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Sentencia CC-11-20 — Registro 18445

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar, la demanda ordinaria de reivindicación de dominio confirmado en segunda instancia. El recurrente ha señalado la afectación de la motivación fáctica de la sentencia, al no existir, según su parecer, suficiencia en la misma.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“La Sala encuentra que los argumentos esgrimidos por el impetrante (incluso en los agravios de apelación), no han encontrado una respuesta debidamente motivada, no teniendo por tanto la sentencia una manifestación de debida suficiencia. Todo lo anterior lleva a la Sala a estimar que la falta de suficiencia en el fallo del tribunal de apelación, provoca que la referida sentencia sea defectuosa en su motivación fáctica, por lo que no se ha observado lo preceptuado en el artículo 207.2 del Código Procesal Civil.11. De lo antes expuesto, esta Sala estima que el fallo recurrido no tiene la suficiencia necesaria en su motivación, razón por la cual, en base a lo preceptuado por el artículo 727.4 del Código Procesal Civil, resulta procedente el reenvió del expediente a la Corte de Apelaciones de su procedencia, para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince (15) días.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “9. En el caso de autos, llevado a cabo el juicio de confrontación del ya referido motivo y lo consignado en la Motivación Fáctica y Jurídica del fallo impugnado en esta vía casacional, la Sala deviene entonces en señalar que, si bien es cierto que el tribunal de segunda instancia al confirmar el fallo de primera instancia; ha invocado para tal confirmatoria lo dispuesto por el artículo 868 del Código Civil, atinente a la reivindicación o acción dominio, para luego hacer cita del dictamen elaborado por el perito Juan Eduardo Milla Medina, y concluir en base a ese dictamen y lo preceptuado en el artículo 238.1 del Código Procesal Civil, “…la señora Fidelia Maradiaga Sosa, no acreditó el lugar en que se encuentra ubicado el terreno de su propiedad y tampoco probó ser la dueña del inmueble que está reclamando.”; tan exiguo razonamiento por parte del tribunal de segunda instancia en su fallo, denota insuficiencia de motivación; esto se entiende en que la suficiencia de motivación de las sentencias deben constar de forma que puedan ser conocidos como tales, los fundamentos en que se basa la resolución judicial, esto es, al menos, los hechos probados de que se parte y la calificación jurídica que se les atribuye, dicho en términos más sencillos, motivar es "explicar la decisión judicial"; ello porque quien acude a los tribunales, solicitando tutela de su pretensión, no pide una resolución sin más, sino fundada en derecho, la sentencia no puede ser entonces un acto de pura liberalidad judicial, sino que debe responder a la garantía esencial que le asiste a las partes de que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados Milton Danilo Jiménez Puerto como Coordinador, Rubenia Esperanza Galeano Barralaga y Gaudy Alejandra Bustillo Martínez, en la fecha supra indicada dictan la siguiente: SENTENCIA SON PARTES: La señora Paola Herminia Maradiaga Sosa, sucesora procesal de la litigante difunta Fidelia Maradiaga Sosa, representada en juicio por el abogado Marco Tulio Barahona Valle, como recurrente; siendo recurrido el señor Roberto Salustio Chirinos Matute, representado en juicio por el abogado Mario Enrique Castro Ortiz. OBJETO DEL PROCESO: Demanda de Reivindicación de Dominio de un Bien Inmueble, promovida en fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, ante el entonces Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, por la abogada Darlyn Lizzeth Barahona Valladares, actuando en su condición de representante procesal de la señora Fidelia Maradiaga Sosa, mayor de edad, soltera, ama de casa, hondureña, contra el señor Roberto Salustio Chirinos Matute, mayor de edad, hondureño y con domicilio en el departamento de El Paraíso. