Sentencia CC-97-18 — Registro 14201
Resumen
En primera instancia se declaró sin lugar la demanda promovida por la vía del proceso ordinario para que se decrete la nulidad del instrumento público. Confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “3. Respuesta de la Sala Civil al primer motivo de casación. Esta Sala, al analizar el primer motivo de casación, estima que éste no se acoge, debido a que no cumple con la técnica casacional que demanda el Código Procesal Civil, es decir: a. El precepto autorizante citado se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, no obstante, la norma que se indica como infringida (artículo 206 del Código Procesal Civil) ostenta el carácter procesal contrario a lo exigido por la causal enunciada que se refiere a todas aquellas normas sustantivas o que resuelven el fondo del litigio. b. Señala que la Corte sentenciadora incurrió en error de derecho, la que como una causal no se encuentra autorizada en la actual normativa procesal, pues esa causal era propia del ordenamiento procesal derogado cuando en el artículo 903 del Código de Procedimientos de 1906 se disponía: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal: 1o.- …2o.- …3o.- …4o.-… 5o.- …6o.- …7o.- Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho, o error de hecho, si este último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador.” c. Finalmente, como consecuencia de las falencias antes enunciadas el precitado motivo carece de incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Todos y cada uno de los defectos enunciados como consecuencia llevan a la inadmisión del primer motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “5. Respuesta de la Sala Civil al segundo motivo de casación. Esta Sala, al analizar el segundo motivo de casación, estima que éste no es de recibo, debido a que no cumple con la debida técnica que demanda el Código Procesal Civil, pues: a. A modo de ilustración, cuando se menciona en un recurso de casación el precepto autorizante, este se refiere a las causales del recurso que deben tener sintonía y afinidad con la norma infringida para determinar el quebranto de la ley en la parte dispositiva de la sentencia, con el objeto de determinar si la ley ha sido recta y debidamente aplicada o no. Es por ello que se describen a las causales autorizadas conforme el artículo 719 del Código Procesal Civil, es decir se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales en sus tres formas o modos, y, la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Situación que no ocurre en este segundo motivo de casación, pues señala el Censor como causal del recurso el artículo 207 del Código Procesal Civil, junto con el error de derecho que al igual que se apuntó en el primer motivo casacional, se autorizaba en el Código de Procedimientos de 1906 y no en la actual normativa del Código Procesal Civil. b. La disposición señalada como infringida es de carácter general y no hay causal que ampare dicha disposición en este motivo de casación, además que debió ser relacionada a una norma con carácter específico a efecto de ser considerada por esta Sala. c. Insta la revisión probatoria, lo que no se encuentra autorizado conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. Es por las razones brindadas, que se concluye que el Impetrante incurre en la causal de inadmisión dispuesta en el artículo 723 numeral 2) inciso a) del Código Procesal Civil, razón por la cual es procedente desestimar el motivo de casación enunciado.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2) inciso a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero del dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designada ponente la segunda para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA, representada en juicio por el abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES como recurrente; siendo recurridos los señores JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL, ANA ALICIA AGUILAR HERNANDEZ, JOSE JAVIER GARCIA, MERARY ERNESTO RUIZ, DOLORES GRACIELA VAZQUES MANCIA, representados en juicio por el abogado ELVIS EDGARDO FUENTES MEJIA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO DE NULIDAD DE ESCRITURAS PUBLICAS”, promovida en fecha veintiocho de enero de dos mil quince, ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, departamento de Cortés, por el abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, actuando en su condición de representante procesal de la señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA, mayor de edad, casada, ejecutiva de negocios, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra los señores DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA, soltera, JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL, soltero, ambos Peritos Mercantiles y Contadores Públicos y con domicilio en el Municipio de Omoa, Cortés, ANA ALICIA AGUILAR HERNANDEZ, MERARY ERNESTO RUIZ LOPEZ, JOSE JAVIER GARCIA, ANGEL GUILLERMO MEDINA TROCHEZ, Abogado y Notario y FELIPE RODOLFO VAQUEDANO REYES, Abogado y Notario, todos mayores de edad, hondureños, los dos últimos de domicilio de Puerto Cortés, departamento de Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en fecha siete de agosto de dos mil diecisiete, quien dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la Demanda promovida por la Vía del Proceso Ordinario para que se decrete la Nulidad del Instrumento Publico número setenta y ocho matricula 1407843 y de los instrumentos 580 matricula 1490365 y el numero 1131 matricula 1542106, y once matricula 1545012 promovida por el Abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, en su condición de Apoderado Legal la señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA en contra de los señores DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA, JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL, ANA ALICIA AGUILAR HERNANDEZ, MARARY ERNESTO RUIZ LOPEZ, JOSE JAVIER GARCIA, ANGEL GUILLERMO MEDINA TROCHEZ Y FELIPE RODOLFO VAQUEDANO REYES. SEGUNDO: SE CONDENA a la señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA al pago de las costas del presente Juicio. TERCERO: Una vez firme esta sentencia se proceda la cancelación de la medida de prohibición de celebrar actos y contratos recaído sobre el bien inmueble número setenta y ocho matricula 1407843 y de los instrumentos 580 matricula 1490365; y el numero 1131 matricula 1542106, y once matricula 1545012. Y MANDA: 1. Se notifique esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma procede interponer el Recurso de Apelación, en el plazo de diez (10) días a partir del acto de comunicación respecto, ante este Juzgado de conformidad con los Artículos 690,706,707 y 709 del Código Procesal Civil. 2. Si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme el presente fallo. 3. Se dicta sentencia hasta esta fecha, por lo extenso del contenido del proceso, así como por incapacidad por enfermedad de la Suscrita Juez, así como de incapacidad pre y pos operatorio. ASI LO FALLA, FIRMA Y SELLA LA JUEZ ANTE LA SECRETARIA POR DEL DESPACHO QUE DA FE. - Se dicta en esta fecha en virtud, de la excesiva carga procesal existente en este Juzgado.”SEGUNDO: El abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, actuando en su condición de representante procesal de la señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA, en fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El abogado ELVIS EDGARDO FUENTES MEJIA, actuando en su condición de representante procesal de los señores JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL, ANA ALICIA AGUILAR HERNÀNDEZ, JOSE JAVIER GARCIA, MERARY ERNESTO RUIZ y DOLORES GRACIELA VAZQUES MANCIA, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, el abogado ELVIS EDGARDO FUENTES, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, tenerlo por personado de manera extemporánea y por precluído el plazo concedido al abogado VIRGILIO PERDOMO VALLADARES para personarse. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO PRECEPTO AUTORIZANTE.... Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil en lo concerniente a que el fallo, contiene declaraciones que infringen la ley o doctrina legal, por aplicar e interpretar de forma incorrecta las normas de derecho aplicables al caso concreto controvertido, por lo que impide que se solucione el fondo del litigio, de forma justa y equitativa. DISPOSICIONES INFRINGIDAS..... Artículo 206 del Código Procesal Civil, que regula que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. CONCEPTO DE LA INFRACCION Transcripción de los Preceptos Legales. ARTÍCULO 206 (Código Procesal Civil). CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO Mi representada demandó a los Señores(as) DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA, JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL, ANA ALICIA AGUILAR HERNANDEZ, MERARI ERNESTO RUIZ LOPEZ, JOSE JAVIER GARCIA, ANGEL GUILLERMO MEDINA TROCHEZ Y FELIPE RODOLFO VAQUEDANO REYES para que por la vía ordinaria de nulidad absoluta de actuaciones, se obtuviera de parte del Tribunal de Justicia Competente, pronunciamiento favorable a mi representada, DECLARANDO NULAS DE PLENO DERECHO, las escrituras públicas y asientos registrales inscritos a favor de los demandados por no tener legitimación legal, y estar impedidos para celebrar dichos actos, ya que legalmente se demostró y probo exhaustivamente que los demandados MINTIERON, FALSEARON Y TERGIVERSARON hechos con la intención aviesa y premeditada de adueñarse de un bien inmueble PROPIEDAD DE LA DEMANDANTE, careciendo de derechos legales para actuar con ánimo de dueños de la propiedad en litigio; que han puesto en precario la sólida imagen y prestigio de mi representada, así como su derecho legítimo y legal a la tierra que compro en 1988 del Señor JOSE DOMINGO VASQUEZ –padre de la demandada DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA-; Pronunciamiento sobre el Cual la Corte Sentenciadora confirma la sentencia de la Juez A-Quo: 1) DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes, en fecha siete de agosto del año dos mil diecisiete; 2) Confirmar la Sentencia Definitiva apelada. 3) CON COSTAS Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Por todo lo expuesto, la Corte Sentenciadora incurrió en una violación de la ley aplicable al caso, al haber declarado SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por mi persona (Abogado Virgilio Enrique Perdomo Valladares), en mi condición de Apoderado Legal de la demandante MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA contra la sentencia definitiva de fecha siete (7) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de Letra de la Sección Judicial de la Ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortes en la Demanda de mérito promovida por mi persona -Abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES-, en mi condición de Apoderado Legal de la Señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA. Considerando que la sentencia es la respuesta a una pretensión demandada, debe ser, obviamente estimatoria o desestimatoria, de esa pretensión ejercida y aclarar el derecho controvertido. En materia civil puede ser declarativa o condenatoria, por eso y en mira de una justicia con la cara dirigida al pueblo (bien supremo de toda república), es menester que el juzgador tenga el cuidado de analizar toda la controversia sometida a debate a efecto que su parte resolutiva sea acorde al litigio (principio de correlación de la sentencia con la demanda). Cualquier sentencia que no sea precisa o clara puede conseguir el efecto contrario de su naturaleza, causando confusión e incertidumbre lo que por si traería inseguridad jurídica. Su inobservancia puede ser, en segunda instancia, anulada. Por consiguiente, es visto que la Corte sentenciadora incurrió en un error de derecho al no hacer la declaración de las pretensiones de mi representada REVOCANDO LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, DECLARANDO LA NULIDAD ABSOLUTA DE LAS ACTUACIONES DE LOS DEMANDADOS POR CUMPLIRSE LOS REQUISITOS O ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA NULIDAD ABSOLUTA SOLICITADA, con lo que se ha violentado el artículo 206 del Código de Procesal Civil, por consiguiente, el error ha trascendido en el fallo. SEGUNDO MOTIVO PRECEPTO AUTORIZANTE.... Artículo 207 (motivación) del Código de Procesal Civil en lo concerniente al error de derecho. DISPOSICIONES INFRINGIDAS.... Artículo 1586 del Código Civil de Honduras, que regula que hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 1. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. 3. Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces, es decir, este artículo, define los elementos que los jueces deben de revisar y verificar para determinar si a ciencia cierta, se encuentran ante una nulidad absoluta de actuaciones, en el caso planteado para su decisión. CONCEPTO DE LA INFRACCION Transcripción de los Preceptos Legales. “Artículo 1586. Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 1. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. 3. Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces”. DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO De las pruebas propuestas y evacuadas por la parte demandada, y que son las siguientes: La parte demandante propuso y evacuó los medios de prueba denominados de la siguiente manera: 1) MEDIO DE PRUEBA NÚMERO UNO (1), INTERROGATORIO DE PARTES, CONSISTENTE EN: a) Interrogar a la Señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA, sobre los hechos controvertidos; 2) MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOS (2) DOCUMENTAL PUBLICOS, CONSISTENTE EN: a) Copia cotejada por la secretaria del despacho, de la escritura pública de la Señora DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA, por la cantidad de 97.01 manzanas de tierra, con este medio de prueba se pretendió demostrar al tribunal que la señora DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA, era legitima propietaria, y como tal, podía en cualquier momento donar o vender; b) Copia de escritura, debidamente cotejada por la Secretaria del Juzgado, en donde la Señora DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA, desmembró de su escritura global un lote de terreno a favor del Señor JOSE LORENZO RAMIREZ, y este último a favor de ANA ALICIA AGUILAR HERNANDEZ Y JOSE JAVIER GARCIA, “quienes son compradores de buena fe” (copiado textualmente, tal y como lo declara el Abogado de los demandados en el documento, en donde consta la CONTINUACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, de fecha veintisiete (27) de octubre del años dos mil dieciséis (2016), en el Juzgado Seccional de Puerto Cortes), asimismo, en el documental público, se presentó un certificado de informe catastral, mismo que fue otorgado por el INSTITUTO AGRARIO (I.N.A.), el 3 de marzo del año 2016, con este medio de prueba, la parte demandada pretendió probar al Tribunal de Primera Instancia, que se realizó un trabajo técnico, dilatando y ubicando el terreno del SEÑOR JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL y el de la demandante, para demostrar que no coincidían las medidas y colindancias de sus terrenos (dando a entender que se estaba hablando de dos terrenos distintos, LO CUAL ES FALSO); c) Sin embargo en la redacción del documento en donde consta la continuación de la audiencia preliminar, ya referida, aparece con el literal d) Copia Autenticada de la Escritura Pública, a favor de los señores JOSE MARIA DERAS VILLEDA, MANUEL DE JESUS RAMIREZ ARIAS, y de este último, a favor de su hija HILDA BEATRIZ RAMIREZ VILLALOBOS, con la que pretendió demostrar, que los terrenos de los señores JOSE MARIA DERAS VILLEDA, MANUEL DE JESUS RAMIREZ ARIAS, y de este último, a favor de su hija HILDA BEATRIZ RAMIREZ VILLALOBOS, estaban comprendidos dentro de la escritura del Señor JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL, y que si el juzgado anulaba la escritura del Señor JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL, estaría anulando las de los señores JOSE MARIA DERAS VILLEDA, MANUEL DE JESUS RAMIREZ ARIAS, y de este último, a favor de su hija HILDA BEATRIZ RAMIREZ VILLALOBOS, sirviendo –según el apoderado de los demandados-, de prueba contundente para demostrar, que el terreno de mi representada -la Señora PEREZ MUNGUIA-, no está ubicado en ese sector, arguyendo adicionalmente, que la rectificación abarca otros terrenos con su legítimo propietario, es decir, -dando a entender- que la rectificación inscrita a favor de la SEÑORA MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA, abarca los terrenos de otros propietarios (como que si mi representada, está invadiendo linderos). 3) MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES (3) TESTIFICAL, CONSISTENTE EN: Presentar al tribunal, al Señor SANTOS ROBERTO PEÑA ENAMORADO, cuya identidad es el número 0501-1973-05963, para que respondiera como mero conocedor de la situación legal de la tierra en litigio; 4) MEDIO PROBATORIO NUMERO CUATRO (4) TESTIGO PERICIAL, CONSISTENTE EN: demostrar al tribunal, que el inmueble objeto de litigio, se encuentra fuera del área -propiedad de la Señora PEREZ MUNGUIA-, para lo cual presento ante el mismo, una declaración científica y técnica del Señor OSWALDO SANCHEZ, con la finalidad de emplear, dicho informe técnico de fecha 3 de marzo del año 2016, para que fuera interrogado por el tribunal. De las pruebas propuestas y evacuadas por la parte demandada, las que interesan para este motivo de Casación, son: 1) MEDIO PROBATORIO NUMERO DOS, DOCUMENTAL PUBLICA: a) Mediante la cual se pretendió establecer el hecho de que la señora DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA era legitima propietaria del terreno propiedad de mi representada, por herencia AB-INTESTATO. El documento en donde los demandados pretende ampararse, es en la tradición del dominio del remanente de 100 manzanas, el cual, la señora DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA ADQUIRIÓ POR HERENCIA, es decir recibió una escritura en bruto, que incluye el trazado de calles y el resto de terreno que le perteneció a su padre en vida, sin el desmembramiento correspondiente, que obra y consta en las notas marginales a la escritura matriz, con su inscripción correspondiente en libro de registro de la propiedad inmueble y mercantil de Puerto Cortes, (POR LO QUE NUNCA PROBO EN JUICIO QUE EL INMUEBLE DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA UBICADO EN OTRO LUGAR QUE NO SEA DONDE ESTA). Por lo que, los demandados procedieron a urdir la treta con la que pretenden adueñarse de lo que no es suyo, y simular DONACIONES para desmembrar el lote de terreno en litigio y ubicarlo sobre el que su padre, en vida vendió a MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA; lo anterior es sumamente grave, ya que una Autoridad Judicial está dando por legal, actividades ilícitas perpetradas por los demandados, personas cuya credibilidad de se ha demostrado ampliamente en el juicio seguido, que son MENTIROSAS; La Juez A-Quo, contrario a sus valoraciones y argumentos esbozados en la sentencia de primera instancia, demuestran que prácticamente no se preocupó por: • identificar en que consiste el remanente de la señora DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA; • ¿a dónde queda esa tierra?; • ¿si la señora VASQUEZ MANCIA entrego lo correspondiente a calles, avenidas y área verde, en su escritura a la Alcaldía de Omoa?; • ¿si podía desmembrar un lote sobre otro que ya su padre había vendido 30 años antes?. Acciones graves que ponen en precario el derecho de mi representada a defender su patrimonio, por lo que el fallo de la Juez A-Quo se traduce en una gran irresponsabilidad y un abuso; No obstante lo anterior, lo INAUDITO del caso es que la Corte de Apelaciones de lo Civil, en lugar de revocar la sentencia de primera instancia, LA CONFIRMA, probando nuevamente que los argumentos y medios de prueba allegados al proceso, aportados por la demandante, no fueron debidamente analizados, valorados, razonados ni considerados para dictar los fallos desfavorables. b)En la aportación de este documento como medio de prueba, el Apoderado Legal de la parte demandada, manifestó lo siguiente: “quienes son compradores de buena fe” (copiado textualmente, tal y como lo declara el Apoderado Legal de los demandados en el documento, en donde consta la CONTINUACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, de fecha veintisiete (27) de octubre del años dos mil dieciséis (2016), en el Juzgado Seccional de Puerto Cortes); la afirmación antes referida debió haber sido considerada por la JUEZ A-QUO, de acuerdo a la reglas de la sana crítica y la valoración lógica, de que NUEVAMENTE SE DEMOSTRO Y QUEDO POR ESCRITO QUE LOS DEMANDADOS HAN MENTIDO CONSTANTEMENTE, ya que es imposible que el propio Apoderado Legal de los Demandados, CONFUNDA COMPRAVENTAS CON DONACIONES; Causa Agravio el hecho de que en la declaración mi cliente acepta que su terreno colinda con el mar, cuando antes de que iniciara el pleito por la posesión de la tierra que ahora tiene la señora Martha Sikaffy, VER FOLIO NUMERO 54 donde está la nota marginal que prueba lo que estoy diciendo, el terreno colindaba con el mar y con la señora Teresa Jensen de Aguilar, con quien todavía colinda; El terreno propiedad de la DEMANDANTE, ya rectificado, colinda con la señora Martha Sikaffy, y ya no con el mar, quien la reconoce en su escritura (MARTHA SIKAFFY) como colindante por su lado oeste (desde el año 1992, ver folios del 51 al 54), todos estos valiosos, datos no fueron apreciados o valorados, por la honorable Juez A Quo y el Tribunal A-Quem, quienes se enfocaron únicamente, a considerar “las pruebas ilícitas, y argumentos espurios sobre las mismas, a favor de los demandados”, sin tomar en cuenta –como consta en autos, del juicio en cuestión-, que el señor JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL, en su escrito de contestación de la demanda, no propone ni relaciona los medios de prueba, que utilizara, admitiendo la presentación extemporánea de los mismos, evacuándolos y considerándolos, favoreciéndolo procesalmente, al afirmar “que contesto en tiempo y forma la demanda”. c) Es importante RESALTAR que, entre los argumentos en que fundamenta su sentencia la señora Juez A Quo, dice: “…que la escritura de mi representada (COMPRA VENTA REALIZADA EN EL AÑO DE 1988, FOLIOS DEL 19 AL 25), no concuerda con los datos de la que vendió el señor JOSE DOMINGO VASQUEZ a mi representada…”, la cual si tiene un error, pero no es el que la Juez A-Quo, indica en su sentencia, ya que el inmueble si tiene más de 5 manzanas, EN ESO NO HAY ERROR… ya que esa es la cantidad de tierra que mi representada, le compro al señor JOSE DOMINGO VASQUEZ (que incluye la tierra que la Alcaldía de Omoa le despojo, y se la dio al señor OSCAR DAGOBERTO VEGA en Dominio Pleno, quien luego se la vendió a la señora MARTHA SIKAFFY (ver folios del 51 al 54), al final el predio de mi representada quedo únicamente en 3.4 manzanas de tierra, por esa razón se rectificaron las medidas; la rectificación de medidas antes aludidas, se realizó 3 meses antes de los demandados se inventaran el desmembramiento, y celebraran las donaciones a favor de ellos(as). Es por lo anterior, que considero que los medios probatorios presentados por mi representada, no se tomaron en cuenta, de haber sido así: 1) Se hubiera considerado, la Certificación Integra del Asiento correspondiente al Lote de Terreno adquirido en fecha diez de abril del año mil novecientos noventa y dos, por la vecina de mi representada, señora MARTHA GUADALUPE SIKAFFY DE SIKAFFY, que corre a folios de 51 al 54 en el expediente de mérito, en donde se menciona como colindante por el lado Este, a LA DEMANDANTE MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA. 2) Se hubiera considerado que, La señora “MARTHA DE MOLANPHY” (en ese tiempo), es la misma demandante MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA, por lo que estaba clara la ubicación del lote de terreno; ya que “Molanphy”, es el apellido de casada de mi representada (ver el folio número 74 del expediente de la demanda, en donde hay una denuncia interpuesta por el esposo de mi cliente, el señor JORGE MOLANPHY, que relata los hechos sucedidos al terreno propiedad de su esposa, la señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA, estos hechos no fueron tomados en cuenta, por la Juez A-Quo, ni por la Corte Sentenciadora), por lo que, se puede afirmar que la vecina MARTHA GUADALUPE SIKAFFY, colinda en las escrituras de la parte demandante. 