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Sentencia CC-82-19 — Registro 13121

Resumen

En segunda instancia se confirmó la sentencia qué declarando sin lugar la demanda de nulidad absoluta de un proceso ejecutivo, la subasta judicial, la adjudicación de bienes y su inscripción registral; pago de daños y perjuicios.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “5.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Esta Sala es del criterio que el recurrente infringe los requisitos fundamentales para la interposición del recurso extraordinario de casación inobservando la debida técnica casacional, a saber: a) El recurrente infringe el deber que le impone el artículo 721 del Código Procesal Civil de hacer constar el motivos con la suficiente separación y claridad, pues pretende que bajo un mismo motivo se examine la infracción de normas, tanto formales como de contenido de la sentencia, que por constituir aspectos diferentes han de abordarse por separado porque una cosa son los requisitos que debe tener una sentencia y otra es que elementos compone cada uno de estos requisitos. b) Al exponer las normas formales como las normas internas de la sentencia, no es preciso en relación a si se trata de una falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de las mismas, únicamente al referirse a los artículos 7.1 y 211 del Código Procesal Civil ha expresado que han sido infringidas por falta de aplicación, pero estas se refieren, la primera a la legalidad procesal y formas, y la segunda a la nulidad o anulabilidad de los actos procesales. c) Refiere normas que originariamente no fueron citadas como infringidas y otras normas que regulan cuales son los actos procesales que serán nulos, las cuales tienen otra causal de casación para su examen y que no es la abordada por el censor. d) Comete el yerro de cuestionar la sentencia dictada por el a-quo, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 717 del Código Procesal Civil, que establece que solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos definitivos dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones; incurriendo el recurrente en la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2 a) del mismo código.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “7.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Esta Sala es del criterio que el recurrente ha incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización por las razones siguientes: a) Falta al requisito fundamental de hacer constar el motivo en que la casación se basa, con expresión de las normas cuya infracción sustenta el motivo con la suficiente separación y claridad, tal y como lo demanda el artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil, creando confusión al citar una serie de preceptos heterogéneos en un solo motivo pero invocando dos formas de infracción de las normas (interpretación errónea y falta de aplicación), pues tratándose de normas que regulan aspectos y materias totalmente diferentes debían abordarse separadamente, de tal manera que resulta sumamente difícil entender el motivo debido a que ha combinado normas procesales con normas sustantivas y constitucionales que, por los supuestos que contienen, deben tener diferente vía de examen en el recurso extraordinario de casación y que por tanto han debido presentarse en motivos separados, sobre todo tomando en consideración las dos formas de infracción pretendidas. b) Incurre no solo en el error de citar un conjunto de normas heterogéneas, sino también en el error de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de normas que rigen determinada materia, quebrantando la técnica de casación que implica que en cada motivo de casación se precise la infracción que se considera cometida, debiendo evitarse la concentración de todos o la mayor parte de los artículos que regulan la materia objeto de juicio. c) El recurrente pretende instar la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, lo que no está permitido mediante el recurso de casación conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. Por lo tanto, incurre en la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del mismo código.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores RAMONA CARMINDA MERREN RAMOS viuda de TATUM y EDDIE MURPHY TATUM MERREN, representados en juicio por el abEogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, como recurrentes; siendo recurrida la sociedad mercantil denominada BANCO ATLANTIDA S.A., representada en juicio por el abogado EDWIN GEOVANNY NUÑEZ AGURCIA. OBJETO DEL PROCESO: “POR EL TRAMITE DEL PROCESO ORDINARIO SE DEMANDA LA NULIDAD ABSOLUTA DE UN PROCESO EJECUTIVO, LA SUBASTA JUDICIAL, LA ADJUDICACION DE BIENES Y SU INSCRIPCION REGISTRAL, PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, por los señores RAMONA CARMINDA MERREN RAMOS viuda de TATUM, soltera, ama de casa, y EDDIE MURPHY TATUM MERREN, casado, comerciante, ambos mayores de edad, hondureños y con domicilio en el Municipio de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, contra la sociedad mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., por medio de su representante legal, señor GUILLERMO BUESO ANDURAY. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, en fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, qué falló de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: Declarando sin lugar la demanda de nulidad absoluta de un proceso ejecutivo, la subasta judicial, la adjudicación de bienes y su inscripción registral; pago de daños y perjuicios, contemplado en el expediente número 0101-2011-00795. SEGUNDO: Sin lugar el pago de daños y perjuicios que contiene honorarios, gastos incurridos y honorarios pagados por estudio del caso, ya que en el caso de los honorarios será condenado al pago de estos en caso de ser rechazadas todas sus pretensiones, y no fueron probados los daños y los perjuicios causados. TERCERO: Con base al principio de vencimiento, con condena en costas. MANDA: Notificar a las partes a la mayor brevedad posible a presente sentencia, sin que el plazo de notificación exceda de los tres (3) días desde que se dictó tal como lo establece el artículo 480 párrafo primero del Código Procesal Civil, a las partes procesales. DISPOSICION IMPUGNATIVA: La presente resolución judicial es susceptible de recurso de apelación, el que deberá de ser interpuesto dentro de los diez (10 días hábiles siguientes a su notificación ante este órgano jurisdiccional. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, actuando en su condición de representante procesal de los señores RAMONA CARMINDA MERREN RAMOS viuda de TATUM y EDDIE MURPHY TATUM MERREN, en fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: La sociedad mercantil denominada “BANCO ATLANTIDA S.A.”, por medio de su representante procesal, abogado EDWIN GEOVANNY NUÑEZ AGURCIA, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los abogados GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO y EDWIN GEOVANNY NUÑEZ AGURCIA, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veintiuno y veintidós de marzo de dos mil diecinueve, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION PROCESAL POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA PRIMER MOTIVO. Infracción de los artículos 200 numerales 1 y 2, literales c) y d), en relación al artículo 206.3, ambos del Código Procesal Civil, estos, en relación a los artículos 7.1 y 211 del Código Procesal Civil, estos dos últimos por falta de aplicación. Se trata de normas procesales que regulan el CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS Y SUS REQUISITOS INTERNOS, entre ellos: el orden, la redacción, estructuración, y su contenido formal, así como la prescripción del Código Procesal Civil, de que las formalidades que prevé, tienen el carácter de imperativas, y la sanción de nulidad que, por el incumplimiento de los requisitos establecidos para los actos procesales prescribe el mismo Código. FUNDAMENTACION. El artículo 200 numeral 1 y 2, literales c) y d) del Código Procesal Civil regula EL CONTENDIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS: “Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: c) En los fundamentos de derecho, se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.- d)El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de sus pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento de las costas. También determinara, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicios de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación”. El artículo 206.3 del Código Procesal Civil establece como requisitos internos de la sentencia: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. “Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación, el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” El Artículo 7.1 del Código Procesal Civil, en sus PRINCIPIOS, regula LA LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS: “El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas.” Y el artículo 211 del Código Procesal Civil regula LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES. Prescribiendo que “El incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.” PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1 literal c) CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, en la parte que dice: “La forma y contenido de la sentencia”. IDENTIFICACION PRECISA DEL PRONUNCIAMIENTO O PARTE DE EL QUE SE IMPUGNA. 