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Sentencia CC-177-19 — Registro 18023

Resumen

El juez de primera instancia que conoció la pretensión, le dio admisibilidad a la acción y declaró sin lugar la pretensión de la demanda laboral. Recurrida en apelación la sentencia dictada por el a-quo, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, aceptó la competencia funcional en materia civil y profirió resolución definitiva.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “II. FUNDAMENTO DE DERECHO 1. La competencia genérica, objetiva y funcional pertinente a las demandas cuyas pretensiones sean atribuibles al ámbito del derecho laboral no pueden ser delegadas al fuero civil, ya que al tratarse de un asunto de carácter social no puede ser conocida por un órgano jurisdiccional de derecho privado (artículo 28 CPC), lo anterior en concordancia con los artículos 23 y la inoperatividad del artículo 27 de la codificación en referencia que establece: “Para que los órganos jurisdiccionales civiles tengan competencia en cada caso, se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley vigentes con anterioridad a la incoación de las actuaciones de que se trate”. 2. El artículo 31 del Código Procesal Civil establece que: “Cuando el órgano jurisdiccional que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso extraordinario de casación, llegue a la conclusión que el juzgado ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus pretensiones ante el juzgado que corresponda”; de igual forma el artículo 33 numeral 1) del mismo cuerpo legal indica que: “No serán admitidos a trámite los recursos o incidentes dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos”. 3. En el Diario Oficial La Gaceta N° 30,792, publicado en fecha 3 de septiembre del año 2005 (un año antes de la presentación de la demanda) se instituye en el país la Ley Sobre Justicia Constitucional como un mecanismo de contrapeso a las decisiones emanadas por el Estado, incluidas las de orden jurisdiccional, creando su propia jurisdicción y competencia, razón por lo cual la competencia civil en la cual se ha incoado la pretensión para que se declare Nulidad Absoluta de una Demanda Ordinaria Laboral en Primera Instancia para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Sociales por Despido Indirecto no es procedente, en virtud que la jurisdicción laboral cuenta con todos los recursos ordinarios y extraordinarios para garantizar la justicia en dicha materia. 4. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia al artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece que en todo proceso las partes tienen el derecho a ser oídas por un Tribunal competente, mediante un proceso que otorgue las garantías procesales que garantice a las partes una tutela efectiva a las pretensiones incoadas, que sean de índole formal y material. El ámbito formal o procesal del derecho implica “asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba)”. Por su parte, el ámbito material del derecho, supone “que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido”. Para la Corte, “esto último no significa que siempre deba ser acogido, sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido”[1]. 5. En resumen, los juzgados y Cortes de Apelaciones en materia civil, no cuentan con ningún tipo de competencia para conocer asuntos que por ley se encuentran tutelados por el derecho laboral, por tanto, en las actuaciones realizadas se aprecia falta de jurisdicción y de competencia tanto objetiva como funcional, (artículos 212.1 y 214.3 ambos del CPC), por lo que se quebrantan los principios de tutela jurídica efectiva, debido proceso y legalidad. 6. El artículo 214 numeral 3 del Código Procesal Civil establece: “En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.” En el presente caso, al vulnerarse reglas taxativas sobre jurisdicción y competencia, es procedente que esta Sala de lo Civil, haciendo un control regulador al debido proceso y garantías tutelares asignadas por la ley, procede a disponer la enmienda de todo el proceso que fuera admitido irregularmente.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “II. FUNDAMENTO DE DERECHO 1. La competencia genérica, objetiva y funcional pertinente a las demandas cuyas pretensiones sean atribuibles al ámbito del derecho laboral no pueden ser delegadas al fuero civil, ya que al tratarse de un asunto de carácter social no puede ser conocida por un órgano jurisdiccional de derecho privado (artículo 28 CPC), lo anterior en concordancia con los artículos 23 y la inoperatividad del artículo 27 de la codificación en referencia que establece: “Para que los órganos jurisdiccionales civiles tengan competencia en cada caso, se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley vigentes con anterioridad a la incoación de las actuaciones de que se trate”. 