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Sentencia CC-24-21 — Registro 16875

Resumen

En segunda instancia se declara sin lugar la demanda vía proceso declarativo ordinario para la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por cumplimiento defectuoso de obligaciones contractuales de deposito mercantil. Se declara con lugar el Recurso de Casación, razón para estimar que el fallo proferido por la segunda instancia infringe, por falta de aplicación, el artículo 717 del Código de Comercio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Bajo ese contexto y en referencia concreta al Primer Motivo admitido, que plantea la infracción por falta de aplicación del artículo 1939 del Código Civil, que establece que “se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla”, la Sala de lo Civil no obvia señalar que el contrato de depósito deviene en ser solemne, esto es que debe cumplir ciertas formalidades especiales, específicamente que conste por escrito en documento público otorgado ante notario; ahora bien ante la ausencia de tal formalidad o solemnidad (contrato formal), entiende que la relación comercial establecida entre partes, que ha sido reconocida como existente entre ellas, que ha tenido un desarrollo en el tiempo, y que termina abruptamente por un incendio con la consecuencia de la destrucción total de lo almacenado, acarreando daños y perjuicios en menoscabo de una de las mismas, no puede ni debe considerarse exenta de responsabilidad para quien ha realizado labores de recibimiento, custodia y entrega de los productos bajo su responsabilidad (depósito), si precisamente por su negligencia se ha provocado tal situación. En el caso de autos, nos encontramos inicialmente ante una relación jurídica de carácter precontractual entre dos empresas mercantiles que nunca procedieron a formalizar la relación comercial existente; ahora bien, tal situación precontractual ha tenido un desarrollo que se ha prolongado normalmente entre las partes y que únicamente se ve interrumpida por un incendio que ocasiona la pérdida total de lo almacenado; las operaciones realizadas por la parte demandada implican necesariamente la tradición o entrega de la cosa depositada al depositante; la doctrina reconoce al contrato de depósito en general como un contrato real, mismo que se perfecciona con la entrega de la cosa al depositante por parte del depositario, tal y lo señala el artículo 1544 del Código Civil que establece: “El contrato es real, cuando para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere”; tales conceptos del derecho civil son extensivos al derecho mercantil y tiene manifestación normativa en lo señalado por el artículo 1 del Código de Comercio que dice: “Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de estos, por las normas del código civil”; la relación comercial establecida entre las dos empresas, en el caso de autos, queda amparada respecto de los contratos, en lo dispuesto de manera amplia por el artículo 712 Código de Comercio que indica: “Las disposiciones legales sobre los contratos serán aplicables a los negocios y actos jurídicos en general, y en particular a los actos unilaterales inter vivos que tengan contenido patrimonial, en lo que no se opongan a su naturaleza o a disposiciones especiales sobre ellos”; consecuente con todo lo anterior, tenemos que el fallo proferido por el tribunal de alzada (Corte de Apelaciones), ha vulnerado, por falta de aplicación, lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “16. De la necesaria contraposición entre el Segundo Motivo admitido con lo esgrimido en su fallo por el tribunal de segunda instancia, la Sala de lo Civil deviene entonces en considerar si el ad-quem ha vulnerado, por falta de aplicación, el párrafo primero del artículo 719 del Código de Comercio que establece: “La misma consideración tendrá la declaración de una de las partes de quedar obligada como consecuencia de la opción que se concede a la otra para aceptarla o rechazarla…”; el argumento del tribunal de alzada en el fallo preferido presupone que no era válida la relación jurídica patrimonial entre las dos empresas mercantiles, ello por la ausencia de un contrato formal firmado, y no concede por tanto valor alguno a la oferta económica formulada por parte de la empresa que se dedica a la actividad mercantil de depósito en almacenes abiertos al público, propuesta aceptada por la parte demandante en forma tácita, y que tiene manifestación inequívoca en la entrega de mercaderías en depósito y el pago efectuado de varios meses por el servicio de depósito de las mismas. De lo señalado, se estima que la prestación de un servicio al público, como es el depósito de mercancías para su almacenamiento, por una empresa precisamente dedicada a tales menesteres (almacén general de depósito autorizado), como resulta ser el caso de Operador Logístico Ransa S.A., provoca consecuentemente que la aceptación de la contraparte genere obligaciones para el ofertante (artículo 712 del Código de Comercio), sin necesidad de que exista otra prueba de la obligación que la misma oferta y su aceptación; por tanto conlleva la responsabilidad para la depositaria de restituir esas materias primas al depositante; situación que en el caso de autos, no ha sucedido así. En relación con la norma que se estima vulnerada, el artículo precedente, 718 del Código de Comercio, establece que un comerciante no podrá revocar válidamente la declaración de quedar obligado como consecuencia de la opción que se concede a la otra para aceptarla o rechazarla, siendo de tal forma que la sola oferta es un acto jurídico unilateral, que crea obligaciones contractuales para el oferente una vez aceptada; en armonía con lo expuesto, la Sala de lo Civil estima que el fallo proferido por la Corte de Apelaciones ha incurrido en vulneración, por falta de aplicación, del párrafo primero del artículo 719 del Código de Comercio. "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “17. Llevada a cabo la confrontación del Tercer Motivo admitido con el argumento del tribunal de alzada en el fallo impugnado en esta vía casacional, sobre la vulneración por falta de aplicación del artículo 717 del Código de Comercio que establece: “Articulo. 717.- La oferta y la aceptación por teléfono, radiotelefonía o cualquier medio semejante, se considerarán entre presentes cuando las partes, sus representantes o mandatarios se comuniquen personalmente”; la Sala encuentra que en este motivo se ponen de manifiesto las mismas razones alegadas ya expuestas en los motivos anteriores; por una parte el fallo del tribunal ad-quem de que no existe en todos los antecedentes del proceso ningún documento bajo la denominación de Contrato de Depósito Mercantil de Mercaderías y Servicios Logísticos, y que la Propuesta Económica hecha por la empresa demandante y aceptada por la demandada, a pesar que consigna obligaciones recíprocas, no constituye “Existencia de un contrato válido”; y por parte del recurrente, la de que se ha suscitado entre las partes una relación comercial de depósito de productos, por un precio mensual fijado de mutuo acuerdo, a partir de la aceptación de la Propuesta Económica de parte de la empresa INPLASA, y señalando que la infracción del referido artículo del Código de Comercio se suscita, porque el tribunal confunde el concepto de contrato o título de la obligación, con la prueba de la existencia de un contrato que bien puede llegar a ser el documento contentivo del contrato mismo; y que en materia mercantil no requiere que conste por escrito, como lo establece precisamente la norma que estima infringida. De manera introductoria, la Sala de lo Civil estima menester apuntar que hoy en día, en un mundo más globalizado, las relaciones comerciales tanto de carácter internacional como nacional, cobran más importancia y resultan fundamentales para el desarrollo de las mismas; tal desarrollo comercial se ve acrecentado por el uso extendido de herramientas tecnológicas de comunicación. En ese orden de ideas, tal aceleramiento demanda de los Estados la implementación de normas jurídicas acordes con tan vertiginoso desarrollo. El Código de Comercio de nuestro país, si bien es cierto que data del año 1950, resulta ser una normativa moderna para la época en que se implementó. Señalado lo anterior, deviene por parte nuestra considerar entonces si el artículo 717 del Código de Comercio se ha vulnerado o no por el fallo de segunda instancia; tal artículo establece unos medios válidos para hacer saber sobre una propuesta comercial y su aceptación, teléfono, radiotelefonía, estableciendo además “o cualquier medio semejante”; con lo cual ha dejado abierta la posibilidad de que se puedan hacer tales propuestas por cualquiera de los nuevos medios de comunicación tecnológicos modernos desarrollados (fax, correo electrónico, telefonía celular, etc.). En materia mercantil, establece la Sala que, ante la ausencia de un documento de contrato firmado formalmente entre partes, el acto de comunicación por escrito plasmado en la propuesta económica aceptada, y que ha provocado el desarrollo de la relación comercial entre las referidas empresas mercantiles por varios años y que ha sido de forma continua, tiene plena validez y encuentra equiparación con lo señalado en el artículo cuya vulneración se alega (Vid. también artículo 718 del Código de Comercio), la relación aludida entre depositante y depositario se origina en un acto de comercio, por tanto, dicha obligación tiene carácter mercantil, y deviene en ser amparada por lo dispuesto en el artículo 712 del Código de Comercio, razón para estimar que el fallo proferido por la segunda instancia infringe, por falta de aplicación, el artículo 717 del Código de Comercio. “

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION.

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados Milton Jiménez Puerto como Coordinador, Rubenia Esperanza Barralaga y Gaudy Alejandra Bustillo Martínez, en la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada Industria del Plástico S.A. de C.V. (INPLASA), representada en juicio por el abogado Caronte Rojas Zavala, como recurrente; siendo recurrida la sociedad mercantil denominada Operadores Logísticos Ransa S.A. de C.V., representada en juicio por el abogado Leonel Edgardo Maradiaga Aplicano. OBJETO DEL PROCESO: Demanda vía proceso declarativo ordinario para indemnización de daños y perjuicios ocasionados por cumplimiento defectuoso de obligaciones contractual de depósito mercantil, promovida en fecha veinte de junio de dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado Caronte Rojas Zavala en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Industria del Plástico S.A. de C.V. (INPLASA), contra la sociedad mercantil denominada Operadores Logísticos Ransa S.A. de C.V., representada en ese entonces por el señor Emilio Antonio Fantozzi Temple, en su condición de Presidente del Consejo Administrativo. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: El día veinte de junio del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado Caronte Rojas Zavala, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Industria del Plástico S.A. de C.V. (INPLASA), presentando demanda ordinaria para la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por cumplimiento defectuoso de obligaciones contractual de depósito mercantil, contra la sociedad mercantil denominada Operadores Logísticos Ransa S.A. de C.V., estableciendo como hechos cronológicos de la demanda los siguientes: a) Que el día cuatro de agosto del año dos mil once, Industrias del Plástico S.A. de C.V., (INPLASA), con el objeto de mejorar sus operaciones en el manejo de su mercancía y controlar los costes operativos, suscribió con la demandada Operador Logístico Ransa S.A. de C.V., un contrato de depósito mercantil de mercaderías y servicios logísticos. Tal contrato se desprende de la propuesta económica hecha por la demandada, por lo que su aceptación, convierte al referido documento en prueba contractual entre las partes; por la referida oferta económica la empresa demandada Operador Logístico Ransa S.A. de C.V., pone a disposición su experiencia acumulada como profesional en diversas etapas de la cadena logística de manejo de mercaderías, que comprenden transporte, almacenaje, distribución de mercancías, contando con instalaciones propias en Honduras como en otros países de la región; b) Como resultado de dicha relación contractual, la empresa demandada, en forma profesional se encargaba de recibir, almacenar y custodiar en sus instalaciones las materias primas de la empresa Industrias del Plástico S.A. de C.V., (INPLASA), para después entregarlas donde esta última dispusiera; así se describe en el documento de Propuesta Económica en la Cláusula Primera "Descripción Del Servicio.”; por su parte la Cláusula Segunda del documento de propuesta establece tarifas de almacenaje en la cantidad de cinco cincuenta de dólar estadounidense ($ 5.50) por metro cubico de mercaderías almacenadas por mes o fracción; trece punto quince dólares estadounidenses ($ 13.15) por cada certificado y bono de prenda que se emita, cuando se utilice, más otro tanto según se describe en la cláusula, por seguro, uso de montacargas, carga de contenedor, descarga de montacargas. En la Cláusula Tercera del documento se establece por separado las tarifas de distribución como otro servicio adicional al servicio de almacenaje de mercaderías. El referido documento soporte de la relación contractual, fue suscrito por el Gerente General de Operador Logístico Ransa S.A. de C.V., en aquel entonces señor Melvin Enrique Garner Ordoñez como ofertante y el Gerente de Operaciones de Industrias Del Plástico S.A. de C.V., (INPLASA), señor Melvin L. Simón como aceptante; de tal forma que el contrato entre ambas partes es un contrato eficaz y valido a partir la fecha de suscripción del documento relacionado (art. 717 Código de Comercio). Lo anteriormente descrito, se acredita con la copia autenticada del contrato de fecha cuatro de agosto de dos mil once entre Industria del Plástico S.A. de C.V, (INPLASA), y Operador Logístico Ransa S.A. de C.V. que aparece como Anexos Materiales Documento Número Dos (2) a la demanda; asimismo con la copia autenticada de las facturas números 1139 y 0820, copias de cheques de pago de los servicios, constancia de contador de la empresa Industria del Plástico S.A. de C.V., (Inplasa), que aparecen en los Anexos Materiales Documento Número Tres A, B y C. (3.A, 3.B, y 3.C) de la demanda; c) Génesis de la obligación en un Contrato de depósito mercantil. Como se deduce del propio contrato suscrito entre las partes, por sus características tipológicas se trata de un contrato de depósito mercantil, al tenor del artículo 842 del Código de Comercio, cuando expresa la norma aludida que serán mercantiles los depósitos practicados en empresas similares a almacenes de depósito; lo que la doctrina denomina depósitos asimilados; esta figura contractual se regulan por las mismas normas del contrato de depósito en general y las aplicables del contrato de almacenes generales de depósito de la legislación nacional, por ser en esencia un mismo contrato; en el caso de autos, los bienes entregadas a la demandada, fueron pacas de polietileno y polipropileno como materias primas con