nivel nacional. TERCER MOTIVO DE CASACION APLICACIÓN E INTERPRETACION ERRONEA DE LAS NORMAS DE DERECHO Precepto Legal Sustantivo Infringido: Se considera que se ha infringido la disposición sustantiva contenida en el artículo 82 y 88 del Código de Familia Vigente; Precepto Legal Adjetivo Autorizante: Las normas legales adjetivas. que habilitan la interposición del presente Recurso de Casación se encuentra como causa de impugnación al tenor de lo establecido en el artículo 654 y 719.2 del Código Procesal Civil. Descripción de la Infracción: De igual manera esta parte procesal estima que el cuestionado fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), es contradictorio y lesiona los derechos de mi representada, en cuanto al criterio vertido en su fallo referido a REFORMAR la Sentencia Definitiva de fecha dieciséis (16) de febrero del año 2021, específicamente en el ordinal CUARTO numeral 3 y ordinal OCTAVO de la parte dispositiva del fallo impugnado; donde se ordena la constitución de Patrimonio Familiar la casa de habitación y menaje de dicha vivienda donde se le reconoce mi representada la señora María Isabel Reyes Dubon, el derecho de regresar a dicha vivienda para el disfrute la misma; sin embargo el Tribunal Ad- Quem en ninguno de los ordinales que forman parte del acápite de la MOTIVACION analiza y se pronuncia sobre este tema en particular par dando razones jurídicas y validas de dicha reforma y en especial describiendo la razón por la cual le cercena el derecho de mi presentada a regresar al vivienda que fue el hogar conyugal; reformas a la sentencia que de ninguna manera han sido motivadas lo que constituye una arbitrariedad a la luz de lo que dispone que el artículo 88 del Código de Familia Vigente que en su parte medular ordena: Los miembros de la familia beneficiaria están obligados a habitar la casa .... y siendo que ya la decisión judicial de primera instancia había destinado este bien de acuerdo a lo que dispone el artículo 82 del Código de Familia a nuestra representada, solicitamos de este Alto Tribunal la aplicación correcta de la norma invocada; toda vez que una decisión jurisdiccional con efectos jurídicos a los justiciables debe responder a la aplicación de una norma preestablecida así como lo determina el Principio de Legalidad, establecido en el artículo 95 de la Constitución de la Republica, por cuya razón esta parte recurrente estima que en el caso en concreto no se han aplicado las normas de derecho reguladoras de la constitución del Patrimonio Familiar en todos sus efectos legales.” SEPTIMO: Que el abogado JORGE ABELARDO DIAZ REYES, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “A LAS CAUSALES O MOTIVOS DE CASACIÓN contra SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), recurrida por la parte demandante, ahora. recurrente. A LA PRIMERA CAUSAL O MOTIVO DE CASACIÓN: La representación demandante ahora recurrente plantea en su primer e inexistente causal de casación que existe aplicación en interpretación errónea de las normas de derecho, manifestando que se han infringido la norma contentiva en los artículos 3, 68, 70 y 70 C del Código reformado de Familia, regulados en el decreto legislativo número 31-2015, de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil quince (2015), asimismo como artículos autorizantes fundamenta lo dispuesto en el artículo 654 y 719. 2 del Código Procesal Civil. De lo planteado por la parte recurrente se infiere que esta desconoce las reglas básicas de interpretación al insistir que se debe aplicar el decreto legislativo número 31-2015, de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil quince (2015), y aun cuando el artículo 96 de la Constitución de la República es clara al señalar que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado" y en el caso de autos el Ad quem ha emitido una sentencia que no es más que un silogismo jurídico, teniendo como premisa mayor es la norma abstracta, en este caso el código de familia originario decreto legislativo No. 76-84, contentivo en el Código de Familia: Artículo 68. Si no hubiere capitulaciones matrimoniales cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio y de los que adquiera a cualquier título. Aplicable al caso concreto y la premisa menor los hechos en este caso el momento de la celebración del matrimonio, celebrado en fecha 6 de marzo de 1992, y la conclusión del silogismo es la sentencia proferida por el Ad quem, que aplica el derecho abstracto al momento que se llevaron a cabo los hechos y en este caso la celebración del matrimonio, aplicando el principio constitucional de retroactividad, pero va más allá y dentro del silogismo en su motivación jurídica desarrolla el principio de identidad, aplicable al caso que no ocupa, en ese