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Sentencia CC-150-17 — Registro 15842

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia declarando parcialmente con lugar los recursos de apelación, se revoca la sentencia en consecuencia se declara con lugar la demanda ordinaria de reivindicación de dominio, condena a la parte demandada Empresa Nacional Portuaria (E.N.P) a restituir los bienes inmuebles propiedad de los demandantes.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “2. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS. Esta Sala señala al impetrante los siguientes defectos técnicos que impiden hacer de recibo el primer motivo casacional, así: Conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia; no obstante, de la revisión del primer motivo casacional observa la Sala que el Censor impugna directamente uno de los medios de prueba como ser el dictamen del perito oficial y la valoración que del mismo hace el juez a quo. Además, de la explicación del motivo en examen, observa la Sala que el Recurrente lo que pretende impugnar es la motivación fáctica de la sentencia, cuya causal casacional es diferente de la señalada por él en el primer motivo. Es por los defectos enunciados, que conforme el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil corresponde inadmitir el motivo de casación que antecede, es decir por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para el escrito de interposición y formalización.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS. La causal del recurso de casación enunciada en este segundo motivo de casación se refiere a los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga nulidad o produjera indefensión; no obstante, dicha causal no concuerda al tipo de denuncia que pretende el Censor que opere, ya que al igual que en el primer motivo de casación, denuncia directamente el medio de prueba denominado peritaje y la valoración que al mismo dio el Juez aquo, cuya situación le es vedada por disposición del artículo 720.1 del Código Procesal Civil. Observa la Sala que el Impetrante señala como norma infringida el artículo 715.1 del Código Procesal Civil por falta de aplicación, no obstante, es de hacer notar que el fallo emitido por el ad quem se encuentra dentro de los supuestos o parámetros del artículo 715 del Código Procesal Civil señalado como infringido, es decir, no ocurrió la falta de aplicación señalada, pues para que dicha infracción opere, la norma no deberá aplicarse o existir una omisión en su aplicación, situación que no ocurre en el caso de autos. Es por lo señalado que procede declarar la inadmisión del segundo motivo de casación conforme el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS. Esta Sala señala al impetrante los siguientes defectos técnicos que impiden hacer de recibo el tercer motivo casacional, así: Denuncia un tercer motivo por “interpretación errónea de la norma procesal infringida” y además señala la “falta de aplicación de la misma norma procesal, artículo 715.3 del Código Procesal Civil”; lo que resulta impropio en un solo motivo la invocación de dos formas diferentes de violación a la ley y contrarias entre sí. Insta, al igual que los motivos anteriores, la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en las instancias, contrario a lo preceptuado en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. Finalmente, es de hacer notar nuevamente al Censor que la sentencia emitida por el ad quem se encuentra dentro de los supuestos del artículo 715 del Código Procesal Civil denunciado. Es por lo señalado que procede la inadmisión del tercer motivo de casación conforme el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, por abstención del Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO, designada ponente la segunda para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, representada en juicio por el abogado JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS, en su condición de recurrente; siendo recurridos el señor OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ CARDONA, representado en juicio por la abogada MARIA FERNANDA RIVERA RODRIGUEZ; y los señores RAUL RENE RUIZ GONZALEZ, MAIDA CECILIA UMAÑA ESCOBAR y TEZLA ELIZABETH RUIZ GONZALES, representados en juicio por el abogado JOAQUIN MUNGUIA MARADIAGA. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICACIÓN DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE, promovida en fecha cuatro de febrero del año dos mil quince, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, por el abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO en su condición de representante procesal de los señores RAUL RENE RUIZ GONZALEZ, MAIRA CECILIA UMAÑA ESCOBAR, TEZLA ELIZABETH RUIZ GONZALEZ y OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ CORDOVA, todos mayores de edad, hondureños, profesionales universitarios y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés los dos primeros, y en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida los segundos, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de su representante legal de ese entonces, señor LEO CASTELLÓN. