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Sentencia CC-211-18 — Registro 16872

Resumen

En primera instancia se desestimó la excepción material de prescripción y desestimar la demanda ordinaria de reivindicación o acción de dominio, en segunda instancia se confirma la sentencia que se resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “10. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, al confrontar los argumentos esgrimidos en el fallo proferido por el ad-quem, con el primer motivo de casación admitido y formalizado por la parte recurrente, en el cual la causal recursiva es la contenida en el artículo 719 numeral 1) literal “c” del Código Procesal Civil, vinculándolo con el artículo 720.2 del mismo cuerpo legal, por el cual se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida, para revisar su suficiencia, racionalidad y carácter lógico; a modo de preámbulo, y dado que el debate se centra sobre una infracción procesal por error del Ad-Quem de las reglas legales sobre la valoración del dictamen pericial contenido en la norma procesal, artículo 335.1 del Código Procesal Civil; solicita el recurrente en el motivo primero admitido en su recurso, el control fáctico de la sentencia dictada por el Ad-Quem en fecha veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, específicamente en el número “QUINTO”. En ese sentido, ha sostenido esta Sala de lo Civil, en sus diferentes resoluciones, que la motivación es un derecho constitucional y se entiende que la Constitución es directamente vinculante tanto para el poder público como para los privados, por lo que es obligación del Juez salvaguardar su función de garantizar la supremacía y plena eficacia de la Constitución como norma fundamental. La norma procesal que invoca violentada el casacionista, manda que la valoración que se haga sea razonada y precisa, aplicando las reglas de la sana critica, del conocimiento y del criterio humano; en tal razón, esta Sala de lo Civil, al revisar el análisis de la valoración realizada por el Ad-Quem de la prueba pericial en el numeral “Quinto” de la sentencia señalada por el recurrente, en lo referente al dictamen pericial emitido por el ingeniero Guillermo Arturo Recarte Suazo, encuentra que el Ad-quem, decidió darle la validez necesaria, porque es una prueba que nace como propuesta en la audiencia de proposición de prueba de las dos partes que solicitaron al juez el nombramiento del perito, por ende las partes la consideraron de utilidad y pertinencia a sus pretensiones; luego, en la audiencia probatoria, esa prueba pasó por el tamiz del interrogatorio de ambas partes, lo que permitió al juzgador inferir de todo ello (aplica la lógica) la conclusión jurídica, y que el Ad-quem confirmó en el recurso de apelación; la lógica, y una de sus reglas, como es la ley de identidad, le permitieron arribar a esa conclusión, y por ende, la existencia o no del objeto del proceso. Realizó una valoración de la prueba pericial del Ingeniero Guillermo Arturo Recarte Suazo de forma armónica con el resto de la prueba evacuada en el proceso, aplicando la lógica, y en forma racional y suficiente, expuso los motivos que sustentaron su fallo. Además, el artículo 335.2 del Código Procesal Civil expresa: “En el caso que el órgano jurisdiccional se aparte de las conclusiones de un dictamen deberá motivarlo expresamente en la sentencia”; motivando el Ad-Quem su fallo en base al referido dictamen pericial, mismo que es el resultado de un procedimiento científico y técnico. Por otra parte, de acuerdo a la norma procesal civil, en el artículo 238 numerales 1) y 2), corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda, y al demandado la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que sean aplicables, impidan, extingan o excluya la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior; en este caso la parte actora no logró probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda, ni tampoco desvirtuar las afirmaciones realizadas por el perito. 11. La Sala de lo Civil, en este caso solamente ha conocido de infracciones de normas procesales, por ende, de la revisión antes desarrollada, este Tribunal considera que no se ha demostrado la concurrencia del motivo de casación por infracción de norma procesal invocada por el recurrente. 12. De conformidad con el artículo 245 del Código Procesal Civil, la valoración de la prueba deberá ser motivada conforme a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que el mismo código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca, en ese orden de ideas el dictamen pericial ha de ser valorado conforme las reglas de la sana crítica (artículo 335.1 CPC).”