2. El artículo 31 del Código Procesal Civil establece que: “Cuando el órgano jurisdiccional que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso extraordinario de casación, llegue a la conclusión que el juzgado ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus pretensiones ante el juzgado que corresponda”; de igual forma el artículo 33 numeral 1) del mismo cuerpo legal indica que: “No serán admitidos a trámite los recursos o incidentes dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos”. 3. En el Diario Oficial La Gaceta N° 30,792, publicado en fecha 3 de septiembre del año 2005 (un año antes de la presentación de la demanda) se instituye en el país la Ley Sobre Justicia Constitucional como un mecanismo de contrapeso a las decisiones emanadas por el Estado, incluidas las de orden jurisdiccional, creando su propia jurisdicción y competencia, razón por lo cual la competencia civil en la cual se ha incoado la pretensión para que se declare Nulidad Absoluta de una Demanda Ordinaria Laboral en Primera Instancia para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Sociales por Despido Indirecto no es procedente, en virtud que la jurisdicción laboral cuenta con todos los recursos ordinarios y extraordinarios para garantizar la justicia en dicha materia. 4. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia al artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece que en todo proceso las partes tienen el derecho a ser oídas por un Tribunal competente, mediante un proceso que otorgue las garantías procesales que garantice a las partes una tutela efectiva a las pretensiones incoadas, que sean de índole formal y material. El ámbito formal o procesal del derecho implica “asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba)”. Por su parte, el ámbito material del derecho, supone “que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido”. Para la Corte, “esto último no significa que siempre deba ser acogido, sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido”[1]. 5. En resumen, los juzgados y Cortes de Apelaciones en materia civil, no cuentan con ningún tipo de competencia para conocer asuntos que por ley se encuentran tutelados por el derecho laboral, por tanto, en las actuaciones realizadas se aprecia falta de jurisdicción y de competencia tanto objetiva como funcional, (artículos 212.1 y 214.3 ambos del CPC), por lo que se quebrantan los principios de tutela jurídica efectiva, debido proceso y legalidad. 6. El artículo 214 numeral 3 del Código Procesal Civil establece: “En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.” En el presente caso, al vulnerarse reglas taxativas sobre jurisdicción y competencia, es procedente que esta Sala de lo Civil, haciendo un control regulador al debido proceso y garantías tutelares asignadas por la ley, procede a disponer la enmienda de todo el proceso que fuera admitido irregularmente.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “II. FUNDAMENTO DE DERECHO 1. La competencia genérica, objetiva y funcional pertinente a las demandas cuyas pretensiones sean atribuibles al ámbito del derecho laboral no pueden ser delegadas al fuero civil, ya que al tratarse de un asunto de carácter social no puede ser conocida por un órgano jurisdiccional de derecho privado (artículo 28 CPC), lo anterior en concordancia con los artículos 23 y la inoperatividad del artículo 27 de la codificación en referencia que establece: “Para que los órganos jurisdiccionales civiles tengan competencia en cada caso, se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley vigentes con anterioridad a la incoación de las actuaciones de que se trate”. 2. El artículo 31 del Código Procesal Civil establece que: “Cuando el órgano jurisdiccional que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso extraordinario de casación, llegue a la conclusión que el juzgado ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus pretensiones ante el juzgado que corresponda”; de igual forma el artículo 33 numeral 1) del mismo cuerpo legal indica que: “No serán admitidos a trámite los recursos o incidentes dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos”. 3. En el Diario Oficial La Gaceta N° 30,792, publicado en fecha 3 de septiembre del año 2005 (un año antes de la presentación de la demanda) se instituye en el país la Ley Sobre Justicia Constitucional como un mecanismo de contrapeso a las decisiones emanadas por el Estado, incluidas las de orden jurisdiccional, creando su propia jurisdicción y competencia, razón por lo cual la competencia civil en la cual se ha incoado la pretensión para que se declare Nulidad Absoluta de una Demanda Ordinaria Laboral en Primera Instancia para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Sociales por Despido Indirecto no es procedente, en virtud que la jurisdicción laboral cuenta con todos los recursos ordinarios y extraordinarios para garantizar la justicia en dicha materia. 4. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia al artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece que en todo proceso las partes tienen el derecho a ser oídas por un Tribunal competente, mediante un proceso que otorgue las garantías procesales que garantice a las partes una tutela efectiva a las pretensiones incoadas, que sean de índole formal y material. El ámbito formal o procesal del derecho implica “asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba)”. Por su parte, el ámbito material del derecho, supone “que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido”. Para la Corte, “esto último no significa que siempre deba ser acogido, sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido”[1]. 5. En resumen, los juzgados y Cortes de Apelaciones en materia civil, no cuentan con ningún tipo de competencia para conocer asuntos que por ley se encuentran tutelados por el derecho laboral, por tanto, en las actuaciones realizadas se aprecia falta de jurisdicción y de competencia tanto objetiva como funcional, (artículos 212.1 y 214.3 ambos del CPC), por lo que se quebrantan los principios de tutela jurídica efectiva, debido proceso y legalidad. 6. El artículo 214 numeral 3 del Código Procesal Civil establece: “En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.” En el presente caso, al vulnerarse reglas taxativas sobre jurisdicción y competencia, es procedente que esta Sala de lo Civil, haciendo un control regulador al debido proceso y garantías tutelares asignadas por la ley, procede a disponer la enmienda de todo el proceso que fuera admitido irregularmente.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “II. FUNDAMENTO DE DERECHO 1. La competencia genérica, objetiva y funcional pertinente a las demandas cuyas pretensiones sean atribuibles al ámbito del derecho laboral no pueden ser delegadas al fuero civil, ya que al tratarse de un asunto de carácter social no puede ser conocida por un órgano jurisdiccional de derecho privado (artículo 28 CPC), lo anterior en concordancia con los artículos 23 y la inoperatividad del artículo 27 de la codificación en referencia que establece: “Para que los órganos jurisdiccionales civiles tengan competencia en cada caso, se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley vigentes con anterioridad a la incoación de las actuaciones de que se trate”. 2. El artículo 31 del Código Procesal Civil establece que: “Cuando el órgano jurisdiccional que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso extraordinario de casación, llegue a la conclusión que el juzgado ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus pretensiones ante el juzgado que corresponda”; de igual forma el artículo 33 numeral 1) del mismo cuerpo legal indica que: “No serán admitidos a trámite los recursos o incidentes dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos”. 3. En el Diario Oficial La Gaceta N° 30,792, publicado en fecha 3 de septiembre del año 2005 (un año antes de la presentación de la demanda) se instituye en el país la Ley Sobre Justicia Constitucional como un mecanismo de contrapeso a las decisiones emanadas por el Estado, incluidas las de orden jurisdiccional, creando su propia jurisdicción y competencia, razón por lo cual la competencia civil en la cual se ha incoado la pretensión para que se declare Nulidad Absoluta de una Demanda Ordinaria Laboral en Primera Instancia para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Sociales por Despido Indirecto no es procedente, en virtud que la jurisdicción laboral cuenta con todos los recursos ordinarios y extraordinarios para garantizar la justicia en dicha materia. 4. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia al artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece que en todo proceso las partes tienen el derecho a ser oídas por un Tribunal competente, mediante un proceso que otorgue las garantías procesales que garantice a las partes una tutela efectiva a las pretensiones incoadas, que sean de índole formal y material. El ámbito formal o procesal del derecho implica “asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba)”. Por su parte, el ámbito material del derecho, supone “que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido”. Para la Corte, “esto último no significa que siempre deba ser acogido, sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido”[1]. 5. En resumen, los juzgados y Cortes de Apelaciones en materia civil, no cuentan con ningún tipo de competencia para conocer asuntos que por ley se encuentran tutelados por el derecho laboral, por tanto, en las actuaciones realizadas se aprecia falta de jurisdicción y de competencia tanto objetiva como funcional, (artículos 212.1 y 214.3 ambos del CPC), por lo que se quebrantan los principios de tutela jurídica efectiva, debido proceso y legalidad. 6. El artículo 214 numeral 3 del Código Procesal Civil establece: “En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.” En el presente caso, al vulnerarse reglas taxativas sobre jurisdicción y competencia, es procedente que esta Sala de lo Civil, haciendo un control regulador al debido proceso y garantías tutelares asignadas por la ley, procede a disponer la enmienda de todo el proceso que fuera admitido irregularmente.