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Sentencia CC-35-20 — Registro 16877

Resumen

En primera instancia se desestimo la demanda por la vía ordinaria de nulidad de asamblea general extraordinaria de accionistas, de los acuerdos tomados en ella y de su respectivo asiento registral. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “6. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Sobre la admisibilidad del numeral 2 planteado por el impetrante (Entendemos que es el Segundo Motivo), nuevamente incurre en falencias propias de la técnica recursiva y que provocan su inadmisibilidad por parte de la Sala, así tenemos lo siguiente: a) Falta el Precepto Autorizante o Causal del Recurso, ya que no se invoca o expone en cuál de los dos numerales del artículo 719 del Código Procesal Civil se fundamenta el motivo; el recurrente al momento de plantear el motivo de casación, hará cita precisa del precepto autorizante que estime pertinente; no hacerlo así concita, no solo el mal planteamiento del motivo, al no observarse lo previsto en el artículo 721.2 del mismo Código relativo a la obligación del recurrente de hacer constar los motivos en que basa su casación, sino que también el motivo carezca de precisión; b) Se aprecia en el presente motivo nuevamente el error del recurrente al denunciar como infracciones la aplicación e interpretación de disposiciones del Código de Comercio, aspectos que como dejamos expuestos en el motivo anterior, son diferentes pues la interpretación errónea, supone que la norma elegida por el Juzgador es la correcta, la que define la cuestión debatida pero que el órgano jurisdiccional le ha dado un alcance o sentido que esta no tiene; por su parte la aplicación indebida implica que la norma aplicada por el juzgador no debe ser aplicada porque no regula el objeto del juicio o bien porque ya no se encuentra vigente; c) Falta a la debida separación y claridad con la que debe dejar expuesto el motivo, ello porque señala la vulneración por aplicación e interpretación de los artículos 168, 169, 178 y 193.2 del Código de Comercio, sin que para ello haga la debida separación. Es menester ilustrar que, para cada uno de los artículos que estimaba se han vulnerado, necesariamente debió de haberlos planteados en motivos separados; debiendo también precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; y d) En ese mismo sentido, el impetrante hace cita indiscriminada de preceptos que estima vulnerados, así tenemos que aduce la transgresión de los artículos 168, 169, 178 y 193.2 del Código de Comercio; tal cita de manera conjunta de varios preceptos legales, se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente queda establecido en que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…” En el motivo, se hace cita de varias normas jurídicas de carácter sustantivo, mismas que difieren en rango y protección recursiva, razón por la cual, era deber del recurrente plantearlas de forma separada y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…”; en el presente motivo, la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “7. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Respecto del numeral tres (Entendemos que es el Tercer Motivo) planteado por el impetrante, la Sala aprecia los mismos errores de la técnica recursiva de los numerales precedentes, esto es, que falta a la debida separación y claridad, así tenemos: a) Carencia manifiesta del precepto autorizante del motivo; b) Reitera en denunciar como infracciones la aplicación e interpretación de normas procesales, esto es los artículos 10, 13, 207 en relación con el 720 del Código Procesal Civil, supuestos que son diferentes y excluyentes, pues la interpretación errónea, supone que la norma elegida por el Juzgador es la correcta para el caso concreto que dilucida, por su parte la aplicación indebida implica que la norma usada por el juzgador no debe ser aplicada porque no regula el objeto del juicio o bien porque ya no se encuentra vigente; y c) Hace cita de tres artículos que contienen varios numerales, cada uno de ellos con supuestos jurídicos diferentes que, por su contenido, han debido ser expuestos por separado; además que dos de ellos son normas de carácter general que no son susceptibles del recurso.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “8. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. La Sala se pronuncia sobre los argumentos planteados en el numeral cuatro (Entendemos que es el Cuarto Motivo), y aprecia nuevamente los mismos errores del recurrente al faltar a la debida separación y claridad: a) No hace cita del precepto autorizante del motivo; devenía el recurrente en exponer a la Sala en cuál de los dos numerales del artículo 719 del Código Procesal Civil fundamenta el motivo, ya que es requisito ineludible que al plantearse el motivo de casación, se debe invocar el referido artículo a fin de darle entrada al motivo planteado; no hacerlo así provoca no solo el mal planteamiento del mismo al no observarse lo previsto en el artículo 721.2 del mismo código relativo a la obligación del recurrente de hacer constar los motivos en que basa su casación, sino que también el motivo carezca de precisión; b) Denuncia como infracciones la aplicación e interpretación de normas procesales, esto es los artículos 13 y 207 del Código Procesal Civil, supuestos sobre los cuales, como dejamos expuesto, son diferentes pues la interpretación errónea supone que la norma elegida por el Juzgador es la correcta, la que define la cuestión debatida, pero el órgano jurisdiccional le ha dado un alcance o sentido que esta no tiene, por su parte la aplicación indebida implica que la norma aplicada por el juzgador no lo debió, porque no regula el objeto del juicio o bien porque ya no se encuentra vigente; y c) Se observa que viene citando como infringidos dos artículos de orden procesal que contienen varios numerales, cada uno de ellos con supuestos jurídicos diferentes que por su contenido han debido ser expuestos por separado; además de introducir en el numeral preceptos sustantivos que no guardan relación con las normas procesales.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de octubre del año dos mil veintitrés; la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: Milton Danilo Jiménez Puerto como Coordinador, Rubenia Esperanza Galeano Barralaga y Gaudy Alejandra Bustillo Martínez, designada ponente la segunda para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES EN ESTA JURISDICCIÓN: La sociedad mercantil denominada Corporación de Inversiones y Servicios S.A. de C.V. (OPTIMA), representada en juicio por el abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán, como recurrente; siendo recurrida la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dieciocho de noviembre del dos mil diecinueve. OBJETO DEL PROCESO: Demanda por la Vía del Proceso Declarativo Ordinario de Nulidad de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de los acuerdos tomados en ellas y de su Respectivo Asiento Registral; promovida ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado José Fernando Calix Bonilla, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil Corporación de Inversiones y Servicios, S.A. de C.V., (OPTIMA), contra la sociedad mercantil denominada Inversiones Consolidadas de Honduras, S.A. de C.V. (INCONHSA), representada por la señora Leticia Godoy Alvarado, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en el departamento de Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, misma que falló de la siguiente manera: (Sic) “1. Desestimando la Demanda por la vía ordinaria de nulidad de asamblea general extraordinaria de accionistas, de los acuerdos tomados en ella y de su respectivo asiento registral, que fuera promovida por el abogado JOSE FERNANDO CALIX BONILLA en su condición de apoderado legal del señor FRANCISCO XAVIER ARGUELLO CARAZO en su condición de Representante Legal de la sociedad mercantil denominada CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (OPTIMA), contra la sociedad mercantil denominada INVERSIONES CONSOLIDADAS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (INCONHSA). 2. Se absuelve a la demandada la sociedad mercantil denominada INVERSIONES CONSOLIDADAS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (INCONHSA). 4. Notifíquese a la demandada rebelde la sociedad mercantil denominada INVERSIONES CONSOLIDADAS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (INCONHSA) por medio de su Representante Legal el señor VICENTE WILLIAMS AGASSE, la presente sentencia definitiva, a través de la Central de Citaciones, Notifíquese, Requerimientos, Emplazamientos y otras diligencias judiciales. 5. Sin Costas. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El abogado Víctor Antonio Fernández Guzman, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Corporación de Inversiones y Servicios S.A. de C.V. (OPTIMA), en fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolviendo el ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El abogado Roger Alberto Marín Velásquez, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Inversiones Consolidadas de Honduras, S.A. de C.V. (INCONHSA), presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en este Alto Tribunal, los abogados Víctor Antonio Fernández Guzman y Roger Alberto Marín Velásquez, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fecha tres de febrero de dos mil veinte, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha diez de marzo de dos mil veinte, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la manera siguiente: “IV. MOTIVOS EN QUE SE BASA EL RECURSO DE CASACION 1. Infracción en la interpretación y aplicación de normas contenidas en la Ley de Simplificación Administrativa para resolver el fondo del litigio, en relación a la obligatoriedad de la publicación de la convocatoria a asamblea en el diario oficial La Gaceta y un diario de circulación nacional. El fallo interpreta y aplica, mediante error en el razonamiento jurídico, el artículo 9 de la Ley de Simplificación Administrativa, en relación al artículo 1 de la misma: ARTICULO 1.