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Departamental de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA PRESENTE DEMANDA DE REIVINDICACIÓN DE DOMINIO, promovida por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición de Apoderado Legal de los señores RAUL RENE RUIZ GONZALEZ, MAIDA CECILIA UMAÑA ESCOBAR, TEZLA ELIZABETH RUIZ GONZÁLES y OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ CORDOVA, demanda dirigida en contra de LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E.N.P), todos de generales ya conocidas en el preámbulo de esta Sentencia. SEGUNDO: POR CONSIGUIENTE SE ABSUELVE A LA DEMANDADA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E. N. P.), DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS RECLAMADOS POR LOS DEMANDANTES. CON CONSTAS. LA PRESENTE SENTENCIA ES RECURRIBLE EN APELACIÓN. Y MANDA: Que si dentro del término de ley, no se recurre el presente fallo, quede firme el mismo, el cual ha sido redactado por el Abogado JARED ENOC MARTINEZ RIVAS, Juez de Letras Seccional de la Ciudad de la Ceiba, Departamentos de Atlántida. Se resuelve hasta la fecha, en virtud de la complejidad que conllevo ésta particular pretensión sustanciada, sin obviar el exceso de trabajo que impera en este despacho de justicia. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: Que en fecha once de mayo del año dos mil diecisiete, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la del A-quo de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LOS APODERADOS DE LAS PARTES DEMANDANTES.- SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EN CUANTO DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION DE DOMINIO.- 1) EN CONSECUENCIA SE DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACIÓN DE DOMINIO, promovida por el apoderado legal de los señores RAUL RENE RUIZ GONZALES, MAIDA CECILIA UMAÑA ESCOBAR, TEZLA ELIZABETH RUIZ GONZALES Y OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ CÓRDOVA, en contra de LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.- 2) CONDENA A LA PARTE DEMANDADA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E.N.P) A RESTITUIR LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LOS DEMANDANTES.- 3) SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EN CUANTO DECLARA SIN LUGAR LA PRETENSION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, AL EFECTO SE EFECTO SE ABSUELVE A LA DEMANDADA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E.N.P.) DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS RECLAMADOS POR LOS DEMANDANTES.- SIN COSTAS en virtud de no haber sido vencida la parte demanda en todas las pretensiones de los demandantes.- Contra esta sentencia cabe el recurso de Casación.- Y MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme la presente resolución y con certificación de la misma se devuelva la primera pieza de autos al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Se resuelve a la fecha por el exceso de trabajo en esta Corte y la complejidad del caso sometido a estudio y resolución del recurso por este Tribunal. NOTIFIQUESE.” TERCERO: El representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, abogado JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS, presentó en fecha trece de junio del año dos mil diecisiete, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha once de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, resolviendo el Ad-quem tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: La representante procesal del señor OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ CORDOVA, abogada MARIA FERNANDA RIVERA RODRIGUEZ, presentó en fecha veinte de de julio del año dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: El representante procesal de los señores RAUL RENE RUIZ GONZALEZ, MAIDA CECILIA UMAÑA ESCOBAR y TEZLA ELIZABETH RUIZ GONZALES, abogado JOAQUIN MUNGUIA MARADIAGA, presentó en fecha veinte de julio del año dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. SEXTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados MARIA FERNANDA RIVERA RODRIGUEZ, JOAQUIN MUNGUIA MARADIAGA y JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha siete de septiembre del año dos mil diecisiete, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. SEPTIMO: Que el abogado JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719, letra b), del Código Procesal Civil en lo concerniente a falta de aplicación de la norma procesal que le garantiza que no se le puede producir indefensión. DISPOSICON INFRINGIDA: Infracción por falta de aplicación del Artículo 213.2, del Código Procesal Civil, en cuanto ordena que: “2.- Si la parte a quien interesa no impugna un acto anulable, quedará sanado al tiempo de la firmeza de la resolución” CONCEPTO DE LA INFRACCION: Una vez que la Honorable Sala de lo Civil haya comprobado que el Tribunal de Segunda Instancia al dictar la Sentencia recurrida en Casación, REVOCO la Sentencia de Primera Instancia en cuanto declaraba Sin Lugar la Acción Reivindicatoria de Dominio, con fundamento en que el Dictamen rendido por el Perito Oficial no era confiable y carecía de valor debido a las “irregularidades” cometidas en su nombramiento; la Honorable Sala de lo Civil también llegará al convencimiento de que las “irregularidades” cometidas en el nombramiento del Perito Oficial aludidas en la Sentencia de Segunda Instancia, además de que no son imputables a la parte demandada sino que al propio Juez A Quo, tal como se reconoce expresamente en la Sentencia de Segunda Instancia, tampoco fueron impugnadas, lo cual también se reconoce expresamente en dicha Sentencia; Y POR LO TANTO: de conformidad con lo ordenado expresamente en el Artículo 213.2, del Código Procesal Civil, al quedar firme el auto de admisión de la prueba pericial en que supuestamente se cometieron dichas “irregularidades”, las mismas quedaron “SANADAS”; es decir, dejaron de existir en el procedimiento; no producen ningún efecto; y por consiguiente, la sentencia recurrida en casación, conforme a derecho no debió invocarlas como fundamento para dejar sin valor el dictamen del Perito Oficial