Sentencia CC-146-19 — Registro 17241
Resumen
La Corte de Apelaciones revocó la sentencia dictada en primera instancia, fallando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de los demandados, desestimar la demanda ordinaria de nulidad de promesa de venta y condena a la parte demandante al pago de las costas al haberse rechazado sus pretensiones.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. El presente motivo no es admisible por su incomprensión recursiva al pretender de manera simultánea la observancia y respeto de la aplicación e interpretación de normas que considera infringidas, las cuales por su divergencia no pueden ir eslabonadas como sucede en el presente motivo; también no es admisible por la inobservancia de la técnica casacional, ya que, a falta de la misma, esta Sala de lo Civil detecta errores insubsanables que conlleva a la falta de claridad bajo las consideraciones siguientes: El recurrente comparece en uso de las facultades recursivas casacionales que le permite la causal establecida en el artículo 719.1.c) en relación con el 720.2 del Código Procesal Civil, que es limitado al orden procesal impugnando “la aplicación e interpretación de las normas procesales reguladoras de la motivación de la sentencia”. Sin embargo, a lo largo de su propia motivación denuncia la supuesta existencia de diversas infracciones, considerando que el fallo recurrido establece afirmaciones tales como son: “…la afectación de la motivación fáctica de la sentencia, pues en los hechos declarados probados existe insuficiencia en la motivación fáctica y jurídica; asimismo, la motivación, que tiene el fallo recurrido, incide negativamente por la falta de racionalidad del elementos facticos y jurídicos, distorsionando la exigencia del Art. 207.2 del CPC, pues al considerarlos en conjunto se determina que no se ajustan a las reglas de la lógica y de la razón…”; sin embargo se aparta de dicha denuncia para motivar: “…en virtud que la susodicha promesa con tales carencias no produce obligación alguna porque en ella no se especifica de tal manera el contrato prometido, que solo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriben…”; que es una denuncia que afecta el fondo del pleito, para continuar denunciando infracción en la sentencia impetrada consistente en: “…igual que lo hizo el juez de primera instancia, omitió referirse al procedimiento especial de regularización de tierras a favor de particulares previsto en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre…”. En resumen, denuncia simultáneamente como agravio, las causales de casación de motivación insuficiente y la de falta de motivación, lo que, por si mismas son excluyentes, ya que, si no existe motivación, no se puede definir que esa inexistencia es insuficiente. Confrontado el escrito recursivo con la sentencia impetrada, esta Sala denota que en el proceso se omitió la obligatoriedad establecida en el artículo 700 del Código Procesal Civil, que establece que en todo recurso devolutivo debe alegarse la existencia del defecto, debiendo acreditar en el escrito de interposición que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, o acreditar que hizo lo posible para su subsanación, tal como lo autoriza el artículo 205 del Código Procesal Civil, por tanto el recurrente no utilizo su derecho de defensa, ex ante. También denuncia infracción en contra del principio del vencimiento y la condena en costas en que se han visto afectadas las partes. Todo este orden de ideas y denuncias son irrazonables por su diferente alcance recursivo y por haberlas eslabonado indiscriminadamente en un mismo motivo inobservando lo que establece el artículo 721.2 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…… “ RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN. No es admisible el presente motivo por la falta de precisión y claridad del recurrente, en virtud de las siguientes razones: a) Hace referencia a la acumulación de varias normas no relacionadas entre sí, no es una confrontación de la sentencia con la ley que el casacionista invoca, de lo cual se pueda deducir que el tribunal dejó de interpretar la norma invocada en el motivo de casación. El impetrante hace una denuncia simultánea de dolo por falta de legitimidad del contrato, así como un alegato de nulidad relativa y de recisión del contrato, las cuales son instituciones que tienen fines distintos. b) El censor comparece argumentando actos lesivos (asuntos financieros) que no han sido objeto de juicio; no siendo posible recurrir sobre argumentos que se sustentan en supuestos que no han debatidos, ni controvertidos en las instancias respectivas, por tanto, carentes de sentencia y tutela judicial (artículos, 10, 429.1 y 701.1 del Código Procesal Civil).”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 700 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “ RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN. No es admisible el presente motivo por la falta de precisión y claridad del recurrente, en virtud de las siguientes razones: a) Hace referencia a la acumulación de varias normas no relacionadas entre sí, no es una confrontación de la sentencia con la ley que el casacionista invoca, de lo cual se pueda deducir que el tribunal dejó de interpretar la norma invocada en el motivo de casación. El impetrante hace una denuncia simultánea de dolo por falta de legitimidad del contrato, así como un alegato de nulidad relativa y de recisión del contrato, las cuales son instituciones que tienen fines distintos. b) El censor comparece argumentando actos lesivos (asuntos financieros) que no han sido objeto de juicio; no siendo posible recurrir sobre argumentos que se sustentan en supuestos que no han debatidos, ni controvertidos en las instancias respectivas, por tanto, carentes de sentencia y tutela judicial (artículos, 10, 429.1 y 701.1 del Código Procesal Civil).”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL QUINTO MOTIVO DE CASACIÓN. En el presente motivo casacional, el recurrente hace alegatos de mera instancia, que por su naturaleza no son admitidos en este recurso extraordinario. Asimismo, el impetrante comete la inobservancia casacional en virtud de las siguientes razones: a) La acumulación de varias normas contenidas en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, que, aunque están relacionadas entre sí, no fueron denunciadas en la instancia previa, al ser confrontada con la sentencia recurrida, no resulta una falta de aplicación de las normas invocadas por el Ad-quem. b) Denuncia la supuesta infracción sobre diferentes leyes (la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y la Ley de Propiedad), que por su alcance normativo y debida precisión deben ser denunciados en motivos separados (artículo 704 del Código Procesal Civil). c) El recurrente comparece argumentando actos y resoluciones administrativas (recordar que el Ad Quem considera como agravios la denuncia de dolo y el alcance valorativo de la prueba pericial), no siendo posible recurrir sobre argumentos que se sustentan en supuestos que no han sido debatidos, carentes de sentencia y tutela judicial (artículo 717 del Código Procesal Civil). d) En concordancia con lo anterior, este motivo se cimenta en alegatos sobre pretensiones no promovidas en la demanda. 6. En vista de todo lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de lo cual esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que establece la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2 a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA como Coordinadora por Ley, GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ y NELSON DANILO MAIRENA FRANCO, quien integra por abstención justificada del Magistrado MILTON DANILO JIMENEZ PUERTO, designada ponente la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES EN ESTA JURISDICCIÓN: La señora MARTA V. GUILLEN TALAVERA, representada en juicio por el abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE, como recurrente; contra la sentencia dictada en fecha once de marzo del dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD RELATIVA O RESCISION DE UN CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE COMPRA VENTA DE INMUEBLES MAS LA RESTITUCION DEL PRECIO PAGADO”, promovida en fecha trece de abril de dos mil dieciséis, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, por el abogado MIGUEL ANTONIO ESPINAL DUBON, actuando en su condición de representante procesal de la señora MARTA V. GUILLEN TALAVERA, también conocida como MARTA VIOLETA TALAVERA y como MARTA TALAVERA, contra los señores ALEX YANUARIO MANCIA ALTAMIRANO, NORMA LILIANA RUBI GUZMAN y EVELYN HERNANDEZ VELEZ. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLO: I.- Desestimar la demandada ordinaria de nulidad relativa o rescisión de un contrato privado de promesa de compraventa de inmuebles, más la restitución del precio pagado, instada por el Abogado Miguel Antonio Espinal, representante procesal de la actora material señora Marta V. Guillen Talavera, contra los señores Alex Yanuaria Mancía Altamirano, Norma Liliana Rubí Guzmán y Evelyn Hernández Vélez. II.- Cada parte abonara las costas dada la desestimación en la presente instancia y comunes por mitad. III.- EI presente documento sentencial, admite Recurso de Apelación, el cual deberá interponerse dentro de los próximos diez días hábiles, a su notificación. IV.- la presente resolución se emite a la fecha en vista de tener el jugador audiencias que celebrar, y otras sentencias que coinciden en los diez días que tiene el juez para emitir este tipo de fallos finales.- NOTIFIQUESE”. SEGUNDO: En fecha once de marzo de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la dictada por el A-quo, fallando de la siguiente manera: “RESUELVE: 1) CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto par el Abogado Donoso Cubero, en su condición de apoderado legal de los demandados.- 2) SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto par el Abogado David Molina Pineda, en su condición de apoderado legal de la parte demandante.- 3) REVOCAR Y DICTAR la sentencia apelada, la que deberá leerse: Desestimar la demanda ordinaria de nulidad de promesa de venta y condena a la parte demandante al pago de las costas al haberse rechazado sus pretensiones-. 4) CON COSTAS.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para las efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE.” TERCERO: El abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE, actuando en su condición de representante procesal de la señora MARTA V. GUILLEN TALAVERA, en fecha once de abril de dos mil diecinueve, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El representante procesal de los señores ALEX YANUARIO MANCIA ALTAMIRANO, NORMA LILIANA RUBI GUZMAN y EVELYN HERNANDEZ VELEZ, abogado EDUARDO MEDRANO BARDALES, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y EDUARDO MEDRANO BARDALES, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamientos en fecha diecisiete y veinte de mayo de dos mil diecinueve, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “V.