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Sentencia CC-95-19 — Registro 13123

Resumen

En segunda instancia se confirma la sentencia dictada que declaró parcialmente con lugar la demanda ordinaria por el pago de lo no debido, condena al demandado a devolver la cantidad de seiscientos ochenta y cinco mil lempiras exactos (L.685,000,00) por el pago de lo no debido.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “5.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. De las razones expuestas por el impetrante en el Segundo Motivo, la Sala deja establecido que las mismas no concitan su admisibilidad, toda vez que se incurre en falencias de carácter recursivo, así tenemos lo siguiente: a) Se pretende bajo la egida del precepto autorizante invocado, esto es el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil (referido a la forma y contenido de la sentencia), que la Sala haga revisión de la motivación fáctica y jurídica del fallo de segunda instancia; sin embargo, no menciona ninguna norma jurídica infringida que estime se ha vulnerado por parte del Tribunal de Alzada en el fallo proferido, esto es si la segunda instancia no ha hecho aplicación, ha aplicado erróneamente o interpretado de forma incorrecta normas procesales, tal falencia implica que el impetrante en esta vía no observa el contenido del artículo 721.2 del Código Procesal Civil, norma esta que establece los requisitos elementales que debe observar todo escrito recursivo de casación; por lo cual la infracción denunciada carece de sustento al no invocar disposición jurídica alguna cuya infracción se encuentre precisada en el motivo expuesto; y b) Nuevamente el recurrente señala como argumento toral, la probable falta de valoración de medios de prueba por parte de la segunda instancia, con lo cual olvida la exclusión de la revisión probatoria en casación, tal y lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, que señala: “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”. A esta regla general opone lo establecido en el artículo 720.2 del mismo código, al establecer que el casacionista puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Respuesta de la Sala de lo Civil. Respecto de lo señalado por el impetrante en el Tercer Motivo, la Sala después de un examen de lo expuesto, encuentra que no se han seguido los parámetros correctos de la técnica casacional, consecuentemente no pasa el tamiz de admisibilidad; tales falencias recursivas tienen que ver con lo siguiente: a) Señala como Precepto Autorizante el artículo 719. 2 del Código Procesal Civil, y pretende que la Sala haga examen de la probable vulneración de dos normas procesales, esto es los artículos 219 y 221 del Código Procesal Civil, con lo cual equivoca la causal recursiva, ello porque para poder plantear la posible vulneración de normas procesales, se debe invocar como precepto autorizante, cualquiera de los supuestos contemplados por el artículo 719.1 del Código Procesal Civil; y b) El impetrante cuestiona el fallo de segunda instancia básicamente porque en el mismo debió condenarse en costas a la parte demandada-apelante; para ello señala la interpretación errónea de los artículos 219.1 y 221 del Código Procesal Civil, tal argumentación resulta ser accesoria de la cuestión principal, razón para estimar por parte de la Sala que plantearlo en un motivo de casación, deviene en ser manifiestamente infundado y consecuentemente es inadmisible de conformidad con el artículo 723.2 b) del Código Procesal Civil. Al respecto esta Sala ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.7. La defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los tres motivos de casación expuestos, la causa prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “4.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Los argumentos expuestos por el recurrente en el Primer Motivo no son de recepción por parte de la Sala, ello se considera así, porque básicamente no se ha seguido una correcta técnica casacional al momento de plantear el recurso, falencias de la técnica recursiva que tienen que ver con lo siguiente: a) Resulta notorio el error en la causal recursiva invocada, puesto que el recurrente bajo la egida del precepto autorizante invocado, como lo es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que está referido a la impugnación de la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; pretende que la Sala haga revisión de la probable transgresión indirecta de dos normas procesales (in procedendo), esto es los artículos 245 y 268.1 del Código Procesal Civil; b) Pretende el recurrente que la Sala se pronuncie sobre la alegada falta de valoración de medios de prueba en los fallos proferidos, tanto por la primera instancia, como el dictado por el tribunal ad-quem; medios de prueba propuesto por parte de esa representación procesal y que concretamente versan sobre el tener pendiente en los tribunales un caso penal y un caso civil que requería de la interposición de un Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional, y la atención de un Recurso de Casación instaurado ante la Sala Penal. Con tal argumento recursivo el impetrante incurre en un doble error, por una parte no se puede impugnar en casación las sentencias proferidas en primera instancia, ello por estarle vedado su conocimiento a la Sala, al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de apelaciones; y por otra parte tenemos la exclusión de la revisión probatoria en casación, ello de acuerdo con lo señalado por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, que establece que por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia; y c) Aunado a lo anterior el recurrente al señalar que el fallo proferido ha vulnerado de manera indirecta