las que trabaja la empresa Industria del Plástico S.A. de C.V, (INPLASA), y se guardaban bajo la custodia de la demandada Operador Logístico Ransa S.A. de C.V., quien las recibía en sus portones, manejándola internamente en forma exclusiva dentro de sus instalaciones, sin tener acceso alguno; por lo que dichos bienes debían ser restituidos en la misma cantidad y calidad de las recibidas en donde lo dispusiera INPLASA (parte logística) todo ello a cambio de un precio por el almacenaje o depósito y otro por el transporte (art. 1939 Código Civil y 843 Código de Comercio). Se establece que la empresa Operador Logístico Ransa S.A. de C.V., actúa como profesional y experto en este tipo de operaciones dedicándose a este negocio en forma masiva a cambio de un precio, lo que convierte este contrato en un contrato típico de depósito mercantil (art. 844, 846 y 849 Código de Comercio); d) Que son deberes del depositario, la conservación de la cosa, deber de información al depositante sobre medidas y gastos necesarios para la conservación, deber de abstenerse del uso de la cosa depositada, y la obligación de restituir la cosa depositada al depositante (regulado entre otros por los artículos 842 al 849 del Código de Comercio); e) Sobre los Riesgos del contrato de depósito, el mismo está representado por la pérdida, deterioro o destrucción de la cosa dada en depósito y por ser un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa, desde ese momento se trasmite el control sobre los riesgos al depositario quien responde por todo lo que le ocurra a la cosa por su obligación de conservación y restitución(artículo 1947 Código Civil); para este caso RAMSA tiene la obligación de restituir del depositario y se libera probando la causa ajena, pero no la falta de culpa, sobre todo en el depósito mercantil, ya que para la custodia de la cosa según el artículo 844 del Código de Comercio, es la más estricta, llegando a ser casi una responsabilidad objetiva en caso de pérdida de la cosa depositada. Lo anteriormente, es porque Operador Logístico Ransa S.A. de C.V., sostiene extraprocesalmente que es una Bodega Comercial, que no es almacenadora ni depositaria de mercancías y por ende, que no es responsable de los bienes depositados en sus instalaciones en caso de pérdida de los mismos por su culpa, como si ellos no fuesen quienes reciben, resguardan, manejan las mercaderías a lo interno de sus instalaciones, sin que los clientes tengan acceso a las mismas, entregándolas fuera de dichas instalaciones en el lugar que dispone el cliente cuando termina el almacenaje; f) Que sobre el cumplimiento defectuoso que conlleva el Incumplimiento Contractual definitivo por culpa del depositario (criterios de imputación), la negligencia del demandado, resulta porque el día miércoles treinta de enero del año dos mil trece, a la 1:38 p.m., se produjo un incendio en las instalaciones de la empresa Operador Logístico Ransa S.A. de C.V., ubicada en el kilómetro 20 carretera al norte, en este departamento de Francisco Morazán; incendio que ocasiono la pérdida total de los productos depositados al interior de las bodegas en donde la empresa Industria del Plástico S.A. de C.V, (INPLASA), tenía depositadas materias primas importadas del extranjero; situación que fue notificada en el mismo acto por el gerente de la demandada indicando se remitiera la cuantía para el reclamo procedente por los daños. Se acredita este extremo mediante la cuenta de correo electrónico de la señora Sulmy Yamileth Ortez Maldonado, gerente de INPLASA, también como medios técnicos de archivo, en donde obra un correo enviado por el señor Cesar Martin Rojas Alvarado de la cuenta CRojasA@ransa.net, el día treinta de enero de dos mil trece, a las 2:31 p.m., y otro del mismo día a las 3:50 p.m., con su respectiva transición que se acompaña como Anexo Material Documento Número Cinco A y B; asimismo se acredita este extremo con Medios de grabación y archivos de imagen, consistentes en 12 fotografías del incendio y un C.D., de video, que se acompañan como Anexo Material Documento Número Seis, las fotos y Anexo Final el C.D. Según el informe del Cuerpo de Bomberos de Honduras, que se acompaña como Anexos Materiales Documento Número Siete, el origen y las Causas del Incendio resulta de las evidencias encontradas marcas dejadas por el fuego y la calcinación de los materiales combustibles, y se determinó el punto de origen en la parte interna del terreno donde funciona una bodega de RANSA; y sobre las causas del incendio, se descarta como punto de ignición la manipulación indebida de líquidos inflamables acelerantes. El incendio fue provocado por el desprendimiento de pavesas encendidas (material combustible seco) en partes muy pequeñas y ligeras que acabaron cayendo sobre el pasto o zacate del interior del plantel de Ransa; concluyendo el mismo que la causa del incendio fue por manipulación indebida de una fuente de calor, dentro de las instalaciones de RANSA, en sus patios, donde existía zacate seco no tratado o asegurado, que al agarrar fuego origino el incendio; lo cual implica en sí mismo, un descuido en el manejo de las instalaciones, una actitud negligente por parte de la demandada a pesar de ser un experto con experiencia internacional; g) Respecto de la ausencia de un caso fortuito, el caso fortuito como institución jurídica, exige que el suceso sea imprevisible o previsible sea inevitable, no siendo imprevisible que una zacatera seca y sin cortar puede provocar un incendio, ni siendo previsible e inevitable que se ocasione un incendio por no cortar el zacate en verano, ya que si se hubiese actuado con la diligencia debida y se hubiese cortado el pasto seco que ocasiona el incendio dentro del predio de la demandada RANSA, se hubiese evitado el mismo. Todo lo anteriormente descrito, se acredita sin perjuicio de otros medios de prueba, con la copia autenticada del informe del cuerpo de bomberos del día trece de febrero de dos mil trece, que aparece como Anexo Material Documento Número Siete con la demanda; con la copia autenticada de acta notarial de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, del Notario Público Carlos Alfredo Baez que aparece anexo Material Documento Número Ocho; con la prueba de soporte técnico de reproducción de imágenes consistentes en fotografías y el video que aparece como Anexo Material Documento Número Seis y Anexo Final; h) De la Imputación de La Culpa; conforme al artículo 1360 del Código Civil, los criterios de imputación de la responsabilidad son el dolo, la negligencia o la morosidad; del inciso anterior se desprende que la depositaria Operador Logístico Ransa S.A. de C.V., actuó en forma negligente, pues no empleo el más estricto cuidado en la custodia y conservación de la cosa, al no haber previsto que una zacatera podría agarrar fuego siendo algo lógico, cotidiano y común, y al no tener los medios, mecanismos y equipo, necesarios para sofocar el fuego y evitar daños en sus instalaciones, no obstante ser un profesional que se dedica a este negocio en forma masiva. Dicha negligencia que recae en la falta de medidas necesarias para la buena custodia y cuidado de la cosa depositada, produjo como consecuencia lógica la imposibilidad absoluta en la restitución del bien dado en depósito; la paralización de las actividades industriales de producción y comerciales de venta, con los costos fijos operativos, de oportunidad y cargas laborales y financieras que eso implico; pues no se cuenta sino hasta tres meses después del incendio con la materia prima necesaria para continuar con su actividad normal de producción, todo lo cual implicó un daño emergente y un lucro cesante. Esa imposibilidad definitiva de restitución de las materias primas depositadas, se tradujo en un incumplimiento contractual definitivo por culpa del demandado que conlleva per se, la reparación del daño y los perjuicios causados por ser imputables a la demandada. Si bien es cierto INPLASA, cuenta con un seguro propio que le cubre de esto, el mismo seguro le exige como parte de la póliza el pago de una cantidad de dinero de lo que forma parte de la indemnización integra como deducible, el que lógicamente se traduce en el daño real de mi mandante al no poder recuperar íntegramente sus daños y perjuicios. Operador Logístico Ransa S.A. de C.V., no acepta responsabilidad pecuniaria entre otros porque sostiene que INPLASA, tenía su propio seguro de mercaderías; asumiendo con ello tener que soportar perdidas por culpa del demandado y que no se tiene derecho a una indemnización integra de todo el daño sufrido. La demandada acepta su responsabilidad en el siniestro, pues ofrece a INPLASA, reconocer un pago de Cinco Mil Dólares Americanos como indemnización por los daños, sufridos, amparada en que tiene seguro, lo que no acepta la demandada es que tenga que pagar una indemnización íntegra de todo el daño sufrido. Se acredita el extremo antes descrito, con la cuenta de correo electrónico, como soporte técnico de archivo del señor Jonathan Schacher, en donde obra un correo enviado por el señor Cesar Martin Rojas Alvarado de la cuenta CRojasA@ransa.net del día cinco de febrero del dos mil trece a las 12:42 p.m. y otro el viernes quince de febrero a las 5:24 p.m., ambos dirigido al señor Jonathan Schacher, cuya transcripción literal se acompaña como documento Anexo Material Documento Número Nueve A y B, con lo cual existe una confesión extraprocesal de la aceptación de responsabilidad por parte del demandado; i) Acerca de los Daños y perjuicios ocasionados ascienden a la cantidad de Trescientos Cuarenta y Siete Mil Sesenta y Cuatro Dólares con Ochenta y Ocho Centavos ($ 347,064.88), a razón de Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Dólares con Cincuenta y Dos Centavos ($ 258,880.52) de daño emergente y Ochenta y Ocho Mi Ciento Ochenta y Cuatro Dólares con Treinta y Seis Centavos ($ 88,184.36) de lucro cesante, sin perjuicio del daño eventual consistente en el aumento de la prima de la póliza de seguro como política de las empresas aseguradoras, y los intereses que generen las cantidades adeudadas a INPLASA. Se acredita con convenio de ajuste de la Compañía Hondureña de Ajustes y Avalúos S. de R.L. REF. C.H.A.A. In-001-2013 y REF C.H.A.A. IN-001-B-2013, que se acompañan a la demanda como Anexo Material Documento Número Diez A y B. Daño emergente y lucro cesante que, si bien fue cubierto en parte por la aseguradora, no se cubrió en su totalidad debido al deducible que cobró la misma y que ascendió a la cantidad de Ciento Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Tres Dólares Con Treinta y Un Centavos ($ 158,333.31), de conformidad con los mismos ajustes antes relacionados, pagándosele a INPLASA, por los daños y perjuicios ocasionados por el incendio únicamente la cantidad de Ciento Ochenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Un Dólares Con Cincuenta y Siete Centavos ($ 188,731.57), de donde se deduce que la cantidad no pagada por la aseguradora y retenida como deducible es la cantidad representativa del daño y perjuicio a ser indemnizado por la demandada RANSA, sin perjuicio de los daños y perjuicios que pueda reclamar la aseguradora de intervenir en el presente juicio, para que INPLASA, sea íntegramente indemnizada de todo el daño sufrido que le es imputable a la demandada únicamente. De tal forma que la cuantía de la presente demanda es de Ciento Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Treinta Y Tres Dólares Con Treinta y Un Centavos ($ 158,333.31), equivalente a Tres Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Treinta y Dos Lempiras Con Ochenta y Seis Centavos (L 3,198,332.86) más los intereses que se generen desde que se originó la deuda hasta que quede firme la sentencia, sin perjuicio de costas. Se acompaña con la demanda para carta de fecha cuatro de febrero de dos mil trece de la gerente de INPLASA, informando sobre lo que se contabiliza inicialmente como mercaderías depositadas y póliza de seguro de todo riesgo como Anexo Material Documento Número Once A y B. SEGUNDO: En fecha cinco de marzo del año dos mil catorce, el abogado Leonel Edgardo Maradiaga Aplicano, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Operadores Logísticos Ransa S.A. de C.V., compareció contestando la demanda interpuesta contra su representada, en dicho libelo, básicamente señala lo siguiente: a) Primera Excepción: Falta de personalidad en el demandado; la parte demandante Industrias del Plástico S.A. de C.V. (Inplasa) dirigió la demanda contra el señor Emilio Antonio Fantozzi Temple como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil Operadores Logísticos Ransa S.A. de C.V., quien en la fecha del veintiuno de enero de dos mil catorce no se encontraba dentro del país (no fue emplazado directamente por el funcionario judicial), además el señor antes mencionado no es el representante legal de RANSA, no se siguió el procedimiento establecido para los Actos de Comunicación, específicamente en el artículo 139.1 sino que se hace en base al artículo 1445 del Código Procesal Civil referente a la Comunicación Subsidiaria, en consecuencia este acto es nulo de pleno derecho como lo establece el artículo 212.4 del Código Procesal Civil que establece que cuando se prescindan de normas esenciales del procedimiento hay nulidad siempre que, por esa causa se haya producido indefensión, cuya representación no ejerce ni ejercía la persona a quien se le dejó el emplazamiento cuando el funcionario judicial la realizó, ya que el Presidente del Consejo de Administración es el señor Sergio Enrique Torrico Infantas, nombrado en Asamblea Totalitaria de Accionistas de la sociedad Operadores Logísticos Ransa, S.A. de C.V., celebrada en la ciudad de Lima, Perú, el trece de abril del año dos mil trece, lo que consta en Acta Número 1-2013, cuya protocolización fue inscrita con el Número 45 del Tomo 736 del Registro de Comerciantes Sociales, del Registro Mercantil, Centro Asociado de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés; b) Segunda Excepción: Falta de requisitos legales en el supuesto documento soporte de la relación contractual. En el apartado dos de la demanda literalmente dice "Génesis de la obligación en un Contrato de Depósito Mercantil' y en ningún momento establece o prueba que el mismo este firmado por mi representado Operadores Logísticos Ransa S.A. de C.V., al respecto el artículo 843 del Código de Comercio establece claramente que la retribución del depósito mercantil se tiene que fijar en el contrato y es más específico cuando dice: "que no puede ser sin consentimiento del depositante” y como no existe ningún contrato no encontramos ninguna cláusula que explique lo que establece el artículo 850 del Código de Comercio; ya que el documento que el demandante dice ser un contrato no es más que una simple propuesta para la prestación de un servicio, que describe: el servicio, el costo del almacenaje, costo de seguro, papelería y otros, forma de la distribución o sea el transporte a ser utilizado con sus tarifas, propuesta que es incompleta ya que no consta firma de ninguna de las partes, no se pueden establecer los folios porque la pieza entregada por el funcionario judicial al momento del emplazamiento no se hace basado en lo establecido por el artículo 3 del Código Procesal Civil relacionado