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: MILTON DANILO JIMENEZ PUERTO como Coordinador, RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA y MARIO ROLANDO DIAZ FLORES quien integra en virtud de la abstención de la Magistrada GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTINEZ; siendo la segunda ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en esta fecha dictan la siguiente: SENTENCIA SON PARTES: El abogado Oscar Raúl Matute Cruz accionando en su propia representación como recurrente; siendo recurrido el Instituto de Previsión Militar (I.P.M.) representado en juicio por el abogado Eustaquio Subilón Cruz. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE REINVINDICACION O ACCION DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE, promovida en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado Oscar Raúl Matute Cruz, actuando en causa propia, contra el Instituto de Previsión Militar (I.P.M.), por medio de su representante legal de ese entonces, el señor José Ernesto Leva Bulnes. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis, el abogado Oscar Raúl Matute Cruz, actuando en causa propia, promovió ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, demanda ordinaria de reivindicación o acción de dominio de un bien inmueble, contra el Instituto de Previsión Militar (I.P.M) representado en juicio por el abogado Eustaquio Sabillon Cruz. En donde fijó el objeto del proceso, a partir de tres requisitos esenciales: 1) Identificar con absoluta claridad y legalidad documentada la calidad de dueño del inmueble, cuya Reivindicación se demanda. 2) Que se acredite documentalmente la perfecta y precisa determinación del inmueble cuya reivindicación se demanda, determinándose señaladamente y con precisión la situación, cabida y linderos del inmueble a reivindicar. 3) Identificar con total precisión la persona jurídica (en este caso) que se encuentra en posesión del inmueble. En fecha uno de marzo del año dos mil diecisiete, el abogado Alex Eduardo Berrios Lamothe, actuando en su condición de representante procesal del Instituto de Previsión Militar (I.P.M) como parte demandada, contestó la demanda y expuso el objeto a debatir: Que el abogado Oscar Raúl Matute Cruz no encaja en ninguno de los dos modos de adquirir la propiedad, un nudo propietario para acreditarse fundadamente como tal, debe adjuntar a su demanda el respectivo tracto sucesivo que demuestre que el título original del que se deriva el actual, que ahora está haciendo valer, ampara dominio pleno y emana del Estado. Cabe enfatizar que la posesión ejercida por el Instituto de Previsión Militar como titular de un dominio útil que ahora es dominio pleno sobre el predio “Buena Vista”, sumando la posesión pública, tranquila e ininterrumpida ejercida por sus antecesores, se remonta al año 1910, o sea que el I.P.M. lo posee como titular de un dominio útil original (que ahora es dominio pleno). SEGUNDO: En fecha veintinueve de abril del año dos mil diecisiete, se celebró la Audiencia Preliminar, donde fracasada la etapa de conciliación entre las partes, se procedió a denunciar, por parte del abogado Alex Eduardo Berrios Lamonthe, la concurrencia de defectos insubsanables como defecto procesal, haciendo relación al artículo 449.1 del Código Procesal Civil… incluidos los referidos a la falta de capacidad, representación y postulación, y de cosa juzgada, que el Juez resolvió Declarar Sin Lugar. La parte demandante ratificó la demanda interpuesta y la parte demandada la contestación de la misma. Seguidamente, cada apoderado procesal en su orden, procedió a presentar sus respectivos medios de prueba, que fueron admitidos por el Juez en su totalidad, señalando audiencia probatoria para el trece de septiembre del año dos mil diecisiete, y una vez evacuada la prueba, las partes formularon respectivamente sus alegatos finales, mismos que se tuvieron por bien hechos. TERCERO: En fecha treinta de enero del año dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia, fallando de la siguiente manera: (Sic) “FALLA: 1) DESESTIMANDO LA EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION, promovida por el abogado ALEX EDUARDO BERRIOS LAMOTHE, accionando en ese entonces como Apoderado Judicial del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM) representado legalmente por el señor JOSE ERNESTO LEVA BULNES; 2) DESESTIMAR LA DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION O ACCION DE DOMINIO, promovida por el Abogado OSCAR RAUL MATUTE CRUZ en causa