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Sentencia CC-288-19 — Registro 17694

Resumen

En segunda instancia se confirmó la sentencia recaída en la demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios por violación a los derechos humanos. - Incumplimiento al debido proceso, derecho de defensa y otros. Condenando a la parte vencida en este recurso al pago de las costas correspondientes a la segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “La Sala de lo Civil entiende necesario señalar de previo a la respuesta nuestra a modo de introito, que entendemos por principio de inmunidad de jurisdicción, el que está referido a que los Tribunales de un Estado no pueden juzgar a otro Estado, como tampoco a personas jurídicas de carácter internacional investidas de inmunidad. El Estado de Honduras reconoce y hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional; en ese sentido y con respecto al principio de inmunidad, debe ser entendido en armonía con dos elementos a saber: a) La declaración de soberanía contenida en el artículo 12 de la Constitución de la República, que no desconoce “legítimos derechos similares de otros Estados sobre la base de reciprocidad”; y, b) El artículo 15 de la Constitución de la Republica, según el cual Honduras hace suyos “los principios y prácticas del derecho internacional”. Las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes constituyen un principio generalmente aceptado en el derecho internacional, así tenemos que en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas Sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, señala sobre su alcance: “La presente Convención se aplica a la inmunidad de la jurisdicción de un Estado y de sus bienes ante los tribunales de otro Estado”, señalando taxativamente los términos empleados para su aplicación, excluyendo los contratos de trabajo; en ese sentido la Sala considera que la regla de la inmunidad del Estado juega un papel importante en derecho internacional y en las relaciones internacionales. Dimana del principio de la igualdad soberana de los Estados que, como se desprende claramente del apartado 1 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, es uno de los principios fundamentales del orden jurídico internacional. El principio de inmunidad de jurisdicción se concibe como un instrumento para garantizar la autonomía de los agentes internacionales en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, tales privilegios e inmunidades no son un mecanismo para evitar el cumplimiento de las normas de orden público del país sede, sino que priva el respeto y sometimiento a la ley interna de conformidad con las convenciones internacionales aplicables en materia del trabajo o laboral; las organizaciones internacionales tienen la obligación de acatar las normas locales, siempre y cuando estas no obstaculicen sus funciones y actividades, las que existen para garantizar que puedan desempeñar estas funciones con independencia y sin la indebida intervención de los países miembros a través de sus tribunales o por medio de procesos administrativos o intervenciones policiales. En ese orden de ideas, las inmunidades deberán entenderse que no son absolutas y que, de conformidad a los convenios suscritos con los Estados, hay limitaciones o restricciones en ciertas materias, específicamente en lo relativo a contratos de trabajo y otras, cuyas excepciones con respecto a la falta de jurisdicción ya están previstas y no pueden ser invocadas, según el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas Sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes.”

Legislación citada

  • Convención sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 15 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

… “Sin embargo, el thema decidendi, será en el caso concreto que nos ocupa, establecer por parte nuestra, si a la luz de los diferentes tratados internacionales, la Constitución de la República, el Convenio Constitutivo, la normativa procesal civil y la jurisprudencia emanada de este Alto Tribunal, si COCESNA, al gozar de tal prerrogativa de inmunidad de jurisdicción, la misma trasciende en todo momento procesal y puede, por tanto, ser alegada en cualquier etapa del proceso, aun y cuando de inicio y en el ulterior desarrollo del mismo no se haya manifestado nada al respecto, o por el contrario debemos entender que el consentimiento de la parte demandada de someterse a la justicia nacional, se manifiesta desde el inicio del proceso, al no proponer en el momento procesal oportuno, la declinatoria por falta de jurisdicción del juzgado nacional, y señalarle al mismo que tal competencia le corresponde a la Corte Centroamericana de Justicia, tal y lo expuesto por la recurrente. El argumento toral expuesto por la representante procesal del organismo internacional COCESNA, se afinca en que tal entidad goza de inmunidad de jurisdicción. Sobre lo anterior es menester recordar que, en el caso de autos, dicha institución en su momento contestó la demanda interpuesta en su contra, sin oponer ningún tipo de excepción o posteriormente alegando a su favor la referida inmunidad de jurisdicción; tampoco hizo pronunciamiento alguno, o en su caso, no recurrió ante el no pronunciamiento del tribunal a-quo. En la contestación de la demanda interpuesta, incluso la representación procesal de COCESNA hace referencia a que la parte demandante ganó en primera y segunda instancia una demanda laboral en contra de la referida institución, no alegando en aquella oportunidad la llamada inmunidad de jurisdicción, como ahora se plantea en esta vía casacional.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “La Sala de lo Civil da respuesta conjunta a lo planteado en el Primer y Segundo Motivos admitidos, ello en razón de estimarse para ambos una respuesta común. Estima la impetrante la vulneración del artículo 24.1 y 2 a) del Código Procesal Civil; que dispone: “EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CIVIL. 1. La jurisdicción en el ámbito civil solo podrá ser ejercida por los órganos del Poder Judicial. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles se determinarán por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los Tratados y Convenios Internacionales en los que Honduras sea parte”. 2.- Los órganos jurisdiccionales civiles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes: a) Se haya interpuesto demanda o solicitada ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución conforme a las normas del Derecho Internacional Público”. Encontramos que los argumentos esgrimidos por la impetrante no encuentran acogida por parte nuestra, ello se estima así, por no existir la vulneración alegada al quedar establecido que en el caso de autos las actuaciones llevadas a cabo por la jurisdicción ordinaria nacional se han hecho por un tribunal con competencia para conocer del asunto sometido a su conocimiento y respetando en todo momento el debido proceso; tal situación de competencia jurisdiccional tácita encuentra sustento en el hecho irrebatible de que el organismo internacional COCESNA, ha consentido voluntariamente someterse a la jurisdicción nacional en la demanda interpuesta en su contra, corroborándose con la contestación de la demanda por parte de la misma, ocasión en la que bien pudo haber interpuesto la declinatoria por incompetencia de jurisdicción del referido tribunal, al no hacerlo así, tácitamente ha consentido someterse a la misma. Necesario es rememorar que en el caso que nos ocupa, el proceso civil se ha desarrollado en igualdad de condiciones para ambas partes (Debido Proceso), evidentemente el mismo ha tenido una dilatada trayectoria (incluso con recursos de amparo), y que ahora tiene su culminación con el conocimiento y resolución del presente recurso de casación. Sobre este mismo asunto, es precisamente el fallo de la justicia constitucional de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis y que obra en el expediente N° 142-2014, mediante el cual la Sala de lo Constitucional de este Alto Tribunal, falló otorgando el recurso de reposición interpuesto a favor del señor Zelyn Sánchez Reyes, contra la sentencia dictada por esa misma Sala; precisamente lo expuesto en tal fallo, es lo que sirve de sustento a la sentencia de segunda instancia impugnada hoy en vía casacional, argumentos constitucionales que han dejado expresado lo siguiente: “...en vista de haberse sometido a la jurisdicción y competencia de la justicia ordinaria, sin invocar alguna excepción de incompetencia mediante declinatoria por tratarse de un asunto que corresponde a Tribunales extranjeros, es menester considerar que deberá de sujetarse dicha parte procesal a las consecuencias derivadas de dicho procesamiento”. En ese mismo orden de ideas y en relación a la extensión y límites del orden jurisdiccional civil de los tribunales hondureños, los supuestos que enuncia el contenido del artículo 24.1 del Código Procesal Civil, refiere el primero a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ley que si bien es cierto actualmente no existe, no concita un vacío legal, pues tenemos la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que en sus artículos 143 y 145 señalan: art. 143: “El Juzgado o Tribunal a que los litigantes se sometieren, expresa o tácitamente, será el competente para conocer de los pleitos y actos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles, siempre que la sumisión se haga en quien tenga jurisdicción para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado”; y art. 145: “Se entenderá hecha la sumisión tacita: 1° Por el demandante, en el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda. 2° Por el demandado, en el hecho de hacer, después de personado en juicio, cualquier gestión que no sea la de proponer la declinatoria”. El segundo de ellos se refiere a abstenerse de conocer de un asunto que, en virtud de un tratado o convenio internacional suscrito por Honduras, esté atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado; al respecto es menester hacer cita de lo dispuesto por el Código de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante), que en su artículo 318 establece que será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en el su domicilio y salvo el derecho local contrario. La sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohíbe la ley de su situación. Igualmente le es aplicable del referido Código el artículo 322, mismo que indica que se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda, y por el demandado con el hecho de practicar, después de personado en el juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. En ese mismo sentido tenemos que la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), se rige por el Convenio Constitutivo, el Acuerdo Sede y el Código de Servicios que son parte del ordenamiento jurídico del SICA, e instrumentos complementarios al Protocolo de Tegucigalpa, los cuales están revestidos del principio de primacía del derecho comunitario, por tanto devienen en ser respetados de buena fe, ello en concordancia con lo señalado en el artículo 26 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados “Pacta Sunt Servanda”; todo lo cual reafirma la inmunidad de jurisdicción de la que goza el referido organismo internacional; no obstante, los tribunales de los Estados Parte de COCESNA, tendrán competencia en caso de renuncia expresa o tácita. Señalado lo anterior, por las fundamentaciones analizadas en el iter de este fallo, es visto que se desvanece la afirmación de la recurrente demandada, en que por tratarse de un organismo de derecho público internacional y de lo preceptuado en la normativa atinente de COCESNA, la jurisdicción civil nacional no resulta ser la competente para conocer de tal demanda, debiendo haberse deferido su conocimiento a la Corte Centroamericana de Justicia, que dice, si resulta ser la instancia competente para su conocimiento; sobre esto último, es decir el tribunal que la parte recurrente dice ser el competente para el conocimiento de la demanda interpuesta en contra de COCESNA, es menester recordar que en el caso de autos la referida demanda versa sobre Indemnización de Daños y Perjuicios por Violación de Derechos Humanos (artículo 399.1 a) del CPC), por lo que de acuerdo con el artículo 25 del Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, que establece que: “La competencia de La Corte no se extiende a la materia de derechos humanos, la cual corresponde exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; tal instancia supranacional no resulta ser competente para el conocimiento del caso subjudice. Referido lo anterior, se arriba a la conclusión que el fallo proferido por el tribunal de segunda instancia no concita las vulneraciones alegadas, dado que la decisión que en su oportunidad tomó la referida Corte de Apelaciones en el fallo recurrido, al declarar por bien hecho el sometimiento tácito a la competencia de la jurisdicción nacional por parte de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), para conocer de la demanda civil interpuesta en su contra, se ha hecho tomado en consideración la normativa de los instrumentos internacionales citados y lo señalado por la Sala de lo Constitucional como interprete último de la Constitución de la República (vid. artículo 74 de La Ley Sobre Justicia Constitucional), así pues no puede haber vulneración del artículo 24.1 y 2 del Código Procesal Civil; al constatarse que en el caso que nos ocupa, tal organismo internacional hizo renuncia tácita de su inmunidad de jurisdicción, lo cual concita la competencia efectiva de la jurisdicción nacional para conocer la demanda civil.

