Sentencia CC-99-18 — Registro 11854
Resumen
En segunda instancia se confirma la sentencia que desestima la nulidad absoluta invocada por la parte demandada, se estima parcialmente la demanda y se otorga con lugar la acción reivindicatoria de dominio por lo cual se ordena restituir el bien inmueble.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “5.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. No son aceptables para la Sala los argumentos expuestos en el Tercer Motivo, ello porque el recurrente abogado José Manuel Topete Vásquez, incurre nuevamente en indebida técnica casacional, al momento de plantear el motivo, se establece lo anterior por las siguientes razones: a) Bajo la egida del precepto autorizante invocado, el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, referido a que: “Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.”; expone que el Tribunal de Alzada en el fallo que profirió infringe por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio; pero no menciona ninguna norma jurídica que estime se ha vulnerado por parte del Tribunal de Alzada en el fallo proferido, esto es si la segunda instancia no ha hecho aplicación, ha aplicado erróneamente o interpretado de forma incorrecta normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, tal falencia implica que el impetrante en esta vía no observa el contenido del artículo 721.2 del Código Procesal Civil, norma esta que establece los requisitos elementales que debe observar todo escrito recursivo de casación; por lo cual la infracción denunciada carece de sustento al no invocar disposición jurídica alguna cuya infracción se encuentre precisada en el motivo expuesto. 6. La defectuosa estructuración del recurso de casación sub-júdice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización…”.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: Wilfredo Méndez Romero como Coordinador, Rina Auxiliadora Alvarado Moreno y Reynaldo Antonio Hernández, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora Nolvia Albertina Sandoval Cardoza, representada en juicio por el abogado José Manuel Topete Vásquez como recurrente; siendo recurridos los señores Misael García Hernández y Yaneth Rosibel Mendoza Torres, representados en juicio por la abogada Fredesvinda Gutiérrez Ortiz. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA POR LOS TRAMITES DEL PROCESO ORDINARIO DE REINVINDICACION DE DOMINIO ACUMULADA CON RECLAMACION DE PAGO DE DAÑOS E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS”, promovida en fecha 01 de julio de 2016, ante el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés, por el señor Danulfo Omar Torres, como representante legal de los señores Misael García Hernández y Yaneth Rosibel Mendoza Torres, ambos mayores de edad, casados, hondureños y con domicilio en los Estados Unidos de América, contra la señora Nolvia Albertina Sandoval Cardoza, mayor de edad, hondureña y con domicilio en el Municipio de Choloma, departamento de Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha 22 de enero de 2018, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada en fecha 21 de agosto de 2017, por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés, mismo que falló de la siguiente manera (Sic) “FALLA: I) Desestimar la Nulidad Absoluta invocada por la parte demandada; II) No hay pronunciamiento sobre la tacha interpuesta por la parte demandada en virtud que la parte demandante desistió de los testigos propuestos. III) A. Estimar parcialmente la Demanda y se otorga Con Lugar la Acción Reivindicatoria de Dominio por lo cual se ordena a la señora NOLVIA ALBERTINA SANDOVAL CARDOZA restituir a los señores MISAEL GARCIA HERNANDEZ y YANETH ROSIBEL MENDOZA TORRES el Bien Inmueble ubicado en Residencial San Carlos III Etapa, Choloma, Departamento de Cortés, identificado el primero bajo el número nueve (9) del bloque cuarenta y seis (46) con un área superficial de CIENTO VEINTIOCHO METROS CUADRADOS (128.00 Mts.) equivalentes CIENTO OCHENTA Y TRES PUNTO CINCUENTA Y OCHO VARAS CUADRADOS (183.58 Vs.2), con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: Mide Ocho Punto cero cero Metros (8.00 Mts) colinda con Lote Numero Veinticuatro del Bloque Cuarenta Y seis; AL SUR: Mide Ocho Punto Cero Cero Metros (8.00 Mts), colinda con catorceava calle de la Lotificación; AL ESTE: Mide Dieciséis punto cero cero Metros (16.00 Mts.) colinda con Lote Número Ocho del Bloque Cuarenta y Seis; y AL OESTE: Mide Dieciséis punto cero cero Metros (16.00 Mts.) colinda con Lote Número Diez del Bloque Cuarenta y Seis; inscrito bajo el Numero de Matricula 1310371 Asiento Numero DOS (3 Y 4); del libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas hoy