- MOTIVOS DE CASACION.- En la presente impugnación el Código Procesal Civil también se identifica solo como CPC y primero se desarrollan los motivos por, aplicación e interpretación de normas procesales; y, después, los relativos a la impugnación por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, o sea, por infracción de normas de carácter material; no obstante, se mantiene una misma numeración correlativa para evitar confusiones. V.1: INFRACCION DE NORMAS RELATIVOS A LA DETERMINACION ORGANO JURISDICCIONAL. PRIMER MOTIVO: Se impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la jurisdicción, en virtud de infracción de los Arts. 12.2, "24. EXTENSION Y LIMITES DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL. 2 d), 214. MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACION DE UN ACTO PROCESAL. 3”, 701. EFECTO DEVOLUTIVO. AMBITO DEL RECURSO. 3”, todos del CPC, en relación con el Art. 29 primer párrafo, numeral 6) Disputas sobre Propiedad Raíz y último párrafo, de la Ley Para la Promoción y Protección de Inversiones, contenida en el Decreto N° 51-2011 del 3 de mayo de 2011. Obligado es hacer estas dos aclaraciones: 1°) Este tipo de infracción se dio a consecuencia del error producido antes de dictarse la sentencia y afecto el iter procesal porque los órganos jurisdiccionales de instancia que intervinieron en las dos primeras fases de este proceso, no ejercieron sus facultades procesales, especialmente en lo atinente al control oficioso de la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, así como la inexistencia de motivos de nulidad, antes de dictar sentencia, tal yerro afecta varios principios procesales. Y, 2) La sentencia recurrida directamente invoca, cita, pero en realidad no aplica el Art. "12.2" del CPC. Aclaro que, para no repetir CPC en cada párrafo de los siguientes, identifico desde acá este Cuerpo de Leyes al que pertenecen y el contenido de cada artículo citado, así: En lo pertinente en el Art. "12. FACULTADES PROCESALES ... 2. El Juez controla de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, así como la inexistencia de motives de nulidad, antes de dictar sentencia ... ". También establece el Art. "24. EXTENSION Y LIMITES DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL. 2. Los órganos jurisdiccionales civiles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes: … d) Exista… clausula valida de sometimiento del conflicto a arbitraje”. El Art. "214. MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACION DE UN ACTO PROCESAL. 3. En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando esta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal". EI "701. EFECTO DEVOLUTIVO. AMBITO DEL RECURSO ... 3. No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente." La Ley Para la Promoción y Protección de Inversiones, contenida en el Decreto N° 512011 del 3 de mayo de 2011, dice en su Art. 29 primer párrafo: "Para efectos de garantizar a los inversionistas una mayor seguridad jurídica serán conocidas por la vía arbitral, haya o no convenio arbitral negociado entre las partes, los conflictos relacionados con las disputas siguientes; 6) Disputas Sobre Propiedad Raíz… Se entenderá en estos casos que el arbitraje es la vía primigenia por lo que no se requerirá la celebración de convenio arbitral para llevar a cabo el proceso en los casos arriba mencionados. No obstante, si las partes así lo acuerdan podrán renunciar a este derecho y acudir a la justicia ordinaria acreditando el acuerdo respectivo.” El primero de los Arts. citados del CPC es el 12.2, que prevé facultades procesales al cargo del Juez, así en ese numeral "2" se atribuye al Juez que controle de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, como jurisdicción, competencia, etcétera, luego entre varios de esos presupuestos debe controlar, o sea, comprobar si tiene jurisdicción en el ámbito civil y ello obliga a entrar en inmediata relación con el contenido del Art. 24.1 del mismo CPC, donde, si bien es cierto existe una remisión a la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta solo existe a nivel de iniciativa de Ley presentada por la Honorable Corte Suprema de Justicia ante el Poder Legislativo, y aunque está vigente la vieja Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, la misma no da una solución al respecto desde que se encuentra en vigencia la Ley de Conciliación y Arbitraje la cual está redactada en el sentido de que la jurisdicción arbitral no es obligatoria y debe existir una cláusula o un compromiso arbitral de las partes contratantes, de haberlo tiene que ser apreciado de oficio por el juez que conoce del proceso para determinar si existe convenio o clausula valida de sometimiento del conflicto a arbitraje. Sin embargo, en esta oportunidad la cláusula de sometimiento del conflicto a arbitraje no es contractual y voluntaria, es legal y la misma torna obligatorio esa jurisdicción, tal como está previsto en el citado Art 29 de la Ley Para la Promoción y Protección del Inversiones que establece una jurisdicción arbitral obligatoria para resolver las disputas como la de este caso concrete. En el cual al final de este motivo se llega a la conclusión que los órganos jurisdiccionales que intervinieron en las fases de instancia de este proceso, carecían y carecen de jurisdicción porque no se observaron las reglas establecidas en ese Art. 29 de la Ley Para la Promoción y Protección de Inversiones, y que en definitiva la eficacia y validez del mal llamada Contrato Privado de Promesa de Compraventa, se encuentran cuestionadas por efecto de las pretensiones de nulidad; relativa y rescisión, que constituyen al final una Disputa Sobre Propiedad Raíz, la cual según ese Art. 29 citado, compete decidir a un Tribunal Arbitral que al efecto se designe. Al traer a colación el Art. 12. FACULTADES PROCESALES…2, del CPC, ponemos la atención en un principio atinente a las facultades del juez o tribunal, o sea, al órgano jurisdiccional, de tal manera que el juez o tribunal tiene la facultad de controlar de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, en el entendido de que en este término "ley" no solo queda comprendido el CPC, sino también, cualquier otra ley, como es el caso de la Ley Para la Promoción y Protección de Inversiones citada, en donde a través de una cláusula legal, como el Art. 29 pues tanto en su primer párrafo, como en su N° 6) y en su último párrafo, se ha impuesto, como primigenio el arbitraje para resolver las disputas sobre Propiedad Raíz y otros, de tal manera que, de no observarse tales prescripciones legales, el proceso está afectado en sus presupuestos de validez por existir motives de nulidad antes de dictarse la sentencia. En cuanto al Art. "24. EXTENSION Y LIMITES DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL. 2 d) del CPC, vale tener presente aquella máxima de que las actuaciones del juez incompetente son nulas. Al efecto, en este caso por el contenido del Art. 29 en su primer párrafo, N° 6) y último párrafo de la Ley Para la Promoción y Protección de Inversiones, tiene esa cláusula legal imperativa que determina la falta de jurisdicción en los órganos jurisdiccionales civiles quienes, como debió suceder en el caso de autos, deben exigir a las partes como documento fundamento para sostener el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, el acuerdo donde renuncian al derecho de que el conflicto sea decidido en la jurisdicción arbitral y en el cual pactan que acudirán a la justicia ordinaria previa acreditación del citado acuerdo. En el caso de mérito, luego de la presentación de la demanda el trece (13) de abril de dos mil dieciséis (2016), no existe actuación del Juzgado de Primera instancia que revele inequívocamente que los órganos jurisdiccionales cumplieron con el contenido del último párrafo del citado Art. 29, por el contrario, la omisión en cumplir con ese principio del Art. 24. EXTENSION Y LIMITES DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL. 2 d) del CPC, nos lleva a concluir que el contenido de este Art. fue totalmente desatendido, o sea, violado y se extendió sin límite el orden Jurisdiccional Civil a la solución de un conflicto sobre propiedad raíz que, por una cláusula legal, o sea, en virtud de la ley, le corresponde a un tribunal arbitral. En cuanto al Art. 214. MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACION DE UN ACTO PROCESAL.3", coma en el caso de autos la falta de jurisdicción, similar a la falta de competencia, implica que uno de los presupuestos procesales está afectado y puede determinar la nulidad de lo actuado. La regla general en el 214.1 del CPC, es que los medias para lograr la nulidad o anulación de un acto procesal es que la nulidad y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, deben Hacerse por media o, a través, de los recursos legalmente previstos contra la resolución impugnada, pues el CPC se programó precisamente para evitar que la nulidad sea utilizada como un subterfugio legal, una trama, para dilatar el proceso, pero siempre conservan las órganos jurisdiccionales superiores que jerárquica y funcionalmente: conozcan en ocasión de un recurso, si aprecian falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial si esta viene dada por normas imperativas o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal, 'el deber de decretar la nulidad. Y es precisamente lo que se pretende en esta ocasión. El CPC regula el EFECTO DEVOLUTIVO. AMBITO DEL RECURSO en su Art. 701, pero en el inciso "3" obliga al órgano jurisdiccional competente para conocer y decidir, un recurso devolutivo como el de apelación o el de casación, a· que no obstante lo, establecido en los incisos "1 y 2" del mismo precepto, necesariamente debe entrar a’: conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. Se trata de una facultad excepcional, pero sin duda la finalidad de la ley es evitar que un órgano jurisdiccional que carece de jurisdicción o competencia, entre otros defectos procesales, juzgue en el fondo el: asunto, para neutralizar una serie de violaciones a principios procesales y constitucionales coma los que se han invocado y cuyos textos son tan claros y precises· que en la explicación de los mismos más bien se corre el riesgo de distorsionarlos frente a una estimación sumamente estricta de la Sala de lo Civil. Entonces, en este caso concrete no obstante que el órgano de alzada y la