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
  • Código Procesal Civil, art. 24, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Derecho Internacional Privado ( Código de Bustamante), art. 311 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de Derecho Internacional Privado ( Código de Bustamante), art. 322 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: Milton Jiménez Puerto como Coordinador, Rubenia Esperanza Galeano Barralaga y Gaudy Alejandra Bustillo Martínez, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en esta fecha dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES: La Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), a través de su Presidente Ejecutivo Bayardo Pagoada Figueroa, representada en juicio por el abogad Oscar Raúl Matute Cruz, como recurrente; siendo recurrido el señor Zelyn Sánchez Reyes, representado en juicio por el abogado Alex Javier Carranza Polanco. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS. INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS…”, promovida en fecha veintinueve de octubre del dos mil diez, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, actuando en su condición de apoderado legal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, quien es mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra la CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (COCESNA), a través de su Presidente Ejecutivo, señor Bayardo Pagoada Figueroa, mayor de edad, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, ante el Juzgado de Letras de Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado Alex Javier Carranza Polanco, actuando en su condición de apoderado legal del señor Zelyn Sánchez Reyes, interpuso demanda en contra de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Área (COCESNA), a través de su Presidente Ejecutivo Bayardo Pagoada Figueroa. El libelo de la demanda básicamente apunta los siguientes hechos: I.- Que empezó a laborar en la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Área (COCESNA), el día uno de abril del año dos mil dos, asignado al puesto de Controlador Planificador II, en el departamento denominado Centro América. II.- En fecha once de enero de dos mil ocho, encontrándose en el desempeño de sus labores, recibió por parte de la Gerencia de Recursos Humanos, memorando GRH-008/2008, mediante el cual se le solicitaba que justificara las ausencias de marca en las entradas/salidas de sus respectivos turnos o la falta de registros por ausencia. En esa misma fecha, relata que se dio respuesta mediante memorando dirigido al Licenciado Juan Carlos Trabanino en su condición de Director ACNA, haciéndole saber la justificación requerida, explicando que el reloj de palma de entrada se encontraba en mal funcionamiento (lo cual ignoraba), pero que de igual manera la entrada y salida es registrada en la nota del guardia supervisor de turno, y quien podía dar fe de su asistencia al trabajo. III.- Que en fecha dieciocho de enero de dos mil ocho, recibió memorando de parte de ACNA (Agencia Centroamericana de Navegación Aérea), N° 013/2008, mediante la cual le informan que el memorando de justificación enviado por su persona y dirigido al Licenciado Juan Carlos Trabanino, debió de haberse dirigido a la Gerencia de Recursos Humanos. Respuesta que dice, vulnera su derecho de defensa, pues en todo caso el señor Director, bien pudo haber hecho remisión de la justificación a la Gerencia de Recursos Humanos; IV.- Posteriormente el día treinta de enero de dos mil ocho, mediante memorando GRH-026/2008, se le hace llamado de atención por faltas cometidas, arguyéndose que no hay justificación valida a las faltas de registro de entradas y salidas, con lo cual se hizo caso omiso a las justificaciones ya hechas; V.- Que habiendo sido suspendido de sus labores desde el diecinueve de enero de dos mil ocho, el día seis de febrero de ese mismo año, sorpresivamente se le practicó una prueba antidoping y de alcoholemia, a la cual accede por no tener problemas de consumo de drogas, misma que fue practicada por la doctora en medicina general Rosa Amalia Mazariegos Argucia, empleada de COCESNA, sin que para ello estuviese facultada, ya que la referida prueba solo puede ser practicada por un profesional especializado y facultado por el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras; el resultado positivo por consumo de cocaína y alcohol de tales pruebas, le fue notificado después de seis días, pero no se le practicó una segunda prueba en un laboratorio especializado. Aduce que las actuaciones llevadas a cabo por parte de COCESNA, eran parte de un plan a fin de justificar el despido. VI.- En fecha doce de febrero de dos mil ocho, se llevó a cabo audiencia de descargo en la oficina de la Gerencia de Recursos Humanos del referido organismo, misma en donde se le informo los resultados de las pruebas practicadas, ocasión en la que el solicito que tales pruebas se practicaran nuevamente en un laboratorio clínico, a elección de COCESNA, debiendo asistir a tal practica su apoderado legal y un representante del referido organismo, propuesta que fue aceptada por ambas partes. VII.- Que, tratando de dar cumplimiento a lo acordado, se presento en las instalaciones de COCESNA, pero no se obtuvo ninguna respuesta positiva, razón por la cual ha iniciativa propia, se le practicaron dos exámenes clínicos, uno en el Laboratorio Micro-Lab y el otro en la Cruz Roja Hondureña, mismos que arrojaron resultados negativos. En tal razón, en fecha diecinueve de febrero de dos mil ocho, se le hizo llegar nota al ingeniero José Ramon Oyuela, en su condición de Presidente Ejecutivo de COCESNA, adjuntado con la misma los resultados de la prueba antidoping practicadas. VIII.- El día veintiuno de febrero de dos mil ocho, se recibió nota mediante la cual COCESNA notifica la decisión de dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad indemnizatoria. Ante el despido suscitado acudió a las autoridades administrativas del Ministerio del Trabajo, en donde se dio por agotada la vía administrativa. Habiéndose ganado en las dos instancias la demanda laboral interpuesta contra COCESNA, dicha institución por medio de su representante lo convocó a una reunión para llegar a un arreglo para la indemnización laboral; ocasión en la que accedió al acuerdo propuesto, dada la necesidad económica por la que atravesaba. IX.- En fecha veinticuatro de julio de dos mil ocho, se hizo solicitud a la Presidencia Ejecutiva de COCESNA, a fin de que se pusiera a la vista el expediente administrativo y se extendiera copia íntegra del mismo. La respuesta mediante el oficio GRH-042/2008, fue negativa, ante lo cual en fecha seis de agosto de ese mismo año se hizo solicitud al Instituto de Acceso a la Información Pública, a fin de que se implemente una revisión ante una denegatoria de información pública. El referido Instituto emitió Resolución N° 41-2008 de fecha dos de septiembre de dos mil ocho; misma que en su parte resolutiva declara Con Lugar la solicitud presentada y exhorta a COCESNA, a permitir el acceso a la información solicitada en forma completa. X.- En fecha diecisiete de julio de dos mil ocho se denuncia ante el Colegio Médico de Honduras a la doctora Rosa Amalia Mazariegos (empleada de COCESNA), para que la misma sea investigada, ya que fue ella la que practico la prueba antidoping, sin que para ello estuviese facultada. En fecha once de septiembre de dos mil ocho, el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, ante solicitud planteada, deja claro que la doctora Rosa Amalia Mazariegos, no esta inscrita ni colegiada en dicho colegio profesional, por tanto, no esta facultada para ejercer la profesión de la microbiología y química clínica. XI.- Con testimonio de la escritura pública número 74 de Acta de constatación de Documentos, de fecha seis de noviembre de dos mil ocho, autorizada por la Notaria Delmy Anarda Banegas; en relación con el expediente de reclamo laboral presentado ante la Dirección General de Trabajo, se acredita que en el mismo obra el resultado de los análisis de la prueba antidoping practicada, quedando claro que respecto de la prueba de alcoholemia es normal; pero con el testimonio de la escritura publica número 43 de Acta de Constatación de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por la Notaria Delmy Anarda Banegas, se constató que posteriormente el mismo fue alterado con relación a la primera acta notarial agregando la letra “a” de tal forma que en la nueva lectura se lee “anormal”, agregándole un sello extra, que anteriormente no existía. XII.- Se interpuso la denuncia respectiva ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, después del procedimiento realizado, se concluyó por parte de la misma que efectivamente se actuó de mala fe y de manera irregular por parte de COCESNA, en la referida prueba antidoping practicada, vulnerándose derechos fundamentales. Todo lo anterior produjo consecuencias negativas de daños y perjuicios en el orden económico, psicológico, social y de salud. Así en el orden familiar y de salud, la enfermedad de epilepsia que padece su menor hijo Erick Enmanuel Sánchez, agravada ante la indisponibilidad de recursos económicos para la compra de sus medicamentos y exámenes, y por la cancelación del seguro médico. Aunado a lo anterior, las deudas se han ido incrementando debido a la pérdida del trabajo, y ante el impago la Cooperativa Sagrada Familia interpuso demanda en su contra, lo que lo orilló a vender su casa y un vehículo por un precio irrisorio. En el aspecto psicológico ha tenido manifestaciones en cuadros de ansiedad y angustia que limitan las actividades sociales, profesionales y personales. Daños y perjuicios que se dejan plasmados en el estudio actuarial realizado por la Licenciada Actuaria Clara María Martínez; cuyo monto al mes de octubre de este año refleja la suma de Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Siete Lempiras Con Veintiún Centavos (L 9,854,177.21). XIII.- Que obran en el expediente administrativo de la Fiscalía de los Derechos Humanos, las actuaciones llevadas a cabo así mismo la decisión tomada, extremo que será verificable en la inspección respectiva de tal expediente. XIV.- Las actuaciones realizadas por COCESNA, en el viciado proceso de prueba antidoping y consecuentemente el despido sufrido ha acarreado perjuicios en su dignidad, salud física y psicológica, imagen, honra, ámbito personal, familiar, social y patrimonial, conllevando su descredito ante la sociedad y la imposibilidad de que otras instituciones lo contraten en su labor de controlador aéreo, todo lo cual provoca que ahora viva en condiciones inhumanas lesivas a la dignidad humana. XV.- El reclamo que se presenta es por los actos y hechos acaecidos desde antes de la practica de la prueba antidoping, hecha ilegalmente, de lo cual ha resultado en los daños y perjuicios enunciados; XVI.- El daño patrimonial causado es cuantioso, en cuanto a inversiones y lucro cesante y el daño extrapatrimonial por la persecución de que ha sido objeto a su buen nombre, imagen y fama profesional, daños que repercuten directamente en la moral y dignidad humana, aunado al daño sufrido en el seno familiar. XVII.- En su caso, la demandada le ha practicado una prueba antidoping de manera irregular, a su arbitrio, circunstancia anómala que incide en una grave lesión espiritual que no puede dejarse de lado, porque ha existido y persiste el impacto, quebranto o sufrimiento psíquico espiritual, quebranto en la salud. La negativa a practicar una segunda prueba antidoping especializada, previamente acordada en la audiencia de descargo, conlleva daño moral, que han tenido su manifestación en molestias, tensión, impotencia, zozobra, temor y mas aun cuando ha existido indefensión; aunado al hecho no se le permitió el acceso a su propia información. Los anteriores padecimientos se han padecido por todos estos años, por eso la reparación de daños y perjuicios, su cuantía ha determinarse con referencia no a la fecha en que se produjo la causa determinante, sino en la que recaiga en la condena definitiva, o en su caso en la fecha en la que se liquide su importe, ello en consonancia con las estimaciones hechas en el estudio actuarial. XVIII.- Se hace cita de los artículos 1360, 1365 y 2236 del Código Civil. SEGUNDO: El día dos de febrero dos mil once, la abogada Melva R. Vásquez, actuando en su condición de representante procesal de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Área (COCESNA), como parte demandada procedió a contestar la demanda incoada, oponiéndose a las pretensiones de la parte demandante; sucintamente expresó lo siguiente: I.- Al Hecho Primero de la demanda se acepta, al reconocer que el señor Sánchez Reyes, fue empleado de COCESNA, y la veracidad de la fecha en que inició sus labores en la institución. II.- Los hechos referidos como SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO y SEPTIMO constituyen una serie de acontecimientos que demuestran la conflictiva personalidad del demandante, que trata de justificar su conducta poniendo a su representada que es un organismo Internacional serio y responsable, como el malo de la película. Se acompañan documentos por los cuales se demuestra que el demandante nunca respeto el Código de Servicios de COCESNA, a cuya fiel observancia se comprometió en el contrato de trabajo. III.- Se acepta el hecho OCTAVO de la demanda en cuanto al despido directo del señor Sánchez Reyes y la demanda laboral; el señor demandante envió en fecha quince junio de dos mil diez, una carta al Presidente Ejecutivo de COCESNA, solicitando se diera por terminado el pleito judicial, y se llegara a un arreglo extrajudicial y si se le pagaban sus prestaciones, salarios caídos y demás prestaciones se retiraba la demanda y él se daba por bien pagado. Dicho arreglo extrajudicial fue aprobado, por lo que se procedió a pagarle al señor Sánchez Reyes. IV.