- EI objeto general de esta Ley es establecer las bases para simplificar y racionalizar los procedimientos administrativos a fin de garantizar que todos los órganos de Estado actúen con apego a las normas de economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio, logrando la pronta y efectiva satisfacci6n de los interesados. ARTICULO 9.- Reformar el Artículo 6 de las Disposiciones Genera/es y Transitorias del Código de Comercio, el que en adelante deberá leerse así: ARTICULO 6.- Las publicaciones sobre reducción de capital, fusión, transformación y liquidación de sociedades se harán por tres (3) veces en el Diario Oficial "La Gaceta" o en un diario de circulación nacional, publicaciones que deberán hacerse en letra clara y legible, con un intervalo de cinco (5) días entre cada publicación. Las demás publicaciones exigidas por este Código se harán por una sola vez en el Diario Oficial La Gaceta o en un diario de circulación nacional, salvo aquellos casos en que expresamente se establezca cosa distinta. El fallo aplica e interpreta únicamente de manera parcial e indebida el artículo 9 de la Ley de Simplificación Administrativa, que reforma el artículo 6 referente a las Disposiciones Generales y Transitorias del Código de Comercio, haciendo una omisión sobre el objetivo general de dicho instrumento jurídico, el cual está claramente definido en el artículo 1 de la misma ley. El fallo termina aplicando erróneamente el artículo 9 para hacer una interpretación obtusa de la Ley y de dicho precepto, y en consecuencia, termina manifestando que "es válido únicamente UNA SOLA PUBLICACION" a pesar que el artículo 14, de la cláusula octava, de los estatutos de INCONHSA (los cuales son parte del material probatorio admitido y evacuado en el proceso) establece que es obligatorio que las convocatorias a asambleas de socios deben publicarse en dos diarios; el diario oficial La Gaceta y uno de circulación nacional, y en este caso solamente fue publicado en diario La Prensa, el 10 de julio del 2010. La Ley de Simplificación Administrativa tiene como objetivo general que los órganos del Estado actúen en base "a las normas de economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio", y es en función de este artículo que debe ser interpretado el articulo 9 aplicado en la sentencia recurrida. El objetivo principal de las disposiciones de la ley gira en torno a favorecer la celeridad y simplificación en las actuaciones de los órganos del Estado, no haciendo referencia a entes privados. En los pactos a acuerdos entre las particulares rige el principio universal de libertad de voluntades en la esfera privada, principio que cobija nuestra Constitución y nuestro Código Civil. La disposición contenida en el artículo 14 de la cláusula octava de los estatutos de INCONHSA que obliga a que la publicación se haga en dos diarios (La Gaceta y otro de circulación nacional), no infringe el artículo 9 de la Ley de Simplificación Administrativa y no sufre ninguna modificación para la entrada en vigencia de dicha norma. Esto debido a que es una disposición entre particulares que establece mayor protección y transparencia en la vida societaria en relación a la convocatoria de asambleas, y que tiene como finalidad lograr la mayor certeza de que ningún miembro de la sociedad mercantil, por cualquier razón, sea excluido del conocimiento de la convocatoria a la asamblea logrando por consiguiente la efectiva intimación y conocimiento para asistir a la principal reunión de una sociedad mercantil. Es reconocido y aceptado por esta representación que el proceso de convocatoria a asambleas de una sociedad mercantil está regulado por la ley, incluyendo los acuerdos fundacionales de los particulares que integran la sociedad, máxime si esa convención entre particulares calza exactamente con el fin protector de la norma. Al respecto, Uría González y Menéndez: "La convocatoria es requisito indispensable para la valida constitución de la Junta, de tal forma que sin convocatoria no puede haber Junta en sentido legal. Pero, a su vez, el modo de convocar las Juntas está sometido por la Ley a requisitos formales mínimos, que necesariamente habrán de ser respetados (...). Además, por su condición de mínimos, estos requisitos legales tampoco pueden ser derogados por vía estatutaria, aunque nada impide que los estatutos nuevos requisitos de convocatoria a los legales." (Textual del original, el uso de negritas, por el autor de/ presente escrito. Y la inobservancia de esos requisitos legales, las convenidos por la ley y sumados las pactados entre particulares, significará que: "Aunque se reúna un numero de accionistas que alcance o rebase el quorum legal de presencia, o el estatutario en su caso, ni podrá tomar acuerdos expresivos de la voluntad social, acuerdos sociales válidos, ni la reunión tendrá carácter de junta general, si no fue precedida de una convocatoria hecha en la forma que la ley establece. Esa reunión no pasaría de ser una mera reunión física de accionistas sin trascendencia jurídica.” Coherente con la interpretación que sugiere esta representación, en el sentido que si es obligatoria la publicación de la convocatoria a la Asamblea de Accionistas de INCONHSA en el diario oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional, como lo establece el artículo 14, clausula octava de los estatutos de INCONHSA; el último párrafo del reformado artículo 6 de la ya mencionada ley de Simplificación Administrativa establece: "Las demás publicaciones exigidas por este Código se harán por una sola vez en el Diario Oficial La Gaceta o en un diario de circulación nacional, salvo aquellos casos en que expresamente se establezca cosa distinta." (Textual del original, el subrayado, por el autor del presente escrito). En este caso es el Estatuto, que es ley entre quienes integran la sociedad INCOHNSA, el que establece una cosa distinta, es decir la publicación de la convocatoria a asamblea en dos medios de comunicación distintos. En este sentido, la referida reforma no invalida la prescripción que, de manera distinta, en sentido de mayor protección a los socios o accionistas de la sociedad, establece los estatutos y al no haberse efectuado la publicación en La Gaceta, la asamblea, sus acuerdos y la inscripción de los mismos resulta nula. Esta representación ratifica que la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula ha realizado una incorrecta aplicación e interpretación del artículo 9 de la Ley de Simplificación Administrativa, al asumir dicha norma al margen de su contenido literal en el que se plantea una excepción a la publicación única ("Aquellos casos en que expresamente se establezca algo distinto"; ver la cláusula octava del artículo 14 del Estatuto de INCONHSA que ordena la doble publicación). Además, la sentencia indebidamente desconoce que el fin del mencionado instrumento jurídico es "simplificar y racionalizar los procedimientos administrativos a fin de garantizar que todos los órganos del Estado actúen con apego a las normas de economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio, logrando la pronta y efectiva satisfacción de los interesados". Sobre este último aspecto, es relevante el hecho que este instrumento legal plantea una modificación del comportamiento de la administración publica en favor de los interesados (Las personas naturales o jurídicas que acuden a la administración pública) y no impone deberes, ni manda a limitar los controles o acuerdos que los particulares decidieron entre si y para ellos mismos; en este caso los socios de la sociedad Mercantil INCONHSA. Sobre las líneas de interpretación a las que se deben sujetar los órganos jurisdiccionales, es relevante destacar lo que enfatiza nuestro Código Civil en el artículo 17: "No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador". Extremo que es completado con lo dispuesto en el artículo 19 del mismo instrumento, el cual reza: "El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía." En el sentido expuesto en este motivo de casación y como corresponde en un correcto razonamiento, interpretación y aplicación de las normas que han sido citadas, la Asamblea del 28 de julio de 2010 debe ser considerada como una mera reunión física de accionistas, en particular de INCONHSA, anulando los acuerdos en ella tomados. 2.- Infracción en la aplicación e interpretación de disposiciones contenidas en Código de Comercio relacionadas para resolver el fondo del litigio, en lo que concierne a la inexistencia del orden del día en el anuncio publicado en el diario La Prensa en fecha 10 de julio de 2010. Los artículos que esta representación considera que fueron indebidamente relacionados, interpretados y aplicados del Código de Comercio en la sentencia objeto de este recurso de casación se citan, interpretan y aplican correctamente en el planteo siguiente: Artículo 168. La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y podrá ocuparse, además, de los asuntos incluidos en la orden del día, en los siguientes: I.- Discutir, aprobar o modificar el balance, después de dado el informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas; II.- En su caso, nombrar y revocar a los administradores ya los comisarios; y Ill.- Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos. Artículo 169: Son asambleas extraordinarias, las que se reúnen para tratar cualquiera de los siguientes asuntos: I.- Modificación de la escritura social. Il.- Emisión de obligaciones o bonos; y, III.