propia en contra del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), representado legalmente por el señor JOSE ERNESTO LEVA BULNES; 2) CON COSTAS; …”. CUARTO: En fecha veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, en virtud de la interposición de un recurso de apelación, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el A-quo, fallando de la siguiente manera: (Sic) “RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR RAUL MATUTE CRUZ en causa propia, contra la Sentencia Definitiva dictada en fecha Treinta de Enero del año Dos Mil Dieciocho por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio promovida por el Abogado OSCAR RAUL MATUTE CRUZ, en causa propia en contra del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.) representado legalmente por el señor JOSE ERNESTO LEVA BULNES. 2) CONFIRMANDO la sentencia venida en apelación…” QUINTO: En fecha trece de agosto del dos mil dieciocho, el abogado Oscar Raúl Matute, actuando en su propia representación, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de Casación contra la sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés. SEXTO: En fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho, el abogado Eustaquio Subilón Cruz, actuando en su condición de representante procesal del Instituto de Previsión Militar (I.P.M) presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte. SÉPTIMO: Recibidas las actuaciones en este Alto Tribunal, los abogados Oscar Raúl Matute Cruz y Eustaquio Subilón Cruz en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento, teniéndolos a ambos por personados en tiempo. OCTAVO: La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en fecha diez de agosto del año dos mil veintitrés, profirió auto irrecurrible mediante el cual admitió a trámite uno de los motivos del recurso de casación interpuesto, auto que en su parte dispositiva, entre otros, declara: (Sic) “1) ADMISIBLE el recurso de casación en su Motivo Primero, formalizado por el abogado OSCAR RAUL MATUTE CRUZ accionando en causa propia, interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, dictada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés”. En la Audiencia de Vista, los comparecientes abogados Oscar Raúl Matute Cruz y Eustaquio Sabillón Cruz, expusieron sus argumentos a favor y en contra respectivamente sobre el primer motivo de casación admitido. II. MOTIVACIÓN FACTICA Y JURÍDICA 1. El recurso de casación, al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, tiene dos fines expresos, el primero de ellos se encamina a la protección de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica), y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin tiene que ver con la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte, el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. Conforme el artículo 718 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del recurso de casación, teniendo facultades para estimar y casar la resolución recurrida y resolver conforme a derecho, o bien para no estimar procedente la casación por ningún motivo, en cuyo caso se declara no ha lugar el recurso interpuesto. 3. El principio de acceso a los Juzgados, reconocido en el artículo 1 del Código Procesal Civil, garantiza a toda persona el peticionar ante los Juzgados la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso, derecho originado en el artículo 82 de la Constitución de la República que garantiza que el derecho de defensa es inviolable, teniendo libre acceso a los tribunales los habitantes de la República para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes. 4. El artículo 3 del Código Procesal Civil, establece el derecho que le asiste a las partes para que el proceso se desarrolle por los tramites previstos legalmente, el respeto a los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; artículo este que tiene su ascendencia constitucional en lo preceptuado por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. 5. La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación, únicamente la vinculación que nace en el caso de autos respecto del Primer Motivo de casación formalizado por el Censor y admitido por esta Sala. En consecuencia, sólo podrá decidir en relación a los pronunciamientos recurridos, y por cuestión de derecho mediante el principio iura novit curiae, todo ello de conformidad a los artículos 701.1.2, y 726.1.2 del Código Procesal Civil. Entendiendo que su accionar es a instancia de parte (justiciable), tal como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; y que, solicitada su intervención en asuntos de su competencia, no puede dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes, tal como lo preceptúa al artículo 305 de la Constitución de la República. 