que favorecía a la parte demandada, quien además, no era el responsable de las irregularidades cometidas en el nombramiento del Perito Oficial. Dado que el Tribunal de Apelación, al dictar Sentencia recurrida en Casación, mediante la cual, con fundamento en que el Dictamen elaborado por el Perito Oficial Ingeniero Francisco Núñez, no era confiable y carecía de valor a raíz de las irregularidades cometidas en su nombramiento, REVOCO la Sentencia de Primera Instancia en cuanto con fundamento en el referido Dictamen Pericial declaraba Sin Lugar la Demanda Reivindicatoria de Dominio, dejando indefensa a la parte demandada; RESULTA JURIDICAMENTE EVIDENTE, que en dicha Sentencia se incurrió en flagrante falta de aplicación de la norma procesal contenida en el Artículo 213.2, del Código Procesal Civil, que le garantiza a la parte demandada, que las aludidas “irregularidades” cometidas en el nombramiento del Perito Oficial, se encuentran “sanadas” y que por lo tanto, no pueden invalidar el dictamen pericial y producirle indefensión SEGUNDO MOTIVO PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719, letra b), del Código Procesal Civil en lo concerniente a falta de aplicación de la norma procesal que le garantiza que no se le puede producir indefensión. DISPOSICON INFRINGIDA: Infracción por falta de aplicación del Artículo 715.1, del Código Procesal Civil, en cuanto ordena que: “1.- Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgador o Tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó” CONCEPTO DE LA INFRACCION: Dado que Tribunal de Segunda Instancia al dictar la Sentencia recurrida en Casación, con fundamento en infracciones cometidas en el nombramiento del Perito Oficial, REVOCO la Sentencia de Primera Instancia en cuanto declara Sin Lugar la Demanda de Reivindicación de Dominio; cuando si realmente fuera el caso de la existencia de dichas infracciones en el nombramiento del Perito Oficial, las cuales ni siquiera son imputables a la parte demandada, lo procedente conforme a derecho consistía en ordenar la retroacción de las actuaciones al estado anterior al defecto que la originó; RESULTA JURIDICAMENTE EVIDENTE, que en la Sentencia recurrida en casación al Revocar la Sentencia de Primera Instancia, por irregularidades cometidas en el nombramiento del Perito Oficial, que invalidaron su dictamen en que se fundamentó la Sentencia de Primera Instancia para declarar Sin Lugar la Demanda de Reivindicación de Dominio, se incurrió en falta de aplicación del Artículo 715.1, del Código Procesal Civil, en cuanto dispone que en tales casos se “ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó” TERCER MOTIVO PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719, letra b), del Código Procesal Civil en lo concerniente a interpretación errónea de la norma procesal que le garantiza que no se le puede producir indefensión. DISPOSICON INFRINGIDA: Infracción por falta de aplicación del Artículo 715.3, del Código Procesal Civil, en cuanto ordena que: “3.- Si se apreciare alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la Sentencia apelada y resolverá directamente.- Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo”. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Si bien es cierto que de conformidad con lo ordenado en el Artículo 713.3, del Código Procesal Civil, el Tribunal de Apelación está facultado para revocar la Sentencia apelada y resolver directamente el asunto sometido a su conocimiento, cuando apreciare una infracción en la valoración de los hechos declarados probados, como lo hizo en el presente caso; también es cierto que dicha facultad opera cuando la infracción en la valoración de los hechos, no afecta la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir el asunto; pero si la infracción en la valorización de los hechos decidida por el Tribunal de Segunda Instancia, afecta la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, como ocurrió en el presente caso, en que la Sentencia de Segunda Instancia recurrida en Casación, que por infracciones cometidas en el nombramiento del Perito Oficial, que no fueron cometidas por la parte demandada, dejó sin valor el Dictamen rendido por el Perito Oficial, sin considerar que dicho dictamen constituía un elemento de juicio necesario para resolver el asunto (so pena de producir indefensión); lo procedente conforme a derecho, es anular la resolución apelada y devolver las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional vuelva a decidir sobre el fondo.- Dado lo expuesto Resulta Jurídicamente Evidente, que en la Sentencia recurrida en Casación , al Revocar la Sentencia de Primera Instancia y a la vez declarar con lugar la demanda reivindicatoria de dominio, se incurrió en una interpretación errónea del Artículo 715.3, del Código Procesal Civil.” OCTAVO: Que la abogada MARIA FERNANDA RIVERA RODRIGUEZ, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “SE CONTESTAN MOTIVOS DE CASACION. El recurso de casación honorable corte suprema de Justicia, constituye la última vía procesal a la que pueden acudir las partes litigantes para solventar de forma definitiva el litigio, así mismo es el mecanismo que contribuye a la necesaria uniformidad y seguridad en la aplicación del derecho y es un recurso con tecnicismos jurídicos, que el impetrante debe conocer, para que alguno o algunos de los motivos sean de recibo. Es así, que en nuestro ordenamiento jurídico establece claramente el artículo 716 del Código Procesal Civil. Artículo 716.- FINES DE LA CASACIÓN. 1. El recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e Poder Judicial de Honduras Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional. 