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha dieciséis de junio del año dos mil dieciséis, ante el entonces Juzgado Primero de Letras de la Sección Judicial de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, compareció la señora Fidelia Maradiaga Sosa, promoviendo Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio, contra el señor Roberto Salustio Chirinos Matute; arguyendo en su libelo de demanda básicamente lo siguiente: a) Que es dueña y está en posesión de un bien inmueble inscrito bajo el numero 39 tomo 94 del Instituto de la Propiedad de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, bien inmueble ubicado en el sitio de San Marcos, departamento de El Paraíso; b) Que dicho inmueble lo adquirió por herencia de su difunto padre el señor Francisco Antonio Maradiaga Castellanos; c) Que del referido inmueble ha realizado varias ventas, entre las cuales se encuentra un lote de 15000 varas cuadradas (1.5 manzana) a la señora Rosa Maritza Reyes Cáceres, lote este que por su rumbo Este, tiene como colindante un callejón (utilizado para sacar a aguar el ganado); d) Que en la escritura de venta que otorgó a favor de la señora Reyes Cáceres, el Notario omitió consignar ese callejón por el rumbo Este como colindante y erróneamente consignó la carretera Panamericana; e) La señora Rosa Maritza Reyes Cáceres, hipoteco la referida fracción de terreno con el banco HSBC, terreno este que posteriormente perdió, al no poder honrar el préstamo contraído con el banco; f) El señor Salustio Chirinos compró el aludido bien inmueble al banco, pero dicho señor al tomar posesión del terreno que compro, también ha tomado posesión de más de la fracción de terreno que es el callejón el cual mide dos mil veintidós punto noventa y un varas cuadradas (2,022.91); y g) Al demandado se le ha llamado en reiteradas ocasiones, pero el mismo se niega a llegar a un arreglo extrajudicial, incluso se le citó al Ministerio Público para mostrarle los planos y hacerle ver que está usurpando una fracción de terreno de dos mil veintidós punto noventa y un varas cuadradas (2,022.91). SEGUNDO: Una vez citada y emplazada la parte demandada, la misma, en fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, contestó la demanda interpuesta en su contra, oponiéndose a la misma y señalando entre otros lo siguiente: a) Se presenta impugnación por defecto procesal de forma y fondo; b) Respecto del Hecho Primero de la demanda, el mismo se rechaza, ya que la propiedad se adquirió en legal y debida forma, mediante instrumento público número 343 de fecha 31 de diciembre de 2011, ante los oficios del Notario Efraín Lisandro Gonzales Muñoz, por compra al banco HSBC (ahora Davivienda); propiedad que se encuentra debidamente inscrita en el asiento 87 tomo 940 del Instituto de la Propiedad; y c) Sobre la alegada reivindicación del callejón, señala que porque hasta ahora lo vienen alegar y en derecho no se puede alegar ignorancia de la ley. También se rechazó el Hecho Segundo de la demanda. TERCERO: Concluido el periodo de evacuación de pruebas y expuestas las conclusiones de cada una de las partes en litigio, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, citó para sentencia definitiva, la cual se emitió en fecha doce de junio de dos mil diecisiete, misma que en su parte dispositiva dispone lo siguiente: (Sic) “FALLA: PRIMERO: DECLARAR: SIN LUGAR, la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio, promovida por la Abogada DARLYN LIZZETH BARAHONA VALLADARES, en su condición de representante procesal de la señora FIDELIA MARADIAGA SOSA. Contra el Señor ROBERTO SALUSTIO CHIRINOS MATUTE. Todos de generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia. - SEGUNDO: ABSUELVE. Al señor ROBERTO SALUSTIO CHIRINOS MATUTE de la pretensión deducida en su contra. TERCERO: CONDENA. En costas a la parte demandante señora Fidelia Maradiaga Sosa, por haberse visto rechazada su pretensión. Y MANDA que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme el presente fallo. NOTIFIQUESE A LAS PARTES LA PRESENTE RESOLUCION.” CUARTO: En fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el a-quo en fecha doce de junio de dos mil diecisiete. QUINTO: En fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el abogado Marco Tulio Barahona Valle, actuando en su condición de representante procesal de la señora Paola Herminia Maradiaga Sosa, sucesora procesal de la litigante difunta Fidelia Maradiaga Sosa, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. El abogado Mario Enrique Castro Ortiz, actuando en su condición de representante procesal del señor Roberto Salustio Chirinos, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte. SEXTO: En fecha ocho de junio del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil profirió auto irrecurrible mediante el cual admitió a trámite el tercer motivo por infracción procesal formalizado por el abogado Marco Tulio Barahona Valle, actuando en su condición ya indicada. En la Audiencia de Vista celebrada en fecha diecinueve de septiembre del dos mil