6. Como consecuencia de lo anterior, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, corresponde a la Sala de lo Civil confrontar el Primer Motivo admitido, mismo que versa por infracción de norma procesal, contra la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, para lo cual nos abocamos a la parte de la sentencia del Ad-quem en lo referente a la motivación fáctico jurídico en su ordinal quinto: “MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA: PRIMERO:… SEGUNDO:… TERCERO:… CUARTO:… QUINTO: En el presente caso debe de determinarse si conforme al tracto sucesivo del bien inmueble cuya titularidad afirma tener el I.P.M. y que actualmente posee está incluido dentro del bien que le donara el señor Carlos Federico Fortín Reyes al abogado Oscar Raúl Matute Cruz en el Instrumento Publico Numero 1678 con un área superficial de 5.3781 manzanas cuadradas. Para ello debe precisarse si los títulos de dominio que cada una de las partes tiene inscrito en el Registro de la Propiedad coincide o no su descripción, su identidad en el lugar en que están ubicados. De la lectura del peritaje se observa, que el Perito “llevó a cabo una revisión de los documentos presentados por las partes como medios probatorios, enriqueciéndose los resultados con otra documentación obtenida principalmente a través del Instituto de la Propiedad y el SINAP. La evidencia documental fue contrastada con un levantamiento de campo, recurriendo adicionalmente, a obtener las colindancias de terrenos vecinos para validar los resultados obtenidos… Identificó las características del terreno “El Playón” identificado por el demandante y también las características del terreno del I.P.M., concluyendo que el terreno El Playón no quedaba área remanente, pues las ultimas 6220.21 varas cuadradas fueron vendidas por el señor Fortín Reyes en 1989. Se concluyó que el terreno del I.P.M. tiene un área y colindancias consistentes con lo descrito en el tracto sucesorio. Los actuales propietarios de las manzanas segregadas del terreno Buena Vista, originalmente de 93 manzanas, son consistentes, en área y colindancias tanto con lo descrito en los documentos, lo obtenido en el levantamiento de campo y la información de lo obtenido de los actuales vecinos. Por lo que se puede afirmar que el terreno identificado por la parte demandante no existe y no está incluido en el terreno del IPM, y que estos, el IPM se encuentra en su propiedad, que alguna vez formó parte del terreno Buena Vista”. 7. En el Primer Motivo admitido, los argumentos jurídicos y fácticos del casacionista son: “Preciso y justifico la incidencia de la infracción de la resolución impugnada así: 1. Preciso que la infracción procesal, incide en que al no haber una racionalidad y carácter lógico con la motivación fáctica hecha por el Tribunal Ad Quem, se evidencia la conculcación, por cuanto la sentencia debe ser hecha en base a los razonamientos de lo factico y el ordenamiento jurídico, lo que conduciría a una correcta apreciación y valoración de la prueba; la ausencia racional y carácter lógico de tales requisitos producen la infracción jurídica en el contenido de la sentencia… 2. El momento de la sentencia impugnada en el que se produce la infracción censurada es en el número “QUINTO” de la motivación fáctica y jurídica de la misma cuando el Ad Quem llega a conclusiones y hace afirmaciones erradas y alejadas de la verdad fáctica que obra en el proceso…” Continúa expresando el Casacionista: “… Desde luego conozco que la valoración de la prueba es función privativa del Tribunal de instancia a cuyo criterio debe estarse, salvo el caso, como el de autos, que sea absolutamente arbitrario, notoriamente irracional y no ajustado a las directrices de la lógica. Y por ello se solicita a la revisión casacional por medio del control de la motivación fáctica… Lo expresado es pertinente por lo que paso a señalar: a) El Perito no identificó las características del terreno del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M) eso no es verdadero lo que el Perito identificó, fue el terreno del recurrente a reivindicar y el terreno adyacente identificado en las pruebas documentales públicas como la propiedad del señor Carlos Federico Fortín (Q.D.D.G.) conforme la Constancia Catastral extendida por el Instituto de la Propiedad donde se señalan las colindancias del predio demandante-recurrente… b) Es absolutamente errada la conclusión a que llego