1. De la sentencia de primera instancia, dictada el 18 de abril del 2018, (que al ser confirmada la hizo suya el Ad quem), se identifica DE LOS HECHOS PROBADOS el capítulo TERCERO, que obra a folio 147 frente y vuelto “En cuanto al motivo de Nulidad planteado en el HECHO SEXTO de la demanda, referente a LA FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL, ESTE HECHO FUE PROBADO, pues el Juez como bien dice la ley, DEBIO EXAMINAR SU PROPIA COMPETENCIA TERRITORIAL, y lo hace en la motivación del auto del 28 de octubre del 2011. Los ejecutados pudieron hacer uso de la figura de LA DECLINATORIA, contemplada en el artículo 44 CPC, que contiene la Declinatoria y denunciar la FALTA DE COMPETENCIA, según manifiesta el numeral 3 de ese artículo, pero los ejecutados no hicieron uso de esa figura dando por aceptada cualquier del Juzgado, ahora bien el hecho de no interponer ningún recurso o denuncia acerca de la competencia, no quiere decir que esto haya creado indefensión, pues los ejecutados tenían conocimiento de la demanda.” “Tocar el apartado del mandamiento de ejecución, contemplado en el argumento de nulidad del mandamiento de ejecución por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales exigidos, mas puntualmente el denominado ESTADO DE DUENTA CERTIFICADO, donde se planteó el reconocimiento judicial del señor Juez como medio probatorio quien manifestó en el acta levantada que el Contador del Banco Atlántida es el señor Julio Cesar Munguía Rodríguez, quien tiene su asiento en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, en la Plaza BANCATLAN, pero en ningún momento se probó que el firmado por el señor Wilberg Omar Moncada reyes, quien firma como Contador del Banco Atlántida S.A. en San Pedro Sula, sea nulo; así conforme a lo establecido en el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero, que manda que el estado de cuenta certificado por el contador de una institución del sistema financiero hará fe en juicio, salvo prueba en contrario, para la determinación del saldo a cargo de los clientes deudores. Los documentos de crédito junto con el estado de cuenta certificado, serán títulos ejecutivos, dicho artículo no refiere que tenga que ser el Contador General de la Institución financiera y además … que hará fe en juicio, salvo prueba en contrario”. También se identifica el capítulo de la “PARTE DISPOSITIVA”, que obra a folio 149 vuelto, que literalmente dice: “PARTE DISPOSITIVA. La nulidad no existe por la nulidad misma, debe tener un objeto y un fin, que en términos generales es asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio, por eso se dice “Donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad”.- El fin supremo, bajo la premisa anterior los ejecutados del proceso de ejecución hipotecario ventilado bajo el expediente número 0101-2011-00795, no hicieron uso de los medios que la ley les ofrecía, para que en el momento procesal oportuno denunciaran la declinatoria por falta de competencia territorial del juzgado de Letras de La Ceiba; luego de requeridos Eddie Murphy Tatum Merren, en su condición de Gerente de la Empresa mercantil Corporación Marítima Tatum S de R.L. también identificada con el nombre de comercial de Tatum Marine Corporation, y Truman Tatum Carter, en su condición de aval, al no hacerlo, convalidaron el error del juez al admitir la demanda en este territorio y si tomamos en cuenta los principios de finalidad del acto y trascendencia ya enunciados, se concluye que no fue violado el principio constitucional de la defensa en juicio. POR TANTO, ESTE JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, impartiendo justicia en nombre de la República de Honduras la Abogada María Magdalena Urrutia Navarro, FALLA: PRIMERO: Declarando sin lugar la demanda de nulidad absoluta de un proceso ejecutivo, la subasta judicial, la adjudicación de bienes y su inscripción registral; pago de daños y perjuicios, contemplado en el expediente 0101-2011-00795. SEGUNDO: Sin lugar el pago de daños y perjuicios que contiene honorarios, gastos incurridos y honorarios pagados por estudio del caso, ya que en el caso de los honorarios será condenado al pago de estos en caso de ser rechazadas todas sus pretensiones, y no fueren probados los daños y los perjuicios causados. TERCERO: Con base al principio del vencimiento, con condena en costas”. 2. De la Sentencia de segunda instancia, dictada el 28 de noviembre del 2018. Se identifica el Capítulo DE LA FUNDAMENTACION JURIDICA Y PROBATORIA. NUMERAL “QUINTO”que literalmente consigna: “En lo que se refiere a LOS AGRAVIOS en cuanto a la FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA concierne, el recurrente señala que la A quo omitió aplicar ciertos artículos del Código Procesal Civil como ser el artículo 212.2 que sanciona la nulidad de los actos procesales cuando se produzcan con falta de competencia territorial…. de igual, la disposición referente a la sumisión expresa y lo previsto en el artículo 792 del Código de rito, lo que no comparte este Ad Quem puesto que la A quo en su fallo consigna las disposiciones que le sirven de fundamento, la que va acorde a lo resuelto, además debe tenerse presente que la parte actora no hizo uso del derecho a presentar oposición a la ejecución ante la falta de competencia del tribunal para luego ejercer el derecho consignado en el artículo 798 del ya referido código procesal civil, el cual invoca únicamente en su numeral tercero, sin embargo debe tomarse en consideración lo dispuesto en los demás numerales que le conforman. LOS AGRAVIOS en cuanto a la PARTE DISPOSITIVA recaen sobre el hecho de que la señora Juez en ese acápite de su fallo previo a emitir su pronunciamiento, argumenta y razona expresamente sobre la nulidad y la indefensión…. nuevamente el recurrente señala por qué estima que la Juez debió declarar con lugar la demanda por probar que probo la falta de competencia territorial del tribunal en ese proceso de ejecución, así como los otros motivos de nulidad alegados. Respecto a lo antes indicado esta integración hace la observación al señora Juez de primera instancia, que en lo sucesivo se limite a dar estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 200 del código procesal civil sobre el contenido formal de las sentencias, que en el inciso d) prevé “El fallo contendrá, numerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todos o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento de las costas…” sin que ello sea motivo suficiente para declarar nulidad del fallo recurrido y en lo que a los alegatos sobre los motivos de nulidad nuevamente indicados por el recurrente, este tribunal ya se ha pronunciado en numerales precedentes sobre cada uno de ellos”. También se identifica el Capitulo PARTE DISPOSITIVA, que literalmente consigna: “POR TANTO: Esta CORTE PRIMERA DE APELACIONES, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente la Magistrada CALIX ZUNIGA y haciendo aplicación de los artículos 90, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1, 55 numero2, 61, 63,137 y 143 de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 72, 126 numeral 1, 169, 170, 191, 193.2 inciso c, 194, 197, 200 numeral 2 literales b, c y d; 206, 207, 208, 212.2, 701, 705, 706, 707, 713, 792, 798, del Código Procesal Civil; los artículos 11, 17, 1586 del Código Civil; 884 del Código de Comercio; 166 de la Ley del Sistema Financiero; articulo 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en su condición de apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia definitiva de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de letras de esta sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho. TERCERO: Con costas en esta instancia”. DETERMINACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO. El perjuicio o agravio que se alega, consiste en la infracción a la normativa procesal, precisamente a las formalidades y requisitos que con carácter de imperativos exige la ley en el contenido de las sentencias, así como a la sanción de nulidad por su incumplimiento. Requisitos que fueron incumplidos, tanto por el A quo, en la sentencia de primera instancia, de fecha 18 de abril del 2018, como por el Ad Quem en la sentencia confirmatoria de segunda instancia del 28 de noviembre del 2018, (que, al ser confirmatoria, la hizo suya, al igual, como aceptadas y aplicadas las disposiciones legales citadas por el A quo). Se observa, que, en la sentencia definitiva de primera instancia, el A quo, en un solo Capítulo denominado HECHOS PROBADOS, numeral tercero, SE PRONUNCIA sobre dos hechos diferentes de la demanda. 