orden la parte demandante no puede desconocer la ley, menos tergiversando a su antojo al pretender con galimatías y sofismos sorprender a esta honorable Sala que sea aplicada retroactivamente la ley a un acto jurídico que se sustanció mediante el decreto legislativo No. 76-84, y que el tribunal de alzada aplicó de manera correcta, aplicando con los principios de la lógica, la razón y la congruencia con la aplicación del decreto originario, esta motivación y fundamentación de la sentencia cumple con lo dispuesto en el artículo 207.2 y 208 del Código Procesal Civil, como paso a exponer a continuación: El Ad quem respeta y aplica a cabalidad derechos fundamentales procesales, como la tutela judicial efectiva y principio de legalidad, y con mayor precisión el precepto constitucional establecido en el artículo 96 de la Constitucional de la República, el cual señala que: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado" del análisis del artículo se desprende que el tribunal de alzada ha respetado el principio de retroactividad de la ley, al aplicar el decreto originario, No. 76-84, el cual establece: "Sino hubiere capitulaciones matrimoniales cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio y de los que adquiera a cualquier título" La norma señalada que antecede es clara y da lugar a dudas, ni a interpretaciones subjetivas y bajo el principio de taxatividad, el artículo aplicable a la disolución y regulación de los bienes cuando no se celebraron capitulaciones como es el caso que nos ocupa, por haber llevado a cabo el acto jurídico en el momento que se encontraba vigente la misma. La sentencia emitida por el tribunal de alzada el aplica principio de congruencia que se encuentra dentro del derecho de la tutela judicial efectiva derecho constitucional, regulado en los Tratados Internacionales y debe ser respetado bajo el principio de convencionalidad. En ese orden de ideas la pretensión de la recurrente es infundada al pretender que se aplique el Artículo 68 del Código de Familia que dispone: "A falta de capitulaciones matrimoniales, el régimen económico por el cual se regirá el vínculo será el de la Sociedad Ganancial". Con ello prácticamente deja ver el desconocimiento de la ley sustantiva y adjetiva, puesto que ese Artículo además del 30, 39 y 70 del Código de Familia fue reformado mediante Decreto 21-2015 de fecha siete (7) de Abril del 2015 y entró en vigor una vez publicado en el diario Oficial La Gaceta o sea el cuatro (4) de Agosto del mismo año 2015. Por lo que es a partir de esa fecha a la actualidad que se tomará como Sociedad Ganancial en los vínculos matrimoniales existan o no capitulaciones, teniendo efectos ex nunc y no efectos ex tunc como pretende la parte. recurrente. Reiterando y para concluir lo aplicable es los dispuesto en el decreto legislativo No. 76 84, artículo 68: "Sino hubiere capitulaciones matrimoniales cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio y de los que adquiera a cualquier título" artículo que aplicó el Ad quem, no aplicando la norma retroactiva por la prohibición constitucional del artículo 96 supra indicado, respetando los derechos fundamentales procesales y sustanciales consagrados en la Constitución de la República que a continuación describo: 1°.- El Artículo 64 de la Constitución establece: "No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, los disminuyen, restringen o tergiversen" Por lo que, al hacerlo así el Juez, está yéndose más allá de sus facultades. 2°.- El Artículo 96 de la Constitución establece: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado". Aquí no estamos en un proceso penal para aplicar las disposiciones civiles de manera retroactiva favoreciendo indebidamente a unos para perjudicar a otros. 3°.- El Artículo 103 de la Constitución establece: "El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la Propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley".- En el caso que nos ocupa la Ley establece que hasta después de la reforma al Artículo 68 del Código de Familia, bajo el principio de irretroactividad y de temporalidad de la ley, se aplicará la reforma indicada de capitulaciones matrimoniales regirá la Sociedad Ganancial, cuando no se establezcan estas, pero nunca de manera retroactiva. Al hacerlo así se está violentando nuestra constitución y el ad quem ha emitido una sentencia ajustada en derecho. En conclusión, honorable Sala la primera causal que ha invocado la parte recurrente no tiene asidero jurídico, por haber aplicado la ley el tribunal de alzada en la sentencia que pretende casar la parte demandante, por tanto, solicito con todo respeto declarar desestimada la primera causal de casación, por no cumplir los presupuestos establecidos en el artículo 719 del