el Ad Quem, que el terreno del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.) tiene un área consistente con lo descrito en el tracto sucesorio del terreno Buena Vista originalmente de 93 manzanas, tanto en lo descrito en los documentos, como lo obtenido en el levantamiento de campo y que el terreno identificado por la parte demandante no existe, no está incluido en el terreno del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.) y que estos se encuentran en su propiedad que alguna vez formo parte del terreno de Buena Vista. Esta afirmación es absoluta y totalmente errada y arbitraria e inexplicable por lo siguiente: Si el perito declara que el “NO PUDO” determinar con precisión ni la ubicación, ni el área, ni los linderos, ni las colindancias del predio Bella Vista de donde se desprende el titulo sobre la fracción del mismo que es la que le corresponde al INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)… ¿Como pudo afirmarlo, repito, sin saber dónde está ubicado el terreno Bella Vista?... Continúa argumentando el casacionista que: “…la afirmación que el Ad Quem hace en el número “QUINTO” en comento, es total y absolutamente errada y alejada de la verdad fáctica… No es consecuente el proceso intelectivo del Ad quem al llevarlo a concluir erróneamente y afirmar todo lo contrario, a lo que evidencia la propia verdad fáctica incluyendo el propio Reconocimiento Judicial del A Quo (folio 319) en el que ubica las colindancias del predio del demandante-recurrente, lo que sin necesidad de esfuerzo alguno habría podido observar si hubiese comparado la propia documentación pública que acredita la titularidad del recurrente con el Reconocimiento Judicial hecho por el A quo y la propia declaración del Perito Judicial en la Audiencia Probatoria”. 8. El abogado Eustaquio Sabillón Cruz como parte recurrida, en su oportunidad ha planteado pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación hecha por la contraparte, y específicamente, respecto del Primer Motivo, lo hace de la siguiente manera: “A LOS MOTIVOS POR SUPUESTA INFRACCION PROCESAL. PRIMER MOTIVO: … Con juegos de palabras que no los tolera la rígida técnica casacional ha pretendido el recurrente forzar una REVISION PROBATORIA vía VALORACION DEL DICTAMEN PERICIAL, que no cabe en modo alguno, ya que el numeral 1 del artículo 720 del Código Procesal Civil invocado precisamente por el recurrente, impone irresistiblemente la EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION. Todo lo anterior sin perjuicio de los aspectos siguientes: a) Toda la argumentación del recurrente en relación a la prueba pericial incorpora pareceres y criterios personales, lo cual se traduce a típico alegato de instancia, que es inadmisible en casación pues la casación no es una instancia… b) El precepto autorizante invocado es el artículo 719 numeral 1 del Código Procesal Civil en armonía con el numeral “2” del artículo 720 del citado cuerpo legal. Pero más adelante, en el numeral 1 del segmento “Precepto Autorizante” la armonía ya no es con el numeral “2” del artículo 720, sino con el numeral “2” del artículo 207 pues se dice: “La infracción procesal de lo contenido en el numeral “2” del artículo 207 del Código Procesal Civil en relación..” mención esta que provoca grave confusión en relación al precepto autorizante… y al colisionar ambos preceptos contradictorios, se destruyen entre si… c) También concurre confusión en la explicación del primer motivo por cuanto dice lo siguiente: “Este primer motivo se basa en la INFRACCION POR VALORACION ERRONEA CONTENIDA EN EL NUMERO “1” DEL ARTICULO 335 que dice:…” NO CITA PUNTUALMENTE EL RESPECTIVO CUERPO U ORDENAMIENTO LEGAL, lo que implica que este primer motivo es omiso... d) El recurrente en sus alegatos asegura de su peculio que “El perito no identificó las características del terreno del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR eso no es verdadero, lo que el perito identificó fue el terreno del recurrente a reivindicar… conforme la Constancia Catastral extendida por el Instituto de la Propiedad…” Lo anterior es solo un párrafo de los extensos alegatos de instancia del recurrente (el colmo es afirmar que su imaginario el terreno fue identificado ¿entonces si pudo?, pero lo destacable es que invoca un burdo medio probatorio consistente en una sui generis Constancia Catastral emanada del Instituto de la Propiedad siendo el caso que las infracciones al amparo del numeral 1 del artículo 719 del Código Procesal Civil, referente a la impugnación de la aplicación e interpretación de las normas procesales empleadas