2. Las normas sobre recurso de casación deberán aplicarse e interpretarse en la forma más favorable a la finalidad de unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. En el presente caso el impetrante desarrolla de manera vaga e imprecisa tres motivos de casación contra el fallo proferido por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, y los cuales alega infracciones procesales, sin el haberlas denunciado previamente, así mismo solicita retrotraer actuaciones procesales que le fueron favorables en los momentos de instancia al impetrante, no denuncio los mismos en apelación, contrario a nosotros y ahora pretende que le sean de recibo esas infracciones procesales no denunciadas, siendo contradictorio en el desarrollo de cada motivo, así como olvidar los cuatro posibles escenarios de una decisión en recurso de apelación, o alegar valoración inadecuadas de la prueba en el desarrollo de un recurso de casación ignorando el artículo 720 del Código Procesal Civil.- Considero previo a contestar los motivos expuestos por el recurrente y ampliando concretamente lo anterior, que el Recurso Extraordinario de Casación limita los motivos por los cuales se puede recurrir una sentencia susceptible del recurso y así lo establecen el artículo 717, en relación al 720, deI Código Procesal Civil, el cual el litigante debe tener muy en cuenta ciertos requisitos previos y denuncias que se tuvieron que haber hecho pertinente en las instancias, tal es el caso cuando se denuncia infracciones procesales retomando la idea determina literalmente el artículo 719, en relación al 720 del Código Procesal Civil Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia, genérica, objetiva, funcional, y adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Artículo 720.- EXCLUSIÓN DE LA REVISIÓN PROBATORIA EN CASACIÓN. 1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del literal C) del numeral uno (1) deI artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de y otros motivos que a continuación se citan: “TERCERO: Que este Tribunal Ad Quem, por una parte considera y acepta la pretensión de los demandantes para que se reivindique un bien inmueble que es la acción principal y de conformidad al artículo 868 deI código civil la reivindicación es la acción que tiene el dueño de una cosa singular- que no está en posesión- para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela, es decir que deben cumplirse los requisitos que consisten en: 1) el título de dominio sobre el inmueble inscrito a favor del actor 2) la posesión del bien inmueble por parte del demandado y c) la singularidad de inmueble objeto del litigio y como puede apreciarse en los antecedentes la parte demandante acredito el título de dominio en virtud del contrato de compra venta que les realizo el señor Juan Francisco Pineda, quien era el propietario original del inmueble donde se encuentra la parcela objeto de esta demanda... CUARTO: Por lo que esta Corte del análisis de la documentación acompañada y del título de dominio de la demandada, el cual se encuentra debidamente inscrito no obstante el inmueble adquirido por los demandantes y que posteriormente procedieron a remedir, rectificar y desmembrar, cuyo antecedente de inscripción obra bajo el asiento número 67 del tomo 1560 del Instituto de la Propiedad de esta ciudad, de igual forma consta en los antecedentes mediante escritura pública de fecha 19 de febrero del 1999, inscrita bajo número 89 deI tomo 658 del Instituto de la Propiedad de la Ceiba, acreditándose el dominio que ostentan los demandantes y que fue ratificado con el peritaje acompañado a la demanda y otro medios de prueba como el reconocimiento judicial practicado por el Aquo con la presencia de los peritos del demandante y del demandado -como se menciona en el acta- en los terrenos objeto del litigio, quedando singularizado el bien en referencia y acreditándose que se trata del mismo bien inmueble que posee la parte demandada y que no está comprendido en el título de dominio que acompaño la parte demandada; de igual forma se acredito la posesión de la parte demandada sobre los terrenos que los demandantes ostentan el dominio, acreditándose que cada uno de los terrenos desmembrados tiene su clave catastral y en el reconocimiento judicial practicado en Catastro de la municipalidad de La Ceiba, donde las partes acudieron según consta a folios 539-541 de los antecedentes, donde se pudo constatar por el A quo el mapa georeferencial u ortofoto del lugar objeto del litigio, atendidos por el señor encargado de catastro, Miguel Jerónimo Maradiaga, quien otorgo las claves catastrales de cada uno de los cuatro lotes de terreno a nombre de los demandantes, aclarando el señor Maradiaga que al hablar de georeferencia significa que dos puntos no pueden ocupar el mismo espacio por lo tanto no son los mismos puntos de ubicación, preguntándole el A Quo si los terrenos que la parte norte pertenecen a los demandantes Raúl Ruiz, Oscar Rodríguez, Maida Humaña y Tesla Ruiz, contestando el encargado de catastro que si respectivamente son los propietarios de los cuatro lotes identificados, corroborado lo anterior con el dictamen pericial aportado por la parte demandante con lo cual se acredito que la posesión de una parte de esos terrenos se encuentra en manos de la parte demandada; resaltando el hecho que el peritaje fue practicado por un peritaje calificado, miembro del Colegio de Ingenieros de Honduras y al cual esta Corte le da mayor credibilidad por cuanto fue traído al proceso siguiendo todos los procedimientos como lo estípula el código procesal civil; configurándose