- Los demás para los que la ley o la escritura lo exijan. Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. Y el artículo: Articulo 178. En la orden del día deberá contenerse la relación de los asuntos que serán sometidos a la discusión y aprobación de la asamblea general y será redactada por quien haga la convocatoria. Quienes tengan derecho a pedir la convocatoria de la asamblea general, lo tienen también para pedir que figuren determinados puntos en la orden del día. EI fallo hace referencia a este asunto particularmente en el apartado tercero y quinto de la Motivación Fáctica y Jurídica. En dichos apartados establece que "es evidente que está llena todos los requisitos exigidos por la Ley y los estatutos de INCONHSA" con que únicamente diga que es "para tratar los asuntos indicados en el artículo 168 y 169 del Código de Comercio, más otros asuntos que estimen a bien establecer los accionistas". El fallo es emitido con una clara confusión entre la diferencia de asuntos específicos a tratarse en una asamblea contenidos en la orden del día y de la naturaleza de asuntos que se pueden tratar en asambleas ordinarias y extraordinarias a las cuales hace referencia los artículos 168 y 169 del Código de Comercio. Dicha confusión corre a consecuencia de que el A-quem ha realizado una interpretación errónea vaciando de contenido y obviando la finalidad que tiene el establecimiento claro y completo de la orden del día en la convocatoria a las asambleas. Para comprender cuál es la finalidad del establecimiento claro de la orden del día acudimos a la doctrina, la cual hemos invocado ante el A-quem sin que este se pronuncie sobre por qué no la considera correcta o argumente siquiera sobre esta. La doctrina establece las funciones de la orden del día de la siguiente forma: "El orden del día tiene una función positiva, debe informar a los socios las materias sobre las cuales deben deliberar, para que puedan tomar parte en la asamblea con un consejo maduro, y tiene una función negativa: debe impedir que se sorprenda la buena fe de los ausentes deliberando sobre argumentos sobre los cuales tenían razones para creer que no se deliberaría”. La no comprensión de esta finalidad en la sentencia que ahora impugno conlleva a que trate con ligereza o superficialidad la importancia del establecimiento claro de la orden del día. Por lo que termina legitimando vicios que constituyen notorias ilegalidades, sobre los cuales debe recaer nulidad. OPTIMA, como accionista que con justificación legal no acudió a la asamblea del 28 de julio de 2010, debido a que no se publicó a convocatoria en La Gaceta como lo ordena su Estatuto, también fue burlada por una publicación de convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en donde es inexistente la orden del día. Esta es una situación dolosamente pensada y dirigida por parte del socio INBIRSA, presidida por el señor Vicente Williams Agasse, quien con anterioridad conocía del objeto de la asamblea, y este, intencionalmente lo oculto a mi representada abusando de la condición de privilegio que ostentaba en su condición de presidente del Consejo de Administración de INCONHSA. La doctrina reafirma que: "Es viciosa la práctica de incluir en el orden del día un capítulo de asuntos varios; tal mención es insuficiente para que la asamblea pueda tomar un acuerdo valido sobre un tema no incluido expresamente en la convocatoria." Este vicio no permite a los accionistas conocer, con anterioridad a la celebración de la asamblea, de los temas sobre los cuales se va a decidir y podrían definir sustancialmente sus intereses legítimos en dicha sociedad. Por lo que, estarían en desventaja frente a los socios que tienen como objetivo la aprobación de acuerdos sociales perniciosos que le favorecen. Asimismo, los incisos contenidos en los artículos 168 y 169 del Código de Comercio hacen referencia al género o a la naturaleza del asunto que se pueden tratar en Asambleas Ordinarias o Extraordinarias. No basta, como lo interpreta el A-quem, con una orden del día que haga referencia a dichos artículos para entender que la misma está siendo clara y legalmente elaborada como lo obliga el artículo 178 del mismo cuerpo jurídico. De esta manera, dentro del género "modificación de la escritura social" se encontrarían 19 cláusulas a las cuales podría referirse el anuncio, por lo que se impediría una preparación real y disciplinada por parte de los accionistas para la discusión de asuntos societarios. Y de igual manera, la doctrina se ha pronunciado sobre estas situaciones irregulares y lo ha hecho de la siguiente forma: "En el caso de reformas al estatuto social, se ha admitido la expresión "reforma de estatutos" solo cuando se trate de una modificación integral de los mismos que comprenda la totalidad o la mayor parte del articulado, pero no cuando la reforma afecte determinados artículos; en este caso debe indicarse en que consiste la transformación que se hará al estatuto social.” De forma que, ese anuncio genérico de modificar los Estatutos de la Sociedad solo tendría validez si se hubiese reformado la totalidad o inmensa mayoría del articulado de su carta social. Sin embargo, lo que sucedió fue un ocultamiento de las intenciones dolosas de reformar la cláusula quinta de la Escritura Constitutiva de INCONHSA referente al aumento de capital para reducir la participación accionaria de mi representada OPTIMA. Y aún más, la doctrina coincide que no bastaría con que se hubiese establecido en la orden del día que se modificaría el capital social. Sino que se exigiría se exponga si será un aumento o una disminución. Todo esto para conocer la rigurosidad que exige la determinación de la orden del día y que el Consejo de Administración de INCONHSA maliciosamente no cumplió y que el A-quem interpreto en un sentido contrario a la Ley, afectando la seguridad jurídica que ampara y debe garantizar la judicatura. El A-quem hizo una relación y aplicación errónea de los artículos 168, 169, 178, y 193.2 del Código de Comercio al momento de valorar la prueba consistente en el aviso de publicación en diario La Prensa del 10 de julio de 2010 y que lo hace concluir erróneamente que la orden del día de forma "evidente" llena los requisitos que establece la ley. Al desconocer la finalidad con que se debe establecer claramente una orden del día el A-quem legitima en su resolución transgresiones a la Ley que perjudican enormemente a mi representada y que avalan acuerdos sociales que han despojado las acciones y derechos que OPTIMA posee en INCONHSA. Es imperioso cerrar este motivo de casación, reiterando que la sentencia objeto de esta casación no logra, ni siquiera, leer correctamente el articulado de la ley que erróneamente aplica, pues el artículo 168 del Código de Comercio determina que: "La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y podrá ocuparse, además, de los asuntos incluidos en la orden del día, en los siguientes ... ; por otra parte, el artículo 178 del mismo instrumento jurídica define que: "En la orden de la deberá contenerse la relación de las asuntos que serán sometidos a la discusión y aprobación de la asamblea general y será redactada par quien haga la convocatoria." Como puede leerse, la norma 168 distingue entre los puntos imprescindibles o que por ley se desarrollan o deben desarrollarse en una Asamblea y los puntos que son la orden del día, que pueden incluirse por iniciativa de quienes tienen facultad para ello. Por otra parte, en el caso de los puntos a desarrollarse en una Asamblea extraordinaria como lo dispone el Código de Comercio, estos requieren del debido y necesario detalle, en el caso de la reforma de los estatutos, se impone que el orden del día establezca si la reforma es total o parcial, si habrá de abordarse la modificación del capital social debe adelantarse en la convocatoria, que es previa y publica, si se tratara de un aumento o disminución; incluso de los porcentajes, todo con el propósito de asegurar una participación en igualdad de condiciones y sin ventajas para los participantes en la Asamblea. 3.- Infracción en la aplicación e interpretación de la norma procesal contenida en el artículo 207 y de los Principios contenidos en los artículos 10 y 13 del Código Procesal Civil que regulan la forma y contenido de la sentencia, en relación al numeral 2 del artículo 720 del mismo cuerpo jurídico, por inferir el A-quem que no existe daño patrimonial y que no ha sido probado en este proceso. Los artículos que se consideran infringidos por el fallo son los siguientes: Artículo 10. PRINCIPIO DISPOSITIVO. 1. Salvo en los procesos no dispositivos con las particularidades que esta ley prevé, la parte que haya ejercido su derecho de acción, determina con su pretension el objeto del proceso; la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. Lo mismo es aplicable en caso de reconvención. 2. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas. 3. Las partes pueden poner fin al proceso antes de que se dicte sentencia, en cualquiera de las instancias, o en casación, en los términos fijados por este Código, si el acto dispositivo está autorizado por las leyes. Artículo 13. VALORACION DE LA PRUEBA. 1. El Juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley y establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. 2. La valoración legal de la prueba solo es admisible en el interrogatorio de las partes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3. En todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que lo condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad. Artículo 207. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretan del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. El Ad-quem hace dos afirmaciones en relación al daño patrimonial, en primer lugar, manifiesta que si las Asamblea Ordinaria y Extraordinaria fue realizada conforme a Ley no serán los acuerdos merecedores de anulación y por tanto, no existiría daño patrimonial, esta afirmación se deriva de los anteriores razonamientos en torno a la inexistencia de la orden del día y la obligatoriedad de la publicación de convocatoria a asamblea ordinaria y extraordinaria de INCONHSA en dos medios de comunicación. El otro sentido en que se refiere la sentencia recurrida al daño patrimonial es que este no ha sido probado por esta representación bajo ningún medio de prueba. Estas afirmaciones comportan una errónea valoración de la prueba que repercute en la motivación de la sentencia y que el apartado séptimo del fallo recurrido establece la no existencia de daño patrimonial obviando los medios de prueba que se han aportado al proceso. Contrario a lo que manifiesta el A-quem, esta representación ha aportado medios de prueba suficientes para acreditar la existencia de perjuicio patrimonial. Se han aportado 24 actas notariales, levantadas entre los años 2012 y 2018, con las que se prueba que INCONHSA-INBIRSA ha violentado el derecho de OPTIMA a asistir a las asambleas, a obtener información referente a la sociedad y que se le ha negado la participación legítima de los beneficios que genere INCONHSA. Se ha constatado mediante el ofrecimiento de estos medios de prueba que, como consecuencia de la Asamblea de julio de 2010, sus acuerdos y su inscripción, INBIRSA a través de su representante Vicente Williams Agasse y presidente del Consejo de Administración de INCONHSA, se ha apoderado de esta última. Dicho apoderamiento le ha valido para negar deliberadamente la participación de OPTIMA en las asambleas Ordinarias y Extraordinarias y en cualquier actividad de INCONHSA. Es decir, la ilegal Asamblea de julio de 2010, es el inicio del despojo absoluto de los derechos e intereses de OPTIMA en el grupo INCONHSA, estos extremos fueron constatados e incorporados al proceso, pero no advertidos o interpretados de manera errónea por parte del A-quem. Lo que esta representación no ha podido precisar es una cuantía exacta del daño patrimonial, pero tal exigencia resulta irrisoria en tanto que en el proceso se probó que OPTIMA sufre una expulsión o despojo absoluto de sus derechos e intereses en INCONHSA. El A-quem debió razonar sobre este extremo conforme a las reglas de la sana crítica, específicamente a través del sentido común. Precisamente, por sentido común, no se ha podido estimar el daño económico por no tenerse acceso a ningún tipo de información acerca de la sociedad INCOHSA y porque la vida societaria de ésta dejó de ser inscrita desde el año 2010 para volver a inscribir hasta el año 2017 lo que impide calcular los daños provocados y beneficios dejados de percibir. De esta manera, existe un impedimento fáctico para determinar específicamente el daño provocado y que dicho impedimento es producto de los acuerdos sociales que se pretenden anular a través de esta acción, por ser estos los que permitieron el despojo absoluto a OPTIMA de sus derechos en INCONHSA. 4.- Infracción en la interpretación y aplicación del artículo 13 y del artículo 207 del Código Procesal Civil referente a la valoración de la prueba por no apegarse a las reglas de la sana crítica. Artículo 13. VALORACION DE LA PRUEBA. 1. El Juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra fe y establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. 2. La valoración legal de la prueba solo es admisible en el interrogatorio de las partes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3. En todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que lo condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad. Artículo 207. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretan del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. El fallo contra el cual se presenta este recurso de casación fue elaborado con una valoración restringida de la prueba ofrecida y con una mirada obtusa en la interpretación de normas que resuelven el fondo del asunto. En este fallo no se hizo un correcto empleo de las reglas de la sana critica, de la argumentación jurídica y del razonamiento lógico. Sino que más bien fue empleado someramente una lógica de carácter clásico para resolver cuestiones que implican mayores profundizaciones y premisas a considerar. En la resolución de las cuestiones el A-quem hace uso del modelo de esquema deductivo modus ponens: una decisión judicial se justifica a partir de una norma, la descripción de los hechos de un caso y se deriva una conclusión. En todos sus razonamientos empleo únicamente dos premisas para producir sus conclusiones. Lo que dio como resultado un fallo construido sin apego a las reglas de la lógica y de la razón porque estos tipos de razonamientos no son las adecuados para la resolución de casos que involucren múltiples premisas. La doctrina expresa al respecto del modelo modus ponens: "el modelo es inadecuado porque proporciona una explicación incompleta ya que no es aplicable a los casos difíciles; o bien, por otra parte, es inadecuado porque conlleva una tendencia reduccionista y no distingue entre casos fáciles y casos difíciles." El A-quem para resolver que únicamente es válida una sola publicación de la convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en dos diarios únicamente hace referencia a dos premisas, una mayor y una menor. Que son las siguientes: Premisa Mayor: El artículo 9 de la Ley de Simplificación Administrativa permite que se haga solamente una publicación en un solo diario. (Norma Jurídica) Premisa Menor: La publicación de convocatoria de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de INCONHSA del 10 de julio de 2010 fue hecha solamente en el diario La Prensa. (Hecho) Conclusión: La publicación en un solo diario es válida. Esta es la expresión del esquema de razonamiento del A-quem que, a todas luces, se muestra sumamente restringido para analizar y resolver el presente caso que requiere mayor amplitud en el razonamiento y más de dos premisas, al menos. Siendo adecuado un silogismo complejo, como el siguiente; Premisa Mayor 1: El artículo 9 de la Ley de Simplificación Administrativa permite que se haga solamente una publicación en un solo diario. (Norma Jurídica) Premisa Mayor 2: El último párrafo del artículo 6 de las disposiciones transitorias del Código de Comercio que reforma el artículo 9 de la Ley de Simplificación Administrativa, establece: "Las demás publicaciones exigidas por este Código se harán por una sola vez en el Diario Oficial La Gaceta o en un diario de circulación nacional, salvo aquellos casos en que expresamente se establezca cosa distinta." (Norma Jurídica) Premisa Menor 1: El Objetivo General de la Ley de Simplificación Administrativa es que los órganos del Estado actúan en función de las normas de celeridad, economía procesal y buen servicio. (Objetivo de Norma Jurídica) Premisa Menor 2: Los entes de la esfera privada gozan de libertad en el acuerdo de voluntades y pueden pactar más requisitos que los establecidos por la Ley. (Norma incidente) Premisa Menor 3: La publicación se hizo solamente en el diario La Prensa y no en el Diario Oficial La Gaceta como lo establece el artículo 14, de la cláusula octava, los estatutos de INCONHSA. (Hecho) Conclusión: El acuerdo de voluntades de pactar que la convocatoria a asamblea de INCONHSA se publique en dos diarios no contradice el artículo 9 de la Ley de Simplificación Administrativa, no contraviene su objetivo principal ni infringe los requisitos mínimos establecidos. Por tanto, la publicación en un solo diario contiene vicios que origina nulidad a los acuerdos sociales adoptados en virtud de dicha convocatoria. Como puede observarse, el A-quem hizo un simplísimo razonamiento que deja por fuera otros razonamientos necesarios para dar solución correcta al asunto. Igual sucede cuando el A-quem se dispone a resolver el fondo del asunto sobre la inexistencia de la orden del día en la convocatoria de asamblea publicada en diario La Prensa en 10 de Julio de 2010: Premisa Mayor: Los artículos 168 y 169 del Código de Comercio establecen los asuntos sobre los cuales trataran las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. (Norma Jurídica) Premisa Menor: El aviso de convocatoria a asamblea publicado en el diario La Prensa dice que se trataran los asuntos contenidos en los artículos 168 y 169. (Hecho) Conclusión: El aviso y la orden del día cumplen con todos los requisitos requeridos por la Ley. Nuevamente, en este apartado, se advierte un inacabado y reducido razonamiento en el fallo. La valoración, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico aplicable al caso, debió construirse sobre la base de un silogismo complejo, como a continuación se expone: Premisa Mayor 1: Los artículos 168 y 169 del Código de Comercio establecen los asuntos sobre los cuales trataran las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. En particular, el articulo 168 define los puntos a tratar imprescindibles en la Asamblea y los distingue de la orden del día, al referir literalmente lo siguiente: "La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y podrá ocuparse, además, de los asuntos incluidos en la orden del día, en los siguientes: ..., (Norma Jurídica) Premisa Mayor 2: El artículo 178 del Código de Comercio dispone: "En la orden del día deberá contenerse la relación de los asuntos que serían sometidos a la discusión y aprobación de la asamblea general y será redactada por quien haga la convocatoria. (Norma Jurídica) Premisa Menor 1: La orden del día debe ser establecida de forma clara para evitar sorprender de mala fe a los accionistas inocentes. Así, todos sabrán de que tratará y de que no podrá tratar la Asamblea. (Finalidad del orden del día) Premisa Menor 2: Se prohíbe que en la orden del