para la solución del fondo del litigio, se producen con independencia de los medios de prueba aportados al juicio, constituyendo esto otro factor de inadmisión del primer motivo de casación… Respecto del perito Ingeniero Guillermo A. Recarte Suazo cabe decir que es un perito oficial, no es perito privado o particular, el señor Juez lo designó y ninguna de las partes lo objetó dada su idoneidad personal y profesional y en su dictamen ha ubicado con propiedad las 93 manzanas que conforman el titulo Buena Vista… y en sus explicaciones dadas en la respectiva audiencia fue categórico y justificó que no obstante que han transcurrido más de cien (100) años desde que se concedió el título a las hermanas Espinoza, por lo cual concurre un margen de error, pero ese margen por lo reducido cae dentro de lo científicamente tolerable y por lo cual el estudio e investigación realizada no admite objeciones. El tema de la colindancia ESTE del inmueble ya fue definido en juicio previo en que intervino el abogado Oscar Raúl Matute Cruz como apoderado de Carlos Federico Fortín Reyes en juicio iniciado en el 2007 y concluido en el 2012 en que se pretendía la nulidad del título de propiedad del IPM, y tal ubicación de la colindancia ESTE no hace ninguna diferencia… Pero esa no es la cuestión concreta como afirma el actor, sino que lo es determinar si el inmueble del IPM se comprende o no dentro de las 93 manzanas y la conclusión es que si se comprende en base a estudio. El perito no ha podido determinar la distancia que media entre dicho inmueble y el del demandante porque el de este no lo encontró, y no lo encontró porque no existe y así lo estableció el perito, pero tal apreciación del perito en relación a la inexistencia del inmueble del demandante resulta no solo de las operaciones de campo sino también de la investigación exhaustiva que hizo en el Instituto de la Propiedad del tracto sucesivo del título del demandante y también en el Catastro Municipal de San Pedro Sula, pues dicho terreno del abogado Matute Cruz no tiene código o ficha catastral y no tributa y además, el documento “oficial” que tanto invoca el actor ubica el inmueble en distintos lugares, es urbano y es rural, es privado y ejidal y supuestamente se encuentra a 226.86 metros del Cerro Sunceri”. 09. Según la doctrina española “La finalidad de la motivación puede reducirse a tres aspectos fundamentales: 1) Garantizar la posibilidad de control de la sentencia por los tribunales superiores; 2) Convencer a las partes y la sociedad en general sobre la justificación y legitimidad de la decisión judicial; 3) Verificar que la decisión no es producto de un actuar arbitrario del Juez, sino de la valida aplicación del derecho, en vista de un proceso garante y transparente”. Continua expresando el mismo autor que: “El autocontrol de la motivación supone de la actividad del juzgador, se evidencia a través de dos aristas: primero evita la comisión de errores judiciales, y por otro lado, obliga a la necesidad de utilización por parte del Órgano Judicial de un criterio racional a la hora de la valoración de las pruebas, ya que como fácilmente se puede colegir, si la valoración se ha llegado a través de la simples conjeturas o sospechas, la fundamentación se hará imposible. De ahí que la motivación actúe como garantía, e imposibilite la emisión de sentencias sin una sólida base fáctica probada.” 10. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, al confrontar los argumentos esgrimidos en el fallo proferido por el ad-quem, con el primer motivo de casación admitido y formalizado por la parte recurrente, en el cual la causal recursiva es la contenida en el artículo 719 numeral 1) literal “c” del Código Procesal Civil, vinculándolo con el artículo 720.2 del mismo cuerpo legal, por el cual se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida, para revisar su suficiencia, racionalidad y carácter lógico; a modo de preámbulo, y dado que el debate se centra sobre una infracción procesal por error del Ad-Quem de las reglas legales sobre la valoración del dictamen pericial contenido en la norma procesal, artículo 335.1 del Código Procesal Civil; solicita el recurrente en el motivo primero admitido en su recurso, el control fáctico de la sentencia dictada por el Ad-Quem en fecha veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, específicamente en el número “QUINTO”. En ese sentido, ha sostenido esta Sala de lo Civil, en sus diferentes resoluciones, que la motivación es un derecho constitucional y se entiende que la Constitución es directamente vinculante tanto para el poder público