de esta forma los requisitos que exige el artículo 868 del Código Civil para que opere la reivindicación, asimismo tampoco debe tomarse en cuenta el peritaje rendido por el llamado perito “oficial” o dela parte demandada, quien fue nombrado irregularmente y no debió tomar en consideración el A Quo por cuanto el dictamen rendido por el referido perito carece de confiabilidad.” SE CONTESTA SEGUNDO MOTIVO: Lo expuesto en este motivo desarrollado por el impetrante, no reúne a nuestro criterio la subsunción del mismo a alguno de los preceptos jurídicos autorizantes contenidos en el artículo 716 en relación al 719, y este lo explico así: El litigante deberá tener especial cuidado cuando un fallo producido en la instancia, sea este a favor o en contra deberá ser celoso guardián que el resultado de la misma se hallan cumplido los actos y garantías que rigen el proceso, pues el impetrante alega en desarrollo de este motivo en síntesis que al existir infracción procesal, en el nombramiento del mal llamado perito oficial, la Corte de Apelaciones tuvo que haber retrotraído las actuaciones al estado de la infracción, pero la parte demandada no puede alegar infracciones procesales en un recurso de casación, cuando no hizo la denuncia previa en la instancia y esto lo digo con propiedad, en aplicación al artículo 700 del Código Procesal Civil, que literalmente señala: Artículo 700.- PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES. 1. Cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho valoración de la prueba realizada por una corte de Apelaciones, no es susceptible de Recurso de Casación, es decir las causales del Recurso están estrictamente señaladas en el artículo 719 del Código Procesal Civil, y este motivo lo excluye imperativamente el articulo 720 del Código Procesal Civil. Artículo 720.- EXCLUSIÓN DE LA REVISIÓN PROBATORIA EN CASACIÓN. 1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del literal C) del numeral uno (1) del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Por lo antes expuesto, esta honorable corte está excluida de revisar vía recurso de casación, la valoración probatoria que desarrolla en su motivo el impetrante Por lo anterior Honorable Corte queda bien establecido que el presente recurso de casación debe ser inclusive inadmitido, ya que no cumple con los presupuestos establecidos por la Ley a fin de que sea de recibo.” NOVENO: Que el abogado JOAQUIN MUNGUIA MARADIAGA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “SE CONTESTAN MOTIVOS DE CASACION El recurso de casación honorable corte suprema de justicia, constituye la última vía procesal a la que pueden acudir las partes litigantes para solventar de forma definitiva el litigio, así mismo es el mecanismo que contribuye a la necesaria uniformidad y seguridad en la aplicación del derecho y es un recurso con tecnicismos jurídicos, que el impetrante debe conocer, para que alguno o algunos de los motivos sean de recibo. Es así, que en nuestro ordenamiento jurídico establece claramente el artículo 716 del Código procesal civil Artículo 716.- FINES DE LA CASACIÓN. 1. El recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e Poder Judicial de Honduras Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional. 2. Las normas sobre recurso de casación deberán aplicarse e interpretarse en la forma más favorable a la finalidad de unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. En el presente caso el impetrante desarrolla de manera vaga e imprecisa tres motivos de casación contra el fallo proferido por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, y los cuales alega infracciones procesales, sin el haberlas denunciado previamente, así mismo solicita retrotraer actuaciones procesales que le fueron favorables en los momentos de instancia al impetrante, no denuncio los mismos en apelación, contrario a nosotros y ahora pretende que le sean de recibo esas infracciones procesales no denunciadas, siendo contradictorio en el desarrollo de cada motivo, así como olvidar los cuatro posibles escenarios de una decisión en recurso de apelación, o alegar valoración inadecuadas de la prueba en el desarrollo de un recurso de casación ignorando el articulo 720 del Código Procesal Civil.- Considero previo a contestar los motivos expuestos por el recurrente y ampliando concretamente lo anterior, que el Recurso Extraordinario de Casación limita los motivos por los cuales se puede recurrir una sentencia susceptible del recurso y así lo establecen el artículo 717, en relación al 720, del Código Procesal Civil, el cual el litigante debe tener muy en cuenta ciertos requisitos previos y denuncias que se tuvieron que haber hecho pertinente en las instancias, tal es el caso cuando se denuncia infracciones procesales retomando la idea determina literalmente el artículo 719, en relación al 720 del Código Procesal Civil Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia, genérica, objetiva, funcional, y adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Artículo 720.- EXCLUSIÓN DE LA REVISIÓN PROBATORIA EN CASACIÓN. 