veintitrés, los comparecientes, abogados Marco Tulio Barahona Valle y Mario Enrique Castro Ortiz, expusieron sus argumentos a favor y en contra respectivamente sobre el tercer motivo de casación admitido. MOTIVACIÓN JURÍDICA 1. El recurso de casación, al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, tiene dos fines expresos, el primero de ellos se encamina a la protección de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica), esto se hace procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin tiene que ver con la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte, el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación, la vinculación que nace en el caso de autos respecto del Tercer Motivo de casación formalizado por el censor y que fue admitido por este tribunal; en consecuencia, sólo se podrá decidir en relación a los pronunciamientos recurridos, y por cuestión de derecho mediante el principio iura novit curiae, todo ello de conformidad a los artículos 701.1, 701.2 y 726.1 del Código Procesal Civil. 3. De lo anteriormente señalado y al tenor de lo dispuesto en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, corresponde a la Sala de lo Civil confrontar el Tercer Motivo admitido, mismo que versa sobre la probable infracción de norma procesal que regula la forma y contenido de la sentencia, y la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, del departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete. 4. La Sala retoma el planteamiento del Tercer Motivo expuesto por el recurrente en el recurso impetrado, y en el cual ha dejado expuesto que el fallo proferido por el iudex ad-quem incurre en infracción del artículo 207.2 del Código Procesal Civil que establece: “La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”, en relación con el 200.1.2 letra c) del referido Código en cuanto que: “En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.” La infracción se dio a consecuencia del error producido en la misma sentencia, por la falta de racionalidad de hechos que el órgano judicial de primera instancia tuvo por acreditados, dando lugar a la afectación de la motivación fáctica de la sentencia, no existiendo suficiencia en la motivación fáctica; asimismo, la motivación que tiene el fallo recurrido, que confirmó la del juez de primera instancia, no puede incidir ante la irracionalidad de elementos fácticos, distorsionando la exigencia del artículo 207.2 del Código Procesal Civil, pues tal distorsión impide considerarlos individualmente y en conjunto, por lo que puede determinarse que no se ajustan a las reglas de la lógica y de la razón; en general, se incurrió en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulan, excluyentes lógicamente de la motivación insuficiente. En el artículo 200.1 del Código Procesal Civil, además de otros requisitos, exige que las sentencias serán siempre motivadas, pero en este caso concreto, no obstante que la Corte recurrida confirmó el fallo de primera instancia en el numeral “2” de la parte dispositiva de su sentencia: “…CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha doce de junio del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, El Paraíso”, adoptando y aceptando sin reservas la principal motivación y argumentación de dicho órgano jurisdiccional de primer grado, incurriendo en contradicción; esto es, contraponiéndose a la ley, regla o principio de la lógica de “no contradicción”, pues esta sentencia de primer grado o primera instancia en el numeral SEXTO de los ANTECEDENTES DE HECHO dice en lo pertinente: “…las copias fotostáticas cotejadas por la Secretaría del Tribunal de los asientos N° 39 del Tomo 94 de la partición extrajudicial de la misma se desprende en el inciso “c” que fue vendida a la señora Rosa Maritza Reyes y tiene como colindante del rumbo ESTE, la carretera Panamericana área en conflicto no consta en dicha escritura que exista el callejón que aduce la demandante y Tomo 461 asiento 85 que corre a folios 41 al 44 de los autos escritura de compraventa otorgada por la demandante Fidelia Maradiaga Sosa a favor de la señora ROSA MARITZA REYES CÁCERES el Jueves cinco de Abril del año dos mil uno, Medio de prueba con el que es criterio de este juzgador es toral para dilucidar el conflicto de las partes en vista que de esta venta dimana el conflicto ya que la señora Rosa Maritza Reyes Cáceres hipoteca a SEGUROS HSBC la propiedad de SIETE MIL QUINIENTAS VARAS CUADRADAS (7,500 Vrs2) más el resto del lote de terreno del codemandado ALEJANDRO REYES CÁCERES