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Sentencia CC-141-19 — Registro 15837

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada declarando con lugar parcialmente el recurso de apelación revoca parcialmente la sentencia definitiva en el único sentido condenar a la parte demandada al pago de la cantidad de L. 4,484.111.17 en concepto de lucro cesante, lo que sumado a la condena de la A-quo de L.5,271.971.25 da como resultado un total de L. 9,756,082.42 que deberá pagar el demandado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO OMAR PEÑA ORELLANA. Del análisis de admisibilidad para el primer motivo, se llega a la conclusión que el mismo no es de recibo. Dicha denegatoria se argumenta de la siguiente manera: a) El recurrente no es claro ni preciso en cuanto al agravio que supuestamente ha incurrido la sentencia recurrida a los intereses de su representada, ya que denuncia dos causales diferentes de casación, las cuales son falta de aplicación de una norma y aplicación indebida; en donde la primera es carencia absoluta de la misma en la resolución judicial, y la otra es la equivocada aplicación del alcance jurídico que el legislador le ha otorgado, por tanto ambas son excluyentes entre si y deben ser denunciadas en motivos separados. b) Sostiene la argumentación del presente motivo bajo el sustento del estudio y análisis de la valoración probatoria de los hechos, lo cual esta vedado por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. c) La argumentación del presente recurso se sustenta en alegatos de instancia, donde incluso, sostiene su argumento en la sentencia dictada en primera instancia en franca inobservancia de los artículos 717 y 721.2 del Código Procesal Civil."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “2. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO OMAR PEÑA ORELLANA. No es admisible el presente motivo por las razones siguientes: a) Solicita revisión probatoria, en contravención a lo establecido en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. b) Falta de congruencia recursiva, ya que denuncia en el mismo motivo diferentes agravios que por su naturaleza deben ir por separado, lo anterior resulta cuando afirma que: “DISPOSICION INFRINGIDA: “Violación de los artículos 1358 preámbulo, ordinal 3 y párrafo final por aplicación indebida del artículo 1357 preámbulo y fracción 3 del Código Civil en relación al artículo 3 del Código Procesal Civil.” Para que en acto seguido denuncie como infracción en la sentencia: “…la apreciación probatoria está completamente alejada de las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano y de las normas que rigen el razonamiento lógico, por tanto, no se deduce de manera clara y terminante, de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, como lo establece el artículo 245.1.2 del Código Procesal Civil…”, y luego denunciar como infracción: “Fuente formal: Artículo 1358 preámbulo y numeral 3° del Código Civil. PLAZO- Alcance conceptual de “época”. Hay nulidad absoluta del acto o contrato por lesionar intereses de orden público…”, para terminar, denunciando en este mismo motivo: “…todo lo contrario se juzgó violentando las garantías del debido proceso, del derecho de defensa y del principio de legalidad…”. Agravios que por su naturaleza deben ir por separado, respetando los requisitos mínimos que establece el artículo 721.2 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO OMAR PEÑA ORELLANA. No es admisible el presente motivo por las razones siguientes: a) Al igual que en el motivo anterior, el recurrente solicita revisión probatoria cuando la misma se encuentra vedada por el articulo 720.1 del Código Procesal Civil. b) Denuncia indiscriminadamente varias normas infringidas en el mismo motivo, cuando expone: “Consideramos la violación del artículo 208 del Código Procesal Civil y los artículos 1356 y 1358 preámbulo, fracción 3 y párrafo final por aplicación indebida del artículo 1357 preámbulo y fracción 3 todos del Código Civil.” Y, “…la Promesa de Venta y Compromiso de Pago NO reúne los requisitos legales y, por ende, al amparo del artículo 1586 preámbulo y numeral 1) del Código Civil es nulo absolutamente el acto o contrato…”; los cuales deben ir en motivos separados y con su propia causal recursiva, ya que, por tratarse de diferentes infracciones a criterio del recurrente, estas deben individualizarse conforme su alcance y supuesta lesión jurídica.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO OMAR PEÑA ORELLANA.- No es admisible el presente motivo por las razones siguientes: a) El recurrente hace uso equivocado de la causal recursiva (artículo 720.2 del Código Procesal Civil), con las normas que considera infringidas (“Violación del artículo 200.2.b en relación con los artículos 228 y 280 preámbulo y ordinal 1) todos del Código Procesal Civil por falta de aplicación de los artículos 1356 y 1358 preámbulo fracción 3° y párrafo final del Código Civil”); ya que denuncia, bajo esa misma causal de manera indiscriminada, normas heterogéneas entre sí, al determinar agravio de normas adjetivas y sustantivas, siendo las primeras atinentes al contenido formal de las sentencias y las segundas las empleadas para la solución del fondo del litigio. b) El recurrente erra al afirmar que, por si misma, la causal recursiva utilizada es propia para la revisión probatoria, y al pedir dicha revisión inobserva lo establecido en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil como tantas veces se ha expuesto en la presente resolución. c) Existe total carencia de técnica casacional entre las alegaciones vertidas por el recurrente con la causal recursiva y normas que considera infringidas, por lo expuesto en el literal a) del presente numeral.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, por abstención del Magistrado WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, siendo ponente el primero para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA, representado en juicio por el abogado OMAR PEÑA ORELLANA, como parte recurrente; siendo recurrido el abogado RODNEY ALEXIS HAM GUZMAN, quien actúa en su condición de representante procesal del señor FERNANDO ANTONIO PEREZ MORENO. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LAS PÉRDIDAS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMENTO DE UN CONTRATO DE PROMESA DE VENTA DE UN BIEN INMUEBLE, promovida en fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, por los abogados DOUGLAS MOISES RAMIREZ AVILEZ y ARTURO ISAU MOYA MUNGUIA, quienes actúan en su condición de representantes procesales del señor FERNANDO ANTONIO PEREZ MORENO, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, contra el señor JOSÉ ERNESTO CHINCHILLA MEJÍA, quien es mayor de edad, hondureño, Ingeniero y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha treinta y un días del mes de julio del año dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en el juicio de mérito, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLO: … PRIMERO: Que, ESTIMA la demanda que dio origen al presente procedimiento, interpuesta por la representación procesal de FERNANDO ANTONIO PEREZ MORENO contra JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA.- SEGUNDO: CONDENAR al demandado a que pague la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (L. 5,271,971.25), más los intereses legales que tal cantidad haya devengado desde la interposición de la demanda, hasta la fecha de esta resolución. TERCERO: Se condena al demandado al pago de las costas causadas en este procedimiento por ser desestimadas sus pretensiones. MANDA Notificar a las partes a la mayor brevedad posible la presente sentencia, sin que el plazo de notificación exceda los tres (3) días desde que se dictó tal como lo establece el artículo 480 párrafo primero del Código Procesal Civil, a las partes procesales. DISPOSICIÓN IMPUGNATIVA La Presente resolución Judicial es susceptible de Recurso de Apelación, el que deberá de ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de su notificación ante este Órgano jurisdiccional. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: Que en fecha siete de febrero del año dos mil diecinueve, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la dictada por el A-quo de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el abogado RODNEY ALEXIS HAM GUZMAN, en su condición de apoderado legal del señor FERNANDO ANTONIO PEREZ MORENO.- SEGUNDO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO SOTO MURILLO, en su condición de apoderado legal del señor JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA.- TERCERO: REVOCA parcialmente la sentencia definitiva dictada en fecha treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, en el único sentido condenar a la parte demandada al pago de la cantidad de L. 4,484.111.17 en concepto de lucro cesante, lo que sumado a la condena de la A-quo de L.5,271.971.25 da como resultado un total de L. 9,756,082.42 que deberá pagar el demandado.- CON COSTAS.- Y MANDA: Que una vez firme que sea esta sentencia, con la certificación de estilo se devuelva al juzgado de su procedencia. Se resuelve hasta en fecha en virtud del exceso de trabajo que impera en este tribunal. NOTIFIQUESE”. TERCERO: El abogado OMAR PEÑA ORELLANA, actuando en su condición de apoderado procesal del señor JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA, en fecha siete de abril del año dos mil diecinueve, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha siete de febrero del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El abogado RODNEY ALEXIS HAM GUZMAN, actuando en su condición de representante procesal del señor FERNANDO ANTONIO PEREZ MORENO, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los abogados RODNEY ALEXIS HAM GUZMAN y OMAR PEÑA ORELLANA, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas quince y diecisiete de mayo del año dos mil diecinueve, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha veinticuatro de julio del año dos mil diecinueve, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO, SUB-MODO: Falta de carácter lógico de la sentencia. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: Estimo infracción al artículo 207 del Código Procesal Civil en relación con el 1358 preámbulo fracción 3 y párrafo final del Código Civil por falta de aplicación de este último. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 720.2 del Código Procesal Civil. Esta falla de la sentencia de segunda instancia se explica así: La sentencia recurrida manifiesta en su FUNDAMENTO SEGUNDO lo siguiente: “Este Tribunal Ad-quem habiendo analizado los agravios de las partes tanto de la apelación del demandante como del demandado, así como la sentencia recurrida y las pruebas evacuadas, habiendo sido la presente acción incoada por el demandante para el pago de daños y perjuicios, mediante la cual pretende obtener el resarcimiento del daño emergente, lucro cesante y el daño moral sufridos ante la perdida por el incumplimiento del contrato de promesa de venta, lo que le impidió disfrutar y gozar de los frutos que produjo la propiedad inmueble por más de ocho años, lo que ocasionó daños y perjuicios produciéndole al demandante pérdidas patrimoniales por el incumplimiento del contrato de promesa de venta como lo ha expresado la A-quo en la sentencia definitiva, se comparte dicha resolución por éste Ad-quem en cuanto al incumplimiento del referido contrato de promesa de venta, sin embargo cuanto a la condena la A-quo no tomó en consideración que dentro de los ocho años que el demandante perdió la posesión del inmueble, también se produjo pérdidas en concepto de lucro cesante, por lo que se debió considerar a lo sumo la mitad del valor establecido por el perito actuario en el peritaje rendido y evacuado como prueba en los antecedentes.” El artículo 720 del Código Procesal Civil, que sirve de precepto autorizante en su numeral 2 a este motivo de casación, que se refiere a la exclusión de la revisión probatoria en casación, textualmente nos dice: “1.- Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada en la instancia. 2.- Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 2 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo.” En el texto “Código Procesal Civil Comentado”, en la página 895, al ocuparse del presente motivo del artículo 720.2 que sirve de precepto autorizante al presente motivo de casación, si bien señala que “la parte recurrente no podrá exigir que la sala de lo Civil se pronuncie sobre la pertinencia o procedencia de los hechos comparativamente con la valoración de la prueba, bien por la admisión o inadmisión de la misma, o en su caso, el criterio adoptado por el tribunal de primera instancia en su derecho de libre apreciación de la prueba. Este derecho y petición solamente es procedente ante la corte de apelaciones”, también admite que “la parte recurrente cuando considere que es procedente, podrá incluir en su recurso que el tribunal se pronuncie sobre la ausencia ya sea total o parcial, de los requisitos legales en la motivación de la sentencia. Como la motivación de la sentencia debe ser hecha en base a los razonamientos de los hechos junto con el ordenamiento jurídico, y estos a su vez conducen a una correcta apreciación y valoración de la prueba, la ausencia de estos requisitos en la sentencia produce la infracción de la norma jurídica. Deberá especificarse claramente en que momento de la sentencia se produce tal infracción, expresando cual fue el alcance de los hechos expuestos por las partes y la errónea interpretación del tribunal sobre los mismos, habiendo producido inexistencia o insuficiencia de razonamiento al emitir la sentencia, produciéndose un fallo completamente violatorio al derecho de la parte recurrente, infringiendo los principios del razonamiento y la lógica jurídica que deben prevalecer en las resoluciones judiciales.” Desarrollo este motivo en la forma siguiente: 1. El señor Fernando Antonio Pérez Moreno promueve su demanda PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LAS PERDIDAS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE PROMESA DE VENTA DE UN BIEN INMUEBLE y en el hecho primero de su libelo en lo conducente dice: “PRIMERO: PROMESA DE VENTA SOBRE UN BIEN INMUEBLE HIPOTECADO: En el mes de junio del 2008, el Señor JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA ofreció en venta un terreno que ya no era de su propiedad al Señor FERNANDO ANTONIO PEREZ MORENO, el cual se encuentra ubicado en el Sector de Agua Buena Comunidad de la Unión, jurisdicción del municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida, inscrito bajo el Número 34 del Tomo 528 del Instituto de la Propiedad de La Ceiba, Atlántida, terreno que consta con extensión de Treinta y Nueve punto uno Hectáreas (39.1 Has) 57 manzanas de las cuales 42 manzanas aproximadamente estaban sembradas con palma africana; tal como se acredita con la Certificación Integra del asiento relacionado anteriormente y donde en su nota marginal de fecha 30 de julio del año 2008 de inscripción de venta forzada ordenada por el Juzgado de Letras Seccional de esta ciudad inscrita bajo el asiento No. 43 del Tomo 1374 del Registro del Instituto dela Propiedad de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, el demandado ya no podía ni debía celebrar actos y contratos VALIDOS sobre dicho inmueble ya que estaba siendo ejecutado judicialmente, aun así mediante maquinación fraudulenta firmó una Promesa de Venta y Compromiso de Pago en fecha 5 de junio del 2008 haciendo caer a nuestro representado el señor FERNANDO ANTONIO PEREZ MORENO en ERROR EN CUANTO A LA LEGITIMIDAD COMO PROPIETARIO que tenía el vendedor promesante ahora demandado (VER MEDIOS DE PRUEBA Nos. 1 y 7). Acreditamos con las Escrituras Públicas Nos. 256, 407 y 68, la constitución de tres (3) hipotecas otorgadas por el demandado JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA a favor de BANCO ATLANTIDA S. A. de fecha 24 de julio de 1998, 07 de noviembre del 2001 y 01 de abril deI 2003, con lo cual queda plenamente probado, que el demandado no tenía facultades para la suscripción de ningún acto o contrato sobre el inmueble hipotecado, que fue prometido en venta al demandante, SIN LA DEBIDA AUTORIZACION DE DICHO BANCO lo cual se puede apreciar en la cláusula segunda de dichas escrituras de hipoteca, por lo que la SUSCRIPCION DOLOSA por parte del demandado acarrea daños y perjuicios a nuestro representado. (VER MEDIOS DE PRUEBA NOS. 2, 3 Y 4).” Y bajo el acápite PROPOSICION MEDIOS DE PRUEBA y subtítulo MEDIO DE PRUEBA NUMERO SIETE (7) DENOMINADO DOCUMENTAL PRIVADO que consiste en la copia autenticada de la Promesa de Venta y Compromiso de Pago firmada en fecha 05 de junio de 2008 por los señores FERNANDO ANTONIO PEREZ MORENO y JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA por un terreno ubicado en el Sector de Agua Buena.... Focalizamos lo pertinente al motivo de casación en el hecho primero de la demanda y los medios de prueba números ... seis denominado DOCUMENTAL PUBLICO que consiste en la certificación original de la Escritura Pública No 208 de fecha 31 de julio del 2008, compraventa otorgada por Banco Atlántida a favor del señor Fernando Antonio Pérez Moreno e inscrita bajo el Número ¡4 del Tomo 1385 del Instituto de la Propiedad de La Ceiba, Atlántida, con el cual se acredita el HECHO SEGUNDO de la presente demanda (VER ANEXO No 10) y siete denominado de DOCUMENTO PRIVADO que consiste en la copia autenticada de la Promesa de Venta y Compromiso de Pago firmada en fecha 05 de junio de 2008, por los señores FERNANDO ANTONIO PEREZ MORENO y JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA por un terreno ubicado en el Sector de Agua Buena Comunidad de la Unión, jurisdicción del Municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida, inscrito en el registro correspondiente bajo el Número 34 del Tomo 528 del Instituto de la Propiedad de la ciudad de La Ceiba, con el cual se acredita el HECHO PRIMERO de la presente demanda (VER ANEXO NO.11)... porque los demás hechos de la demanda y demás medios de prueba, sólo son relleno que el demandante introduce para desviar la mirada de la juzgadora de lo fundamental, en este caso, tal cual es la escritura pública de compraventa celebrada entre el Banco Atlántida S.A. y el señor Fernando Antonio Pérez Moreno y la Promesa de Venta y Compromiso de Pago en las que claramente se aprecia, por una parte, que el señor Fernando Antonio Pérez Moreno es dueño del terreno objeto de la Promesa y por tanto ha tenido el jus utendi, jus fruendi y jus abutendi desde el 31 de julio del año 2008; y, por otra, respecto al DOLO, la misma Promesa acredita que NO hay ningún engaño como acusa el demandante en esta nueva acción judicial, después de la penal, sobre el traído y llevado hecho de que el señor Fernando Antonio Pérez Moreno había sido engañado por el señor José Ernesto Chinchilla Mejía, por cuanto, un mismo hecho NO puede juzgarse indefinidamente, entonces las pruebas aportadas por el actor, NO pueden del tracto sucesivo originado con las hipotecas y embargo del inmueble en cuestión, desde el momento en que la hipoteca de bienes raíces se hace en escritura pública y el embargo también se inscribe en el registro de la propiedad, por consiguiente, el efecto de esa inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil respectivo y por los principios del Derecho Registral de inscripción, publicidad, fe pública registral y prioridad afecta a terceros como lo es el señor Fernando Antonio Pérez Moreno, de manera que alegar ignorancia en este caso, es mala fe. Desde que la mencionada institución financiera, ante la indiferencia, cuya obligación contractual le imponía la ineludible responsabilidad de personarse al Banco Atlántida S.A. asumiendo el pago de la deuda del señor José Ernesto Chinchilla Mejía, porque se comprometió a ello en la Promesa de Venta y Compromiso de Pago y ser, además, el pago de la suma adeudada al Banco, parte del precio convenido del bien inmueble prometido, siéndole prácticamente imposible al señor Pérez Moreno NEGAR, que por efecto del documento de Promesa