1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del literal C) del numeral uno (1) del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo SE CONTESTA PRIMER MOTIVO: Establece el recurrente en el desarrollo de su primer motivo el concepto de la infracción que a su criterio contiene el fallo proferido por la Honorable Corte de Apelaciones, y olvida el impetrante que en la audiencia preliminar cuando el señor Juez infringe el proceso se protestó por nuestra parte ,mediante los señalamientos consistentes en la infracción al artículo 318, en relación al 433 y 434, del Código Procesal Civil, en el sentido que el demandado tuvo que haber acompañado a la contestación de la demanda el peritaje de ubicación del Bien Inmueble en litigio, extremo que no sucedió tal y como se puede apreciar en los folios del proceso. -Establece el impetrante que al admitir el Juez la admisión de la prueba pericial en que supuestamente se cometieron dichas irregularidades las mismas quedaron sanadas, es decir dejaron de existir; esta teoría del Impetrante desconoce que el Recurso de Apelación dentro de sus finalidades esta la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como las normas legales empleadas para resolver la cuestiones objeto del debate esto en aplicación al artículo 705 inciso 1 del Código procesal civil, referente a la finalidad del recurso de casación; Así mismo esta infracción procesal fue protestada en audiencia preliminar por la parte demandante señalando la infracción y fue reproducida al interponer el recurso de apelación contra aquella sentencia hoy revocada, es decir Honorable Corte Suprema de Justicia, el demandado tuvo que acompañar un dictamen pericial al contestar la demanda, en aplicación a los artículos 318, 433, y 434 del Código Procesal Civil extremos que no se pueden dar por saneado, pues para ello son los recursos tanto en lo que concierne a sus fines, como sus alcances y en este último aspecto, el articulo antes mencionado faculta a la Corte de Apelaciones a controlar infracciones procesales, así lo establece el artículo 715 en incisos 1, 2, y 4 por lo que sería absurdo considerar legitimo el nombramiento de un perito que no es oficial, pues para que esta figura opere deberán existir dictámenes contradictorios al tenor de lo preceptuado en el artículo 323, del Código Procesal Civil y este en relación al artículo 318 del mismo ordenamiento Jurídico. En el mismo motivo ante lo expuesto por el impetrante, la Corte de Apelaciones no solo revoca el fallo por lo referente al dictamen elaborado para la empresa nacional portuaria por el mal llamado perito oficial, la corte revoca el fallo, por ese y otros motivos que a continuación se citan:“ TERCERO: Que este Tribunal Ad Quem, por una parte considera y acepta la pretensión de los demandantes para que se reivindique un bien inmueble que es la acción principal y de conformidad al artículo 868 del código civil, la reivindicación es la acción que tiene el dueño de una cosa singular- que no está en posesión- para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela, es decir que deben cumplirse los requisitos que consisten en: 1) el título de dominio sobre el inmueble inscrito a favor del actor 2) la posesión del bien inmueble por parte del demandado y c) la singularidad de inmueble objeto del litigio y como puede apreciarse en los antecedentes la parte demandante acredito el título de dominio en virtud del contrato de compra venta que les realizo el señor Juan Francisco Pineda, quien era el propietario original del inmueble donde se encuentra la parcela objeto de esta demanda… CUARTO: Por lo que esta Corte del análisis de la documentación acompañada y del título de dominio de la demandada, el cual se encuentra debidamente inscrito no obstante el inmueble adquirido por los demandantes y que posteriormente procedieron a remedir, rectificar y desmembrar, cuyo antecedente de inscripción obra bajo el asiento número 67 del tomo 1560 del Instituto de la Propiedad de esta ciudad, de igual forma consta en los antecedentes mediante escritura publica de fecha 19 de febrero del 1999, inscrita bajo número 89 del tomo 658 del Instituto de la Propiedad de la Ceiba, acreditándose el dominio que ostentan los demandantes y que fue ratificado con el peritaje acompañado a la demanda y otro medios de prueba como el reconocimiento judicial practicado por el Aquo con la presencia de los peritos del demandante y del demandado -como se menciona en el acta- en los terrenos objeto del litigio, quedando singularizado el bien en referencia y acreditándose que se trata del mismo bien inmueble que posee la parte demandada y que no está comprendido en el título de dominio que acompaño la parte demandada; de igual forma se acredito la posesión de la parte demandada sobre los terrenos que los demandantes ostentan el dominio, acreditándose que cada uno de los terrenos desmembrados tiene su clave catastral y en el reconocimiento judicial practicado en Catastro de la municipalidad de La Ceiba, donde las partes acudieron según consta a folios 539-541 de los antecedentes, donde se pudo constatar por el A quo el mapa georeferencial u ortofoto del lugar objeto del litigio, atendidos por el señor encargado de catastro, Miguel Jerónimo Maradiaga, quien otorgo las claves catastrales de cada uno de los cuatro lotes de terreno a nombre de los demandantes, aclarando el señor Maradiaga que al hablar de georeferencia significa que dos puntos no pueden ocupar el mismo espacio por lo tanto no son los mismos puntos de ubicación, preguntándole el A Quo si los terrenos que la parte norte pertenecen a los demandantes Raúl Ruiz, Oscar Rodríguez, Maida Humaña y Tesla Ruiz, contestando el encargado de catastro que si respectivamente son los propietarios de los cuatro lotes identificados, corroborado lo anterior con el dictamen pericial aportado por la parte demandante con lo cual se acredito que la posesión de una parte de esos terrenos se encuentra en manos de la parte demandada; resaltando el hecho que el peritaje fue practicado por un peritaje calificado, miembro del Colegio de Ingenieros de Honduras y al cual esta Corte le da mayor credibilidad por cuanto fue traído al proceso siguiendo