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Sentencia CC-171-17 — Registro 17692

Resumen

Se declara no haber lugar la demanda por el incumplimiento de titulo judicial consistente en sentencia reivindicatoria de dominio, pago de daños y perjuicios que comprenden el daño emergente, lucro cesante y daño moral y condena en costas, que por vía del proceso ordinario, se declara no haber lugar la excepción perentoria de la acción planteado por la parte demandada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA ANGELA MARINA ZALDÍVAR NAIRA. Este motivo de casación no resulta de recibo para la Sala, ya que el mismo no observa una buena técnica casacional al momento de desarrollarlo, faltas recursivas que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de claridad en el motivo expuesto, ya que teniendo como precepto autorizante el artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil, señala la vulneración por falta de aplicación del artículo 742 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 90, 304 de la Constitución de la República y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; sin embargo, la impetrante al explicar tal vulneración, hace referencia a todo el proceso desarrollado desde primera instancia, aduciendo que ambas instancias han errado en el proceso y debieron haber inadmitido la demanda o rechazarla; al respecto es menester recordar que en vía casacional lo que se cuestiona es la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, vale decir, la Corte de Apelaciones; por lo que no se puede impugnar en casación, ni la sentencia proferida en primera instancia, ni mucho menos todo el proceso que se ha seguido en ambas instancias; ello por estarle vedado tal conocimiento a la Sala, al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de Apelaciones; b) La recurrente estima que, por parte de ambas instancias jurisdiccionales, no se hecho aplicación de los artículos 742 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 90, 304 de la Constitución de la República y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo cual, no observa la debida separación, claridad y precisión; ello se colige así puesto que, una correcta técnica de casación no permite que se pueda hacer cita en forma conjunta y en un mismo motivo de varios artículos que se suponen vulnerados, para ello deberá plantearse, en motivos separados, la vulneración para cada uno de los artículos citados; c) No justifica la incidencia de la infracción de cada uno de los artículos que dice se han vulnerado por parte del Tribunal de Alzada, esto es en el sentido de la resolución impugnada; todo ello indudablemente concita que la recurrente no ha observado lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; y d) Pretende que la Sala en forma conjunta se pronuncie sobre la probable vulneración en relación de los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en ese sentido, si bien es cierto que se ha invocado como precepto autorizante del motivo, lo dispuesto por el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, mismo que posibilita el poder interponer recurso de casación por la posible vulneración de normas que supongan la nulidad o produjeren indefensión, también lo es que para poder hacerlo se debe plantear el motivo con la debida separación y claridad, señalando también la incidencia de tal vulneración en el sentido de la sentencia recurrida. Por otro lado, la Sala tiene a bien ilustrar que respecto de la vulneración de artículos constitucionales, los dos supuestos en que cabrá alegar tal cosa, será respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías; ahora bien, lo que no puede suceder es que se pretenda en esta vía casacional la impugnación de artículos constitucionales que no tienen nada que ver con lo antes apuntado; en ese sentido la Sala de lo Civil es objetiva y funcionalmente incompetente para conocer sobre la probable infracción constitucional referida al deber de los órganos jurisdiccionales de aplicar la ley a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado (artículo 304 de la Constitución de la República), tal como se denuncia por la recurrente, ya que sería atribución de la Honorable Sala de lo Constitucional conocer de la probable vulneración del referido artículo constitucional, ello al tenor de lo establecido en el artículo 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA ANGELA MARINA ZALDÍVAR NAIRA. De lo argüido por la recurrente en el segundo motivo expuesto, la Sala estima que, dada la mala técnica casacional con la que se plantea el mismo, consecuentemente hace que no sea admitido, así tenemos que la impetrante incurre en varias falencias, a saber: a) Plantea nuevamente su argumento toral de que tanto el a-quo como el ad-quem, debieron en su oportunidad haber declarado nulidad y retrotraído lo actuado por haberse admitido una demanda en el proceso declarativo ordinario, por tanto ambas instancias no aplicaron los artículos 399 y 426 del Código Procesal Civil; la Sala reitera al respecto, lo ya señalado en la respuesta del primer motivo, esto es la inviabilidad en sede casacional de impugnar el proceso desarrollado en las instancias, se reitera lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de Apelaciones; b) Falta la recurrente a la separación y claridad debida con la que debió de haber expuesto el motivo, al señalar la vulneración por falta de aplicación de los artículos 399 y 426 del Código Procesal Civil, sin que para ello haga la debida separación; es menester ilustrar que para cada uno de los artículos que estimaba vulnerados, necesariamente debió de haberlos planteado en motivos separados; debiendo también precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; y, c) Asimismo, se deja entrever que la recurrente no precisa la causal recursiva con la cual pretende fundamentar su recurso, al exponer únicamente el artículo 719.1 del Código Procesal Civil, sin indicar el literal pertinente; de igual forma la disposición que considera infringida, es una norma de carácter enunciativa, la cual por su naturaleza, no es susceptible del recurso de casación.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… 6. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA ANGELA MARINA ZALDÍVAR NAIRA. La Sala se pronuncia sobre los argumentos planteados en el tercer motivo, estimando que los mismos no suscitan su admisibilidad, toda vez que la impetrante no observa una adecuada técnica casacional, incurriendo en errores que tienen ver con lo siguiente: a) Nuevamente cuestiona a las instancias jurisdiccionales, al señalar que las mismas no observaron (falta de aplicación) el artículo 212.4 del Código Procesal Civil en relación con los artículos 90, 103 y 304 de la Constitución de la República; y también aduce que los artículos 864, 866 y 872 de la normativa procesal civil se han vulnerado por interpretación errónea; con ello la impetrante falta a la debida separación para exponer el motivo; ello se colige así puesto que, una correcta técnica de casación no permite que se pueda hacer cita en forma conjunta y en un mismo motivo de varios artículos que se suponen vulnerados, para ello deberá plantearse en motivos separados la vulneración para cada uno de los artículos citados, debiendo de precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) La impetrante hace cita indiscriminada de preceptos que estima vulnerados, así tenemos que aduce la transgresión de los artículos 212.4 