3) Se hubiera considerado, que sobre las escrituras de mi representada, existe un dato incuestionable, y que sirve como plena prueba, de que las donaciones de los demandados son producto de actos nulos e ilícitos: desde que mi representada adquirió el inmueble en fecha 02 de agosto del año 1988 (que obra a folios 19 al 25 en el presente juicio), la colindancia SUR, siempre ha sido con la señora Teresa Jensen de Aguilar, así como, también consta, en el Instrumento de Rectificación de Medidas, que realizo mi representada (que obra a folios del 28 al 29 del juicio). Satisfactoriamente se puede afirmar y concluir, que en ambos actos, se encuentra como colindante por el lado Sur a la señora Teresa Jensen de Aguilar, por lo que nunca ha existido duda en la ubicación del predio de mi cliente. 4) Se hubiera considerado, que la escritura que se desmembró y donó a favor del demandado señor JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL -cuya certificación presente como medio probatorio-, consta en la segunda página de la misma -con la relación de medidas-, que colinda con la señora “María Teresa Jensen”, así como por el lado Este con la señora MARTHA SIKAFFY, por lo que, es imposible que la Juez A-Quo y el Tribunal A-Quem, de haber analizado, razonado, valorado y considerado, las pruebas allegadas con sus argumentos de sustento, no se hayan percatado que las escrituras de DONACION que elaboraron TRES MESES DESPUES (primero en tiempo primero en derecho), de que mi representada -MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA- rectificara medidas, concluyeran o llegaran a la convicción, que las escrituras de DONACION DE LOS DEMANDADOS, versan sobre un lote de terreno que se encuentra en el mismo lugar en el que se encuentra el lote de terreno propiedad de mi representada, la señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA. Los anteriores argumentos contundentes, sirve como sustento de que la actuaciones de mi representada, datan del año 1988, cuando la hija del señor JOSE DOMINGO VASQUEZ, ahora demandada DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA, era apenas una niña, Y EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, LOS DEMANDADOS PRETENDIERON HACER CREER A LA JUEZ-A-QUO, COMO AL TRIBUNAL A-QUEM (como efectivamente creyeron, por las resultas del juicio), QUE LA TIERRA DE MI REPRESENTADA FORMABA PARTE DEL INMUEBLE REMANENTE (100 MANZANAS) QUE HEREDÓ Y QUE INCLUYE CALLES Y AVENIDAS, y que puede hacer lo mismo con cualquiera de los vecinos a su antojo, con la venia judicial. 2) MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES (3) TESTIFICAL: Que La parte Demandada, propuso el testimonio del señor SANTOS ROBERTO PEÑA ENAMORADO, quien declaró que su esposa tiene un predio pequeño, dentro del lugar en litigio, lo que no prueba nada, ya que su esposa ni el son parte en la demanda, además de que en el interrogatorio de testigo declaró ser parte interesada, aun así la honorable Juez A Quo, admitió su testimonio, en el que no declaró conocer a quien pertenecía el inmueble en disputa, ratificando semejante falencia, la Corte de Apelaciones Sentenciadora, con su confirmación del fallo dictado en la primera instancia. 3) MEDIO PROBATORIO NUMERO CUATRO (4) TESTIGO PERICIAL: Este medio de prueba no existe en nuestra legislación por lo que no es admisible; además Mediante este “medio probatorio”, el Apoderado Legal de los Demandados, pretendió que el tribunal interrogara a un “supuesto experto” -el Señor OSWALDO SANCHEZ-, con la finalidad de emplear una declaración científica y técnica, de fecha 3 de marzo del año 2016, supuestamente emitida por esta persona, como medio de prueba para sustentar su tesis, sin embargo, al mencionado “supuesto experto”, nunca se le discernió en el cargo, para evaluar si contaba con las aptitudes técnicas, científicas y profesionales, para determinar con seguridad, de que el informe que pudiera rendir como “perito”, fuera creíble y veraz, además del hecho que nunca declaro en juicio, sobre los hechos alegados por la parte demandada, a pesar de que el mencionado medio de prueba ILEGAL, fue ADMITIDO POR LA JUEZ A-QUO. Por consiguiente es visto que la Corte sentenciadora incurrió en un error de derecho al omitir apreciar las pruebas allegadas por la parte demandante, junto con sus argumentos de sustento, en vista de ello, se ha violentado el artículo 1586 del Código Civil en relación con el artículo 207 del Código de Procesal Civil, que establece que: 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. Requisito que no se cumplió por parte de la Corte Sentenciadora, ya que no se motivó su decisión, con la contundencia y concreción necesaria, acerca de los argumentos debatidos en el juicio en curso, fundamentados en las pruebas allegadas y artículos de ley invocados, para obtener la tutela judicial solicitada. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Requisito que tampoco se cumplió, porque la Corte Sentenciadora, sin hacer un análisis y valoración exhaustiva, de lo alegado, con el sustento de las pruebas de la parte demandada, en los agravios correspondientes, resolvió RATIFICANDO y CONFIRMANDO la sentencia dictada en la primera instancia, demostrando con el fallo mismo, la carencia de motivación fáctica y elementos jurídicos, alejados de toda RAZON Y LOGICA. En el Articulo 207 del Código Procesal Civil, se disciplina el alcance, extensión y profundidad de que han de estar dotados los razonamientos que sirven de sustento a la parte dispositiva de la resolución; siendo necesario que en éstos se tome en consideración y ofrezca respuesta puntual y cumplida a todos y cada uno de los extremos alegados en apoyo de las pretensiones respectivas. Ciertamente, es un inexcusable deber de los órganos judiciales el de motivar sus resoluciones como exigencia implícita en el derecho de defensa y que determina que en un Estado de Derecho hay que expresar cuál sea la razón del Derecho judicialmente interpretado y aplicado. Esta exigencia que responde a una doble finalidad: a) De un lado, la de exteriorizar el fundamento de la decisión, haciendo explícito que ésta corresponde a una determinada aplicación de la Ley; y, b) Del otro, permitir su eventual control jurisdiccional mediante el ejercicio de los recursos. En este sentido, hay que tener presente que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia derivada del derecho de defensa y del derecho de independencia e imparcialidad de los jueces que recoge el Art. 3 CPC que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos; tanto más cuando la exigencia de motivación entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional tienen la Ley y la Constitución. Sin embargo y a mayor abundamiento, la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, reside en la interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador en ejercicio de un rechazable absolutismo judicial, sino una decisión razonada en términos de Derecho. Esta exigencia cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, garantizar el eventual control jurisdiccional de los fallos dictados por los jueces y Tribunales a través del sistema de recursos y de otro permitir al ciudadano conocer el fundamento de las decisiones judiciales, haciendo explícito que éstas corresponden a una determinada aplicación de la Ley; constituyendo la esencia del control a desarrollar por este Tribunal la comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el Juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica conducente a éste.” SEXTO: Que el abogado ELVIS EDGARDO FUENTES MEJIA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “PRIMERO: en cuanto a la apreciación de los medios probatorio número uno y como ser documental privado consistente en que el demandado señor LORENZO RAMIREZ PASCUAL constantemente mintió en el juicio con el único objeto de presentar un caso con apariencia. de buen derecho haciéndose pasar por miembro de patronato pro mejoramiento de la aldea de chachahuala lo cual no viene al caso pues el juicio se trata de la legalidad del inmueble y no si el señor LORENZO RAMIREZ es miembro de un patronato o no En cuanto a la falta de apreciación del medie probatorio numero dos denominado documental publico el demandante en el desarrollo del juicio presento escritura públicas en la cal el señor JOSE DOMINGO VAZQUEZ le vendió el terreno objeto del juicio a la demandante así mismo escritura pública de rectificación de medidas del mismo inmueble siempre a favor de la demandante con la cual quiso impresionar