los dos artículos que cita; no explica a la Sala en qué consiste tal vulneración, menester es recordar al respecto que cuando se dice que un artículo se ha vulnerado es preciso entonces señalar si el mismo se interpreto erróneamente, no se aplicó o aplicándose, no correspondía aplicarse por parte del Tribunal de Alzada, y además señalar como tal vulneración ha incidido en el sentido de la resolución impugnada; no hacerlo así concita que no se ha observado por parte del recurrente lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, siendo ponente el primero para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor Dagoberto Mejía Pineda; representado en juicio por el abogado Jaime Idalberto Vázquez Delarca, como recurrente; siendo recurrido el señor Mario Alexander Álvarez Hernández, representado en juicio por el abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez. OBJETO DEL PROCESO: “SE PRESENTA DEMANDA ORDINARIA POR EL PAGO DE LO NO DEBIDO, SE INFORMA QUE EL DEMANDADO TÁCITAMENTE RECONOCE LA PROCEDENCIA DE ESTA PETITORIA, YA QUE ACEPTA QUE ESTÁ DISPUESTO A ENTREGAR UN POCO MAS DE LA MITAD DE LO RECLAMADO, PROPUESTA QUE MI REPRESENTADO LÓGICAMENTE NO ACEPTA. SE PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA TODOS LOS EXTREMOS RELACIONADOS EN LA PRESENTE DEMANDA”, promovida en fecha 22 de agosto del año 2016, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, actuando como representante procesal del señor Mario Alexander Álvarez Hernández, quien es mayor de edad, casado, abogado, hondureño, y empresario de este domicilio, contra del señor Dagoberto Mejía Pineda, quien es mayor de edad, casado, hondureño, abogado y notario de este domicilio. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha 14 de noviembre del año 2018, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha 20 de junio del año 2018, falló del a-quo, que señala lo siguiente: (Sic) “FALLA: PRIMERO: DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA POR EL PAGO DE LO NO DEBIDO, promovida por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, en su condición de Representante Procesal del señor MARIO ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ contra el señor DAGOBERTO MEJIA PINEDA, ambos de generales conocidas en el preámbulo de este fallo, por las razones expuestas en los fundamentos de derecho. SEGUNDO: CONDENA al señor DAGOBERTO MEJIA PINEDA a devolver la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.685,000,00) al señor MARIO ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ por el pago de lo no debido.- TERCERO: ABSUELVE al Señor DAGOBERTO MEJIA PINEDA del pago de QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 15,000.00) en virtud del trámite del recurso de amparo realizado y lo exime del pago de intereses por no haber sido probado que hubo mala fe.- CUARTO: SIN COSTAS porque cada parte abonara las costas causadas a su instancia.- QUINTO: Una vez notificada y firme que sea la presente sentencia se procede de parte de La Secretaria del Juzgado a dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 202 del Código Procesal Civil.- Contra el presente fallo cabe recurso de apelación que deberá promoverse conforme a lo ordenado el Código Procesal Civil artículo 709.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El abogado Jaime Idalberto Vásquez Delarca, actuando en su condición de representante procesal del abogado Dagoberto Mejía Pineda, en fecha 08 de marzo del año 2019, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 14 de noviembre del año 2018, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha 11 de marzo del año 2019, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, actuando en su condición de representante procesal del señor Mario Alexander Álvarez Hernández, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados Jaime Erick Rodríguez Ordoñez y Jaime Vázquez Delarca, en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas 08 y 09 de abril del año 2019, resolviendo este tribunal, mediante proveído de fecha 10 de junio del año 2019, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: (Sic) “CAUSALES DE LA CASACIÓN: 1.- PRIMERA CAUSAL: Se impugna infracción indirecta del artículo 245 y 268.1 del Código Procesal Civil, por error de hecho en la apreciación y valoración de los medios probatorios, ofertados y evaluados por las partes. del medio de prueba Declaración Testifical rendida por el Testigo rendida por el Testigo AMADO PEREZ propuesto por la parte demandante. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza este motivo de casación el artículo 719 Numeral 2. Del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN: El artículo 245 del Código Procesal Civil, dispone: “La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre la sana crítica. “Artículo 268.1 deI mismo Código, dispone que, El Juzgado o tribunal considerará como ciertos en la sentencia, los hechos que una parte haya reconocido como tales. Incidencia de la infracción censurada, el no haber el Juzgador de segunda instancia valorado de manera adecuada en la sentencia impugnada los medios de prueba principalmente los medios de prueba ofertados y evacuados por la parte demandada como era obligación hacerlo, dado que la finalidad del recurso de apelación está la revisión y valoración de los medios de prueba, así como los hechos tenidos como probados por el juzgador A-Quo en la resolución recurrida, tomando en cuenta que el recurso de apelación es una prosecución del proceso y al mismo tiempo la revisión del mismo por el Tribunal superior, que ha de decidir conforme a lo alegado por las partes oídas contradictoriamente, y desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva, circunstancia de lo que carece la sentencia