día se introduzcan frases como "y demás asuntos varios" "los que los accionistas consideren oportunos" porque reflejan mala fe al no permitir que los accionistas conozcan cabalmente de los asuntos a tratar. (interpretación doctrinaria) Premisa Menor 3: Solamente se podrá establecer en la orden del día "modificación de la Escritura Social" cuando sea una reforma integra del cuerpo estatutario. (interpretación doctrinaria) Premisa Menor 4: La convocatoria a Asamblea publicada en diario La Prensa en 10 de julio de 2010, únicamente establece que la asamblea tratara asuntos referentes a los artículos 168 y 169 del Código de Comercio para luego modificar clausulas específicas que determinan, entre otras cosas, el aumento de capital que disminuye la capacidad participación accionaria de OPTIMA. (Hecho) Conclusión: No existe ninguna orden del día, pues esta debe ser clara y especifica. Por lo tanto, los acuerdos sociales tomados en la supuesta asamblea deberán ser anulados. Finalmente, se vuelve a repetir la misma simpleza argumentativa al momento de referirse al perjuicio patrimonial. Y lo hace de la siguiente forma: Premisa Mayor: No existe ninguna infracción en la asamblea del 28 de julio de 2010 que merezca que los acuerdos sociales sean anulados. (Conclusiones sobre asuntos anteriores) Premisa Menor: No existe ningún medio de prueba que demuestre perjuicio patrimonial. (Valoración de la Prueba) Conclusión: No hay perjuicio patrimonial en la presente causa. En este razonamiento el A-quem únicamente hizo una operación causa-efecto entre sus equivocadas interpretaciones sobre los asuntos anteriores para concluir que como no ha habido ninguna infracción tampoco habrá perjuicio patrimonial, a pesar que se acredita que la sociedad OPTIMA ha sido marginada absolutamente de toda participación en INCONHSA, es decir OPTIMA ha perdido hasta su patrimonio del 40.59% en INCONHSA. Conclusiones que debió realizar a partir de un correcto esquema de razonamiento, como se expone: Premisa Mayor: Se ha acreditado infracción de Ley en la publicación del aviso de Convocatoria a Asamblea, por inexistente orden del día y por ser publicado solamente en un diario. (Conclusiones en la resolución del fondo de este asunto) Premisa Menor 1: Se han aportado 24 actas notariales en las que consta que Consejo de Administración de INCONHSA, desde la Asamblea de julio de 2010, ha impedido que OPTIMA participe en asambleas y en todo el accionar del grupo INCONHSA. (Valoración de la Prueba) Premisa Menor 2: OPTIMA no ha tenido acceso a ningún tipo de información sobre la vida societaria de INCONHSA. (Valoraci6n de la Prueba) Conclusión: Producto de las actuaciones ilegales de INCONHSA-INBIRSA, la sociedad OPTIMA ha sufrido perjuicio patrimonial el cual se acredita en las 24 actas notariales que describen los impedimentos por parte del Consejo de Administración para con OPTIMA de participar en las asambleas de accionistas desde ario 2011 al presente.” SEXTO: El abogado Roger Alberto Marín Velásquez, planteó pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: (Sic) “PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CONTENIDO DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO Habiendo develado falencias y carencias de cada motivo en cuanto a su interposición y forma en el acápite anterior, procederemos ahora a defender nuestra pretensión procesal como parte demandada en el proceso y como parte recurrida en casación, después de habérsenos otorgado sentencias favorables en primera y segunda instancia. Al motivo primero: Independientemente de los errores ya señalados en cada motivo, ahondaremos en el argumento del impetrante en relación a la aplicación de la Ley de Simplificación Administrativa la que llamaremos “LDSA” durante este pronunciamiento. El recurrente, en la página 4 de su escrito de casación, a último párrafo, menciona que el objetivo general de la LDSA es “que los órganos del Estado actúen con base en las normas de economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio” y alude a que ese debe ser la óptica y que cualquier interpretación debe hacerse únicamente basándose en esa porción de texto sobre la aplicación del artículo 9 de la LDSA. En ese sentido, el impetrante tiene algo de razón, el espíritu de esta LDSA es el de simplificarle la vida a los particulares en relación a los requisitos que deben cumplir para lograr ejercer el comercio. No obstante, esto generó beneficios indirectos para las sociedades mercantiles en su funcionamiento interno, y esa es la realidad de uno de los efectos de las reformas de la LDSA, aunque el recurrente no lo mencione o acepte. En la página 5 de su escrito, el recurrente dice que el artículo 14 de la cláusula octava de los estatutos de mi representada INCONHSA fueron redactados para una “mayor protección y transparencia en la vida societaria en relación a la convocatoria de asambleas, y que tiene como finalidad lograr la mayor certeza que ningún miembro de la sociedad mercantil, por cualquier razón, sea excluido del conocimiento de la convocatoria a la asamblea…” , lo cual no son sino galimatías y jerigonzas, puesto que la realidad es que ese texto, como puede corroborarse en la fotocopia de la escritura original de constitución de mi representada la sociedad mercantil INCONHSA, data de 1983, momentos en los cuales, la LDSA no había sido aprobada por el Soberano Congreso Nacional y estaba a 19 años de entrar en vigencia. El artículo 6 de las Disposiciones Generales y Transitorias del Código de Comercio, en aquél tiempo (1983) y previo a la reforma decía (se resalta lo más relevante): Artículo 6. La publicidad a que se refieren los artículos 18, 22, 119, 163, 179, 243, 265, 328, 340, 347 y 380 se hará mediante inserción de la noticia de La Gaceta y en un periódico de circulación general en el domicilio de la sociedad o comerciante de que se trate. Las publicaciones sobre reducción de capital y liquidación de sociedades se harán por tres veces consecutivas, con intervalos de diez días. Entonces esa disposición obligatoria y no voluntaria es la única razón por la cual la escritura de constitución de mi representada establecía la necesidad de publicar la convocatoria de asamblea de socios en La Gaceta y en un periódico de circulación general, simplemente porque el Código de Comercio así lo exigía y los notarios así lo plasmaban en sus escrituras. Es absurdo e incorrecto intentar persuadir a los Magistrados de la Sala Civil a que se hizo por las razones a que alude el pedidor. Sin embargo, como efecto colateral de la entrada en vigencia de la LDSA, es que ya no es necesario hacer ambas publicaciones, sino que basta una. La reforma dejó el artículo 6 de las Disposiciones Generales y Transitorias del Código de Comercio redactado a partir del año 2002 de la siguiente manera (se resalta lo más relevante y aplicable al caso que nos ocupa): ARTICULO 6.- Las publicaciones sobre reducción de capital, fusión, transformación y liquidación de sociedades se harán por tres (3) veces en el Diario Oficial “La Gaceta” o en un diario de circulación nacional, publicaciones que deberán hacerse en letra clara y legible, con un intervalo de cinco (5) días entre cada publicación. Las demás publicaciones exigidas por este Código se harán por una sola vez en el Diario Oficial La Gaceta o en un diario de circulación nacional, salvo aquellos casos en que expresamente se establezca cosa distinta. Dicho sea de paso, este es un tema que el Juzgado de primera instancia recalcó, que en la asamblea que pretende impugnar el impetrante, el Secretario de la misma, Jorge García, manifestó que en virtud de la modificación del artículo 6 de las Disposiciones Generales y Transitorias del Código de Comercio, se había hecho una sola publicación en un diario de circulación nacional, prescindiendo así de la publicación en La Gaceta, y esto legitima de sobremanera el actuar de la sociedad hoy recurrida en casación. Sobre los autores que cita el suplicante, no haremos referencia sino más adelante, porque todos, absolutamente TODOS los autores que el pedidor consulte, dirán lo mismo y a su conveniencia: que la convocatoria debió hacerse conforme a ley, que la convocatoria debe respetar los estatutos, que la convocatoria es ilegal sino respeta las formalidades, etc. por ahora no perderemos el tiempo rebatiendo ese tema. Retornaremos a él, sin embargo, más adelante para rebatir, refutar y destruir esa tesis. Por el momento nos centraremos en el tema de la página 6 del escrito del rogante, quien se enfrasca y se traba en la frase siguiente y que es la última del artículo 6 ya reformado de las Disposiciones Generales y Transitorias del Código de Comercio: “…salvo aquellos casos en que expresamente se establezca cosa distinta.” Y con esa porción de texto mal interpretada, ergo, interpretada a su favor, pretende el pedidor deshacer 10 años de actividades comerciales de mi representada. Diez años de pagos de planillas, préstamos bancarios, pagos de impuestos a la SAR, contratos con cualquier cantidad de proveedores, construcciones realizadas, etc. como si tal situación fuera posible del todo o tuviera algún efecto positivo. Semejante situación significaría ¿regresar las cosas al estado en que se encontraban antes? ¿regresar los financiamientos a los bancos? ¿reajustar los pagos a la SAR para que devuelvan dinero? Esto no tiene sentido. Pero veamos el texto completo del párrafo segundo reformado por la LDSA del artículo 6 de las Disposiciones Generales y Transitorias del Código de Comercio: Las demás publicaciones exigidas por este Código se harán por una sola vez en el Diario Oficial La Gaceta o en un diario de circulación nacional, salvo aquellos casos en que expresamente se establezca cosa distinta. Dice el inicio de este párrafo en referencia “las demás publicaciones exigidas