1) SOBRE LA FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL, alegada en el hecho SEXTO de la demanda y lo declaró como un hecho probado, pero a su vez expone que el no haber propuesto la declinatoria, los ejecutados dieron por aceptada cualquier actuación de ese juzgado, y que con ello no se creó indefensión; y 2) NULIDAD DEL MANDAMIENTO DE EJECUCION, alegado en el hecho SEPTIMO de la demanda, incumpliendo con la formalidad de las sentencias que exige se expresen en párrafos separados y numerados, los fundamentos de derecho fijados por las partes; De igual manera, se observa que en la PARTE DISPOSITIVA O FALLO, la A quo, expresó, argumentó y razonó, SOBRELA NULIDAD, LA INDEFENSIÓN Y HONORARIOS COMO DAÑOS Y PERJUICIOS, que son aspectos propios a ser expresados, en el acápite, de los fundamentos de derecho. Afirmó que los ejecutados en el expediente 0101-2011-00795, correspondiente al proceso de Ejecución Hipotecaria, no hicieron uso de los medios que la ley les ofrecía, para que en el momento procesal oportuno denunciaran la declinatoria por falta de competencia territorial de este Juzgado. Sigue afirmando la Juzgadora, que, al no hacerlo, CONVALIDARON EL ERROR DEL JUEZ al admitir la demanda en este territorio y en consideración a los principios de finalidad del acto y trascendencia, enunciados previamente, concluyó equivocadamente la Juzgadora, que no fue violado el principio constitucional de la defensa en juicio y con ese único como equivocado razonamiento, emitió su desafortunado fallo: Declarando: 1.- Sin lugar la demanda de nulidad absoluta DE UN PROCESO EJECUTIVO, LA SUBASTA JUDICIAL, LA ADJUDICACION DE BIENES, y su inscripción registral, pago de daños y perjuicios contemplado en el expediente 0101-2011-00795.- 2. Sin lugar el pago de daños y perjuicios que contiene honorarios, gastos incurridos, honorarios pagados por estudio del caso, ya que en el caso de los honorarios será condenado al pago de estos, en caso de ser rechazadas todas sus pretensiones, y no fueron probados los daños y perjuicios causados. -3. Con base al principio de vencimiento, con condena en costas. Con esa argumentación y motivación, el A quo cometió infracción, al incumplir el requisito formal de las sentencias, (su estructura y contenido), prescrito en los artículos 200 numeral 2, literal d) del Código Procesal Civil, que contempla que el fallo solo contendrá los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, y NO LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS LEGALES, lo cual se debe expresar en el acápite de los fundamentos de derecho, como lo establece el mismo artículo 200, numeral 2, literal c) del CPC, y de igual manera, cometió infracción al incumplir el requisito de la debida separación de los pronunciamientos sobre cada uno de los puntos objeto del litigio, prescrito en el artículo 206.3, del Código Procesal Civil. Por su parte, el Ad Quem, en su sentencia de fecha 28 de noviembre del 2018, (que confirmó la de primera instancia y la hizo suya), incumplió los mismos requisitos acerca del CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS, relacionados en el párrafo anterior. Infracción cometida en el numeral Quinto de su FUNDAMENTACION JURIDICA Y PROBATORIA, (obra a folios 14 y 15 frente), donde se pronunció en un solo párrafo, sobre diferentes agravios, expresados en capítulos separados por esta parte apelante, tanto, en cuanto a la fundamentación probatoria de la sentencia, refiriendo, “En lo que se refiere a los agravios en cuanto a la fundamentación probatoria concierne, el recurrente señala que la A quo omitió aplicar ciertos artículos del Código Procesal Civil como ser el artículo 212.2 que sanciona la nulidad de los actos procesales cuando se produzcan con falta de competencia territorial…. de igual, la disposición referente a la sumisión expresa y lo previsto en el artículo 792 del Código de rito, lo que no comparte este Ad Quem puesto que la A quo en su fallo consigna las disposiciones que le sirven de fundamento, la que va acorde a lo resuelto, además debe tenerse presente que la parte actora no hizo uso del derecho a presentar oposición a la ejecución ante la falta de competencia del tribunal para luego ejercer el derecho consignado en el artículo 798 del ya referido código procesal civil, el cual invoca únicamente en su numeral tercero, sin embargo debe tomarse en consideración lo dispuesto en los demás numerales que le conforman. Sobre los agravios en cuanto a la parte dispositiva, en los que se refiere así: “Los agravios en cuanto a la parte dispositiva recaen sobre el hecho de que la señora Juez en ese acápite de su fallo previo a emitir su pronunciamiento, argumenta y razona expresamente sobre la nulidad y la indefensión…. nuevamente el recurrente señala por qué estima que la Juez debió declarar con lugar la demanda por probar que probo la falta de competencia territorial del tribunal en ese proceso de ejecución, así como los otros motivos de nulidad alegados. Respecto a lo antes indicado esta integración hace la observación a la señora Juez de primera instancia, que en lo sucesivo se limite a dar estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 200 del código procesal civil sobre el contenido formal de las sentencias, que en el inciso d) prevé “El fallo contendrá, numerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todos o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento de las costas…” sin que ello sea motivo suficiente para declarar nulidad del fallo recurrido y en lo que a los alegatos sobre los motivos de nulidad nuevamente indicados por el recurrente, este tribunal ya se ha pronunciado en numerales precedentes sobre cada uno de ellos”. Con tal argumentación, el Ad Quem, también incumplió el requisito formal de las sentencias, prescrito en el artículo 200 numerales 1 y 2, literal d) y 206.3 ambos del Código Procesal Civil. Claramente se observa, que el Ad quem, también cometió infracción al incumplir el requisito de la debida separación de los pronunciamientos sobre cada uno de los puntos objeto del litigio, prescrito en el artículo 206.3, del Código Procesal Civil. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA. El hecho de haberse violentado las normas imperativas que regulan el contenido formal de las sentencias por parte del A quo, y que, de haber declarado el Ad quem la nulidad de la misma, definitivamente que en lugar de una sentencia confirmatoria, necesariamente el Ad quem hubiera anulado la de primera instancia, con instrucciones precisas, o con demostración al A quo, que el incumplimiento de la forma de los actos procesales con carácter imperativo, entre ellos las sentencias, se sanciona con la nulidad. De tal manera, que el A quo, a quien ya se le había acreditado los motivos de nulidad alegados en la demanda ordinaria, entre ellos, y en relación a los actos procesales, cuando se produzcan con falta de competencia territorial cuando esta venga fijada imperativamente, se hubiera visto en la obligación de cumplir con el mandato de la ley imperativa y aplicar entre otros, los artículos 211 y 212.2 CPC, declarando la nulidad del Proceso ejecutivo, contenido en el expediente 0101-2011-00795, con pronunciamiento sobre la indemnización reclamada, la cuantía y las costas del juicio. Al no hacerlo, es decir, al dejar de declarar la sanción de nulidad, e incurrir el Ad quem en la misma infracción en el contenido formal de las sentencias, como quedó acreditado, nos obliga, a impugnarla mediante el presente recurso de Casación, con los consiguientes daños y perjuicios a mis representados, tanto morales, físicos, como económicos, lo que realmente era innecesario, si el Ad quem hubiere cumplido con la normativa procesal. PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES. La Infracción objeto de este primer motivo, se produjo tanto en la sentencia de primera instancia, como en la de segunda instancia, o sea, son vicios internos que se producen o manifiestan al elaborar la sentencia, lo que la invalida, habiéndose denunciado dicho defecto en la Apelación, como expresamente lo reconoce el Ad Quem en la sentencia que resolvió tal recurso: La Sentencia confirmatoria contiene la misma infracción, en cuanto al incumplimiento de los requisitos formales de carácter imperativo en su contenido, redacción y debida separación de sus pronunciamientos, cuya sanción es la nulidad. SEGUNDO MOTIVO. Infracción del artículo 200 numerales 1 y 2, literal c, en relación al artículo 207.1 y .2, ambos del Código Procesal Civil, y estos en relación a los artículos 7.1 y 211, ambos del Código Procesal Civil, estos dos últimos por falta de aplicación. Se trata de normas procesales que regulan EL CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS, en lo referente a LA MOTIVACIÓN, y las formalidades que tienen el carácter de imperativas, con la correspondiente sanción de nulidad que, por el incumplimiento de los requisitos establecidos para los actos procesales prescribe el mismo Código Procesal Civil. FUNDAMENTACION. El artículo 200 numeral 1 y 2, literal c) del Código Procesal Civil regula EL CONTENDIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS: “Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. El artículo 207 del Código Procesal Civil, regula la MOTIVACIÓN: 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. El Artículo 7.1 del Código Procesal Civil regula LA LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS: “El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas.” Y el artículo 211 del Código Procesal Civil regula LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES. Prescribiendo que “El incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.” PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1 literal c) Causales del Recurso, y en el artículo 720.2 ambos del Código Procesal Civil, en la parte que dicen: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: La forma y contenido de la sentencia” ,y, “Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo”, en virtud que la motivación de la Sentencia debe ser hecha en base a los razonamientos de los hechos, junto con el ordenamiento jurídico. IDENTIFICACION PRECISA DEL PRONUNCIAMIENTO O PARTE DE EL QUE SE IMPUGNA. 