- Respecto de los hechos NUEVE al DECIMO OCTAVO de la demanda incoada, constituyen situaciones que no le corresponden a su representada, por cuanto por su parte se ha cumplido con la obligación contraída en el arreglo o convenio extrajudicial. TERCERO: Son Objeto de Debate todas las pretensiones deducidas en el petitorio de la demanda. CUARTO: Concluido el período de evacuación de pruebas y expuestas las conclusiones finales por parte del abogado Alex Javier Carranza Polanco, actuando en su condición de representante procesal del señor Zelyn Sánchez Reyes, y visto el informe rendido por el señor Secretario del A-Quo, en donde se declara caducado de derecho e irrevocablemente perdido el plazo de seis (06) días concedido a la abogada Melva R. Vásquez, en su condición de representante procesal de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Área (COCESNA), para que formulara las mismas; se citó a las partes para sentencia definitiva. QUINTO: En fecha doce de octubre del año dos mil once, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia, misma que en su parte dispositiva señala lo siguiente: (Sic.) “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ORDINARIA DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS, INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA, Y OTROS, promovida por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de Apoderado legal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, en contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), representada por su Presidente Ejecutivo señor BAYARDO PAGOADA FIGUEROA; todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, en consecuencia; 2) CONDENA, a la Sociedad Demandada CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), a pagar al señor ZELYN SANCHEZ REYES como parte demandante o su Apoderado Legal la suma de DOCE MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LEMPIRAS LPS. 12,080,916.79) calculados al mes de Octubre del presente año dos mil once, misma que se incrementara hasta que este fallo cause ejecutorio y de acuerdo al Libro de VALORACION DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL SEÑOR ZELYN SANCHEZ REYEZ, y que se encuentra aportado al proceso en carácter de prueba documental fehaciente.- Y MANDA: Que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno, quede firme el presente fallo.- CON COSTAS.- NOTIFIQUESE.” SEXTO: En fecha doce de enero del año dos mil doce, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el juzgado de primera instancia, fallo que en su parte dispositiva señala lo siguiente: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación del que se ha hecho merito, en consecuencia desestima la pretensión deducida ante esta Corte por la apelante, con respecto a la sentencia impetrada; SEGUNDO: CONFIRMANDO la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha doce (12) de octubre del año dos mil once (2011), recaída en la DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.- INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS, promovida por el abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de representante legal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), a través de su Presidente Ejecutivo y/o representante legal el señor BAYARDO PAGOADA FIGUEROA.- TERCERO: CONDENANDO a la parte vencida en este recurso al pago de las costas correspondientes a la segunda instancia.- Y MANDA: Que esta sentencia se notifique a las partes y una vez la misma adquiera el carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional del que proceden, para su ejecución y demás efectos legales.- Redacto el Magistrado BUSTILLO ROMERO.- NOTIFIQUESE.” SÉPTIMO: En fecha trece de marzo del año dos mil doce, la abogada Melva R. Vásquez, en su condición de representante procesal de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Área (COCESNA), interpuso recurso de Casación contra el fallo que se deja relacionado en el numeral anterior. OCTAVO: En fecha tres de septiembre de dos mil trece, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, profirió auto irrecurrible, mismo que en su parte Dispositiva señaló lo siguiente: (Sic) “DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACION interpuesto por la abogada Melva R. Vásquez, en su condición de representante procesal de la Corporación Centroamericana De Servicios De Navegación Área, conocida con las siglas de “COCESNA”, en la demanda que le promoviera el señor ZELYN SANCHEZ REYES, bajo la pretensión de indemnización de Daños y Perjuicios por violación a los Derechos Humanos y que se identifica bajo el expediente 0801-2010-06843 CO. 2.- DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA RECURRIDA, dictada en fecha doce de enero del año dos mil doce, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, e identificada bajo el expediente 0801-2010-06843 CO, por inobservancia a las normas de competencia que todo órgano jurisdiccional esta llamado a examinar de manera previa a la admisibilidad de una pretensión. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán para los efectos consecuentes. Redacto la Magistrada Reina Sagrario Solorzano. NOTIFIQUESE”. NOVENO: En fecha cinco de noviembre de dos mil trece, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos dictó sentencia, misma que en su parte resolutiva señala lo siguiente: “FALLA: OFICIOSAMENTE DECLARANDO NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir e inclusive del auto de admisión de la DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.- INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS, promovida por el abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de representante legal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), a través de su Presidente Ejecutivo y/o representante legal el señor BAYARDO PAGOADA FIGUEROA.- SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA.- Y MANDA : Que esta sentencia se notifique a las partes y una vez que la misma adquiera el carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional del que procede, para su ejecución y demás efectos legales.- NOTIFIQUESE”. DÉCIMO: En fecha nueve de noviembre de dos mil trece, el abogado Alex Javier Carranza Polanco, en su condición de representante procesal del señor Zelyn Sánchez Reyes, presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo en contra de los autos proferidos por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fechas tres y dieciséis de septiembre de dos mil trece. DÉCIMO PRIMERO: En fecha trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del Recurso de Amparo impetrado, profirió fallo, mismo que en su parte dispositiva deja señalado lo siguiente: (Sic) “RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, a favor del señor ZELYN SÁNCHEZ REYES, por ser un acto consumado de modo irreparable, al no ser objeto de ulterior recurso al adquirir firmeza procesal. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE.” DÉCIMO SEGUNDO: En fecha veintidós de noviembre de dos mil trece, el abogado Alex Javier Carranza Polanco, en su condición de representante procesal del señor Zelyn Sánchez Reyes, presentó ante la Corte Segunda de Apelaciones de Civil del departamento de Francisco Morazán, libelo mediante el cual solicita “Que se decrete Nulidad absoluta de actuaciones procesales contenidas en la Pieza de Apelación interpuesta por la Parte Demandada, específicamente del contenido de la sentencia dictada por este tribunal con fecha cinco (5) del mes de noviembre del año dos mil trece por graves violaciones al derecho de defensa y debido proceso.” DÉCIMO TERCERO: En fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, el tribunal de segunda instancia, resolviendo la solicitud planteada, profirió auto mediante el cual en su parte dispositiva resuelve lo siguiente: “DECLARAR SIN LUGAR la nulidad absoluta de actuaciones presentada por el abogado Alex Javier Carranza Polanco, en su condición de parte apelada, contra la sentencia de fecha cinco (5) de noviembre de dos mil trece (2013). NOTIFIQUESE”. DÉCIMO CUARTO: En fecha veinte de febrero de dos mil catorce, el abogado Alex Javier Carranza Polanco, en su condición de representante procesal del señor Zelyn Sánchez Reyes, presentó ante la Corte Segunda de Apelaciones de Civil de Francisco Morazán, escrito mediante el cual interpone recurso de casación contra el fallo proferido por ese tribunal en fecha cinco de noviembre de dos mil trece. DÉCIMO QUINTO: En fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dicto auto mediante el cual establece en su parte dispositiva lo siguiente: “UNICO: En base a lo anteriormente expuesto RECHÁCESE A TRAMITE el recurso de Casación interpuesto por el abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de parte apelado contra sentencia de fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil trece (2013), en virtud de no estar contemplada la resolución de merito en ninguno de los preceptos establecidos por la ley como recurrible por dicha vía extraordinaria de impugnación. NOTIFIQUESE.” DÉCIMO SEXTO: En fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del Recurso de Reposición interpuesto por el abogado Alex Javier Carranza Polanco, en su condición de representante procesal del señor Zelyn Sánchez Reyes, en contra de la sentencia dictada por esa misma Sala en fecha diez de marzo de dos mil quince y por la cual se falla declarando la inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento de la acción constitucional formulada en sede de amparo constitucional contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán; sentencia de la Sala Constitucional que en su parte resolutiva señala lo siguiente: (Sic) “RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE REPOSICION interpuesto por el abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, a favor del señor ZELYN SÁNCHEZ REYES, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha diez de marzo de dos mil quince (2015). 2) OTORGAR el recurso de amparo del cual se ha hecho merito, en vista de las razones supra relacionadas, haciendo reenvió a la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil para los efectos conducentes a hacer prevalecer la garantía del debido proceso en el presente caso. Y MANDA: Que se certifique la presente resolución y se envié al tribunal de apelaciones de su procedencia para los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE.” (Vid Folios 237-239 Tomo II, Pieza de apelación). DÉCIMO SÉPTIMO: En fecha doce de abril de dos mil dieciséis, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el caso de autos, profirió sentencia, misma que en su parte dispositiva establece lo siguiente: “PRIMERO: DE OFICIO DECLARAR NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir e inclusive del auto de admisión de la DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.- INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS, promovida por el abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de representante legal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), a través de su Presidente Ejecutivo y/o representante legal el señor BAYARDO PAGOADA FIGUEROA.- SEGUNDO: Que tal y lo dispone la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la controversia aludida deberá ser sometida a órgano o tribunal con jurisdicción internacional. SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA. Y MANDA: Que esta sentencia se notifique a las partes y una vez que la misma adquiera el carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional del que proceden, para su ejecución y demás efectos legales. NOTIFIQUESE.” DÉCIMO OCTAVO: En fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el abogado Alex Javier Carranza Polanco, actuando a favor del señor Zelyn Sánchez Reyes, presentó ante la Corte Segunda de Apelaciones de Civil de Francisco Morazán, libelo mediante el cual solicita: “Que se decrete la Nulidad absoluta de las actuaciones desde e inclusive la sentencia de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), por infracciones de ley…” DÉCIMO NOVENO: En fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, la Corte Segunda de Apelaciones de Civil de Francisco Morazán, dando respuesta a la solicitud planteada, emitió resolución que en su parte dispositiva señala lo siguiente, “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la nulidad absoluta de actuaciones presentada por el abogado Alex Javier Carranza Polanco, en su condición de parte apelada, contra la sentencia de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada por esta Corte. SEGUNDO: DELARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Alex Javier Carranza Polanco, en su condición de parte apelada, contra la sentencia antes descrita. NOTIFIQUESE.” VIGÉSIMO: En fecha veintiséis de julio del año dos mil dieciséis, el abogado Alex Javier Carranza Polanco, actuando a favor del señor Zelyn Sánchez Reyes, interpuso y formalizó recurso de Casación contra la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha doce de abril de ese mismo año. VIGÉSIMO PRIMERO: En fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el escrito contentivo de recurso de casación interpuesto por el abogado Alex Javier Carranza Polanco, actuando a favor del señor Zelyn Sánchez Reyes, contra la sentencia de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, profirió resolución, la cual en su parte resolutiva señala lo siguiente: “UNICO: INADMITASE A TRAMITE, el recurso de casación interpuesto por el abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de parte apelado, contra la sentencia de fecha doce (12) de abril de dos mil dieciséis (2016), dictada por esta Corte, en virtud de no estar contemplada la resolución de mérito en ninguno de los preceptos establecidos por la ley como recurrible por dicha vía extraordinaria de impugnación. NOTIFIQUESE.”