con el artículo 7 del mismo Código no se encontraba foliada y únicamente se describe como Anexos Materiales Documento Numero Dos (2). c) Tercera Excepción: Falta de relación contractual de un Contrato de Seguro de Daños entre RANSA e INPLASA. Cuando se envió a INPLASA la propuesta de servicios en fecha cuatro de agosto de dos mil once, establece las Tarifas de Almacenaje el precio por almacenaje, el costo por Seguro de Daños y otros gastos y en vista que la parte demandante no aceptó el Seguro, ya que INPLASA asumió su propio riesgo, tomando con la Compañía de Seguros Bolívar Honduras S.A. (Davivienda), dentro de la Póliza de Seguro Todo Riesgo No. 13791 de sus productos almacenados en el plantel del Valle de Amarateca kilómetro 20, carretera al norte. Con lo antes expuesto se evidencia claramente que RANSA en ningún momento está obligada a pagar el valor total de la mercadería asegurada, además que no participó en los términos en que fue negociada la Póliza de Seguro entre INPLASA y la Compañía de Seguros, por lo que ellos acordaron a su conveniencia los valores deducibles haciendo caso omiso y se puede apreciar casi de mala fe que al no darle participación a RANSA para conocer del mismo seguro aun siendo el encargado de la custodia de la mercadería. Seguros Bolívar Honduras S.A., está tomando acciones y presenta una demanda también equivocada, la cual hasta este momento no ha sido admitida por esta judicatura y ha ordenado subsanación, demanda encaminada a que se condene a RANSA por el pago de seguros que ellos pagaron a INPLASA, de lo que se deriva de la acción es que hay una confusión entre el demandante INPLASA y lo mismo de Seguros Bolívar S. A., en este sentido la excepción va planteada que hay un defecto procesal que se puede considerar como una oscuridad o ambigüedad en las dos demandas basada en el artículo 449 del Código Procesal Civil, se precisa la aclaración de ambas; d) Cuarta Excepción: El emplazamiento al demandado es extemporáneo, tomando en consideración que al momento en que RANSA fue emplazado para la contestación de la demanda, sin que previamente la Compañía de Seguros que había sido invocada su intervención adhesiva en litisconsorcio activo en la demanda presentada por INPLASA, no se había tenido su pronunciamiento al respecto, por lo tanto RANSA debió haber sido emplazada hasta haberse formado o no el litisconsorcio activo propuesto por la parte demandante, lo cual le produce indefensión ya que hasta la fecha el Tribunal no ha admitido la participación de la Compañía de Seguros y en tal sentido no podemos pronunciarnos en la contestación de esta demanda, sobre las pretensiones que tiene Seguros Bolívar Honduras S.A., y por lo tanto conlleva nulidad el emplazamiento hecho al violentarse el debido proceso, el principio de contradicción y la igualdad de las partes, formas procesales establecidas en el artículo 3, 4, 5, y 7 del Código Procesal Civil. CONTESTACION DE LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA DEMANDA. Sobre La Existencia de un Contrato Valido: a) En ningún momento RANSA suscribió un Contrato de Depósito de Mercadería sino que lo que se dio fue una propuesta aceptada entre INPLASA y RANSA para un servicio de almacenaje simple que se rige por el Código de Comercio y demás leyes de la República, pero no como Almacén General de Depósito, ya que estos se rigen por el Reglamento de Almacenes Generales de Depósito establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca) y Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), que son supervisados por la Comisión de Banca y Seguros y la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por lo tanto no existe un Contrato donde RANSA este obligada a cubrir lo que establece específicamente un Contrato de Depósito, ya que lo que se suscribió fue una relación comercial de Almacenaje Simple y sin Seguro de Daños, RANSA ha sostenido y ha acreditado que no es un Almacén de Depósito sino que es una Bodega Comercial y por ende recibe, guarda y manejo de mercadería a lo interno de sus instalaciones para su distribución y comercialización ya que es el giro propiamente de esta operadora, extremo que probaremos con la escritura de constitución de la sociedad. No es función de RANSA ser un Almacén de Depósito, pero lógicamente que como operador logístico no puede ofrecer servicios gratuitos sino que el mismo cobra por las funciones que realiza y se expresa de esta forma en vista que en uno de los apartados de este hecho el abogado demandante hace relación de cuanto cobro RANSA por metro de mercadería almacenada y Bono de Prenda que se emitiera cuando se utilizaran esos servicio y hacemos la observación de que al no ser un Almacén de Depósito, no puede emitir Bonos de Prenda ni Certificados de Depósito. b) Génesis de la Obligación de un Supuesto Contrato de Depósito Mercantil; Operadores Logísticos RANSA S.A de C.V, no puede estar establecida como un almacén de depósito y por lo tanto lo alegado por la parte demandante no tiene el fundamento jurídico para establecer que haya firmado un Contrato de Almacenamiento; no vamos hacer referencia a lo que establece un Contrato de Depósito ya que no profundizaremos sobre ellos porque como se repite RANSA es un Operador Logístico, lo que tampoco le impide que en un determinado caso pueda subcontratar un Almacén General de Depósito y que este a su vez pueda emitir Bonos de Prenda y Certificados de Depósito. Es de hacer notar que al momento de constituir una sociedad cuya finalidad va a ser de Depósito Fiscal es requisito sine qua non que en su denominación se exprese tal condición de almacenamiento o de depósito y esta condición no está establecida en el contrato social de mi representado porque su finalidad no es para un Almacén General de Depósito, debe igualmente ser una sociedad de capital fijo con un monto mínimo previamente determinado por la Ley. c) Supuesto Cumplimiento Defectuoso que Conlleva el Incumplimiento Contractual Definitivo por Culpa del Depositario y con Referencia a los Criterios de Imputación. Negligencia del Demandado: no se puede omitir que efectivamente el incendio se produjo, pero en este sentido el abogado de la parte demandante, en mala fe procesal, quiere hacer ver que fue RANSA la que provocó el incendio y consecuentemente esto produjo u ocasiono la pérdida total de los productos almacenados al interior de las bodegas, sin aclarar concretamente que la mercadería que se incendiaron no estaban dentro de las bodegas, sino en unas galeras techadas con piso de cemento, cubiertos todos sus costados, para protegerlos de las intemperie, encontrándose protegida su área perimetral con maya ciclón, dado que la mercadería no era materia prima nueva importada del extranjero, sino que era una materia adquirida localmente, que consiste en desecho plástico, extremo que probaremos con un Dictamen Pericial Privado de que la mercadería no es como lo expresa la parte demandante. Tal situación respecto del sitio de almacenaje no era desconocida para INPLASA, ya que cuando se inició la relación comercial le fue comunicada, al efecto se les remitió, una serie de fotografías para que vieran la forma como estaban guardando sus pacas de productos de desechos industriales, quienes en ningún momento hicieron reclamo ni observación alguna, por lo que se presume su aceptación tácita, además se encontraban colocadas en un lugar dentro del plantel. En el segundo apartado de este numeral, la parte demandante copia literalmente el Informe del Cuerpo de Bomberos y es sorprendente cuando al inicio de su numeral III, quiere hacer ver que RANSA fue la que provocó el incendio sin embargo en el mismo informe del Cuerpo de Bomberos en una de sus partes no es claro por qué dice claramente que el incendio es provocado por el desprendimiento de pavesas encendidas y entre paréntesis lo pone (material combustible seco) y es más establece que estas caen sobre el pasto o zacate del interior del plantel de RANSA y que eso da origen al incendio, pero en ningún momento en el informe dice que fue dentro de las Bodegas como lo quiere hacer ver el Abogado de la parte demandante. Se aprecia que el incendio de la supuesta materia prima importada señalada por la demandante, que estaba en las instalaciones de RANSA no es una materia prima importada, sino desechos industriales como lo hemos mencionamos anteriormente, con esto se demuestra que en ningún momento hubo negligencia en la custodia de los bienes almacenados que como se dijo anteriormente iban a ser transportados a otro lugar, que sería definido por el dueño del producto. Respecto de lo señalado por la parte demandante de la ausencia de un caso fortuito, sin embargo, el informe del Cuerpo de Bomberos establece, en la conclusión "que después de haber evaluado la escena, fijación de la escena y el procedimiento método, técnico-científico, se originó el incendio y el análisis de las marcas dejadas por el fuego y de acuerdo con las hipótesis y las variables, la causa del incendio fue por "Manipulación Indebida de una Fuente de Calor"; no se establece claramente en el informe ni tampoco lo dice, que fue provocado por RANSA ni por quien, entonces como puede la parte demandante, establecer la responsabilidad de RANSA. Acerca de la imputación de culpa hecha por la demandante basado en el artículo 1360 del Código Civil, alegando que hubo negligencia, se establece que el incendio no fue provocado por RANSA y además de eso el no constituir un seguro RANSA con INPLASA, lo exime de esta responsabilidad, no así Seguros Bolívar Honduras S.A., que si establece un seguro con INPLASA y el mismo es formalizado sin la intervención de RANSA y en acto posterior INPLASA entrega a RANSA la póliza que suscribió con dicha Aseguradora para proteger el total de los bienes objeto de almacenamiento, en ese caso como puede alegar la parte demandante a través de su representante procesal que hubo dolo, que actuó con negligencia, y en cuanto a esto último, es totalmente falso, ya que si tomaron todas las medidas necesarias para extinguir el fuego, lo que queda claramente evidenciado en el Informe de Bomberos cuando dice: "que se procedió a dar la alarma a los demás empleados y desplazarse al lugar con extintores para realizar la supresión del incendio siendo infructuosa dicha labor por lo que procedió al llamado del cuerpo de bomberos, procediendo a desactivar todos los centros de carga eléctricos". El referido Dictamen no establece que el incendio fue provocado por una zacatera en el predio de RANSA, sino que fue provocada por pavesas encendidas trasportadas por el viento a las instalaciones donde se encontraba la materia prima reciclable, tampoco la parte demandante presenta un peritaje que acredite la existencia del zacate su tamaño y la sequedad del mismo, en consecuencia se puede apreciar, que lo que pudo haberse dado en las instalaciones, es que, en vista que el material almacenado contenía todo tipo de plástico, aunque no seamos expertos en el área, pero si podemos decir que este tipo de materiales agarra fuego con suma facilidad dada la diversidad de componentes: y es lo que sucedió, al tenor del Dictamen del Cuerpo de Bomberos y no como lo alega la parte demandante. Con relación a lo planteado, de que la parte demandada tiene que asumir pagos de la totalidad de la mercadería quemada, esto no resulta ser así, ya que todos los riesgos los asumió INPLASA, con su propia póliza; por otro lado, el hecho de haberle ofrecido RANSA a INPLASA el pago de una cantidad de dinero no quiere decir que por esa razón este aceptando su responsabilidad en el siniestro, sino que lo hace por la relación comercial existente en ambas empresas. Tampoco existe culpa, ya que el Informe referido indica que el Incendio fue producto de manipulación indebida de una fuente de calor, y seguidamente dice "accidental". En todo caso si la parte demandante probare en el juicio que hay responsabilidad por el siniestro ocurrido y que debiere ser indemnizado el demandante por el pago total, el mismo no podría ser por la cuantía demandada, sino por el valor real de mercado del material de desecho industrial, que no cumplen el Control de Calidad que se requiere para su uso, cuyo costo de adquisición no puede ser como producto nuevo. Sobre los Supuestos Daños y Perjuicios Ocasionados a la Demandante: La Sociedad Mercantil RANSA, en ningún momento ha asumido la cobertura del Seguro de Daños para los productos entregados por INPLASA, para ser guardados en sus bodegas, ya que éste riesgo fue asumido por INPLASA con su propia póliza todo riesgo, con Seguros Bolívar Honduras S.A. por lo tanto no está obligada a pagar ningún valor por concepto de deducible, ni existe cláusula contractual alguna donde se establezca que en caso de siniestro; tampoco deviene en obligación de pagar daños y perjuicios, y lucro cesante por valor de $ 158,333.31; ya que el producto siniestrado, consistía en pacas estribadas en el plantel externo del plantel y que consistía en material plástico de desechos industriales, que nunca tuvo movimientos de salida, aunado a que no se tenía conocimiento del valor real de los productos recibidos para ser guardados en la bodega, lo cual se acredita mediante carta suscrita en fecha siete de febrero del dos mil trece, por el señor César Martin Rojas Álvaro, dirigida a la señora Sulmy Ortez. De las facturas mensuales presentadas y cancelada por INPLASA, se desprende que nunca se les cobro el concepto de Seguro y solamente se les cobraba el Servicio de Montacargas como Servicio Adicional. Sobre los Hechos planteados; PRIMERO: RANSA es un Operador Logístico y no un almacén de depósito al tenor de lo señalado en su escritura de constitución número 414, autorizada en la ciudad de San Pedro Sula el día trece de diciembre de dos mil cinco ante los oficios del Notario Ernesto Alvarado Reina; en su cláusula Segunda literalmente dice: “La finalidad de la Sociedad y la naturaleza de las operaciones para las cuales el capital social se destina será el manejo de todo tipo de operaciones logísticas y de distribución, además podrá dedicarse: a) Comercialización, representación, importación y exportación de toda clase de productos de origen nacional o extranjero; b) Arrendamientos de locales" propios o ajenas para instalación de toda clase de negocios, c) cualquier otra finalidad licita y conveniente a la Sociedad para lo cual podrá realizar toda clase de actos necesarios, complementarios, accesorios conexos o similares, ... h) ...”