1. De la sentencia definitiva de primera instancia del 18 de abril del 2018, (que al ser confirmada la hizo suya el Ad quem), se identifica el Capitulo: HECHOS PROBADOS, NUMERAL TERCERO, que obra a folio 147 frente y vuelto “En cuanto al motivo de Nulidad planteado en el HECHO SEXTO de la demanda, referente a LA FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL, ESTE HECHO FUE PROBADO, (lo resaltado en mayúscula y negrita es nuestro,) pues el Juez como bien dice la ley, DEBIO EXAMINAR SU PROPIA COMPETENCIA TERRITORIAL, y lo hace en la motivación del auto del 28 de octubre del 2011. Los ejecutados pudieron hacer uso de la figura de LA DECLINATORIA, contemplada en el artículo 44 CPC, que contiene la Declinatoria y denunciar la FALTA DE COMPETENCIA, según manifiesta el numeral 3 de ese artículo, pero los ejecutados no hicieron uso de esa figura dando por aceptada cualquier del Juzgado, ahora bien el hecho de no interponer ningún recurso o denuncia acerca de la competencia, no quiere decir que esto haya creado indefensión, pues los ejecutados tenían conocimiento de la demanda.” “Tocar el apartado del mandamiento de ejecución, contemplado en el argumento de nulidad del mandamiento de ejecución por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales exigidos, mas puntualmente el denominado ESTADO DE DUENTA CERTIFICADO, donde se planteó el reconocimiento judicial del señor Juez como medio probatorio quien manifestó en el acta levantada que el Contador del Banco Atlántida es el señor Julio Cesar Munguía Rodríguez, quien tiene su asiento en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, en la Plaza BANCATLAN, pero en ningún momento se probó que el firmado por el señor Wilberg Omar Moncada reyes, quien firma como Contador del Banco Atlántida S.A. en San Pedro Sula, sea nulo; así conforme a lo establecido en el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero, que manda que el estado de cuenta certificado por el contador de una institución del sistema financiero hará fe en juicio, salvo prueba en contrario, para la determinación del saldo a cargo de los clientes deudores. Los documentos de crédito junto con el estado de cuenta certificado, serán títulos ejecutivos, dicho artículo no refiere que tenga que ser el Contador General de la Institución financiera y además … que hará fe en juicio, salvo prueba en contrario”. También de los Hechos probados se identifica el numeral SEXTO, que corresponde al Capítulo INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS de la demanda. “ De los daños y perjuicios reclamados, este despacho hace uso de los artículos en primer lugar del Código Procesal Civil, 218 que contiene las partidas que integran las costas y dice que se consideraran costas las partidas económicas siguientes: a) honorarios de los profesionales del derecho; y el 219 en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto vencidas todas sus pretensiones: según el artículo 1360 del Código Civil la indemnización se refiere a los daños y perjuicios, esto es, a los que efectivamente se han producido, y no a los daños y perjuicios posibles. La existencia real de estos, es la base de la indemnización. El actor no acredito los daños y perjuicios causados y las partidas incluidas en concepto de daños y perjuicios que suman L. 13,363,902.49 no se pueden atribuir a daños ocasionados por la acción dolosa realizada por Banco Atlántida, tal como lo manifiesta en el libelo de la demanda”. También se identifica, del Capítulo de LA FUNDAMENTACION PROBATORIA, el numeral TERCERO, que obra a folio 148 vuelto y 149, referente a los actos nulos, conforme el articulo 212 CPC. El artículo 212 del CPC señala en qué casos los actos procesales serán nulos, aunado a este articulo el 215 del mismo CPC evidencia quien debe iniciar el proceso, la petición es la anulación del proceso desde el momento en que se produce indefensión; señala también el hecho de que la causa de nulidad se ponga de manifiesto sobre la cuestión planteada para que el juez o tribunal pueda decidir sobre ella.- Entre los medios para lograrla nulidad o anulación de un acto procesal y la denuncia es la forma de poner de manifiesto la nulidad o anulabilidad de acto, al juzgado o tribunal, dispone el artículo 214 que de oficio o a instancia de parte, pero antes de terminar el proceso (en este caso antes de la subasta) cuando no sea posible la subsanación, se observa que en este caso hay que dar audiencia a las partes para que puedan alegar la nulidad de todo o de alguno de los actos procesales. Cuando en la realización del acto procesal se han observado todas las formalidades prescritas por la ley, este produce normalmente todos sus efectos, por el contrario, si alguno de los requisitos marcados para los actos procesales no se da, el acto queda viciado por la falta de esa circunstancia, ya que el vicio de un acto no es, sino la ausencia en el mismo de alguno los requisitos que en el debieron concurrir. Congruente con esta apreciación, se ha señalado que la nulidad procesal es una situación de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de alguno de los elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo coloca en situación de ser declarado judicialmente invalido) vid DE SANTO, VICTOR en Nulidades Procesales, Doctrina, Jurisprudencia, Modelos, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999, pag. 33 y 34). En materia de nulidades es necesario observar dos principios fundamentales: el principio de finalidad del acto y el principio de trascendencia. De conformidad al principio de finalidad del acto, los actos procesales deben entenderse afectados de nulidad cuando carecen de algún requisito que les impide lograr su finalidad, debiendo tratarse de una irregularidad grave y trascendente que vicie el derecho constitucional de la defensa en juicio.- En ese sentido la nulidad procesal tendrá lugar cuando el acto impugnado vulnera gravemente la sustanciación regular del procedimiento o cuando carece de algún requisito que le impida lograr la finalidad natural, norma, a que está destinado, o sea su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o al objeto del acto. En cuanto al principio de la trascendencia que se plasma en la antigua máxima, “pas de nullite sans grief” (no hay nulidad sin perjuicio), significa que no es dable admitir la nulidad por la nulidad misma o para satisfacer pruritos formales, de tal manera que el litigante que invoca el vicio formal, debe probar que el mismo le acarrea perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, pues de otro modo la declaración de nulidad por razones puramente formales constituiría un formulismo inaceptable, erigiendo un obstáculo para una recta y expedita administración de justicia. Don Eduardo Couture Echeverry destaca que sería incurrir en una excesiva solemnidad y en un formalismo vacío sancionar con nulidad todos los apartamentos del texto legal, aun aquellos que no provocan perjuicio alguno.” También se identifica el capítulo de la “PARTE DISPOSITIVA”, que obra a folio 149 vuelto, que literalmente dice: “PARTE DISPOSITIVA. La nulidad no existe por la nulidad misma, debe tener un objeto y un fin, que en términos generales es asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio, por eso se dice “Donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad”.- El fin supremo, bajo la premisa anterior los ejecutados del proceso de ejecución hipotecario ventilado bajo el expediente número 0101-2011-00795, no hicieron uso de los medios que la ley les ofrecía, para que en el momento procesal oportuno denunciaran la declinatoria por falta de competencia territorial del juzgado de Letras de La Ceiba; luego de requeridos Eddie Murphy Tatum Merren, en su condición de Gerente de la Empresa mercantil Corporación Marítima Tatum S de R.L. también identificada con el nombre de comercial de Tatum Marine Corporation, y Truman Tatum Carter, en su condición de aval, al no hacerlo, CONVALIDARON el error del juez al admitir la demanda en este territorio y si tomamos en cuenta los principios de finalidad del acto y trascendencia ya enunciados, (lo resaltado en mayúsculas y negrita es nuestro), se concluye que no fue violado el principio constitucional de la defensa en juicio. POR TANTO, ESTE JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, impartiendo justicia en nombre de la República de Honduras la Abogada María Magdalena Urrutia Navarro, FALLA: PRIMERO: Declarando sin lugar la demanda de nulidad absoluta de un proceso ejecutivo, la subasta judicial, la adjudicación de bienes y su inscripción registral; pago de daños y perjuicios, contemplado en el expediente 0101-2011-00795. SEGUNDO: Sin lugar el pago de daños y perjuicios que contiene honorarios, gastos incurridos y honorarios pagados por estudio del caso, ya que en el caso de los honorarios será condenado al pago de estos en caso de ser rechazadas todas sus pretensiones, y no fueren probados los daños y los perjuicios causados. TERCERO: Con base al principio del vencimiento, con condena en costas”. 