por este Código”, es decir, al cambiar la regla general, que antes de la reforma de la LDSA decía que las publicaciones que no tengan señalada regla alguna en este Código (de Comercio), se harían en La Gaceta y en un diario de circulación nacional, se refieren a publicaciones del mismo Código de Comercio, y no a exigencias estatutarias. Existen algunas publicaciones que el mismo Código de Comercio señala que deben ser publicadas con la periodicidad indicada, es decir, cuando “expresamente se establezca cosa distinta” y en ese caso, las publicaciones se harán de conformidad a lo que el mismo Código de Comercio exija. Dicho en otras palabras, si lo único exigido por el Código de Comercio es la publicación, sin mencionar un número de veces, se hará entonces por una sola vez en La Gaceta o en un diario de circulación nacional – como es el caso de las asambleas de socios. Pero si el Código de Comercio exige dos, tres o más, se respetará el número de veces que deba aparecer la publicación de que se trate. Veamos: EjemploArtículoTemaNo. de publicaciones1119Pago de las exhibiciones de accionesUNA2257Publicación del balance en caso de emisión de obligacionesUNA3328Disolución de una sociedad mercantilUNA4641Cancelación y reposición de títulos valoresTres períodos de tres días consecutivos separados por treinta días51333Sentencia de quiebraTres veces consecutivas en La Gaceta61568Extinción de la quiebra por convenioTres veces de cinco en cinco díasEntonces, las publicaciones 1, 2 y 3 que no tienen establecida regla alguna, se harán por UNA SOLA VEZ. Ahora, las publicaciones de los números 4, 5 y 6 del cuadro anterior, ya tienen regla establecida por lo que entonces no les será aplicable la reforma de la LDSA y seguirán publicándose estrictamente como el Código de Comercio lo exige. Y eso es todo. No hay más interpretación que esa, el texto en cuestión, que antojadizamente y a su conveniencia lo ajusta el impetrante, NO SE REFIERE A UNOS ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL, sino a aquellas obligaciones expresas del Código de Comercio que establezcan categóricamente los números de publicaciones y los intervalos de las mismas. La escritura original de constitución de mi representada se vio favorecida, como todas las de la época, en obviar una publicación, y ajustarse a la nueva norma reformada. Esto, Honorables Magistrados, no disminuye, tergiversa ni limita los derechos de los socios. Por el contrario, agiliza el trámite burocrático para la celebración de asambleas. Al motivo segundo: Ya se analizó la imprecisión de este motivo segundo, al haber afirmado que se no se puede invocar como infringido todo el Código de Comercio. El recurrente establece que la segunda instancia emitió un fallo “con una clara confusión”, tratando con “ligereza o superficialidad” la importancia del orden del día de una convocatoria a asamblea de socios. Procede el impetrante a citar, según él, al escritor Roberto Mantilla Molina, recogiendo una fracción que forma parte de su obra “Derecho Mercantil” con la bibliografía que apuntó. Sin embargo, la usanza de este fragmento es errónea por dos razones. Veamos primero el párrafo apuntado: “Es viciosa la práctica de incluir en el orden del día un capítulo de asuntos varios; tal mención es insuficiente para que la asamblea pueda tomar un acuerdo válido sobre un tema no incluido expresamente en la convocatoria.” En primer lugar, no es aplicable al caso que nos ocupa, dado que el aviso del diario que se publicó para la asamblea de julio de 2010, hizo expresa mención a los artículos 168 y 169 del Código de Comercio. El texto que cita el suplicante pertenece a un aviso que solamente diga “asuntos varios” y en el caso que nos ocupa, el desmembramiento de los artículos mencionados, para todo el que sepa leer, claramente establece de qué trataría la asamblea. En segundo lugar, si bien ese fragmento de texto se encuentra en el referido libro y autor, en realidad no pertenece a Mantilla Molina, sino que éste última cita a Joaquín Rodríguez Rodríguez, por lo que la “ligereza o superficialidad” es del recurrente al no ahondar en una cita estableciendo con meridiana claridad quién es el verdadero autor de sus referencias bibliográficas. Hablando de Rodríguez Rodríguez, podemos ver cómo piensa en realidad al respecto de este tema (en referencia a los artículos aplicables del derecho mercantil mexicano): “Las asambleas generales ordinarias pueden discutir y resolver sobre aprobación de balance y materias correspondientes a nombramiento y revocación de administradores y comisarios, y retribución para los mismos, en el caso de que no esté expresada en los estatutos, sin necesidad de que haya expresa cita de estos puntos en el orden del día.” Es por ello que resulta infructuoso para este caso en particular, buscar autores que traten de manera general el tema de las convocatorias de asambleas de socios, pues siempre habrá posiciones encontradas, algunos a favor de la máxima especificidad del detalle sobre los temas a tratar, y otros que dirán que basta el orden del día sin necesidad que haya expresa cita de los puntos en él. Para este caso de autos, no se trata de una competencia de autores, sino de qué es lo que quiso decir la segunda instancia al haber acompañado en su criterio a la sentencia de primera. La sentencia literalmente dice en su MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA punto tercero (se copia literalmente del fallo de apelación y se resalta lo más relevante): TERCERO: En cuanto a lo alegado sobre la publicación de la convocatoria a la asamblea de fecha 28 de julio del año 2010, en referencia al Orden del Día que estima la demandante es omisiva, es preciso definir el concepto de ORDEN DEL DÍA, En una asamblea, se conoce a la agenda de una reunión, y debe de estar contenida en la publicación que se efectuara, Se aprecia de la citada publicación de la Convocatoria en el Diario La Prensa en fecha diez de julio del año dos mil diez, en la que se estableció que la misma era para tratar los asuntos indicados en el artículo 168 y 169 del Código de Comercio, más otros asuntos que estimen a bien establecer los accionistas. Al analizar lo contenido en el art. 168 del Código de Comercio, indudablemente este precepto legal es inherente a los puntos de la asamblea a tratar, I Discutir, aprobar o modificar el balance, después de oído el informe de los comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas. II En su caso, nombrar y revocar a los administradores y a los comisarios y III Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos. El artículo 169 del citado cuerpo legal dispone los asuntos a tratar en una asamblea extraordinaria, a saber: I. Modificación de la escritura social; II Emisión de obligaciones o bonos, y III. Los demás para los que la Ley o escritura social lo exijan; pudiéndose reunirse estas Asambleas, en cualquier tiempo. Es preciso señalar que en el caso de autos, con la convocatoria el asunto a tratar en la asamblea, era la modificación de la Escritura Social.- Posteriormente establece en el punto SEXTO: “SEXTO: En el caso bajo juzgamiento, como se expresó anteriormente, mediante la publicación efectuada en diario La Prensa, en fecha diez de julio del año 2010, se convoca a los accionistas de INCONHSA, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día martes 27 de Julio del año 2010, a las doce meridiano en primera convocatoria, se aprecia que en dicha convocatoria se hizo constar que la misma se hacía en atención a los artículos 174 y 175 del Código de Comercio, no obstante a falta de Quorum, se celebró dicha asamblea el día siguiente veintiocho de Julio del año 2010, en Segunda Convocatoria, en el mismo lugar y hora, en acopio a lo preceptuado en el artículo 187 del Código Comercio, que establece que “En segunda convocatoria, la asamblea ordinaria y extraordinaria se considerara válidamente constituida, cualquiera que sea el número de acciones representadas “…” ahora bien indica el párrafo tercero siempre del mismo precepto legal y que está dispuesta en los estatutos de la sociedad demandada bajo el artículo 17 que “Tratándose de asambleas extraordinarias, las decisiones deberán tomarse por el voto favorable de un número de acciones que representen por lo menos la mitad, de las que tienen derecho a votar “,se pudo apreciar de los antecedentes que la parte demandada contaba con la mayoría de votos necesaria al resultar que la sociedad mercantil demandante OPTIMA, tenía en el año 2010 el 40.59% de las acciones de INCONHSA y el otro socio denominado INBIRSA, contaba con el 59.41% de las acciones, por lo que al realizar la asamblea en segunda convocatoria estaba completamente legitimada la asamblea para poder tomar decisiones extraordinarias, al cumplirse el requisito de mayoría simple exigido para los casos de decisiones extraordinarias en segunda convocatoria, en tal sentido quedo acreditado que la realización de la asamblea extraordinaria de accionistas realizada en fecha veintiocho de julio del año 2010, se cumplió con las solemnidades que se encuentran descritas tanto en la norma mercantil Arts. 173,174 y 179 así como también en los estatutos contenidos en la Escritura de Constitución.