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 90, 103 y 304 de la Constitución de la República; y también aduce la violación de los artículos 864, 866 y 872 del Código Procesal Civil; tal cita de manera conjunta de varios preceptos legales, se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente queda establecido en que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”. En el motivo se hace cita de varias normas jurídicas de carácter procesal y constitucional, mismas que difieren en rango y protección recursiva, razón por la cual era deber de la recurrente plantearlas de forma separada y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…”; en el presente motivo, la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones; y, c) La impetrante nuevamente reitera en señalar vulneraciones en relación con normas constitucionales, estimando en forma conjunta y en un solo motivo, la transgresión de los artículos 90, 103 y 304 de la Constitución de la República, para lo cual hace invocación como precepto autorizante del motivo, el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, mismo que posibilita el poder interponer recurso de casación por la posible vulneración de normas que supongan la nulidad o produjeren indefensión; ahora bien, tal planteamiento concita que la recurrente falte a la debida separación, claridad y la incidencia de cada una de tales vulneraciones en el sentido de la sentencia recurrida. Respecto de la alegación de vulneración de artículos constitucionales, en vía casacional, la Sala reitera que los supuestos en que cabrá alegar tal cosa, será respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías; ahora bien, lo que no puede suceder es que se pretenda en esta vía casacional la impugnación de artículos constitucionales que no tienen nada que ver con lo antes apuntado; la Sala de lo Civil es objetiva y funcionalmente incompetente para conocer sobre la probable infracción constitucional referida al reconocimiento, fomento y garantía de la propiedad privada (artículo 103 de la Constitución de la República), tal como se denuncia por la recurrente, ya que sería atribución de la Honorable Sala de lo Constitucional conocer de la probable vulneración del referido derecho constitucional, ello al tenor de lo establecido en el artículos 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA ANGELA MARINA ZALDÍVAR NAIRA. De acuerdo a lo planteado por la impetrante en el cuarto motivo, la Sala señala que no son de recibo sus planteamientos, por que la técnica casacional empleada no resulta ser la adecuada, ya que la recurrente reitera en señalar que en el caso de autos se ha seguido, tanto por la primera, como por la segunda instancia, un procedimiento inadecuado, estimando que debió haberse inadmitido o rechazado la demanda ordinaria impetrada; siendo el procedimiento pertinente a seguir el de ejecución de títulos judiciales. Respecto de lo señalado, la Sala estima que la norma que la recurrente ha citado como vulnerada, esto es el artículo 426 del Código Procesal Civil, no ha sido desarrollada en cuanto a los límites de la infracción, ya que dicho precepto legal abarca diferentes circunstancias que pueden ser observadas tanto por las partes, como por el órgano jurisdiccional. En ese sentido, se estima que la recurrente no ha sido específica en la exposición del motivo. 8. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte de la impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los cuatro motivos de casación expuestos, las causas previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de abril del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: Milton Danilo Jiménez Puerto, como Coordinador, Rubenia Esperanza Galeano Barralaga y Gaudy Alejandra Bustillo Martínez, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en esta fecha dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores Angela Marina Zaldívar Naira, Ada Liliana Naira Ramírez viuda de Zaldívar, Alejandro, Reiniery, Liliana Alejandra, Claudia Ada Lina y Dayane Michelle todos de apellidos Zaldívar Naira, representados en juicio por la abogada Angela Marina Zaldívar Naira, como recurrentes; siendo recurrida la sociedad mercantil denominada Compañía Azucarera Chumbagua, S.A. de C.V., representada en juicio por el abogado Nicolas J. García Pineda. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA VIA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO POR INCUMPLIMIENTO DE TITULO JUDICIAL CONSISTENTE EN SENTENCIA REINVINDICATORIA DE DOMINIO, PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE COMPRENDEN EL DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE Y DAÑO MORAL”; promovida en fecha siete de septiembre del dos mil doce, ante el entonces Juzgado Segundo de Letras departamental de Santa Bárbara, por la abogada Angela Marina Zaldívar Naira, actuando en causa propia y como representante procesal de los señores Ada Liliana Naira Ramírez viuda de Zaldívar, Alejandro, Reiniery, Liliana Alejandra, Claudia Ada Lina y Dayane Michelle todos de apellidos Zaldívar Naira, mayores de edad, hondureños y con domicilio en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, contra la sociedad mercantil denominada Compañía Azucarera Chumbagua, S.A. DE C.V., por medio de su representante legal el señor José Ricardo Fasquelle Stevenson, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Que en fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada en fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, por el Juzgados de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, misma que falló de la siguiente manera: (Sic) “FALLA: PRIMERO: Se declara NO HABER LUGAR la DEMANDA POR EL INCUMPLIMIENTO DE TITULO JUDICIAL CONSISTENTE EN SENTENCIA REIVINDICATORIA DE DOMINIO, PAGO DE DAÑOS y PERJUICIOS QUE COMPRENDEN EL DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE y DAÑO MORAL y CONDENA EN COSTAS, que por vía del proceso ordinario, promovida por la Abogada ANGELA MARINA ZALDIVAR NAIRA, quien actúa en su condición propia y en su condición de Apoderada legal de los señores ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ VIUDA DE ZALDIVAR, ALEJANDRO, REYNIERY, LILIANA ALEJANDRA, CLAUDIA ADA LILIANA y DAYANNE MICHELLE estos últimos de apellido ZALDIVAR NAIRA, Demanda promovida en contra de COMPAÑÍA AZUCARERA CHUMBAGUA S.A. de C.V, a través de su representante legal el señor RICARDO FASQUELLE STEVENSON, Todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: Se declara NO HABER LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE LA ACCIÓN planteado por la Parte demandada. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandante por no haber tenido razones para litigar. SE ORDENA 1.