2. De la Sentencia del 28 de noviembre del 2018. DE LA FUNDAMENTACION JURIDICA Y PROBATORIA. NUMERAL SEGUNDO. “Continuando con los agravios esgrimidos en el recurso que se resuelve, el recurrente refiere como Agravio Tercero, el motivo de Nulidad planeado en el hecho sexto de la demanda referente a la falta de competencia territorial, el cual la A quo afirma que fue probado, sin embargo, el criterio de la Juzgadora tomando en consideración la prueba aportada es que los demandantes en el proceso de ejecución hipotecaria en ningún momento estuvieron en indefensión, puesto que fueron debidamente requeridos de pago, por ende, teniendo conocimiento del proceso tuvieron la oportunidad de comparecer denunciando la falta de competencia, conforme lo previsto en la norma procesal civil vigente, lo que no aconteció, mostrando conformidad, aun y cuando alegue el recurrente que no existe ningún apartado en la ley que establezca que el no proponer la declinatoria o interponer recurso alguno conduce a la aceptación de las actuaciones del juzgado, argumento que carece de fuerza, siendo que los ejecutados habiéndoseles requerido de pago en legal y debida forma, contaban a partir de ese momento con el plazo señalado en la ley para denunciar la falta de competencia del tribunal, así como el plazo para presentar oposición a la ejecución; así las cosas, habiendo dejado transcurrir el plazo sin accionar, opera la preclusión, es decir, pierden la oportunidad de realizar el acto de que se trate, ello en estricta aplicación de los previsto en el artículo 126 numeral 1 del CPC.- Agrega el impetrante en cuanto a la nulidad del mandamiento de ejecución, refiriéndose al estado de cuenta extendido por el señor Wilberg Omar Moncada Reyes, que considera es nulo porque dicho señor no era el contador de la entidad ejecutante y como refiere el recurrente con el reconocimiento judicial que obra agregado a folio número 82 de la pieza principal (pp en adelante) practicado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho en las oficinas del Banco Atlántida S.A. en la ciudad de Tegucigalpa M. del D.C., se acredito que el señor Julio Cesar Munguía Rodríguez fue nombrado como Gerente de Contaduría General el 01 de junio del 2015, con dicho medio probatorio no fue debidamente acreditado que el señor Moncada Reyes no laboraba para la entidad ejecutante, así como tampoco se acredito que el estado de cuenta efectuado por dicho señor haya sido declarado nulo por autoridad competente, tomando en consideración que tanto el artículo 884 del Código de Comercio, como el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero disponen que el estado de cuenta certificado por el contador de la institución, hará fe en juicio para la determinación del saldo o fijación del saldo resultante y los documentos de crédito junto con ese estado de cuenta serán títulos ejecutivos, por lo cual, siendo que el recurrente no acredito que el señor Moncada Reyes realmente no estuviese facultado para extender el ya indicado documento por no ser el contador de la institución demandada, a lo que debemos agregar que la norma ut supra no exige que sea el contador general de la institución y también el hecho de que la finalidad de tal documento es fijar el saldo adeudado por el o los acreditados y en el proceso cuya nulidad se pretende, el titulo de ejecución propiamente dicho es una escritura pública de hipoteca, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, Hipotecas y anotaciones preventivas correspondiente, la cual no ha sido declarada nula por autoridad competente, por ende, continua siendo un documento válido, con fuerza de ley, que faculta como así aconteció, a la entidad garantizada a ejecutar las acciones necesarias hasta lograr su completa satisfacción. Por lo que no se comparte el agravio esgrimido por el recurrente”. NUMERAL CUARTO. El agravio sexto recae sobre la indemnización de daños y perjuicios reclamados que asciende a L. 13,063,902.49, detallados en el libelo de la demanda e incluye la diferencia no abonada a favor de los ejecutados, los honorarios del profesional del derecho por el juicio en primera instancia, los gastos incurridos por movilización y documentación y los honorarios pagados por el estudio del caso, siendo declarada sin lugar por la A quo….el avalúo realizado por el Ingeniero Juan Konghel que obra agregado a folios 15 al 26pp contiene únicamente la descripción y el valor del conjunto de bienes de la empresa Corporación Marítima Tatum S de R.L., compartiéndose por esta alzada la decisión del juez de primera instancia de declarar sin lugar la Indemnización de daños y perjuicios reclamada por la parte demandante. NUMERALQUINTO. “En lo que se refiere a los agravios en cuanto a la fundamentación probatoria concierne, el recurrente señala que la A quo omitió aplicar ciertos artículos del Código Procesal Civil como ser el artículo 212.2 que sanciona la nulidad de los actos procesales cuando se produzcan con falta de competencia territorial…. de igual, la disposición referente a la sumisión expresa y lo previsto en el artículo 792 del Código de rito, lo que no comparte este Ad Quem puesto que la A quo en su fallo consigna las disposiciones que le sirven de fundamento, la que va acorde a lo resuelto, además debe tenerse presente que la parte actora no hizo uso del derecho a presentar oposición a la ejecución ante la falta de competencia del tribunal para luego ejercer el derecho consignado en el artículo 798 del ya referido código procesal civil, el cual invoca únicamente en su numeral tercero, sin embargo debe tomarse en consideración lo dispuesto en los demás numerales que le conforman. NUMERAL SEXTO. “La Nulidad absoluta se define como “la sanción legal impuesta a los actos celebrados con omisión de un requisito exigido en consideración a su naturaleza o especie (Obligaciones y Contratos en general, Cruz López Reynaldo, 3ª edición, pag 152). El artículo 1586 del Código Civil establece los casos en los que hay nulidad absoluta de los actos y contratos: 1.- cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia (lo cual ocurre: cuando a) Falta la voluntad de su supuesto autor en los actos unilaterales o el consentimiento en los bilaterales, ya sea porque no se ha manifestado o porque hay un error esencial o error obstáculo que impide el acuerdo de voluntades sobre la naturaleza o el objeto, o la causa del contrato; b)Falta el objeto o hay objeto ilícito; c) Falta la causa o hay causa ilícita). 2.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. Y 3.- Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces.” En el caso subjudice la parte actora reclama la nulidad de un proceso de ejecución por considerar que le fueron vulnerados derechos al haberse sustanciado por tribunal incompetente así como por actuaciones que aduce fueron efectuadas sin cumplir con lo establecido en la ley, no estando de acuerdo este tribunal de alzada puesto que si el proceso de ejecución hipotecaria fue sustanciado por tribunal que carecía de competencia territorial, la parte ejecutada al ser requerida de pago y notificada en legal y debida forma, contaba con el derecho a presentar oposición por los motivos que estimara procedentes, al no hacerlo, aun y cuando alega no ser procedente la sumisión expresa, es de acotar que pretender ahora la nulidad del proceso de ejecución no es procedente, como bien argumenta la señora Juez en el fallo recurrido de conformidad con el principio de la finalidad del acto al no haberse acreditado que las actuaciones efectuadas por la receptora del despacho vulneran derechos de la parte ejecutada y el principio de la trascendencia, al no haber probado el perjuicio que le acarrea a la parte la ejecución sustanciada y por haber operado la preclusión del plazo que concede la ley para presentar oposición a la ejecución”.