a la suscrita juez y solo sirvió para demostrar al juez que el inmueble ya no media lo mismo y que se acomodaba a la propiedad en ese momento en posesión de los demandados además fue rectificada cuando ya los demandados estaban gozando de la posesión del inmueble lo que llevo a 1 juez de primera instancia a tomar su decisión que se trataba de otro inmueble y no el que pretendía el demandante. SEGUNDO: EI abogado demandante describe en varias ocasiones las escrituras públicas en la cual la señora DOLORES GRACIELA VAZQUES da en donación al señor LORENZO RAMIREZ y está a favor de los señores ANA ALICIA AGUILAR, MERARY ERNESTO RUIS y JOSE JAVIER GARCIA y que las mismas carecen de valides legal porque los comparecientes no son capaces para celebrar actos y contratos basándose en el artículo 1586 del código civil lo cual no es cierto en virtud que la señora DOLORES GRACIELA VAZQUES se declaró heredera ab intestato de su difunto padre JOSE DOMINGO VAZQUEZ hecho debidamente acreditado en el desarrollo de este juicio lo cual le da pleno derecho para poder donar o vender el inmueble a quien ella decida en la motivación fáctica y jurídica dictada por la corte de apelación de San Pedro Sula el veintinueve de enero del dos mil diez y ocho clara mente fundamenta que él, artículo 613del código civil y deja claro que la nulidad absoluta es la sanción legal impuesta a los actos celebrados con omisión de un requisito exigido en consideración a su naturaleza o especie y que el artículo 1586 del código civil establece causas de nulidad de los actos y contratos cuando carecen de condiciones esenciales para su formación, o requisitos que la ley exige y celebrado por personas incapaces y que esta causa no fue alegada ni probada en juicio por la parte demandante lo cual sirve de motivo para declarar sin lugar el recurso de apelación porque el mismo demandante en este acto procesal de casación viene a invocar nueva causa como ser error en la persona o sea en los demandados si leemos tácitamente el articulo 1555 nos dice claramente que son personas legalmente capaz y solo los impúberes los sordo mudos que no puedan darse a entender por escrito sus actos no producen obligaciones naturales y que por otra parte son relativamente incapaces los menores adultos y los que se hallan bajo interdicción civil sus actos no tienen valor en ciertas circunstancias y bajo cierto respecto determinado por la ley y en este caso el demandante alega que mis representados (los demandados) son personas incapaces absolutamente porque mienten lo cual no es así pues ya describimos según 'el código civil quienes son absoluta y relativamente incapaces además el artículo 1552 del código civil nos describe claramente que para que exista un contrato debe existir consentimiento de los contratantes en este caso existió consentimiento del donante y donatario estaban en sus sano juicio no eran personas incapaces para contratar o celebrar obligación, objeto cierto que sea materia del contrato que en este caso es el inmueble y causa de la obligación que se establece o sea la donación del inmueble , Hecho que la defensa logro demostrar en juicio que la señora DOLORES GRACIELA VAZQUEZ si tenía derecho y facultades para poder dar en donación por lo cual el hecho alegado por el demandante se aleja de la realidad jurídica TERSERO: Según nuestra legislación el artículo 613 del código civil llama dominio o propiedad al derecho de poseer exclusivamente una cosa gozar y disponer de ella sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por voluntad del propietario así mismo aclara que la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad mis representados ( los demandados) han estado en constante goce del inmueble como bien lo reconoce el demandante que hasta cultivo s de arroz mantiene como huertos familiares, CUARTO: quedo clara mente demostrado en su momento mediante sentencia dado por el juzgado de Puerto Cortes que dentro del inmueble que reclama el demandante u aun rectificado se encuentran otros inmuebles propiedad de los señores JOSE MARIA VILLEDA, MANUELDE JESUS RAMIRES y DE ESTE ULTIMO A FAVOR DE LA JOVEN HILDA BEATRIZ RAMIREZ VILLALOBOS y de darse lugar a la pretensión del demandante también se le violentaría la legitima propiedad a los señores ya mencionados y que igual están posesión y goce de su propiedad quienes ruegan igual que mis representados desestimar la mal pretensión de la señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA y sus secuaces ABOGADO VIRGIUO ENRIQUE PERDOMO de querer apoderarse a cualquier manera de nuestras propiedades pedimos a LA HONORABLECORTE no dejarse impresionar y exponer al estado de Honduras a futuras demandas por familias de buena fe y voluntad que habitan y se alimentan con sus hijos del fruto que produce la tierra del inmueble en litigio . y que ahora durante tantos años estas personas mal intencionadas quieren adueñarse para posteriormente venderlas pues ellos no son vecinos de esta comunidad.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Objeto y naturaleza de la presente resolución. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 724 del Código Procesal Civil, el presente auto tiene como objeto declarar la admisión o la inadmisión del recurso de casación. Este auto es de naturaleza irrecurrible, y en caso de inadmisibilidad, deberá ser especialmente motivado, en cuyo caso, procede que: Se declare de iure la firmeza de la sentencia recurrida. Se imponga el pago de costas al recurrente y se ordene la remisión de las actuaciones a la Corte de Apelaciones correspondiente. En el supuesto de que se declare la admisibilidad del recurso procede seguir lo dispuesto en el artículo 725 del Código Procesal Civil con relación al señalamiento de audiencia para la vista, cuando proceda; o en su defecto la fijación directa de día para la votación y fallo. 2. Del primer motivo de casación formalizado por el abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES: Precepto Autorizante: Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. DISPOSICION INFRINGIDA: Artículo 206 del Código Procesal Civil, que regula que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. CONCEPTO DE LA INFRACCION… DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO: Su representada demandó a los Señores(as) DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA, JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL, ANA ALICIA AGUILAR HERNANDEZ, MERARI ERNESTO RUIZ LOPEZ, JOSE JAVIER GARCIA, ANGEL GUILLERMO MEDINA TROCHEZ Y FELIPE RODOLFO VAQUEDANO REYES, para que por la vía ordinaria de nulidad absoluta de actuaciones, se obtuviera de parte del Tribunal de Justicia competente, pronunciamiento favorable a su representada, DECLARANDO NULAS DE PLENO DERECHO, las escrituras públicas y asientos registrales inscritos a favor de los demandados por no tener legitimación legal, y estar impedidos para celebrar dichos actos, ya que legalmente se demostró y probo exhaustivamente que los demandados MINTIERON, FALSEARON Y TERGIVERSARON hechos con la intención aviesa y premeditada de adueñarse de un bien inmueble PROPIEDAD DE LA DEMANDANTE, careciendo de derechos legales para actuar con ánimo de dueños de la propiedad en litigio; que han puesto en precario la sólida imagen y prestigio de mi representada, así como su derecho legítimo y legal a la tierra que compro en 1988 del señor JOSE DOMINGO VASQUEZ –padre de la demandada DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA- Pronunciamiento sobre el cual la Corte sentenciadora confirma la sentencia de la Juez A-Quo: 1) DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes, en fecha siete de agosto del año dos mil diecisiete; 2) Confirmar la Sentencia Definitiva apelada. 