de Venta y Compromiso de Pago y de la publicidad registral, TUVO conocimiento no solo de las hipotecas a favor de Banco Atlántida S.A. sino también del embargo por desprenderse del tracto sucesivo registra! atinente al referido terreno, que dicho sea de paso, el embargo al bien inmueble prometido, NO es motivo, razón o circunstancia para desquiciar la Promesa de Venta, pues el embargo no es tradición de dominio. sino una diligencia judicial que exige el proceso civil para asegurar el pago de lo adeudado y seguir adelante con el trámite. Tajantemente dice el texto de esa promesa, que el inmueble prometido está hipotecado con el Banco Atlántida S. A., y una parte del precio convenido entre el promitente vendedor y el promitente comprador ERA precisamente parte del precio a pagar, o sea, que el señor Fernando Antonio Pérez Moreno asumiera la deuda del señor José Ernesto Chinchilla Mejía con la institución financiera antes dicha, lo cual es correcto, pues la hipoteca no involucra un traspaso de propiedad como tampoco lo significa el embargo, por tanto NO eran óbice a la celebración de la Promesa de Venta, todas estas cuestiones, a las que los juzgadores de primera y segunda instancia, les dispensaron una importancia, que no tiene, en la decisión del caso, desdice mucho respecto a la motivación de la sentencia recurrida, porque por dar tanto valor a lo secundario, descuidaron lo principal, la Promesa de Venta y Compromiso de Pago y la fecha del instrumento público en que el señor Fernando Antonio Pérez Moreno le compró al Banco Atlántida S. A. el mismo bien inmueble que prometió comprarle a mí mandante, porque de aquí emana lo que el demandante pretendía con esta acción: Pago de Daños y Perjuicios y quedarse con el terreno sin pagar un centavo y además mucho excedente con una cantidad excesiva por infundados e inexistentes perjuicios. JAMAS el bien inmueble prometido estuvo fuera de la posesión del señor Fernando Antonio Pérez Moreno a contar desde el 31 de julio del año 2008, fecha en que se lo compró al Banco Atlántida, por tanto, el llevado y traído Pago de Daños y Perjuicios Causados por las Pérdidas Patrimoniales NO es más que un acto doloso como el de haber sido engañado y que terminó en la absurda sentencia recurrida... NUNCA hubo Promesa de Venta y Compromiso de Pago entre los señores José Ernesto Chinchilla Mejía >promitente vendedor< y el señor Fernando Antonio Pérez Moreno >promitente comprador<, sencillamente porque el documento contentivo de la promesa NO se acoge a lo dispuesto en el artículo 1358 preámbulo, fracción 3ª y párrafo final del Código Civil y específicamente al no contener, la citada Promesa de Venta, un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato prometido requerido como circunstancia indispensable para dar lugar al pago de daños y perjuicios prevenido en el artículo 1357 preámbulo y ordinal 3 del citado Código Civil, además, suponiendo que la Promesa de Venta hubiese existido, legalmente hablando, pues el artículo 1356 del Código Civil dispone que “En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, por ende, tampoco aquí tiene cabida la condena por perjuicios... como pues puede condenarse al señor José Ernesto Chinchilla Mejía al pago de una suma millonaria en concepto de daños, lucro cesante y lucro emergente si la misma Ley tajantemente dice, en el párrafo final del referido artículo 1358, que “Concurriendo estas circunstancias HABRA LUGAR a lo prevenido en el artículo precedente.” (lo resaltado es nuestro) disposiciones legales que no prevén excepciones y por consiguiente no cabe hacerlas, son categóricas NO habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente..., de lo que se infiere que condenar lo previsto en el artículo 1357.3 del Código Civil, fundado en la Promesa de Venta antes relacionada, no sólo es arbitrario sino una burla a los derechos y garantías del señor José Ernesto Chinchilla Mejía contenidas en lo que conocemos como debido proceso. La omisión del Tribunal de Alzada respecto a las citadas disposiciones, que no ameritan conocimientos especiales, se desprende la infundada condena que exigía mayor motivación para convencer que la falta de aplicación del artículo 1358 preámbulo 3 circunstancia y párrafo final del Código Civil se justificaba porque las pruebas aportadas al proceso demostraron fehacientemente la existencia de la promesa, el incumplimiento de lo pactado por el promitente vendedor y la suma de los perjuicios causados, pero NO como lo hizo el Perito Actuario que copió las ventas de las cosechas que ha hecho el señor Fernando Antonio Pérez Moreno en los últimos ocho años que ha poseído la propiedad prometida. Haber distorsionado la Ley, llevó al Ad-quem a una motivación falta de claridad, precisión, suficiencia y congruencia y, no justificando la incidencia de la infracción en la resolución impugnada, por consiguiente, desarrollando el concepto de la violación, básicamente expreso que la sentencia recurrida es ilógica y que falta a la razón, al derecho y la justicia, en virtud que desconoce la prescripción legal que taxativamente prescribe no haber lugar a la indemnización de daños y perjuicios, SI la Promesa de Venta y Compromiso de Pago no existió por no contener el plazo o condición que fijara la época de la celebración del contrato, por cuanto, el Tribunal de Alzada fue del parecer que la parte demandante demostró todas sus pretensiones de pago de daños, perjuicios y daño moral al grado que el demandado ha sido condenado en costas en ambas instancias. Sostengo que el párrafo final del artículo 1358 del Código Civil, no fue reproducido ni tomado en cuenta en el fundamento de derecho segundo de la sentencia infractora. En este punto, el fallo es comparable con la de primera instancia la cual declaró con lugar la demanda porque estimó probada que las pérdidas patrimoniales del demandante se debieron al incumplimiento del contrato de promesa de venta pero jamás cayó en cuenta que a dicha promesa de venta le hacía falta la circunstancia tercera del artículo 1358 del Código Civil y que esa circunstancia es de las que impide lo prevenido en el artículo 1357 preámbulo y fracción 3 del mismo Código Civil, lo que debió obligar a la Sentenciadora a absolver al demandado don José Ernesto Chinchilla Mejía y condenado en costas al demandante por no haber demostrado ninguna de sus pretensiones. La infracción que se denuncia, relativa a la motivación Procesal Civil, no se consideran los distintos elementos fácticos, por ejemplo el Medio de Prueba Número Seis (6) denominado Documental Público consistente en la copia de la escritura pública de Compraventa celebrada entre el Banco Atlántida S.A. y el señor Fernando Antonio Pérez Moreno el 31 de julio de 2008 y el Medio de Prueba Número Siete denominado Documental Privado consistente en la copia de la Promesa de Venta y Compromiso de Pago firmada entre los señores José Ernesto Chinchilla Mejía y Fernando Antonio Pérez Moreno el 5 de junio de 2008, la escritura pública de compraventa necesaria por la fecha de otorgamiento el 31 de julio de 2008, que prueba la maniobra del demandante para apropiarse de la finca de palma de aceite SIN pagar el valor pactado y a la vez demuestra que esa propiedad la ha poseído desde hace más de ocho años y por tanto NO ha sufrido ningún menoscabo por el que reclamar daños y perjuicios; y, el documento privado denominado Promesa de Venta y Compromiso de Pago que al confrontarlo con la Ley, resulta inexistente por NO reunir los requisitos legales, entonces el fallo recurrido NO se ajusta, por tanto, a las reglas de la lógica y de la razón. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia al examinar el presente motivo, determinará que se encuentra conforme a la debida técnica casacional, encontrará que en la motivación de la sentencia, el Ad-quem es cuestionable en relación al haz probatorio que fue incompleta, porque no tomó en cuenta la prueba aportada como es el Medio de Prueba Número Seis: Documento Público que líneas atrás quedó reseñado; y, el Número Siete: documento privado: Promesa de Venta y Compromiso de pago firmada el 5 de junio del año 2008, incidiendo en el resultado del fallo pronunciado, además, que el Ad-quem no aplicó, pudiendo hacerlo, el artículo 1358 preámbulo, fracción 3 y párrafo final del Código Civil, que pone a disposición la impartición de justicia absolviendo al demandado. SEGUNDO MOTIVO: DISPOSICION INFRINGIDA: Violación de los artículos 1358 preámbulo, ordinal 3 y párrafo final por aplicación indebida del artículo 1357 preámbulo y fracción 3 del Código Civil en relación al artículo 3 del Código Procesal Civil.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en la fracción b) del artículo 719.1 del Código Procesal Civil.- El artículo 3 del Código Procesal Civil dispone que “Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” mientras que los artículos 1358 preámbulo, fracción 3°y párrafo final y 1357 preámbulo y fracción 3° del Código Civil, preceptúan: “No produce obligación alguna la promesa de celebrar un contrato, salvo que concurran las circunstancias siguientes: 1°-… 3°-… 3°-… Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. 4°-...Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente.” y “Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya: 1°-… 2°-… 3°-… Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.”.