VIGÉSIMO SEGUNDO: En fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del recurso de reposición interpuesto por el abogado Alex Javier Carranza Polanco, actuando a favor del señor Zelyn Sánchez Reyes, contra la sentencia dictada por esa misma Sala de lo Constitucional en fecha diez de marzo de dos mil quince, y que obra en el expediente constitucional N° 142-2014, por la cual se fallo declarando la inadmisibilidad y consiguientemente sobreseimiento de la acción constitucional de amparo contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil trece, todo ello con relación a la Demanda Ordinaria de Indemnización de Daños y Perjuicios por Violación a los Derechos Humanos. Incumplimiento al Debido Proceso, Derecho de Defensa y Otros, promovida por el abogado Alex Javier Carranza Polanco, en su condición de representante procesal del señor Zelyn Sánchez Reyes, contra la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), a través de su Presidente Ejecutivo y/o representante legal el señor Bayardo Pagoada Figueroa. Sentencia de reposición constitucional que en su parte resolutiva señaló lo siguiente: “RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el RECURSO DE REPOSICION interpuesto por el abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, a favor del señor ZELYN SÁNCHEZ REYES, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha diez de marzo de dos mil quince (2015). 2) OTORGAR el recurso de amparo del cual se ha hecho merito, en vista las relaciones supra relacionadas, haciendo reenvió a la Corte de Apelaciones Segunda de lo Civil para los efectos conducentes a hacer prevalecer la garantía del debido proceso en el presente caso. Y MANDA: Que se certifique la presente resolución y se envié al tribunal de apelaciones de su procedencia para los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE.” VIGÉSIMO TERCERO: En fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el juzgado de primera instancia en fecha doce de octubre de dos mil once; fallo del Ad-Quem que por tanto hace suyos los argumentos fácticos y jurídicos de la primera instancia, y que sobre los Hechos Probados tiene que ver con lo siguiente: I.- Con los medios probatorios aportados por la Parte Demandante denominado Medio de Prueba Documental Uno, resulta probado los siguientes hechos: a) Que mediante los contratos de periodo de prueba (para iniciar labores) y definitivo de fechas uno de abril y treinta de mayo del año dos mil dos, el señor Zelyn Sánchez Reyes, inició una relación laboral en el puesto de Planificador II, en el Departamento denominado Centro América (CENAMER), dependiente de COCESNA; tal y lo planteado en el Hecho Primero de la demanda interpuesta; b) Con el documento denominado Memorando GRH-008/2008 de fecha once de enero de dos mil ocho, quedó acreditado que el Gerente de COCESNA, hizo solicitud al señor Zelyn Sánchez Reyes, a fin de que justificara sus ausencias del registro de entradas y salidas de sus turnos de trabajo; también quedó acreditado la respuesta dada al referido memorando por parte del empleado, justificando las referidas faltas de registro de entrada/salida. Situación expuesta en el Hecho Dos de la demanda impetrada; c) Con el memorando ACNA N° 013/2008 de fecha dieciocho de enero de ese mismo año, quedó acreditado la no recepción de las justificaciones expuestas por el empleado Zelyn Sánchez Reyes, respecto de las referidas faltas de registro de entradas/salidas; arguyéndose para tal negativa por parte de COCESNA, que la nota no fue dirigida al Gerente de Recursos Humanos. Tal situación confirma lo expuesto por el demandante en el Hecho Tercero de su demanda; d) Mediante Memorando GRH-026/2008 de fecha treinta de enero de dos mil ocho, se acreditó que el Gerente de Recursos Humanos de COCESNA, don Manuel E. Leiva hizo un formal llamado de atención al referido empleado por las faltas cometidas; con lo cual se comprueba lo aseverado en el Hecho Cuarto de la demanda; e) Con la autorización de practica de exámenes de orina de fecha seis de febrero de dos mil ocho, se acreditó que el señor Zelyn Sánchez Reyes, dio resultado positivo al mismo con 0.04 grados de alcohol, determinándose en un rango de normal. Posteriormente, en el mismo examen se consignó el rango de anormal, estableciéndose sobre el mismo examen una contradicción, misma que deja expuesta en el Hecho Quinto de la demanda; f) Convocatoria a audiencia de descargos mediante nota de fecha doce de febrero de dos mil ocho, dirigida al señor Zelyn Sánchez Reyes, a fin de que compareciera a la misma e hiciera defensa sobre la prueba de antidoping y de alcohol realizada en fecha seis de febrero de dos mil ocho por la doctora Rosa Amalia Mazariegos; audiencia en la cual el señor Sánchez Reyes, mostró su inconformidad con la prueba que le practicaron, solicitando la practica de un nuevo examen por un laboratorio externo a la institución; nuevo examen que no fue realizado, aun y cuando se prometió realizarlo; y, g) Nota de fecha diecinueve de febrero de dos mil ocho, por medio de la cual el señor Zelyn Sánchez Reyes, pone en conocimiento del Presidente Ejecutivo de COCESNA, los exámenes de laboratorio a él practicados en Laboratorios Micro Lab y en la Cruz Roja Hondureña, cuyos resultados dieron negativos. Con lo anterior queda acreditado el Hecho Séptimo de la demanda. II.- Con los medios probatorios aportados por la Parte Demandante, denominados Medio de Prueba Documental Dos, resultan probados los siguientes hechos: a) La cancelación del contrato laboral del señor Zelyn Sánchez Reyes, de fecha veintiuno de febrero de dos mil ocho, sin ninguna responsabilidad indemnizatoria para COCESNA, justificando tal despido en los resultados de los exámenes de alcohol y cocaína practicados por la doctora de COCESNA. Se constató por tanto el Hecho Octavo de la Demanda; b) Oficio GRH-042/2008 de fecha cinco de agosto de dos mil ocho, emitido por COCESNA, y la Resolución N°48 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública de fecha dos de septiembre de ese mismo año, mediante el primer documento se acreditó que al señor Zelyn Sánchez Reyes, se le negó acceso a su expediente laboral y mediante el segundo que el Instituto de Acceso a la Información Pública, le restableció tal derecho; con ambos documentos se acreditó el Hecho Noveno de la demanda impetrada; c) Nota de fecha once de septiembre de dos mil ocho, emitida por la doctora Miriam Aguilera, en su condición de Presidenta del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, nota mediante la cual se aclara que la doctora Rosa Amalia Mazariegos, en su condición de empleada de COCESNA, no es miembro ni esta colegiada en dicho colegio profesional y tampoco está facultada para ejercer la profesión de la Microbiología y Química Clínica; documento por el cual quedó establecido el Hecho Décimo de la demanda; d) Instrumentos Públicos números 74 y 43 Acta de constatación de documentos y hechos, autorizados por la Notaria Delmy Anarda Banegas Padilla, de fechas seis noviembre de dos mil ocho y veintiocho de septiembre de dos mil nueve, mediante los cuales se acreditó que el resultado respecto al alcohol se determinó como normal, pero posteriormente apareció agregada la letra “a” con lo cual se lee anormal, con lo anterior se demuestra el Hecho Decimo Primero de la demanda; e) Con el requerimiento judicial de pago practicado por parte del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, constancias medicas del menor Erick Enmanuel Sánchez y el libro de valoración de los daños y perjuicios ocasionados por violación de derechos humanos en perjuicio del señor Zelyn Sánchez Reyes, se acreditó el estado de mora del referido señor para con la Cooperativa Limitada Sagrada Familia; los impedimentos sufridos en el tratamiento médico de su hijo y el estudio de carácter profesional que refleja la cuantía por todos los daños y perjuicios ocasionados, se subsumen los mismos en los conceptos de daño al patrimonio familiar, daño al proyecto de vida y daño psicológico y moral, mismos que se han incrementado con el transcurso del tiempo; medios de prueba que acreditan lo planteado en el Hecho Decimo Segundo de la demanda. III.- Con los medios probatorios aportados por la Parte Demandante, denominado Medio de Prueba Número Tres denominado Inspección Personal, se constató en la Fiscalía Especial de Delitos Comunes del Ministerio Publico, específicamente en la denuncia por falsificación de documentos privados en contra de la doctora Rosa Amalia Mazariegos y el señor Manuel Enrique Leyva, lo siguiente: a) De la declaración de la referida doctora, que el examen sobre alcohol y drogas practicado en COCESNA, pudo haber dado como resultado un falso-positivo, o sea que la prueba haya salido positiva sin serlo; por tanto se debió realizar un nuevo examen en un laboratorio especializado. Con lo anterior quedan probados los Hechos quinto, séptimo y décimo séptimo de la demanda interpuesta; b) En fecha veinticinco de noviembre de dos mil nueve, la comparecencia del señor Zelyn Sánchez Reyes, y por la cual relata la historia de vicisitudes padecidas por él y su familia a raíz de su despido de COCESNA, con lo cual se acreditó el Hecho Décimo Quinto de la demanda; y, d) Con la declaración del señor Jaime Neftalí Rodríguez Cabrera en su condición de Jefe del Departamento de Centro América (CENAMER), de COCESNA, quedó establecido que el empleado Zelyn Sánchez Reyes, ha tenido un buen desempeño profesional como controlador aéreo y que su único problema eran sus inasistencias, y no en cuanto al uso de alcohol y drogas. Con lo anterior se tiene por acreditado el hecho séptimo de la demanda. IV.- Con el medio probatorio aportado por la Parte Demandante, denominado Medio de Prueba Número Cuatro denominado Inspección Personal, se constató en la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Publico, específicamente en la denuncia por violación de los Derechos Humanos interpuesta por el señor Zelyn Sánchez Reyes contra COCESNA, lo siguiente: a) La declaración del doctor Raúl Gerardo Batres Alvarado, en su condición de miembro de la comisión investigadora del Colegio Médico de Honduras, rendida en fecha veintiuno de noviembre de dos mil ocho, y en la cual se establece que efectivamente las pruebas antidoping pueden arrojar falsos positivos; que el procedimiento utilizado por la doctora Rosa Amalia Mazariegos, no fue el correcto ya que se concretó a utilizar el procedimiento dado por su autoridad superior COCESNA, siendo esta una prueba sencilla para la determinación de uso de drogas de uso doméstico y no profesional. Con lo señalado se acreditó los hechos quinto y decimo segundo de la demanda; b) Oficio FEDH N° 246-09 de fecha trece de marzo de dos mil nueve, dirigido a la doctora Miriam Margarita Aguilera en su condición de Presidenta del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, y el Oficio de respuesta OFC-10CMQCH-2009 de fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, se establece que la prueba antidoping en orina debió ser realizado por un profesional con experiencia en pruebas toxicológicas, en un laboratorio clínico con licencia sanitaria, y un medico general legalmente no esta facultado para realizar esas pruebas, con lo anterior quedo acreditado el hecho décimo segundo de la demanda; c) Declaración de fecha tres de junio de dos mil nueve, rendida por la doctora en Microbiología Miriam Margarita Aguilera, y mediante la cual ratifica que un medico general solo esta facultado para dar consulta médica, no para hacer pruebas antidoping, debiendo hacerse en legal forma en un laboratorio facultado para ello y siguiendo el procedimiento establecido. Con lo anterior se prueba el hecho décimo segundo de la demanda; d) La declaración rendida nuevamente por el señor Zelyn Sánchez Reyes de fecha siete de octubre de dos mil nueve, en la cual ahonda en los daños que él y su familia han padecido. Con lo anterior se tiene por acreditado el hecho décimo segundo de la demanda; y, e) Con la declaración de la doctora Rosa Amalia Mazariegos, de fecha ocho de octubre de dos mil nueve, se establece que recibió una orden directa del Gerente de Recursos Humanos de COCESNA, el señor Manuel Enrique Leyva Oliva, a fin de que procediera a realizar la prueba antidoping al señor Zelyn Sánchez Reyes, y una vez realizada la misma y en vista de que la prueba practicada había salido positiva se le notifico tal situación al señor Gerente, señalándole que quedaba una muestra para corroborarla en un laboratorio clínico (teniendo una duración entre 8 y 10 días), pero que tal muestra no se envió para su corroboración. Señala también que COCESNA no tiene laboratorio para realizar tal tipo de pruebas, y que la que ella practicó fue una prueba doméstica, que puede arrojar un resultado falso-positivo. Con lo anterior se tiene por acreditado el hecho quinto y décimo segundo de la demanda. V.- Respecto de los medios probatorios aportados por la Parte Demandante, denominado Medio de Prueba Número Cinco testifical, rindieron declaración los señores Jamileth Alejandra Cuadra Carcache y Miguel Ángel Carrasco, deposiciones con las cuales se acreditó los hechos primero, quinto, séptimo y décimo segundo de la demanda interpuesta. VI.