todos los procedimientos como lo estipula el código procesal civil; configurándose de esta forma los requisitos que exige el artículo 868 del Código Civil para que opere la reivindicación, asimismo tampoco debe tomarse en cuenta el peritaje rendido por el llamado perito “oficial” o dela parte demandada, quien fue nombrado irregularmente y no debió tomar en consideración el A Quo por cuanto el dictamen rendido por el referido perito carece de confiabilidad.” SE CONTESTA SEGUNDO MOTIVO: Lo expuesto en este motivo desarrollado por el impetrante, no reúne a nuestro criterio la subsunción del mismo a alguno de los preceptos jurídicos autorizantes contenidos en el artículo 716 en relación al 719, y este lo explico así: El litigante deberá tener especial cuidado cuando un fallo producido en la instancia, sea este a favor o en contra deberá ser celoso guardián que el resultado de la misma se hallan cumplido los actos y garantías que rigen el proceso, pues el impetrante alega en desarrollo de este motivo en síntesis que al existir infracción procesal, en el nombramiento del mal llamado perito oficial, la Corte de Apelaciones tuvo que haber retrotraído las actuaciones al estado de la infracción, pero la parte demandada no puede alegar infracciones procesales en un recurso de casación, cuando no hizo la denuncia previa en la instancia y esto lo digo con propiedad, en aplicación al artículo 700 del Código Procesal Civil, que literalmente señala: Artículo 700.- PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES. 1. Cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación. 2. Asimismo deberá acreditar que hizo lo posible para su subsanación en el caso de que la naturaleza del defecto la admitiera. De la simple lectura de este imperativo artículo, Impide que el demandado pueda invocar alguna de las causales establecidas en el artículo 719.1 del Código Procesal Civil y así lo explica con gran acierto el jurista AFREDO DE DIEGO DIAZ, en su estudio referente al recurso de casación y queja del código procesal civil pagina 20 cuyo contenido trascribo de manera respetuosa, Honorable Corte, con el único fin de explicar mas acertadamente porque este segundo motivo no sea de recibo “se exige por tanto a la parte recurrente una actitud de lealtad, de juego mediante la previa de denuncia de los vicios procesales. Así pues no será posible utilizar estos motivos de casación, referidos a todos los escritos en el numeral uno del artículo 719, si la parte no ha denunciado dicho defecto procesal en la instancia o en el Recurso de Apelación. Esta previsión legal hay que ponerla en relación con la regulación de la nulidad de los actos procesales del articulo 214 C.P.C. de tal manera que, la parte debe hacer valer los defectos que generan indefensión o causa de nulidad por la vía del Recurso correspondiente, mientras que el tribunal de oficio, al conocer un recurso, no podrá decretar una nulidad no solicitada en el mismo, salvo las excepciones previstas en el propio articulo 214.3 C.P.C., y que vienen referidas en exclusiva a la causal a) del artículo 719.1. a través de las normas se pretende posibilitar la subsanación de los defectos procesales en una fase anterior al recurso de casación enviando así el llamado proceso inútil….” De la simple lectura de mis argumentos, en relación a la doctrina invocada y las normas jurídicas transcritas, el presente motivo no deberá ser de recibo. Así mismo la corte de apelaciones “ A PETICION DE PARTE Y EXISITIENDO ARGUMENTOS JURIDICOS ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PROBATORIOS REALIZA SU ACTUACION EN APLICACIÓN AL ARTICULO 715.4 del Código Procesal Civil. SE CONTESTA TERCER MOTIVO: En cuanto al desarrollo de este motivo, la parte recurrente ataca la valoración de la prueba realizada por la Honorable Corte de Apelaciones la que no solo versa sobre el perito mal llamado oficial, sino que la Corte de Apelaciones valora varios medios de prueba e incluso el reconocimiento judicial a las oficinas de catastro Municipal de la ceiba; Asimismo Honorable Corte este tercer motivo no debe ser de recibo, porque dentro de las causales del recurso de casación en aplicación al artículo 719, del Código Procesal Civil, la valoración de la prueba realizada por una corte de Apelaciones, no es susceptible de Recurso de Casación, es decir las causales del Recurso están estrictamente señaladas en el artículo 719 del Código Procesal Civil, y este motivo lo excluye imperativamente el articulo 720 del Código Procesal Civil. Artículo 720.- EXCLUSIÓN DE LA REVISIÓN PROBATORIA EN CASACIÓN. 1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del literal C) del numeral uno (1) del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Por lo antes expuesto, esta honorable corte esta excluida de revisar via recurso de casación, la valoración probatoria que desarrolla en su motivo el impetrante Por lo anterior Honorable Corte queda bien establecido que el presente recurso de casación debe ser inclusive inadmitido, ya que no cumple con los presupuestos establecidos por la Ley a fin de que sea de recibo.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, con fecha catorce de junio del dos mil diecisiete, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación presentado por el abogado JOSE ENRIQUE CORDOVA CHAPAS, como representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contra la sentencia dictada por la misma Corte de Apelaciones el once de mayo del dos mil diecisiete; en relación a la “DEMANDA DE REIVINDICACIÓN DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE DEL CUAL LOS DEMANDANTES TIENEN ESCRITURAS PÚBLICAS Y NO ESTÁN EN POSESIÓN DE LOS MISMOS; ASÍ MISMO SE DEMANDA COMO PRETENSIÓN ACUMULADA LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA ILEGAL DESPOSESION”, promovida ante el entonces Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, por el abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición de representante procesal de los señores RAUL RENE RUIZ GONZALEZ, MAIRA CECILIA UMAÑA ESCOBAR, TEZLA ELIZABETH RUIZ GONZALEZ y OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ CORDOVA, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. 2. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS. Esta Sala señala al impetrante los siguientes defectos técnicos que impiden hacer de recibo el primer motivo casacional, así: Conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia; no obstante, de la revisión del primer motivo casacional observa la Sala que el Censor impugna directamente uno de los medios de prueba como ser el dictamen del perito oficial y la valoración que del mismo hace el juez a quo. Además, de la explicación del motivo en examen, observa la Sala que el Recurrente lo que pretende impugnar es la motivación fáctica de la sentencia, cuya causal casacional es diferente de la señalada por él en el primer motivo. Es por los defectos enunciados, que conforme el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil corresponde inadmitir el motivo de casación que antecede, es decir por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para el escrito de interposición y formalización. 3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS. La causal del recurso de casación enunciada en este segundo motivo de casación se refiere a los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga nulidad o produjera indefensión; no obstante, dicha causal no concuerda al tipo de denuncia que pretende el Censor que opere, ya que al igual que en el primer motivo de casación, denuncia directamente el medio de prueba denominado peritaje y la valoración que al mismo dio el Juez aquo, cuya situación le es vedada por disposición del artículo 720.1 del Código Procesal Civil. Observa la Sala que el Impetrante señala como norma infringida el artículo 715.1 del Código Procesal Civil por falta de aplicación, no obstante, es de hacer notar que el fallo emitido por el ad quem se encuentra dentro de los supuestos o parámetros del artículo 715 del Código Procesal Civil señalado como infringido, es decir, no ocurrió la falta de aplicación señalada, pues para que dicha infracción opere, la norma no deberá aplicarse o existir una omisión en su aplicación, situación que no ocurre en el caso de autos. Es por lo señalado que procede declarar la inadmisión del segundo motivo de casación conforme el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS. Esta Sala señala al impetrante los siguientes defectos técnicos que impiden hacer de recibo el tercer motivo casacional, así: Denuncia un tercer motivo por “interpretación errónea de la norma procesal infringida” y además señala la “falta de aplicación de la misma norma procesal, artículo 715.3 del Código Procesal Civil”; lo que resulta impropio en un solo motivo la invocación de dos formas diferentes de violación a la ley y contrarias entre sí. Insta, al igual que los motivos anteriores, la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en las instancias, contrario a lo preceptuado en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. Finalmente, es de hacer notar nuevamente al Censor que la sentencia emitida por el ad quem se encuentra dentro de los supuestos del artículo 715 del Código Procesal Civil denunciado. Es por lo señalado que procede la inadmisión del tercer motivo de casación conforme el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil.

  1. La Sala tiene a bien señalar, que si bien es cierto, en cuanto a los recursos y más específicamente del recurso de casación, cuando es desestimado el mismo, se aplicará lo referente al principio de vencimiento que preceptúa el artículo 221 del Código Procesal Civil (condena en costas); esta normativa no tiene aplicabilidad en el caso que nos ocupa, ya que en fecha 23 de enero del año 2014, en el Diario Oficial La Gaceta número 33,336 se publicó el Decreto Nº 266-2013, contentivo de la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; cuerpo normativo que deja establecido en su artículo 8 como disposición general lo siguiente: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente”; razón por la cual la Sala estima la improcedencia de condena en costas a la Empresa Nacional Portuaria. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; por unanimidad de votos profiere el presente auto irrecurrible y DECLARA: I. LA INADMISIÓN de los tres motivos de casación formalizados por el abogado JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. II. FIRME la sentencia recurrida dictada en fecha once de mayo del dos mil diecisiete, por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, en el expediente de segunda instancia bajo número de registro 0101-2016-00175 originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0101-2015-0070 del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida. III. SIN COSTAS. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones junto con la certificación de esta resolución, al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil veintitrés; Certificación del auto de fecha dieciocho de enero del año dos mil veintitrés, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 150=2017.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

SECRETARIA SALA DE LO CIVIL

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