Código Procesal Civil y demás aplicables. A LA SEGUNDA CAUSAL O MOTIVO DE CASACIÓN: En su segunda causal la parte. recurrente manifiesta que se ha infringido la disposición contenida en el último párrafo del artículo reformado 70-D del Código de Familia, regulado en el decreto número 31-2015 de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil quince (2015), y señala como artículos autorizantes los dispuesto en el artículo 654 y 719.2 del Código Procesal Civil. La parte recurrente- demandante en su tesis insiste que se constituyó una sociedad para transferir bienes que son objeto de la comunidad ganancial de bienes, nuevamente erra en su intención antojadiza al pretender vulnerar el velo corporativo de las sociedades al pretender bienes que nos pertenecen a una persona jurídica y no natural, aunado a ello no se puede señalar que se ha infringido lo dispuesto en el artículo reformado 70-D del Código de Familia, regulado en el decreto número 31-2015 de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil quince (2015), cuando lo procedente es la aplicación del decreto No. 76-84, artículo 68: "Sino hubiere capitulaciones matrimoniales cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio y de los que adquiera a cualquier título" artículo que aplicó el Ad quem, no aplicando la norma retroactiva por la prohibición constitucional del artículo 96 supra indicado, asimismo respetó el derecho a la libertad de empresa, puesto que de no hacerlo nos encontraríamos ante un Estado de inseguridad jurídica, pues al despojar de las propiedades y empresas a mi representado vulnera el derecho fundamental de propiedad y libertad de empresa reconocida en la constitución de la república en los artículos del 103, 104,105,106,330 y 331, por lo tanto, la sentencia proferida cumple con los principios de la lógica, la razón y la congruencia con la aplicación de la norma originaria, esta motivación y fundamentación de la sentencia se ajusta a lo dispuesto en el artículo 207.2 y 208 del Código Procesal Civil. El fallo proferido por tribunal de alzada, al proteger de los bienes de mi representado protege y respeta los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos mediante acuerdo No. 8 del Pacto de San José aprobado en San José de Costa Rica de fecha veintidós (22) de noviembre del año mil novecientos sesenta y nueve (1969) que en su Artículo 21 establece: "Derecho a la Propiedad Privada. 1) Toda persona tiene derecho al uso y gocé de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social; 2) Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de Indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la Ley. En ese orden al aplicar de manera el decreto se aplica y respeta la retroactividad al presente caso, y protege y restituye el derecho constitucional a la propiedad de mi representado y libertad de empresa habida. Asimismo, se ha respetado lo establecido en el artículo 647 del Código de Comercio estipula: "La Unidad de destino de los elementos esenciales que integran una empresa mercantil no deberá disgregarse en virtud de persecuciones individuales promovidas por acreedores del comerciante titular. No se podrá practicar embargo aislados de los mismos, sino que el secuestro deberá abarcar la empresa en conjunto, para lo que el depositario será un interventor con cargo a caja". El Ad quem en su sentencia ha restaurado el orden constitucional y respetado preceptos legales que contienen los derechos fundamentales de mi representado, interpretando y aplicando la ley procesal y sustantiva, y en ese orden de ideas nadie puede darle más interpretaciones a la ley sino las que el legislador ha fijado y como se pudo constatar la persona jurídica a quien se restauró el derecho de propiedad, y que no se encontró en ningún momento legitimada en la presente acción, debido a que se trata de acciones entre personas naturales, en ese orden las la sentencia definitiva de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno se encuentra enmarcada en derecho y restaura y protege los derechos fundamentales sustantivos y procesales de mi representado. La segunda causal o motivo de casación consistente en se ha infringido la disposición contenida en el último párrafo del artículo reformado 70-D del Código de Familia, regulado en el decreto número 31-2015 de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil quince (2015), no es aplicable por no tener asidero jurídico, en primero momento por no ser aplicable el decreto número 31-2015, debido a que el acto jurídico consistente en el matrimonio se realizó en 1992 aplicable en ese caso las disposiciones establecidas en el No. 76-84, artículo 68: "Sino hubiere capitulaciones matrimoniales cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio y de los que adquiera a cualquier título" _Dejando por: sentado que lo aplicable es la ley que el tiempo de la celebración de acto jurídico. Asimismo, el ad quem restaura el orden constitucional y protege el derecho de propiedad y libertad de empresa de mi representado, estipulado en los artículos del 103, 104, 105,106,330 y 331 de la Constitución de la República. En consecuencia, debe declararse sin lugar la segunda causal de casación. AL TERCERA CAUSAL O MOTIVO DE CASACIÓN: Como tercer motivo o causal de casación la parte recurrente erra en la técnica del mismo, al plantear que se han infringido los preceptos establecidos en los artículos 82 y 88 del Código de Familia vigente y señala como precepto autorizante lo establecido en el artículo 654 y 719.2 del Código Procesal Civil, y lo que ataca es la forma de la sentencia argumentando de manera indebida la causal de casación, en ese orden debe decretarse inadmisión de la misma. La parte recurrente pretende sorprender a esta honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en argumentar como causal lo infringido en los artículos 82 y 88 del Código de Familia, sin embargo lejos de ser infringidos son respetados al constituir como patrimonio familiar la vivienda de residencia como hogar conyugal protegiendo los presupuestos antes mencionados, y ordena que la demandante pueda residir en la misma, la parte recurrente erra nuevamente en esta causal de casación por pretender señalar que se infringe lo establecido en el artículo 82 y 88 del Código de Familia y aun cuando el Ad quem lo protege, y el argumento falaz es que en la motivación de la sentencia el tribunal de alzada no se pronuncia sobre el mismo, existiendo una contradicción de la parte recurrente y con ello error en la técnica que es objeto de inadmisión, puesto que la fundamentación jurídica para atacar o tener como causal de casación la forma de la sentencia no es el artículo el 719.2, asimismo, insta a este tribunal a revisar valoración e interpretación de pruebas y hechos en esta causal vulnerando con ello lo presupuestado en el artículo 720 del Código Procesal Civil, aunado a ello no propone como causal lo dispuesto en el artículo 719.1.C, en ese orden debe desestimarse la presente causal por existir error en la técnica de formalización de la casación.. La Honorable Corte de Apelaciones hace alusión en la sentencia recurrida al contenido del Decreto 76-1984 del Artículo 68 (código de familia) que dispone que "al no haber capitulaciones cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio y de los que adquiera a cualquier título" y lo aplica de manera certera, protegiendo los bienes de mi representado. Por otro parte su sentido protector tiene fundamento, puesto que la demandante señora María Isabel Reyes Dubón, misma acreditó tener bienes a su nombre por lo tanto no está desprotegida, aplicando lo señalado en el artículo 255 del Código de Familia, sentido literal, bajo el principio de taxatividad, y al condenar a mi representado al pago de una pensión a la demandante como cónyuge inocente de CINCUENTA MIL LEMPIRAS a partir de la fecha, mientras ella no contraiga matrimonio, cantidad que se considera desproporcionada, en virtud que la demandante posee sus propios bienes, hecho acreditado por la propia parte demandante. Siguiendo el orden de ideas, el Ad quem aplicó la sana critica, razonamiento lógico, congruencia al momento de emitir la sentencia, por valorar los hechos en relación con la prueba aportada en el proceso, de conformidad lo dispuesto en los artículos 207.2 y 208 del Código Procesal Civil. La condena a mi representado a pagar una pensión de VEINTICINCO MIL DOLARES ANUALES, americanos a favor de la joven I. N. R., hasta que ella culmine sus estudios Universitarios en la Universidad de Miami Estados Unidos o en cualquier otra Universidad, condena desproporcionado, en virtud que la demandante también cuenta con bienes y la obligación para con los hijos es de ambos padres, se hace referencia a la obligación que como padre le corresponde a mi representado para dar alimentos y educación a su hija I. N. R., a lo cual no estamos objetando pues conoce las obligaciones que corresponden a los padres, sin embargo, esto no es objeto de debate, aun cuando las obligaciones son de ambos padres. Finalmente reiteramos que la sentencia emitida por el Ad quem se encuentra ajustada a derecho y la causal tercera es improcedente, debido a que los argumentos son contradictorios, por no existir vulneración a lo señalado en el artículo 82 y 88 del Código de Familia, y en el desarrollo de la causal de casación ataca la forma de la sentencia, y para ello no es aplicable el artículo 719.2 del Código Procesal Civil; por otra parte, revocar la misma restaura el orden