3) CON COSTAS Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Por todo lo expuesto, la Corte sentenciadora incurrió en una violación de la ley aplicable al caso, al haber declarado SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por mi persona (Abogado Virgilio Enrique Perdomo Valladares), en mi condición de Apoderado Legal de la demandante MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA contra la sentencia definitiva de fecha siete (7) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortes en la Demanda de mérito promovida por mi persona -Abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES-, en su condición de apoderado legal de la señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA. Considerando que la sentencia es la respuesta a una pretensión demandada, debe ser, obviamente estimatoria o desestimatoria, de esa pretensión ejercida y aclarar el derecho controvertido. En materia civil puede ser declarativa o condenatoria, por eso y en mira de una justicia con la cara dirigida al pueblo (bien supremo de toda república), es menester que el juzgador tenga el cuidado de analizar toda la controversia sometida a debate a efecto que su parte resolutiva sea acorde al litigio (principio de correlación de la sentencia con la demanda). Cualquier sentencia que no sea precisa o clara puede conseguir el efecto contrario de su naturaleza, causando confusión e incertidumbre lo que por si traería inseguridad jurídica. Su inobservancia puede ser, en segunda instancia, anulada. Por consiguiente, es visto que la Corte sentenciadora incurrió en un error de derecho al no hacer la declaración de las pretensiones de mi representada REVOCANDO LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, DECLARANDO LA NULIDAD ABSOLUTA DE LAS ACTUACIONES DE LOS DEMANDADOS POR CUMPLIRSE LOS REQUISITOS O ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA NULIDAD ABSOLUTA SOLICITADA, con lo que se ha violentado el artículo 206 del Código de Procesal Civil, por consiguiente, el error ha trascendido en el fallo. 3. Respuesta de la Sala Civil al primer motivo de casación. Esta Sala, al analizar el primer motivo de casación, estima que éste no se acoge, debido a que no cumple con la técnica casacional que demanda el Código Procesal Civil, es decir: a. El precepto autorizante citado se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, no obstante, la norma que se indica como infringida (artículo 206 del Código Procesal Civil) ostenta el carácter procesal contrario a lo exigido por la causal enunciada que se refiere a todas aquellas normas sustantivas o que resuelven el fondo del litigio. b. Señala que la Corte sentenciadora incurrió en error de derecho, la que como una causal no se encuentra autorizada en la actual normativa procesal, pues esa causal era propia del ordenamiento procesal derogado cuando en el artículo 903 del Código de Procedimientos de 1906 se disponía: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal: 1o.- …2o.- …3o.- …4o.-… 5o.- …6o.- …7o.- Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho, o error de hecho, si este último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador.” c. Finalmente, como consecuencia de las falencias antes enunciadas el precitado motivo carece de incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Todos y cada uno de los defectos enunciados como consecuencia llevan a la inadmisión del primer motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 4. Del segundo motivo de casación formalizado por el abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES. Precepto Autorizante: Artículo 207 (motivación) del Código de Procesal Civil en lo concerniente al error de derecho. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículo 1586 del Código Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION…DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO. De las pruebas propuestas y evacuadas por la parte demandada, y que son las siguientes: La parte demandante propuso y evacuó los medios de prueba denominados de la siguiente manera: 1) MEDIO DE PRUEBA NÚMERO UNO (1), INTERROGATORIO DE PARTES, CONSISTENTE EN: a) Interrogar a la Señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA, sobre los hechos controvertidos; 2) MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOS (2) DOCUMENTAL PUBLICOS, CONSISTENTE EN: a) Copia cotejada por la secretaria del despacho, de la escritura pública de la Señora DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA, por la cantidad de 97.01 manzanas de tierra, con este medio de prueba se pretendió demostrar al tribunal que la señora DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA, era legitima propietaria, y como tal, podía en cualquier momento donar o vender; b) Copia de escritura, debidamente cotejada por la Secretaria del Juzgado, en donde la Señora DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA, desmembró de su escritura global un lote de terreno a favor del Señor JOSE LORENZO RAMIREZ, y este último a favor de ANA ALICIA AGUILAR HERNANDEZ Y JOSE JAVIER GARCIA, “quienes son compradores de buena fe” (copiado textualmente, tal y como lo declara el Abogado de los demandados en el documento, en donde consta la CONTINUACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, de fecha veintisiete (27) de octubre del años dos mil dieciséis (2016), en el Juzgado Seccional de Puerto Cortes), asimismo, en el documental público, se presentó un certificado de informe catastral, mismo que fue otorgado por el INSTITUTO AGRARIO (I.N.A.), el 3 de marzo del año 2016, con este medio de prueba, la parte demandada pretendió probar al Tribunal de Primera Instancia, que se realizó un trabajo técnico, dilatando y ubicando el terreno del SEÑOR JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL y el de la demandante, para demostrar que no coincidían las medidas y colindancias de sus terrenos (dando a entender que se estaba hablando de dos terrenos distintos, LO CUAL ES FALSO); c) Sin embargo en la redacción del documento en donde consta la continuación de la audiencia preliminar, ya referida, aparece con el literal d) Copia Autenticada de la Escritura Pública, a favor de los señores JOSE MARIA DERAS VILLEDA, MANUEL DE JESUS RAMIREZ ARIAS, y de este último, a favor de su hija HILDA BEATRIZ RAMIREZ VILLALOBOS, con la que pretendió demostrar, que los terrenos de los señores JOSE MARIA DERAS VILLEDA, MANUEL DE JESUS RAMIREZ ARIAS, y de este último, a favor de su hija HILDA BEATRIZ RAMIREZ VILLALOBOS, estaban comprendidos dentro de la escritura del Señor JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL, y que si el juzgado anulaba la escritura del Señor JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL, estaría anulando las de los señores JOSE MARIA DERAS VILLEDA, MANUEL DE JESUS RAMIREZ ARIAS, y de este último, a favor de su hija HILDA BEATRIZ RAMIREZ VILLALOBOS, sirviendo –según el apoderado de los demandados-, de prueba contundente para demostrar, que el terreno de mi representada -la Señora PEREZ MUNGUIA-, no está ubicado en ese sector, arguyendo adicionalmente, que la rectificación abarca otros terrenos con su legítimo propietario, es decir, -dando a entender- que la rectificación inscrita a favor de la SEÑORA MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA, abarca los terrenos de otros propietarios (como que si mi representada, está invadiendo linderos). 3) MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES (3) TESTIFICAL, CONSISTENTE EN: Presentar al tribunal, al Señor SANTOS ROBERTO PEÑA ENAMORADO, cuya identidad es el número 0501-1973-05963, para que respondiera como mero conocedor de la situación legal de la tierra en litigio; 4) MEDIO PROBATORIO NUMERO CUATRO (4) TESTIGO PERICIAL, CONSISTENTE EN: demostrar al tribunal, que el inmueble objeto de litigio, se encuentra fuera del área -propiedad de la Señora PEREZ MUNGUIA-, para lo cual presento ante el mismo, una declaración científica y técnica del Señor OSWALDO SANCHEZ, con la finalidad de emplear, dicho informe técnico de fecha 3 de marzo del año 2016, para que fuera interrogado por el tribunal. De las pruebas propuestas y evacuadas por la parte demandada, las que interesan para este motivo de Casación, son: 1) MEDIO PROBATORIO NUMERO DOS, DOCUMENTAL PUBLICA: a) Mediante la cual se pretendió establecer el hecho de que la señora DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA era legitima propietaria del terreno propiedad de mi representada, por herencia AB-INTESTATO. El documento en donde los demandados pretende ampararse, es en la tradición del dominio del remanente de 100 manzanas, el cual, la señora DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA ADQUIRIÓ POR HERENCIA, es decir recibió una escritura en bruto, que incluye el trazado de calles y el resto de terreno que le perteneció a su padre en vida, sin el desmembramiento