- Con los medios probatorios aportados por la Parte Demandante, Medio de Prueba Documental Número Seis, se constató en varios documentos lo siguiente: a) Acta de comparecencia del señor Zelyn Sánchez Reyes, en la Fiscalía de Derechos Comunes del Ministerio Publico, el día veinticinco de noviembre de dos mil nueve, relatando una vez más las violaciones sufridas por él y su familia en sus derechos humanos; b) Constancia de trabajo de fecha siete de diciembre de dos mil siete, por la cual se acreditan varias obligaciones económicas del señor Sánchez Reyes, con lo que se constató el hecho décimo segundo de la demanda; c) Constancia de deuda original del referido señor y por la cual se acreditó las obligaciones económicas que tuvo que enfrentar a fin de subsistir con su familia, lo anterior constata el hecho décimo segundo de la demanda; d) Constancia de trabajo de fecha once de abril de dos mil ocho, y con la cual se acreditó su experiencia laboral en la Dirección General de Aeronáutica Civil en el puesto de Contralor de Tránsito Aéreo I, con lo que quedó acreditado el hecho primero de la demanda; e) Informes originales de la Aseguradora Hondureña Mundial, con los que se prueba que el señor Sánchez Reyes y su familia fueron excluidos de la póliza VC y GM 1396 suscritos por COCESNA, lo anterior constata el hecho décimo segundo de la demanda; f) Con las constancias médicas y de hospitalización del menor Erick Enmanuel Sánchez Fino, hijo del señor Zelyn Sánchez Reyes, se acreditó el quebranto de salud del menor y el elevado costo de su tratamiento médico. Lo anterior constata el hecho décimo segundo de la demanda; g) Varios cobros extrajudiciales de diferentes instituciones que demuestran la precaria situación económica, los daños sufridos por el señor Sánchez Reyes y su familia, con lo cual se acreditó el hecho décimo segundo de la demanda; h) Memorando de fecha dieciséis de abril de dos mil cuatro, para habilitación en el puesto de trabajo, se da por acreditado el entrenamiento del señor Sánchez Reyes, para optar a dicha función. Lo anterior reitera el hecho primero de la demanda; i) Memorando N° 070/2002 de fecha veintitrés de mayo de dos mil dos, que acredita las evaluaciones satisfactorias del señor Sánchez Reyes, con lo cual se acreditó el hecho primero de la demanda; j) Dos Memorandos, G-ATS N° 181-2004, del seis de agosto de dos mil cuatro, y G-ATS N° 113/2005 de fecha veintinueve de abril de dos mil cinco, se tiene por acreditado las capacitaciones, logros y mejoras salariales del señor Sánchez Reyes, como empleado del referido organismo internacional, acreditándose el hecho primero de la demanda; y, k) Documentos varios (diplomas, certificados de capacitación, reconocimientos), que acreditan la formación profesional en su puesto de trabajo de contralor aéreo del señor Zelyn Sánchez Reyes. VII.- La Parte Demandada, propuso los siguientes medios probatorios: a) Copia certificada del contrato de trabajo (N°1) celebrado entre COCESNA y el señor Zelyn Sánchez Reyes; b) Copia certificada de la carta de fecha quince de junio de dos mil diez, enviada por el señor Sánchez Reyes al Presidente Ejecutivo de COCESNA, mediante la cual le pide un arreglo extrajudicial en la demanda laboral que le tiene incoada a dicho organismo; c) Copia certificada del contrato privado celebrado entre el señor Zelyn Sánchez Reyes y el señor Presidente Ejecutivo de COCESNA, mediante el cual el mismo renuncia a su petición de reintegro en la institución y acepta sus prestaciones laborales; d) Copia certificada del Memorando AA021/2007 (N°4), relativo a la conducta del señor Sánchez Reyes; e) Copia certificada del Memorando AA030/2007 (N°5 y 6), relativo a la conducta del señor Sánchez Reyes; f) Copia certificada de la carta enviada a COCESNA, por la administración de “Apartamentos Hotel Oporto” de Ilopango San Salvador, El Salvador (N°7), relativo a la conducta del señor Sánchez Reyes; g) Copia certificada del Memorando ICCAE 052/2009, reportando conductas irregulares del señor Sánchez Reyes(N°8); h) Copia certificada del Diario Oficial La Gaceta de fecha veintiuno de mayo de dos mil uno, contentivo del Decreto N° 20-2001 del Congreso Nacional de la República, destacando de tal Decreto el artículo número 5 (N°9); i) Copia certificada del cheque contentivo del pago de todos los derechos laborales reclamados judicialmente por el señor Sánchez Reyes a COCESNA (N°10); y, j) Memorando G-ATS N°122/2004(N°11). VIII.- Respecto de los medios probatorios documentales propuestos por la parte Demandada, los mismos no fueron evacuados por la parte proponente, con lo cual se tiene que la misma no pudo desvirtuar los hechos alegados y probados por la parte demandante. El fallo del Ad-Quem en su parte dispositiva señaló lo siguiente: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación del que se ha hecho mención y por ende desestima las pretensiones del recurrente. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha doce (12) de octubre del año dos mil once (2011), en la demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios por violación a los derechos humanos.- incumplimiento al debido proceso, derecho de defensa y otros instada por el abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de Apoderado legal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, en contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), a través de su Presidente Ejecutivo y/o representante legal el señor BAYARDO PAGOADA FIGUEROA.- TERCERO: SE CONDENA a la parte vencida en juicio al pago de las COSTAS en esta instancia.- Y MANDA: Que esta sentencia se notifique a las partes y una vez la misma adquiera el carácter de firme con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE.” VIGÉSIMO CUARTO: La abogada María Elena Matute de Hernández, actuando en su condición de representante procesal del “ORGANISMO INTERNACIONAL CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA)”, en fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. VIGÉSIMO QUINTO: El abogado Alex Javier Carranza Polanco, actuando en su condición de representante procesal del señor Zelyn Sánchez Reyes, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. VIGÉSIMO SEXTO: Recibidas las actuaciones en este alto Tribunal, y una vez formado el expediente número S.C. 288-2019, contentivo del recurso de casación, los abogados María Elena Matute de Hernández y Alex Javier Carranza Polanco, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veintiuno y veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. VIGÉSIMO SÉPTIMO: En fecha ocho de junio del año dos mil veintidós, esta Sala de lo Civil en nombre de la Corte Suprema de Justicia profiere auto irrecurrible y declara: “I.- LA ADMISIÓN del recurso de casación en sus motivos PRIMERO Y SEGUNDO, planteados por la abogada María Elena Matute de Hernández, actuando en su condición de representante procesal de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; en fecha 19 de agosto del año 2019. II. LA INADMISIÓN del recurso de casación en sus motivos TERCERO Y CUARTO, planteados por la abogada María Elena Matute de Hernández, en su condición ya indicada. III. Considerando necesario esta Sala la celebración de audiencia de vista, señálese la misma para el día martes 23 de agosto del 2022, a las nueve 9:30 a.m., la cual se llevará a cabo en el Salón de Prensa del Poder Judicial. NOTIFIQUESE.” VIGÉSIMO OCTAVO: En virtud de haberse presentado un incidente de recusación, este Tribunal suspendió la audiencia de vista señalada en el auto irrecurrible de fecha ocho de junio de dos mil veintidós, habiéndose señalado nueva audiencia de vista para el día miércoles veintiséis de abril de dos mil veintitrés, a las diez de la mañana, la cual dio inicio con la comparecencia del Pleno de Magistrados que conforman la Sala de lo Civil, Milton Jiménez Puerto como Coordinador, Rubenia Esperanza Galeano Barralaga y Gaudy Alejandra Bustillo Martínez, y los abogados Oscar Raúl Matute Cruz, en su condición de representante procesal de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), y Alex Javier Carranza Polanco, quien actúa como representante procesal del señor Zelyn Sánchez Reyes; el Magistrado Coordinador de la Sala, declaro iniciada la audiencia y se procedió por su orden a ceder la palabra, primero al abogado Oscar Raúl Matute Cruz y después al abogado Alex Javier Carranza Polanco, quienes expusieron, el primero de ellos, a favor de los argumentos contenidos en los motivos de casación Primero y Segundo admitidos por la Sala de lo Civil y el segundo en contra de lo expuesto en los referidos motivos admitidos a trámite por parte de la Sala de lo Civil. Una vez escuchados ambos representantes procesales, se dio por terminada la audiencia, no sin antes hacerles saber a los ilustres abogados, que la Sala dictara en el plazo establecido por la ley la sentencia respectiva. II. MOTIVACIÓN JURÍDICA 1. Respecto de las garantías judiciales, el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, establece en su artículo 2: “1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.” 3. Por su parte, La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; preceptúa en su artículo 17: “Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.”; encontramos también el artículo 18 que dice: “Derecho de justicia. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados.”, y el artículo 24 Derecho de Petición: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.” 4. El artículo 5 de La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y Organizaciones Internacional o entre Organizaciones Internacionales, de abril de 1988, preceptúa: “Tratados constitutivos de Organizaciones Internacionales y Tratados adoptados en el ámbito de una Organización Internacional. La presente Convención se aplicará a todo Tratado que sea un instrumento constitutivo de una Organización Interna Nacional y a todo Tratado adoptado en el ámbito de una Organización Internacional, sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la organización”; y lo dispuesto por el artículo 26 que dice: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”; por su parte el artículo 27: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. 5. La Convención de la Naciones Unidas Sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y Sus Bienes, establece en el artículo 5 lo siguiente. “Todo Estado goza, para si y sus bienes, de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado, según lo dispuesto en la presente Convención.”; el artículo 8.1 señala que: “Ningún Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción en un proceso ante un tribunal de otro Estado: a) ..., b) si ha intervenido en ese proceso o ha realizado cualquier otro acto en relación con el fondo…”6. El Código de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante) establece, para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada estado contratante, en su artículo 3, lo siguiente: “… III.- Las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes o de algunas de ellas, denominadas voluntarias o de orden privado.” Por su parte el artículo 4 señala que: “Los preceptos constitucionales son de orden público internacional.”; el artículo 6 apunta: “En todos los casos no previstos por este código cada uno de los estados contratantes aplicara su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados en el artículo 3.” Respecto de las reglas generales de competencia en lo civil y mercantil, tenemos que el artículo 318 señala: “Sera en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que de origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en el su domicilio y salvo el derecho local contrario ……”; por su parte el articulo 319 al respecto apunta: “La sumisión solo podrá hacerse a un juez que ejerza jurisdicción ordinaria y que la tenga para conocer de igual clase de negocios y en el mismo grado.”; en ese mismo sentido el articulo 322 anota: “Se entenderá hecha la sumisión tacita por el demandante con el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda y por el demandado con el hecho de practicar, después de personado en juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. …..”. 7. La Constitución de la República en el Título I Capítulo III de los Tratados, establece en el párrafo segundo del artículo 16: “…Los Tratados internacionales, celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entren en vigor, forman parte del derecho interno.” A su vez el artículo 18 constitucional señala: “En caso de conflicto entre el tratado o Convención y la ley, prevalecerá el primero.” 8. Respecto de Las Declaraciones el artículo 59 de nuestra Carta Magna, proclama: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable…”; y el artículo 64 “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.” 9. El Título III, Capítulo II de los Derechos Individuales de la Constitución de la República en su artículo 82, garantiza la inviolabilidad del derecho de defensa, y el libre acceso a los tribunales de los habitantes de la República, para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes; por su parte el párrafo primero del artículo 90 preceptúa: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” 10. El artículo 313 de la Constitución de la República, entre otras atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, señala: “5. Conocer de los recursos de habeas corpus, habeas data, casación, amparo, revisión e inconstitucionalidad de conformidad con la constitución y la ley.”. 