. Al no ser un almacén de depósito, no se puede alegar que RANSA tiene responsabilidad (como almacén de depósito) pues el artículo 842 del Código de Comercio establece claramente cuál es la finalidad de un Almacén de Deposito, entre las cuales está la emisión de títulos de Certificados de Depósito y Bonos de Prenda, requisitos fundamentales y esenciales que tienen que tener estos almacenes, además todos los "requisitos establecidos en el Reglamento de los Almacenes Generales de Depósito establecidos en los artículos: 3, 4, 5, 6 y 7 que regulan el Objeto y Aplicación, Constitución y Organización de los Almacenes Generales de Depósito.” RANSA no emitió los títulos porque solo es un Operador Logístico que se cataloga como un simple almacén, siendo este el servicio que ofreció y dio a la parte demandante. SEGUNDO: La mercadería almacenada en los predios de RANSA por INPLASA, en ningún momento se estableció que la misma sea materia prima importada, sino que se clasifica como material de desechos de plástico almacenados en pacas, sin conocerse su peso y valor, dado que las mismas estaban compuestas por una diversidad de componentes de desechos como lo demostraremos mediante dictamen pericial privado con tecnología científica que acredite que este material no era materia prima nueva importada sino que materia de desechos; material del cual que se solicitó su almacenaje que solo tuvo entrada y nunca salió ninguna paca, manifestando de manera verbal los representantes de INPLASA que lo hacían porque estaban esperando la compra de la maquinaria para el reciclaje de la misma, en ese caso como se puede hablar de lucro cesante y daño emergente la parte demandante, sin haber efecto de producción en la misma. TERCERO: El Informe presentado por el Honorable Cuerpo de Bomberos utilizando vocabulario eminentemente técnico en sus apartados establece que hubo una manipulación indebida de una fuente de calor y producto de eso se desprendieron pavesas encendidas que dio origen al incendio del material reciclable (gran cantidad de plástico bolsas), ante esta situación consideramos que este hecho basados en el artículo 333 del Código Procesal Civil tiene que ser explicado por este benemérito cuerpo para con ello poder quedar claro con respecto a esa terminología que nosotros como profesionales del derecho no podemos determinar cuál es el verdadero significado y con la explicación o exposición de ese dictamen podemos formamos, un verdadero criterio y con ello formar una verdadera apreciación de los hechos. TERCERO: En fecha uno de abril del dos mil dieciséis, el juzgado a-quo en el caso de autos dictó fallo, mismo que en su parte dispositiva establece lo siguiente: (Sic) “FALLA: l. Declara HA LUGAR la demanda promovida vía proceso declarativo ordinario, promovida por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada INDUSTRIA DEL PLASTICO S.A. DE C.V. (INPLASA), en contra de la Sociedad Mercantil OPERADOR LOGISTICO RANSA S. A. DE C.V. 2. Condena a la Sociedad Mercantil OPERADOR LOGISTICO RANSA S.A. DE C.V. a pagar a la Sociedad Mercantil denominada INDUSTRIA DEL PLASTICO S.A. DE C.V. (INPLASA), la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS, o su equivalente en Lempiras, por los conceptos de daños y perjuicios ocasionados a INDUSTRIA DEL PLASTICO S.A. DE C.V. (INPLASA), correspondiendo a las valores que por concepto de deducible no le fueron pagados a esta última por la compañía aseguradora y que corresponden a CIEN MIL DOLARES (US$ 100,000.00), por materia prima y producto en proceso; y por interrupción de negocio (lucro cesante) la cantidad de CINCUENTA y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA y TRES DOLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US$ 58,333.31). 3. Se declara ha lugar la tacha interpuesta en contra del testigo EDWIN LENIN SUAZO BONILLA. 4. Con costas de acuerdo al principio de vencimiento. 5. Que la Secretaría del Despacho proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE. Se resuelve hasta la fecha, por el estudio del caso, por el exceso de trabajo que impera en la judicatura, tanto como las audiencias programadas como los asuntos que diariamente deben ser conocidos.” CUARTO: En fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán dictó sentencia de la siguiente manera: (Sic) “REVOCAR LA SENTENCIA DEFINITIVA dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el un (1) de abril del año dos mil dieciséis (2016). TERCERO: DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA VIA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE DEPOSITO MERCANTIL. promovida por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, en su condición de Postulante Procesal de la Sociedad Mercantil denominada ''INDUSTRIA DEL PLASTICO S.A. DE C.V., (INPLASA). Contra la Sociedad Mercantil "OPERADOR LOGISTICO RANSA S.A. DE C. V.". CUARTO: ABSUELVE a la demandada Sociedad Mercantil "OPERADOR LOGISTICO RANSA S.A. DE C.V.'' de todas las pretensiones deducidas en su contra. CON COSTAS en ambas instancias. Y MANDA: Que esta sentencia se notifique a las partes, y una vez que la misma adquiera el carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al Órgano Jurisdiccional del que proceden, para su ejecución y demás efectos legales. NOTIFIQUESE.” QUINTO: En fecha veinticuatro de febrero del dos mil veinte, el representante procesal de la sociedad Industria del Plástico, S.A. de C.V. (INPLASA), abogado Caronte Rojas Zavala, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el cual fue resuelto por esta Sala de lo Civil mediante auto de fecha veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, admitiéndose los motivos primero, segundo y tercero. SEXTO: Los motivos de casación admitidos a la parte recurrente se trascriben de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719.2 del Código Procesal Civil Decreto 211-2006, que establece “Art. 719. CAUSALES DEL RECURSO… 2.- igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del asunto.” NORMA INFRINGIDA: Párrafo único del artículo 1,939 del Código Civil, Decreto 76 de 1906, que establece “Articulo 1939.- Se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla.” CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: supone el A-Quen: en sus consideraciones esenciales determinantes del fallo impugnado en la parte de “FUNADMENTOS DE DERECHO. SEPTIMO: …2) Que el principal argumento con el que el demandante funda su derecho es según su demanda, “LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO VALIDO” suscrito según él, por su representada y la demandada el 4 de agosto del año 2011 el cual denomina “CONTRATO DE DEPOSITO MERCANTIL DE MERCADERIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS. Sin embargo, respecto a ese punto, (el cual dicho sea de paso es el principal a considerar ya que según el demandante es el “génesis de la obligación”) hemos podido verificar lo siguiente: 2.I) Que no existe en todos los antecedentes del proceso ningún documento bajo la denominación de CONTRATO DE DEPOSITO MERCANTIL DE MERCADERIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS. que contenga obligaciones contractuales entre la demandante y demandada.” Asimismo expresa en este mismo acápite de la sentencia recurrida “Que para que la relacionada PROPUESTA ECONOMICA llegase a reputarse o consolidarse como UN CONTRATO, no solo bastaba con la simple aceptación de dicha oferta.-“ finalmente razona el Ad-quem: “por todo lo anteriormente expuesto estimamos lo siguiente: A)- Que la propuesta económica echa por la empresa demandante y aceptada por la demandada, a pesar que consigna obligaciones reciprocas, no constituye “Existencia de un contrato valido”… C)- Que como en el caso de autos no se demostró la Existencia de un contrato valido, no se origina o no nació ninguna obligación civil tal y como se destaca la disposición legal citada contenida en el artículo 1346 del Código Civil.-“ Por consiguiente el concepto de la infracción cosiste en la violación o falta de aplicación que hace el Ad-Quen del párrafo único del artículo 1,939 del Código Civil, que establece que se constituye el depósito desde que se recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla, por cuanto no es necesario para que se perfeccione el contrato y produzca efectos legal, nada más que la tradición o entrega de la cosa depositada al depositario para que se perfeccione el contrato, máxime en materia mercantil, como se desarrollara oportunamente. Razonamientos que lo llevan a fallar: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION, REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el uno (1) de abril del año dos mil dieciséis (2016).- DECLARA SIN LUGAR LA “DEMANDA VIA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE DEPOSTIO MERCANTIL y ABSUELVER a la demandada Sociedad Mercantil “OPERADOR LOGISTICO RANSA S.A. DE C.V.” de todas las pretensiones deducidas en su contra. EXPRESIÓN DE LA INFRACCIÓN (TESIS): El Juez A-quo, en primera instancia, fallo correctamente, declarando con lugar la demanda de impetrada por mi representada por suponer que existió una relación jurídica cumplida defectuosamente entre la demandada OPERADOR LOGISTICO RANSA S.A., como Almacén General de Depósito, autorizado como entidad supervisada por la Comisión Nacional de Banca y Seguro para el giro mercantil de Deposito en Almacén General, abierto al público, conforme al artículo 850 del Código de Comercio que manda que: tendrán la consideración de depósitos en almacén general, los hechos en establecimientos abiertos al público para la guarda y conservación de bienes de toda clase; es decir que el A-quo falla a favor de nuestra pretensión, debido a que considera la existencia de un contrato de DEPOSITO MERCANTIL, de la demandada para con mi representada INDUSTRIA DEL PLASTICO S.A. DE C.V. (INPLSA) como depositaria de materias primas. Sin embargo, el Ad-quem en la parte dispositiva de la sentencia establece que “DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION, y REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y DECALRA SIN LUGAR LA DEMANDA, VIA PROCESO ORDINARIO PARA LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE DEPOSTIO MERCANTIL. Con base a una serie de consideraciones y fundamentos legales que ignoran aplicación de la norma infringida. Resulta que en el acápite de: FUNDAMENTOS DE DERECHO numeral SEPTIMO: inciso…2), de la sentencia recurrida, establece el Ad-quem lo siguiente: “Que el principal argumento con el que el demandante funda su derecho es según su demanda, “LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO VALIDO” suscrito según él, por su representada y la demandada el 4 de agosto del año 2011 el cual denomina “CONTRATO DE DEPOSITO MERCANTIL DE MERCADERIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS. Sin embargo, respecto a ese punto… hemos podido verificar lo siguiente: 2.I) Que no existe en todos los antecedentes del proceso ningún documento bajo la denominación de CONTRATO DE DEPOSTIO MERCANTIL DE MERCADERIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS. que contenga obligaciones contractuales entre la demandante y demandada.- II)- Que lo que el demandante alude como tal, es una nota de fecha 4 de agosto del año 2011, la cual corre anexa a su demanda en el folio 149, 150, 151 y 152 del tomo “I” de los autos, la que constituye según su propio contenido "Una Propuesta Económica”, mediante la cual la demandada “RANSA”, hace saber a Sulmy Ortez.- IMPLASA, algunas consideraciones generales para el desarrollo de la propuesta, las ventajas del sistema, la descripción del servicio, las tarifas de almacenaje, Distribución, observaciones, compromisos y aprobación.- Dentro de todo lo cual no se contempla ni implícitamente ni mucho menos expresamente, que la demandada “RANSA”, haya asumido en su propuesta económica, obligaciones de custodia, conservación y cuidado del bien o la emisión de bonos de prenda y certificados de depósito, como lo deja entrever en la demanda, el postulante procesal de la demandante “IMPLASA” por lo cual afirma que la referida “ PROPUESTA ECONOMICA”, genera un contrato de depósito mercantil o de almacenaje.- Afirmación esta, que no compartimos porque no resultan acreditadas las razones por las cuales el postulante procesal de la demandante Mercantil aduce que la relacionada “PROPUESTA ECONOMICA” sea génesis de la obligación en un CONTRATO DE DEPOSITO MERCANTIL, ni ningún otro contrato ni típico ni atípico de los que hablan tanto el condigo de comercio como el Código Civil. 3).- Que para que la relacionada PROPUESTA ECONOMICA llegase a reputarse o consolidarse como UN CONTRATO, no solo bastaba con la simple aceptación de dicha oferta.- 4).- por todo lo anteriormente expuesto estimamos lo siguiente: A)- Que la propuesta económica echa por la empresa demandante y aceptada por la demandada, a pesar que consigna obligaciones reciprocas, no constituye “Existencia de un contrato valido” como lo argumenta la demandante…C)- Que como en el caso de autos no se demostró la Existencia de un contrato valido, no se origina o no nació ninguna obligación civil tal y como se destaca la disposición legal citada contenida en el artículo 1346 del Código Civil.-“ Presupone el Ad-quen, que el contrato de depósito es un contrato solemne, que requiere de la existencia de ciertas formalidades especiales, específicamente el hecho que para que sea válido conste por escrito en documento público otorgada ante notario, de manera que sin esta formalidad o solemnidad, la relación jurídica entre partes, aun reconociéndola como existente, -pues el mismo A-Quen manifiesta que existió una oferta y una aceptación-, no produce ningún efecto legal, por consiguiente a falta del documento de contrato, a pesar de existir una oferta y una aceptación, una relación patrimonial entre partes, consistente en la prestación de un servicio de guarda y custodia de mercaderías a cambio de un precio que fue pagado, no se originó para él, ni nació. Obligación entre partes. De acuerdo con esta tesis, mi representada INDUSTRIA DEL PLATICO S.A. DE C.V., en caso de impago o incumplimiento para con OPERADOR LOGISTICO RANSA S.A., tampoco estaría obligada a pagar el servicio de almacenaje que pago, o bien podría habérsele devuelto en la sentencia lo pagado por el servicio de almacenaje a la demandada, por todos los meses que duro el contrato, puesto que al no existir contrato en escritura pública, como solemnidad requerida para la eficacia del contrato de depósito mercantil, -según la tesis del ad-quen- no existía obligación alguna entre partes. NATURALEZA DE LA INFRACCIÓN, violación o falta de aplicación de una norma: De acuerdo a las técnicas de Casación, la violación o falta de aplicación ocurre cuando la ley o doctrina legal que regula la cuestión debatida, no se aplica a la resolución del caso; consiste pues en la omisión o falta de aplicación de la norma abstracta aplicable al caso concreto. En el caso que nos ocupa, la norma infringida fue, como ya anunciamos el párrafo único del artículo 1,939 del Código Civil, por cuanto establece que “Se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla.” ; y siendo que el cumplimiento defectuoso que se invoca como obligación de indemnización de daños emergentes reclamados, tienen como fuente precisamente el contrato de depósito mercantil de mi representada con OPERADOR LOGISTICO RANSA S.A., como Almacén General de Deposito, abierto al público y autorizado por la Comisión de Banca y Seguros, está íntimamente relacionada dicha norma con el caso litigioso. Resulta que el contrato de depósito en general, como lo reconoce la doctrina universal, es un contrato real, que, de conformidad con el código civil, se perfecciona con la entrega de la cosa al depositante por parte del depositario. En la norma infringida se establece que el contrato se constituye, es decir se perfecciona, desde que se recibe la cosa ajena, por lo que es un contrato real; de conformidad con el artículo 1544 del Código Civil: “El contrato es real, cuando para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere”; distinto a lo que es un contrato solemne, que son aquellos que para su perfeccionamiento están