recurrida, Veamos, su antecedentes de hecho Sexto, los hechos tenidos por probados por el Juzgador A-quo observa una marcada inclinación a la pretensión del demandante, que se contrapone a la realidad fáctica Jurídica reflejada de los hechos sostenidos en la demanda, la contestación y el resultado de la práctica de los medios de prueba ofertados por las partes, el demandante en el hecho primero y segundo de libelo de demanda afirma que tenía pendiente en los Tribunales un caso penal y un caso civil que requería de la interposición de un Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional, y la atención de un Recurso de Casación instaurado ante la Sala Penal, esto es un hecho probado que debió así tenerse en la sentencia del A-quo, como reza el Artículo 268.1 del Código Procesal Civil, El Juzgador o tribunal considerará como ciertos en la sentencia, los hechos que una parte haya reconocido como tales. Hecho que no fue contradicho por ninguna de los medios de prueba de las partes. Al Contrario, el mencionado hecho lo reafirmó la parte demandada con sus medios de prueba documento público y el de reconocimiento judicial, demostrando con ellos haber interpuesto el Recurso de amparo con registro 639-2016 y realizado acciones atinentes a dicho recurso extraordinario en favor de los intereses del demandante Mario Alexander Álvarez Hernández, además de haber gestionado en favor de éste en un recurso de casación penal. Debiendo ser éste un hecho probado que el demandado Abogado Dagoberto Mejía Pineda realizó los servicios inicialmente contratados verbalmente por el señor el hoy demandante señor Mario Álvarez Hernández, ya que este hecho fue reafirmado con la declaración del testigo Leonardo Rodas Contreras, que el Abogado Dagoberto Mejía Pineda elaboró y redactó el escrito de Recurso de Amparo en mención puesto que además no requiere de poder especial para su interposición, este debió ser el razonamiento lógico del Juzgador A-quo y que debió hacerlo suyo el Ad-quem. Contrario a la valoración de hechos probados hecha en la sentencia recurrida, el medio de prueba documental privado “RECIBO entregado al señor Mario Álvarez Hernández”, admitido a ambas partes, evidencia probado el concepto del pago por adelanto de honorarios profesionales, hecho que además quedó demostrado con la práctica del medio de prueba interrogatorio de parte admitido a la parte demandada, que rindiera el demandante señor Mario Alexander Álvarez Hernández, de su propia declaración aceptó haber contratado al Abogado Mejía Pineda para que le atendiera profesionalmente sus asuntos judiciales, sin especificarlos, sin embargo los mismos fueron determinados en el escrito de demanda, lo que sin lugar a dudas es un hecho probado que debió ser estimado por el Juzgador A-quo y Ad-quem, dejando descartada la figura del pago de lo no debido. Que al no ser adecuadamente valorados por el Juzgador los anteriores medios probatorios dio lugar a la infracción indirecta a lo preceptuado en el artículo 245 y 268.1 del Código Procesal Civil influyendo determinadamente en el sentido de la sentencia objeto de casación, de tal manera que si la hubiere apreciado de forma adecuada, como estaba obligado hacerlo, con base a las normas de valoración de la prueba habría arribado a otra conclusión y no a la errada de emitir un fallo como el impugnado extraordinariamente en casación, ya que solo le bastaba apreciar y razonar los mismos para darse cuenta que la acción del demandante es a todas luces improcedente por no existir la figura del pago de lo no debido. Con el mérito de lo antes explicado debe admitirse esta causal de casación y casar la sentencia recurrida. 2.- SEGUNDA CAUSAL: Se impugna la forma y contenido de la sentencia recurrida. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta causal de casación se encuentra autorizada en el Numeral 1. Letra c) del artículo 719 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN: La sentencia que hoy nos ocupa es carente de una correcta motivación fáctica jurídica del juicio conducente con la apreciación y valoración de las pruebas armónicamente con la aplicación e interpretación del derecho. El Ad-quem en la Sentencia impugnada prioriza su valoración probatoria destacando la prueba de la parte demandante y soslaya el valor probatorio que demuestra la prueba ofertada y evacuada por la parte demandada, en otras palabras considera enfáticamente la prueba de la parte demandada haciendo suya ilimitadamente la valoración de prueba plasmada en la sentencia del Juez A-quo, así lo refleja la sentencia objeto de casación, que vuelve la misma de insuficiencia en sus motivación fáctica y jurídica, al hacer suyo compartiendo cada uno de los hechos estimados probados por parte del A-quo en su sentencia, lo que es un razonamiento ilógico ya que los medios de prueba de la parte demandada desvanece la figura del pago de lo debido bajo lo cual se instauró la pretensión del demandante. La parte demandada con sus medios de prueba documento público y de reconocimiento judicial, demuestran que el Abogado Dagoberto Mejía Pineda interpuso el Recurso de amparo con registro 639-2016 y realizó acciones atinentes a dicho recurso extraordinario en favor de los intereses del demandante Mario Alexander Álvarez Hernández, además de gestionar en favor de éste una sentencia favorable de un recurso de casación penal en su contra, lo que debió ser estimado por el Ad-quem como hecho probado, que el demandado Abogado Dagoberto Mejía Pineda realizó los servicios inicialmente contratados verbalmente por el señor el hoy demandante señor Mario Álvarez Hernández, así como el resultado de la declaración del testigo Leonardo Rodas Contreras, que el Abogado Dagoberto Mejía Pineda elaboró y redactó el escrito de Recurso