Instituto de la Propiedad de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. otorgándole el plazo de un mes a la parte demandada para que una vez firme que fuere esta sentencia desocupe el bien inmueble que se encuentra en su posesión y que es el objeto de este proceso; y b. Se Desestima el Reclamo de Daños y Perjuicios, por lo tanto Se Absuelve a la Demandada del Pago de la cantidad de SETENTA y DOS MIL LEMPIRAS (L.72,OOO.OO); IV) SIN COSTAS (cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad) V) MODO DE IMPUGNACION: Mediante el recurso de Apelación ante este Juzgado, el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde el siguiente día hábil de su notificación, con expresión de los agravios que la misma le cause.” SEGUNDO: El abogado José Manuel Topete Vásquez, actuando en su condición de representante procesal de la señora Nolvia Alvertina Sandoval Cardoza, en fecha 26 de febrero de 2018, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 22 de enero de 2018, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha 27 de febrero de 2018, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: La abogada Fredesvinda Gutiérrez Ortiz, actuando en su condición de representante procesal de los señores Misael García Hernández y Janeth Rosibel Mendoza Torres, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: En fecha 03 de mayo de 2018, este Tribunal resolvió tener por precluido el plazo dejado de utilizar por los abogados José Manuel Topete Vásquez y Fredesvinda Gutiérrez Ortiz para personarse en el presente Recurso de Casación. QUINTO: La parte recurrente plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de la manera siguiente: (Sic) “PRIMER MOTIVO: LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSION: Se expresan como las normas legales infringidas los artículos 59, 60 Y 64 del Código Procesal Civil (CPC) que regulan los presupuestos para ser PARTES en el Proceso Civil y la apreciación de oficio de la falta de capacidad, así como la LEGITIMACION ORDINARIA para quienes comparecen y actúan en el juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, en relación al artículo 447 para la fijación de los Términos del Debate en la Audiencia Preliminar. FUNDAMENTO JURIDICO. JUSTIFICACION DE INFRACCION: CONCEPTO: En el presente motivo de casación por LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSION, cuya autorización la establece el artículo 719.1, inciso b) del Código Procesal Civil, categóricamente estamos refiriéndonos a los puntos que paso a exponer así: 1.- En el acápite de los FUNDAMENTOS DE DERECHO en los numerales PRIMERO,SEGUNDO, TERCERO,CUARTO, QUINTO Y SEXTO, de la PARTE DISPOSITIVA de la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de San Pedro Sula, Cortés de fecha veintidós de Enero del Dos Mil Dieciocho, en que este Tribunal de Apelación rechaza el recurso de apelación y confirma la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de A Quo, se hace referencia a las circunstancia por las cuales este Tribunal de Apelación considera valedera la Reivindicación de Dominio, sin examinar eficientemente el Tribunal de Apelación, que la Demanda de mérito, no debió de ser admitida, porque carecía de un requisito esencial de validez, lo que explico a continuación: 1) A Folio 13 del expediente de mérito, se encuentra el Poder General de Administración, que fuera otorgado ante el Cónsul de Honduras en el Estado de la Florida, Estados Unidos de Norte América, mismo que fue presentado por la parte demandante en fotocopia debidamente autenticada.- La auténtica en mención, se refiere a la autenticidad del documento que se está autenticando, mismo que se relacionó anteriormente; en primero lugar, el Notario da fe de la Auténtica emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, identificada bajo le Numero 7898-16, da fe también de la Auténtica Numero 583-2016 de la Secretaria de Derechos Humanos; Justicia y Gobernación y finalmente, La Autentica Numero 318759 de la Secretaria de Relaciones exteriores.- En esta última Autentica, el Notario cometió un error al señalar la Auténtica número 318759, cuando lo correcto era 318769.- Este error cometido le quita la validez jurídica al documento, porque está incompleto y además de lo anterior, el Notario en su Autentica, no se refiere a la Inscripción del Poder ante el Registro de Poderes, que se lleva en el Instituto de la Propiedad de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, porque para que surta todos sus efectos, tiene que estar inscrito en Honduras.- La Juez A-Quo, debió de examinar a profundidad los documentos presentados con la demanda y al no tener la validez jurídica el documento de Poder conque compareció el señor DANULFO OMAR TORRES, en Representación de los señores MISAEL GARCIA· HERNANDEZ y YANETH ROSIBEL MENDOZA TORRES, no tenía la capacidad legal para comparecer en juicio.