- Que a través de la secretaria del despacho se Notifique a las partes en la forma establecida por la Ley y se les haga saber que esta Sentencia es impugnable mediante Recurso de Apelación. - Redactó el Abogado Juan de Dios Mondragón Barahona, Juez Titular. - NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: En fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, la abogada Angela Marina Zaldívar Naira, actuando en causa propia y como representante procesal de los señores Ada Liliana Naira Ramírez viuda de Zaldívar, Alejandro, Reiniery, Liliana Alejandra, Claudia Ada Lina y Dayane Michelle, todos de apellidos Zaldívar Naira, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, proferida por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, resolviendo el ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la sociedad mercantil denominada Compañía Azucarera Chumbagua, S.A. DE C.V., abogado Nicolas J. García Pineda, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en este Alto Tribunal, los abogados Nicolas J. García Pineda y Angela Marina Zaldívar Naira, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas uno y cinco de septiembre de dos mil diecisiete, respectivamente, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de la siguiente manera: (Sic) “MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO DE CASACION PRECEPTO AUTORIZANTE… 719.1 b del C.P.C. DISPOSICIONES INFRINGIDAS… 742 C.PC. en relación con el art,90 y 304 de la Constitución de la Republica y el art 8.1 Convención Americana de los Derechos Humanos. En la apreciación de los puntos de derecho de la sentencia que viene siendo impugnada PRIMER MOTIVO: Violación de la disposición contenida en el artículo 742 del Código procesal Civil, en relación con el art,90 y 304 de la Constitución de la Republica y el art 8.1 Convención Americana de los Derechos Humanos. EXPLICACIÓN A LA INFRACCIÓN: la inadecuación del proceso disposiciones que regulan la cuestión, no las aplica; ya que el procedimiento debe ser vía ejecutiva y no ordinaria por ser un procedimiento que persigue una ejecutoria judicial como se venía haciendo se presentó demanda ordinaria para reclamar un derecho ya concedido por el ESTADO DE HONDURAS mediante la sentencia de casación dictada por la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el 24 de Septiembre 1981.debiendo ser utilizada la vía de ejecución de Título Judicial en primera y segunda instancia el procedimiento debió ser inadmitido por ser innecesario en virtud que al ESTADO DE HONDURAS le corresponde la Tutela de un Derecho ya declarado por el mismo. El ESTADO con autoridad aun y cuando no se denunció el agravio de inadecuación del procedimiento utilizado el JUEZ de instancia debió haber inadmitido o rechazado de oficio la demanda ordinaria de conformidad a lo dispuesto en los artículos 213.1 del C.P.C. por su posición de garante del proceso. Es obligación de los Juzgados y Tribunales que se cumpla el Procedimiento adecuado, por no ser potestativo de las partes escoger el procedimiento a su arbitrio al estar ya establecido en la ley. El artículo 8.1 de la convención americana de los derechos humanos establece el debido proceso como un derecho invulnerable aun y cuando las partes se hayan equivocados en el procedimiento, en virtud que el Juez debe velar por el debido proceso cumplimiento de las disposiciones adecuadas que lleven a un resultado preciso conforme a sus pretensiones. Cabe resaltar que dicha Ejecución del Título Judicial consistente en la reivindicación de dominio la propiedad denominada La Pimienta ubicado en san marcos santa bárbara condena a la compañía azucarera a la restitución de 128 manzanas de tierra, y que actualmente se encuentra en la Honorable sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia bajo el expediente 927-2016 y que goza de la suspensión del acto reclamado a favor de mis representados. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION PRECEPTO AUTORIZANTE… 719. 1 C.P.C. DISPOSICIONES INFRINGIDAS… artículo 399, C.P.C EXPLICACION A LA INFRACCION: Conforme al artículo 399 del C.P.C esta infringida ya que No aparece en el ámbito del procedimiento ordinario, como hipótesis la ejecución de títulos judiciales no está contemplado como una pretensión a conocer dentro del proceso ordinario la ejecución de títulos judiciales de dar, hacer o no hacer. De ser así podrían entrar en una contradicción una sentencia dictada con otra. Con ello se evita que el ESTADO afecte disminuya o elimine un derecho que el propio ESTADO DE HONDURAS ya ha otorgado con autoridad. El órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. Ya que La dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Republica y el código procesal civil. El Juez controla de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, e intervenir directamente en los casos previstos en este Código en aras de una decisión justa, sin menoscabo de los principios dispositivo y de aportación, que son privativos de las partes. la pregunta para este Tribunal es COMO EL DIRECTOR DE UN PROCESO PERMITE OBVIAR ERRORES DE TAL MAGNITUD SINO ES PORQUE DE ANTEMANO SABE QUE SEGUIRA UTILIZANDO UNA LINEA DE ACCION PARCIALIZADA. En todo caso debió no aceptar la demanda y en su defecto este órgano jurisdiccional debió ordenar la subsanación de los defectos que contengan los actos procesales ANULABLES de las partes, siempre que en dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley. Según el artículo 399 y el 426 del CPC. Por lo tanto, no hizo una adecuación conforme al derecho ya adquirido tampoco el. cuya disposición, si se hubiese aplicado, indudablemente, el A-QUO y el AD-QUEM hubiesen declarado nulidad y retrotraído lo actuado por admitir una demanda en el proceso declarativo ordinario al utilizar un juicio que quita el derecho que ya tengo y que me fue reconocido por el ESTADO DE HONDURAS. Y la ejecución forzosa no se cumplió por falta de aplicación. la Corte de Apelaciones no hace el estudio minucioso del caso, la lleva a expresar argumentos “Que la aceptación de un hecho releva de prueba a la parte contraria, siempre y cuando no sea contrario a la naturaleza o a las en relación con el 1515 del Código Civil). TERCER MOTIVO DE CASACION: PRECEPTO AUTORIZANTE… 719. 1. B del CPC DISPOSICIONES INFRINGIDAS… 212.4, C.P.C. en relación al art.90,103,304 de la Constitución de la Republica. Este articulo 212.4 se encuentra infringida En vista que existían otros defectos procesales y esta inobservancia violenta el principio del debido proceso, lo correcto en todo caso hubiese sido inadmitir la demanda, es por eso que acarrea la nulidad de lo actuado, en el caso que prevalezca el debido proceso consagrados por los artículos 1, 90 y 304 de la Constitución de la Republica, desarrollados por los artículos 3 y 7 N1 y 2 del CPC relativos al debido proceso en legalidad de los actos procesales. El Artículo 211 del Código Procesal Civil manda que: "El incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes. " El Artículo 212.4 del Código Procesal Civil manda: "Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1… 2… 3… 4. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión. En los casos en que este Código y demás leyes así lo determinen."; y en el caso sub judice, se dictó una sentencia que violó las formalidades previstas tanto en el Código de Procedimientos Civiles como en el Código Procesal Civil, que son de carácter imperativas, y, por tanto, de ineludible cumplimiento, razón por la cual es una interpretación Errónea de las disposiciones contenidas en los artículos 864, 866 y 872 del Código procesal Civil. Que es la ejecución de cosa determinada el incumplimiento de la obligación acarrea una indemnización EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: En la sentencia recurrida, la Corte de Apelaciones “la reivindicación la Corte de Apelaciones olvidándose que la reivindicación está definida en los diccionarios jurídicos como “la recuperación de lo propio, luego del despojo o de la indebida posesión o tenencia por quien carecía de derecho de propiedad sobre la cosa”, pasó por inadvertido, que al respecto la doctrina señala, además, que la acción de reivindicación puede intentarse: el AD-QUEM, produjo en forma errónea la interpretación de la disposición antes citada; y, tal parece, no haber advertido que esas circunstancias no concurren en la demanda de DAÑOS Y PERJUICIOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE UN TITULO JUDICIAL CONSISTENTE EN UNA SENTENCIA DE REENVIDICACION DE DOMINIO por lo tanto el derecho me lo otorga el ESTADO DE HONDURAS. Y no los señores magistrados como tal. CUARTO MOTIVO DE CASACION: PRECEPTO AUTORIZANTE… 719. 