Sala de lo Civil en nombre de la Corte Suprema de Justicia, tienen esa facultad oficiosa de entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, sin importar que las partes los hubiesen denunciado, se pretende la nulidad de todo lo actuado en contravención a las normas contenidas en el Art. 29 de la Ley Para la Promoción y Protección de Inversiones que establecen la jurisdicción arbitral obligatoria. El Art. 29 de la Ley Para la Promoción y Protección de Inversiones en su primer: párrafo, establece el objetivo del mismo, o sea, se persigue garantizar a los inversionistas una mayor seguridad jurídica y dado el exceso de trabajo con que siempre se encuentran los órganos jurisdiccionales en nuestro país y, por ende, el alto porcentaje de mora judicial, es comprensible que se hayan ideado normas· como la del 29 de dicha Ley especial, que tiene el efecto de descongestionar los juzgados y tribunales, pero especialmente su objeto es proporcionar más confianza y garantía a la inversión tanto nacional como extranjera, o sea, se ha establecido un arbitraje obligatorio para resolver el tipo de disputas comprendidas en dicho Art. 29, entre ellas están las disputas Sobre Propiedad Raíz, como es el caso de la eficacia y validez del mal llamada Contrato Privado de Promesa de Compraventa, tal como lo prevé el numeral 6). Para que no quede duda alguna del propósito de este Art., en su último: párrafo, en forma clara establece que se entenderá en estos casos, o sea, en los previstos en ese Art. 29, que el arbitraje es la vía de solución primigenia y pasa su redacción a no exigir convenio arbitral para llevar a cabo el proceso en las casos arriba mencionados; no obstante, para que no quede duda alguna de la intención legislativa, en el mismo último párrafo, establece que si las partes así lo acuerdan podrán renunciar, o sea, en forma electiva u opcional, pueden renunciar al derecho de resolver las diferencias por ese arbitraje primigenio y si acuerdan renunciar a este derecho deberán hacerlo por escrito y, en su lugar, acudir a la justicia ordinaria, acreditando el acuerdo respectivo, que lógicamente viene sugerido par escrito. En este caso concreto, una cláusula legal de la Ley Para la Promoción y Protección de inversiones es la que establece o determina el arbitraje obligatorio come primigenio para resolver disputas sobre Propiedad Raíz. EI 13 de abril de 2016 el abogado Miguel Antonio Espinal Dubon, coma apoderado legal de la señora MARTA V. GUILLEN TALAVERA, interpuso la demanda ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, desatendiendo esa cláusula legal imperativa inderogable que establece el Art. 29 de la Ley Para la Promoción y Protección de Inversiones, contenida en el Decreto N° 51- 2011 del 3 de mayo de 2011 y en vigencia según su Art. 67 a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, que fue el 15 de julio de 2011, según ejemplar N° 32,568, y par efecto de dicha demanda, no obstante que las partes aparte de ser inversionistas, ellos se encuentran en franca disputa sobre la eficacia y validez del contrato privado de promesa de contrato de contraventa sobre las inmuebles ya aludidos, lo que en definitiva es una disputa sobre bienes raíces, entonces no debe ser conocida y juzgada por los órganos jurisdiccionales comunes, sino por el arbitraje obligatorio que establece el Art. 29 de la Ley Para la Promoción y Protección de Inversiones. La Corte recurrida ha infringido esa interrelación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo, agraviando a mí, representada pues aquel Art. 29 manda que sea la jurisdicción arbitral la que se aplique para resolver el conflicto y no la ordinaria, incumpliendo el principio derecho de ser juzgada par juez competente. Así queda precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.1.a) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006 (Decreto N° 211-2006), en la parte que dice: "1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción...". V.2.- INFRACCION DE NORMAS REGULADORAS DE LA SENTENCIA. SEGUNDO MOTIVO: infracción del Art. 207. MOTIVACION.1.2 en relación con el 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1.2 letra b) del Código Procesal Civil, que afecta la motivación fáctica de la sentencia con el objeto de que se revise su 1 suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; por ello, impugno la aplicación e interpretación de las normas procesales reguladoras de la motivación de la sentencia. En este tipo de infracción se dio a consecuencia del error producido en la misma sentencia de segunda instancia, al haber confirmado la sentencia de primera instancia únicamente con la reserva respecto a la imposición de costas, dando lugar a la afectación de la motivación fáctica de la sentencia, pues en los hechos declarados probados existe insuficiencia en la motivación fáctica y jurídica; asimismo, la motivación, que tiene el fallo recurrido, incide negativamente por la falta de racionalidad del elementos facticos y jurídicos, distorsionando la exigencia del Art. 207.2 del CPC, pues al considerarlos en conjunto se determina que no se ajustan a las reglas de la lógica y de la razón, ya que se planteó la nulidad relativa o rescisión de un contrato privado de promesa de compraventa y la Corte recurrida, al confirmar la sentencia del juez también acepto los criterios de este, excepto a lo estimado y decidido sobre las costas, pero hizo suyo el razonamiento vertido en las primeras líneas del número II de los. Fundamentos de Derecho de la sentencia de primera instancia, donde en vez de razonar sobre las circunstancias o requisitos de la promesa de celebrar el contrato de compraventa sobre los lotes de terreno en cuestión, se divaga razonando sobre los requisitos esenciales para la validez de los contratos en general, cuando la pretensión, de nulidad no se basa en la falta de alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia; además, se desquicia exhaustivamente resaltando la importancia de que se ha prometido una fracción de los bienes que tienen títulos de propiedad en dominio pleno inscritos ante el instituto de la Propiedad reseñando sus matrículas y que por ende están reconocidos por el Estado, y concluye que no quedo probado el dolo como vicio del consentimiento y que la única forma que se puede hablar de este dolo "... es que el propio Estado, a través de algún ente o institución a través de la Procuraduría General de la República haya instado alguna acción para efectos de pedir la nulidad de dichos títulos que es de donde se origina el objeto de contrato privado de promesa de compraventa en el presente juicio, en el sentido de recuperar los bienes que le pertenecen por ser bienes públicos...", razonamiento impregnado de falta de racionalidad, debido a que la Corte recurrida a través de la confirmación de la sentencia del Juez de primera instancia, determino que los lotes de terreno prometidos en compraventa no fueron individualizados en el contrato de promesa de compraventa, pero si se encuentran en áreas protegidas nacionales, y lo más grave, están comprendidas dentro de la franja de seguridad de los cuarenta (40) kilómetros contados desde la más alta marea hacia el interior del territorio nacional donde los extranjeros como nuestra representada, que es salvadoreña de origen, y la promitente vendedora Evelyn Hernández Vélez, que es portorriqueña, tienen vedado adquirir, poseer o tener a cualquier título áreas de terreno dentro de esa franja de seguridad, bajo sanción de nulidad absoluta; estos razonamientos obligatoriamente tienen que hacerlos los jueces y magistrados ante casos concretes que conocen y por eso afirmamos que se incurrió en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulan come la motivación insuficiente y carente de racionalidad. En el Art. 200 del Código Procesal Civil, el numeral 1, además de otros requisitos exige que las sentencias serán siempre motivadas, pero en este case concrete no obstante que la Corte recurrida afirmo: "... Este tribunal conforme a lo dicho por el juez en la sentencia es de la opinión que en el contrato no se estipula que parte de las propiedades se dará en tradición a favor de la demandante (el subrayado es propio). Aunado a que se encuentra como media de prueba, la declaración testifical de la ingeniera Alba Ocampo, jefe de la oficina local forestal de ICF, Tela, Atlántida, quien manifestó, que los lotes de terreno no se encuentran en la zona núcleo del área protegida punta lzopo, sino en la zona de amortiguamiento. Estableciendo el artículo 10 del decreto 261-2000, que quienes vivan en el área natural protegida Punta lzopo, así como en su zona de amortiguamiento y sean propietarios o poseedores de bienes inmuebles conservarán sus derechos, pero deberán respetar estrictamente los planes de manejo. Con lo antes referido, no se podría decir que se ha violentado el consentimiento de la demandante, mucho menos que ha existido dolo. Por tales consideraciones, este tribunal de alzada es del criterio que la demanda de nulidad de contrato de promesa de venta no tiene asidero alguno, encontrándonos de acuerdo con el juez que la acción debe ser desestimada. Sin embargo, no estamos de acuerdo con resuelto por el juez de primera instancia, que cada parte abonara las costas y comunes por mitad, dada la desestimación de la acción, precisamente para lo que estipula el artículo 219 del Código Procesal Civil, referente al principio del vencimiento. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones" En relación al razonamiento del Tribunal de Alzada, que se identifica por ser el primer subrayado que hicimos de la insuficiente motivación de la sentencia recurrida, donde sostiene la Corte de Apelaciones: "..en el contrato no se estipula que parte de las propiedades se dará en tradición a favor de la demandante... ", lo que coincide con el mismo criterio del Juzgado de primera instancia quien el Fundamento de Derecho "III" expreso: "... ya que de acuerdo a las alegaciones de los demandados no se ha determinado la parte del terreno que se le va a enajenar a la actora material...", lo cual fue aceptado por la Corte recurrida, quien pone de manifiesto la falta de racionalidad o ilógica conclusión a que llego dicha Corte de Apelaciones, en virtud que la susodicha promesa con tales carencias no produce obligación alguna porque en ella no se especifica de tal manera el contrato prometido, que solo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriben; al contrario, procedió a declarar sin lugar el recurso de apelación de la parte actora y desestimar la demanda; pero siendo evidente también que el Tribunal de Alzada acepto el criterio del Juez de primera instancia, al invocar ambos el Art. 10 del Decreto N® 261-2000, donde se dispone que quienes vivan en el área natural protegida Punta lzopo, así como en su zona de amortiguamiento y sean propietarios o poseedores de bienes inmuebles, conservaran sus derechos, pero deberán respetar estrictamente los planes de manejo, pero tanto el de primera instancia como el de segunda instancia, omitieron argumentación que para el caso de enajenación el derecho preferente lo tiene el: Estado, el valor de la tierra se tasara considerando los precios comerciales al momento de la negociación, consecuentemente, sobre la promesa de contrato de: merito pende la seria amenaza de perder su eficacia respecto a la materialización de la compraventa de los referidos inmuebles, lo que no fue estimado por el Tribunal de: Alzada, quien además, igual que lo hizo el juez de primera instancia, omitió referirse al procedimiento especial de regularización de tierras a favor de particulares previsto en la: Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, cuya existencia la ignoraron por completo y ese procedimiento especial no lo observaron los demandados para obtener un título que emane de la autoridad competente, lo que evidencia ardid o dolo, el cual lógicamente se remarca respecto a la demandada Evelyn Hernández Vélez, quien no es hondureña sino portorriqueña. Resulta evidente que esa motivación de la sentencia impugnada, carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, especialmente en la parte significativa de haber confirmado la sentencia de primera instancia solo con la reserva respecto al pronunciamiento sobre las costas, pero no hizo reservas en lo demás ya señalado que obligaba a la Corte recurrida a motivar con suficiencia, racionalidad y carácter Lógico la sentencia, argumentando sobre la aplicación de la , normativa pertinente de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. En conclusión, existe insuficiencia y falta de racionalidad y carácter lógico en la motivación de la sentencia que incide en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, como lo exige la interrelación de los Arts. 200.1 y el Art. 207.2 del Código Procesal Civil, lo que ha conducido a la errónea aplicación e interpretación del Derecho; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. Así queda precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.1.c) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006 (Decreto N° 211-2006), en la parte que dice: "...c) La forma y contenido de la sentencia", en relación con el 720.2, porque dentro de ese literal "c)", se puede solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar, en este caso concreto, su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, porque como se dejó dicho, es determinante de un sentido diferente del fallo. V.3) DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA En virtud de que los errores antes denunciados fueron cometidos en la estructuración misma de la sentencia de segunda instancia, entonces la denuncia es en este acto,) procesal de parte en que se impugna vía casación. V.4) SE TRATO DE SUBSANAR En cuanto al requisito de intento de subsanación, como la infracción se cometió en la misma estructuración de la sentencia, hasta ahora existe oportunidad de reclamar en tiempo y forma. Pero sin duda este requisito no afecta las facultades imperativas que el CPC confiere a los órganos jurisdiccionales que conocen en alzada y casación. V.5) MOTIVOS POR INFRACCION DE LEY MATERIAL TERCER MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación del Art. 1358 del Código Civil, en relación con el Art. 107 de la Constitución de la República. El Art. 1358 del Código Civil dice: "No produce obligación alguna la promesa de celebrar un contrato; salvo que concurran las circunstancias siguientes: 1°_ Que la promesa conste por escrito. 2° Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. 3°_ Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. 4°_ Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo falten para que sea perfecta, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban. Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente". El Art. 107 de la Constitución de la Republica dice: "Los terrenos del Estado, ejidales, comunales o de propiedad privada situados en la zona limítrofe a los estados vecinos, o en el literal de ambos mares, en una extensión de (40) cuarenta kilómetros hacia el interior del país, y los de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, solo podrán ser adquiridos o poseídos o tenidos a cualquier título por hondureño de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños y por las instituciones del Estado, bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato. La adquisición de bienes urbanos, comprendidos en los límites indicados en el párrafo anterior, será objeto de una legislación especial. Se prohíbe a los registradores de la propiedad la inscripción de documentos que contravengan estas disposiciones." En el caso de autos el Contrato Privado de Promesa de Compraventa consta por escrito, lo cual ha sido aceptado por ambas partes en este proceso, en consecuencia, se reúne el primer requisito. El contrato prometido debe ser válido, o sea, el contrato prometido debe reunir los requisitos intrínsecos o de fondo que la ley requiere para su validez y eficacia, como ser: Tener un objeto posible e ilícito y una causa también licita. En el caso de autos los lotes de veinte mil (20,000) varas cuadradas y de quinientas (500) varas cuadradas ubicadas frente al Rio Plátano, en la Aldea El Plátano, de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, a una distancia de uno punto seis (1.6) kilómetros de la playa, o se la más alta marea, hacia el interior del territorio nacional, conforme al Art. 107 de la constitución de la República esos lotes objeto del contrato de compraventa prometido en esa supuesta promesa de contrato, sólo pueden ser adquiridos o poseídos o tenidos a cualquier título por hondureños de nacimiento, por sociedades/ integradas en su totalidad por socios hondureños y por las instituciones del Estado, bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato, de tal manera que en este caso concrete lógicamente la demandada Evelyn Hernández Vélez, por ser portorriqueña, no pudo válidamente adquirir dichos lotes, excepto respecto a bienes urbanos, comprendidos en los limites indicados en el primer párrafo de dicho Art. Constitucional, que será objeto de una legislación especial, pero en la realidad la zona donde se ubican dichos lotes no está urbanizada; sumado a lo anterior existe prohibición a los registradores de la propiedad la inscripción de documentos que contravengan estas disposiciones. En consecuencia, la promesa de contrato de mérito no reúne respecto a la promitente vendedora la circunstancia de que sea válida la compraventa sobre lotes de terreno no individualizados y peor dentro de la franja de seguridad de nuestro litoral atlántico, por ende, dicha promesa de compraventa no produce obligación alguna respecto a ella y lo mismo resulta con relación a nuestra mandante que es salvadoreña, o sea, la compraventa sobre esos dos lotes la Constitución misma con dicha prohibición la sanciona con la nulidad absoluta. Sumado a lo anterior, la promesa de mérito tampoco tiene una plaza o condición que fije la época de la celebración del contrato prometido, así las cosas, no se produce la tercera circunstancia que exige el Art. 1358 del Código Civil. Por último, en la promesa de compraventa de mérito no se ha especificado de tal manera el contrato prometido, la compraventa sobre los dos lotes antes referidos, de manera que solo falten para que sea perfecta, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban. En otras palabras, en el Contrato Privado de Promesa de Compraventa sobre los inmuebles ya referidos, no se individualizan las áreas de terreno objeto de las compraventas, no se expresa su ubicación georreferenciación, el área de cada uno con sus límites, rumbos, distancias, el precio correspondiente a cada lote, ergo, no se cumple con la cuarta circunstancia que exige el Art. 1358 del Código Civil. Ese Art. del Código Civil citado como infringido, no fue aplicado en sus sentencias ni por el Juez de primera instancia, ni par la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, fue ignorada su existencia, o sea, fue violado y como ese Tribunal de Alzada confirmo la sentencia de primera instancia, incurrió en los mismos yerros excepto en la salvedad que hizo respecto a las costas. Al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido par inaplicación o falta de aplicación (violación) de los referidos Arts., quedando así precisada y justificada la incidencia de esa infracción de norma material en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada porque de no haber desconocido o ignorado la existencia de esas normas el sentido del fallo hubiera sido favorable a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 200ó, en la parte que dice: "2. igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. CUARTO MOTIVO: Se impugna la interpretación de las Arts. 1560 y 1587 del Código Civil. Articulo 1560.- Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de una de las contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho. Por su parte dice el Articulo 1587 numeral 1° del Código Civil: "Hay nulidad relativa y acción para rescindir el contrato privado de promesa de compraventa, sobré los dos lotes antes aludidos; en virtud de que el consentimiento de la promitente compradora, mi representada, sufrió dolo como vicio en su voluntad o consentimiento, como dolo principal, grave y directo imputable a las personas demandadas. Resulta que el veintiuno (21) de julio de dos mil diez (2010), por medio del Abg. Selvin Omar Benítez Reyes, representando a Evelyn Hernández Reyes, originaria de Puerto Rico, y a los demás demandados, solicito al Centro Regional de la Zona Nor-Occidental para la Regularización Predial, de San Pedro Sula, Cortes, Regularización de Bien Inmueble de Naturaleza Nacional mediante el Equiparamiento al Dominio Útil por más de diez años y Consolidación a Dominio Pleno de tres predios ubicados en la Aldea Rio Plátano, de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, Centro Regional que les resolvió favorablemente y así adquirieron los tres lotes de terrenos, situados a uno punto seis (1.6) kilómetros de la playa, inscritos bajo las matrículas números 838333, 886218 y 838338, consistentes en setenta mil ochocientos sesenta y cuatro punto sesenta y uno varas cuadradas, setenta mil ochocientos sesenta y dos punto treinta y cuatro varas cuadradas y setenta mil ochocientos sesenta y dos punto treinta y cuatro varas cuadradas respectivamente, tramitados las expedientes no ante el Instituto Nacional de Conservación, Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, sino ante el referido Centro Regional que no tiene competencia sobré el Parque Nacional, Punta lzopo, así obtuvieron dominio pleno, extendiéndoles Certificación integra de la respectiva Resolución Administrativa como Titulo de Dominio Pleno a favor de los ahora demandados, la CR-SPS-164-2011 del dieciséis (16) de agosto de dos mil once (2011), a favor de la EVELYN HERNANDEZ VELEZ, de origen Portorriqueria, sobre un predio de naturaleza jurídica nacional ubicado en la Aldea de Rio Plátano, Municipio de Tela, Departamento de Atlántida. La Resolución a favor de Norma Liliana Ruby Guzmán es CR-SPS-165-2011 del dieciséis (16) de agosto de dos mil once (2011) y la Resolución a favor de Alex Yanuaria Mancía Altamirano es CR-SPS-178-2011 del dos (2) de septiembre de dos mil once (2011). EI ocho (8) de Noviembre de dos mil diez (2010), mi representada celebro en los Estados Unidos de América con los señores ALEX YANUARIO MANCIA ALTAMIRANO, NORMA LILIANA RUBI GUZMAN y EVELYN HERNANDEZ VELEZ, un negocio jurídico concediéndoles un préstamo hipotecario por la cantidad de CIEN MIL DOLARES AMERICANOS ($. 