11. En relación a su competencia, El Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, establece en el artículo 25: “La competencia de La Corte no se extiende a la materia de derechos humanos, la cual corresponde exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 12. Por el principio de acceso a los Juzgados, reconocido en el artículo 1 deI Código Procesal Civil, toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso. 13. Para el ejercicio de los Derechos Civiles artículo 3 del Código Procesal Civil, sobre el debido proceso señala que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los tramites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por un órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. 14. El artículo 23 del Código Procesal Civil señala: “PRESUPUESTOS QUE AFECTAN AL ÓRGANO JURISDICIONAL. El conocimiento de un litigio fundado en derecho privado se atribuirá al juzgado o tribunal que posea jurisdicción, competencia civil genérica, competencia objetiva, funcional y territorial y, en su caso, sea designado conforme a las normas de reparto de casos”; 15. El artículo 24.1.2 del Código Procesal Civil, señala: “EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CIVIL. 1. La jurisdicción en el ámbito civil solo podrá ser ejercida por los órganos del Poder Judicial. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles se determinarán por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que Honduras sea parte.”. 2. Los órganos jurisdiccionales civiles se abstendrán de conocer de los asuntos que se le sometan cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias siguientes: a) Se haya interpuesto demanda o solicitando ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución conforme a las normas de derecho internacional público.” 16. El artículo 399.1 a) del Código Procesal Civil, señala lo siguiente: “Se conocerán y se decidirán por los trámites del proceso ordinario cualquiera que sea su cuantía, las demás relativas a la materia civil: a) Tutela de derechos fundamentales y derechos honoríficos…”. 17. El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 18. El Código Procesal Civil establece en el artículo 726.1, el alcance resolutivo del fallo a dictar por la Sala, que consiste en confrontar los motivos que fueron admitidos por este alto tribunal, con la sentencia recurrida, en el presente caso, la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis. 19. El artículo 143 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales dice: “El Juzgado o Tribunal a que los litigantes se sometieren, expresa o tácitamente, será el competente para conocer de los pleitos y actos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles, siempre que la sumisión se haga en quien tenga jurisdicción para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado”. 20. La Sala retoma los argumentos de la impetrante en el Primer Motivo expuesto y que sucintamente tienen que ver con lo siguiente: a) Que el tribunal de alzada, en el fallo proferido ha infringido la citada norma procesal que regula el límite y extensión de la jurisdicción; b) Dicha infracción concretamente se deja plasmado en el número CINCO del acápite denominado “FUNDAMENTOS JURÍDICOS” del fallo, cuando se señala: “Este Ad-Quem a la luz de lo expresado por la Sala de lo Constitucional considera que por ser esta el ultimo interprete de la norma constitucional (artículo 74 de la Ley sobre Justicia Constitucional) y de haber identificado violación al debido proceso en la tramitación del Recurso de Apelación puesto a discusión a este Tribunal de segunda instancia y estimar que la parte demandada/apelante, en vista de haberse sometido a la jurisdicción y competencia de la justicia ordinaria, sin invocar alguna excepción de incompetencia mediante declinatoria por tratarse de un asunto que corresponde a Tribunales extranjeros, es menester considerar que deberá de sujetarse dicha parte procesal a las consecuencias derivadas de dicho procesamiento”; c) Que el tribunal Ad-quem al hacer suyos los argumentos expresados por el A-quo, incurre en la infracción procesal de la norma relativa a la extensión y límite de la jurisdicción, ello porque se pretende ejercer una potestad jurisdiccional que le está vedada; potestad jurisdiccional que le corresponde a la Corte Centroamericana de Justicia, conforme al Convenio Constitutivo en el que se crea el Organismo de Integración Centroamericana; d) Que en el fallo dictado se ha producido la infracción procesal grave y esencial de la norma que rige el presupuesto procesal imperativo de la jurisdicción, cuando en el presente caso, se ha interpuesto demanda contra La Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), que goza de inmunidad de jurisdicción y de ejecución, infracción procesal por cierto denunciada oportunamente en el recurso de apelación radicado contra la sentencia fallada por el A-quo, cumpliendo así con la denuncia oportuna ante el quebrantamiento de la norma esencial y determinante de los límites y extensión del órgano jurisdiccional infractor; e) Que la señalada vulneración esencialmente tiene incidencia en la parte dispositiva de la sentencia recurrida, ello porque la jurisdicción es un presupuesto procesal o fuero imperativo o sea por normas “que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo esta preñado de invalidez radical, absoluta y no subsanable”, por tanto su aplicación y observancia era obligatoria, ya que al no hacerlo entraña violación a las normas legales imperativas; f) Que el tribunal de alzada en el fallo proferido no ha sopesado que la jurisdicción como ámbito del Poder Judicial tiene límites, mismos que no pueden ser rebasados; por tanto es “prius” que debe concurrir ante la presentación de una pretensión, el analizar si tiene o no tiene jurisdicción según mandato imperativo de la norma. La validez de todo proceso pasa porque el conflicto a de plantearse ante el órgano jurisdiccional territorialmente competente conforme a las reglas y normas que gobiernan su extensión y límite de los mismos, claramente indicados en el numeral 1 y 2 del artículo 24 del Código Procesal Civil; que preceptúa: “ARTÍCULO 24.- EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CIVIL. 1. La jurisdicción en el ámbito civil solo podrá ser ejercida por los órganos del Poder Judicial. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles se determinarán por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que Honduras sea parte. 2. Los órganos jurisdiccionales civiles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes: a) Se haya interpuesto demanda o solicitada ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución conforme a las normas del Derecho Internacional Público. b) En virtud de un tratado o convenio internacional en el que Honduras sea parte, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado. c) No comparezca el demandado emplazado en debida forma, en los casos en que la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales hondureños únicamente pudiera fundarse en la sumisión tácita de las partes. d) Exista convenio o cláusula válida de sometimiento del conflicto a arbitraje.” Asimismo, el artículo 143 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales dice: “El Juzgado o Tribunal a que los litigantes se sometieren, expresa o tácitamente, será el competente para conocer de los pleitos y actos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles, siempre que la sumisión se haga en quien tenga jurisdicción para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado”. De lo anterior resulta que el ostentar jurisdicción como presupuesto procesal imperativo es el elemento fundamental y determinante para la validez del proceso, por ello es que se preceptúa en el artículo 23 del Código Procesal Civil “PRESUPUESTOS QUE AFECTAN AL ÓRGANO JURISDICIONAL. El conocimiento de un litigio fundado en derecho privado se atribuirá al juzgado o tribunal que posea jurisdicción, competencia civil genérica, competencia objetiva, funcional y territorial y, en su caso, sea designado conforme a las normas de reparto de casos”; norma mediante la cual se establece la competencia de los Tribunales, señalando como requisito esencial que el conocimiento le este atribuido al Tribunal que posea los presupuestos procesales imperativos que la norma establece, en el caso de autos la misma norma procesal infringida le indica al Tribunal que el Convenio Internacional del que Honduras es signatario es el que determina el límite y jurisdicción pertinente; g) Debió el Ad-Quem conocer prima facie que el sujeto y bienes sobre los que se interpuso la demanda, gozan de inmunidad absoluta de jurisdicción, infracción grave que se acentúa porque conoció que la demandada está sujeta única y exclusivamente a un Tribunal Internacional y Supranacional con jurisdicción y competencia amplia y completa y con carácter obligatorio para todos los Estados y que las facultades se le atribuyen con carácter excluyentes son jurisdiccionales, tal y como es la Corte Centroamericana de Justicia, a quien toca resolver los problemas que surjan en el desenvolvimiento operacional de los Órganos del Sistema de Integración Centroamericana, siendo precisamente la demandada recurrente, uno de esos órganos; h) Que la soberanía estatal, se ve limitada por el sometimiento a la jurisdicción de una Corte Internacional, ello implica que los Estados acatan sus decisiones, ya que esa independencia y autonomía de la Corte nace de la delegación de poderes que hacen los propios Estados; en el caso en ciernes se debió conocer y resolver observando la aplicación e interpretación de los Tratados, donde impera el principio pacta sunt servanda, es decir que todo Tratado obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe y que en cuanto al derecho interno de los Estados parte de un Tratado, estos no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del Tratado; lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y Organizaciones Internacional o entre Organizaciones Internacionales, de abril de 1988, que preceptúa: “Tratados constitutivos de Organizaciones Internacionales y Tratados adoptados en el ámbito de una Organización Internacional. La presente Convención se aplicará a todo Tratado que sea un instrumento constitutivo de una Organización Interna Nacional y a todo Tratado adoptado en el ámbito de una Organización Internacional, sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la organización”; y lo dispuesto por los artículos 26 que dice: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”; y el artículo 27 dice: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. La citada normativa se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 de dicha Convención; i) El Convenio Constitutivo de la CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (COCESNA) creada por los Plenipotenciarios de los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como el Convenio Sede suscrito por los mismos y el Código de Servicios que la gobiernan y conforman un solo cuerpo y estamento jurídico internacional establecen con absoluta claridad no solo la absoluta inmunidad de jurisdicción que ampara la institución y sus bienes, sino que también indican con absoluta claridad los procedimientos, instancias y Tribunal para conocer y juzgar los conflictos que se originen en su desenvolvimiento institucional se indica con precisión el Tribunal al que están sometidos los Órganos del Sistema de Integración Económica Centroamericana. La infracción procesal de las normas infringidas es absolutamente inexplicable, por parte de ambas instancias, pues supieron que no se tenía jurisdicción para conocer del asunto, además sabían a qué Tribunal le correspondía tal jurisdicción y competencia para conocer lo planteado, esto es la Corte Centroamericana de Justicia; y, j) Se destaca en este Primer Motivo, que la Corte Centroamericana de Justicia tiene competencia exclusiva para conocer de asuntos como los que nos ocupan, es decir que la misma se establece con exclusión de cualesquier otro Tribunal; todo lo cual lleva a la conclusión que estando establecida, conocida y acreditada tanto la inmunidad plena y absoluta de jurisdicción incluso para el caso de ejecución y señalado el Tribunal que tiene jurisdicción y competencia conforme al Convenio creador suscrito y del que Honduras es parte, los tribunales nacionales debieron abstenerse de conocer del mismo. 21. La Sala de lo Civil retoma los argumentos expuestos por la impetrante en el Segundo Motivo, impugnación por infracción procesal en la aplicación e interpretación de las normas procesales que gobiernan la extensión y límites de los órganos jurisdiccionales civiles, contenidas en la norma procesal artículo 24.2 letra a) del código procesal civil; que dispone: “EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CIVIL. 1... 