sujeto a la observación de formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Siguiendo esta tesis establece el mismo código civil, en su artículo 1573 que los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez, es decir consentimiento, objeto y causa, y para los contratos consensuales la concurrencia de la oferta y la aceptación, para los reales la entrega de la cosa y para los solemnes las formalidades que la ley exija. Solo deben constar en escritura pública los contratos señalados en el artículo 1575 del mismo Código Civil, donde no aparece el contrato de depósito, por no ser el depósito un contrato solemne, sino un contrato real. Esta tesis la ratifica el artículo 843 del Código de Comercio, cuando manda que “el depósito mercantil será siempre retribuido, la retribución se fijará en el contrato, o, en su defecto, de acuerdo con los usos del lugar.” Y es que establece la norma precitada que en defecto de contrato la retribución será de acuerdo a los usos del lugar, puesto que no se requiere un contrato formal y solemne como lo pretende el Ad-quem para que exista la relación comercial, ya que este se perfecciona conforme al artículo 1939 del código civil, -norma infringida- con la entrega de la cosa al depositario y no con la suscripción del contrato en papel, y menos en escritura pública. Establece la doctrina que, en los contratos reales, a más del consentimiento necesario para todos los contratos, es esencial la entrega de la cosa sobre la que recae. Puede decirse que esa entrega importa la manifestación misma del consentimiento; este solo existe cuando ella se realiza. Antes no hay contrato, aunque las partes estén de acuerdo en sus elementos esenciales, son contratos reales, el comodato, el depósito, la anticresis, el mutuo. continúa estableciendo este mismo autor que las solemnidades son de derecho estricto. No las hay sin un texto legal expreso. De tal forma que el Ad-quem dejo de aplicar y violo la norma contenida en el párrafo único del artículo 1,939 del Código Civil, al no asumir que con la sola entrega de las mercancías depositadas por INDUSTRIA DEL PLASTICO S.A. de C.V., (INPLASA) al almacén general de depósito, abierto al público, como empresa mercantil dedicada a esta actividad en masa, denominado OPERADOR LOGISTICO S.A. (RANSA), se había perfeccionado un contrato de depósito mercantil, que produce efectos legales entre partes y genera obligaciones de guarda y custodia de los bienes depositados, máxime cuando se trata de un establecimiento abierto al público, dedicado profesionalmente a esta actividad. Establece la exposición de motivos del Código de Comercio, Capitulo VII, Del Depósito, pagina 59, ejemplar editorial OIM, “Solo cuando el depósito se realice con empresas que practiquen esta actividad como profesional, podrá hablarse de depósito mercantil; en relación con los depósitos mercantiles las obligaciones de custodia y restitución –como en los civiles- son las básicas que se han regulado con detalle, y se destaca frente a la responsabilidad por culpa propia del depósito civil, la estricta responsabilidad exigida al depósito mercantil, consecuencia del carácter profesional y normalmente retribuido de éste. SEGUNDO MOTIVO “PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719.2 del Código Procesal Civil Decreto 211-2006, que establece “Art. 719. CAUSALES DEL RECURSO… 2.- igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del asunto.” NORMA INFRINGIDA: Párrafo primero del artículo 719 del Código de Comercio de 1950, Decreto 73 del 16 de febrero de 1950, que establece “Articulo 719.- La misma consideración tendrá la declaración de una de las partes de quedar obligada como consecuencia de la opción que se concede a la otra para aceptarla o rechazarla. …” CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: supone el A-Quem “Que no existe en todos los antecedentes del proceso ningún documento bajo la denominación de CONTRATO DE DEPOSTIO MERCANTIL DE MERCADERIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS. Que contenga obligaciones contractuales entre la demandante y demandada y estima lo siguiente: A)- Que la propuesta económica echa por la empresa demandante y aceptada por la demandada, a pesar que consigna obligaciones reciprocas, no constituye “Existencia de un contrato valido”.” Por consiguiente el concepto de la infracción cosiste en la violación o falta de aplicación que hace el Ad-Quem del párrafo primero del artículo 719 del Código de Comercio de 1950, que establece en materia mercantil un comerciante no podrá revocar válidamente la declaración de quedar obligada como consecuencia de la opción que se concede a la otra para aceptarla o rechazarla, de tal forma que la sola oferta pública, al haber sido aceptada por mi representada IDUSTRIA DEL PLASTICO S.A., constituía fuente de la obligación de conservación y custodia ofrecida en la PROPUESTA ECONOMICA, que al no cumplirse adecuadamente genero la reparación del daño reclamado en juicio. EXPRESIÓN DE LA INFRACCIÓN (TESIS) El Juez A-quo, en primera instancia, fallo correctamente, declarando con lugar la demanda de impetrada por mi representada por suponer existió una relación jurídica cumplida defectuosamente entre la demandada OPERADOR LOGISTICO RANSA S.A.; con mi representada INDUSTRIA DEL PLASTICO S.A. DE C.V. (INPLASA) como depositaria de materias primas. Sin embargo, el Ad-quem en la parte dispositiva de la sentencia establece que “DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION, y REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA, VIA PROCESO ORDINARIO PARA LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE DEPOSTIO MERCANTIL. Con base a una serie de consideraciones y fundamentos legales que ignoran aplicación de la norma infringida. El Ad-quem en el acápite de Fundamentos de Derecho de la sentencia, establece: “FUNDAMENTOS DE DERECHO. SEPTIMO: … 2) Que el principal argumento con el que el demandante funda su derecho es según su demanda, “LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO VALIDO” suscrito según él, por su representada y la demandada el 4 de agosto del año 2011 el cual denomina “CONTRATO DE DEPOSITO MERCANTIL DE MERCADERIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS. Sin embargo, respecto a ese punto, (el cual dicho sea de paso es el principal a considerar ya que según el demandante es el “génesis de la obligación) hemos podido verificar lo siguiente: 2.I) Que no existe en todos los antecedentes del proceso ningún documento bajo la denominación de CONTRATO DE DEPOSITO MERCANTIL DE MERCADERIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS. que contenga obligaciones contractuales entre la demandante y demandada.- II)- Que lo que el demandante alude como tal, es una nota de fecha 4 de agosto del año 2011, la cual corre anexa a su demanda en el folio 149, 150 151 y 152 del tomo “I” de los autos, la que constituye según su propio contenido "Una Propuesta Económica”, mediante la cual la demandada “RANSA”, hace saber a Sulmy Ortez.- IMPLASA, algunas consideraciones generales para el desarrollo de la propuesta, las ventajas del sistema, la descripción del servicio, las tarifas de almacenaje, Distribución, observaciones, compromisos y aprobación.- Dentro de todo lo cual no se contempla ni implícitamente ni mucho menos expresamente, que la demandada “RANSA”, haya asumido en su propuesta económica, obligaciones de custodia, conservación y cuidado del bien o la emisión de bonos de prenda y certificados de depósito, como lo deja entrever en la demanda, el postulante procesal de la demandante “IMPLASA” por lo cual afirma que la referida “ PROPUESTA ECONOMICA”, genera un contrato de depósito mercantil o de almacenaje.- Afirmación esta, que no compartimos porque no resultan acreditadas las razones por las cuales el postulante procesal de la demandante Mercantil aduce que la relacionada “PROPUESTA ECONOMICA” sea génesis de la obligación en un CONTRATO DE DEPOSITO MERCANTIL, ni ningún otro contrato ni típico ni atípico de los que hablan tanto el código de comercio como el Código Civil. 3).- Que para que la relacionada PROPUESTA ECONOMICA llegase a reputarse o consolidarse como UN CONTRATO, no solo bastaba con la simple aceptación de dicha oferta.- … 4).- por todo lo anteriormente expuesto estimamos lo siguiente: A)- Que la propuesta económica echa por la empresa demandante y aceptada por la demandada, a pesar que consigna obligaciones reciprocas, no constituye “Existencia de un contrato valido” como lo argumenta la demandante.- … C)- Que como en el caso de autos no se demostró la Existencia de un contrato valido, no se origina o no nació ninguna obligación civil tal y como se destaca la disposición legal citada contenida en el artículo 1346 del Código Civil.- D)- Que ni siquiera las obligaciones contempladas en la mencionada “Propuesta económica” produce los efectos reclamados por la parte demandante, ya que no quedo acreditado en autos, que la demandada Empresa en el cumplimiento de las obligaciones asumidas estrictamente en los términos de dicha “Propuesta Económica” y aceptada por la parte demandante, haya incurrido en dolo culpa o negligencia que lo haga responsable de indemnizar daños y perjuicios y por eso mismo, tampoco procede el pago de una cantidad en concepto de lucro cesante como lo pretende, la demandante.” Claramente el Ad-quen presupone que no era válida la relación jurídica patrimonial entre partes, por el solo hecho de existir una oferta por parte del comerciante profesional que se dedica a la actividad mercantil de depósito en almacenes abiertos al público, está autorizado por la autoridad competente para hacerlo, y lo realiza profesionalmente; que fue evidenciado acepto mi representada en forma tácita, al entregarle las mercaderías en depósito, y pagar por varios meses el depósito de las mismas a las cuentas del depositario OPERADOR LOGISTICO RANSA. S.A. Se deja entrever, claramente, honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, la falta de aplicación y violación del párrafo primero del artículo 719 del Código de Comercio de 1950, que establece en materia mercantil un comerciante no podrá revocar válidamente la declaración de quedar obligada como consecuencia de la opción que se concede a la otra para aceptarla o rechazarla, dando lugar a las obligaciones ofertadas una vez aceptadas las mismas por la contraparte, al punto que para la revocación sea válida, al no fijarse plazo para la misma, deberá solicitarse ante el juez que fije el plazo. De tal manera que, conforme a esta norma en materia mercantil, cuando se presta un servicio en masa, como el depósito de mercancías, por un ente profesional como un almacén general de depósito autorizado, y en forma profesional como el caso de OPERADOR LOGISTICO RANSA S.A., la sola aceptación de la contraparte genera obligaciones para el ofertante, constituyendo un contrato, sin necesidad de que exista otra prueba de la obligación que la misma oferta y su aceptación. NATURALEZA DE LA INFRACCIÓN, violación o falta de aplicación de una norma: De acuerdo a las técnicas de Casación, la violación o falta de aplicación ocurre cuando la ley o doctrina legal que regula la cuestión debatida, no se aplica a la resolución del caso; consiste pues en la omisión o falta de aplicación de la norma abstracta aplicable al caso concreto. En el caso que nos ocupa, la norma infringida fue, como ya anunciamos el párrafo primero del artículo 719 del Código de Comercio de 1950, que establece en materia mercantil un comerciante no podrá revocar válidamente la declaración de quedar obligada como consecuencia de la opción que se concede a la otra para aceptarla o rechazarla. Establece el artículo 718 del Código de Comercio “Si un comerciante se ha obligado a mantener en firme una oferta por tiempo determinado, no podrá revocarla válidamente.” Y sobre esta misma línea de pensamiento establece el legislador en la norma subsiguiente artículo 719, que “La misma consideración tendrá la declaración de una de las partes de quedar obligada como consecuencia de la opción que se concede a la otra para aceptarla o rechazarla. “de tal forma que la sola oferta es un acto jurídico unilateral, que crea obligaciones contractuales para el oferente una vez aceptadas cuando tengan contenido patrimonial. Sobre este mismo punto establece el artículo 712 del Código de Comercio que “Las disposiciones legales sobre los contratos serán aplicables a los negocios y actos jurídicos en general, y en particular a los actos unilaterales ínter vivos que tengan contenido patrimonial, en la que no se opongan a su naturaleza o a disposiciones especiales sobre ellos.“ queriendo significar esto que en materia mercantil la oferta de quedar obligado como consecuencia de la opción de la otra parte a aceptarlo, es un acto unilateral que genera obligaciones contractuales entre partes una vez hecha esa aceptación, sea en forma tácita o expresa. No ha de confundirse, como lo hace el Ad-que, entre contrato y obligación, ya que el contrato es el acto jurídico creador de obligaciones y la obligación es la necesidad jurídica en que el deudor se halla de dar hacer o no hacer alguna cosa, la obligación nace del contrato y éste, del acuerdo de voluntades, el contrato es pues la fuente de la obligación, y está, -la obligación- su efecto o consecuencia. Así las cosas, el contrato nace de la concurrencia de la oferta y la aceptación, que puede ser simultanea o diferida, ya que la aceptación puede ser expresa, tacita o presunta, y la oferta solo se extingue por revocación o por caducidad, debiendo el comerciante establecer de antemano las causas de revocación o el termino por el que sostiene su oferta. De tal forma que existiendo la oferta como la Propuesta Económica de RANSA, de prestación de un servicio mercantil en forma pública y habiendo sido aceptada por mi representada mediante la contratación del servicio ofrecido en las condiciones de la propuesta, claramente existía un contrato, como un acto jurídico creador de obligaciones entre las partes litigantes, pues mi representada estaba en la obligación de pagar el servicio de almacenaje y custodia de sus materias primas, como efectivamente lo hizo y la contra-parte estaba obligada a restituir esas materia primas, como no lo pudo hacer porque por su culpa o negligencia se quemaron dentro de sus instalaciones. De tal forma su señoría que la falta de aplicación del artículo 719 del Código de Comercio, por parte del Ad-quem, es determinante un erróneo razonamiento del sentenciador, al suponer que no existen obligación de parte de OPERADOR LOGISTICO RANSA S.A, por solo existir una oferta y su aceptación. TERCER MOTIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719.2 del Código Procesal Civil Decreto 211-2006, que establece “Art. 719. CAUSALES DEL RECURSO… 2.- igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del asunto.” NORMA INFRINGIDA: Párrafo único del artículo 717 del Código de Comercio de 1950, Decreto 73 del 16 de febrero de 1950, que establece “Articulo. 717.