100,000.00), destinados a la compra de casas en la ciudad de Miami de dicho país, librando el CHEQUE N° 1360 por el importe de CIEN MIL DOLARES AMERICANOS ($. 100,000.00), el cual fue entregado y pagado a la demandada EVELYN HERNANDEZ VELEZ; posteriormente los demandados empleando ardid y, por ende, dolo, persuadieron a mi representada para que les liberara de -las hipotecas que había constituido a su favor; y conforme a la cláusula SEGUNDO de la supuesta promesa de compraventa, LOS DESARROLLADORES, prometieron en venta a EL COMPRADOR 5,000 varas cuadradas netas de la zona que serán desarrolladas como zona exclusiva, adicionalmente 500 varas cuadradas de la zona del desarrollo para uso privado de LOS DESARROLLADORES. Esos inmuebles referidos en la cláusula que antecede no fueron individualizados debidamente pues no fueron descritos con rumbos, colindancias y medidas; EL COMPRADOR se comprometió a pagar el precio del inmueble prometido en venta mediante un crédito al Préstamo que está en deber el Sr. Alex Yanuaria Mancía y a favor de ella por el monto exacto de CIEN MIL DOLARES AMERICANOS ($. 100,000.00). c) EL COMPRADOR y libero las propiedades hipotecadas a su favor en virtud del préstamo en mención; pero celebraron un CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE COMPRA VENTA con mi patrocinada MARTA V. GUILLEN TALAVERA (salvadoreña de origen y nacionalizada en Estados Unidos de Norteamérica), así mediante ese contrato preliminar logran que mi representada les liberara los terrenos hipotecados en los Estados Unidos de América, habiendo afirmado en la cláusula PRIMERO LOS DESARROLLADORES ser propietarios legítimos de tres lotes de terreno situados en la Aldea de Rio El Plátano, del municipio de Tela, departamento de Atlántida, Honduras, los que están situados a uno punto seis (1.6) kilómetros de la playa, inscritos bajo las matrículas números 838333, 886218 y 838338 (con las mismas áreas indicadas en el numeral dos de estos antecedentes), que en dichas propiedades se desarrollara un proyecto de lotes y villas playeras, y en el mismo se reservan veinte mil varas cuadradas en frente rio El Plátano, en esta partición se desarrollará la zona exclusiva de todo el desarrollo total. Sin duda, los demandados emplearon dolo que implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída; es el fraude o simulación con el fin de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída, para ello había tramitado los dominios plenos sobre áreas en la zona protegida PARQUE NACIONAL PUNTA IZOPO, y con maquinaciones insidiosas, con apego a un plan, acto, asechanza o una acción de tipo secreta, oculta y artificiosa entre dos o varias personas que tiene coma finalidad para preparar o manipular algo que normalmente puede beneficiar o perjudicar a mi representada Marta, lograron que les liberara las hipotecas aludidas y a cambio de prometerle celebrar una compraventa sobre dos lotes que ubicaban en el área de las Villas Playeras, proyecto que afirmaron desarrollaran en el Parque Nacional Punta lzopo, y que ostentaban títulos de dominio pleno en los inmuebles ubicados en la Aldea EI Plátano, de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, sin haberlos obtenido ante El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), con lo que aparentaron legitimidad en áreas de terreno en dicho Parque Nacional Punta lzopo, argumentando la Corte recurrida: " ... Este tribunal conforme a lo dicho por el juez en la sentencia es de la opinión que en el contrato no se estipula que parte de las propiedades se dará en tradición a favor de la demandante. Aunado a que se encuentra como medio de prueba, la declaración testifical de la ingeniera Alba Ocampo, jefe de la oficina local forestal de ICF, Tela Atlántida, quien manifestó, que los lotes de terreno no se encuentran en la zona núcleo del área protegida punta lsopo, sino en la zona de amortiguamiento. Estableciendo el artículo 10 del decreto 261-2000, que quienes vivan en el área natural protegida Punta lsopo, así como en su zona de amortiguamiento y sean propietarios o poseedores de bienes inmuebles conservarán sus derechos, pero deberán respetar estrictamente los planes de manejo...”.- Con lo antes referido, no se podría decir que se ha violentado el consentimiento de la demandante, mucho me nos que ha existido dolo. Por tales consideraciones, este tribunal de alzada, es del criterio que la demanda de nulidad de contrato de promesa de venta, no tiene asidero alguno, encontrándonos de acuerdo con el juez que la acción debe ser desestimada.- Sin embargo no estamos de acuerdo a resuelto por el juez de primera instancia, que cada parte abonara las costas y comunes por mitad, dada la desestimación de la acción, precisamente por lo que estipula el artículo 219 del Código Procesal Civil, referente al principio del vencimiento. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones". Con semejante argumentación queda evidenciado que si existió dolo grave y principal de los demandados porque los títulos sobre las áreas de terreno ubicadas en parte del Parque Nacional Punta lzopo no fueron extendidos por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y ellos aparentaron ante mi representada que ostentaban un derecho legítimo de propiedad, cuando no los obtuvieron de la autoridad competente, con los agravantes de que la promitente vendedora Evely Hernández Vélez es de origen portorriqueña y a quien le estaban haciendo la promesa de contrato de compraventa es de origen salvadoreño. Viciado el consentimiento de la promitente compradora por el dolo grave y directo, principal empleado por los promitentes vendedores, cabe interpretar literalmente el Articulo 1587 numeral 1° del Código Civil, el cual textualmente prescribe que "Hay nulidad relativa y acción para rescindir los actos o contratos: 1.- Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular..." y sin duda que al mediar dolo en la forma explicada resulta que la condición esencial del consentimiento de la promitente compradora para su formación y para su existencia, es imperfecta o irregular, lo que autoriza sancionar con la nulidad relativa y cabe estimar la acción de rescisión del susodicho contrato privado de promesa de compraventa. Queda así justificada la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, porque la Corte recurrida que confirmó la del Juez de primera instancia, motivo su sentencia argumentando que no había mediado dolo, cuando el ardid y maquinación de los promitentes vendedores fue aparentar estar legitimados en la adquisición de áreas de terreno dentro del área protegida Parque Nacional Punta lzopo, materializando el dolo con títulos expedidos por el Instituto de la Propiedad, cuando respecto a esa área protegida, en su caso le compete concederlos al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), siempre y cuando no afecte las franjas o zonas de seguridad de los cuarenta (40) kilómetros en los litorales del Norte y del Sur, o con relación a las líneas limítrofes con los territorios de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Al no entenderlo así la Corte recurrida, ha infringido las disposiciones citadas en el enunciado de este motivo, infringiéndolas al ignorar su existencia y procedencia de su aplicación. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: "2. igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. QUINTO MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación de los Artículos: 58 en lo que dice: "Para ser beneficiario particular del Proceso de Regularización Especial de Tierras Forestales Nacionales, deben reunir los requisitos siguientes: 1) Ser hondureño u hondureña por nacimiento; 2) Haber ocupado y trabajado el predio en forma directa pacifica e ininterrumpida por más de tres (3) años, a partir de la vigencia de esta Ley…” y último párrafo del Art. 109, en la parte que dice: "Realizar mandato a los Registradores de la Propiedad, que se prohíba la inscripción de dominios plenos a favor de cualquier persona cuando se trata de áreas protegidas", ambos de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, esos dos Arts. En relación con los Arts. 70 segundo párrafo en la parte que dice: “… Salvo que la Ley expresamente lo permita, estos procedimientos no podrán ser aplicados en zonas sujetas a regímenes especiales y los mismos únicamente podrán ser empleados para regularizar las situaciones de tenencia de comunidades o asentamientos humanos…” y 71 primer párrafo, numeral 2) y último párrafo de la Ley de Propiedad. Dentro del marco legal que regula las áreas protegidas como el Parque Nacional Punta Izopo, necesariamente esta Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y en ella está el citado Art. 58, cuya existencia fue ignorada por la Corte de Apelaciones recurrida, así como por el Juez de primera instancia, cuando las partes demandadas presentaron los títulos pretendiendo legitimar su propiedad en lotes de terreno comprendidos en el indicado Parque Nacional Punta lzopo, se tenía que constatar si se cumplieron con los requisitos que establece dicho Art. 58, el cual exige como REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO PARTICULAR DE LA REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES NACIONALES, se reúnan las requisitos siguientes: en: primer lugar, la nacionalidad de hondureño u hondureña por nacimiento y esta nacionalidad no la tiene la demandada Evelyn Hernández Vélez, quien precisamente por ser originaria de Puerto Rico tampoco reúne el segundo requisito exigido por dicho Art. de haber ocupado y trabajado el