de Amparo en mención puesto que además no requiere de poder especial para su interposición, este debió ser en una valoración exhaustiva con razonamiento lógico, de igual manera la evidencia demostrada con el medio de prueba documental privado “RECIBO” entregado al señor Mario Álvarez Hernández”, admitido a ambas partes, el concepto del pago por adelanto de honorarios profesionales, hecho que fue reafirmado con la práctica del medio de prueba interrogatorio de parte admitido a la parte demandada, que rindiera el demandante señor Mario Alexander Álvarez Hernández, de su propia declaración aceptó haber contratado al Abogado Mejía Pineda para que le atendiera profesionalmente sus asuntos judiciales, sin especificarlos en ese momento, pero posteriormente se determinan en el escrito de demanda, por ende es un hecho probado que descarta la figura del pago de lo no debido, que el Juzgador A-quo y Ad-quem, debió valorar, ya que la fundamentación jurídica de toda sentencia deben estar sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria, es decir que el encuadre fáctico de una sentencia debe venir generado de la actividad valorativa expresada en la fundamentación jurídica, lo que es insuficiente en la sentencia impugnada. Por todo lo antes explicado debe ser admitido este motivo de casación. 3. TERCERA CAUSAL: Interpretación errónea de los artículos 219 y 221 del Código Procesal Civil en la sentencia impugnada. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza éste motivo de casación el Artículo 719 Numeral 2. Del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN: En relación a las costas del juicio el Artículo 219 del Código Procesal Civil, manda que en los juicios declarativos se imponga el pago de costas, a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones; y si la estimación fuere parcial cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por igual. Por otra Parte, el artículo 221 del mismo Código señala que cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación o extraordinario de casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, o dispuesto en este Código en cuanto al principio del vencimiento. En éste caso que nos ocupa, se visualiza que, en el fallo de segunda instancia, la parte demandante obtuvo en primera instancia la estimación parcial de sus pretensiones; puesto que no se condena el total de la cuantía pretendida en la demanda, ni los intereses por no haberse probado los mismos ni que hubo mala fe. Situación que de igual manera debió estimar el Juzgador Ad-quem que no hubo estimación total de las pretensiones del actor. Por ello, que el Ad-quem en su sentencia impugnada incurre en interpretación errónea de los artículos 219 y 221 del Código Procesal Civil al darles una interpretación que no corresponde a su verdadero espíritu, toda vez que la parte demandada no fue totalmente vencida en vista que el demandante no ha obtenido ni con la sentencia del A-quo ni del Ad-quem la estimación total de sus pretensiones. Por lo tanto, el Juzgador Ad-quem incurrió en interpretación errónea de los artículos 219 y 221 del Código Procesal Civil al darles una interpretación que no corresponde a su verdadero espíritu, que en casos concretos como éste en particular no es dable la condena en costas de segunda instancia a la parte demandada-apelante, puesto que si bien la parte demandante-apelanda logra la confirmatoria de la sentencia de primera instancia, no obtuvo con ello la estimación total de sus pretensiones de su acción como se ha expresado renglones arriba, en consecuencia lo ajustado al espíritu de los citados artículos cuando haya estimación parcial de las pretensiones es que cada una de las partes pague las costas que le correspondan por partes iguales. El mérito de las explicaciones que se ha dado de esta tercera causal de casación hace procedente su admisión y por ende casarla sentencia impugnada. PRONUNCIAMIENTO QUE SE PRETENDE EN CASACIÓN: Con el mérito de las causales en que se basa el presente recurso de casación, casada que sea la sentencia recurrida para reparar las infracciones sustantivas y adjetivas cometidas, se solicita que esa Honorable Corte Suprema de Justicia en sede de instancia y en observancia de lo dispuesto por el artículo 727.5 del Código Procesal Civil, dicte nueva sentencia resolviendo el litigio con arreglo a derecho, pronunciamiento que se pretende y especifica así: FALLA: 1) ESTIMA procedente el recurso de casación interpuesto y formalizado por el Abogado JAIME IDALBERTO VAQUEZ DELARCA. 2) CASANDO la sentencia proferida en fecha catorce (14) de noviembre del dos mil dieciocho (2018) por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. 3) Declarando SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA POR EL PAGO DE LO NO DEBIDO, Promovida ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor MARIO ALEXANDER ALVAREZ HERNÁNDEZ 4) CON COSTAS de casación a las partes por igual.” SEXTO: Que el abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: (Sic) “EN RELACION A LA CAUSAL PRIMERA DE LA CASACION. Se impugna Infracción Indirecta del artículo 245 y 268.1 del Código Procesal Civil, por error por las partes del medio de prueba denominado Declaración Testifical rendida por AMADO PEREZ propuesto por la parte Demandante. PRECEPTO AUTORIZANTE. Según el recurrente este motivo de Casación lo autoriza el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. SUPUESTA EXPLICACION. Según el recurrente los artículos 245 y 268.1 del Código Procesal Civil le sirven de respaldo y realiza una transcripción literal de los mismos. Asevera el recurrente que la Corte de Apelaciones no valoró de manera adecuada los medios de prueba ofertados y evacuados, de igual forma que la Corte de Apelaciones no revisó y