- CONCEPTO DE LA INFRACCION: Las partes, demandante y demandado, propusieron entre sus medios de prueba, los siguientes: Parte Demandante: COPIA DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA VENTA que suscribieron el Banco Atlántida S. A. y el demandante señor Fernando Antonio Pérez Moreno el 31 de julio de 2008 ante el Notario Patrick James Bennett Connor y contraída al contrato de compraventa del bien inmueble prometido en la Promesa de Venta e inscrito con el Número 15 Tomo 1385 del Registro de la Propiedad Inmueble del Instituto de la Propiedad de La Ceiba; y, LA PROMESA DE VENTA Y COMPROMISO DE PAGO que suscribieron el 5 de junio del año 2008 y contraída a la compra venta de un terreno con una extensión de 57 mz de las cuales 42 mz aprox. sembradas con Palma Africana y el resto en tierra mecanizada ubicada en el sector de Agua Buena, comunidad de La Unión, municipio de El Porvenir, inscrito bajo el numero 34 Tomo 528 del Registro de la Propiedad de la ciudad de La Ceiba, documento privado admitido y evacuado como prueba por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en su rama civil, en la audiencia preliminar celebrada el 27 de abril del año 2018, pero al emitir la sentencia definitiva el 31 de julio del año 2018 y 7 de febrero del año 2019 en primera y segunda instancia respectivamente, ninguno de los juzgadores miró, analizó y valoró estas pruebas excluyendo la arbitrariedad y menos, que se haya motivado de manera precisa y razonada en la sentencia, es más, la apreciación probatoria está completamente alejada de las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano y de las normas que rigen el razonamiento lógico, por tanto, no se deduce de manera clara y terminante, de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, como lo establece el artículo 245.1.2 del Código Procesal Civil, todo lo cual, porque arbitrariamente los Operadores de Justicia, en ambas instancias, omitieron, voluntaria o involuntariamente, el valor probatorio de las pruebas antes citadas, mientras revaloraban un Dictamen Privado referente a los daños y perjuicios, elaborado sin ninguna base, para poder dictar la sentencia, y le agregaron el documento privado que por no tener un plazo o condición que fijara la época dentro de la cual se practicarían las obligaciones contraídas por ambas partes, desquicio un aspecto de tanta importancia al dejar indeterminado el plazo para celebrar el contrato, sobre todo, cuando lo prevenido en el mismo artículo 1357 del Código Civil queda sujeto a la concurrencia total de las circunstancias prescritas en el párrafo final del artículo 1358 del Código Civil, lo que naturalmente desemboca en violación directa, por falta de aplicación del artículo 1358 preámbulo, fracción 3 y párrafo final del Código Civil, por lo cual el proceso no se juzgó con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y terminó ultrajando el artículo 1357 preámbulo y fracción 3 del Código Civil al aplicarlo sin concurrir, en la Promesa de Venta y Compromiso de Pago, las circunstancias exigidas por el artículo 1358 del Código Civil para que haya lugar a y, natural y lógicamente el Tribunal de Apelación NI se inmutó en comprobar que la Promesa de Venta y Compromiso de Pago no produce obligación alguna porque no contiene un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato, omisión culposa cuanto a constatar que la Promesa de Venta NO acordó un plazo o condición en el contrato de promesa de compraventa respecto a fijar la época de celebración del contrato, siendo notorio que el Tribunal de Apelación, omite que la Ley requiere la concurrencia de todas las circunstancias para que haya lugar a lo prevenido en el artículo 1357 del Código Civil, cuando se pretende, con un documento inútil e ilegal, condenar la indemnización de daños y perjuicios por supuesto incumplimiento del promitente vendedor en un contrato en que siendo las obligaciones reciprocas ninguno de los obligados está en mora dejando de cumplir lo pactado reza el artículo 1356 del Código Civil. Ausencia de solemnidad ad substantiam actus que representa la nulidad absoluta de la promesa según el artículo 1586.1 del Código Civil, por lo siguiente: Los requisitos que deben concurrir para que el contrato de promesa produzca efectos, son, según la disposición citado como infringida, los siguientes: 1) que conste por escrito; 2) que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces; 3) que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato; y 4) que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo sólo falte la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. El tercero de tales requisitos, es decir, el que ordena que la promesa: «...contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato», impone a los contratantes señalar con precisión la época en la que ha de perfeccionarse el acuerdo de voluntades prometido, lo que tiene que hacerse mediante la fijación de un plazo o una condición que no deje en incertidumbre aquél momento futuro, ni a las partes ligadas de manera indefinida.” Fuente formal: Artículo 1358 preámbulo y numeral 3° del Código Civil. PLAZO- Alcance conceptual de “época”. Hay nulidad absoluta del acto o contrato por lesionar intereses de orden público, el hecho de no fijar la época del contrato prometido. “fijar la época’ equivale a señalar o determinar el momento preciso y cierto en que ha de celebrarse lo convención prometida.” “Si los contratantes no fijan la época del contrato prometido, mediante una condición o plazo determinados, la secuela de tal desatención no es otra que la nulidad absoluta del acto o contrato, pues tal falta lesiono los intereses del orden público.” En ese orden de ideas, NO se observó lo previsto en el artículo 3 del Código Procesal Civil, todo lo contrario se juzgó violentando las garantías del debido proceso, del derecho de defensa y del principio de legalidad, pues, aunque la defensa del señor José Ernesto Chinchilla Mejía fue deficiente al no haber alegado, en favor de su defendido, lo dicho anteriormente, la prescripción, falta de legitimación activa, nulidad del negocio jurídico, etc., las mismas pruebas aportadas por el señor Fernando Antonio Pérez Moreno bastan para declarar sin lugar la demanda y así debió haberse hecho, porque lo contrario, que es lo que motiva este recurso, es arbitrariedad y hasta abuso de autoridad. TERCER MOTIVO No ser congruente la sentencia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo se encuentra contenido en el artículo 719.1.c del Código Procesal Civil.- DISPOSICION INFRINGIDA: Consideramos la violación del artículo 208 del Código Procesal Civil y los artículos 1356 y 1358 preámbulo, fracción 3 y párrafo final por aplicación indebida del artículo 1357 preámbulo y fracción 3 todos del Código Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 208 del Código Procesal Civil, prescribe “CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellos exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” Y los artículos 1356 y 1358 preámbulo, ordinal 3 y párrafo final y 1357 preámbulo y fracción 3 del Código Civil que respectivamente prescriben: “En las obligaciones reciprocas ninguno de los obligados está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. “, “No produce obligación alguna la promesa de celebrar un contrato, salvo que concurran las circunstancias siguientes: 1°-… 2°-… 3°-… Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. 4°-… Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente.” y “Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya: 1°-… 2°-… 3°-… Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.”.- Después de consignadas las disposiciones legales que estimamos violentadas con la sentencia contra la cual se recurre en casación, las razones que abonan la incongruencia están en la misma demanda, porque a falta de pruebas, la Corte Sentenciadora echa mano al mismo escrito de demanda que se copia casi literalmente, en la que el demandante señor Fernando Antonio Pérez Moreno esgrime la Promesa de Venta y Compromiso de Pago como el instrumento fundamental de ese libelo y el resto de los hechos del mencionado escrito, que se contraen a señalar las infracciones del señor José Ernesto Chinchilla Mejía sin más respaldo que las propias voces del demandante, pues existiendo disposiciones legales que constriñen, en este caso, a la Promesa de Venta y Compromiso de Pago, debió el demandante, señor Pérez Moreno, haber introducido en su libelo las aclaraciones, justificaciones y correcciones indispensables al objeto que sea determinante a la congruencia del fallo definitivo que se dicte y, no como sucede aquí, en donde es el peor atentado cometido a ese requisito interno de la sentencia: LA CONGRUENCIA, el deber judicial de resolver las cuestiones formuladas por la parte actora, de manera que el pronunciamiento definitivo declare cosa u objeto distinto, es decir, se debe dar respuesta a las alegaciones realizadas, al margen del debate o no, pero debe ser una consecuencia de la congruencia la adecuación entre las pretensiones de la parte actora y la resolución judicial, que acusamos en este motivo de casación, inobservó el Tribunal de Alzada al haber dejado de lado algo importantísimo de la demanda: los documentos acompañados con la misma como fundamentación de los hechos de esa demanda, al comprobarse que el relativo a la Promesa de Venta y Compromiso de Pago NO reúne los requisitos legales y por ende, al amparo del artículo 1586 preámbulo y numeral 1) deI Código Civil es nulo absolutamente el acto o contrato cuando le falta alguna de las condiciones esenciales para su formación y, en este caso, a esa Promesa de Venta y Compromiso de Pago le falta que contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato reza el artículo 1358 fracción 3 del Código Civil, lo que, al tenor del preámbulo de este mismo artículo, es suficiente para que dicha Promesa NO produce obligación alguna la promesa de celebrar un contrato, salvo que concurran ¡as circunstancias siguientes y entre éstas leemos la fracción antes transcrita, o sea, que de mero derecho ese documento adjunto a la demanda y propuesto como medio de prueba, CARECE COMPLETAMENTE de la eficacia jurídica para condenar al señor José Ernesto Chinchilla Mejía y decimos que NO se puede condenar a mi mandante porque ese documento es la clave para dar lugar a lo prevenido en la fracción 3 del Artículo 1357 del Código Civil, por tanto, reiteramos, la ilegalidad del fallo recurrido es NOTORIA porque se emite contra lo previsto por la Ley y esa disconformidad entre las pretensiones infundadas de la parte actora y el documento fundamental de la acción, ES INCONGRUENCIA porque el acompañamiento de ese documento NO es casual es un requisito de la demanda según