la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS VARAS CUADRADAS (7,500 Vrs2) para un total de una porción de QUINCE MIL VARAS CUADRADAS (15,000 Vrs2) quedando acreditado el límite o colindancia del rumbo ESTE, en ambos predios descritos en los incisos a y b de la escritura de adjudicación de remate ver folio 52 cuya colindancia se extiende hacia la carretera Panamericana por el rumbo ESTE, lógicamente el demandado ROBERTO SALUSTIO CHIRINOS MATUTE tiene la propiedad dominical del inmueble en litigio dicho en términos jurídicos tiene la propiedad dominio y singularidad del terreno y su existencia real y material, toda vez que propiedad nuda es igual a propietario, o pertenencia mediante tracto sucesivo debidamente inscrito en el Registro correspondiente, no es igual a usufructuario o poseer de manera ilegal ya que posesión significa estar en un puesto o sitio, no dueño o propietario…”, y por efecto de la confirmación del fallo de primera instancia, la Corte recurrida adoptó y aceptó esta disociada argumentación dentro de la motivación de la sentencia del juzgado de primera instancia, sin embargo, reconoció y afirmó que ese asiento “N° 39 del tomo 94 se refiere a la partición extrajudicial, sin embargo, éste es el correspondiente a la singularidad de la hijuela de la original demandante FIDELIA MARADIAGA SOSA, del cual el inmueble en conflicto se segregó, o sea, del lote relacionado en el literal “d)” y no en el “c)”, como se lee en la tercer nota marginal; además, refiere la sentencia de primera instancia en las últimas nueve líneas del numeral CUARTO de los ANTECEDENTES DE HECHO, la existencia real del terreno o la cosa singular que no está en posesión la demandante, y como ella fue confirmada por la sentencia de segunda instancia directamente impugnada, tal existencia real y su característica de cosa singular fueron aceptados por esa sentencia de segunda instancia; luego entonces, es contradictorio lo afirmado al final del numeral PRIMERO de los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la mencionada sentencia de segunda instancia: “…por lo que no se cumple el principio de singularidad exigido por el Código Civil…”, cuando este caso concreto en el tracto sucesivo aparece la partición extrajudicial descartando lo que la Corte recurrida argumentó antes; luego, resulta obvio y especialmente respecto al lote referido en el literal “d)” de la cláusula TERCERO, correspondiente a la hijuela de Fidelia Maradiaga Sosa, la realidad existencial del inmueble objeto de la reivindicación que, por ende, es una cosa singular; de tal manera que la Corte Tercera de Apelaciones recurrida, ha transgredido la regla, principio o ley de no Contradicción, cuando sin reservas ha confirmado la sentencia de primera instancia, de donde se desprende la existencia real del inmueble y su singularidad y luego, afirma al final del número PRIMERO de los FUNDAMENTOS DE DERECHO de su propia sentencia: “…por lo que no se cumple el principio de singularidad exigido por el Código Civil…”. Asimismo, es un argumento que transgrede el principio, regla o ley de no contradicción, que por efecto de la confirmatoria de la sentencia de primera instancia se haya aceptado que “…(refiriéndose al demandado –en la sentencia de primera instancia, séptimo renglón del folio 133 pp) “…tiene la propiedad dominical del inmueble en litigio dicho en términos jurídicos tiene la propiedad dominio y singularidad del terreno y su existencia real y material…”, y que la Corte recurrida al final del numeral TERCERO de la sentencia impugnada haya afirmado “…y en el caso de autos la señora Fidelia Maradiaga Sosa, no acreditó el lugar en que se encuentra ubicado el terreno de su propiedad y tampoco no probó ser la dueña del inmueble que está reclamando”, cuando el mismo demandado aceptó que sin lugar a dudas era el propietario solo de las QUINCE MIL VARAS CUADRADAS (15,000 Vrs2), fundamentándose en el testimonio de la escritura pública número trescientos cuarenta y tres (343) otorgada por SEGUROS HSBC HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA (HSBC SEGUROS) a favor del demandado Roberto Salustio Chirinos Matute, el 31 de diciembre de 2011, autorizada por el Notario Efraín Lisandro González Muñoz, e inscrita bajo asiento N° 136 folio 32 Tomo 99 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Danlí, Departamento de El Paraíso, sin haber cuestionado la ubicación de la franja de terreno en litigio, por lo que el lugar en que se encuentra ubicado el terreno cuyo dominio o propiedad reivindica la parte