- El Tribunal A-Quo, .debió de pedir la subsanación del error y no lo hizo.- Es procedente al tenor de lo estipulado en el Articulo 1589 del Código Civil, que dice: "Articulo 1589.- La Nulidad Absoluta pueda alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando consta de autos, declararse de oficio, aunque las partes no lo aleguen y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para prescripción ordinaria".- se declare La Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir del Auto de Admisión de la Demanda, porque este error no se enmendó o subsano y es un requisito esencial para la admisión de la demanda de mérito.- 2) Considero también oportuno manifestar, que La Juez A-Quo, al momento de tener conocimiento del estudio de los documentos; presentados con la demanda, la demanda en sí y otros hechos que tuvo conocimiento, como ser: a) Que habla una venta de dos bienes inmuebles en el mes de Enero del 2003, donde la señora IRIS ESPERANZA SANDOVAL CARDOZA, se desprende de dos bienes inmuebles, con un valor de Un Millón de Lempiras, por el precio de Mil Lempiras a favor del señor MARCO TULIO CHACHON TORRES, es decir, a Quinientos Lempiras cada uno, b) Que la compraventa fue inscrita en el Instituto de La Propiedad hasta el 8 de Octubre del 2014, extremos que son completamente atípicos.- La Juez A-Quo, al tener conocimiento de tales extremos y como se lo exige el Procedimiento Civil debió previo a la Audiencia Preliminar, declarar a la señora IRIS ESPERANZA SANDOVAL CARDOZA, como Co-demandada, este acto hecho por la Juez A-Quo dejo en completa indefensión a la legitima dueña del inmueble que se pretendía reivindicar.-. A este respecto se pueden concluir 2 aspectos: a) El Tribunal Ad Quem y el Juez A Quo no cumplieron las disposiciones de la Ley- con el consecuente defecto procesal que acarrea la nulidad de actuaciones- al no hacer una debida apreciación oficiosa de la FALTA DE CAPACIDAD del señor DANULFO OMAR TORRES tal como lo ordena el artículo 60 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil (CPC), ya que este no cumplía el presupuesto procesal para ser parte en este proceso civil por NO ESTAR LEGITIMADO para la PRESENTACION DE LA DEMANDA, cuya conceptualización de legitimación se encuentra regulada en el artículo 64 numeral 1 del mismo Código Procesal Civil (CPC), al definirla como aquella en virtud de la cual una persona ostenta la TITULARIDAD DE LA RELACION JURIDICA U OBJETO LITIGIOSO. De haberse examinado oficiosamente por parte de los Órganos Jurisdiccionales la FALTA DE CAPACIDAD del demandante señor DANULFO OMAR TORRES y ante la FALTA DE LEGITIMACION DEL DEMANDANTE este proceso debió ser SOBRESEIDO y archivado, cuyo defecto ahora se plantea por medio del presente RECURSO DE CASACION, ya que se encuentra acreditado en autos del proceso y es un hecho no controvertido.- SEGUNDO MOTIVO: APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAR LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA: Se expresan como las normas legales infringidas el artículo 200. del Código Procesal Civil (CPC) que regula el contenido formal de las Sentencias, cuya disposición legal ha sido indebidamente aplicada e interpretada por el Tribunal Ad Quem al emitirse la sentencia fechada el veintidós (22) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2,018). FUNDAMENTO JURIDICO. JUSTIFICACION DE INFRACCION CONCEPTO: El presente motivo de casación por LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAR LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA, cuya autorización la establece el artículo 719 numeral 1, Inciso c), del Código Procesal Civil (CPC), categóricamente estamos refiriéndonos al punto que paso a exponer así: 1.- El Juez A-Quo y el Tribunal Ad-Quem, no valoraron la prueba propuesta por la parte demandada.- En el escrito de demanda, en el Numeral Tercero, el señor DANULFO OMAR TORRES, reconoce que el señor MARCO TULIO CHACON TORRES, reside en Los Estados Unidos de Norte América, y en fecha 28 de Septiembre del 2012, comparece el señor Marco Tulio Chacón ante el Notario Antonio Reyes e., a otorgar Poder General de Administración a favor del señor Marvin Geovany Sandoval Mancias, escritura de poder que es cuestionada, ya que en el Oficio que diera Migración, fue contundente al dejar claro que desde el año 2000 hasta la fecha, no se encontraron registros de entrada y salida del señor Marco Tulio Chacón, de Honduras.- Hubieron otros medios de prueba como ser Interrogatorio de parte y testifical, donde se acredito el objeto del debate por parte de la demandada.