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “II. FUNDAMENTO DE DERECHO 1. La competencia genérica, objetiva y funcional pertinente a las demandas cuyas pretensiones sean atribuibles al ámbito del derecho laboral no pueden ser delegadas al fuero civil, ya que al tratarse de un asunto de carácter social no puede ser conocida por un órgano jurisdiccional de derecho privado (artículo 28 CPC), lo anterior en concordancia con los artículos 23 y la inoperatividad del artículo 27 de la codificación en referencia que establece: “Para que los órganos jurisdiccionales civiles tengan competencia en cada caso, se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley vigentes con anterioridad a la incoación de las actuaciones de que se trate”. 2. El artículo 31 del Código Procesal Civil establece que: “Cuando el órgano jurisdiccional que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso extraordinario de casación, llegue a la conclusión que el juzgado ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus pretensiones ante el juzgado que corresponda”; de igual forma el artículo 33 numeral 1) del mismo cuerpo legal indica que: “No serán admitidos a trámite los recursos o incidentes dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos”. 3. En el Diario Oficial La Gaceta N° 30,792, publicado en fecha 3 de septiembre del año 2005 (un año antes de la presentación de la demanda) se instituye en el país la Ley Sobre Justicia Constitucional como un mecanismo de contrapeso a las decisiones emanadas por el Estado, incluidas las de orden jurisdiccional, creando su propia jurisdicción y competencia, razón por lo cual la competencia civil en la cual se ha incoado la pretensión para que se declare Nulidad Absoluta de una Demanda Ordinaria Laboral en Primera Instancia para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Sociales por Despido Indirecto no es procedente, en virtud que la jurisdicción laboral cuenta con todos los recursos ordinarios y extraordinarios para garantizar la justicia en dicha materia. 4. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia al artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece que en todo proceso las partes tienen el derecho a ser oídas por un Tribunal competente, mediante un proceso que otorgue las garantías procesales que garantice a las partes una tutela efectiva a las pretensiones incoadas, que sean de índole formal y material. El ámbito formal o procesal del derecho implica “asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba)”. Por su parte, el ámbito material del derecho, supone “que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido”. Para la Corte, “esto último no significa que siempre deba ser acogido, sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido”[1]. 5. En resumen, los juzgados y Cortes de Apelaciones en materia civil, no cuentan con ningún tipo de competencia para conocer asuntos que por ley se encuentran tutelados por el derecho laboral, por tanto, en las actuaciones realizadas se aprecia falta de jurisdicción y de competencia tanto objetiva como funcional, (artículos 212.1 y 214.3 ambos del CPC), por lo que se quebrantan los principios de tutela jurídica efectiva, debido proceso y legalidad. 6. El artículo 214 numeral 3 del Código Procesal Civil establece: “En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.” En el presente caso, al vulnerarse reglas taxativas sobre jurisdicción y competencia, es procedente que esta Sala de lo Civil, haciendo un control regulador al debido proceso y garantías tutelares asignadas por la ley, procede a disponer la enmienda de todo el proceso que fuera admitido irregularmente.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO como Coordinador, RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA y GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ, designada ponente la tercera para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: I. ANTECEDENTES PRIMERO: En fecha veintiuno de septiembre del año dos mil seis, el abogado José Francisco Velásquez Martínez, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil Cultivos Vegetales del Sur, S. de R.L. (CUVESUR), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, promoviendo por la vía del proceso ordinario civil, demanda pretendiendo la nulidad absoluta de otra demanda incoada en materia laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones sociales por despido indirecto, contra el señor ARNALDO LARIOS PORTILLO, mayor de edad, soltero, hondureño, Perito Mercantil y Contador Público y con domicilio en San Lorenzo, departamento de Valle. SEGUNDO: El juez de primera instancia que conoció la pretensión, le dio admisibilidad a la acción incoada y curso al proceso, hasta dictar sentencia definitiva en fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, declarando sin lugar la pretensión deducida. TERCERO: Recurrida en apelación la sentencia dictada por el a-quo, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, aceptó