constitucional que había violentado el juzgado de primera instancia, asimismo aplica de manera razonada la ley al caso que nos ocupa, aplicando los criterios de la lógica, la razón y la congruencia con la aplicación de la norma originaria, esta motivación y fundamentación de la sentencia se ajusta a lo dispuesto en el artículo 207.2 y 208 del Código Procesal Civil. El tribunal de alzada en aplicación al derecho a la tutela judicial efectiva, garantiza con la sentencia emitida de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno lo establecido en los artículos 1 y 82 de la Constitución de la República, artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, artículo 1 del Código Procesal Civil, pues al emitir una sentencia que revoca parcialmente la proferida por el A-quo restaura el orden constitucional y los derechos fundamentales procesales y sustantivos de mi representado, que a continuación describo: El artículo 1 de la Constitución de la República, señala que Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república, libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, en relación con lo señalado en el artículo 1 del Código Procesal Civil que dispone: DERECHO DE ACCESO A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES. 1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. 2. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso a quienes se les garantiza, en los términos previstos por este Código, la asistencia de profesional del derecho que le defienda y represente, de su libre elección o designado por el Estado. 3. Se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualquiera persona a la justicia. El Órgano Jurisdiccional velará por el cumplimiento de este artículo removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de estos. En el caso concreto se ha respetado a cabalidad de impartir justicia, por haber revocado la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia de manera parcial, mediante una sentencia que restaura el debido proceso, derecho de defensa y principio de legalidad que conforman la tutela judicial efectiva. Para el caso reiteramos que en doctrina el jurista L. Alfredo de Diego Diez, en su obra señala que "El derecho a la Tutela Judicial Efectiva" (Editorial OIM, 2014) a pagina 29, al comentar esta disposición: Se está garantizando así el llamado derecho a la tutela judicial efectiva que, como seguidamente veremos es un derecho complejo que abarca otros derechos procesales y se nutre, a su vez, de ciertos derechos instrumentales que garantizan la tutela. Asimismo la norma supra nacional que forma parte de nuestro derecho positivo La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.1 desarrolla el concepto de manera más clara al afirmar, toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter. EL derecho a la Tutela Judicial Efectiva implica al menos: 1. Derecho al acceso a los tribunales, tal como lo dispone el artículo 82 de la Constitución de la República. 2. Derecho a una resolución de fondo, motivada y fundada en derecho. Como lo señala el jurista L. Alfredo de Diego Diez, en su obra "El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva" al analizar este tema y sobre la razonabilidad de fondo señala a pagina 60 de la obra citada: La razonabilidad se opone por supuesto, a lo arbitrario, a lo ilógico y al erro patente. De ahí que cuando la decisión consiste en negar de forma arbitraria o irrazonable el juicio de fondo, cerrando este, el derecho a la tutela judicial se quebranta (STC 160/1985). La sentencia cuestionada por la parte demandante mediante el recurso de casación de encuentra dentro de la esfera de aplicación de la tutela judicial efectiva, como fin fundamental perseguido en un Estado de Derecho, por cumplir con las garantías procesales fundamentales. Honorables magistrados la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua se encuentra apegada a derecho, y las causales de casación planteadas por la parte recurrente no tienen asidero jurídico, por existir error en la técnica recursiva, puesto que en la causal primera y segunda plantea aplicación e interpretación errónea, no estableciendo con precisión si es no aplicación o aplicación indebida, asimismo en la causal tercera plantea aplicación e interpretación errónea y en el desarrollo de la causal ataca la forma y contenido de la sentencia, no teniendo claro por parte del recurrente lo que pretende, presupuestos fundamentales para la casación de conformidad a lo establecido en el artículo 719 que establece la causales sobre error in iudicando o error en la ley sustancial y error in procedendo o error en el procedimiento, en ese orden de conformidad a lo dispuesto en el artículo 723.2 solicito inadmitir sin más trámite el presente recurso o en su defecto emitir sentencia desestimando las causales de casación.