predio en forma directa, pacifica e ininterrumpida por más de tres (3) arias, a partir de la vigencia de dicha Ley, ella no es originaria de la Aldea EI Plátano, no es hondureña, no ha ocupado ni trabajado ese predio frente al Rio El Plátano. En cuanto Dicha Ley especial citada en el párrafo anterior, en el Capítulo II del Título IV, norma la DECLARATORIA Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, y en el Articulo 109 regula la DECLARATORIA DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, al respecto en su primer párrafo establece que "El Congreso Nacional podrá declarar áreas protegidas y vida silvestre, el que, a su vez, con base al Decreto Legislativo respectivo, ordenará a titular el área a favor del Estado o Municipalidad correspondiente, así como, a su inscripción en el Catálogo de Patrimonio Público Forestal Inalienable y en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente dentro de los treinta (30) días calendario siguientes. En el segundo párrafo de ese Art. 109 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, exceptúa de lo dispuesto en el primer párrafo de este, a las microcuencas hidrográficas abastecedoras de agua a las comunidades para uso doméstico, productivo y energético, las que serán declaradas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), en consulta con las Municipalidades. Ese mismo instituto Nacional ICF, igualmente procederá a titular y a inscribir a favor del Estado, en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable y en el Registro de la Propiedad Inmueble, todos los bienes nacionales de uso público ubicadas en el territorio nacional. A ese respecto los Mapas Catastrales y Planes de Ordenamiento Territorial, tendrán el valor de título que les asigna la Ley de Propiedad (este subrayado y negritas es propio), concepto lógico jurídico que se encuentra al final del tercer párrafo del Art. 109 en comento, luego el referido Art. 109 de esa Ley Foresta! citada, establece la prohibición contundente “En ningún caso se otorgara permisos o licencias para el aprovechamiento de los recursos en las zonas núcleos de las áreas protegidas y de vida silvestre En las zonas de amortiguamiento únicamente se podrá autorizar la realización de actividades económicas que sean acordes con los Planes de Manejo o Planes Operativos previamente aprobados por el instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)", esto desde luego ni se presentó en el proceso declarativo ordinario de mérito. EI Art. 70 segundo párrafo de la Ley de Propiedad dice: "... Salvo que la Ley expresamente lo permita, estos procedimientos no podrán ser aplicados en zonas sujetas a regímenes especiales y los mismos únicamente podrán ser empleados para regularizar la situación de tendencia de comunidades o asentamientos humanos…,”; los procedimientos a que se refiere dicho segundo párrafo son los contenidos en el Título V De La Regularización de la. Ley de Propiedad, comprendida dicha disposición en el Capítulo I, los cuales por efecto de ese segundo párrafo quedan excluidos de que la aplicación de los procedimientos de regularización que conforme a la Ley de Propiedad permiten una solución pacífica, expedita, económica y segura de los conflictos sobre tenencia, posesión y propiedad de bienes inmuebles que se ocasionan con los asentamientos humanos. Luego en armonía con lo dispuesto en ese segundo párrafo del Art. 70 de la Ley de Propiedad, el Art. 71 de esta misma Ley, determina cuales son las zonas sujetas a esos regímenes especiales, y de esa manera en el numeral 2) indica que "Las áreas protegidas" constituye una de tales zonas y en su último párrafo establece que las leyes especiales que corresponde determinarán la forma en la que podrán hacerse la regularización de los bienes inmuebles ubicados dentro de esas zonas. En este sentido la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en su Sección Segunda prevé en general la Regularización de tierras Forestales, luego específicamente Regularización Especial de Tierras Forestales, para después abordar: la Recuperación de Tierras Forestales Nacionales, en el caso que se detectaren irregularidades en la ocupación o posesión de los predios, le corresponde al instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. (ICF), en coordinación con el instituto Nacional Agrario (INA) e instituciones afines, I crear los expedientes correspondientes para proceder a su recuperación; después/ aborda la Recuperación de Derechos de Propiedad, en caso de encontrarse inscritos títulos extendidos irregularmente a favor de particulares sobre · terrenos forestales, nacionales, cualquiera que fuese su naturaleza, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), procederá a ejercer las acciones legales correspondientes ante los Juzgados competentes; incluso prevé que las reclamaciones sobre Derechos de Propiedad que se promuevan como resultado de la tramitación de estos expedientes, una vez agotada la vía administrativa serán de conocimiento de los Tribunales Civiles competentes; en su caso regula la extensión de Títulos de Propiedad a favor del Estado. Por último, en este típico establece el procedimiento ara los Beneficiarios Particulares de la Regularización de Tierras Nacionales. (Esté subrayados son nuestros). En el presente caso, el Tribunal de Alzada recurrido que confirmo el fallo del Juez de instancia, leyó que los títulos que presentaron las personas demandadas no fueron extendidos conforme a la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, sino con fundamento en la Ley de Propiedad, de tal manera que la Corte recurrida al confirmar el fallo de primera instancia acepto el yerro cometido por el Juez de primera instancia consistente en tener como eficaces los títulos de dominio pleno presentados por los demandados, especialmente el irregularmente concedido a la Puertorriqueña Evelyn Hernández Vélez, y repito, fueron emitidos por el instituto de la Propiedad y no del instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, ICF, soslayando de esa manera el mandate imperativo del último párrafo del Art. 109 citado como infringido por falta de aplicación, además el Art. 133 de la misma Ley atinente a la Regulación de la Población en las Áreas Protegidas. En las áreas; protegidas se prohíbe nuevos asentamientos. Los asentados en las áreas núcleo diez 10) arios antes de la entrada en vigencia_de_esta Ley o de la declaratoria de las mismas seran_reasentados en la zona de amortiguamiento o en otra zona de igual o mejores condiciones (el subrayado es mío). Los reasentamientos deberán realizarse previo estudio técnico científico de los limites correspondientes al área núcleo o amortiguamiento de acuerdo con la realidad de las mismas. Pero en el siguiente párrafo se, exceptúan de la disposición anterior los pueblos indígenas y afro hondureños que habitan áreas protegidas. El contenido de esta disposición debe ser de cumplimiento obligatorio caso contrario dará lugar a la reubicación. Al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido por inaplicación o falta de aplicación de los citados artículos como infringidos; quedando así precisada y justificada la incidencia de esa infracción de norma material en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada porque con la tergiversación de obtener la regularización de los terrenos comprendidos en El Parque Nacional Punta lzopo, ante la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, en vez de tramitarla ante el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), fue el ardid y cierre de la maquinación de los demandados para conformar el dolo en perjuicio de mi representada, con la que aparentaron estar legitimados para prometer en compraventa lotes dentro de dicho Parque Nacional y comprendidos dentro de la franja de seguridad de los cuarenta (40) kilómetros referida. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: "2. igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” SEPTIMO: Que el abogado EDUARDO MEDRANO BARDALES, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “… CONTRA PRIMER MOTIVO. En cuanto a lo que argumenta el recurrente como falta de competencia con base en el artículo 29 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, que dice que los conflictos de Disputas sobre propiedad raíz serán conocidos por la vía arbitral de manera primigenia. Es de hacer hincapié en que el mismo artículo menciona en su último párrafo “No obstante, si las partes así lo acuerdan podrán renunciar a este derecho y acudir a la justicia ordinaria acreditando el acuerdo respectivo”. En este caso en particular, las partes acordaron una cláusula de sumisión expresa a la jurisdicción del Juzgado Primero de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula Cortés Ordinaria en el mismo contrato de promesa de compraventa de fecha 27 de marzo de dos mil trece. Nuestro Código Procesal Civil reconoce la sumisión expresa y tacita en los artículos siguientes: Artículo 38. CARÁCTER DISPOSITIVO DE LAS NORMAS SOBRE COMPETENCIA TERRITORIAL. 1. Las reglas legales atributivas de la competencia territorial sólo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los juzgados de una determinada circunscripción. Se exceptúan las reglas establecidas en este Código que atribuyan la competencia territorial con carácter imperativo. 2. La sumisión de las partes sólo será válida y eficaz cuando se haga a juzgados con competencia objetiva para conocer del asunto de que se trate. 3. No será válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios. Artículo 39. SUMISIÓN EXPRESA. 1. Se entenderá por sumisión expresa la pactada por los interesados designando con precisión el territorio a cuyos tribunales se sometieren. 