2. Los órganos jurisdiccionales civiles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes: a) Se haya interpuesto demanda o solicitada ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución conforme a las normas del Derecho Internacional Público. Sucintamente los argumentos expuestos tienen que ver con lo siguiente: a) Que el tribunal de alzada en el fallo proferido incurre en dicha infracción, específicamente en el número CINCO del acápite denominado Fundamentos Jurídicos, cuando señala: “Este Ad-Quem a la luz de lo expresado por la Sala de lo Constitucional considera que por ser esta el ultimo interprete de la norma constitucional (artículo 74 de la Ley sobre Justicia Constitucional) y de haber identificado violación al debido proceso en la tramitación del Recurso de Apelación puesto a discusión a este Tribunal de segunda instancia y estimar que la parte demandada/apelante, en vista de haberse sometido a la jurisdicción y competencia de la justicia ordinaria, sin invocar alguna excepción de incompetencia mediante declinatoria por tratarse de un asunto que corresponde a Tribunales extranjeros, es menester considerar que deberá de sujetarse dicha parte procesal a las consecuencias derivadas de dicho procesamiento”. b) Que la estimación y consideración del tribunal Ad-quem, es inexplicable, contradictorio e improcedente, porque se trata de un asunto que corresponde a Tribunales extranjeros y la norma que regula la extensión y límites de los Órganos Jurisdiccionales expresa el mandato de abstenerse de conocer cuando se trata de sujetos o bienes que tengan inmunidad de jurisdicción por razón del Tratado o Convenio de los que Honduras sea parte. c) Procesalmente no es posible que el ad-quem argumente que la demandada-recurrente debe sujetarse a las consecuencias derivadas del procedimiento, cuando lo que correspondía era resolver como se hizo en fecha 3 de septiembre del año 2013, por parte de esta Sala de lo Civil en el auto irrecurrible que dictó decretando la nulidad absoluta de lo actuado por el A-quo dada la evidente infracción a la norma procesal infringida y que se relaciona. d) Que el fallo del ad-quem es contradictorio por cuanto en el número Tercero del acápite Fundamentos Jurídicos detalla y describe la resolución de esta Sala de lo Civil en la cual en este mismo proceso destaca lo establecido en su razonamiento y consideración en el tema de la competencia del Órgano que debería conocer y dirimir la discordia. e) La norma procesal vulnerada manda abstenerse ello significa negación de toda actividad y en el caso de autos, lo relacionado con sujetos o bienes que gozan de inmunidad de jurisdicción; la abstención se produce por estar el Juez incurso en una causa concreta al concurrir determinada condición que le impide actuar. Cuando la norma procesal le indica al órgano jurisdiccional que se abstendrá debió considerar el Ad-quem que tal concepto es imperativo, no disyuntivo y muchos menos optativo, es un concepto imperativo en el orden procesal. f) El fallo del Ad-quem en el número Cinco del acápite Fundamentos de Derecho hace referencia a la resolución de la Sala de lo Civil y plantea en el número Seis del mismo acápite lo que considera una discusión entre la resolución de ambas Salas, la Civil y la Constitucional, sin embargo, ambas Salas coinciden en la existencia de la inmunidad de que goza la parte demandada Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA). Tal apreciación del Ad-Quem resulta errónea, ya que no existe ni discusión ni contradicción alguna en las resoluciones de ambas Salas, ello porque una es la potestad jurisdiccional del órgano jurisdiccional a la que se refiere la parte dispositiva del auto irrecurrible fallado por esta Sala de lo Civil y otra es la sumisión a un órgano jurisdiccional conforme a lo que se refiere el fallo de la Sala de lo Constitucional; g) El artículo 23 del Código Procesal Civil señala: “PRESUPUESTOS QUE AFECTAN AL ÓRGANO JURISDICIONAL. El conocimiento de un litigio fundado en derecho privado se atribuirá al Juzgado o Tribunal que posea jurisdicción, competencia civil genérica, competencia objetiva, funcional y territorial y, en su caso, sea designado conforme a las normas de reparto de casos”; el conocimiento de un litigio se atribuye al Juzgado o Tribunal que tenga o posea jurisdicción competencia civil genérica, competencia objetiva funcional y territorial, siendo pues la jurisdicción un presupuesto procesal imperativo o fuero legal imperativo y por tanto indisponible para las partes como ya se ha dicho, no puede ser afectados por pactos de sumisión tendientes a alterarlos o modificarlos. h) El presupuesto fundamental para que nazca a la vida jurídica la sumisión tacita es la inexistencia de fueros imperativos determinantes de competencia territorial y solo entonces resultan aplicables fueros legales dispositivos, de manera que en cuanto la sumisión solo puede darse en órganos que resulten objetivamente con jurisdicción y competencia y en el caso de autos los órganos jurisdiccionales que han conocido del presente proceso no la tienen por corresponder en forma exclusiva y excluyente a otro Tribunal supranacional, la Corte Centroamericana de Justicia. i) El artículo 143 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, es absolutamente claro y contundente cuando establece en forma indubitable que la sumisión expresa o tácita solo pueda darse cuando se haga en quien tenga jurisdicción para conocer de la misma clase de negocio y en el mismo grado, y en el caso de autos resulta evidente que ni el A-quo ni el Ad-quem pudieron válidamente conocer del asunto planteado, por corresponder esa clase de negocios y en el mismo grado a un Tribunal Supranacional, esto es la Corte Centroamericana de Justicia, la expresión que usa el legislador solo puede darse es limitativa y condicionante, imperativa e ineludible. j) Ambas instancias han ignorado que la sumisión tiene limitaciones que le impiden nacer sin requisitos que la misma norma citada señala en cuanto al Juez o Tribunal y el esencial es que tenga jurisdicción, sino la tienen, como en el caso de autos, la incompetencia es radical y no puede subsanarse con la sumisión y consentimiento de las partes, no pueden las partes legalizar instancias no autorizadas por las normas, mucho menos legitimarlas. 22. Habiéndose dejado señalado en los numerales anteriores los argumentos expuestos por la casacionista en el Primer y Segundo Motivo, esta Sala de lo Civil procede ahora hacer compendio de la motivación fáctica y jurídica de la sentencia impugnada, en lo que concierne directamente con los argumentos esgrimidos por la recurrente, así tenemos que el tribunal de alzada expresa entre otros, lo siguiente: (Sic) “…..CINCO: Este Ad quem a la luz de lo expresado por la Sala de lo Constitucional considera que por ser esta el ultimo interprete de la norma constitucional (artículo 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional) y de haber identificado violación al debido proceso en la tramitación del recurso de apelación a discusión a este tribunal de segunda instancia, y estimar que la parte demandada/apelante, en vista de haberse sometido a la jurisdicción y competencia de la justicia ordinaria, sin invocar alguna excepción de incompetencia mediante la declinatoria por tratarse de un asunto que corresponde a tribunales extranjeros, es menester considerar que deberá sujetarse dicha parte procesal a las consecuencias derivadas de dicho procesamiento, es importante mencionar que como tal y se ha dejado establecido en esta resolución, la Sala de lo Civil con motivo de un recurso de casación impetrado previamente, había esgrimido su razonamiento, y considerar un tema que tenía que ver con la competencia del órgano que debería dirimir la discordia...”. 23. Llevado a cabo la confrontación necesaria de los dos motivos admitidos con el fallo proferido por el tribunal Ad quem, su correspondiente estudio y la normativa nacional como convencional aplicable al caso de autos, corresponde a la Sala determinar si en efecto se ha producido o no la alegada vulneración del artículo 24.1 del Código Procesal Civil, que literalmente señala: (Sic) “EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CIVIL. 1. La jurisdicción en el ámbito civil solo podrá ser ejercida por los órganos del Poder Judicial. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles se determinarán por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que Honduras sea parte”. 2. Los órganos jurisdiccionales civiles se abstendrán de conocer de los asuntos que se le sometan cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias siguientes: a) Se haya interpuesto demanda o solicitada ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución conforme a las normas de derecho internacional público.” La Sala de lo Civil entiende necesario señalar de previo a la respuesta nuestra a modo de introito, que entendemos por principio de inmunidad de jurisdicción, el que está referido a que los Tribunales de un Estado no pueden juzgar a otro Estado, como tampoco a personas jurídicas de carácter internacional investidas de inmunidad. El Estado de Honduras reconoce y hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional; en ese sentido y con respecto al principio de inmunidad, debe ser entendido en armonía con dos elementos a saber: a) La declaración de soberanía contenida en el artículo 12 de la Constitución de la República, que no desconoce “legítimos derechos similares de otros Estados sobre la base de reciprocidad”; y, b) El artículo 15 de la Constitución de la Republica, según el cual Honduras hace suyos “los principios y prácticas del derecho internacional”. Las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes constituyen un principio generalmente aceptado en el derecho internacional, así tenemos que en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas Sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, señala sobre su alcance: “La presente Convención se aplica a la inmunidad de la jurisdicción de un Estado y de sus bienes ante los tribunales de otro Estado”, señalando taxativamente los términos empleados para su aplicación, excluyendo los contratos de trabajo; en ese sentido la Sala considera que la regla de la inmunidad del Estado juega un papel importante en derecho internacional y en las relaciones internacionales. Dimana del principio de la igualdad soberana de los Estados que, como se desprende claramente del apartado 1 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, es uno de los principios fundamentales del orden jurídico internacional. El principio de inmunidad de jurisdicción se concibe como un instrumento para garantizar la autonomía de los agentes internacionales en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, tales privilegios e inmunidades no son un mecanismo para evitar el cumplimiento de las normas de orden público del país sede, sino que priva el respeto y sometimiento a la ley interna de conformidad con las convenciones internacionales aplicables en materia del trabajo o laboral; las organizaciones internacionales tienen la obligación de acatar las normas locales, siempre y cuando estas no obstaculicen sus funciones y actividades, las que existen para garantizar que puedan desempeñar estas funciones con independencia y sin la indebida intervención de los países miembros a través de sus tribunales o por medio de procesos administrativos o intervenciones policiales. En ese orden de ideas, las inmunidades deberán entenderse que no son absolutas y que, de conformidad a los convenios suscritos con los Estados, hay limitaciones o restricciones en ciertas materias, específicamente en lo relativo a contratos de trabajo y otras, cuyas excepciones con respecto a la falta de jurisdicción ya están previstas y no pueden ser invocadas, según el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas Sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes. 24. La parte demandada, en el caso de autos, la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), resulta ser un Organismo Internacional, sujeto al derecho público internacional, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, formada por acuerdos de distintos Estados para tratar aspectos que les son comunes. Necesario resulta entonces, revisar la normativa que rige a COCESNA, misma que señala en su Convenio Constitutivo (adoptado por Honduras), en su artículo 3 que tal Corporación gozará de personalidad jurídica, podrá ejercer derechos, contraer obligaciones y ser representada judicial y extrajudicialmente, para llenar sus fines, tendrá el carácter de institución de utilidad pública; el Convenio Sede suscrito por el Gobierno de Honduras y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), el veintinueve de agosto del año dos mil, tiene como sustento el Convenio Constitutivo de la Corporación, firmado con Honduras el veintiséis de febrero de mil novecientos sesenta y aprobado por el Congreso Nacional el diecisiete de mayo del mismo año, denominándolo como un Organismo Internacional y que su sede es el territorio hondureño, en base a ello, se concede a la Corporación respecto a las obras que realice y servicios que establezca en los respectivos territorios centroamericanos, las facilidades y privilegios necesarios para el desempeño de sus funciones, y acordó las disposiciones pertinentes para el adecuado cumplimiento del mismo, en lo que se refiere a prerrogativas, inmunidades y exenciones de COCESNA, y para los funcionarios prerrogativas e inmunidades de conformidad a los principios y prácticas del derecho internacional. Se establecen en el referido Convenio Sede otros aspectos, así tenemos en el artículo 22: “…. COCESNA cooperará con las autoridades competentes de la República de Honduras para facilitar la administración adecuada de Justicia, velará por el cumplimiento de las leyes del país y ordenanzas de policía y evitará que concurran abusos en relación a las prerrogativas, inmunidades y facilidades mencionadas en el convenio”. Igualmente, en el artículo 23 del mismo instrumento convencional, se declara la obediencia a las leyes internas, “El Gerente General y demás funcionarios de COCESNA se obligan a respetar a las autoridades nacionales y a obedecer las leyes de la República, desde su ingreso al territorio nacional y tendrán derecho a ser protegidos por ellas”. 