valoró los hechos tenidos como probados. - Según el recurrente se debió de tener como Hecho Probado que existía pendiente en los Tribunales un caso Penal y un caso Civil que requería la interposición de un Recurso ante la Sala Constitucional y la atención de un recurso de Casación instaurado ante la Sala Penal, efectivamente esto es completamente cierto, ahora bien lo que no es menos cierto es que los Medios de Prueba denominados Documento Público y reconocimiento Judicial, tenían como objetivo el acreditar con grado de absoluta certeza LAS FECHAS EN QUE SE PRESENTO EL RECURSO DE CASACION y que el mismo NUNCA FUE PRESENTADO POR EL ABOGADO DAGOBERTO MEJIA PINEDA. El Colega recurrente en su momento procesal oportuno acompaño a su Contestación de la Demanda copia Fotostática de un Escrito cuya suma establece: “Se interpone Acción Constitucional de Amparo con Suspensión del Acto Reclamado” este escrito quien lo presentó y firmo fue el Abogado LEONARDO RODAS CONTRERAS, y fue presentado en fecha veinticuatro (24 de junio del año dos mil dieciséis (2016), ósea diecisiete (17) días después de que mi representado ya le había expresado al Demandado que prescindía de sus servicios. El Colega de igual forma acompaño a su Contestación de la Demanda un escrito cuya suma establece: “Solicito Pronunciamiento Concreto sobre Solicitud de Suspensión del Acto Reclamado” este escrito fue presentado en fecha catorce (14) de septiembre siempre del año dos mil dieciséis (2016), este documento si aparece firmado por el Demandado, pero un (1) mes y siete (7) días después de haberle sido notificado de forma verbal que se prescindía de sus servicios, este documento solo fue presentado para tratar de respaldar o justificar el quedarse con una fuerte cantidad de dinero por la cual no ha trabajado, ya el mismo escrito de Acción de Amparo solicitaba lo mismo que el colega vuelve a replantear solo para tratar de justificar el apropiarse de dinero por el cual no trabajó. El Recurrente ante una incómoda situación de tratar de defender lo indefendible, realizó un juego de palabras en sus diferentes escritos como ser: Que el Ahogado DAGOBERTO MEJIA PINEDA, redactó y elaboró un escrito de Acción de Amparo, con solicitud concreta de Suspensión de Acto Reclamado y que ese extremo fue confirmado mediante el Reconocimiento Judicial practicado, relacionando extremos que son completamente falaces, aseveración que realizo entre otras cosas por lo siguiente: El Colega omite establecer con claridad fechas claves como ser el día Tres (3) de Junio del año dos mil dieciséis (2016), en que en que mi representado después de ser objeto de una presión psicológica, le entrego al Demandado un cheque por la cantidad de Setecientos mil Lempiras (L 700,000.00), al día siguiente el Demandado procedió a cambiarlo, ósea el día Sábado Cuatro (4) de junio del año dos mil dieciséis (2016), el día lunes seis (6) y martes siete (7) de junio del año dos mil dieciséis (2016), después de que mi representado no era atendido por el Demandado, procedió a darle instrucciones precisas al Demandado vía telefónica de que ya no realizara ninguna acción, estamos hablando únicamente de cuatro (4) días, dos días hábiles y dos días inhábiles; cualquier acción realizada por el Abogado DAGOBERTO MEJIA PINEDA después del día siete (7) de Junio del año dos mil dieciséis (2016), fue realizado por el Demandado para tratar de justificar su accionar irresponsable y pretender apropiarse del dinero que de buena fe se le entrego para que realizara acciones legales que no hizo, ni siquiera hizo el Poder Especial para Pleitos, mucho menos el Contrato de Servicios Profesionales que habían convenido en celebrar.- EN RELACION A LA CAUSAL SEGUNDA DE LA CASACION. Precepto Autorizante Según el Recurrente. Esta causal de Casación se encuentra autorizada en el numeral 1. Letras c) del artículo 719 deI Código Procesal Civil. EXPLICACION O ARGUMENTO DEL RECURRENTE. Argumenta el recurrente que supuestamente la Sentencia que nos ocupa es carente de una correcta motivación fáctica jurídica del juicio conducente con la apreciación e interpretación del derecho. Afirma el recurrente que Ad-quem priorizó valorar la prueba de la parte Demandante y soslayó el valor de la prueba ofertada y evacuada por la parte Demandada. Según el recurrente la parte Demandada con sus medios de prueba Documento Público y el de Reconocimiento Judicial, demuestra que el Abogado DAGOBERTO MEJIA PINEDA “interpuso el Recurso de Amparo con registro 639-2016 y realizó acciones atinentes a dicho recurso extraordinario en favor de los intereses del Demandante Mario Alexander Álvarez Hernández, además de gestionar en favor de éste tina Sentencia favorable en un recurso penal en su contra lo que debió ser estimado por el Ad-quem como hecho probado, que el Demandado Abogado Dagoberto Mejía Pineda realizo los servicios inicialmente contratados verbalmente por el señor Mario Álvarez Hernández, así como el resultado de la Declaración del Testigo Leonardo Rodas Contreras, que el Abogado Dagoberto Mejía Pineda elaboró y redactó el escrito de Recurso de Amparo en mención puesto que además no quiere de poder especial para su interposición. Asevera el recurrente que el hecho de haber presentado el “RECIBO” debe de ser valorado en su beneficio, ya que ese extremo fue admitido por ambas partes y que inclusive mi representado así lo estableció en su declaración, ello descarta según la figura del Pago de lo no Debido, aseveración a todas luces fuera de toda lógica elemental, por el contrario, ese RECIBO es la prueba medular de que el Demandado recibió una considerable cantidad de dinero y a cambio no recibió nada. El colega recurrente argumenta que la Juez se ha apartado de las reglas de la Sana Critica, ya que