- La oferta y la aceptación por teléfono, radiotelefonía o cualquier medio semejante, se considerarán entre presentes cuando las partes, sus representantes o mandatarios se comuniquen personalmente.” CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: supone el A-Quem “Que no existe en todos los antecedentes del proceso ningún documento bajo la denominación de CONTRATO DE DEPOSTIO MERCANTIL DE MERCADERIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS. Que contenga obligaciones contractuales entre la demandante y demandada y estima lo siguiente: A)- Que la propuesta económica echa por la empresa demandante y aceptada por la demandada, a pesar que consigna obligaciones reciprocas, no constituye “Existencia de un contrato valido”.” Por consiguiente el concepto de la infracción cosiste en la violación o falta de aplicación que hace el Ad-Quem del párrafo único del artículo 717 del Código de Comercio de 1950, que establece que la oferta y la aceptación por cualquier medio, incluso el teléfono, la radio telefonía, o cualquier semejante se considera entre presentes sin necesidad de un contrato por escrito, para la validez del acto jurídico generador de obligaciones patrimoniales entre comerciantes. EXPRESIÓN DE LA INFRACCIÓN (TESIS) El Juez A-quo, en primera instancia, fallo correctamente, declarando con lugar la demanda de impetrada por mi representada por suponer existió una relación jurídica patrimonial entre la demandada OPERADOR LOGISTICO RANSA S.A.; con mi representada INDUSTRIA DEL PLASTICO S.A. DE C.V. (INPLASA) como depositaria de materias primas, relación que origino un negocio jurídico de índole patrimonial, que consistió en un contrato de Deposito Mercantil entre partes. Sin embargo, el Ad-quem en la parte dispositiva de la sentencia establece que “DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION, y REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y DECALRA SIN LUGAR LA DEMANDA, VIA PROCESO ORDINARIO PARA LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE DEPOSTIO MERCANTIL. Con base a una serie de consideraciones y fundamentos legales que ignoran aplicación de la norma infringida. El Ad-quem en el acápite de Fundamentos de Derecho de la sentencia, establece: “FUNDAMENTOS DE DERECHO. SEPTIMO: …2) Que el principal argumento con el que el demandante funda su derecho es según su demanda, “LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO VALIDO” suscrito según él, por su representada y la demandada el 4 de agosto del año 2011 el cual denomina “CONTRATO DE DEPOSITO MERCANTIL DE MERCADERIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS. Sin embargo, respecto a ese punto, (el cual dicho sea de paso es el principal a considerar ya que según el demandante es el “génesis de la obligación) hemos podido verificar lo siguiente: 2.I) Que no existe en todos los antecedentes del proceso ningún documento bajo la denominación de CONTRATO DE DEPOSTIO MERCANTIL DE MERCADERIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS. que contenga obligaciones contractuales entre la demandante y demandada.- II)- Que lo que el demandante alude como tal, es una nota de fecha 4 de agosto del año 2011, la cual corre anexa a su demanda en el folio 149, 150 151 y 152 del tomo “I” de los autos, la que constituye según su propio contenido "Una Propuesta Económica”, mediante la cual la demandada “RANSA”, hace saber a Sulmy Ortez.- IMPLASA, algunas consideraciones generales para el desarrollo de la propuesta, las ventajas del sistema, la descripción del servicio, las tarifas de almacenaje, Distribución, observaciones, compromisos y aprobación.- Dentro de todo lo cual no se contempla ni implícitamente ni mucho menos expresamente, que la demandada “RANSA”, haya asumido en su propuesta económica, obligaciones de custodia, conservación y cuidado del bien o la emisión de bonos de prenda y certificados de depósito, como lo deja entrever en la demanda, el postulante procesal de la demandante “IMPLASA” por lo cual afirma que la referida “ PROPUESTA ECONOMICA”, genera un contrato de depósito mercantil o de almacenaje.- Afirmación esta, que no compartimos porque no resultan acreditadas las razones por las cuales el postulante procesal de la demandante Mercantil aduce que la relacionada “PROPUESTA ECONOMICA” sea génesis de la obligación en un CONTRATO DE DEPOSITO MERCANTIL, ni ningún otro contrato ni típico ni atípico de los que hablan tanto el condigo de comercio como el Código Civil. 3).- Que para que la relacionada PROPUESTA ECONOMICA llegase a reputarse o consolidarse como UN CONTRATO, no solo bastaba con la simple aceptación de dicha oferta.- … 4).- por todo lo anteriormente expuesto estimamos lo siguiente: A)- Que la propuesta económica echa por la empresa demandante y aceptada por la demandada, a pesar que consigna obligaciones reciprocas, no constituye “Existencia de un contrato valido” como lo argumenta la demandante.-… C)- Que como en el caso de autos no se demostró la Existencia de un contrato valido, no se origina o no nació ninguna obligación civil tal y como se destaca la disposición legal citada contenida en el articulo 1346 del Código Civil.- D)- Que ni siquiera las obligaciones contempladas en la mencionada “Propuesta económica” produce los efectos reclamados por la parte demandante, ya que no quedo acreditado en autos, que la demandada Empresa en el cumplimiento de las obligaciones asumidas estrictamente en los términos de dicha “Propuesta Económica” y aceptada por la parte demandante, haya incurrido en dolo culpa o negligencia que lo haga responsable de indemnizar daños y perjuicios y por eso mismo, tampoco procede el pago de una cantidad en concepto de lucro cesante como lo pretende, la demandante.” Claramente el Ad-quen presupone que no era válida la relación jurídica patrimonial entre partes, por no existir un documento bajo la denominación de CONTRATO DE DEPOSTIO MERCANTIL DE MERCADERIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS, que contenga las ofertas de las obligaciones contractuales entre la demandante y la demandada y la aceptación coetánea de esta oferta en forma simultánea; es decir que confunde el concepto de contrato o título de la obligación, con la prueba de la existencia de un contrato que bien puede llegar a ser el documento contentivo del contrato mismo; y que en materia mercantil no requiere conste por escrito, como lo establece precisamente la norma infringida. NATURALEZA DE LA INFRACCIÓN, violación o falta de aplicación de una norma: De acuerdo a las técnicas de Casación, la violación o falta de aplicación ocurre cuando la ley o doctrina legal que regula la cuestión debatida, no se aplica a la resolución del caso; consiste pues en la omisión o falta de aplicación de la norma abstracta aplicable al caso concreto. En el caso que nos ocupa, la norma infringida fue, como ya anunciamos el párrafo único del artículo 717 del Código de Comercio de 1950, que establece que en materia mercantil la oferta o la aceptación por teléfono, radioteléfono o cualquier medio semejante se considerarán entre presentes cuando las partes, sus representantes o mandatarios se comuniquen personalmente. Establece la exposición de motivos del Código de Comercio, Capitulo II, DE LOS CONTRATOS MERCANTILES Y DE LOS ACTOS UNILATERALES EN GENERAL, pagina 55, ejemplar OIM, que “El viejo problema de contratación entre ausentes se ha resuelto en el campo del derecho mercantil considerando los respectivos contratos como celebrados entre presentes, si los contratantes estuvieren en contratación directa. Ello supone la existencia de medios técnicos que permitan el cambio de opiniones de contratante a contratante sin la intervención de nuncio o mensajero, ni de medios escritos, pues en estos casos se trataría de una contratación por correspondencia (artículo 717)” De tal forma que en materia mercantil no se requiere de un documento contentivo del contrato entre partes, puesto que este se puede sustituir por el documento de la oferta del servicio y su aceptación, por correspondencia, como fue en el caso de autos la “Propuesta Económica” que le hiciere OPERADOR LOGISTICO RANSA S.A., a mi representada y la aceptación de mi representada al servicio prestado. De tal forma que existiendo la oferta como la Propuesta Económica de OPERADOR LOGISTICO S.A. RANSA, de prestación de un servicio mercantil en forma pública y habiendo sido aceptada por mi representada mediante la contratación del servicio ofrecido en las condiciones de la propuesta, claramente existía un contrato, como un acto jurídico creador de obligaciones entre las partes litigantes, escrito y documentado entre ausentes, sin necesidad de un documento contractual típico, denominado CONTRATO. De tal forma su señoría que la falta de aplicación del párrafo único del artículo 717 del Código de Comercio, por parte del Ad-quem, es determinante un erróneo razonamiento del sentenciador, al suponer que no existe contrato valido entre OPERADOR LOGISTICO RANSA S.A, e INDUSTRIA DEL PLASTICO S.A. de C.V., (INPLASA)”. SÉPTIMO: El abogado Leonel Edgardo Maradiaga Aplicano, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Operadores Logísticos Ransa S.A. de C.V., respecto de los Motivos Primero, Segundo y Tercero de Casación admitidos a la contraparte, plantea su respuesta de la siguiente manera: (Sic) “a la expresión de los motivos de casación primer motivo: el recurrente desarrolla este motivo invocando infracción del artículo 1939 del código civil, el cual establece que se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla. por lo que nos pronunciamos en la forma siguiente: a) en su concepto de infracción: cuando el recurrente se refiere al fundamento de derecho séptimo de la sentencia recurrida, es correcta la apreciación que la honorable corte segunda de apelaciones en el numeral 2.1 establece que en todos los antecedentes del proceso no existe ningún documento bajo la denominación de contrato de depósito mercantil de mercaderías y servicios logísticos, con el cual se puedan determinar las obligaciones contractuales de las partes y la simple nota de fecha 4 de agosto de 2011 no constituye ni siquiera un contrato civil y mucho menos ningún contrato mercantil, ya que ese documento es únicamente "una propuesta económica" y como tal no reúne ningún requisito como para que pueda ser considerado como un contrato de depósito y bajo ningún concepto puede decirse que es un contrato válido lo cual la sentencia de la corte motivó ampliamente y que concluye que la referida propuesta no es el origen de un contrato de depósito ni de ningún otro, sea este típico o atípico y que se encuentre en el código de comercio o en el código civil. b) posteriormente en la expresión de la infracción se refiere a que existió una relación jurídica cumplida defectuosamente, aquí erróneamente y con intención de confundir a esta corte dice que mi representada es un almacén general de depósito, autorizado como entidad supervisada por La Comisión Nacional De Banca Y Seguros, lo cual en ningún momento pudieron acreditar tal actividad, sobre este punto la sentencia recurrida establece que no consta en el documento propuesta económica que Ransa pudiera emitir bonos de prenda o certificados de depósito lo que son atribuciones que le competen exclusivamente a los almacenes generales de depósito. c) con relación a la naturaleza de la infracción violación o falta de aplicación de una norma, no existe ninguna infracción al artículo 1939 del código civil y continua el recurrente manifestando el cumplimiento defectuoso que conlleva a la indemnización de daños y perjuicios sobre un contrato de depósito mercantil que nunca existió celebrado entre mi representado Ransa con Inplasa como si fuera un almacén general de depósito. si bien es cierto los contratos son ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos, según lo preceptúa el artículo 1348 del código civil, pero en el presente caso el contrato de depósito que alude el demandante nunca existió. señores magistrados de esta honorable sala civil, por las razones aquí expuestas, debe ser desestimado dicho motivo.1028700698500 Segundo Motivo: el recurrente indica que hay infracción al artículo 719 del código de comercio que dice: "la misma consideración tendrá la declaración de una de las partes de quedar obligada como consecuencia de la opción que se concede a la otra para aceptarla o rechazarla" al efecto nos pronunciamos en la forma siguiente: el artículo 719 del código de comercio se refiere a los actos unilaterales de los contratos, el caso que nos ocupa es de tipo bilateral y debió haberse suscrito por escrito entre ambas partes y no basta la simple aceptación de una propuesta económica para que esta fuera considerada válida como si se hubiera suscrito un contrato de depósito o deposito mercantil de conformidad al artículo 715 del código de comercio que establece: "los contratos mercantiles que no estén especialmente reglamentados en este código se regirán por las reglas generales y por las estipulaciones de las partes, y en las que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento o en el código civil". por lo que no basta una simple propuesta económica para que esta sea considerada un contrato, ya que el código de comercio en el capítulo VII. DEL DEPOSITO MERCANTIL establece este tipo de contrato y los relaciona con los almacenes generales de depósito lo mismo que la emisión de los bonos de prenda y certificados de depósito por lo antes expuesto consideramos que también este motivo debe ser desestimado. TERCER MOTIVO: infracción al artículo 717 del código de comercio que establece: "la oferta y la aceptación por teléfono, radiotelefonía o cualquier medio semejante, se considerarán entre presentes cuando las partes sus representantes o mandatarios se comuniquen personalmente" al efecto nos pronunciamos en la forma siguiente: la incorporación de este artículo en nuestro ordenamiento legal, es para definir los actos de comunicación que pueden tener las partes utilizando teléfono, radiotelefonía o cualquier medio semejante y no como el recurrente pretende invocarlo diciendo que no hay necesidad de un contrato escrito, para la validez de un acto jurídico, con lo que el recurrente con el respeto que se merece se encuentra totalmente equivocado al hacer tal aseveración. consideramos no haber ninguna infracción a la norma descrita, ni por lo tanto violación o falta de aplicación por parte del ad-quem y el recurrente vuelve a copiar los mismos argumentos que estableció en el motivo segundo; por lo que también este motivo debe ser desestimado.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1. El artículo 313 de la Constitución de la República, entre otras atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, señala: “… 5. Conocer de los recursos de habeas corpus, habeas data, casación, amparo, revisión e inconstitucionalidad de conformidad con la constitución y la ley.” 2. Respecto de las garantías judiciales, el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 3. Por su parte la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; preceptúa en su artículo 17 “Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.”; encontramos también el artículo 18 “Derecho de justicia. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos…”, y el artículo 24 Derecho de Petición. “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.” 