- TERCER MOTIVO: LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO: FUNDAMENTO JURIDICO. JUSTIFICACION DE INFRACCION CONCEPTO: El presente motivo de Casación por LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO, cuya autorización la establece el artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil, categóricamente estamos refiriéndonos a los puntos que paso a exponer así: 1.- El Juez A-Quo y el Tribunal Ad-Quem, están legitimando una demanda ordinaria de reivindicación de dominio, que se fundamenta en documentos que son de poca credibilidad, como se dejó demostrado con el Informe que rindiera Migración.- Fotocopias autenticadas de escrituras públicas, no habiendo presentado sus originales y el Poder General de Administración con que comparece el señor DANULFO OMAR TORRES, debidamente autenticado, con la salvedad que fue mal hecha la auténtica y por ende, carece de capacidad legal para comparecer en juicio, y sumados todos estos elementos, es impensable que se dicte una sentencia definitiva a favor de los demandantes, con el tipo de documentos presentada para ejercer su derecho.- 2.- Siendo que el Recurso de Casación tiene por finalidad la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, según la disposición contenida en el artículo 716 del Código Procesal Civil (CPC), recurrimos ante este máximo Órgano Jurisdiccional a través de la SALA CIVIL para que anule el fallo dictado por el Tribunal Ad-Quem, por los motivos expresados.” SEXTO: La abogada Fredesvinda Gutiérrez Ortiz, plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación, expuesto por la contraparte, de la siguiente manera: (Sic) “EXPLICACION DE LA CONTESTACION DEL PRIMER Y TERCER MOTIVO DE CASACIÓN. La Sentencia impugnada en ningún momento es violatoria de la Ley sustantiva, es más esta dictada totalmente apegada a derecho y bien fundamentada a lo que el mismo recurrente hace alusión en relación a los artículos 59, 60 y 64 del Código Procesal Civil, ya que esta representación reúne todos los requisitos esenciales para comparecer en juicio.- Primeramente el Poder de General de Administración y Representación fue otorgado al Señor DANULFO OMAR TORRES, por los señores MISAEL GARCIA HERNANDEZ Y YANETH ROSIBEL MENDOZA TORRES, bajo instrumento número CIENTO SETENTA Y OCHO (178), bajo los oficios de la cónsul de Honduras en el Estado de Atlanta, María Fernando Rivera, 2015, inscrito bajo el número QUINCE (15) DEL TOMO CIENTO SESENTA Y DOS (162) del Registro Especial de Poderes, autenticado y apostillado, y autenticado por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Mismo que nunca fue objeto de controversia del presente juicio. Es de conocimiento legal y general, honorables Magistrados que el Poder para Litigar en juicio no necesariamente tiene que estar inscrito en el registro de poderes del Instituto de la Propiedad, ya que el poder que se le da al Apoderado Legal solamente es para comparecer en juicio y no para realizar ningún trámite administrativo. Además, Honorable Corte, en ningún momento esto fue un hecho controvertido, en el juicio, pues el poder fue otorgado y legitimado con todos los requisitos esenciales que a su respecto se requiere. Tiene todas las formalidades y solemnidades que este conlleva, pues se realizó por un notario Por Ley como lo es un Cónsul de Honduras, luego se autentico y Apostillo por el Secretario de Relaciones Exteriores y posteriormente se refrendó su firma por el Secretario de Derechos Humanos Justicia y Gobernación, y luego este fue autenticada su firma en la Corte Suprema de Justicia. ESTO ES LO QUE NECESITA UN PODER PARA QUE ESTE SURTA EFECTOS EN LOS JUZGADOS Y ASI PODER LITIGAR, sin ningún problema, si bien es cierto que por un error involuntario de mi parte escribí en la auténtica 318759 y no 318769, es al momento de transcribir y no solo por eso se le quita validez a la misma, y esto mismo no fue objeto de controversia en el juicio. Para que un Poder tenga validez para litigar el poder se necesita: 1.- Que el poder sea otorgado ante órgano jurisdiccional competente (llámese este Notario, Cónsul, o Juez donde no exista Notario). 2.- Si el poder es realizado en el Extranjero como es el caso que nos ocupa, este tiene que ser autenticado y apostillado por la Secretaria de Relaciones exteriores. 3.- Que esta firma de Relaciones exteriores sea autenticada o refrendada por el Secretario de la Secretaria de Derechos Justicia y Gobernación. 4.