la competencia funcional en materia civil y profirió resolución definitiva en fecha veintidós de marzo del dos mil diecinueve. II. FUNDAMENTO DE DERECHO 1. La competencia genérica, objetiva y funcional pertinente a las demandas cuyas pretensiones sean atribuibles al ámbito del derecho laboral no pueden ser delegadas al fuero civil, ya que al tratarse de un asunto de carácter social no puede ser conocida por un órgano jurisdiccional de derecho privado (artículo 28 CPC), lo anterior en concordancia con los artículos 23 y la inoperatividad del artículo 27 de la codificación en referencia que establece: “Para que los órganos jurisdiccionales civiles tengan competencia en cada caso, se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley vigentes con anterioridad a la incoación de las actuaciones de que se trate”. 2. El artículo 31 del Código Procesal Civil establece que: “Cuando el órgano jurisdiccional que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso extraordinario de casación, llegue a la conclusión que el juzgado ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus pretensiones ante el juzgado que corresponda”; de igual forma el artículo 33 numeral 1) del mismo cuerpo legal indica que: “No serán admitidos a trámite los recursos o incidentes dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos”. 3. En el Diario Oficial La Gaceta N° 30,792, publicado en fecha 3 de septiembre del año 2005 (un año antes de la presentación de la demanda) se instituye en el país la Ley Sobre Justicia Constitucional como un mecanismo de contrapeso a las decisiones emanadas por el Estado, incluidas las de orden jurisdiccional, creando su propia jurisdicción y competencia, razón por lo cual la competencia civil en la cual se ha incoado la pretensión para que se declare Nulidad Absoluta de una Demanda Ordinaria Laboral en Primera Instancia para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Sociales por Despido Indirecto no es procedente, en virtud que la jurisdicción laboral cuenta con todos los recursos ordinarios y extraordinarios para garantizar la justicia en dicha materia. 4. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia al artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece que en todo proceso las partes tienen el derecho a ser oídas por un Tribunal competente, mediante un proceso que otorgue las garantías procesales que garantice a las partes una tutela efectiva a las pretensiones incoadas, que sean de índole formal y material. El ámbito formal o procesal del derecho implica “asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba)”. Por su parte, el ámbito material del derecho, supone “que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido”. Para la Corte, “esto último no significa que siempre deba ser acogido, sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido”[1]. 5. En resumen, los juzgados y Cortes de Apelaciones en materia civil, no cuentan con ningún tipo de competencia para conocer asuntos que por ley se encuentran tutelados por el derecho laboral, por tanto, en las actuaciones realizadas se aprecia falta de jurisdicción y de competencia tanto objetiva como funcional, (artículos 212.1 y 214.3 ambos del CPC), por lo que se quebrantan los principios de tutela jurídica efectiva, debido proceso y legalidad. 6. El artículo 214 numeral 3 del Código Procesal Civil establece: “En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.” En el presente caso, al vulnerarse reglas taxativas sobre jurisdicción y competencia, es procedente que esta Sala de lo Civil, haciendo un control regulador al debido proceso y garantías tutelares asignadas por la ley, procede a disponer la enmienda de todo el proceso que fuera admitido irregularmente. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 23, 27, 28, 31, 33, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 212.1, 214.1.3, 716, 717, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La Nulidad Absoluta de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle en fecha veintidós de marzo del año dos mil diecinueve, en el proceso de Nulidad Absoluta de una Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Sociales por Despido Indirecto, del cual se ha hecho mérito en el preámbulo de la presente resolución. 2) Ordenar a la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle proceder a realizar las medidas correctivas del caso. 3) Sin condena en costas por no operar el principio de vencimiento. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Bustillo Martínez. NOTIFIQUESE. MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO. MAGISTRADO COORDINADOR. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés; Certificación del auto de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintitrés, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 177=2019

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

SECRETARIA SALA DE LO CIVIL

[1] Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay, op. cit., párr. 122.