demandante, está aceptado por la misma parte demandada y su propiedad es incuestionable, lo cual resulta del mismo tracto sucesivo pues el antecedente de dominio del inmueble que compró Roberto Salustio Chirinos Matute lleva hacia atrás al de la hijuela asignada a Fidelia Maradiaga Sosa y él no puede adquirir lícitamente más de las QUINCE MIL VARAS CUADRADAS QUE LE VENDIÓ aquella sociedad, pues como acreedora hipotecaria solo le fue adjudicado tal cantidad con motivo del remate que fue objeto el inmueble hipotecado. …la sentencia confirmatoria de la primera instancia, infringe así los Arts. 200.1 y el 207.2 del CPC, puesto que no habiendo dado hechos probados en los antecedentes de hecho que se exigen en el primero de estos preceptos, resulta que tales extremos de la estructura de la sentencia son incompletos y, por ende, no existen elementos fácticos a considerarlos individual y en conjunto, siendo imposible aplicarles las reglas de la lógica y de la razón a la sentencia de segundo grado; y, precisamente, el objeto de este motivo es solicitar a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Civil, el control de esa anómala motivación fáctica de la sentencia para revisar su suficiencia, así como la racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo. En conclusión, existe insuficiencia en la motivación de la sentencia impugnada porque se hizo en los antecedentes de hecho con acefalías y desórdenes al estructurarlos, lo que incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, exigencia que también resulta de la interrelación de los Arts. 200.1 y el Art. 207.2 del Código Procesal Civil, y la irracionalidad de los hechos probados que impide que la motivación se ajuste a las reglas de la lógica y de la razón. Doctrinariamente se afirma que una sentencia que no contiene los hechos afirmados por las partes ni cuáles son los hechos declarados probados, carece de motivación fáctica; y como debiendo tener la expresión de los razonamientos fácticos que, junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la aplicación e interpretación del Derecho, la susodicha sentencia impugnada tiene insuficiencia en la motivación; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. Así queda precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.1.c) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006 (Decreto N° 211-2006), en la parte que dice: “...c) La forma y contenido de la sentencia”, en relación con el 720.2, porque dentro de ese literal “c)”, se puede solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar, en este caso concreto, su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, porque como se dejó dicho, es determinante de un sentido diferente del fallo. 5. Habiéndose dejado señalado en el acápite anterior el argumento expuesto en el Tercer Motivo admitido; este Alto Tribunal luego del examen del fallo proferido por el iudex ad-quem, constata que en la Fundamentación de Derecho, el tribunal de segunda instancia ha dejado establecido lo siguiente: (Sic) “PRIMERO: Según el Artículo 868 del Código Civil: "La reivindicación o acción de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela."; y en el caso de autos según dictamen elaborado por el Perito, Ingeniero Agrónomo Juan Eduardo Milla Medina el once de mayo del dos mil diecisiete: "...a la revisión de los antecedentes de dominio de cada parte, agregadas al expediente judicial No. 0703-705-2017 del juzgado de letras de la sección judicial de Danlí, departamento de El Paraíso. Donde observe que el señor Roberto Salustio Chirinos Matute posee escritura pública de un inmueble ubicado en el lugar de conflicto. Dicha escritura se individualiza según instrumento No. 343 extendido en la ciudad de Tegucigalpa a los 31 días del mes de diciembre del año 2011, autorizado por el notario Efraín Lisandro González Muñoz, el que manifiesta que Marcelo Cesar Pedemonte Del Castillo (Representante de HSBC), vende a Roberto Salustio Chirinos Matute el siguiente bien: dos lotes de terreno de 7500 vrs2 cada uno que equivalen a 15000 vis2, en la localidad de San Marcos Abajo, Danlí, El Paraíso, Honduras. El mismo se encuentra registrado en el IP bajo el número 87, tomo 940 en la fecha 23 de abril del año 2012. Igualmente encontré que la señora Fidelia Maradiaga Sosa ostenta un título de escritura pública No. 9 extendido en la ciudad de Danlí, El Paraíso, Honduras a los 12 días del mes de agosto del año 1985, autorizado por el notario Rosendo Contreras Zuniga, el que manifiesta que Fidelia Maradiaga hereda de su padre un