4. El Titulo III, Capítulo II de los Derechos Individuales de la Constitución de la República en su artículo 80, preceptúa el derecho que le asiste a toda persona de presentar peticiones a las autoridades y obtener una respuesta en el plazo legal, por su parte el artículo 82 constitucional, garantiza la inviolabilidad del derecho de defensa y el libre acceso a los tribunales de los habitantes de la República, para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes; por su parte el párrafo primero del artículo 90 preceptúa: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” 5. Por el principio de acceso a los Juzgados, reconocido en el artículo 1 deI Código Procesal Civil, toda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgados la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso, derecho originado en el artículo 82 de la Constitución de la República que garantiza que el derecho de defensa es inviolable, teniendo libre acceso a los tribunales los habitantes de la República para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes. 6. El recurso de casación, al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, tiene dos fines expresos, el primero de ellos se encamina a la protección de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica), y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin tiene que ver con la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 7. Conforme el artículo 718 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del recurso de casación, teniendo facultades para estimar y casar la resolución recurrida y resolver conforme a derecho o bien para no estimar procedente la casación por ningún motivo en cuyo caso declarar que no ha lugar al recurso. 8. La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación únicamente la vinculación que nace en el caso de autos respecto de los Motivos Primero, Segundo y Tercero de casación formalizado por el censor y admitidos por este tribunal. En consecuencia, sólo podrá decidir en relación a los pronunciamientos recurridos y por cuestión de derecho mediante el principio iura novit curiae, todo ello de conformidad a los artículos 701.1 y 2 y 726.1 del Código Procesal Civil. 9. Como consecuencia de lo anterior y al tenor de lo dispuesto en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, corresponde a la Sala de lo Civil confrontar los Motivos Primero, Segundo y Tercero admitidos, mismos que versan por infracción de normas sustantivas contra la sentencia dictada en fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán. 10. Habiéndose dejado señalado en los acápites anteriores los argumentos expuestos por las partes sobre los Motivos Admitidos, se procede hacer cita de la motivación fáctica y jurídica de la sentencia impugnada, específicamente en lo relacionado con los argumentos esgrimidos por el recurrente, así tenemos que el tribunal de alzada expresa entre otros, lo siguiente: (Sic) “SEPTIMO: …….1)- Se trata de una "DEMANDA VIA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO CUYA PRINCIPAL PRETENCION ES LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCACIONADOS POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE DEPOSITO MERCANTIL"...; en donde se ven involucradas dos Empresas Mercantiles. 2)- Que el principal argumento con el que el demandante funda su derecho es según su demanda, "LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO VALIDO" suscrito según él, por su representada y la demandada, el 4 de agosto del año 2011 el cual denomina "CONTRATO DE DEPOSITO MERCANTIL DE MERCADERIAS Y SERVICIOS LOGÍSTICOS. Sin embargo, respecto a este punto, (el cual dicho sea de paso es el principal a considerar ya que según el demandante es el "génesis de la obligación) hemos podido verificar lo siguiente: 2.I)- Que no existe en todos los antecedentes del Proceso ningún documento bajo la denominación de CONTRATO DE DEPOSITO MERCANTIL DE MERCADERIAS Y SERVICIOS LOGÍSTICOS. que contenga obligaciones contractuales entre la demandante y demandada.- I)- Que lo que el demandante alude como tal, es una nota de fecha 4 de agosto del año 2011, la cual corre anexada a su demanda en el folio 149, 150, 151 Y 152 del tomo "I " de los autos, la que constituye según su propio contenido "Una Propuesta Económica", mediante la cual la Demandada "RANSA", hace saber a Sulmy Ortez.- IMPLASA, algunas consideraciones generales para el desarrollo de la propuesta, las ventajas del sistema, la descripción del servicio, las tarifas de almacenaje, Distribución, observaciones, compromiso y aprobación.- Dentro de todo lo cual no se contempla ni implícitamente ni mucho menos expresamente, que la demandada "RANSA", haya asumido en su propuesta económica, obligaciones de custodia, conservación y cuidado del bien o la emisión de bonos de prenda y certificados de depósito, como lo deja entrever en la demanda, el postulante procesal de la demandante "IMPLASA" por lo cual afirma que la referida "PROPUESTA ECONÓMICA", genera un contrato de depósito mercantil o de almacenaje.- Afirmación esta, que no compartimos porque no resultan acreditadas las razones por las cuales el postulante procesal de la demandante Mercantil aduce que la relacionada "PROPUESTA ECONÓMICA" sea génesis de la obligación en un CONTRATO DE DEPOSITO MERCANTIL, ni ningún otro contrato ni típico ni atípico de los que hablan tanto el Código de Comercio como el Código Civil. 3)- Que para que la relacionada PROPUESTA ECONOMICA llegase a reputarse o consolidarse como UN CONTRATO, no solo bastaba con la simple aceptación de dicha oferta.- Ya que cualquier prestación cuya cuantía de la misma sobrepase los 200 lempiras como es del caso, debe de constar en documento público.- Esto en conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 1575 del Código Civil, aplicado supletoriamente en el presente asunto, tal como lo dispone, el artículo "1" del Código de Comercio; en base al cual, todo contrato del tipo que se invoca, debe cumplir con todas las formalidades y solemnidades que eso implica y que por lo visto en el presente caso no se cumplieron- En esa misma relación, cabe hacer notar, que en la misma "Propuesta Económica" de que se hace merito, se contempló expresamente la condición de que la aceptación de la propuesta debería realizarse por escrito; condición que no se cumplió ni siquiera en la forma más simple ni mucho menos en documento Público.- 4)- Por todo lo anteriormente expuesto estimamos lo siguiente: A)- Que la propuesta económica echa por la empresa demandante y aceptada por la demandada, pesar que consigna obligaciones reciprocas. No constituye "Existencia de un contrato valido" como lo argumenta la demandante.- B)- Que conforme el Articulo 1346 y 1348 del Código Civil.- "Las Obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia.- Que: Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.- C)- Que como en el caso de autos no se demostró la Existencia de un Contrato Valido, no se origina o no nació ninguna obligación civil tal y como se destaca la disposición legal citada contenida en el articulo1346 del Código Civil, D)- Que ni siquiera las obligaciones contempladas en la mencionada "Propuesta Económica" produce los efectos reclamados por la parte demandante, ya que no quedo acreditado en autos, que la demandada Empresa en el cumplimiento de las obligaciones asumidas estrictamente en los términos de dicha "Propuesta Económica" y aceptada por la demandante, haya incurrido en dolo culpa o negligencia que lo haga responsable de indemnizar daños y perjuicios y por eso mismo, tampoco procede el pago de una cantidad en concepto de lucro cesante como lo pretende, la demandante.” 11. La Sala de lo Civil deviene en señalar a modo de preámbulo, que una de las casuales o motivo para interponer recurso de casación es la contemplada en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece lo siguiente: “Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”; causal esta que precisamente ha invocado el recurrente en los tres Motivos admitidos por la Sala; y si bien es cierto que la referida causal no señala la falta de aplicación de determinada norma de fondo, entendemos, y así se ha dejado plasmado en diferentes fallos que respecto de la no aplicación de una determinada norma por el tribunal sentenciador en la sentencia que profiera, se podrá tener la misma como causal del motivo que se plantee; y es que esto debe entenderse como un modo de infracción de ley, esto es: “Violación de la ley, es lo mismo que infracción y consiste en la omisión o falta de aplicación de una ley, pero no de una ley cualquiera, es preciso que se trate de una norma aplicable al caso”; en ese sentido la Sala de lo Civil deviene entonces en conocer y resolver aquellos casos en lo que se ha planteado la falta de aplicación de determinada norma, siempre y cuando el planteamiento reúna los requisitos para la interposición del mismo. 12. La parte recurrente resiste los argumentos del tribunal de segunda instancia; en los Tres Motivos admitidos arguye básicamente que en el caso de autos ha operado desde el año dos mil once una relación contractual de depósito entre las partes, misma que ha tenido su origen en la llamada “Propuesta Económica” de parte de la demandada y que fuera aceptada por la demandante, relación contractual por la cual la empresa RANSA almacenaría y resguardaría en su plantel y a disposición de la empresa INPLASA, mercaderías o productos de esta, por un pago mensual establecido por tal servicio. 13. El artículo 228 del Código Procesal Civil, referente a los fines de la prueba, establece que a través de los medios de prueba las partes acreditan las afirmaciones de hecho alegadas que sean controvertidas, convencen al juez o tribunal de la verdad o certeza de un hecho, o lo verifican como cierto a los efectos del proceso, asimismo el artículo 238 del mismo Código establece que: 1. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención. 2. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior. 14. Después del estudio del Primer Motivo planteado y de su necesaria confrontación con la sentencia impugnada, se deviene entonces en considerar si resulta o no correcta la pretensión de la parte recurrente en cuanto que se debió de haber aplicado en el fallo de segunda instancia el artículo 1939 del Código Civil, que establece: “Se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla”. De tal confrontación tenemos entonces que el tribunal de segunda instancia ha dejado plasmado en su fallo revocatorio que, en el caso de autos, no ha existido entre las partes un contrato de depósito mercantil de mercaderías y servicios logísticos, que contenga obligaciones contractuales entre la demandante y demandada, y que lo que ha existido es una relación comercial en base a una propuesta económica que la parte demandante acepto, estimando que la misma no constituye un contrato de depósito o almacenamiento; por su lado la tesis de la parte recurrente en esta vía sostiene que la propuesta económica constituye la génesis de la relación comercial entre las partes y que por tanto se le debe tener como generadora de responsabilidades entre las mismas. De lo anterior, y siendo que en el caso de autos es motivo de controversia si la inicial propuesta económica devino con el transcurso del tiempo en un contrato de almacenamiento de productos o, por el contrario, tal relación al no estar regida por un contrato solemne no genera entre las mismas ninguna responsabilidad. Inicialmente nos referimos a la materia contractual a la luz de la doctrina y lo preceptuado por nuestra normativa civil y mercantil. La palabra contrato tiene su raíz en el latín contractus que significa contraer, estrechar, unir, hoy en día su definición general, es la de “Pacto o convenio que se realiza, de manera oral o escrita, entre dos o mas partes para obligarse a cumplir algunos elementos sobre una materia o cosa claramente definida”; por su parte, en nuestra normativa el artículo 1539 Código Civil, define: “contrato es una convención en virtud de la cual una o mas personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa”; el contrato es un término especifico a diferencia del término Convención que resulta ser un término genérico y que se define como toda relación jurídica consistente en un acuerdo de voluntades y que puede tener por objeto crear, modificar o extinguir derechos; entonces todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. Por otro lado, el término Pacto está referido a un acuerdo que las partes contratantes insertan en los contratos y que de ellos puede derivar una acción o una excepción. Se llaman Pactos también a los convenios no regulados, especialmente por el código y se conocen con el nombre de contratos innominados. El artículo 1346 del Código Civil, establece: “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos y de los actos y omisiones ilícitos en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia”; de las fuentes de las obligaciones nacidas de los contratos tenemos que la doctrina moderna hoy en día acepta además de las fuentes tradicionales, otras como la voluntad unilateral, la responsabilidad objetiva, la sentencia judicial, las relaciones contractuales de hecho; por su parte al tenor de lo preceptuado por el articulo 1348 Código Civil. “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.”; artículo que consagra el principio de que “lo convenido es la ley del contrato”; ahora bien, por la cláusula rebus sic stantibus (permaneciendo así las cosas) se entiende que las obligaciones contraídas en un contrato se cumplen en las circunstancias normales en que fueron contraídas (teoría de la imprevisión), tal el caso de los contratos de ejecución continuada, periódica o por etapas, es decir de cumplimiento sucesivo (entre ellos el de depósito), y que puede tener aplicación en materia civil al amparo de los principios de buena fe y la equidad natural que se sobrentienden implícitos en los contratos. El artículo 1360 del Código Civil apunta que: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas”; tenemos entonces que al tenor de tal artículo (como precepto general), el mismo aplica al incumplimiento de todas las obligaciones contractuales y extracontractuales en materia civil por los daños y perjuicios causados, esto es, a los que efectivamente se han producido y no a los daños y perjuicios posibles, mismos que deberán ser efectivamente probados; el artículo 1362 del Código Civil establece lo siguiente: “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Puede ser lata, leve y levísima”; artículo referido más a la culpa contractual que la extracontractual, entendemos entonces que se infringe un contrato dejando de prestar la debida diligencia, en el caso concreto de incumplimiento contractual por negligencia refiere a la falta de diligencia ya aludida, lo que consecuentemente establece que: “En derecho civil, las lesiones causadas por negligencia obligan a su autor a indemnizar a la víctima por daños y perjuicios sufridos”; en lo que concierne a la culpa que refiere el artículo 1360 del Código Civil, doctrinalmente se le clasifica en tres tipos: precontractual, contractual y extracontractual, entendiendo que la primera de ellas se suscita en el periodo preliminar al contrato, esto es, en los pasos iniciales del convenio, en cuyo caso las partes al no estar ligadas por ningún vinculo pueden dar por terminadas las conversaciones, sin embargo, si tal ruptura de los preliminares ocasiona gastos a uno de los precontratantes, surge indudablemente la obligación de indemnizar el daño ocasionado. Esa etapa comprendida entre la oferta y la conclusión del contrato, y en cuyo transcurso las partes pueden causarse daños imputables (culpa incontrahendo), a decir del jurista Rudolf Von Ihering: “consiste en la violación de la diligencia que las partes deben observar no solo en el cumplimiento del contrato, sino también en el transcurso de las relaciones anteriores al mismo, a fin de que cada contratante no quede librado al peligro de constituirse en víctima de la negligencia del otro”; se entiende entonces que habrá situaciones por las cuales alguna de las partes comete daños por imprudencia o negligencia sin que se haya concertado contrato formal alguno entre las mismas; en cuyo caso existe el fundamento para indemnizar, toda vez que entre las partes, en esta etapa precontractual, opere una relación basada en la confianza y de lealtad análoga a la contractual, por lo que faltar a esos deberes genera una pretensión legítima de indemnización por los daños recibidos. Tal situación doctrinal (culpa incontrahendo), encuentra amparo en materia mercantil por lo dispuesto en el artículo 712 Código de Comercio que indica: “Las disposiciones legales sobre los contratos serán aplicables a los negocios y actos jurídicos en general, y en particular a los actos unilaterales inter vivos que tengan contenido patrimonial, en lo que no se opongan a su naturaleza o a disposiciones especiales sobre ellos”; artículo por el cual se establece que en materia mercantil, las disposiciones legales sobre los contratos serán aplicables a los negocios y actos jurídicos en general, de esta forma quedan reguladas las siguientes: a) La promesa unilateral de contrato; b) La oferta y su aceptación; c) La opción; d) El ofrecimiento de bienes al público; y, e) La promesa de recompensa. 