como para los privados, por lo que es obligación del Juez salvaguardar su función de garantizar la supremacía y plena eficacia de la Constitución como norma fundamental. La norma procesal que invoca violentada el casacionista, manda que la valoración que se haga sea razonada y precisa, aplicando las reglas de la sana critica, del conocimiento y del criterio humano; en tal razón, esta Sala de lo Civil, al revisar el análisis de la valoración realizada por el Ad-Quem de la prueba pericial en el numeral “Quinto” de la sentencia señalada por el recurrente, en lo referente al dictamen pericial emitido por el ingeniero Guillermo Arturo Recarte Suazo, encuentra que el Ad-quem, decidió darle la validez necesaria, porque es una prueba que nace como propuesta en la audiencia de proposición de prueba de las dos partes que solicitaron al juez el nombramiento del perito, por ende las partes la consideraron de utilidad y pertinencia a sus pretensiones; luego, en la audiencia probatoria, esa prueba pasó por el tamiz del interrogatorio de ambas partes, lo que permitió al juzgador inferir de todo ello (aplica la lógica) la conclusión jurídica, y que el Ad-quem confirmó en el recurso de apelación; la lógica, y una de sus reglas, como es la ley de identidad, le permitieron arribar a esa conclusión, y por ende, la existencia o no del objeto del proceso. Realizó una valoración de la prueba pericial del Ingeniero Guillermo Arturo Recarte Suazo de forma armónica con el resto de la prueba evacuada en el proceso, aplicando la lógica, y en forma racional y suficiente, expuso los motivos que sustentaron su fallo. Además, el artículo 335.2 del Código Procesal Civil expresa: “En el caso que el órgano jurisdiccional se aparte de las conclusiones de un dictamen deberá motivarlo expresamente en la sentencia”; motivando el Ad-Quem su fallo en base al referido dictamen pericial, mismo que es el resultado de un procedimiento científico y técnico. Por otra parte, de acuerdo a la norma procesal civil, en el artículo 238 numerales 1) y 2), corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda, y al demandado la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que sean aplicables, impidan, extingan o excluya la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior; en este caso la parte actora no logró probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda, ni tampoco desvirtuar las afirmaciones realizadas por el perito. 11. La Sala de lo Civil, en este caso solamente ha conocido de infracciones de normas procesales, por ende, de la revisión antes desarrollada, este Tribunal considera que no se ha demostrado la concurrencia del motivo de casación por infracción de norma procesal invocada por el recurrente. 12. De conformidad con el artículo 245 del Código Procesal Civil, la valoración de la prueba deberá ser motivada conforme a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que el mismo código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca, en ese orden de ideas el dictamen pericial ha de ser valorado conforme las reglas de la sana crítica (artículo 335.1 CPC). III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 13, 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193, 197, 200, 221, 701.1.2, 716, 717, 718, 719.2, 721, 722, 725, 726.1, 728.1 y 729 del Código Procesal Civil; 868 y 872 del Código Civil; dicta SENTENCIA IRRECURRIBLE y FALLA: I. NO HABER LUGAR al recurso de casación en su primer motivo, interpuesto y formalizado por el abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ, actuando en causa propia. II. DECLARA FIRME la sentencia recurrida, proferida en fecha veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, por la honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contenida en el expediente número 11-18 CV, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2016-04285LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. III. CONDENA EN COSTAS al casacionista. Y MANDA: Que la presente sentencia sea notificada a las partes personadas y que sean devueltos los antecedentes, junto con certificación de esta sentencia, a la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, para los efectos de ley pertinentes. Redactó la Magistrada Galeano Barralaga. NOTIFÍQUESE. MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO. MAGISTRADO COORDINADOR. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés; Certificación de la sentencia de fecha once de octubre del año dos mil veintitrés, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 211=2018.BETTY JANETH PALMA O’CONNORSECRETARIA SALA DE LO CIVIL