- Por último, esta tiene que ser autenticada por la Corte Suprema de Justicia. EXPLICACION DE LA COTESTACION DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Honorables Magistrados es necesario mencionar y aclarar que si bien es cierto se realizó una escritura de dos inmuebles por el valor de Mil Lempiras (L. 1,000.00), y que dicha venta fue inscrita hasta el año DOS MIL CATORCE (2014), explicando en los hechos de la presentación de la demanda las razones por las que se tarde su inscripción, y que al mismo tiempo como medio probatorio solicite RECONOCIMIENTO JUDICIAL que se tendría que se tendría que practicar en el Instituto de la propiedad, con el objeto que se corroborara y acreditara la información presentada y el hecho planteado, mismo que fue objetado por la parte demandada, pues este dijo que era inútil e innecesario ya que se presentaba la copia debidamente autenticada de la escritura.- Lo que yo pretendía con mi medio probatorio era precisamente lo que hoy el recurrente alega, y hoy el mismo el recurrente alega por qué se realizó la inscripción tardada, entonces porque no dejo el mismo que se realizara el medio probatorio de reconocimiento judicial, cuando el mismo dijo que era inútil la práctica de dicho medio probatorio.- esto es literal de la Sentencia Así mismo se propusieron D.) RECONOCIMIENTO JUDICIAL, 1.) El que se deberá de practicar por la señora Juez acompañado por su secretario de actuaciones al instituto de la propiedad de la ciudad de SPS, Cortés para que constate los siguientes hechos en el antecedente numero 21 tomo 4319 hoy matricula numero 1310371 asiento 1 y 2 matricula 207696 asiento 2; 1310371 asiento 3 y 4, con lo que se pretende acreditar los diferentes movimientos que se hicieron para la inscripción de los títulos de propiedad que están en el presente expediente. Notando también la fecha de inscripción notas marginales y las diferentes devoluciones y movimientos que estuvieren en la escritura. 2.) Medio de prueba reconocimiento judicial, que deberá practicar la señora Juez y el secretario a las oficinas de catastro de la municipalidad de Choloma, Cortés a verificar los siguiente, clave y ficha catastral a nombre del señor Marco Tulio Chacón Torres; clave y ficha catastral a nombre de Yaneth Rosibel Mendoza Torres y Misael García Hernández y en ambos casos fecha de inscripción y número de lote y a quienes pertenecen. Es necesario mencionar Honorables Magistrados que se expusieron en los hechos de la demanda los motivos por los cuales se tardó en inscribir la escritura, puesto que a mis Representados se las entregaron sin la previa inscripción y esta fue rechazada en más de 10 ocasiones por el Instituto de la Propiedad por diferentes razones y motivos, y por eso lo importante de la presentación de mi medio probatorio y hoy el recurrente está alegando Nulidad de algo que el mismo pudo corroborar y comprobar con la evacuación del medio probatorio propuesto por mi parte e impugnada y alegado que era inútil e innecesario ya que presentaba la copia de las escrituras autenticadas. Según el Apoderado legal de la Demandado recurrente, la Juez de Primera instancia debió declarar a la Señora IRIS ESPERANZA CARDOZA SANDOVAL, como Co-demandada, creo que el recurrente quiso decir Litis consorcio, pues está ignorando que esto debió solicitarlo el sí sentía que su Representada estaba en completa indefensión, y el ningún momento del proceso solicito el recurrente LISTIS CONSORCIO, pues ninguna de las dos escrituras que se acompañaron a la presentación de la presente demanda fueron objeto de Nulidad sino más bien estas fueron aceptadas tanto por el recurrente como por la juzgadora. Al hacer el análisis de estos dos aspectos concluimos: Que tanto la Juez Ad quo y el Juez Ad quem actuaron conforme a derecho y a la ley y para que se configure una infracción de la ley tenía que haber existido, pero aquí ambos Juzgadores tienen un perfecto apreciamiento de la ley. No existe en el expediente de mérito medio de prueba alguno que desacredite lo que legalmente se probó, y más haya de ello, no se opuso ninguna objeción a los mismos; y tanto el Poder con el que actuaron mis Representados como las escrituras que avalan mi petición, son hechos legalmente meramente probados y no discutidos ni fueron objeto de controversia en el presente juicio. NORMAS PROCESALES APLICADAS. Las norma procesales aplicadas que sirvieron de medio para la sustentación de la Demanda en este caso le aplica lo relativo al derecho real, ya el artículo 613 del Código Civil, establece que tiene dominio o propiedad todo aquel que posee exclusivamente una cosa y goza o dispone de ella sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario, y la propiedad puede ser plena o nuda, siendo plena la que no tiene ningún límite en el ejercicio de los atributos del dominio y nuda aquella propiedad que está separada del goce de la cosa. DOCTRINA: para que se configure la infracción de la Ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, conforme al sólido criterio de esta Honorable Corte Suprema de Justicia, son necesarios los siguientes requisitos: 1) Debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de las pruebas; 2) Esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba considerada en sí misma, y no en relación a las normas que reglamentan la prueba de que se trate; 3) Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la Ley sustantiva; 4) El error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que a todas luces se ha demostrado, plenamente en el juicio.