según el recurrente la Juez tiene un razonamiento contrario a la evidencia probatoria de las pruebas documentales aportadas, le recuerdo al Colega que desde la Contestación de la Demanda han aceptado que efectivamente recibió el Demandado setecientos mil Lempiras (L 700,000.00), para la realización de trabajos legales, el Demandado solo se preocupó de cobrar esa cantidad de dinero y en dos días ni siquiera elaboro la Escritura Pública de Poder, tampoco elaboro el correspondiente Contrato de Servicios Profesionales, repito solo se ocupó de cobrar el cheque y proceder a entregarle al señor GEOVANI BARDALES QUEZADA la cantidad de Quinientos mil Lempiras (L 500,000.00), que era precisamente la misma cantidad que este señor BARDALES QUEZADA le había pedido prestado a mi representado y que mi cliente le había expresado que no le podía prestar (Ver Anexo Numero Cinco), esto solo demuestra una vez más la trama hilvanada por el Demandado y el Abogado BARDALES QUEZADA. El medio de Prueba denominado Documental Privado, aportado y admitido a ambas partes, “RECIBO” acredita aun mas el hecho que el Demandado se apropió de una cantidad considerable de dinero por el cual no hizo ningún trabajo, es más importante es destacar que ese recibo no es de los Recibos autorizados por la SAR, con ello inclusive queda en evidencia la comisión de un accionar sancionado por nuestro ordenamiento jurídico al no Tributar al Estado. EN RELACION A LA TERCERA CAUSA DE LA CASACION. Precepto Autorizante: Según el recurrente autoriza este motivo de Casación el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. El recurrente argumenta que el pago de Costas no es procedente, que el principio de vencimiento no se debe de aplicar en perjuicio de su representado. La interposición de recursos por parte del Demandado a través de su apoderado, desde un inicio única y exclusivamente obedece a la deliberada intención de atrasar el pago de la cantidad de dinero que de forma incorrecta pretende apropiarse. El Colega relaciona un fundamento (124 del Arancel de Profesionales del Derecho), el cual no le es aplicable, lo anterior debido a que el Demandado nunca presentó ningún Recurso, Demanda o escrito alguno dentro de los cuatro (4) días que duró la relación de trabajo pactada siempre verbalmente, en ese sentido repito no es aplicable dicho fundamento, los escritos “inventados” con posterioridad a esas fechas ya remarcadas en este documento, son solo una coartada para justificar el pretender quedarse con cantidades de dinero por las cuales no se trabajó.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3. De lo expuesto por el abogado recurrente Jaime Idalberto Vásquez Delarca, en el escrito de interposición del motivo de casación, la Sala de lo Civil en forma sucinta resume los alegatos planteados en cada uno de los motivos expuestos, ello en razón de que cada uno de ellos aparecen citados literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. 4. En el Primer Motivo, básicamente el impetrante señala que el fallo proferido por el tribunal de segunda instancia supone la vulneración indirecta de los artículos 245 y 268.1 del Código Procesal Civil, invoca como causal del motivo lo dispuesto por el artículo 719.2 del citado código. En sustento de sus alegatos, esgrime que el tribunal de segunda instancia no ha valorado de manera adecuada en la sentencia impugnada los medios de prueba principalmente los presentados y evacuados por parte de esa representación. Sigue aduciendo que la finalidad del recurso de apelación es la revisión y valoración de los medios de prueba, así como los hechos tenidos como probados por el juzgador a-quo en la resolución recurrida, por lo que el Tribunal superior ha de decidir conforme a lo alegado por las partes oídas contradictoriamente, y desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva, circunstancia de lo que carece la sentencia recurrida, ya que en el ordinal Sexto, de los antecedentes de hecho, los hechos tenidos por probados por el Juzgador a-quo se observa una marcada inclinación a la pretensión del demandante, que se contrapone a la realidad fáctica jurídica reflejada de los hechos sostenidos en la demanda, la contestación y el resultado de la práctica de los medios de prueba ofertados por las partes, medios de prueba que tienen que ver con tener pendiente en los Tribunales un caso penal y un caso civil que requería de la interposición de un Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional, y la atención de un Recurso de Casación instaurado ante la Sala Penal, todo lo cual es un hecho probado que debió tenerse en cuenta en la sentencia del a-quo, como reza el artículo 268.1 del Código Procesal Civil; que en fin, debería ser un hecho probado que el demandado abogado Dagoberto Mejía Pineda realizó los servicios inicialmente contratados verbalmente por el hoy demandante señor Mario Álvarez Hernández, ya que este hecho fue reafirmado con la declaración del testigo Leonardo Rodas Contreras, por lo tanto así debió ser el razonamiento lógico del Juzgador a-quo y que debió hacerlo suyo el ad-quem. Contrario a los hechos probados de la sentencia recurrida, con el medio de prueba documental privado “recibo” entregado al señor Mario Álvarez Hernández”, evidencia probado el concepto del pago por adelanto de honorarios profesionales, mismo que queda corroborado con la práctica del medio de prueba interrogatorio de parte admitido a la parte demandada, que rindiera el demandante señor Mario Alexander Álvarez Hernández, quien aceptó haber contratado al abogado Mejía Pineda para que le atendiera profesionalmente sus asuntos judiciales, sin especificarlos; sin embargo los mismos fueron determinados en el escrito de demanda, todo lo cual siendo un hecho probado, debió ser estimado por el Juzgador A-quo y Ad-quem, y con ello dejar descartado la figura del pago de lo no debido. 