( lo resaltado en negritas y subrayado es nuestro). PARTE DISPOSITIVA. que literalmente consigna: “POR TANTO: Esta CORTE PRIMERA DE APELACIONES, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente la Magistrada CALIX ZUNIGA y haciendo aplicación de los artículos 90, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1, 55 numero2, 61, 63,137 y 143 de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 72, 126 numeral 1, 169, 170, 191, 193.2 inciso c, 194, 197, 200 numeral 2 literales b, c y d; 206, 207, 208, 212.2, 701, 705, 706, 707, 713, 792, 798, del Código Procesal Civil; los artículos 11, 17, 1586 del Código Civil; 884 del Código de Comercio; 166 de la Ley del Sistema Financiero; articulo 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en su condición de apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia definitiva de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de letras de esta sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho. TERCERO: Con costas en esta instancia”. DETERMINACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO. El perjuicio o agravio que se alega, consiste en la infracción a la normativa procesal, precisamente a las formalidades y requisitos como el de LA MOTIVACION, que con carácter de imperativos exige la ley en el contenido de las sentencias, así como a la sanción de nulidad por su incumplimiento. Requisitos que fueron incumplidos, tanto por el A quo, en la sentencia de primera instancia, de fecha 18 de abril del 2018, como por el Ad Quem en la sentencia confirmatoria de segunda instancia del 28 de noviembre del 2018, (que, al ser confirmatoria, la hizo suya, al igual, como aceptadas y aplicadas las disposiciones legales citadas por el A quo). Se observa, a folios 145 al 147, que, en la sentencia definitiva de primera instancia, el A quo, tuvo por probados los hechos primero al quinto de la demanda, y que al pronunciarse en el Numeral TERCERODE LOS HECHOS PROBADOS, y en el numeral TERCERO DE LA FUNDAMENTACION PROBATORIA, en referencia al motivo de Nulidad por falta de Competencia territorial, (HECHO SEXTO DE LA DEMANDA) que nuevamente lo declara como probado, pero, al pretender desconocer la nulidad del proceso objeto de este juicio ordinario, para pronunciarse posteriormente en declarar no ha lugar la demanda, hace uso de la figura de la Declinatoria, contemplada en el artículo 44 del CPC y establece, que por no haber hecho uso de esa figura, los ejecutados dieron por aceptada cualquier actuación de parte de este juzgado, no habiendo existido indefensión. Cita y con ello reconoce la existencia del artículo 212 del CPC el cual dice, señala los actos procesales que serán nulos, pero omite pronunciarse sobre esa nulidad de pleno derecho, entre ellas, el numeral 2 del artículo 212 que expresamente prescribe que los actos procesales serán nulos, cuando se produzcan con falta de competencia territorial cuando esta venga fijada imperativamente, tal como es el caso que nos ocupa, cuya imperatividad fue fijada en los artículos 36.1 y 891.1 del CPC, y en su lugar, expone su razonamiento sobre el contenido de los artículos 214 y 215 ambos del CPC, respaldándose también en los principios de la finalidad del acto y el de trascendencia, así como el criterio del Profesor Víctor Santos, en su obra de Nulidades Procesales emitida en 1999. Concatenando lo anterior, y para no declarar la nulidad, plantea la figura de LA CONVALIDACION, que plasmó en la Parte Dispositiva o Fallo, en la que expone que el objeto y fin de la nulidad es asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio y que los ejecutados, al no haber denunciado la declinatoria durante el proceso de ejecución, CONVALIDARON el error del juez al admitir la demanda en este territorio y concluye que por ello no fue violado el principio constitucional de la defensa en juicio, por lo que procedió a declarar sin lugar la demanda de nulidad absoluta del proceso ejecutivo, sin lugar los daños y perjuicios(argumentando sobre los honorarios profesionales) y con costas. Claramente se observa que no hay motivación suficiente del A quo, para estimar y declarar como respaldo a su fallo, la figura de la CONVALIDACIÓN, que le sirvió de motivo y fundamento jurídico a su fallo. No existe razón, ni disposición legal para justificar la supuesta Convalidación de un acto procesal nulo de pleno derecho e insubsanable, todo parece, que la A quo, se equivocó con las disposiciones de los actos anulables, que, si pueden ser subsanados, y están regulados en el artículo 213 CPC. Además, la nulidad por falta de competencia territorial, que reconoce como hecho probado el A quo, no se refiere a defectos de forma que por si hayan causado indefensión y que regula el artículo 215 del CPC, sino a la Nulidad absoluta o de pleno derecho, que, conforme a la doctrina, tiene efectos ab initio, como ser la prescrita en el artículo 212.2 del CPC.Tampoco hay motivación suficiente en la sentencia del Ad quem, que hizo suya la de primera instancia y que, al emitir su sentencia del 28 de noviembre del 2018, se observa que en el numeral segundo de la Fundamentación Probatoria,(que corresponde al agravio Tercero y a su vez al hecho sexto de la demanda, se refiere a la supuesta conformidad de los ejecutados, que no existió indefensión por no haber propuesto la declinatoria y a la preclusión del plazo para presentar oposición, por lo cual dice, ahora no puede hacer uso del derecho dispuesto en el artículo 798 CPC. El haber citado el articulo 798 CPC, contrasta y se opone a la afirmación de conformidad o convalidación, el cual se refiere, al derecho a un proceso ordinario, como el presente, que fue interpuesto dentro de los seis meses que establece la ley, en virtud de que, las sentencias dictadas en el proceso ejecutivo no producen efecto de cosa juzgada. Motivación no ajustada a la ley, por cuanto, efectivamente si hubo preclusión para presentar oposición a la ejecución hipotecaria de un inmueble, esta preclusión, lo fue para alegar los motivos propios de esa ejecución hipotecaria de inmuebles en ese proceso ejecutivo, motivos de oposición consignados en el artículo 899.1 y.2. Para el resto de motivos, propios de la ejecución de títulos extrajudiciales, la ley en su artículo 901.1 y 2.del CPC, concede el derecho de alegarlos en el Proceso Ordinario, en el Juicio declarativo que corresponda, entre ellos los consignados en el artículo 792. 1 y. 3, del CPC, como ser La falta de competencia ante el tribunal ante quien se presenta la demanda y la Nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos. Otorgado el derecho al juicio ordinario, se concluye que esa Ejecución forzosa, ni operó preclusión, para pretender la tutela de los derechos que establece la presente demanda de Nulidad, ni hubo conformidad o convalidación de actuaciones, como inmotivadamente lo afirman el A quo y el Ad quem, para lo cual, el Ad quem, en el hecho sexto de su fundamentación probatoria, se limita a afirmar, que “si el proceso de ejecución hipotecaria fue sustanciado por tribunal que carecía de competencia territorial, la parte ejecutada al ser requerida de pago y notificada en legal y debida forma, contaba con el derecho a presentar oposición por los motivos que estimara procedentes, al no hacerlo, aun y cuando alega no ser procedente la sumisión expresa, es de acotar que “pretender ahora la nulidad del proceso de ejecución no es procedente”, y se respalda, “como bien argumenta la señora Juez en el fallo recurrido, de conformidad con el principio de la finalidad del acto al no haberse acreditado que las actuaciones efectuadas por la receptora del despacho vulneran derechos de la parte ejecutada y el principio de trascendencia, al no haber probado el perjuicio que le acarrea a la parte la ejecución sustanciada y por haber operado la preclusión del plazo que concede la ley para presentar oposición a la ejecución”. Se observa en este razonamiento, que el Ad quem ha confundido el motivo de nulidad establecido en el artículo 212.2 CPC, y que corresponde desde su inicio, a la nula acción del A quo de admitir la demanda de ejecución forzosa, por carecer este, de competencia territorial fijada imperativamente, pues el ad quem, en este numeral expone, que por el principio de finalidad del acto y de trascendencia, no se acreditó que las actuaciones efectuadas por la receptora del despacho, vulneran derechos de la parte ejecutada, lo que evidencia que el Ad quem se refiere a los actos procesales anulables, regulados en el artículo 213 CPC, que no corresponde a la pretensión y fundamentación jurídica de la demanda. De lo anterior observamos que el Ad quem, se aleja por un momento de la motivación, en cuanto a la nulidad absoluta establecida en el artículo 212.2 CPC, para afirmar, sin justificación legal alguna, que no es procedente pretender ahora la nulidad del proceso ejecutivo, cuando el mismo Ad quem, citó antes, el artículo 798 CPC, que va íntimamente relacionado con el 901.1 del CPC (ambos citados como fundamento de derecho en esta demanda y en la expresión de agravios) y, no intenta siquiera motivar las razones y fundamentos jurídicos para sostener que NO PROCEDE la presente demanda de Nulidad. Y por esta confusión o falta de razonamiento factico del pleito, lo lleva a declarar sin lugar la Apelación y CONFIRMAR la sentencia impugnada. Tampoco hay motivación suficiente en la sentencia del Ad quem, que hizo suya la de primera instancia y que, al emitir su sentencia del 28 de noviembre del 2018, se observa que en el numeral segundo de la Fundamentación Probatoria,(que corresponde al agravio Tercero y a su vez al HECHO SEPTIMO de la demanda referente a LA NULIDAD DEL MANDAMIENTO DE EJECUCION, el Ad quem afirma (equivocadamente), y se enfoca que esta parte demandante considera nulo el estado de cuenta certificado por el señor Wilberg Omar Moncada Reyes, el cual no se acreditó haya sido declarado nulo, y también