1. B del CPC DISPOSICIONES INFRINGIDAS… 426, C.P.C. El artículo 426 del C.P.C. en relación al artículo 7,8,12 del mismo cuerpo legal Las demandas se admiten, inadmiten o subsanan, el juez de instancia como tutor del debido proceso debió haber inadmitido la demanda ordinaria por ser un procedimiento inadecuado en virtud que lo que procedía era el procedimiento de ejecución de Títulos Judiciales. actuaciones efectuadas ante el Juzgado Segundo de Letras y por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, se ha efectuado actuaciones sin observar el procedimiento, idóneo haciendo uso del ya que con tan solo el incumplimiento de un Titulo Judicial por parte de la Compañía acarrea prueba suficiente para reclamar, el privar a mis representados en el uso y goce del derecho como dueños del predio denominado La Pimienta, ubicado en san marcos santa Bárbara y que colinda con la ya mencionada compañía que es propiedad privada y que le Estado de Honduras reconoce y garantiza el derecho. la unificación de la jurisprudencia nacional tomando la sentencia del 24 de septiembre 1981 dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas.” SEXTO: Que el abogado Nicolas J. García Pineda, plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la contraparte y lo hace de la siguiente manera: (Sic) “ I. A LOS MOTIVOS DE CASACIÓN Con la finalidad de evitar una innecesaria paridad argumentativa, esta representación estima conveniente abordar el contenido de los 4 motivos planteados de manera conjunta, ello, habida cuenta de que todos adolecen de las mismas deficiencias técnicas y gravitan en torno a un mismo argumento. Como cuestión previa, consideramos adecuado sintetizar los argumentos planteados por la recurrente de forma singularizada. En su primer motivo, la impetrante determina como disposiciones infringidas los artículos 742 del Código Procesal Civil en relación con los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República y 8 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. La censora desarrolla el concepto de la infracción sosteniendo que tanto el iudex a quo como el iudex ad quem, debieron inadmitir la demanda in limine por tratarse de una pretensión de naturaleza ejecutiva. En su segundo motivo, aduce la recurrente la infracción del artículo 399 del Código Procesal Civil, mismo que versa sobre el ámbito del proceso ordinario. Arguye la impetrante que la ejecución de título judicial no está contemplada dentro del procedimiento ordinario y que la demanda debió tramitarse conforme a la vía ejecutiva, calificando de error por parte del órgano jurisdiccional el haberse tramitado el proceso por la vía ordinaria, debiendo decretar la nulidad desde el auto de admisión. El tercer motivo, designa como infringidos los artículos 212 numeral 4 del Código Procesal Civil en relación con los artículos 90, 103 y 304 de la Constitución de la República, alegando una violación al debido proceso, en razón de que se debió inadmitir la demanda, y por tanto, se pretende la nulidad de lo actuado. Por otra parte, en el desarrollo del motivo, la recurrente esgrime que se interpretó erróneamente las disposiciones contenidas en los artículos 864, 866 y 872 del Código Procesal Civil, que tratan sobre la ejecución de hacer, no hacer y dar cosa determinada, señalando que se debió estimar la falta de los elementos de una demanda de daños y perjuicios, debiendo tramitarse conforme al procedimiento de ejecución. Finalmente, en su cuarto motivo, la impetrante señala que se infringió el artículo 426 del Código Procesal Civil, de nuevo, estableciendo que la demanda debió inadmitirse al constar la inadecuación del procedimiento, siendo procedente la tramitación de un proceso de ejecución de título judicial. Expresa además que lo anterior se realizó inobservando las reglas del debido proceso, y que se privó del uso y goce de la propiedad privada de sus representados. Posteriormente, plantea como argumento la unificación de la jurisprudencia nacional, ya que, de no estimarse el recurso de casación, se atentaría en contra de la jurisprudencia asentada en la sentencia de 1981, mediante la que se reconoció el derecho que reclama. Por otro lado, careciendo notablemente de la debida técnica casacional, en el apartado “FUNDAMENTOS DE DERECHO”, continua –apoyada de una redacción confusa– reiterando que el tribunal de primera instancia arbitrariamente dio trámite y dejo avanzar un procedimiento innecesario, puesto que su derecho ya había sido reconocido mediante la sentencia dictada en el año de 1981. Señala que no se observó el procedimiento pertinente al caso, y que por tanto se debió declarar de oficio la nulidad del proceso. Planteado de forma genérica el ámbito del recurso, se exponen a continuación las razones que conducen, prima facie, a la inadmisibilidad de todos los motivos, para luego referirnos a la improcedencia de los mismos en el fondo: 1. Causas de inadmisibilidad de los motivos El Código Procesal Civil en su artículo 721 numeral 2 desarrolla las exigencias y requisitos del recurso de casación de la siguiente manera: “En este escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundamentar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada”. En ese mismo sentido, el artículo 723 numeral 2 literal a) del mismo cuerpo legal, establece que se podrá inadmitir el motivo en caso de concurrir “incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derechos citados como infringidos con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas”. De lo anterior podemos colegir que la norma citada establece que al incumplirse las exigencias y requisitos del escrito de interposición y formalización del recurso de casación, se constituye una causal de inadmisibilidad. Conforme a lo anterior, siguiendo la jurisprudencia de la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere[1]. Contrastado lo anterior con desarrollo del recurso, el mismo deviene inadmisible por adolecer de la debida técnica recursiva, comprometiendo el éxito del mismo. Del estudio del recurso de casación se aprecia que las inobservancias de las reglas jurisprudenciales en su estructuración son diversas, de este modo, a continuación se exponen las mismas, indicando la jurisprudencia del alto tribunal que deviene aplicable, conduciendo inexorablemente a la inadmisión de todos los motivos de casación. Sin más preámbulo, pasamos a expresar los defectos formales de los que adolecen los 4 motivos: La impetrante comparece sin detallar cual es la infracción precisa de las normas que cita; omitiendo si existe error de aplicación o de interpretación, debiendo haber sido clara y precisa en la relación entre la causal y el motivo casacional, situación que no se cumple en ninguno de los motivos, mismos que carecen de toda relación entre el motivo casacional y el precepto recurrente[2]. La recurrente, ya sea al designar la disposición infringida o en el desarrollo de los motivos, alega la infracción de ley sustantiva de orden constitucional, por lo cual resulta imposible determinar la pretensión de la casacionista por la