-“ Diera la impresión que el suplicante piensa que nadie irá a revisar cómo motivó la Corte de Apelaciones su fallo, y que se estará a lo que él interprete, y con ello minimiza la solemnidad, congruencia y contundencia de la sentencia recurrida en casación, además que incorrectamente omite porciones de la misma. El fallo es claro al haber analizado toda la prueba aportada por el mismo recurrente y al afirmar que se cumplieron los requisitos de los artículos aplicables a las convocatorias, y además: *La sentencia de la Corte de Apelaciones hace alusión a que las decisiones de la asamblea se tomaron en segunda convocatoria, situación que no es de conveniencia para el impetrante y por ello la omite en sus argumentos. *La referida sentencia hace referencia clara que las decisiones que se tomaron por la sociedad en aquélla época se hicieron de conformidad a los artículos y requisitos aplicables. *La sentencia hace referencia que el contenido de los artículos 168 y 169 del Código de Comercio se respetó en la asamblea, y que las decisiones que se tomaron iban en consonancia con el texto referido. *La sentencia hace referencia a que las decisiones se tomaron por las mayorías exigidas por el Código de Comercio. No vemos ninguna irregularidad en la sentencia recurrida en casación. Al motivo tercero: En este motivo, el suplicante mezcla cuatro artículos del Código Procesal Civil sin especificar su precepto autorizante, como ya se dijo en el acápite de la TOTAL INADMISIBILIDAD del recurso. Aparte de lo anterior, el recurrente pide se revise la valoración probatoria de la sentencia de la Corte de Apelaciones a por primera vez en su escrito la llama “A-quem” cuando en realidad la expresión correcta es “Ad-quem” con la letra “d” incluida. Sin embargo, yerra en esto también el impetrante porque la instancia superior, a la cual se le pide la revisión de la resolución de un inferior, es el “AD-QUEM” y al inferior se le llama “A-QUO”, pero no son títulos de primera y segunda instancia. En el caso que nos ocupa, la Sala Civil sería el Ad-quem y la Corte de Apelaciones el A-quo. Ad-quem proviene del latín y significa “a quién” o “al cual” para implicar “a quien le pido” o “al cual le pido” me resuelva a mi favor A-quo proviene también del latín y significa “de quien” o “del cual” para implicar “de quien le pido” o “del cual le pido” me revise su resolución Fuere como fuere, contestaremos este motivo de casación sin pronunciarnos sobre la pretensión de revisión probatoria, que persigue insistentemente el casacionista, quien a sabiendas (suponemos) intenta vanamente que la Sala Civil transgreda la prohibición expresa del Código Procesal Civil, porque tal análisis le resulta imperativamente vedado. A lo que sí haremos referencia es al numeral SÉPTIMO acertadamente advertido por la Corte de Apelaciones en el fallo recurrido en casación, en relación a los supuestos daños y perjuicios sufridos por el suplicante (se subraya y resalta lo más relevante): SEPTIMO: La parte apelante alega que la otra socia de INCONHSA, conocida como INBIRSA, con la celebración de la asamblea causa un perjuicio económico y patrimonial a su representada, no obstante, con los argumentos expuestos líneas arriba quedo demostrado que la asamblea ordinaria y extraordinaria se considerara válidamente constituida, aunado a ello tal afirmación no pudo ser demostrado en la secuela del juicio con ningún medio de prueba.- Independientemente de las razones apócrifas o no del recurrente para no haber presentado medio de prueba alguno para demostrar un daño patrimonial, la realidad es que “el sentido común” (mismo que acusa a la Corte de Apelaciones de adolecer) nos indica que es necesario cuantificar daños y perjuicios en todo proceso, siendo imposible para cualquier juzgador de instancia acceder a tal pretensión sin tener a la vista el origen del daño y la cuantía de los perjuicios. De nuevo el impetrante no hace alusión alguna al articulado aplicable, con evidente carencia en la precisión y claridad necesarias como para ser oído. Al motivo cuarto: Implora el recurrente en este motivo, como ya se vio en el acápite de TOTAL INADMISIBILIDAD DEL RECURSO, por una revisión probatoria, a la cual no haremos referencia por ser espuria. El inconveniente en este argumento del suplicante es cuestionar las reglas de la sana crítica, que es un tema vedado. Sí haremos referencia, no obstante, a la insultante y peyorativa expresión del impetrante cuando menciona en la página 13 de su escrito de casación, párrafo explicativo, que la Honorable Corte de Apelaciones hizo un “…fallo contra el cual se presenta este recurso de casación fue elaborado valoración restringida de la prueba ofrecida y con una mirada obtusa en la interpretación de normas que resuelven el fondo del asunto.” ¿“Mirada obtusa”? La RAE cita como sinónimo de “obtuso” la palabra “torpe”, y en su definición de “torpe” aparece lo siguiente: 1. adj.Que se mueve con dificultad.2. adj. Desmañado.3. adj. Rudo, tardo en comprender. 4. adj. Deshonesto, impúdico, lascivo.5. adj. Ignominioso, indecoroso, infame.6. adj. Feo, tosco, falto de ornato. Honorables Magistrados de la Sala Civil, es realmente lamentable que un litigante al no obtener una sentencia a su favor, recurra al argumentum ad hominem offensum o en español argumento ofensivo contra el hombre procediendo en este caso a insultar a la Honorable Corte de Apelaciones Civil, utilizando una de las más corrientes falacias argumentativas. Esta expresión peyorativa disimulada no es novedad en el estilo particular de este litigante, como ya se ha apreciado múltiples veces en otros procesos. Sin embargo, todo alegador que recurra al insulto personal siempre devela su impotencia al no poder revertir él mismo el fallo que le afecta y su incapacidad de formular argumentos jurídicos apropiados y que sean fáctica y jurídicamente convincentes, persuasivos y aplicables. Dicho lo anterior, veremos el tema de la pseudológica jurídica que pretende invocar el pedidor. Para comenzar, se refiere al modelo modus ponens que, para su infortunio, es parte de la lógica proposicional, no de la lógica jurídica pero de esto no hablaremos porque este escrito no es un ensayo de filosofía. Resulta irrisorio, eso sí, que el suplicante pretenda hablar de argumentación jurídica iniciando con una falacia, cuando asevera que “la doctrina” expresa una u otra cosa y cita UN LIBRO. Lo que sucede es que “la doctrina” literalmente la componen cientos de miles de escritores y otros más de libros, y él cita a uno, y le llama “la doctrina”. Esta falencia o error en la argumentación pertenece a las falacias de inducción deficiente y en particular se le denomina falacia de generalización precipitada, y se comete cuando se saca una conclusión acerca de todas las personas o cosas de una clase determinada con base en el conocimiento solamente de uno (o de unos cuantos) de los miembros de esa clase. Comenzar una “exposición lógico-argumentativa” con una falacia, es literalmente una broma. Pero independientemente de la falacia argumentativa cometida por el impetrante, el libro que cita dice que el método empleado por el juzgador de instancia no es el adecuado para casos difíciles. Lastimosamente, no hay razonamiento propio detrás de esa aseveración sino una simple copia de un párrafo de un texto de un libro, no hay sustancia ni sustento ni comentarios, acotaciones u observaciones ni ideas que provoquen el interés del lector. Ahora bien, veamos lo que el autor francés Stefan Goltzbert opina acerca de la utilización de las reglas de la argumentación a los casos “difíciles”: “Sin embargo, la argumentación jurídica se deja describir por una serie de características que aparecen igualmente en otras disciplinas…Las reglas suponen de una parte, un cierto grado de generalidad, de independencia comparada a su justificación y por otra parte, un cierto grado de formalidad.” “Las reglas (de la argumentación jurídica) son generales – sino universales – en las cuales se puede por vocación, trascender a los particulares. Las reglas están destinadas a aplicarse a múltiples situaciones. Esta generalidad va a ser determinada por la manera en que se organicen los argumentos.” La realidad de la argumentación jurídica y el uso de los silogismos, es que han resistido las pruebas del tiempo. Las reglas de la lógica y del razonamiento lógico podrán aplicarse a cualquier situación o a múltiples situaciones, por complejas que sean, si se saben organizar los pensamientos y los argumentos. Pero esa aplicación universal a que hace referencia este autor francés, no es posible sin un “cierto grado de formalidad”, es decir, los silogismos jurídicos tienen una estructura ya definida. El silogismo es una forma de razonamiento deductivo e inductivo el cual proviene de la palabra del latín syllogismus, y que consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. Fue formulado por primera vez por Aristóteles (384-322 AC), siendo la noción central de la lógica aristotélica, desde su invención hace más de dos mil años. Una de las principales reglas de los silogismos es que solamente constarán de DOS PREMISAS y de UNA CONCLUSIÓN, por lo que será virtualmente imposible comentar acerca de los pseudo razonamientos bosquejados por el suplicante, donde incluye dos premisas mayores, tres premisas menores o cuatro, acomodado todo sin reglas ni principios, a que le convenga una forzada conclusión que no se deduce de las premisas.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3. Las características del recurso de casación son las siguientes: a) Es un recurso extraordinario reservado a determinadas resoluciones y delimitado por causales predeterminadas; b) No constituye una nueva instancia, por tanto no permite nuevo examen de hechos y valoración probatoria, salvo de manera excepcional cuando se denuncien infracciones de interpretación o aplicación de normas in procedendo que regulen el contenido y forma de las sentencias; c) Su objetivo específico es resolver la existencia de la infracción alegada, de modo que si el recurso es estimado, se casará la sentencia en todo o en parte, provocando que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil, en la misma sentencia que casa la sentencia impugnada se pronuncie sobre el tema de fondo objeto del proceso. 5. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Del estudio de admisibilidad del numeral 1 planteado por el impetrante (Entendemos que es el Primer Motivo), el mismo no reúne los requisitos formales para su admisión, ello porque en los términos en que se formula el mismo, denota una serie de falencias que evidencian una indebida técnica casacional, mismas que tienen que ver con lo siguiente: a) Carencia manifiesta del Precepto Autorizante o causal del recurso, ya que no invoca o expone en cuál de los dos numerales del artículo 719 del Código Procesal Civil fundamenta el motivo; sobre lo anterior, es menester recordar que indefectiblemente si se pretende interponer recurso de casación, el motivo o motivos que se planteen deberán estar sustentados en el precepto autorizante o motivo de casación, mismos que en nuestra normativa procesal civil están taxativamente señalados en el citado artículo; no hacerlo así concita el mal planteamiento del motivo, al no observarse lo previsto en el artículo 721 del mismo Código relativo a la obligación del recurrente de hacer constar los motivos en que basa su casación; b) El motivo no ha sido presentado con la debida separación y claridad, ello porque se arguye sobre la pretendida vulneración del artículo 9 de la Ley de Simplificación Administrativa, en relación con lo dispuesto en el artículo 1 de la referida ley; el recurrente alega que tal artículo ha sido erróneamente aplicado (aplicación indebida), pero también señala que el mismo se ha interpretado erróneamente. Al respecto, es menester recordar que en un mismo motivo no se podrá argüir los dos referidos supuestos, esto porque tanto la aplicación indebida, y la interpretación errónea son supuestos diferentes y excluyentes entre sí, el primero de ellos “Es aplicar en la resolución del negocio normas jurídicas ajenas a la cuestión debatida.”; por su parte la mala interpretación o interpretación errónea “Consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que tiene”. De tal manera que el censor debió precisar cuál de ellos viene impugnando en casación; amen de lo señalado, la técnica recursiva exige que quien alegue la aplicación indebida de una norma, deberá señalar también cuál es la que el juzgador debió de haber aplicado; y c) La Sala de lo Civil al seguir el iter del motivo, observa que la pretensión del casacionista es establecer que el Tribunal de segunda instancia, no le ha dado la valoración pertinente al medio de prueba documental consistente en los Estatutos de INCOHSA, artículo 14, Cláusula Octava; con lo cual, de conformidad a la técnica casacional, el mismo violenta la intangibilidad de los hechos acreditados. Relacionado con lo anteriormente expuesto, el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, se refiere a la exclusión de la revisión probatoria, y manda que por medio de la casación no se inste la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia. Seguidamente el artículo 720.2 del mismo Código, establece como excepción a esta regla general, la vía procesal que ofrece el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, mediante el cual el recurrente en casación puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia, a efecto de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. 6. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Sobre la admisibilidad del numeral 2 planteado por el impetrante (Entendemos que es el Segundo Motivo), nuevamente incurre en falencias propias de la técnica recursiva y que provocan su inadmisibilidad por parte de la Sala, así tenemos lo siguiente: a) Falta el Precepto Autorizante o Causal del Recurso, ya que no se invoca o expone en cuál de los dos numerales del artículo 719 del Código Procesal Civil se fundamenta el motivo; el recurrente al momento de plantear el motivo de casación, hará cita precisa del precepto autorizante que estime pertinente; no hacerlo así concita, no solo el mal planteamiento del motivo, al no observarse lo previsto en el artículo 721.2 del mismo Código relativo a la obligación del recurrente de hacer constar los motivos en que basa su casación, sino que también el motivo carezca de precisión; b) Se aprecia en el presente motivo nuevamente el error del recurrente al denunciar como infracciones la aplicación e interpretación de disposiciones del Código de Comercio, aspectos que como dejamos expuestos en el motivo anterior, son diferentes pues la interpretación errónea, supone que la norma elegida por el Juzgador es la correcta, la que define la cuestión debatida pero que el órgano jurisdiccional le ha dado un alcance o sentido que esta no tiene; por su parte la aplicación indebida implica que la norma aplicada por el juzgador no debe ser aplicada porque no regula el objeto del juicio o bien porque ya no se encuentra vigente; c) Falta a la debida separación y claridad con la que debe dejar expuesto el motivo, ello porque señala la vulneración por aplicación e interpretación de los artículos 168, 169, 178 y 193.2 del Código de Comercio, sin que para ello haga la debida separación. Es menester ilustrar que, para cada uno de los artículos que estimaba se han vulnerado, necesariamente debió de haberlos planteados en motivos separados; debiendo también precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; y d) En ese mismo sentido, el impetrante hace cita indiscriminada de preceptos que estima vulnerados, así tenemos que aduce la transgresión de los artículos 168, 169, 178 y 193.2 del Código de Comercio; tal cita de manera conjunta de varios preceptos legales, se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente queda establecido en que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…” En el motivo, se hace cita de varias normas jurídicas de carácter sustantivo, mismas que difieren en rango y protección recursiva, razón por la cual, era deber del recurrente plantearlas de forma separada y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…”; en el presente motivo, la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones. 7. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Respecto del numeral tres (Entendemos que es el Tercer Motivo) planteado por el impetrante, la Sala aprecia los mismos errores de la técnica recursiva de los numerales precedentes, esto es, que falta a la debida separación y claridad, así tenemos: a) Carencia manifiesta del precepto autorizante del motivo; b) Reitera en denunciar como infracciones la aplicación e interpretación de normas procesales, esto es los artículos 10, 13, 207 en relación con el 720 del Código Procesal Civil, supuestos que son diferentes y excluyentes, pues la interpretación errónea, supone que la norma elegida por el Juzgador es la correcta para el caso concreto que dilucida, por su parte la aplicación indebida implica que la norma usada por el juzgador no debe ser aplicada porque no regula el objeto del juicio o bien porque ya no se encuentra vigente; y c) Hace cita de tres artículos que contienen varios numerales, cada uno de ellos con supuestos jurídicos diferentes que, por su contenido, han debido ser expuestos por separado; además que dos de ellos son normas de carácter general que no son susceptibles del recurso. 8. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. La Sala se pronuncia sobre los argumentos planteados en el numeral cuatro (Entendemos que es el Cuarto Motivo), y aprecia nuevamente los mismos errores del recurrente al faltar a la debida separación y claridad: a) No hace cita del precepto autorizante del motivo; devenía el recurrente en exponer a la Sala en cuál de los dos numerales del artículo 719 del Código Procesal Civil fundamenta el motivo, ya que es requisito ineludible que al plantearse el motivo de casación, se debe invocar el referido artículo a fin de darle entrada al motivo planteado; no hacerlo así provoca no solo el mal planteamiento del mismo al no observarse lo previsto en el artículo 721.2 del mismo código relativo a la obligación del recurrente de hacer constar los motivos en que basa su casación, sino que también el motivo carezca de precisión; b) Denuncia como infracciones la aplicación e interpretación de normas procesales, esto es los artículos 13 y 207 del Código Procesal Civil, supuestos sobre los cuales, como dejamos expuesto, son diferentes pues la interpretación errónea supone que la norma elegida por el Juzgador es la correcta, la que define la cuestión debatida, pero el órgano jurisdiccional le ha dado un alcance o sentido que esta no tiene, por su parte la aplicación indebida implica que la norma aplicada por el juzgador no lo debió, porque no regula el objeto del juicio o bien porque ya no se encuentra vigente; y c) Se observa que viene citando como infringidos dos artículos de orden procesal que contienen varios numerales, cada uno de ellos con supuestos jurídicos diferentes que por su contenido han debido ser expuestos por separado; además de introducir en el numeral preceptos sustantivos que no guardan relación con las normas procesales. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 a), 724, 725 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I. LA INADMISIÓN del recurso de casación interpuesto y formalizado por el abogado Víctor Antonio Fernández Guzman en la condición con que actúa, en base a los argumentos antes expuestos por esta Sala. II. FIRME la sentencia recurrida dictada en fecha dieciocho de noviembre de mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, en el expediente de apelación número 2019-205 CV, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 2011-1880 del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. III. CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO. MAGISTRADO COORDINADOR. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés; Certificación del auto de fecha doce de octubre del año dos mil veintitrés, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 35=2020BETTY JANETH PALMA O’CONNORSECRETARIA SALA DE LO CIVIL