25. La Sala no desconoce que el Estado de Honduras reconoce la figura de la inmunidad de jurisdicción de los distintos organismos internacionales que se acogen al mismo, una vez seguido el respectivo proceso ordinario de promulgación de la ley, que tiene su ascendencia constitucional por lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución de la República; pero también no es menos cierto que la inmunidad de jurisdicción es un instituto jurídico delimitado y regulado, no tiene el carácter de absoluto; en ese sentido la Sala atiende la llamada inmunidad restringida o relativa que tiene manifestación en: “….distinguir la actuación exterior del Estado según actúe revestido de imperium, esto es, como soberano que realiza actos en el ejercicio del poder público (actos iure imperii), de las actuaciones del Estado como si fuera un simple particular y estuviera sometido a clausulas normales de derecho privado y no a clausulas exorbitantes (actos iure gestionis)[1]; el organismo internacional denominado Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), goza de la prerrogativa de inmunidad de jurisdicción en nuestro país. Sin embargo, el thema decidendi, será en el caso concreto que nos ocupa, establecer por parte nuestra, si a la luz de los diferentes tratados internacionales, la Constitución de la República, el Convenio Constitutivo, la normativa procesal civil y la jurisprudencia emanada de este Alto Tribunal, si COCESNA, al gozar de tal prerrogativa de inmunidad de jurisdicción, la misma trasciende en todo momento procesal y puede, por tanto, ser alegada en cualquier etapa del proceso, aun y cuando de inicio y en el ulterior desarrollo del mismo no se haya manifestado nada al respecto, o por el contrario debemos entender que el consentimiento de la parte demandada de someterse a la justicia nacional, se manifiesta desde el inicio del proceso, al no proponer en el momento procesal oportuno, la declinatoria por falta de jurisdicción del juzgado nacional, y señalarle al mismo que tal competencia le corresponde a la Corte Centroamericana de Justicia, tal y lo expuesto por la recurrente. El argumento toral expuesto por la representante procesal del organismo internacional COCESNA, se afinca en que tal entidad goza de inmunidad de jurisdicción. Sobre lo anterior es menester recordar que, en el caso de autos, dicha institución en su momento contestó la demanda interpuesta en su contra, sin oponer ningún tipo de excepción o posteriormente alegando a su favor la referida inmunidad de jurisdicción; tampoco hizo pronunciamiento alguno, o en su caso, no recurrió ante el no pronunciamiento del tribunal a-quo. En la contestación de la demanda interpuesta, incluso la representación procesal de COCESNA hace referencia a que la parte demandante ganó en primera y segunda instancia una demanda laboral en contra de la referida institución, no alegando en aquella oportunidad la llamada inmunidad de jurisdicción, como ahora se plantea en esta vía casacional. 26. La Sala de lo Civil da respuesta conjunta a lo planteado en el Primer y Segundo Motivos admitidos, ello en razón de estimarse para ambos una respuesta común. Estima la impetrante la vulneración del artículo 24.1 y 2 a) del Código Procesal Civil; que dispone: “EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CIVIL. 1. La jurisdicción en el ámbito civil solo podrá ser ejercida por los órganos del Poder Judicial. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles se determinarán por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los Tratados y Convenios Internacionales en los que Honduras sea parte”. 2.- Los órganos jurisdiccionales civiles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes: a) Se haya interpuesto demanda o solicitada ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución conforme a las normas del Derecho Internacional Público”. Encontramos que los argumentos esgrimidos por la impetrante no encuentran acogida por parte nuestra, ello se estima así, por no existir la vulneración alegada al quedar establecido que en el caso de autos las actuaciones llevadas a cabo por la jurisdicción ordinaria nacional se han hecho por un tribunal con competencia para conocer del asunto sometido a su conocimiento y respetando en todo momento el debido proceso; tal situación de competencia jurisdiccional tácita encuentra sustento en el hecho irrebatible de que el organismo internacional COCESNA, ha consentido voluntariamente someterse a la jurisdicción nacional en la demanda interpuesta en su contra, corroborándose con la contestación de la demanda por parte de la misma, ocasión en la que bien pudo haber interpuesto la declinatoria por incompetencia de jurisdicción del referido tribunal, al no hacerlo así, tácitamente ha consentido someterse a la misma. Necesario es rememorar que en el caso que nos ocupa, el proceso civil se ha desarrollado en igualdad de condiciones para ambas partes (Debido Proceso), evidentemente el mismo ha tenido una dilatada trayectoria (incluso con recursos de amparo), y que ahora tiene su culminación con el conocimiento y resolución del presente recurso de casación. Sobre este mismo asunto, es precisamente el fallo de la justicia constitucional de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis y que obra en el expediente N° 142-2014, mediante el cual la Sala de lo Constitucional de este Alto Tribunal, falló otorgando el recurso de reposición interpuesto a favor del señor Zelyn Sánchez Reyes, contra la sentencia dictada por esa misma Sala; precisamente lo expuesto en tal fallo, es lo que sirve de sustento a la sentencia de segunda instancia impugnada hoy en vía casacional, argumentos constitucionales que han dejado expresado lo siguiente: “...en vista de haberse sometido a la jurisdicción y competencia de la justicia ordinaria, sin invocar alguna excepción de incompetencia mediante declinatoria por tratarse de un asunto que corresponde a Tribunales extranjeros, es menester considerar que deberá de sujetarse dicha parte procesal a las consecuencias derivadas de dicho procesamiento”. En ese mismo orden de ideas y en relación a la extensión y límites del orden jurisdiccional civil de los tribunales hondureños, los supuestos que enuncia el contenido del artículo 24.1 del Código Procesal Civil, refiere el primero a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ley que si bien es cierto actualmente no existe, no concita un vacío legal, pues tenemos la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que en sus artículos 143 y 145 señalan: art. 143: “El Juzgado o Tribunal a que los litigantes se sometieren, expresa o tácitamente, será el competente para conocer de los pleitos y actos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles, siempre que la sumisión se haga en quien tenga jurisdicción para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado”; y art. 145: “Se entenderá hecha la sumisión tacita: 1° Por el demandante, en el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda. 2° Por el demandado, en el hecho de hacer, después de personado en juicio, cualquier gestión que no sea la de proponer la declinatoria”. El segundo de ellos se refiere a abstenerse de conocer de un asunto que, en virtud de un tratado o convenio internacional suscrito por Honduras, esté atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado; al respecto es menester hacer cita de lo dispuesto por el Código de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante), que en su artículo 318 establece que será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en el su domicilio y salvo el derecho local contrario. La sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohíbe la ley de su situación. Igualmente le es aplicable del referido Código el artículo 322, mismo que indica que se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda, y por el demandado con el hecho de practicar, después de personado en el juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. En ese mismo sentido tenemos que la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), se rige por el Convenio Constitutivo, el Acuerdo Sede y el Código de Servicios que son parte del ordenamiento jurídico del SICA, e instrumentos complementarios al Protocolo de Tegucigalpa, los cuales están revestidos del principio de primacía del derecho comunitario, por tanto devienen en ser respetados de buena fe, ello en concordancia con lo señalado en el artículo 26 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados “Pacta Sunt Servanda”; todo lo cual reafirma la inmunidad de jurisdicción de la que goza el referido organismo internacional; no obstante, los tribunales de los Estados Parte de COCESNA, tendrán competencia en caso de renuncia expresa o tácita. Señalado lo anterior, por las fundamentaciones analizadas en el iter de este fallo, es visto que se desvanece la afirmación de la recurrente demandada, en que por tratarse de un organismo de derecho público internacional y de lo preceptuado en la normativa atinente de COCESNA, la jurisdicción civil nacional no resulta ser la competente para conocer de tal demanda, debiendo haberse deferido su conocimiento a la Corte Centroamericana de Justicia, que dice, si resulta ser la instancia competente para su conocimiento; sobre esto último, es decir el tribunal que la parte recurrente dice ser el competente para el conocimiento de la demanda interpuesta en contra de COCESNA, es menester recordar que en el caso de autos la referida demanda versa sobre Indemnización de Daños y Perjuicios por Violación de Derechos Humanos (artículo 399.1 a) del CPC), por lo que de acuerdo con el artículo 25 del Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, que establece que: “La competencia de La Corte no se extiende a la materia de derechos humanos, la cual corresponde exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; tal instancia supranacional no resulta ser competente para el conocimiento del caso subjudice. Referido lo anterior, se arriba a la conclusión que el fallo proferido por el tribunal de segunda instancia no concita las vulneraciones alegadas, dado que la decisión que en su oportunidad tomó la referida Corte de Apelaciones en el fallo recurrido, al declarar por bien hecho el sometimiento tácito a la competencia de la jurisdicción nacional por parte de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), para conocer de la demanda civil interpuesta en su contra, se ha hecho tomado en consideración la normativa de los instrumentos internacionales citados y lo señalado por la Sala de lo Constitucional como interprete último de la Constitución de la República (vid. artículo 74 de La Ley Sobre Justicia Constitucional), así pues no puede haber vulneración del artículo 24.1 y 2 del Código Procesal Civil; al constatarse que en el caso que nos ocupa, tal organismo internacional hizo renuncia tácita de su inmunidad de jurisdicción, lo cual concita la competencia efectiva de la jurisdicción nacional para conocer la demanda civil interpuesta en su contra por Vulneración de Derechos Humanos. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose por unanimidad de votos y en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de lo dispuesto en los artículos: 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 8 y 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 17 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 5, 26 y 27 de la Convención de Viena; 3, 4, 6, 318, 319 y 322 del Código de Derecho Internacional Privado; 25 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia; 12,15, 16, 18, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1, 3, 23, 24.1 y 2, 115.1, 169, 170.5, 190.1, 193.1 y 2 c), 194, 195, 200, 716, 717, 718, 719.1 a), 725 y 728.1 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1), 143 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; dicta SENTENCIA IRRECURRIBLE y declara: I. NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN EN SUS DOS MOTIVOS interpuesto y formalizado por la abogada María Elena Matute de Hernández, actuando en su condición de representante procesal del organismo internacional denominado Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA). II. FIRME la sentencia recurrida, dictada en fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, contentiva en el expediente número 06843-10, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2010-06843-CO del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. III. Sin costas. Y MANDA: Que la presente sentencia sea notificada a las partes personadas y que sean devueltos los antecedentes, junto con certificación de esta sentencia, a la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, para que disponga el curso a seguir de conformidad con la ley. Redactó la Magistrada Rubenia Esperanza Galeano Barralaga. NOTIFIQUESE. MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO. MAGISTRADO COORDINADOR. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de junio del año dos mil veintitrés; Certificación de la sentencia de fecha diez de mayo del año dos mil veintitrés, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 288=2019.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

SECRETARIA SALA DE LO CIVIL

[1] Curso de Derecho Internacional Público. Gonzales Campos Julio; Sánchez Rodríguez Luis; Sáenz de Santa María Paz Andrés. Editorial Civitas, Sexta Edición. Pág. 429.