disparidad en el rango normativo, así también por impugnar principios generales propios de un Estado de Derecho sin determinar una infracción especifica que conlleve a comprobar la existencia de un motivo de nulidad o indefensión procesal[3]. La claridad permanece inevitable en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, con el fin de plantear a la Honorable Sala de lo Civil las cuestiones jurídicas de un modo preciso y razonado, atinentes a infracciones legales de las normas procesales previamente anunciadas en el escrito de interposición; y de ello se sigue la necesaria consecuencia de que cada una de ellas ha de ser objeto de alegación independiente y ordenada, explicando con precisión en qué sentido se ha producido la vulneración de la norma, constituyendo la suma de todo ello un único recurso[4]. En el presente caso, la recurrente falta a la claridad, ya que no expone los argumentos de forma ordenada, sino más bien, parece un conjunto de ideas que tienen como resultado un texto casi ininteligible, sin determinar en que consiste en el agravio de las normas citadas como infringidas (aplicación o interpretación). La impetrante tampoco ha sido exhaustiva respecto de todas las normas que cita como infringidas, faltando a la obligación de referirse sobre cada una de ellas, explicando porque una a una las considera infringidas[5]. Al solicitar la nulidad desde el auto de admisión, la censora incumple lo señalado en el artículo 700 del Código Procesal Civil que manda que cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de las normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo[6], cuestión absolutamente omitido por la censora. En ningún momento expuso cuales son los preceptos que regulan los actos o garantías procesales infringidos que acarrean nulidad o producen indefensión y no justificó la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada[7]. En los 4 motivos, se aprecia que los preceptos citados como infringidos son los artículos 212 numeral 4, 399, 426 y 742 del Código Procesal Civil; 90, 103 y 304 de la Constitución de la República; y 8 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humano, es decir, normas de carácter general. En este sentido, es de mérito recordar que las normas generales son inviolables en el recurso de casación[8], por lo que no resulta viable proceder al examen de las infracciones alegadas. Finalmente, la impugnante además no hace constar si estima o no necesaria la celebración de la audiencia, requisito exigido por el artículo 721 numeral 3 del Código Procesal Civil[9]. Todo lo anterior, conduce indefectiblemente a la inadmisión de los 4 motivos, y en consecuencia, del recurso de casación interpuesto. 1. Causas de improcedencia de los motivos en el fondo Como hemos ya señalado, el contenido de los 4 motivos planteados gira en relación a un mismo argumento, este se contrae a que no se debió admitir la demanda ordinaria, sino que se debió adecuar el procedimiento, y tramitar la acción de conformidad con el proceso de ejecución. Al margen del hecho que, además de la acción incoada, en un proceso aparte la demandante solicitó la ejecución del título judicial, cuestión que pende de un recurso de amparo ante la Honorable Sala de lo Constitucional, y de que lo anterior no consta en el proceso, desbordando el ámbito del recurso de casación, cabe recordar anotar algunas razones por las que la petición resulta improcedente. En primer lugar, es preciso recordar que conforme a los principios dispositivo y de aportación de parte (artículos 10 y 11 del Código Procesal Civil), la parte que ejerce su derecho de acción determina con su pretensión el objeto del proceso, debiendo la resolución que recaiga ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas, fundándose la decisión en los hechos y medios de prueba aportados por las partes. En tal sentido, de la suma, hechos, fundamentos de derecho y petitum de la demanda, se infiere paladinamente que fue promovida una DEMANDA ORDINARIA, cuya pretensión se contrajo a la condena de mi representada al pago de L. 494,698,633.69 en concepto de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de sentencia, más intereses, enmarcándose como una pretensión de condena a determinada prestación, atendiendo a lo establecido en el artículo 2 del Código Procesal Civil, no así a la ejecución del título judicial, o a la reivindicación del inmueble. Esto, fue ratificado por la demandante en la audiencia preliminar, al fijar dicha pretensión como el objeto del proceso. De este modo, de forma congruente con la pretensión de la parte actora y la oposición planteada por esta defensa, el tribunal de primera instancia resolvió desestimar la demanda, lo que fue confirmado en grado de apelación por la Honorable Corte de Apelaciones Seccional del Departamento de Santa Bárbara. Dicho de otro modo, el órgano jurisdiccional falló en relación a la pretensión determinada en la demanda y a la oposición planteada por esta parte. En ningún momento se solicitó en el escrito de demanda la ejecución del título judicial, sino la indemnización de daños y perjuicios por su incumplimiento. La falta de los presupuestos para el éxito de la acción no puede ser revisado ex ante por los tribunales, pues ello conlleva una sensible desproporción entre las partes considerando la dualidad de posiciones, vulnerando el derecho de igualdad de las partes en el proceso, quienes tienen los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupan, quedando el órgano jurisdiccional obligado a preservar la igualdad de las partes en el proceso, de conformidad con los artículos 61 de la Constitución de la República y 5 del Código Procesal Civil. No es tarea del órgano jurisdiccional suplir el deficiente planteamiento de la demanda, y mucho menos integrar las pretensiones de las partes, como pretende la recurrente. En segundo lugar, es de mérito señalar que los artículos 399 y 400 del Código Procesal Civil, determinan los tipos de proceso declarativos mediante los cuales deben ser tramitados los asuntos presentados ante los órganos jurisdiccionales, atendiendo a dos criterios: a) por la razón de la materia, establecida taxativamente por la ley; y b) por razón de la cuantía, en defecto de precepto que lo determine por razón de la materia. De este modo, aunque no se encuentre la materia comprendida expresamente en el ámbito de algún proceso declarativo, la regla se contrae a que, la pretensión se sustanciará por los trámites del proceso abreviado si la cuantía de lo reclamado equivale o no excede de L. 50,000.00; en caso que supere dicha cuantía, el proceso se tramitará por las reglas del proceso ordinario, de acuerdo con el artículo 400 numeral 2 del texto legal referido[10]. Ergo, es errado estimar que la cuestión debe tratar sobre las materias comprendidas expresamente en el artículo 399 para tramitarla mediante el proceso ordinario, ya que la ley recoge también las demás pretensiones, siguiendo el criterio de la cuantía, que fue expresamente determinada por la parte actora en su escrito de demanda. En tercer lugar, el alegato se ve impedido por la doctrina de los actos propios, conocida bajo la fórmula venire contra factum proprium non valet, que proclama el principio general de derecho que norma la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos realizados con anterioridad, para limitar los derechos de otras personas, constituyendo un límite del ejercicio de un derecho subjetivo como consecuencia del principio de