el artículo 426.2.4 del Código Procesal Civil que incluso autorizó a la Juez A-quo a inadmitir la demanda porque el defecto es insubsanable, pero dicha funcionaria judicial obvió lo ordenado en la Ley y esa omisión llegó hasta la sentencia definitiva, pero eso no implica ratificación para subsanar. NO es una obligación legal condenar en las sentencias definitivas de manera tal que el juzgador debe hacerlo, aunque legalmente tal condena no tenga ningún sustento jurídico, de hacerlo, como en este caso, sería que esa Operadora de Justicia TIENE más facultades que las que expresamente le confiere la Ley y no está sujeta a la Ley sino por encima de ella, por cuanto, NO obstante lo que la Ley dispone respecto a la Promesa de Venta, el señor Fernando Antonio Pérez Moreno presentó su demanda, logró que se le admitiera aunque el documento génesis de la misma no reúne los requisitos para pedir el pago de daños y perjuicios por prescripción legal y contra la Ley ha obtenido una sentencia tan favorable que con las condenas en costas sobrepasó el monto reclamado por daños y perjuicios.... ES INCONGRUENTE por integrar en la sentencia la demanda. como único medio de prueba para probar el incumplimiento contractual, pues en los autos NO hay una sola prueba acreditando el HECHO PRIMERO y, que lástima para la justicia, servirse del escrito de demanda para declarar probado el hecho primero de la misma, o sea, de haberse celebrado la promesa de venta, en que se funda dicho pronunciamiento, puesto que, el documento contentivo de la Promesa de Venta y Compromiso de Pago, NO reúne los requisitos legales para ser tenido como tal según se explica anteriormente, de manera que, NO puede un Juez, que se precia de tal, valorarlo como medio de prueba... por eso reiteramos, debió el Tribunal de Apelación REVOCAR la sentencia apelada por ser completamente improcedente. De conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, la presunción no es más que una conjetura, una suposición, un indicio, una señal, una sospecha, una inferencia de la ley, un alarde, una jactancia, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, cuyo fallo se recurre de casación, debió citar como fundamento legal de su fallo los artículos antes dichos como NO aplicados en el fallo, y en ese orden de ideas, habría revocado la de primera instancia y desestimando el Recurso de Apelación declarar sin lugar la demanda, de tal manera que no obstante haber el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba condenado al señor José Ernesto Chinchilla Mejía a pagar improcedentes y abultados daños y perjuicios, más intereses y costas del juicio, sin ninguna justificación probatoria como se deja dicho, solo se logra inferir que las señales, conjeturas o sospechas indujeron al Ad-quem para sostener la condena del iudex Aquo y, además, para hacer tan drástico aumento a la condena, pues repetimos, NO tiene ninguna base jurídica ni probatoria para emitir semejante pronunciamiento. La Corte Sentenciadora en el fallo del 7 de febrero del año 2019, incurrió en la infracción de incongruencia alegada en este motivo, porque al declarar con lugar la apelación del demandante, revocar parcialmente el fallo de primera instancia “...en el único sentido condenar a la parte demandada al pago de la cantidad de L.4.484.111.17 en concepto de lucro cesante...” El Doctor ANTONIO BERMUDEZ M., en su obra EL RECURSO DE CASACION EN MATERIA CIVIL., expresa que: “Es de advertir en estos casos estudiados, como el que nos ocupa, que aunque ellos dan motivo de casación por infracción de Ley, sería imposible citar ley sustantiva infringida, ya que se refieren a cuestiones de hecho que se comprueban con la simple comparación de la parte petitoria de la demanda y contestación con la parte dispositiva del fallo y solo se encontraría aplicable para fundamentar el recurso, un precepto de la ley adjetiva que ordena que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito...” CUARTO MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: 720.2 del Código Procesal Civil. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Violación del artículo 200.2.b en relación con los artículos 228 y 280 preámbulo y ordinal 1) todos del Código Procesal Civil por falta de aplicación de los artículos 1356 y 1358 preámbulo fracción 3° y párrafo final del Código Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Del análisis de los escritos de demanda y de su contestación, se establece que las partes litigantes fijaron sus pretensiones en el presente juicio de la manera siguiente: 1. El señor Fernando Antonio Pérez Moreno promueve su demanda PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LAS PERDIDAS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE PROMESA DE VENTA DE UNJ BIEN INMUEBLE y en el hecho primero de su libelo en lo conducente dice: “PRIMERO: PROMESA DE VENTA SOBRE UN BIEN INMUEBLE HIPOTECADO: En el mes de junio del 2008, el Señor JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA ofreció en venta un terreno que ya no era de su propiedad al Señor FERNANDO ANTONIO PEREZ MORENO, el cual se encuentra ubicado en el Sector de Agua Buena Comunidad de la Unión, jurisdicción del municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida, inscrito bajo el Número 34 del Tomo 528 del Instituto de la Propiedad de La Ceiba, Atlántida, terreno que consta con extensión de Treinta y Nueve punto uno Hectáreas (39.1 Has) 57 manzanas de las cuales 42 manzanas aproximadamente estaban sembradas con palma africana; tal como se acredita con la Certificación Integra del asiento relacionado anteriormente y donde en su nota marginal de fecha 30 de julio del año 2008 de inscripción de venta forzada ordenada por el Juzgado de Letras Seccional de esta ciudad inscrita bajo el asiento No. 43 del Tomo 1374 del Registro del Instituto de la Propiedad de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, el demandado ya no podía ni debía celebrar actos y contratos VALIDOS sobre dicho inmueble ya que estaba siendo ejecutado judicialmente, aun así mediante maquinación fraudulenta firmó una Promesa de Venta y Compromiso de Pago en fecha 5 de junio del 2008 haciendo caer a nuestro representado el señor FERNANDO ANTONIO PEREZ MORENO en ERROR EN CUANTO A I.A LEGITIMIDAD COMO PROPIETARIO que tenía el vendedor promesante ahora demandado (VER MEDIOS DE PRUEBA Nos. 1 y 7). Acreditamos con las Escrituras Públicas Nos. 256, 407 y 68, la constitución de tres (3) hipotecas otorgadas por el demandado JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA a favor de BANCO ATLÁNTIDA S. A. de fecha 24 de julio de 1998, 07 de noviembre del 2001 y 01 de abril deI 2003, con lo cual queda plenamente probado, que el demandado no tenía facultades para la suscripción de ningún acto o contrato sobre el inmueble hipotecado, que fue prometido en venta al demandante, SIN LA DEBIDA AUTORIZACION DE DICHO BANCO lo cual se puede apreciar en la cláusula segunda de dichas escrituras de hipoteca, por lo que la SUSCRIPCION DOLOSA por parte del demandado acarrea daños y perjuicios a nuestro representado. (VER MEDIOS DE PRUEBA NOS. 2, 3 Y 4).” Y bajo el acápite PROPOSICION MEDIOS DE PRUEBA y subtítulo MEDIO DE PRUEBA NUMERO SIETE (7) DENOMINADO DOCUMENTAL PRIVADO que consiste en la copia autenticada de la Promesa de Venta y Compromiso de Pago firmada en fecha 05 de junio de 2008 por los señores FERNANDO ANTONIO PEREZ MORENO y JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA por un terreno ubicado en el Sector de Agua Buena.... 2. Por su parte el señor JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA, contestó en la forma que sigue: “Que lo establecido en el primero y hecho segundo de la demanda de mérito por parte del demandante se acepta parcialmente ya que en efecto mi representado prometió la venta de un bien inmueble y cual tenía una hipoteca con Banco Atlántida y estaba en proceso de ejecución pero me extraña que el demandante manifieste que desconocía tal situación si el convenio que tenía conmigo es que él pagaría al banco la cantidad que yo le adeudaba al Banco y me pagara una diferencia de un millón quinientos mil lempiras (L.1.500.000.00) para lo que me firmó cinco letras de cambio de L.300,000.00.-...” Estos son los hechos fundamentales a los efectos de este motivo de casación. El artículo 720 del Código Procesal Civil en su numeral 2 permite instar la revisión de la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia; que el artículo 200.2.c del Código del Rito prescribe que “En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.”; mientras que el artículo 280.1 del Código Procesal Civil dispone que “Los documentos privados harán prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudique.”; el artículo 1356 del Código Civil, preceptúa que “En las obligaciones reciprocas ninguno de los obligados está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos” y el artículo 1358 preámbulo fracción 3° y párrafo final prescribe que “No produce obligación alguna la promesa de celebrar un contrato, salvo que concurran las circunstancias siguientes: 1°-.. 2°-…3°-… Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. 4°-... Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente.” En el fallo recurrido salta a la vista que se violaron las disposiciones antes transcritas al confirmar, haciendo suya parcialmente la sentencia de primera instancia en que se declaró con lugar la demanda en consideración de que hay una Promesa de Venta, sin importarle a la juzgadora que la parte demandada no aceptó totalmente los hechos primero y segundo de la demanda y los objetó en los aspectos antes señalados. El Artículo 280.1 del Código Procesal Civil, faculta al Juez para apreciar la fuerza probatoria de los documentos privados conforme a las reglas de la sana critica pero tal facultad no constituye una luz verde para que el juez valore el documento privado a su antojo, las reglas de la sana crítica le imponen al juzgador “el deber de establecer los hechos mediante un “razonamiento lógico” en base a las pruebas rendidas y exponer en la sentencia ese proceso de razón con el cual llegó a la convicción de que tales son los hechos que establece y que ese medio de prueba es legítimo, reúne todos los requerimientos de ley para darle toda la fuerza probatoria en el asunto. En el caso que nos ocupa, la primera instancia como la segunda instancia dictan sentencia declarando con lugar la demanda de pago de daños y perjuicios hasta con condenan en costas. Resulta que el artículo 1356 del Código Civil que dejamos líneas atrás transcrito, es tajante al expresar que en las obligaciones reciprocas ninguna de las partes esta en mora dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumple por su parte, consecuentemente, el Ad-quem incurrió en los mismos errores del A-quo en la apreciación de las pruebas en su conjunto, al sobreestimar, contrario a las reglas de la sana critica el documento privado de Promesa de Venta y Compromiso de Pago que absurdamente NO constituye en mora a ninguna de las partes y por otra NO reúne los requisitos exigidos por el artículo 1358 fracción 3 del Código Civil para su formación, y se le compara con instrumentos públicos debidamente inscritos, prueba idónea y de mayor valor probatorio para acreditar la Promesa de Venta misma, yerro que es el medio a través del cual infringió leyes sustantivas que norman principios de derecho integrados a nuestro sistema de Derecho Privado en garantía y protección jurídica de los derechos materiales o sustantivos de contratación desconociendo, por consiguiente, en los fundamentos de derecho de la sentencia, que ese documento NO es válido como prueba en juicio pues el artículo 1358 en su preámbulo y párrafo final taxativamente, en lo conducente dice: “No produce obligación alguna la promesa de celebrar un contrato, salvo que concurran las circunstancias siguientes....3 Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato...Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente.”, tal cual es la situación jurídica de la Promesa de Venta es bilateral, NO hay mora entre los contratantes y lo más grave NO produce obligación alguna la Promesa de Venta porque no contiene el plazo o condición, lo cual lleva a que “Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente.”, es decir, el Tribunal de Apelación le atribuye fuerza probatoria a un documento, que si existiera legalmente, las obligaciones contenidas en el serían reciprocas y por tanto nadie estaría en mora, y, lo más grave, NO llegó a formarse siquiera porque le faltó un requisito que es típico de las Promesas de Venta: EL PLAZO O CONDICION QUE FUE LA EPOCA DE LA CELEBRAClÓN DEL CONTRATO. Resulta ilógico deducir la juzgadora que hubo Promesa de Venta entre el señor José Ernesto Chinchilla y el señor Fernando Antonio Pérez Moreno, ya que ante la imposibilidad jurídica que contienen los artículos 1356 y 1358 preámbulo, fracción 3 y párrafo final ambos del Código Civil, de darle al documento presentado por el demandante como prueba número siete, es desobediencia a la Ley, es arbitrariedad que se consumó al no aplicar las dos disposiciones del Código Civil antes citadas, a las que la Corte Sentenciadora no puede atribuirles un concepto distinto del que resulta de sus propios términos según lo prescrito en el artículo 17 del Código Civil.- Por las razones expuestas se case la sentencia por este motivo en que la juzgadora incurre en error de derecho en la apreciación de las pruebas. NULIDAD ABSOLUTA SUBSIDIARIA. Subsidiariamente se interpone NULIDAD ABSOLUTA DESDE EL AUTO DE ADMISION DE LA DEMANDA INCLUSIVE con fundamento en los hechos y consideraciones legales siguientes: 1) Las razones que abonan la nulidad absoluta desde el auto de admisión están en la misma demanda, porque a falta de pruebas, la Corte Sentenciadora echa mano del mismo escrito de demanda que se copia casi literalmente, en la que el demandante señor Fernando Antonio Pérez Moreno esgrime la Promesa de Venta y Compromiso de Pago como el instrumento fundamental de ese libelo y el resto de los hechos del mencionado escrito, que se contraen a señalar las infracciones del señor José Ernesto Chinchilla Mejía, sin más respaldo que las propias voces del demandante, pues existiendo disposiciones legales que constriñen, en este caso, a la Promesa de Venta y Compromiso de Pago y la refunden éntrelos documentos SIN EFICACIA PROBATORIA, debió el demandante, señor Pérez Moreno, haber introducido en su libelo las aclaraciones, justificaciones y correcciones indispensables al objeto que sea determinante a la condena del fallo definitivo que se dicte y, no como sucede aquí, en donde es el peor atentado cometido a los requisitos internos de la sentencia definitiva, el deber judicial de resolver las cuestiones formuladas por la parte actora, de manera que el pronunciamiento definitivo declare cosa u objeto distinto a las pruebas propuestas y admitidas es saltarse los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República darle fuerza probatoria a un contrato QUE NI SE FORMO según el artículo 1586 preámbulo y numeral 1 del Código Civil, que inobservó el Tribunal de Alzada al haber dejado de lado algo tan importantísimo relativo a la Promesa de Venta y Compromiso de Pago que NO reúne los requisitos legales para ser tenida como Promesa de Venta y por ende, es nulo absolutamente el acto o contrato cuando le falta alguna de las condiciones esenciales para su formación y, en este caso, a esa Promesa de Venta y Compromiso de Pago le falta que contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato como reza el artículo 1358 preámbulo, fracción 3 del Código Civil, lo que es suficiente para que dicha Promesa NO produzca obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes y entre éstas leemos la fracción antes transcrita, o sea, que de mero derecho ese documento adjunto a la demanda y propuesto como medio de prueba, CARECE COMPLETAMENTE de la eficacia jurídica para condenar al señor José Ernesto Chinchilla Mejía y decimos que NO se puede condenar a mi mandante porque ese documento es la clave para dar lugar a lo prevenido en la fracción 3 del Artículo 1357 del Código Civil referida al pago de daños y perjuicios, por tanto, reiteramos, la ilegalidad del fallo recurrido es NOTORIA porque se emite contra lo previsto por la Ley y esa disconformidad entre las pretensiones infundadas de la parte actora y el documento fundamental de la acción, NO es casual, es un requisito de la demanda según el artículo 426.2.4 del Código Procesal Civil que incluso autorizó a la Juez A-quo a inadmitir la demanda porque el defecto es insubsanable, pero dicha funcionaria judicial obvió lo ordenado en la Ley y esa omisión llegó hasta la sentencia definitiva que no subsana el yerro. NO es una obligación legal condenar en las sentencias definitivas de manera tal que el juzgador debe hacerlo, aunque legalmente tal condena no tenga ningún asidero jurídico, de hacerlo, como en este caso, sería que esa Operadora de Justicia TIENE más facultades que las que expresamente le confiere la Ley y no está sujeta a la Ley sino por encima de ella, por cuanto, NO obstante lo que la Ley dispone respecto a la Promesa de Venta, el señor Fernando Antonio Pérez Moreno presentó su demanda, logró que se le admitiera aunque el documento génesis de la misma no reúne los requisitos de una prueba para pedir el pago de daños y perjuicios, contra la Ley, pues contra lo que la Ley dispone ha obtenido una sentencia tan favorable que con las condenas en costas sobrepasó el monto reclamado por daños y perjuicios.... Así las cosas, la sentencia integro la demanda. como único medio de prueba para probar el incumplimiento contractual, pues en los autos NO hay otra prueba acreditando el HECHO PRIMERO y, que lástima para la justicia, servirse del escrito de demanda para declarar probado el hecho primero de la misma, o sea, de haberse celebrado la promesa de venta, en que se funda dicho pronunciamiento, puesto que, el documento contentivo de la Promesa de Venta y Compromiso de Pago, ya dijimos, NO reúne los requisitos legales para ser tenida como tal según se explica anteriormente, de manera que, NO puede un Juez, que se precia de tal, valorarlo como medio de prueba... De conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, la presunción no es más que una conjetura, una suposición, un indicio, una señal, una sospecha, una inferencia de la ley, un alarde, una jactancia, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, cuyo fallo se recurre de casación, debió citar como fundamento legal de su fallo los artículos NO aplicados en el fallo como son el 1356 y el 1358 preámbulo, fracción 3 y párrafo final del Código Civil, y en ese orden de ideas, habría revocado la de primera instancia y desestimando el Recurso de Apelación declarar sin lugar la demanda, de tal manera que no obstante haber el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba condenado al señor José Ernesto Chinchilla Mejía a pagar improcedentes y abultados daños y perjuicios, más intereses y costas del juicio, sin ninguna justificación probatoria como se deja dicho, solo se logra inferir que las señales, conjeturas o sospechas indujeron al Ad-quem para sostener la condena del iudex A-quo y, además, para hacer tan drástico aumento a la condena, pues repetimos, NO tiene ninguna base jurídica ni probatoria para emitir semejante pronunciamiento. La Corte Sentenciadora en el fallo del 7 de febrero del año 2019, porque al declarar con lugar la apelación del demandante, revocar parcialmente el fallo de primera instancia “...en el único sentido condenar a la parte demandada al pago de la cantidad de L.4.484.111.17 en concepto de lucro cesante...”. Por lo expuesto, es evidente que la nulidad absoluta procede desde el auto de admisión de la demanda según lo previene el artículo 1586 preámbulo y numeral 1 del Código Civil en cuanto se refiere a faltar alguna de las condiciones esenciales para la formación de los actos y contratos.... Y la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés según el artículo 1589 del referido Código. INVALIDACION DE LA SENTENCIA RECURRIDA.