- Por lo que este recurso no tiene razón para haberlo presentado el recurrente.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3. De lo expuesto por el recurrente abogado José Manuel Topete Vásquez, en los Tres Motivos, la Sala los deja relacionado sucintamente, ello en virtud de que los mismos aparecen citados literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. Con referencia al Primer Motivo expone que la sentencia dictada el día 22 de enero del año 2018, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ha supuesto la infracción de las normas procesales contenidas en los artículos 59, 60 y 64 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 447 del citado Código. Estima como Precepto Autorizante el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil; normativa esta mediante la cual se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: “La forma y contenido de la sentencia.” En sustento de su razonamiento impugnatorio el recurrente señala que el Tribunal de Alzada en los ordinales numerales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Parte Dispositiva del fallo impugnado, hace referencia a las circunstancias por las cuales esa instancia considera valedera la reivindicación de dominio, sin que el mismo haya examinado, que la demanda interpuesta nunca debió de ser admitida, ello porque la misma carecía de un requisito esencial para su validez, en razón de lo siguiente: a) El Poder General de Administración otorgado ante el Cónsul de Honduras en el Estado de la Florida, Estados Unido de América (Presentado por la parte demandante en copia autenticada), Auténtica mediante la cual el Notario da fe de la auténtica emitida por la Corte Suprema de Justicia e identificada con el número 7898-16, como también da fe de la auténtica número 583-2016 de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación, y finalmente la auténtica número 318759 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando lo correcto es 318769; error este que le quita validez jurídica al documento por estar incompleto, aunado a lo anterior el Notario no hace referencia a la inscripción del Poder en el registro de Poderes del Instituto de la Propiedad en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, requisito este que es indispensable para que surta los efectos correspondientes. Que en el caso de autos el a-quo no ha revisado los documentos que se le presentaron con la demanda, y siendo que el poder con el que compareció el señor Danulfo Omar Torres en representación de los señores Misael García Hernández y Yaneth Rosibel Mendoza Torres; al no tener validez, hace que el mandatario no tenga la capacidad legal para comparecer en juicio, por lo que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1589 del Código Civil, se debe declarar la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda; b) El a-quo ha constatado con la documentación que le fue presentada con la demanda, la venta de dos bienes inmuebles (valorados en Un Millón de Lempiras) en el mes de enero de 2003, venta hecha por la señora Iris Esperanza Sandoval a favor del señor Marco Tulio Chacón Torres, por el precio de Quinientos Lempiras cada terreno; compra-venta que fue inscrita en el Instituto de la Propiedad hasta el 08 de junio de 2014, extremos estos que son atípicos. Situación que al conocerse por la jueza de primera instancia, debió entonces ceñirse al Código Procesal Civil, para lo cual previo a la celebración de la audiencia inicial, debió de haber llamado a declarar a la señora Iris Esperanza Sandoval Cardoza, como codemandada, al no hacerse así, dejo en completa indefensión a la legitima dueña del inmueble que se pretendía reivindicar; y c) Que de lo anterior se concluye que tanto el a-quo como el ad-quem no han cumplido con la ley, todo lo cual acarrea la nulidad de actuaciones. 