buena fe y de la exigencia de observar un comportamiento consecuente en del tráfico jurídico. Debe expresarse que el principio o doctrina de los actos propios no deriva de meras apreciaciones doctrinales, ya que, en el ámbito procesal, emana del principio de buena fe procesal ex artículo 6 del Código Procesal Civil, habiendo sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (principio estoppel)[11], cuya jurisprudencia deviene directamente vinculante, tal como informa expresamente la jurisprudencia constitucional en el orden nacional[12]. Basado en lo anterior, no es de recibo promover una DEMANDA ORDINARIA, para luego, convenientemente, alegar la inadecuación del procedimiento, pretendiendo que se declare la nulidad de actuaciones, cuando fue la propia demandada que fijo su pretensión, que nada tiene que ver con la ejecución del título judicial. Por todo lo anterior, los 4 motivos de nulidad devienen evidentemente improcedentes, debiéndose desestimar el recurso de casación, condenando en costas a la parte actora conforme al principio de vencimiento.” SÉPTIMO: Obra a folios del 85 al 93 de la pieza contentiva del recurso de casación, la sentencia de fecha 28 de octubre del 2020, dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el recurso de amparo registrado con el N° AC-0927-2016, la cual no está vinculada a este proceso, ya que el objeto del debate o las pretensiones de las partes es obtener una reparación a través de una demanda ordinaria de daños y perjuicios y la mencionada sentencia de amparo es sobre una demanda de ejecución de un título judicial, que aunque coinciden las partes procesales, son distintas pretensiones. Bajo ese criterio, se revisó el escrito identificado como SE ALEGA HECHO DE NUEVA NOTICIA. SE ACOMPAÑA DOCUMENTO, mismos que obran de los folios 66 al 72 de este recurso extraordinario de casación, los cuales no tiene vinculación jurídica con la demanda ordinaria que nos ocupa por las razones antes expuestas. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales deben pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte, el numeral dos del artículo precitado conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3. Las características del recurso de casación son las siguientes: a) Es un recurso extraordinario reservado a determinadas resoluciones y delimitado por causales predeterminadas; b) No constituye una nueva instancia, por tanto no permite nuevo examen de hechos y valoración probatoria, salvo de manera excepcional cuando se denuncien infracciones de interpretación o aplicación de normas in procedendo que regulen el contenido y forma de las sentencias; c) Su objetivo específico es resolver la existencia de la infracción alegada, de modo que si el recurso es estimado, se casará la sentencia en todo o en parte, provocando que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Civil, en la misma sentencia que casa la sentencia impugnada se pronuncie sobre el tema de fondo objeto del proceso. 4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA ANGELA MARINA ZALDÍVAR NAIRA. Este motivo de casación no resulta de recibo para la Sala, ya que el mismo no observa una buena técnica casacional al momento de desarrollarlo, faltas recursivas que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de claridad en el motivo expuesto, ya que teniendo como precepto autorizante el artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil, señala la vulneración por falta de aplicación del artículo 742 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 90, 304 de la Constitución de la República y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; sin embargo, la impetrante al explicar tal vulneración, hace referencia a todo el proceso desarrollado desde primera instancia, aduciendo que ambas instancias han errado en el proceso y debieron haber inadmitido la demanda o rechazarla; al respecto es menester recordar que en vía casacional lo que se cuestiona es la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, vale decir, la Corte de Apelaciones; por lo que no se puede impugnar en casación, ni la sentencia proferida en primera instancia, ni mucho menos todo el proceso que se ha seguido en ambas instancias; ello por estarle vedado tal conocimiento a la Sala, al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de Apelaciones; b) La recurrente estima que, por parte de ambas instancias jurisdiccionales, no se hecho aplicación de los artículos 742 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 90, 304 de la Constitución de la República y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo cual, no observa la debida separación, claridad y precisión; ello se colige así puesto que, una correcta técnica de casación no permite que se pueda hacer cita en forma conjunta y en un mismo motivo de varios artículos que se suponen vulnerados, para ello deberá plantearse, en motivos separados, la vulneración para cada uno de los artículos citados; c) No justifica la incidencia de la infracción de cada uno de los artículos que dice se han vulnerado por parte del Tribunal de Alzada, esto es en el sentido de la resolución impugnada; todo ello indudablemente concita que la recurrente no ha observado lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; y d) Pretende que la Sala en forma conjunta se pronuncie sobre la probable vulneración en relación de los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en ese sentido, si bien es cierto que se ha invocado como precepto autorizante del motivo, lo dispuesto por el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, mismo que posibilita el poder interponer recurso de casación por la posible vulneración de normas que supongan la nulidad o produjeren indefensión, también lo es que para poder hacerlo se debe plantear el motivo con la debida separación y claridad, señalando también la incidencia de tal vulneración en el sentido de la sentencia recurrida. Por otro lado, la Sala tiene a bien ilustrar que respecto de la vulneración de artículos constitucionales, los dos supuestos en que cabrá alegar tal cosa, será respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías; ahora bien, lo que no puede suceder es que se pretenda en esta vía casacional la impugnación de artículos constitucionales que no tienen nada que ver con lo antes apuntado; en ese sentido la Sala de lo Civil es objetiva y funcionalmente incompetente para conocer sobre la probable infracción constitucional referida al deber de los órganos jurisdiccionales de aplicar la ley a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado (artículo 304 de la Constitución de la República), tal como se denuncia por la recurrente, ya que sería atribución de la Honorable Sala de lo Constitucional conocer de la probable vulneración del referido artículo constitucional, ello al tenor de lo establecido en el artículo 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 5. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA ANGELA MARINA ZALDÍVAR NAIRA. De lo argüido por la recurrente en el segundo motivo expuesto, la Sala estima que, dada la mala técnica casacional con la que se plantea el mismo, consecuentemente hace que no sea admitido, así tenemos que la impetrante incurre en varias falencias, a saber: a) Plantea nuevamente su argumento toral de que tanto el a-quo como el ad-quem, debieron en su oportunidad haber declarado nulidad y retrotraído lo actuado por haberse admitido una demanda en el proceso declarativo ordinario, por tanto ambas instancias no aplicaron los artículos 399 y 426 del Código Procesal Civil; la Sala reitera al respecto, lo ya señalado en la respuesta del primer motivo, esto es la inviabilidad en sede casacional de impugnar el proceso desarrollado en las instancias, se reitera lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de Apelaciones; b) Falta la recurrente a la separación y claridad debida con la que debió de haber expuesto el motivo, al señalar la vulneración por falta de aplicación de los artículos 399 y 426 del Código Procesal Civil, sin que para ello haga la debida separación; es menester ilustrar que para cada uno de los artículos que estimaba vulnerados, necesariamente debió de haberlos planteado en motivos separados; debiendo también precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; y, c) Asimismo, se deja entrever que la recurrente no precisa la causal recursiva con la cual pretende fundamentar su recurso, al exponer únicamente el artículo 719.1 del Código Procesal Civil, sin indicar el literal pertinente; de igual forma la disposición que considera infringida, es una norma de carácter enunciativa, la cual por su naturaleza, no es susceptible del recurso de casación. 6. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA ANGELA MARINA ZALDÍVAR NAIRA. La Sala se pronuncia sobre los argumentos planteados en el tercer motivo, estimando que los mismos no suscitan su admisibilidad, toda vez que la impetrante no observa una adecuada técnica casacional, incurriendo en errores que tienen ver con lo siguiente: a) Nuevamente cuestiona a las instancias jurisdiccionales, al señalar que las mismas no observaron (falta de aplicación) el artículo 212.4 del Código Procesal Civil en relación con los artículos 90, 103 y 304 de la Constitución de la República; y también aduce que los artículos 864, 866 y 872 de la normativa procesal civil se han vulnerado por interpretación errónea; con ello la impetrante falta a la debida separación para exponer el motivo; ello se colige así puesto que, una correcta técnica de casación no permite que se pueda hacer cita en forma conjunta y en un mismo motivo de varios artículos que se suponen vulnerados, para ello deberá plantearse en motivos separados la vulneración para cada uno de los artículos citados, debiendo de precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) La impetrante hace cita indiscriminada de preceptos que estima vulnerados, así tenemos que aduce la transgresión de los artículos 212.4 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 90, 103 y 304 de la Constitución de la República; y también aduce la violación de los artículos 864, 866 y 872 del Código Procesal Civil; tal cita de manera conjunta de varios preceptos legales, se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente queda establecido en que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[13]. En el motivo se hace cita de varias normas jurídicas de carácter procesal y constitucional, mismas que difieren en rango y protección recursiva, razón por la cual era deber de la recurrente plantearlas de forma separada y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…”; en el presente motivo, la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones[14]; y, c) La impetrante nuevamente reitera en señalar vulneraciones en relación con normas constitucionales, estimando en forma conjunta y en un solo motivo, la transgresión de los artículos 90, 103 y 304 de la Constitución de la República, para lo cual hace invocación como precepto autorizante del motivo, el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, mismo que posibilita el poder interponer recurso de casación por la posible vulneración de normas que supongan la nulidad o produjeren indefensión; ahora bien, tal planteamiento concita que la recurrente falte a la debida separación, claridad y la incidencia de cada una de tales vulneraciones en el sentido de la sentencia recurrida. Respecto de la alegación de vulneración de artículos constitucionales, en vía casacional, la Sala reitera que los supuestos en que cabrá alegar tal cosa, será respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías; ahora bien, lo que no puede suceder es que se pretenda en esta vía casacional la impugnación de artículos constitucionales que no tienen nada que ver con lo antes apuntado; la Sala de lo Civil es objetiva y funcionalmente incompetente para conocer sobre la probable infracción constitucional referida al reconocimiento, fomento y garantía de la propiedad privada (artículo 103 de la Constitución de la República), tal como se denuncia por la recurrente, ya que sería atribución de la Honorable Sala de lo Constitucional conocer de la probable vulneración del referido derecho constitucional, ello al tenor de lo establecido en el artículos 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 7. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA ANGELA MARINA ZALDÍVAR NAIRA. De acuerdo a lo planteado por la impetrante en el cuarto motivo, la Sala señala que no son de recibo sus planteamientos, por que la técnica casacional empleada no resulta ser la adecuada, ya que la recurrente reitera en señalar que en el caso de autos se ha seguido, tanto por la primera, como por la segunda instancia, un procedimiento inadecuado, estimando que debió haberse inadmitido o rechazado la demanda ordinaria impetrada; siendo el procedimiento pertinente a seguir el de ejecución de títulos judiciales. Respecto de lo señalado, la Sala estima que la norma que la recurrente ha citado como vulnerada, esto es el artículo 426 del Código Procesal Civil, no ha sido desarrollada en cuanto a los límites de la infracción, ya que dicho precepto legal abarca diferentes circunstancias que pueden ser observadas tanto por las partes, como por el órgano jurisdiccional. En ese sentido, se estima que la recurrente no ha sido específica en la exposición del motivo. 8. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte de la impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los cuatro motivos de casación expuestos, las causas previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303 párrafo primero, 304, 313 numeral 14) y 316 párrafo primero de la Constitución de la República; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721.2, 722, 723.2 literal a) y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I. INADMISIBLE los cuatro motivos del recurso de casación interpuesto y formalizado por la abogada Angela Marina Zaldívar Naira, en su condición personal y como representante procesal de los señores Ada Liliana Naira Ramírez viuda de Zaldívar, Alejandro, Reiniery, Liliana Alejandra, Claudia Ada Lina, Dayane Michelle todos de apellidos Zaldívar Naira. II. FIRME la sentencia recurrida, dictada en fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, e identificada en el expediente de apelación bajo el número 24-17, originado en los autos que conforman el expediente número 1601-2017-01361 del entonces Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara. III. SIN COSTAS. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, para los efectos legales consecuentes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO. MAGISTRADO COORDINADOR. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil veintitrés; Certificación del auto de fecha trece de abril del año dos mil veintitrés, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 171=2017.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