2. Cuando en dicho territorio existan varios tribunales de la misma clase, el reparto de los casos determinará a cuál de ellos corresponde conocer del litigio, sin que las partes puedan someterse a un determinado tribunal con exclusión de los otros Artículo 40. SUMISIÓN TÁCITA. Se entiende hecha la sumisión tácita: 1. Por el demandante, por el mero hecho de acudir a los juzgados de un determinado territorio interponiendo la demanda, o formulando petición o solicitud que tenga carácter previo o preliminar ante el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda. 2. Por el demandado, por el hecho de realizar, después de personado en el juicio tras la interposición de la demanda, cualquier actuación procesal que no sea la de proponer en forma la declinatoria. En este caso en particular fue el demandante quien interpuso la demanda en el Juzgado Primero de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula Cortés, por lo que además de una sumisión expresa convenida en el contrato, existe una sumisión tácita, y deberá ser conocido por dicho juzgado tomando en cuenta el Principio de Acceso a los Tribunales. CONTRA SEGUNDO MOTIVO Del segundo motivo es poco lo que se puede argumentar pues versa sobre la motivación y fundamentación de las sentencias de los tribunales a quo y ad quem. Si podemos reiterar que se intenta hacer creer a esta Honorable Corte que mis representados obraron persiguiendo un dolo que es inexistente y que nunca pudo ser probado en el devenir del juicio. Al igual como se menciona en otros puntos, somos del criterio que los tribunales a quo y ad quem, motivaron y fundamentaron sus sentencias, atendiendo a la pretensión de la parte actora y al objeto del debate fijado con la resistencia de la parte demanda, es decir, teniendo observancia de los principios dispositivo y de aportación de parte. Como se puede observar en autos la demanda y posterior recurso ataca el contrato de promesa de compraventa referido por un supuesto dolo y no por la falta de requisitos necesarios para su validez, por lo que los tribunales antes mencionados se limitan a examinar la causa desde esa óptica guardando congruencia con lo solicitado por las partes y no por lo ahora argumentado en el recurso de casación. CONTRA TERCER MOTIVO Nuevamente en este punto se pretende utilizar argumentos para restarle validez a los títulos de propiedad de mis representados, los cuales han sido otorgados por autoridad competente, se encuentran debidamente inscritos y no han sido cancelados, ni cuestionados siquiera en ningún tipo de proceso. La motivación fáctica de la demanda en repetidas ocasiones se basa en el supuesto dolo de mis representados, mismo que no pudo ser probado en ninguna de las etapas del proceso. Por lo que las sentencias de primera y segunda instancia se pronuncian resolviendo sobre la pretensión de la parte actora, la cual resultaba improcedente por los motivos planteados por el demandante, razón por la cual no se puede argumentar que la aplicación de normas fue errada, el Juzgado de Letras y posteriormente la Corte de Apelaciones simplemente aplicaron las normas al caso concreto planteado por parte de la DEMANDANTE, respetando en todo momento los principios de aportación de parte y dispositivo consignados en los artículos 10 y 11 del Código Procesal Civil. Artículo 10. PRINCIPIO DISPOSITIVO. 1. Salvo en los procesos no dispositivos con las particularidades que esta ley prevé, la parte que haya ejercido su derecho de acción determina con su pretensión el objeto del proceso; la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. Lo mismo es aplicable en caso de reconvención. 2. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas. 3. Las partes pueden poner fin al proceso antes de que se dicte sentencia, en cualquiera de las instancias, o en casación, en los términos fijados por este Código, si el acto dispositivo está autorizado por las leyes. Artículo 11. APORTACIÓN DE PARTE. 1. Los hechos en que se deba fundar la resolución judicial de fondo se han de alegar por las partes en los momentos fijados por este Código. 2. Las pruebas que deban practicarse para la acreditación de los hechos controvertidos habrán de ser igualmente aportadas por las partes en el momento procesal dispuesto por este Código. 3. Queda prohibida la aportación al proceso del conocimiento privado del Juez, quien en ningún caso podrá intervenir de oficio en la fase de alegaciones o en la fase probatoria, salvo que este Código le reconozca expresamente tal facultad. En conclusión, no se puede alegar infracción de ley material, cuando es la pretensión de la parte actora la que fija el objeto del proceso y es la parte demandante quien por medio de su resistencia fija el objeto del debate. El juez deberá ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado. Es decir, que en ningún momento se pudo probar el supuesto dolo que argumenta el demandante, por lo que el pronunciamiento del juez de primera instancia y posteriormente de apelación no podían ser diferentes. Lo que el recurrente alega como infracción de ley material es en realidad un defecto del planteamiento de la demanda presentada en la primera instancia y en el posterior recurso de casación, pues si la resolución hubiese otorgado más de lo pedido por el demandante, sería esta parte procesal la que impugnaría las sentencias de los tribunales a quo y ad quem. CUARTO MOTIVO Tal como se ha mencionado en puntos anteriores, se pretende restar validez a los títulos de los lotes antes mencionados propiedad de mis representados. Los argumentos van desde el dolo hasta la supuesta anulabilidad de los títulos de propiedad antedichos. Tal como consta en autos, se pudo probar mediante el testimonio de la ingeniera Alba Ocampo Jefe de Oficina Local Forestal de ICF Atlántida, quien manifestó que los lotes de mis representados se encuentran ubicados en la zona de amortiguamiento y no en la zona núcleo, por lo que, sí se puede desarrollar el proyecto, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en el Plan de Manejo. En cuanto a los procedimientos utilizados para los otorgamientos de dichos títulos, la recurrente pretende hacer creer que mis representados han actuado con dolo por el simple hecho de haber obtenido los títulos. Es de hacer notar que los títulos de propiedad de mis representados desde el momento del referido contrato de promesa de compraventa hasta la fecha son válidos, por lo que no se puede argumentar que mis representados han actuado con dolo, mala intención y todos los demás calificativos que utiliza la parte actora. En todo caso, la parte actora no pudo probar en ningún momento que mis representadas actuaron con dolo o mala fe y pretenden en esta instancia utilizar todos los argumentos, artimañas y mecanismos posibles para lograr su cometido. Si los títulos adolecen de algún defecto, lo procedente hubiese sido pedirla nulidad de los mismos, y que la autoridad que los emitió se pronuncie al respecto.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: El presente motivo no es admisible por su incomprensión recursiva al pretender de manera simultánea la observancia y respeto de la aplicación e interpretación de normas que considera infringidas, las cuales por su divergencia no pueden ir eslabonadas como sucede en el presente motivo; sumado se adicionan las razones siguientes: a) El recurrente comparece denunciando las normas contenidas en los artículos sobre “la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la jurisdicción, en virtud de infracción de los Arts. 12.2, “24. EXTENSION Y LIMITES DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL. 2 d), 214. MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACION DE UN ACTO PROCESAL.3”, 701. EFECTO DEVOLUTIVO. AMBITO DEL RECURSO.3”, todos del CPC, en relación con el Art. 29 primer párrafo, numeral 6) Disputas sobre Propiedad Raíz y último párrafo, de la Ley Para la Promoción y Protección de Inversiones, contenida en el Decreto N° 51-2011 del 3 de mayo de 2011.” No delimita en forma concisa y concreta el desarrollo del motivo, a efectos de determinar su admisibilidad, ya que los expone de manera indiscriminada y sin una relación lógica para efectos de una respuesta recursiva armónica a un recurso extraordinario de casación; de manera simultánea denuncia asuntos atinentes a la dirección procesal, límites de orden jurisdiccional en materia civil, nulidad de actos procesales, los cuales por su naturaleza adjetiva, es pertinente que se denuncien en motivos separados, tal como lo establece la técnica casacional. b) Sumado a la causal casacional invocada para el presente motivo, se denuncia como infringida una norma adjetiva, siendo ésta el Art. 29 primer párrafo, numeral 6) Disputas sobre Propiedad Raíz y último párrafo, de la Ley Para la Promoción y Protección de Inversiones; lo que crea una argumentación difusa y extensiva al pretender, mediante la invocación de normas adjetivas, dilucidar asuntos de fondo, lo cual impide concretar una causal recursiva que pueda ser válida para determinar la tutela pretendida. El mismo casacionista ha denunciado y por tanto es consciente, de lo preceptuado en el artículo 701 del Código Procesal Civil que en su numeral 3°, obliga al órgano jurisdiccional competente conocer y decidir en un recurso devolutivo los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. c) El censor simultáneamente denuncia infracciones con diversos alcances, que por su naturaleza casacional no resulta posible su resolución en un mismo motivo, ya que indiscriminadamente ha comparecido denunciando situaciones de orden jurisdiccional, referentes a la nulidad de los actos procesales, de efecto devolutivo en los recursos y relativas a la promoción y protección de las inversiones, las que por su individualizada respuesta jurisdiccional han de ir en motivos separados. d) Es de apreciar que el recurrente a lo largo del iter procesal, ha consentido la autoridad potestativa de los órganos jurisdiccionales ordinarios para dilucidar el conflicto que nos ocupa, dejando libre los espacios de denuncia de inconformidad procesal que previamente se encuentran establecidas en nuestra ley procesal, por tanto, a la falta de denuncia previa, el recurrente inobserva lo establecido en el artículo 700.1.2 del Código Procesal Civil. 2. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. El presente motivo no es admisible por su incomprensión recursiva al pretender de manera simultánea la observancia y respeto de la aplicación e interpretación de normas que considera infringidas, las cuales por su divergencia no pueden ir eslabonadas como sucede en el presente motivo; también no es admisible por la inobservancia de la técnica casacional, ya que, a falta de la misma, esta Sala de lo Civil detecta errores insubsanables que conlleva a la falta de claridad bajo las consideraciones siguientes: El recurrente comparece en uso de las facultades recursivas casacionales que le permite la causal establecida en el artículo 719.1.c) en relación con el 720.2 del Código Procesal Civil, que es limitado al orden procesal impugnando “la aplicación e interpretación de las normas procesales reguladoras de la motivación de la sentencia”. Sin embargo, a lo largo de su propia motivación denuncia la supuesta existencia de diversas infracciones, considerando que el fallo recurrido establece afirmaciones tales como son: “…la afectación de la motivación fáctica de la sentencia, pues en los hechos declarados probados existe insuficiencia en la motivación fáctica y jurídica; asimismo, la motivación, que tiene el fallo recurrido, incide negativamente por la falta de racionalidad del elementos facticos y jurídicos, distorsionando la exigencia del Art. 207.2 del CPC, pues al considerarlos en conjunto se determina que no se ajustan a las reglas de la lógica y de la razón…”; sin embargo se aparta de dicha denuncia para motivar: “…en virtud que la susodicha promesa con tales carencias no produce obligación alguna porque en ella no se especifica de tal manera el contrato prometido, que solo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriben…”; que es una denuncia que afecta el fondo del pleito, para continuar denunciando infracción en la sentencia impetrada consistente en: “…igual que lo hizo el juez de primera instancia, omitió referirse al procedimiento especial de regularización de tierras a favor de particulares previsto en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre…”. En resumen, denuncia simultáneamente como agravio, las causales de casación de motivación insuficiente y la de falta de motivación, lo que, por si mismas son excluyentes, ya que, si no existe motivación, no se puede definir que esa inexistencia es insuficiente. Confrontado el escrito recursivo con la sentencia impetrada, esta Sala denota que en el proceso se omitió la obligatoriedad establecida en el artículo 700 del Código Procesal Civil, que establece que en todo recurso devolutivo debe alegarse la existencia del defecto, debiendo acreditar en el escrito de interposición que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, o acreditar que hizo lo posible para su subsanación, tal como lo autoriza el artículo 205 del Código Procesal Civil, por tanto el recurrente no utilizo su derecho de defensa, ex ante. También denuncia infracción en contra del principio del vencimiento y la condena en costas en que se han visto afectadas las partes. Todo este orden de ideas y denuncias son irrazonables por su diferente alcance recursivo y por haberlas eslabonado indiscriminadamente en un mismo motivo inobservando lo que establece el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. 3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN. Confrontada la sentencia recurrida con el presente motivo, esta Sala encuentra falta de claridad recursiva por la siguiente razón: Los agravios en que se centra el Ad Quem para dictar su fallo, se encuentra contenido en el apartado denominado “Expresión de Agravios” y consisten en: “1) no se pretende la nulidad del contrato por la falta de alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia, sino porque una de estas causas esenciales es imperfecta o irregular, como lo es el consentimiento, uno de los vicios de qué adolece el consentimiento es el dolo y debe ser grave, cuando es empleado por una de las partes contratantes. Está probado que los demandados emplearon dolo, ya que en la cláusula primera del contrato manifiestan a su representada que son propietarios de tres lotes de terreno situados en la aldea de Río Plátano, municipio de Tela, Departamento de Atlántida, debidamente inscritos en el registro de la propiedad, diciéndole a su cliente que en dichas propiedades se desarrollaría un proyecto de lotes y villas playeras y quién él mismo se reservan 20,000 varas cuadradas en frente del Río Plátano, de lo cual se comprometen con la demandante venderle 5,000 varas cuadradas a sabiendas que está prohibido por la ley hacer esta clase de desarrollo en dicho lugar según decreto número 261-2000 que crea el Parque Nacional de Reserva Punta Izopo.- 2) El juez establece que la prueba relativa al dictamen técnico, no logra acreditar lo alegado por la parte actora procesal, ya que de acuerdo con lo alegado por los demandados no se ha logrado determinar la parte del terreno que se va a enajenar a la actora material. Estando identificado y determinado en dicho contrato que las 5000 varas cuadradas a enajenar a la parte actora material se encuentran dentro del terreno perteneciente a la demandada Evelyn Hernández Véles y dentro del terreno de 20000 varas cuadradas ubicadas también frente al río Plátano, apartadas para el desarrollo de lotes y villas playeras, con los dictámenes que se prueba qué terreno objeto del contrato de nulidad no es apto para construir villas playeras.”( el subrayado es de la Sala de lo Civil). Sin embargo, el recurrente sustenta el presente motivo en elementos no contenidos en la sentencia recurrida como agravios, como ser: “esos lotes objeto del contrato de compraventa prometido en esa supuesta promesa de contrato, sólo pueden ser adquiridos o poseídos o tenidos a cualquier título por hondureños de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños y por las instituciones del Estado, bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato, de tal manera que en este caso concreto lógicamente la demandada Evelyn Hernández Vélez, por ser portorriqueña, no pudo válidamente adquirir dichos lotes…”; acto registral que no es vinculante con el presente proceso; con igual irregularidad establece como motivo lo siguiente: “la promesa de contrato de mérito no reúne respecto a la promitente vendedora la circunstancia de que sea válida la compraventa sobre lotes de terreno no individualizados y peor dentro de la franja de seguridad de nuestro litoral atlántico, por ende, dicha promesa de compraventa no produce obligación alguna respecto a ella y lo mismo resulta con relación a nuestra mandante que es salvadoreña, o sea, la compraventa sobre esos dos lotes la Constitución misma con dicha prohibición la sanciona con la nulidad absoluta…”. Esta Sala de lo Civil se acoge a la doctrina que establece: “… tampoco cabe plantear en el recurso de casación cuestiones nuevas que no han sido alegadas y tratadas con anterioridad”. Así, no se admiten cuestiones que no han sido planteadas en los escritos rectores del proceso, que no han sido alegados de instancia, incluso, las que habiendo sido no se han reproducido en apelación y el Ad-quem no se refirió a ellas, ya que los tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de derecho que las partes hayan sometido en las instancias respectivas, las cuales acotan los problemas litigiosos, tal es el caso del artículo 1358 del Código Civil, que no fue desarrollado en ningún momento del proceso, por lo tanto, no es permitido en esta jurisdicción imputar una infracción de carácter sustantivo en una cuestión jurídica que no se ha tratado recursivamente de manera previa. Es decir, el contenido del proceso lo fijan las partes como consecuencia del principio dispositivo y de rogación, quedando delimitado por los escritos de demanda y de contestación y los respectivos recursos, sin que después del iter procesal en los mismos puedan introducir variaciones sustanciales en virtud de la prohibición de Mutatio Libelli, lo que tiene su fundamento en la garantía de un ordenado desarrollo del proceso y en el respeto del principio de contradicción y el derecho de defensa, entre otras cosas; además, supone que no se debe modificar la forma sustancial en que se ha presentado o defendido la demanda. 4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN. No es admisible el presente motivo por la falta de precisión y claridad del recurrente, en virtud de las siguientes razones: a) Hace referencia a la acumulación de varias normas no relacionadas entre sí, no es una confrontación de la sentencia con la ley que el casacionista invoca, de lo cual se pueda deducir que el tribunal dejó de interpretar la norma invocada en el motivo de casación. El impetrante hace una denuncia simultánea de dolo por falta de legitimidad del contrato, así como un alegato de nulidad relativa y de recisión del contrato, las cuales son instituciones que tienen fines distintos. b) El censor comparece argumentando actos lesivos (asuntos financieros) que no han sido objeto de juicio; no siendo posible recurrir sobre argumentos que se sustentan en supuestos que no han debatidos, ni controvertidos en las instancias respectivas, por tanto, carentes de sentencia y tutela judicial (artículos, 10, 429.1 y 701.1 del Código Procesal Civil). 5. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL QUINTO MOTIVO DE CASACIÓN. En el presente motivo casacional, el recurrente hace alegatos de mera instancia, que por su naturaleza no son admitidos en este recurso extraordinario. Asimismo, el impetrante comete la inobservancia casacional en virtud de las siguientes razones: a) La acumulación de varias normas contenidas en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, que, aunque están relacionadas entre sí, no fueron denunciadas en la instancia previa, al ser confrontada con la sentencia recurrida, no resulta una falta de aplicación de las normas invocadas por el Ad-quem. b) Denuncia la supuesta infracción sobre diferentes leyes (la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y la Ley de Propiedad), que por su alcance normativo y debida precisión deben ser denunciados en motivos separados (artículo 704 del Código Procesal Civil). c) El recurrente comparece argumentando actos y resoluciones administrativas (recordar que el Ad Quem considera como agravios la denuncia de dolo y el alcance valorativo de la prueba pericial), no siendo posible recurrir sobre argumentos que se sustentan en supuestos que no han sido debatidos, carentes de sentencia y tutela judicial (artículo 717 del Código Procesal Civil). d) En concordancia con lo anterior, este motivo se cimenta en alegatos sobre pretensiones no promovidas en la demanda. 6. En vista de todo lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de lo cual esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que establece la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2 a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 a) y b), 724, 725 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y resuelve: 1. DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN en sus CINCO motivos que ha sido formalizado por el abogado Marco Tulio Barahona Valle en representación judicial de la señora MARTA V. GUILLEN TALAVERA, interpuesto contra la sentencia definitiva proferida por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha once de marzo del año dos mil diecinueve. 2. Declarar firme la sentencia recurrida de la cual se ha hecho mención, contentiva en el expediente de apelación número 30-2019-CV, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2016-01153-LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. 3. Con condena en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó Galeano Barralaga. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA COORDINADORA POR LEY. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA. NELSON DANILO MAIRENA FRANCO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro; Certificación del auto de fecha dos de junio del año dos mil veintitrés, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 146=2019.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
SECRETARIA SALA DE LO CIVIL