3.1. Respuesta de la Sala Civil. Llevado a cabo el estudio de admisibilidad del Primer Motivo, el mismo no reúne los requisitos indispensables para su admisión, ello porque en los términos en que se formula el mismo, denota una serie de falencias que evidencian una indebida técnica casacional, mismas que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta a la necesaria separación y claridad con la que se debe dejar expuesto el motivo, ello porque el recurrente estima en forma conjunta y sin hacer la separación debida que se han infringido los artículos 59, 60 y 64 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 447 del citado Código; respecto de lo cual es menester señalar que el recurrente devenía en la obligación de exponer en motivos separados la vulneración de cada una de las normas que cita, debiendo también precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; y, b) El impetrante hace cita indiscriminada de preceptos que estima vulnerados, así tenemos que aduce la transgresión de los artículos 59, 60 y 64 del Código Procesal Civil; tal cita de manera conjunta de varios preceptos legales, se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente queda establecido en que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[1] En este motivo, se hace cita de varias normas jurídicas de carácter adjetivo mismas que difieren en rango y protección recursiva, razón por la cual era deber del recurrente de haberlas planteado de forma separada, cada una de ellas en motivos distintos y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa..”; en el presente motivo la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones[2]. 4. Plantea el recurrente el Segundo Motivo de Casación, arguyendo que la sentencia impugnada en esta vía casacional supone la vulneración por indebida aplicación e interpretación del artículo 200 del Código Procesal Civil. Invoca como causal o precepto autorizante del motivo el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, que posibilita el poder impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: “La forma y contenido de la sentencia.” En explicación del motivo señala que tanto el a-quo como el tribunal de alzada no valoraron la prueba propuesta por la parte demandada, dice que la parte demandante reconoce en el escrito de demanda, y más concretamente en el numeral tercero de la misma, que el señor Marco Tulio Chacón Torres, reside en los Estados Unidos de América, y que en fecha 28 de septiembre de 2012, el referido señor compareció ante el Notario Antonio C. Reyes a otorgar Poder General de Administración a favor del señor Marvin Geovany Sandoval Mancias, escritura de poder que se cuestiona, ya que el Oficio de la Oficina de Migración es contundente al señalar que desde el año 2000, no se ha encontrado registros de entrada y salida de Honduras, del señor Marco Tulio Chacón Torres. 4.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. No resultan de aceptación las razones expuestas en el Segundo Motivo, tal rechazo resulta de la indebida técnica recursiva empleada por el impetrante en esta vía, así tenemos lo siguiente: a) Falta a la debida separación y claridad del motivo, ello porque estima la vulneración del artículo 200 del Código Procesal Civil en su totalidad, al respecto es menester recordar que el señalado artículo procesal está referido al contenido formal de las sentencias (requisitos externos), cuyo contenido está divido en numerales y literales; en ese sentido el recurrente no ha sido especifico en señalar a este tribunal, cuál de los numerales, o en su caso cuál de los literales del numeral dos, que conforman el referido artículo ha sido vulnerado en el fallo dictado por la Corte de Apelaciones, tal carencia de especificación no puede ser suplida por la Sala, por tanto no se puede presumir o colegir el numeral en el que se produce la probable vulneración; b) Por otro lado el impetrante nuevamente falta a la suficiente separación y claridad con la que debe plantear el motivo, amén de que vuelve confuso el mismo, cuando dice que el artículo 200 del Código Procesal Civil ha sido indebidamente aplicado e interpretado en la sentencia del tribunal de alzada, al respecto es menester recordar que en un mismo motivo no se podrá argüir por una parte la indebida aplicación y a su vez también la mala interpretación de una misma norma, esto porque tanto la aplicación indebida, como la interpretación errónea son supuestos diferentes, el primero de ellos “Es aplicar en la resolución del negocio normas jurídicas ajenas a la cuestión debatida.”[3]; por su parte la mala interpretación o interpretación errónea “Consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que tiene.”