  1. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, en su fallo del 7 de febrero del año 2019, resolvió: “FALLA: DECLARANDO CON LUGAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Rodney Alexis Ham Guzmán, en su condición de apoderado legal del señor FERNANDO ANTONIO PEREZ MORENO.- SEGUNDO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO SOTO MURILLO, en su condición de apoderado legal del señor JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA.- TERCERO: REVOCA parcialmente la sentencia definitiva dictada en fecha treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, en el único sentido de condenar a la parte demandada...” 2) Conforme al artículo 705 del Código Procesal Civil el recurso de apelación tiene por objeto: a) lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso; b) como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente; y,-c) Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba. Las Cortes de Apelaciones, ante un recurso de apelación, en virtud de lo previsto en el artículo 715 del Código Procesal Civil podrá adoptar cualquiera de las opciones siguientes: a) declarar la nulidad absoluta de actuaciones o de parte de ellas y ordenar la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó; b) anular la resolución apelada y devolver las actuaciones 1 estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el Tribunal de Apelación resolverá directamente; c) revocar la sentencia apelada y resolver directamente cuando se aprecie infracción en la fijación de los hechos declarados probados, o en su valoración, siempre que no afecte la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir; d) revocar la sentencia apelada y dictar la que estime procedente si se apreciare alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, como se puede observar en los supuestos anteriormente expuestos, no se puede colegir que el Ad-quem tenga atribuciones para declarar con lugar parcialmente y reformar la sentencia recurrida, modificando la sentencia que llega en apelación, pues este supuesto no se encuentra autorizado en la nueva legislación procesal civil. Si la Corte Sentenciadora quería pronunciarse sobre aspectos objeto del debate, solo podía hacerlo si estimaba el recurso de apelación y revocaba la sentencia recurrida a efecto de pronunciar la que estima conforme a derecho. Por otra parte, al haber declarado con lugar parcialmente y reformado la sentencia recurrida trasgrede el debido proceso por no estar autorizado en la ley la reforma de una sentencia que fue recurrida y cuyo recurso fue declarado con lugar parcialmente.- El artículo 211 del Código Procesal Civil dispone que “El incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.” Y el siguiente artículo 212.4 prevé que los actos procesales serán nulos entre otros casos “cundo se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa se haya producido indefensión.”, en ese orden de ideas, al haber resuelto el Tribunal de Apelación declarar con lugar el Recurso de Apelación parcialmente reformado, la sentencia recurrida, prescinde de normas esenciales del procedimiento relativas al alcance del recurso de apelación que no autorizan ese proceder, acarreando indefensión en tanto que resultaron comprometidas las pretensiones del señor José Ernesto Chinchilla Mejía. 3) La ley adjetiva es imperativa especialmente cuando establece el artículo 715.4 del Código Procesal Civil “Si se apreciara alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal revocará la sentencia apelada y dictará la que estime procedente.” En todo estado de derecho es preciso velar por el cumplimiento de los principios del debido proceso, de igualdad y legalidad procesal que se encuentran contemplados en los artículos 1 numeral 2) 3, 5 y 7 del Código Procesal Civil , razón por la cual y ante la inobservancia de los mismos , en aras de garantizar el derecho de las partes, que son quienes deben tener la oportunidad de recurrir con sustentos apegados a preceptos y normas existentes, razón por la cual es menester que la Corte Sentenciadora proceda a proferir un fallo acorde a nuestro derecho adjetivo.” SEPTIMO: Que el abogado RODNEY ALEXIS HAM GUZMAN plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “PRIMERO: Antes de pronunciarme sobre los alegatos de la parte recurrente, esta representación procesal considera pertinente destacar que el recurrente NO CUMPLE con la disposición contenida en el Artículo 720.1 del Código Procesal Civil y en ese sentido, el Recurso de Casación lo desarrolla instando la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas tanto por el Ad-Quo como por el Ad-Quem. Asimismo, alega la supuesta nulidad del Contrato de Promesa de Venta cuyo incumplimiento es lo que ha generado los daños y perjuicios que fueron demandados y por los cuales la parte demandada - recurrente ha sido condenada. Visto el recurso interpuesto por la parte demandada - recurrente, es imperativo señalar que según lo dispuesto en el Artículo 716 del Código Procesal Civil, el Recurso de Casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional y en este sentido, es oportuno destacar que conforme lo dispone el Articulo 720.1 Código Procesal Civil, por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias citadas en la instancia; Sin embargo, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo. (Art. 720.2 del Código Procesal Civil) Al tenor de la disposición jurídica antes relacionadas, cabe mencionar que la parte demandada – recurrente en el recurrente en el recurso de casación se dedica de casación se dedica a invocar y señalar los hechos y los medios de prueba que según ellos no fueron considerados por el Tribunal de Alzada y del Ad-Quo, es decir que en el fondo lo que pretende es su revisión, y es en este sentido la explicación de los motivos de la casación es una mezcla entre relación de los hechos y medios de prueba no valorados o mal valorados según el recurrente por el Tribunal de Alzada y del Ad-Quo con las disposiciones legal no observadas, aspectos que según reza el Código Procesal Civil no son objeto de la casación, motivo por el cual esta presentación procesal humildemente considera que al tenor del Articulo 723 del referido Código Procesal civil, el recurso de casación debe ser inadmitido por incumplir el recurrente las exigencias y requisitos establecidos por la Norma Procesal para la interpretación y formalización del recurso, entre ellas la falta de relación de las normas de derechos citadas como infringidos con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interposición y valoración de las pruebas, así como la carencia manifiesta de fundamento del recurso. SEGUNDO: El recurrente en su escrito solicita la nulidad de la sentencia basándose en la supuesta nulidad del Contrato de Promesa de Venta de un Bien Inmueble por cuyo incumplimiento se generaron daños y perjuicios a cuyo pago ha sido condenada la parte demandada – recurrente. El recurrente alega que el referido Contrato de Promesa de Venta de un Bien Inmueble, carece de validez en virtud que en el mismo no se estableció plazo para el cumplimiento de las obligaciones y que por lo tanto el mismo era nulo, lo que omite o pretende omitir el recurrente es que derivado de este supuesto invalido contrato, la parte demandada – recurrente de manera fraudulenta, en fecha 19 de junio de 2008 hizo firmar a la parte demandante – recurrida cinco (5) letras de cambio por valor de L. 300,000.00 cada una para un total de L. 1, 500,000.00, a fin de garantizar la compra del inmueble, que había sido rematado en Pública subasta en fecha 17 de junio de 2008 a favor de Banco Atlántida, es decir que la parte demandada – recurrente hizo firmar letras de cambio por la venta de un inmueble que ya había sido rematado dos (2) días antes; letras de cambio que de manera desvergonzada la parte demandada – recurrente cobro mediante demanda de ejecución de título extrajudicial en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, beneficiándose del Contrato de Promesa de Venta del inmueble que incumplió, ya que como fue probado en el juicio el inmueble lo vendió Banco Atlántida, quien lo adquirió en la subasta del remate el 17 de junio de 2008, es decir dos (2) días antes de que se firmaran las letras de cambio que cobró la parte demandada-recurrente. TERCERO: De igual manera la parte demandada-recurrente impugna la motivación de la sentencia que según él carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, en cuanto a la condena para el pago de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del Contrato de Promesa de Venta de un Bien Inmueble, expresando de manera somera (sin fundamento técnico o legal) que no corresponden los valores del Estudio Actuarial de Pérdidas y la condena al pago de los daños y perjuicios ocasionados, específicamente lo relacionado con el lucro cesante. Sobre el particular, consideramos ridículo e ingenuo el alegato de la parte demandada - recurrente, quien sin ningún tipo de conocimiento sobre la materia (Ciencias Actuariales), pretende criticar y desvirtuar un estudio de pérdidas elaborado por un especialista en la materia, como lo es el Licenciado en Ciencias Actuariales Marco Antonio Avilés Rodríguez, quien es un profesional acreditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para realizar los cálculos técnicos que permiten determinar con menor grado de subjetividad, los montos de las indemnizaciones por “Daños y Perjuicios” es decir los patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) y los no