lote de terreno de 3 1/2 Mz en la localidad de San Marcos Abajo, Danli, El Paraíso, Honduras. El mismo se encuentra registrado en el IP bajo No. 39 Tomo 94 en la fecha 22 de agosto de 1985. Mismo que ha sufrido varias ventas con desmembramientos y que en la actualidad no cuenta con una escritura pública que individualice el terreno que ostenta lo que dificulto que el subscrito midiera el terreno de la parte demandante por carecer esta de antecedentes de dominio legalmente individualizado, que sirviera de base para hacer la medición. Determine que midiendo el terreno del señor Roberto Salustio Chirinos Matute, podría servir de mucho al Juez actuante mi dictamen como una prueba para valorarla con las demás y así poder determinar en su sentencia lo que en derecho corresponda. Es así que procedí a medir con un GPS GARMIN DATUM WGS 84 dicha fracción de terreno en la que arrojo lo siguiente: RESULTADO Con escritura a la vista se determinó que el señor Roberto Salustio Chirinos Matute, su escritura pública le otorga el dominio y posesión de 15,000 vrs2 y actualmente el terreno medido cuenta con 16,460 vrs 2, observando que las colindancias son concordantes entre la escritura y la posesión material. CONCLUSION. Se puede determinar que el señor Roberto Salustio Chirinos Matute cuenta con un excedente de terreno de 1,460 vrs 2, es decir no hay concordancia en los límites de medida, pero si en las colindancias. RECOMENDACIÓN. Desde el punto de vista técnico al margen de error del GPS es mínimo, de manera que el excedente de terreno no se encuentra contemplado en su totalidad dentro de este, por lo que el excedente es una medida que se toma como una excelente aproximación..." por lo que no se cumple el principio de singularidad exigido por el Código Civil. SEGUNDO: …; TERCERO: El Artículo 238.1 del Código Procesal Civil: "DISTRIBUCION. 1. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención...", y en el caso de autos la señora Fidelia Maradiaga Sosa, no acreditó el lugar en que se encuentra ubicado el terreno de su propiedad y tampoco no probó ser la dueña del inmueble que está reclamando.” 6. Se debe establecer si el fallo proferido por el iudex ad-quem, vulnera o no el artículo 207.2 que señala: “La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.”, en relación con el artículo 200.1.2 letra c), ambos del Código Procesal Civil; y así revisar por parte nuestra si la motivación fáctica del fallo responde a la racionalidad de los hechos que el órgano judicial de primera instancia tuvo por acreditados y que la segunda instancia hizo suyos, y con ello estimar o no estimar si tal fallo tiene existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico. El impetrante ha señalado la afectación de la motivación fáctica de la sentencia, al no existir, según su parecer, suficiencia en la misma; asimismo apunta que tal motivación del fallo recurrido no puede incidir ante la irracionalidad de elementos fácticos, distorsionando la exigencia del artículo 207.2 del Código Procesal Civil, por lo que puede determinarse que no se ajustan a las reglas de la lógica y de la razón. 7. Señalado lo anterior, la Sala de lo Civil a modo de preámbulo, tiene a bien establecer que el artículo 304 de la Constitución de la República, al consignar el término juzgar, nos lleva a la afirmación que la sentencia supone un juicio lógico jurídico que responde a la estructura del silogismo; tal juicio se ve acentuado por el derecho a una tutela judicial efectiva (artículo 90 constitucional), esto es, la obligación procesal de motivación de las sentencias, tanto en la determinación de los hechos probados y su valoración, como en la aplicación del derecho. En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso Barbera y Otros Vrs., Venezuela, entre otras, ha afirmado que: “el deber de motivación es una de las debidas garantías”, incluidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos para salvaguardar el derecho a un debido proceso; también ha dejado señalado que: “el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de la sociedad democrática.”; así pues, todo Juez tiene inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de sus funciones y de los derechos de las partes, a la debida motivación en todas las resoluciones que dicten en cumplimiento de su función jurisdiccional; aunado a lo anterior, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial es contundente al establecer como obligación para el juzgador, la motivación de las decisiones que profiera, orientadas al buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, como la garantía de una resolución judicial justa, razón por la cual esta motivación debe expresar de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, que han sido aptas para justificar la resolución (artículos 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial). Lo anterior tiene una enorme trascendencia, ello en razón de que una sentencia no motivada puede dar lugar a la indefensión, razón para estimar que el juzgador deviene ineludiblemente en hacerlo, amén de que por el principio del sometimiento del mismo a la ley debe hacerlo tal y lo preceptuado por el artículo 303 constitucional que dice: “…por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la constitución y las leyes...”. La Sala entiende que las sentencias que no tienen motivación o la misma resulta insuficiente, devienen en ser arbitrarias, irrazonables o irrazonadas y por tanto vulneran el derecho a una tutela judicial efectiva. 8. En ese orden de ideas, le corresponde al juzgador al momento de redactar la sentencia, y una vez que ha llevado a cabo el examen crítico de los hechos, reducir estos a tipos jurídicos, para determinar entonces el derecho aplicable, en otras palabras, determinar si al hecho reducido a tipo jurídico le es aplicable la norma A o la norma B; operación esta que doctrinalmente se conoce como subsunción, y que se define como: “Operación lógica por la que se establece que un acto hecho ésta cobijado por una norma, dado que es muestra de la hipótesis de hecho a la que dicha norma somete su ámbito de aplicación.” Ahora bien, tal proceso plantea la duda de si la elección, por parte del juzgador, es totalmente libre o el mismo queda supeditado a optar por una o por otra de las normas enunciadas por las partes; situación solucionada por nuestra normativa procesal civil (artículo 701.2), ya que el juez es libre de elegir el derecho que cree aplicable, y que tiene acogida en el conocido aforismo del iura novit curia, (el derecho lo sabe el juez). 9. En el caso de autos, llevado a cabo el juicio de confrontación del ya referido motivo y lo consignado en la Motivación Fáctica y Jurídica del fallo impugnado en esta vía casacional, la Sala deviene entonces en señalar que, si bien es cierto que el tribunal de segunda instancia al confirmar el fallo de primera instancia; ha invocado para tal confirmatoria lo dispuesto por el artículo 868 del Código Civil, atinente a la reivindicación o acción dominio, para luego hacer cita del dictamen elaborado por el perito Juan Eduardo Milla Medina, y concluir en base a ese dictamen y lo preceptuado en el artículo 238.1 del Código Procesal Civil, “…la señora Fidelia Maradiaga Sosa, no acreditó el lugar en que se encuentra ubicado el terreno de su propiedad y tampoco probó ser la dueña del inmueble que está reclamando.”; tan exiguo razonamiento por parte del tribunal de segunda instancia en su fallo, denota insuficiencia de motivación; esto se entiende en que la suficiencia de motivación de las sentencias deben constar de forma que puedan ser conocidos como tales, los fundamentos en que se basa la resolución judicial, esto es, al menos, los hechos probados de que se parte y la calificación jurídica que se les atribuye, dicho en términos más sencillos, motivar es "explicar la decisión judicial"; ello porque quien acude a los tribunales, solicitando tutela de su pretensión, no pide una resolución sin más, sino fundada en derecho, la sentencia no puede ser entonces un acto de pura liberalidad judicial, sino que debe responder a la garantía esencial que le asiste a las partes de que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad. 10. La exigencia de motivación supone la de cierta inteligibilidad de la resolución, esto es que la misma debe ser comprensible, por lo que la carencia o insuficiencia de motivación torna la decisión en arbitraria, y por tanto, se vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva. En fin, la motivación ha de ser expresa, ya que la omisión de las razones por las que se adopta un determinado apartado del fallo supone la vulneración constitucional antes apuntada, esto es que sin motivación se ocasiona indefensión. En el caso de autos, tenemos que la segunda instancia basó su decisión confirmatoria de la dictada por el a-quo, en el dictamen de peritaje aludido; ahora bien, respecto del mismo, es menester señalar que, entre otros, señaló puntualmente que de la revisión de los antecedentes de dominio de cada parte y que obran en el expediente judicial número 0703-2016-304 