correspondiente, que obra y consta en las notas marginales a la escritura matriz, con su inscripción correspondiente en libro de registro de la propiedad inmueble y mercantil de Puerto Cortes, (POR LO QUE NUNCA PROBO EN JUICIO QUE EL INMUEBLE DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA UBICADO EN OTRO LUGAR QUE NO SEA DONDE ESTA). Por lo que, los demandados procedieron a urdir la treta con la que pretenden adueñarse de lo que no es suyo, y simular DONACIONES para desmembrar el lote de terreno en litigio y ubicarlo sobre el que su padre, en vida vendió a MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA; lo anterior es sumamente grave, ya que una Autoridad Judicial está dando por legal, actividades ilícitas perpetradas por los demandados, personas cuya credibilidad de se ha demostrado ampliamente en el juicio seguido, que son MENTIROSAS; La Juez A-Quo, contrario a sus valoraciones y argumentos esbozados en la sentencia de primera instancia, demuestran que prácticamente no se preocupó por: • identificar en que consiste el remanente de la señora DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA; • ¿a dónde queda esa tierra?; • ¿si la señora VASQUEZ MANCIA entrego lo correspondiente a calles, avenidas y área verde, en su escritura a la Alcaldía de Omoa?; • ¿si podía desmembrar un lote sobre otro que ya su padre había vendido 30 años antes?. Acciones graves que ponen en precario el derecho de mi representada a defender su patrimonio, por lo que el fallo de la Juez A-Quo se traduce en una gran irresponsabilidad y un abuso; No obstante lo anterior, lo INAUDITO del caso es que la Corte de Apelaciones de lo Civil, en lugar de revocar la sentencia de primera instancia, LA CONFIRMA, probando nuevamente que los argumentos y medios de prueba allegados al proceso, aportados por la demandante, no fueron debidamente analizados, valorados, razonados ni considerados para dictar los fallos desfavorables. b)En la aportación de este documento como medio de prueba, el Apoderado Legal de la parte demandada, manifestó lo siguiente: “quienes son compradores de buena fe” (copiado textualmente, tal y como lo declara el Apoderado Legal de los demandados en el documento, en donde consta la CONTINUACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, de fecha veintisiete (27) de octubre del años dos mil dieciséis (2016), en el Juzgado Seccional de Puerto Cortes); la afirmación antes referida debió haber sido considerada por la JUEZ A-QUO, de acuerdo a la reglas de la sana crítica y la valoración lógica, de que NUEVAMENTE SE DEMOSTRO Y QUEDO POR ESCRITO QUE LOS DEMANDADOS HAN MENTIDO CONSTANTEMENTE, ya que es imposible que el propio Apoderado Legal de los Demandados, CONFUNDA COMPRAVENTAS CON DONACIONES; Causa Agravio el hecho de que en la declaración mi cliente acepta que su terreno colinda con el mar, cuando antes de que iniciara el pleito por la posesión de la tierra que ahora tiene la señora Martha Sikaffy, VER FOLIO NUMERO 54 donde está la nota marginal que prueba lo que estoy diciendo, el terreno colindaba con el mar y con la señora Teresa Jensen de Aguilar, con quien todavía colinda; El terreno propiedad de la DEMANDANTE, ya rectificado, colinda con la señora Martha Sikaffy, y ya no con el mar, quien la reconoce en su escritura (MARTHA SIKAFFY) como colindante por su lado oeste (desde el año 1992, ver folios del 51 al 54), todos estos valiosos, datos no fueron apreciados o valorados, por la honorable Juez A Quo y el Tribunal A-Quem, quienes se enfocaron únicamente, a considerar “las pruebas ilícitas, y argumentos espurios sobre las mismas, a favor de los demandados”, sin tomar en cuenta –como consta en autos, del juicio en cuestión-, que el señor JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL, en su escrito de contestación de la demanda, no propone ni relaciona los medios de prueba, que utilizara, admitiendo la presentación extemporánea de los mismos, evacuándolos y considerándolos, favoreciéndolo procesalmente, al afirmar “que contesto en tiempo y forma la demanda”. c) Es importante RESALTAR que, entre los argumentos en que fundamenta su sentencia la señora Juez A Quo, dice: “…que la escritura de mi representada (COMPRA VENTA REALIZADA EN EL AÑO DE 1988, FOLIOS DEL 19 AL 25), no concuerda con los datos de la que vendió el señor JOSE DOMINGO VASQUEZ a mi representada…”, la cual si tiene un error, pero no es el que la Juez A-Quo, indica en su sentencia, ya que el inmueble si tiene más de 5 manzanas, EN ESO NO HAY ERROR… ya que esa es la cantidad de tierra que mi representada, le compro al señor JOSE DOMINGO VASQUEZ (que incluye la tierra que la Alcaldía de Omoa le despojo, y se la dio al señor OSCAR DAGOBERTO VEGA en Dominio Pleno, quien luego se la vendió a la señora MARTHA SIKAFFY (ver folios del 51 al 54), al final el predio de mi representada quedo únicamente en 3.4 manzanas de tierra, por esa razón se rectificaron las medidas; la rectificación de medidas antes aludidas, se realizó 3 meses antes de los demandados se inventaran el desmembramiento, y celebraran las donaciones a favor de ellos(as). Es por lo anterior, que considero que los medios probatorios presentados por mi representada, no se tomaron en cuenta, de haber sido así: 1) Se hubiera considerado, la Certificación Integra del Asiento correspondiente al Lote de Terreno adquirido en fecha diez de abril del año mil novecientos noventa y dos, por la vecina de mi representada, señora MARTHA GUADALUPE SIKAFFY DE SIKAFFY, que corre a folios de 51 al 54 en el expediente de mérito, en donde se menciona como colindante por el lado Este, a LA DEMANDANTE MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA. 2) Se hubiera considerado que, La señora “MARTHA DE MOLANPHY” (en ese tiempo), es la misma demandante MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA, por lo que estaba clara la ubicación del lote de terreno; ya que “Molanphy”, es el apellido de casada de mi representada (ver el folio número 74 del expediente de la demanda, en donde hay una denuncia interpuesta por el esposo de mi cliente, el señor JORGE MOLANPHY, que relata los hechos sucedidos al terreno propiedad de su esposa, la señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA, estos hechos no fueron tomados en cuenta, por la Juez A-Quo, ni por la Corte Sentenciadora), por lo que, se puede afirmar que la vecina MARTHA GUADALUPE SIKAFFY, colinda en las escrituras de la parte demandante. 3) Se hubiera considerado, que sobre las escrituras de mi representada, existe un dato incuestionable, y que sirve como plena prueba, de que las donaciones de los demandados son producto de actos nulos e ilícitos: desde que mi representada adquirió el inmueble en fecha 02 de agosto del año 1988 (que obra a folios 19 al 25 en el presente juicio), la colindancia SUR, siempre ha sido con la señora Teresa Jensen de Aguilar, así como, también consta, en el Instrumento de Rectificación de Medidas, que realizo mi representada (que obra a folios del 28 al 29 del juicio). Satisfactoriamente se puede afirmar y concluir, que en ambos actos, se encuentra como colindante por el lado Sur a la señora Teresa Jensen de Aguilar, por lo que nunca ha existido duda en la ubicación del predio de mi cliente. 4) Se hubiera considerado, que la escritura que se desmembró y donó a favor del demandado señor JOSE LORENZO RAMIREZ PASCUAL -cuya certificación presente como medio probatorio-, consta en la segunda página de la misma -con la relación de medidas-, que colinda con la señora “María Teresa Jensen”, así como por el lado Este con la señora MARTHA SIKAFFY, por lo que, es imposible que la Juez A-Quo y el Tribunal A-Quem, de haber analizado, razonado, valorado y considerado, las pruebas allegadas con sus argumentos de sustento, no se hayan percatado que las escrituras de DONACION que elaboraron TRES MESES DESPUES (primero en tiempo primero en derecho), de que mi representada -MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA- rectificara medidas, concluyeran o llegaran a la convicción, que las escrituras de DONACION DE LOS DEMANDADOS, versan sobre un lote de terreno que se encuentra en el mismo lugar en el que se encuentra el lote de terreno propiedad de mi representada, la señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA. Los anteriores argumentos contundentes, sirve como sustento de que la actuaciones de mi representada, datan del año 1988, cuando la hija del señor JOSE DOMINGO VASQUEZ, ahora demandada DOLORES GRACIELA VASQUEZ MANCIA, era apenas una niña, Y EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, LOS DEMANDADOS PRETENDIERON HACER CREER A LA JUEZ-A-QUO, COMO AL TRIBUNAL A-QUEM (como efectivamente creyeron, por las resultas del juicio), QUE LA TIERRA DE MI REPRESENTADA FORMABA PARTE DEL INMUEBLE REMANENTE (100 MANZANAS) QUE HEREDÓ Y QUE INCLUYE CALLES Y AVENIDAS, y que puede hacer lo mismo con cualquiera de los vecinos a su antojo, con la venia judicial. 2) MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES (3) TESTIFICAL: Que La parte Demandada, propuso el testimonio del señor SANTOS ROBERTO PEÑA ENAMORADO, quien declaró que su esposa tiene un predio pequeño, dentro del lugar en litigio, lo que no prueba nada, ya que su esposa ni el son parte en la demanda, además de que en el interrogatorio de testigo declaró ser parte interesada, aun así la honorable Juez A Quo, admitió su testimonio, en el que no declaró conocer a quien pertenecía el inmueble en disputa, ratificando semejante falencia, la Corte de Apelaciones Sentenciadora, con su confirmación del fallo dictado en la primera instancia. 3) MEDIO PROBATORIO NUMERO CUATRO (4) TESTIGO PERICIAL: Este medio de prueba no existe en nuestra legislación por lo que no es admisible; además Mediante este “medio probatorio”, el Apoderado Legal de los Demandados, pretendió que el tribunal interrogara a un “supuesto experto” -el Señor OSWALDO SANCHEZ-, con la finalidad de emplear una declaración científica y técnica, de fecha 3 de marzo del año 2016, supuestamente emitida por esta persona, como medio de prueba para sustentar su tesis, sin embargo, al mencionado “supuesto experto”, nunca se le discernió en el cargo, para evaluar si contaba con las aptitudes técnicas, científicas y profesionales, para determinar con seguridad, de que el informe que pudiera rendir como “perito”, fuera creíble y veraz, además del hecho que nunca declaro en juicio, sobre los hechos alegados por la parte demandada, a pesar de que el mencionado medio de prueba ILEGAL, fue ADMITIDO POR LA JUEZ A-QUO. Por consiguiente es visto que la Corte sentenciadora incurrió en un error de derecho al omitir apreciar las pruebas allegadas por la parte demandante, junto con sus argumentos de sustento, en vista de ello, se ha violentado el artículo 1586 del Código Civil en relación con el artículo 207 del Código de Procesal Civil, que establece que: 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. Requisito que no se cumplió por parte de la Corte Sentenciadora, ya que no se motivó su decisión, con la contundencia y concreción necesaria, acerca de los argumentos debatidos en el juicio en curso, fundamentados en las pruebas allegadas y artículos de ley invocados, para obtener la tutela judicial solicitada. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Requisito que tampoco se cumplió, porque la Corte Sentenciadora, sin hacer un análisis y valoración exhaustiva, de lo alegado, con el sustento de las pruebas de la parte demandada, en los agravios correspondientes, resolvió RATIFICANDO y CONFIRMANDO la sentencia dictada en la primera instancia, demostrando con el fallo mismo, la carencia de motivación fáctica y elementos jurídicos, alejados de toda RAZON Y LOGICA. En el Articulo 207 del Código Procesal Civil, se disciplina el alcance, extensión y profundidad de que han de estar dotados los razonamientos que sirven de sustento a la parte dispositiva de la resolución; siendo necesario que en éstos se tome en consideración y ofrezca respuesta puntual y cumplida a todos y cada uno de los extremos alegados en apoyo de las pretensiones respectivas. Ciertamente, es un inexcusable deber de los órganos judiciales el de motivar sus resoluciones como exigencia implícita en el derecho de defensa y que determina que en un Estado de Derecho hay que expresar cuál sea la razón del Derecho judicialmente interpretado y aplicado. Esta exigencia que responde a una doble finalidad: a) De un lado, la de exteriorizar el fundamento de la decisión, haciendo explícito que ésta corresponde a una determinada aplicación de la Ley; y, b) Del otro, permitir su eventual control jurisdiccional mediante el ejercicio de los recursos. En este sentido, hay que tener presente que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia derivada del derecho de defensa y del derecho de independencia e imparcialidad de los jueces que recoge el Art. 3 CPC que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos; tanto más cuando la exigencia de motivación entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional tienen la Ley y la Constitución. Sin embargo y a mayor abundamiento, la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, reside en la interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador en ejercicio de un rechazable absolutismo judicial, sino una decisión razonada en términos de Derecho. Esta exigencia cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, garantizar el eventual control jurisdiccional de los fallos dictados por los jueces y Tribunales a través del sistema de recursos y de otro permitir al ciudadano conocer el fundamento de las decisiones judiciales, haciendo explícito que éstas corresponden a una determinada aplicación de la Ley; constituyendo la esencia del control a desarrollar por este Tribunal la comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el Juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica conducente a éste.” 5. Respuesta de la Sala Civil al segundo motivo de casación. Esta Sala, al analizar el segundo motivo de casación, estima que éste no es de recibo, debido a que no cumple con la debida técnica que demanda el Código Procesal Civil, pues: a. A modo de ilustración, cuando se menciona en un recurso de casación el precepto autorizante, este se refiere a las causales del recurso que deben tener sintonía y afinidad con la norma infringida para determinar el quebranto de la ley en la parte dispositiva de la sentencia, con el objeto de determinar si la ley ha sido recta y debidamente aplicada o no. Es por ello que se describen a las causales autorizadas conforme el artículo 719 del Código Procesal Civil, es decir se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales en sus tres formas o modos, y, la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Situación que no ocurre en este segundo motivo de casación, pues señala el Censor como causal del recurso el artículo 207 del Código Procesal Civil, junto con el error de derecho que al igual que se apuntó en el primer motivo casacional, se autorizaba en el Código de Procedimientos de 1906 y no en la actual normativa del Código Procesal Civil. b. La disposición señalada como infringida es de carácter general y no hay causal que ampare dicha disposición en este motivo de casación, además que debió ser relacionada a una norma con carácter específico a efecto de ser considerada por esta Sala. c. Insta la revisión probatoria, lo que no se encuentra autorizado conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. Es por las razones brindadas, que se concluye que el Impetrante incurre en la causal de inadmisión dispuesta en el artículo 723 numeral 2) inciso a) del Código Procesal Civil, razón por la cual es procedente desestimar el motivo de casación enunciado. 6. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere, requisitos consignados en los artículos 704, 721 y 723 del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: 1) La INADMISIÓN del recurso de casación en sus dos motivos, planteado por el abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, en su condición de representante procesal de la señora MARTHA ELISA PEREZ MUNGUIA. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, originada en los autos de la segunda pieza de apelación que se registra bajo el número 213-17 C.V. dimanante de la primera pieza de autos registrada bajo el mismo número del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Cortés, Cortés. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 97=2018.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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