4.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Los argumentos expuestos por el recurrente en el Primer Motivo no son de recepción por parte de la Sala, ello se considera así, porque básicamente no se ha seguido una correcta técnica casacional al momento de plantear el recurso, falencias de la técnica recursiva que tienen que ver con lo siguiente: a) Resulta notorio el error en la causal recursiva invocada, puesto que el recurrente bajo la egida del precepto autorizante invocado, como lo es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que está referido a la impugnación de la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; pretende que la Sala haga revisión de la probable transgresión indirecta de dos normas procesales (in procedendo), esto es los artículos 245 y 268.1 del Código Procesal Civil; b) Pretende el recurrente que la Sala se pronuncie sobre la alegada falta de valoración de medios de prueba en los fallos proferidos, tanto por la primera instancia, como el dictado por el tribunal ad-quem; medios de prueba propuesto por parte de esa representación procesal y que concretamente versan sobre el tener pendiente en los tribunales un caso penal y un caso civil que requería de la interposición de un Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional, y la atención de un Recurso de Casación instaurado ante la Sala Penal. Con tal argumento recursivo el impetrante incurre en un doble error, por una parte no se puede impugnar en casación las sentencias proferidas en primera instancia, ello por estarle vedado su conocimiento a la Sala, al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de apelaciones; y por otra parte tenemos la exclusión de la revisión probatoria en casación, ello de acuerdo con lo señalado por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, que establece que por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia; y c) Aunado a lo anterior el recurrente al señalar que el fallo proferido ha vulnerado de manera indirecta los dos artículos que cita; no explica a la Sala en qué consiste tal vulneración, menester es recordar al respecto que cuando se dice que un artículo se ha vulnerado es preciso entonces señalar si el mismo se interpreto erróneamente, no se aplicó o aplicándose, no correspondía aplicarse por parte del Tribunal de Alzada, y además señalar como tal vulneración ha incidido en el sentido de la resolución impugnada; no hacerlo así concita que no se ha observado por parte del recurrente lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. 5. El impetrante expone el Segundo Motivo, señalando que se impugna la forma y contenido de la sentencia recurrida. Invoca como Precepto Autorizante el artículo 719. 1. c) del Código Procesal Civil. En explicación del motivo, aduce que la sentencia que nos ocupa carece de una correcta motivación fáctica jurídica del juicio conducente con la apreciación y valoración de las pruebas armónicamente con la aplicación e interpretación del derecho; ello porque el ad-quem en su sentencia prioriza su valoración probatoria destacando la prueba de la parte demandante y soslaya el valor probatorio que demuestra la prueba ofertada y evacuada por la parte demandada, haciendo suya ilimitadamente la valoración de prueba plasmada en la sentencia del a-quo, razones para estimar que la sentencia objeto de casación, vuelve la misma insuficiente en su motivación fáctica y jurídica, ya que los medios de prueba de la parte demandada documento público y de reconocimiento judicial, demuestran que el abogado Dagoberto Mejía Pineda interpuso el recurso de amparo con registro 639-2016 y realizó acciones atinentes a dicho recurso extraordinario en favor de los intereses del demandante Mario Alexander Álvarez Hernández, además de gestionar en favor de éste una sentencia favorable de un recurso de casación penal en su contra, así como la declaración del testigo Leonardo Rodas Contreras, en cuanto que el abogado Dagoberto Mejía Pineda elaboró y redactó el escrito de Recurso de Amparo en mención puesto que además no requiere de poder especial para su interposición, de igual manera la evidencia demostrada con el medio de prueba documental privado “Recibo” entregado al señor Mario Álvarez Hernández, el concepto del pago por adelanto de honorarios profesionales, hecho que fue reafirmado con la práctica del medio de prueba interrogatorio de parte admitido a la parte demandada, que rindiera el demandante señor Mario Alexander Álvarez Hernández, quien aceptó haber contratado al abogado Mejía Pineda para que le atendiera profesionalmente sus asuntos judiciales, sin especificarlos en ese momento, pero posteriormente se determinan en el escrito de demanda, medios de prueba con los cuales se desvanece la figura del pago de lo no debido bajo la cual se instauró la pretensión del demandante. 5.