15. No consta en el caso de autos, prueba documental alguna por la cual se acredite que las empresas mercantiles denominadas Industria del Plástico S.A. de C.V. (INPLASA) y Operador Logístico S.A. de C.V. (RANSA), hayan celebrado un Contrato por Escrito de Depósito Mercantil de Mercaderías y Servicios Logísticos, que contenga obligaciones contractuales entre la demandante y demandada. En cambio, si ha resultado acreditado una nota de fecha cuatro de agosto del año dos mil once (Vid. folios 149-152 del tomo I), misma que constituye Una Propuesta Económica, mediante la cual la empresa RANSA hace saber a la empresa INPLASA, las condiciones por las cuales se regirían las operaciones de recibir, almacenar y despachar mercaderías de la segunda, desde su local de almacenaje denominado Centro de Operaciones Zip Costuras (Amarateca), proponiéndose además la tabla de Tarifas por Almacenaje que se pagarían por tales servicios. Como ya se ha dejado señalado, la controversia entre partes versa en torno a si la referida propuesta económica ha generado o no responsabilidad para la encargada por los daños ocasionados por el incendio ocurrido en sus instalaciones, para con la depositante. En ese orden de ideas, tenemos que, a partir de la propuesta económica formulada en el año dos mil once, se estableció una relación comercial por la cual la demandada realizó todas aquellas operaciones inherentes a un almacén de depósito, estos es, recibir, almacenar y despachar mercaderías de la empresa INPLASA (propias del contrato de depósito), relación esta que se vio únicamente interrumpida y terminada, por causa de la conflagración ígnea suscitada en el plantel de la empresa RANSA, en el año de dos mil trece. Bajo ese contexto y en referencia concreta al Primer Motivo admitido, que plantea la infracción por falta de aplicación del artículo 1939 del Código Civil, que establece que “se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla”, la Sala de lo Civil no obvia señalar que el contrato de depósito deviene en ser solemne, esto es que debe cumplir ciertas formalidades especiales, específicamente que conste por escrito en documento público otorgado ante notario; ahora bien ante la ausencia de tal formalidad o solemnidad (contrato formal), entiende que la relación comercial establecida entre partes, que ha sido reconocida como existente entre ellas, que ha tenido un desarrollo en el tiempo, y que termina abruptamente por un incendio con la consecuencia de la destrucción total de lo almacenado, acarreando daños y perjuicios en menoscabo de una de las mismas, no puede ni debe considerarse exenta de responsabilidad para quien ha realizado labores de recibimiento, custodia y entrega de los productos bajo su responsabilidad (depósito), si precisamente por su negligencia se ha provocado tal situación. En el caso de autos, nos encontramos inicialmente ante una relación jurídica de carácter precontractual entre dos empresas mercantiles que nunca procedieron a formalizar la relación comercial existente; ahora bien, tal situación precontractual ha tenido un desarrollo que se ha prolongado normalmente entre las partes y que únicamente se ve interrumpida por un incendio que ocasiona la pérdida total de lo almacenado; las operaciones realizadas por la parte demandada implican necesariamente la tradición o entrega de la cosa depositada al depositante; la doctrina reconoce al contrato de depósito en general como un contrato real, mismo que se perfecciona con la entrega de la cosa al depositante por parte del depositario, tal y lo señala el artículo 1544 del Código Civil que establece: “El contrato es real, cuando para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere”; tales conceptos del derecho civil son extensivos al derecho mercantil y tiene manifestación normativa en lo señalado por el artículo 1 del Código de Comercio que dice: “Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de estos, por las normas del código civil”; la relación comercial establecida entre las dos empresas, en el caso de autos, queda amparada respecto de los contratos, en lo dispuesto de manera amplia por el artículo 712 Código de Comercio que indica: “Las disposiciones legales sobre los contratos serán aplicables a los negocios y actos jurídicos en general, y en particular a los actos unilaterales inter vivos que tengan contenido patrimonial, en lo que no se opongan a su naturaleza o a disposiciones especiales sobre ellos”; consecuente con todo lo anterior, tenemos que el fallo proferido por el tribunal de alzada (Corte de Apelaciones), ha vulnerado, por falta de aplicación, lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil. 16. De la necesaria contraposición entre el Segundo Motivo admitido con lo esgrimido en su fallo por el tribunal de segunda instancia, la Sala de lo Civil deviene entonces en considerar si el ad-quem ha vulnerado, por falta de aplicación, el párrafo primero del artículo 719 del Código de Comercio que establece: “La misma consideración tendrá la declaración de una de las partes de quedar obligada como consecuencia de la opción que se concede a la otra para aceptarla o rechazarla…”; el argumento del tribunal de alzada en el fallo preferido presupone que no era válida la relación jurídica patrimonial entre las dos empresas mercantiles, ello por la ausencia de un contrato formal firmado, y no concede por tanto valor alguno a la oferta económica formulada por parte de la empresa que se dedica a la actividad mercantil de depósito en almacenes abiertos al público, propuesta aceptada por la parte demandante en forma tácita, y que tiene manifestación inequívoca en la entrega de mercaderías en depósito y el pago efectuado de varios meses por el servicio de depósito de las mismas. De lo señalado, se estima que la prestación de un servicio al público, como es el depósito de mercancías para su almacenamiento, por una empresa precisamente dedicada a tales menesteres (almacén general de depósito autorizado), como resulta ser el caso de Operador Logístico Ransa S.A., provoca consecuentemente que la aceptación de la contraparte genere obligaciones para el ofertante (artículo 712 del Código de Comercio), sin necesidad de que exista otra prueba de la obligación que la misma oferta y su aceptación; por tanto conlleva la responsabilidad para la depositaria de restituir esas materias primas al depositante; situación que en el caso de autos, no ha sucedido así. En relación con la norma que se estima vulnerada, el artículo precedente, 718 del Código de Comercio, establece que un comerciante no podrá revocar válidamente la declaración de quedar obligado como consecuencia de la opción que se concede a la otra para aceptarla o rechazarla, siendo de tal forma que la sola oferta es un acto jurídico unilateral, que crea obligaciones contractuales para el oferente una vez aceptada; en armonía con lo expuesto, la Sala de lo Civil estima que el fallo proferido por la Corte de Apelaciones ha incurrido en vulneración, por falta de aplicación, del párrafo primero del artículo 719 del Código de Comercio. 17. Llevada a cabo la confrontación del Tercer Motivo admitido con el argumento del tribunal de alzada en el fallo impugnado en esta vía casacional, sobre la vulneración por falta de aplicación del artículo 717 del Código de Comercio que establece: “Articulo. 717.- La oferta y la aceptación por teléfono, radiotelefonía o cualquier medio semejante, se considerarán entre presentes cuando las partes, sus representantes o mandatarios se comuniquen personalmente”; la Sala encuentra que en este motivo se ponen de manifiesto las mismas razones alegadas ya expuestas en los motivos anteriores; por una parte el fallo del tribunal ad-quem de que no existe en todos los antecedentes del proceso ningún documento bajo la denominación de Contrato de Depósito Mercantil de Mercaderías y Servicios Logísticos, y que la Propuesta Económica hecha por la empresa demandante y aceptada por la demandada, a pesar que consigna obligaciones recíprocas, no constituye “Existencia de un contrato válido”; y por parte del recurrente, la de que se ha suscitado entre las partes una relación comercial de depósito de productos, por un precio mensual fijado de mutuo acuerdo, a partir de la aceptación de la Propuesta Económica de parte de la empresa INPLASA, y señalando que la infracción del referido artículo del Código de Comercio se suscita, porque el tribunal confunde el concepto de contrato o título de la obligación, con la prueba de la existencia de un contrato que bien puede llegar a ser el documento contentivo del contrato mismo; y que en materia mercantil no requiere que conste por escrito, como lo establece precisamente la norma que estima infringida. De manera introductoria, la Sala de lo Civil estima menester apuntar que hoy en día, en un mundo más globalizado, las relaciones comerciales tanto de carácter internacional como nacional, cobran más importancia y resultan fundamentales para el desarrollo de las mismas; tal desarrollo comercial se ve acrecentado por el uso extendido de herramientas tecnológicas de comunicación. En ese orden de ideas, tal aceleramiento demanda de los Estados la implementación de normas jurídicas acordes con tan vertiginoso desarrollo. El Código de Comercio de nuestro país, si bien es cierto que data del año 1950, resulta ser una normativa moderna para la época en que se implementó. Señalado lo anterior, deviene por parte nuestra considerar entonces si el artículo 717 del Código de Comercio se ha vulnerado o no por el fallo de segunda instancia; tal artículo establece unos medios válidos para hacer saber sobre una propuesta comercial y su aceptación, teléfono, radiotelefonía, estableciendo además “o cualquier medio semejante”; con lo cual ha dejado abierta la posibilidad de que se puedan hacer tales propuestas por cualquiera de los nuevos medios de comunicación tecnológicos modernos desarrollados (fax, correo electrónico, telefonía celular, etc.). En materia mercantil, establece la Sala que, ante la ausencia de un documento de contrato firmado formalmente entre partes, el acto de comunicación por escrito plasmado en la propuesta económica aceptada, y que ha provocado el desarrollo de la relación comercial entre las referidas empresas mercantiles por varios años y que ha sido de forma continua, tiene plena validez y encuentra equiparación con lo señalado en el artículo cuya vulneración se alega (Vid. también artículo 718 del Código de Comercio), la relación aludida entre depositante y depositario se origina en un acto de comercio, por tanto, dicha obligación tiene carácter mercantil, y deviene en ser amparada por lo dispuesto en el artículo 712 del Código de Comercio, razón para estimar que el fallo proferido por la segunda instancia infringe, por falta de aplicación, el artículo 717 del Código de Comercio. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 17, 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 5, 129, 169, 170.5, 190.1, 191.1, 193.2 c), 195, 196, 200, 201, 203, 206, 207, 208, 218, 228, 245, 251, 269, 270, 278, 280, 312, 315, 335, 716, 717, 718, 719.2, 725, 726, 727.5 y 729 del Código Procesal Civil; 1, 2, 13, 23, 644, 645, 691, 692, 697, 702, 714, 715, 716, 717, 719, 729,761, 842, 843, 844 y 850 del Código de Comercio; 4, 17, 20, 1346, 1348, 1350, 1351, 1358, 1360, 1362, 1363, 1364, 1365, 1460,1461, 1539, 1540, 1544, 1546, 1550, 1552 y 1577 del Código Civil; DICTA NUEVA SENTENCIA IRRECURRIBLE y FALLA: PRIMERO ESTIMAR el Recurso de Casación en sus Motivos Primero, Segundo y Tercero interpuesto y formalizado por el abogado Caronte Rojas Zavala, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil Industria del Plástico S.A. de C.V. (INPLASA). SEGUNDO: CASA la sentencia recurrida de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. TERCERO: Declara CON LUGAR la demanda vía proceso ordinario de indemnización por daños y perjuicios ocasionados por cumplimiento defectuoso de obligaciones contractual de depósito mercantil, promovida por el abogado Caronte Rojas Zavala, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Industria del Plástico S.A. de C.V. (INPLASA), contra la sociedad mercantil denominada Operadores Logísticos RANSA S.A. de C.V. CUARTO: Se CONDENA a la parte demandada, Operadores Logísticos RANSA S.A. de C.V., a PAGAR a la parte demandante, la cantidad de Ciento Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Tres Dólares con Treinta y Un Centavos ($158,333.31) o su equivalente en lempiras, por concepto de Daños y Perjuicios ocasionados a la empresa Industria del Plástico S.A. de C.V. (INPLASA). QUINTO: CON COSTAS a la parte recurrida. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes por medio de sus representantes legalmente constituidos en el juicio, ordenándose devolver las actuaciones a la correspondiente Corte de Apelaciones de su procedencia con la certificación del presente fallo, para que disponga el curso que debe seguir conforme a la ley. Hasta esta fecha se emite la presente sentencia, por haber mediado justa causa y lo complejo del presente recurso de casación. Redacto el Magistrado Jiménez Puerto. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MILTON JIMÉNEZ PUERTO. MAGISTRADO COORDINADOR. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro; Certificación de la sentencia de fecha trece de diciembre del año dos mil veintitrés, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 24=2021.BETTY JANETH PALMA O’CONNORSECRETARIA SALA DE LO CIVIL