del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, se observó que el señor Roberto Salustio Chirinos Matute (demandado), tiene el instrumento público de compra-venta N° 343 de fecha 31 de diciembre de 2011, autorizado en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., por el Notario Efraín Lisandro Gonzales Muños, por venta que le hiciera el Banco HSBC, de dos lotes de terreno con una extensión cada uno de 7500 v2, en la localidad de San Marcos Abajo, Danlí, departamento de El Paraíso, propiedad que se encuentra inscrita en el Instituto de la Propiedad. De igual manera se constató que la señora Fidelia Maradiaga Sosa, ostenta la escritura pública N° 9 de fecha 12 de agosto de 1985, extendida en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, ante los oficios del Notario Rosendo Contreras Zuniga, y por el cual se manifiesta que la referida señora heredó de su padre un lote de terreno de 3.5 manzanas de extensión ubicado en el sitio denominado San Marcos Abajo en Danlí, departamento de El Paraíso, y que tal escritura pública se encuentra inscrita en el Instituto de la Propiedad. Señaló el Dictamen que el inmueble del señor Salustio Chirinos, se ubica en el lugar de conflicto y que, una vez realizada la medida del mismo, se constató que tiene un área total de 16460 vrs2, por tanto, cuenta con un excedente en su lote de terreno de 1460 vrs2. De lo relatado por el aludido peritaje, se infiere que se trata de la misma ubicación y de la misma fracción del lote de terreno (1,460 vrs2) que la señora Fidelia Maradiaga Sosa, ha pretendido reivindicar a su favor, alegando para ello que se trata de una parcela que antiguamente constituía un corredor por donde sacaban el ganado a aguar (tomar agua), fracción de terreno que en una de sus colindancias por el rumbo Este fueron omitidas en la escritura original de compra-venta hecha a la señora Rosa Maritza Reyes Cáceres, consignándose erróneamente como colindante por ese rumbo la carretera Panamericana y no la referida fracción de terreno, y que tal error se ha arrastrado en el tracto sucesivo del referido lote. La Sala encuentra que los argumentos esgrimidos por el impetrante (incluso en los agravios de apelación), no han encontrado una respuesta debidamente motivada, no teniendo por tanto la sentencia una manifestación de debida suficiencia. Todo lo anterior lleva a la Sala a estimar que la falta de suficiencia en el fallo del tribunal de apelación, provoca que la referida sentencia sea defectuosa en su motivación fáctica, por lo que no se ha observado lo preceptuado en el artículo 207.2 del Código Procesal Civil.11. De lo antes expuesto, esta Sala estima que el fallo recurrido no tiene la suficiencia necesaria en su motivación, razón por la cual, en base a lo preceptuado por el artículo 727.4 del Código Procesal Civil, resulta procedente el reenvió del expediente a la Corte de Apelaciones de su procedencia, para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince (15) días. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial; 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193, 197, 200, 716, 717, 718, 719.2, 721, 722, 725, 726.1, 727.4, 728.1 y 729 del Código Procesal Civil; dicta SENTENCIA IRRECURRIBLE y DECLARA: I. ESTIMAR el recurso de casación en el Tercer Motivo interpuesto y formalizado por el abogado Marco Tulio Barahona Valle, actuando en su condición de representante procesal de la señora Paola Herminia Maradiaga Sosa, sucesora procesal de la litigante difunta Fidelia Maradiaga Sosa. II. CASA la sentencia recurrida de fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por falta de suficiencia de motivación. III. ORDENA EL REENVÍO a la Honorable Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, para que, en el plazo de quince días hábiles, proceda a redactar la sentencia correspondiente. Y MANDA: Que la presente sentencia sea notificada a las partes y las diligencias sean devueltas a la honorable Corte de Apelaciones de su procedencia, para que disponga el curso que debe seguir de conformidad con la ley. En esta fecha se emite la presente sentencia, en virtud de haber mediado justa causa. Redactó la Magistrada Galeano Barralaga. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO. MAGISTRADO COORDINADOR. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro; Certificación de la sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil veintitrés, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 11=2020.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

SECRETARIA SALA DE LO CIVIL