patrimoniales (daño moral). En ese sentido, es oportuno ilustrar a la parte demandada - recurrente que, para la cuantificación de los daños, los Actuarios se rigen por un Principio propio de la Teoría General de la Responsabilidad Civil que es el de ‘RESTITUTIO IN INTEGRUM”, o principio del resarcimiento íntegro del daño efectivamente causado, utilizando para ello, modelos actuariales con el apoyo de variables financieras, económicas y de ser necesarias biométricas. La metodología que utiliza la ciencia actuarial o actuaría, es la interrelación de modelos matemáticos, estadísticos, probabilísticos, financieros y económicos, que le permiten a los Actuarios, entre otras actividades, evaluar y cuantificar circunstancias o acontecimientos que afectan los bienes económicos o financieros de personas o entes públicos y privados. Particularmente en los Estudios Actuariales en materia de “Daños y Perjuicios”, los Actuarios evalúan y cuantifican la ocurrencia de tres posibles menoscabos patrimoniales y extra patrimoniales, como lo son el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Por lo anteriormente expuesto, a la honorable Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida respetuosamente PIDO: 1) Admitir el presente escrito y tener por contestado en tiempo y forma el Recurso de Casación presentado por la parte demandada - recurrente contra la sentencia emitida por el Tribunal de Alzada en fecha siete (07) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); 2) Ordenar se remita el expediente a la Corte Suprema de Justicia dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación, señalando a las partes el plazo de cinco (5) días para que se apersonen. 3) Previos a los trámites correspondientes se inadmita el referido recurso de casación por incumplir el recurrente las exigencias y requisitos establecidos en los Artículos 716 y 720.1 del Código Procesal Civil, para la interposición y formalización del recurso y en caso de ser admitido, se emita sentencia declarando no haber lugar al recurso, declarar la firmeza de la sentencia, con especial condena en costas al recurrente. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO OMAR PEÑA ORELLANA. Del análisis de admisibilidad para el primer motivo, se llega a la conclusión que el mismo no es de recibo. Dicha denegatoria se argumenta de la siguiente manera: a) El recurrente no es claro ni preciso en cuanto al agravio que supuestamente ha incurrido la sentencia recurrida a los intereses de su representada, ya que denuncia dos causales diferentes de casación, las cuales son falta de aplicación de una norma y aplicación indebida; en donde la primera es carencia absoluta de la misma en la resolución judicial, y la otra es la equivocada aplicación del alcance jurídico que el legislador le ha otorgado, por tanto ambas son excluyentes entre si y deben ser denunciadas en motivos separados. b) Sostiene la argumentación del presente motivo bajo el sustento del estudio y análisis de la valoración probatoria de los hechos, lo cual esta vedado por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. c) La argumentación del presente recurso se sustenta en alegatos de instancia, donde incluso, sostiene su argumento en la sentencia dictada en primera instancia en franca inobservancia de los artículos 717 y 721.2 del Código Procesal Civil. 2. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO OMAR PEÑA ORELLANA. No es admisible el presente motivo por las razones siguientes: a) Solicita revisión probatoria, en contravención a lo establecido en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. b) Falta de congruencia recursiva, ya que denuncia en el mismo motivos diferentes agravios que por su naturaleza deben ir por separado, lo anterior resulta cuando afirma que: “DISPOSICION INFRINGIDA: “Violación de los artículos 1358 preámbulo, ordinal 3 y párrafo final por aplicación indebida del artículo 1357 preámbulo y fracción 3 del Código Civil en relación al artículo 3 del Código Procesal Civil.” Para que en acto seguido denuncie como infracción en la sentencia: “…la apreciación probatoria está completamente alejada de las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano y de las normas que rigen el razonamiento lógico, por tanto, no se deduce de manera clara y terminante, de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, como lo establece el artículo 245.1.2 del Código Procesal Civil…”, y luego denunciar como infracción: “Fuente formal: Artículo 1358 preámbulo y numeral 3° del Código Civil. PLAZO- Alcance conceptual de “época”. Hay nulidad absoluta del acto o contrato por lesionar intereses de orden público…”, para terminar denunciando en este mismo motivo: “…todo lo contrario se juzgó violentando las garantías del debido proceso, del derecho de defensa y del principio de legalidad…”. Agravios que por su naturaleza deben ir por separado, respetando los requisitos mínimos que establece el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. 3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO OMAR PEÑA ORELLANA. No es admisible el presente motivo por las razones siguientes: a) Al igual que en el motivo anterior, el recurrente solicita revisión probatoria cuando la misma se encuentra vedada por el articulo 720.1 del Código Procesal Civil. b) Denuncia indiscriminadamente varias normas infringidas en el mismo motivo, cuando expone: “Consideramos la violación del artículo 208 del Código Procesal Civil y los artículos 1356 y 1358 preámbulo, fracción 3 y párrafo final por aplicación indebida del artículo 1357 preámbulo y fracción 3 todos del Código Civil.” Y, “…la Promesa de Venta y Compromiso de Pago NO reúne los requisitos legales y, por ende, al amparo del artículo 1586 preámbulo y numeral 1) del Código Civil es nulo absolutamente el acto o contrato…”; los cuales deben ir en motivos separados y con su propia causal recursiva, ya que, por tratarse de diferentes infracciones a criterio del recurrente, estas deben individualizarse conforme su alcance y supuesta lesión jurídica. 4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO OMAR PEÑA ORELLANA.- No es admisible el presente motivo por las razones siguientes: a) El recurrente hace uso equivocado de la causal recursiva (artículo 720.2 del Código Procesal Civil), con las normas que considera infringidas (“Violación del artículo 200.2.b en relación con los artículos 228 y 280 preámbulo y ordinal 1) todos del Código Procesal Civil por falta de aplicación de los artículos 1356 y 1358 preámbulo fracción 3° y párrafo final del Código Civil”); ya que denuncia, bajo esa misma causal de manera indiscriminada, normas heterogéneas entre sí, al determinar agravio de normas adjetivas y sustantivas, siendo las primeras atinentes al contenido formal de las sentencias y las segundas las empleadas para la solución del fondo del litigio. b) El recurrente erra al afirmar que, por si misma, la causal recursiva utilizada es propia para la revisión probatoria, y al pedir dicha revisión inobserva lo establecido en el articulo 720.1 del Código Procesal Civil como tantas veces se ha expuesto en la presente resolución. c) Existe total carencia de técnica casacional entre las alegaciones vertidas por el recurrente con la causal recursiva y normas que considera infringidas, por lo expuesto en el literal a) del presente numeral. 5. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL A LA NULIDAD ABSOLUTA SUBSIDIARIA SOLICITADA POR EL ABOGADO OMAR PEÑA ORELLANA. En nuestro derecho adjetivo es reconocida la nulidad tanto relativa como absoluta en aquellos casos que causan indefensión a una de las partes. Esta debe solicitarse bajo argumentos y causales establecidas en nuestro derecho positivo. En el caso de cuestiones procesales, se debe hacer uso de la causal establecida para ello en el artículo 719.1 obedeciendo los requisitos contemplados en los artículos 704 y 721.2, todos del Código Procesal Civil. Ante ello, la nulidad presentada como subsidiaria no es propia para el recurso de casación; y la nulidad contemplada en el derecho sustantivo, es propia su pretensión vía acción activa o pasiva y no por vía de recurso extraordinario; por tanto, se inadmite la pretendida nulidad subsidiaria solicitada por el recurrente. 6. En vista de todo lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de lo cual esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que se establecen las causales de inadmisión previstas en el artículo 723.2 a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; por unanimidad de votos profiere el presente auto irrecurrible y DECLARA: 1) La INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN en sus cuatro motivos, y la nulidad absoluta subsidiaria formalizado por el abogado OMAR PEÑA ORELLANA en representación judicial del señor JOSE ERNESTO CHINCHILLA MEJIA. 2) Declarar firme la sentencia recurrida proferida por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha siete de febrero del dos mil diecinueve, contentiva en el expediente de apelación número 0101-2018-00259, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0101-2017-00476 del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado Reynaldo Antonio Hernández. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veintitrés; Certificación del auto de fecha once de enero del año dos mil veintitrés, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 141=2019.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

SECRETARIA SALA DE LO CIVIL

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