SECRETARIA SALA DE LO CIVIL

[1] Auto dictado por la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de fecha 7 de agosto de 2013 (Exp. No. CC-46-2013).

[2] Autos dictados por la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de fechas 11 de febrero de 2014 (Exp. No. CC-94-2013), 13 de diciembre de 2013 (Exp. No. CC-47-2013), y 17 de octubre de 2013 (Exp. No. CC-03-2012).

[3] Auto dictado por la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de fecha 11 de febrero de 2014 (Exp. No. CC-94-2013).

[4] Autos dictados por la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de fechas 11 de febrero de 2014 (Exp. No. CC-94-2013), 2 de octubre de 2013 (Exp. No. CC-88-2012); 13 de diciembre de 2013 (Exp. No. CC-47-2013), 13 de diciembre de 2013 (Exp. No. CC-213-2012), y 17 de octubre de 2013 (Exp. No. CC-03-2012).

[5] Auto dictado por la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de fechas 13 de diciembre de 2013 (Exp. No. CC-47-2013).

[6] Autos dictados por la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de fechas 17 de febrero de 2014 (Exp. No. CC-95-2012), 10 de abril de 2014 (Exp. No. CC-192-2013), y 25 de marzo de 2014 (Exp. No. CC-21-2013).

[7] Autos dictados por la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de fechas 17 de octubre de 2013 (Exp. No. CC-64-2012), 10 de abril de 2014 (Exp. No. CC-192-2013), 7 de agosto de 2013 (Exp. No. CC-46-2013), y 25 de marzo de 2014 (Exp. No. CC-21-2013).

[8] Autos dictados por la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de fechas 2 de diciembre de 2013 (Exp. No. CC-177-2012), 30 de abril de 2014 (Exp. No. CC-166-2013), y 11 de febrero de 2014 (Exp. No. CC-53-2013).

[9] Autos dictados por la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de fechas 7 de agosto de 2013 (Exp. No. CC-46-2013), 2 de diciembre de 2013 (Exp. No. CC-108-2013), y 25 de septiembre de 2013 (Exp. No. CC-187-2012).

[10] La cuantía establecida resultó aplicable al momento de promoverse la demanda. Actualmente, la cuantía fue actualizada a L. 100,000.00, mediante el Auto Acordado que se dictó en el Punto número 11.A del Acta No. 10-2016 de la sesión celebrada en fecha 19 de julio de 2016, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

[11] Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Abrill Alosilla y otros vs. Perú, de 4 de marzo de 2011.

[12] Sentencia dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, de fecha 22 de abril de 2015, pronunciada en virtud de los recursos de inconstitucionalidad acumulados, registrados bajo los números 1343-2014 y 0243-2015, que en su Considerando (20) mantiene: “[…] Lo anterior al tenor de las declaraciones y normas preceptivas estatuidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Constitución de la República, inter alia y a la luz de la interpretación convencional de las sentencias Mirna Mack Vs. Guatemala (2003), Almonacid Arellano Vs. Chile (2003) y Juan Gelman Vs. Uruguay (2011), relacionadas y desarrolladas pertinentemente como derecho vinculante también para el Estado de Honduras, en virtud de lo normado en el artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional”.

[13]

[14] Resoluciones S.C.192-2012 de fecha 15 de diciembre del 2015; y S.C. 215-2014 de fecha 25 de agosto 2015.