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. De las razones expuestas por el impetrante en el Segundo Motivo, la Sala deja establecido que las mismas no concitan su admisibilidad, toda vez que se incurre en falencias de carácter recursivo, así tenemos lo siguiente: a) Se pretende bajo la egida del precepto autorizante invocado, esto es el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil (referido a la forma y contenido de la sentencia), que la Sala haga revisión de la motivación fáctica y jurídica del fallo de segunda instancia; sin embargo, no menciona ninguna norma jurídica infringida que estime se ha vulnerado por parte del Tribunal de Alzada en el fallo proferido, esto es si la segunda instancia no ha hecho aplicación, ha aplicado erróneamente o interpretado de forma incorrecta normas procesales, tal falencia implica que el impetrante en esta vía no observa el contenido del artículo 721.2 del Código Procesal Civil, norma esta que establece los requisitos elementales que debe observar todo escrito recursivo de casación; por lo cual la infracción denunciada carece de sustento al no invocar disposición jurídica alguna cuya infracción se encuentre precisada en el motivo expuesto; y b) Nuevamente el recurrente señala como argumento toral, la probable falta de valoración de medios de prueba por parte de la segunda instancia, con lo cual olvida la exclusión de la revisión probatoria en casación, tal y lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, que señala: “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”. A esta regla general opone lo establecido en el artículo 720.2 del mismo código, al establecer que el casacionista puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico. 6. En el Tercer Motivo el recurrente señala que el fallo del tribunal de alzada, vulnera por Interpretación errónea los artículos 219 y 221 del Código Procesal Civil; señala como Precepto Autorizante el artículo 719. 2 del Código Procesal Civil. En explicación del motivo, aduce que en relación a las costas del juicio el artículo 219 del Código Procesal Civil, manda que en los juicios declarativos se imponga el pago de costas, a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones; y si la estimación fuere parcial cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por igual. Por otra parte, el artículo 221 del mismo Código señala que cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación o extraordinario de casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en este Código en cuanto al principio del vencimiento. En el caso que nos ocupa dice, que la parte demandante obtuvo en primera instancia la estimación parcial de sus pretensiones; puesto que no se condena el total de la cuantía pretendida en la demanda, ni los intereses por no haberse probado los mismos ni que hubo mala fe. Situación que de igual manera debió estimar el Juzgador ad-quem en su sentencia, por lo que incurre en interpretación errónea de los artículos 219 y 221 del Código Procesal Civil, toda vez que la parte demandada no fue totalmente vencida en vista que el demandante no ha obtenido ni con la sentencia del a-quo ni del ad-quem la estimación total de sus pretensiones. En casos concretos como éste en particular no es dable la condena en costas de segunda instancia a la parte demandada-apelante, puesto que, si bien la parte demandante-apelada logra la confirmatoria de la sentencia de primera instancia, no obtuvo con ello la estimación total de sus pretensiones, en consecuencia lo ajustado al espíritu de los citados artículos cuando haya estimación parcial de las pretensiones es que cada una de las partes pague las costas que le correspondan por partes iguales. 6.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Respecto de lo señalado por el impetrante en el Tercer Motivo, la Sala después de un examen de lo expuesto, encuentra que no se han seguido los parámetros correctos de la técnica casacional, consecuentemente no pasa el tamiz de admisibilidad; tales falencias recursivas tienen que ver con lo siguiente: a) Señala como Precepto Autorizante el artículo 719. 2 del Código Procesal Civil, y pretende que la Sala haga examen de la probable vulneración de dos normas procesales, esto es los artículos 219 y 221 del Código Procesal Civil, con lo cual equivoca la causal recursiva, ello porque para poder plantear la posible vulneración de normas procesales, se debe invocar como precepto autorizante, cualquiera de los supuestos contemplados por el artículo 719.1 del Código Procesal Civil; y b) El impetrante cuestiona el fallo de segunda instancia básicamente porque en el mismo debió condenarse en costas a la parte demandada-apelante; para ello señala la interpretación errónea de los artículos 219.1 y 221 del Código Procesal Civil, tal argumentación resulta ser accesoria de la cuestión principal, razón para estimar por parte de la Sala que plantearlo en un motivo de casación, deviene en ser manifiestamente infundado y consecuentemente es inadmisible de conformidad con el artículo 723.2 b) del Código Procesal Civil. Al respecto esta Sala ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones[1].7. La defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los tres motivos de casación expuestos, la causa prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose con base a la motivación jurídica expuesta y aplicando lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, párrafo primero, 304, 313 numeral 14); 316 párrafo primero de la Constitución de la República; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721.2, 722, 723.2 literal a), 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere por unanimidad de votos el presente auto irrecurrible y declara: I. INADMISIBLE el recurso de casación en sus tres motivos formalizado por el abogado Jaime Idalberto Vásquez Delarca, actuando en su condición de representante procesal del abogado Dagoberto Mejía Pineda. II. FIRME la sentencia recurrida dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de noviembre de 2018, registrado en el expediente de apelación bajo el número 06575-16, originado en los autos que conforman el expediente número 0801-2016-06575-CPCO del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. III. CONDENA EN COSTAS al recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de junio del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha cuatro de febrero del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 95=2019.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] S.C. 172-2016, S.C. 49-2017.