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Objeto y naturaleza de la presente resolución. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 724 del Código Procesal Civil, el presente auto tiene como objeto declarar la admisión o la inadmisión del recurso de casación. Este auto es de naturaleza irrecurrible, y en caso de inadmisibilidad, deberá ser especialmente motivado, en cuyo caso, procede que: Se declare de iure la firmeza de la sentencia recurrida. Se imponga el pago de costas al recurrente y se ordene la remisión de las actuaciones a la Corte de Apelaciones correspondiente. En el supuesto de que se declare la admisibilidad del recurso procede seguir lo dispuesto en el artículo 725 del Código Procesal Civil con relación al señalamiento de audiencia para la vista, cuando proceda; o en su defecto la fijación directa de día para la votación y fallo. 2. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA VILMA HONDURAS RODRÍGUEZ GUZMAN. Esta Sala al analizar el primer motivo de casación, estima que éste no es admisible, debido a que no cumple con la técnica casacional que demanda el Código Procesal Civil; en primer lugar, conforme lo determina el Código en su artículo 721.2 en lo que se refiere a la formalización del recurso de casación, la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada deberá ser precisa y justificada, situación que no ocurre en el caso de autos, pues la Recurrente desarrolla normas alejadas de las normas citadas como infringidas, a saber, artículos 96 de la Constitución de la República y 5 del Código Civil. De la lectura del motivo en estudio, deduce esta Sala que lo que pretendía la Impetrante era solicitar la aplicación indebida de la normativa del Código de Familia citada y no su interpretación errónea. Es por los defectos enunciados que llevan a la inadmisión del primer motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN. Al igual que el primer motivo de casación, esta Sala estima inadmitir el segundo motivo casacional, ya que de la lectura de la explicación del motivo lo que hace la compareciente es impugnar la motivación de la sentencia del ad quem y no desarrolla la incidencia de la infracción conforme a la causal citada y las normas señaladas como infringidas. Si lo que pretendía es la revisión de la motivación fáctica de la sentencia, debió hacerlo bajo la causal correcta conforme el artículo 720.2 del Código Procesal Civil. Es por los defectos enunciados que llevan a la inadmisión del segundo motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN. Al igual que en motivos anteriores, esta Sala procede a inadmitir el tercer motivo por carencia de una adecuada incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, al no llevar a este Tribunal de casación al convencimiento en como esas normas señaladas como infringidas y su tipo de infracción cambiarían la decisión adoptada por el Ad Quem. Aunado a lo anterior, cita dos formas de infracción a la ley, tal es la aplicación e interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución del litigio. Finalmente, de la lectura se deduce que lo que se pretendió, al igual que los motivos anteriores, es impugnar la motivación fáctica de la sentencia. Es por los defectos enunciados que llevan a la inadmisión del tercer motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 5. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista; en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704, 721 y 723 del Código Procesal Civil, que la Impetrante debió cumplir para que la Corte pudiera considerarlo. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; por unanimidad de votos profiere el presente auto irrecurrible y DECLARA: 1) La INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos, planteado por la abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, en su condición de representante procesal de la señora María Isabel Reyes Dubon, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, en el expediente de apelación número 1001-2019-00029, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 1001-2019-00036 del Juzgado Segundo de Letras del departamento de Intibucá. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones junto con la certificación de esta resolución, al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado Reynaldo Antonio Hernandez. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veintitrés; Certificación del auto de fecha once de enero del año dos mil veintitrés, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 36=2022.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

SECRETARIA SALA DE LO CIVIL

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