[4]. De tal manera que el censor deberá precisar cuál de ellos viene impugnando en casación; aunado a ello la técnica recursiva exige que quien alegue la aplicación indebida de una norma, deberá señalar también cuál es la que el juzgador debió de haber aplicado; dicho lo anterior se aprecia también que el recurrente no ha precisado y justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; y, c) Observa la Sala que el argumento toral de este motivo, versa sobre la probable falta de valoración de medios de prueba por parte de la primera y segunda instancia, con lo cual el recurrente olvida la exclusión de la revisión probatoria en casación, tal y lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, que señala: “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”. A esta regla general opone lo establecido en el artículo 720.2 del mismo código, al establecer que el casacionista puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico. Aunado a lo anterior, a la Sala le está vedado el conocimiento del fallo proferido por la primera instancia, al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala: “Solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de apelaciones…”. 5. En el Tercer Motivo el recurrente invoca como causal o precepto autorizante del motivo el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que señala: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” En explicación del motivo, señala que tanto el a-quo como el ad-quem, están legitimando una demanda ordinaria de reivindicación de dominio, fundamentada en documentos que son de poca credibilidad, como lo son: a) Fotocopias autenticadas de escrituras públicas (no se presentaron los originales), y b) Que el Poder General de Administración con que comparece el señor Danulfo Omar Torres, está mal autenticado, por lo cual el referido señor carece de capacidad legal para comparecer en juicio. Dice que con tales antecedentes es impensable que se pueda dictar una sentencia favorable a los demandantes y que conforme con lo dispuesto por el artículo 716 del Código Procesal Civil, se recurre en casación, a fin de que la Sala de lo Civil anule el fallo dictado por el tribunal de Segunda instancia. 5.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. No son aceptables para la Sala los argumentos expuestos en el Tercer Motivo, ello porque el recurrente abogado José Manuel Topete Vásquez, incurre nuevamente en indebida técnica casacional, al momento de plantear el motivo, se establece lo anterior por las siguientes razones: a) Bajo la egida del precepto autorizante invocado, el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, referido a que: “Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.”; expone que el Tribunal de Alzada en el fallo que profirió infringe por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio; pero no menciona ninguna norma jurídica que estime se ha vulnerado por parte del Tribunal de Alzada en el fallo proferido, esto es si la segunda instancia no ha hecho aplicación, ha aplicado erróneamente o interpretado de forma incorrecta normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, tal falencia implica que el impetrante en esta vía no observa el contenido del artículo 721.2 del Código Procesal Civil, norma esta que establece los requisitos elementales que debe observar todo escrito recursivo de casación; por lo cual la infracción denunciada carece de sustento al no invocar disposición jurídica alguna cuya infracción se encuentre precisada en el motivo expuesto. 6. La defectuosa estructuración del recurso de casación sub-júdice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización…”. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 170, 171, 174, 190, 191, 193, 197, 199, 716, 717, 718, 719.2, 721.2, 722, 723, 724 y 725, del Código Procesal Civil; 1, 74 y 80 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I. LA INADMISIÓN del recurso de casación en sus tres motivos planteado por el abogado José Manuel Topete Vásquez, en su condición de apoderado de la señora Nolvia Albertina Sandoval Cardoza, contra la sentencia dictada el veintidós de enero del año dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés. II. FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el día 22 de enero del 2018, en el expediente número 206-17, originada en los autos que conforman la primera pieza, que se registra bajo el número 206-17 C.V. del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés. III. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha catorce de enero del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 99=2018.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1]1 Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thompson Reuters ARAZANDI. Pag. 64 y ss.
[2] Resoluciones 192-2012 de fecha 13-2013 de fecha 3 de junio del año 2014; 215-2014 de fecha 25 de agosto 2015.
[3] Pineda Rodríguez, Jaime. Monografía del Recurso de Casación. Central Impresora. Pag. 15
[4] Ibídem.