razona de que el título de Ejecución propiamente dicho , era la escritura pública de hipoteca debidamente inscrita, la cual no ha sido declarada nula por autoridad competente, por tal razón, sin apreciación correcta de la prueba y de los elementos facticos del pleito, descarta el agravio expresado contra la sentencia de primera instancia y que correspondía al hecho séptimo de la demanda, (la Nulidad del mandamiento de Ejecución por no cumplir el Titulo Ejecutivo los requisitos legales exigidos). Consta de autos, que ni en la demanda, mucho menos en la Apelación contra la sentencia emitida por el A quo, hayamos mencionado, alegado o tener pretensiones de Anular el estado de cuenta certificado por Wigberg Omar Moncada Reyes, o la Escritura Pública de Hipoteca número 315 del 18 de diciembre del 2002. En juicio presentamos ambos documentos como medios de prueba, le sirvieron al A quo para declarar como hechos probados el hecho primero y tercero de la demanda. Acreditamos con el reconocimiento judicial que el Contador del Banco Atlántida S.A. al 30 de septiembre del 2011, lo era la señora Violeta Palma Irías, y del 2015 en adelante lo es el señor Julio Cesar Munguía Rodríguez, no habiendo ninguna constancia de nombramiento como Contador del banco a favor de Wilberg Omar Moncada Reyes, a pesar de que, en la contestación de la demanda, se afirmó (sin acreditarlo) que éste tenía facultades para extender la certificación relacionada. Se acreditó con prueba documental que, en el Banco Atlántida S.A., ese título de “El Contador” corresponde a “EL CONTADOR GENERAL” y que coincide con lo establecido en la cláusula décimo cuarto del contrato de préstamo agropecuario del 11 de agosto del 2004, que requiere sea extendida tal certificación por “EL CONTADOR GENERAL DEL BANCO”, así como La Certificación del Estado de Cuenta del 12 de septiembre del 2016, extendida para efectos del artículo 166 de La Ley del Sistema Financiero, por el señor Julio Cesar Munguía Rodríguez en su condición de “CONTADOR GENERAL DEL BANCO”, documentos que obran a folios 8,9 y 38 del expediente 0101-2011-00795. Nunca se alegó la nulidad del certificado del Estado de cuenta del 30 de septiembre del 2011 emitido por Wilberg Omar Moncada Reyes, ni de la escritura pública de hipoteca de un Inmueble, mucho menos se pretendió probar tal afirmación, como así lo apreció y declaró inmotivada y equivocadamente el Ad quem. Nuestro alegato y probanza se concretó a establecer que tal Certificado no tenía fuerza Ejecutiva por no haber sido extendido por El Contador del Banco, y por ello se alegó como motivó de Nulidad, precisamente la Nulidad del mandamiento de Ejecución. Hecho y probanza que no fueron estimados por el A quo, ni por el Ad quem, por la falsa razón esgrimida, de que no se acreditó la nulidad de ambos documentos y con ello, desembocó también, en la Sentencia que declaró no ha lugar la Apelación, confirmando el Ad quem la sentencia impugnada. Concluyendo con un fallo contrario a los hechos probados y a los elementos jurídicos aplicables, que declara no ha lugar la apelación y confirma la sentencia impugnada, con costas. EN CUANTO A LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y LA CUANTIA. Se observa que ni en la sentencia de primera, ni en la de segunda instancia, se estimó la prueba documental que acreditaba la misma y la Cuantía del Juicio, toda vez que los pagos efectuados por los demandantes, así como el valor que no percibieron por su inmueble, tomando como base el valor de L. 20,835,000.00 fijado por ambas partes en la escritura de hipoteca, constituye una efectiva disminución de su patrimonio, independientemente si esos gastos formaran parte de las costas, como lo afirma el Ad quem. Lo real, es que esas sumas, salieron del patrimonio de éstos, disminuyéndolo, a consecuencia del doloso, como arbitrario despojo de su inmueble y utilizada tales sumas, como última posibilidad de recuperarlo a través de la presente acción de nulidad. Tampoco se estimó la Cuantía de la demanda, que esta parte alegó y fijo en L. 50,022,531.65. y fue acreditado en juicio, tanto la pertenencia, como el valor y avalúo de los inmuebles objeto del arbitrario despojo, mediante la siguiente prueba documental: a) Escritura Pública de Compraventa número 81, del 10 de marzo de 1999, que consigna un inmueble en Sabana Bight, Isla de Guanaja, conocido como Burrying Ground, con una extensión de 2.285 Has equivalentes a 22,852,545 Mts 2, con dos edificios de dos plantas en concepto de mejoras, inscrito el dominio a favor de los señores Eddie Murphy Tatum Merren y Truman Tatum Carter bajo asiento número 51 del Tomo 95 en el Registro de la Propiedad Inmueble departamental de Islas de la Bahía, instrumento que obra a folios 66 al 68; b) Certificación de Avalúo, del 20 de febrero del 2001, en la cual el Ing. Juan Konghel, valora equipo de la empresa Corporación Marítima Tatum, así como un inmueble ubicada en Sabana Bight, Isla de Guanaja, conocido como Burrying Ground, con un área de 22,852.55 Mts 2 y sus mejoras consistentes en dos edificios de dos plantas, valorando el inmueble y sus mejoras, en US $2,133,157.00, equivalentes a L. 50, 022,531.65, estableciendo que el dominio se encuentra inscrito bajo asiento número 51 del Tomo 95 (a favor de Eddie Murphy Tatum Merren y Truman Tatum Carter), en el Registro de la Propiedad departamental de Islas de la Bahía, certificación que obra a folios 15 al 26; c) Escritura Pública de venta del dominio pleno, número 240 del 16 de agosto del 2001, que relaciona el área de terreno ubicado en Savana Bight, Isla de Guanaja, conocido como Burrying Ground, con un área de 22,852.545 Mts2 y dos edificios de dos plantas, construidos como mejoras, con un área de 1,004.14 Mts 2, inscrita a favor de los señores Eddie Murphy Tatum Merren y Truman Tatum Carter, originalmente bajo asiento número 51 del Tomo 95 y ahora con el dominio pleno sobre la misma, inscrito siempre a favor de Eddie Murphy Tatum Merren y Truman Tatum Carter, bajo asiento número 46 del Tomo CXXVI ambos del Registro de la Propiedad del departamento de Islas de la Bahía, que pese a ser un documento admitido como medio de prueba, obra en el expediente sin ser foliado el mismo, entre el folio 56 y 57d) Escritura Pública de Hipoteca número 315, del 18 de diciembre del 2002, que establece que los señores Eddie Murphy Tatum Merren y Truman Tatum Carter como propietarios de un inmueble ubicado en Sabana Bight, en Guanaja, Islas de la Bahía, conocido como Burrying Ground, con un área de 22,852,545 Mts 2 y con mejoras de dos construcciones de dos plantas con una área de construcción de 1,004.14 Mts2, inscrito el dominio a su favor bajo asiento 46 del Tomo CXXVI en el Registro departamental de Islas de la Bahía, otorgan como garantía de préstamo, el inmueble y sus mejoras, valorándolo de común acuerdo en la cantidad de L. 20,835,000.00, Instrumento que obra a folios 11 al 13 del expediente 0101-2011-00795, con lo anterior no queda ninguna duda de que el documento privado de avalúo y los documentos públicos de compraventa e hipoteca, también se refieren al inmueble y sus mejoras, propiedad de los señores Eddie Murphy Tatum Merren y Truman Tatum Carter, con avalúo de L. 50,022,531.66, y para efecto de remate en L. 20,835,000.00 , por lo que si quedo debidamente acreditada la indemnización reclamada y la cuantía del juicio.. Sin embargo, el Ad quem, sin mayor fundamento o razonamiento, comparte el criterio de la A quo, en declarar sin lugar la indemnización, afirmando equivocadamente, que el avalúo del Ingeniero Juan Konghel se refiere únicamente a la descripción y valor conjunto de bienes de la Empresa Corporación Marítima Taum S. de R.L., cuando la descripción del inmueble, su valor y sus mejoras, establece que el mismo pertenece y está registrado a favor de los señores Eddie Murphy Tatum Merren y Truman Tatum Carter, y es el mismo que fue hipotecado por estos a favor de la ejecutante y objeto de la dolosa ejecución (despojo) ante un tribunal incompetente. De haber señalado esta omisión en el recurso de apelación, tampoco emitió pronunciamiento alguno, constituyendo infracción del requisito de motivación, al no acreditar la razón del porque desconoció tales valores en su fallo. Con la insuficiente motivación y faltando el proceso lógico que, partiendo de las pruebas practicadas, le permitan dar por acreditada una realidad, sobre la cual aplicar la norma o efectuar consideraciones jurídicas que conduzcan al fallo, éste es emitido, declarando no ha lugar el recurso de Apelación y CONFIRMANDO la sentencia impugnada. De todo lo anterior expuesto, se denota que, en ambas sentencias, no existe aplicación razonada del ordenamiento jurídico, apreciación de la prueba e interpretación del derecho, sino que, como fruto de la arbitrariedad, en ambas se desconoce una ley, el procedimiento, la MOTIVACION suficiente, y con teorías acomodadas y desfasadas, en relación a los principios y formalidades de nuestra actual y vigente normativa procesal, aplican disposiciones que no sustentan las razones fácticas y jurídicas sobre las que se asienta el fallo. El que resulta contrario al derecho fundamental, violatorio al carácter imperativo y formalidad de los actos procesales, entre ellos las sentencias, e impide la tutela judicial efectiva que mis representados han esperado del órgano jurisdiccional. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA La ausencia del requisito de MOTIVACION, produce la Infracción de la norma jurídica y anula la sentencia, las que fueron emitidas contrariando su contenido formal y los requisitos internos de la sentencia. Si el A quo, o el Ad quem, hubieren motivado apropiadamente la sentencia, esto es, apreciando la fundamentación fáctica, la aplicación e interpretación del derecho, necesariamente hubiera el A quo, estimado la demanda, declarado la Nulidad del Proceso Ejecutivo, condenado a la demandada al pago de la Indemnización recamada, reconocida la Cuantía del juicio y las costas del juicio; al no hacerlo, e impugnarse la sentencia, el Ad quem, tuvo la oportunidad de su enmienda, anulándola o revocándola, pero tampoco lo hizo, emitio un fallo confirmatorio falto de motivación, obligándonos a impugnarla mediante el presente recurso de casación. DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA La Infracción objeto de este segundo motivo, se produjo tanto en la sentencia de primera instancia, como en la de segunda instancia, o sea, son vicios internos que se producen o manifiestan al elaborar la sentencia, lo que la invalida, habiéndose denunciado dicho defecto en la Apelación, como expresamente lo reconoce el Ad quem en la sentencia que resolvió tal recurso: Sentencia confirmatoria que contiene la misma infracción, en cuanto a la Falta de Motivación, incumplimiento los requisitos formales de carácter imperativo de las Sentencias, cuya sanción es la nulidad. SE TRATO DE SUBSANAR En cuanto al requisito de intento de subsanación no lo encontramos ni por el tribunal de instancia, ni por el de alzada, toda vez que el segundo motivo alega haberse infringido la norma procesal al emitirse el fallo de segunda instancia. MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY MATERIALTERCER MOTIVO. Infracción, por interpretación errónea, de los artículos 90 de la Constitución de la República; 44.3, 72, 126.1, 212.2, 218, 792.1 y .3, 798 y 893 del Código Procesal Civil; 1360 y 1586 del Código Civil; 884 del Código de Comercio; 166 de la Ley del Sistema Financiero. (Se trata de normas de derecho que fueron interpretadas erróneamente para la solución de fondo del litigio), en relación a los artículos 94 y 321 de la Constitución de la República; 3, 7.1, 10.2, 11.1 y .2, 36.1, 38.1, 41.1, 211, 891.1, 899.1 y.2, 901.1 y .2 del Código Procesal Civil; 9, 10, 610, 1365, 1589, 1596, 2098 del Código Civil. Estos, por su falta de aplicación. FUNDAMENTACION.1.- Los artículos que fueron citados en la sentencia, pero, fueron INTERPRETADOS ERRÓNEAMENTE, establecen lo siguiente: Artículo 90 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” Articulo 44.3 CPC. CONTENIDO DE LA DECLINATORIA. “La declinatoria se propondrá ante el mismo juzgado que este conociendo del pleito, por considerar que carece de jurisdicción, de competencia genérica, o de competencia objetiva, funcional o territorial.” Articulo 72 CPC. SUCESION PROCESAL POR MUERTE. “1. Cuando se transmita mortis causa lo que sea objeto del juicio, la persona o personas que sucedan al causante podrán continuar ocupando en dicho juicio la misma posición que éste, a todos los efectos. 2. Comunicada la defunción de cualquier litigante por quien deba sucederle, el juez o tribunal suspenderá el proceso y, previo a entregar copia a los demás litigantes, acreditadas la defunción y el titulo sucesorio y cumplidos los trámites pertinentes, tendrá en su caso, por personado al sucesor en nombre del litigante difunto, teniéndolo en cuenta en la sentencia que se dicte”. Articulo 126.1 CPC. PRECLUSION. “Transcurrido el plazo o pasado el termino señalado para la realización de un acto procesal de parte, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.” Articulo 212.2 CPC. NULIDAD. “Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 2. Cuando se produzcan con falta de competencia territorial cuando esta venga fijada imperativamente.” Articulo 218 CPC. PARTIDAS QUE INTEGRAN LAS COSTAS. “1. Salvo que se goce del beneficio de asistencia jurídica gratuita, cada parte pagara los gastos y costas del proceso causados conforme a este Código y a lo dispuesto en el correspondiente Arancel. 2. Se considerarán costas las siguientes partidas económicas: a) Honorarios de los Profesionales del derecho por la defensa y representación técnica realizadas cuando su participación sea legalmente obligatoria. B) Gastos de testigos y gastos, derechos y honorarios de, peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. C) Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. D) copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos. E) Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. 3. Los Testigos y peritos podrán reclamar el pago o reembolso de los conceptos establecidos en el numeral anterior, de la parte o partes que deban satisfacerlos sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en este recaiga”. Articulo 792.1 y .3 CPC. MOTIVOS DE OPOSICION. “Solo serán admisibles en la ejecución de títulos extrajudiciales los siguientes motivos de oposición: 1. Falta de competencia del tribunal ante quien se presenta la demanda. 3. Nulidad del mandamiento por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales exigidos”. Articulo 798 CPC. EFICACIA. “1. Las sentencias dictadas en los procesos ejecutivos no producirán efecto de cosa juzgada, quedando a las partes a salvo su derecho para promover el proceso ordinario que corresponda sobre la misma cuestión. 2. Este proceso solo podrá promoverse cuando haya quedado ejecutoriada la sentencia pronunciada en el proceso ejecutivo. 3. Para conocer en el proceso ordinario posterior, cualquiera sea la naturaleza de la demanda que se interponga, será competente el mismo tribunal que hubiere conocido en la primera instancia del proceso ejecutivo. 4. El derecho a promover el juicio ordinario posterior de lo resuelto en el proceso ejecutivo, caducara a los seis (6) meses de ejecutoriada la sentencia pronunciada en éste.” Articulo 893 CPC. CONTROL DE LA COMPETENCIA. “El tribunal examinará de oficio su propia competencia, y la parte ejecutada “podrá denunciar” la falta de competencia valiéndose para ello de la declinatoria, cuya tramitación no suspenderá el curso de la ejecución hipotecaria o pignoraticia.” Articulo 1360 CODIGO CIVIL. “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas.” Artículo 1586 del Código Civil. “Hay Nulidad Absoluta en los actos y Contratos: 1. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. 3. Cuando se ejecuten o celebren por persona absolutamente incapaces.” Artículo 884 del Código de Comercio. “Cuando el acreditante sea un establecimiento bancario y el acreditado pueda disponer de la suma acreditada en cantidades parciales, o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del término señalado en el contrato, el estado de cuenta certificado por el contador de la institución de crédito acreedora, hará fe, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo para la fijación del saldo resultante a cargo del acreditado. El contrato o la póliza en que se hagan constar los créditos, junto con la certificación del contador a que se refiere este artículo, serán título ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito previo alguno.” Artículo 166 de la ley del Sistema Financiero. Títulos Ejecutivos “El estado de cuenta certificado por el contador de una institución del sistema financiero, hará fe en juicio, salvo prueba en contrario, para la determinación del saldo a cargo de los clientes deudores. Los documentos de crédito, junto con el estado de cuenta certificado, serán títulos ejecutivos...” 2. LOS ARTÍCULOS QUE NO FUERON APLICADOS en la sentencia y que servirían para resolver la cuestión de fondo, establecen lo siguiente: Articulo 94 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente.” Art. 321 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo, e implica responsabilidad.” Articulo 3 CPC DEBIDO PROCESO. “Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” Artículo 7.1. CPC. LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS. “El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas.” Articulo 10.2 CPC. PRINCIPIO DISPOSITIVO.” La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas.” Artículo 11. 1 y .2 CPC. APORTACION DE PARTE. “1. Los hechos en que se deba fundar la resolución judicial de fondo se han de alegar por las partes en los momentos fijados por este Código. 2. Las pruebas que deban practicarse para la acreditación de los hechos controvertidos, habrán de ser igualmente aportadas por las partes en el momento procesal dispuesto por este Código.” Articulo 36.1 CPC. FUEROS LEGALES ESPECIALES. “No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la competencia imperativamente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo en los casos siguientes: 1. En los procesos que se ejerciten pretensiones reales sobre bienes inmuebles será el órgano jurisdiccional competente el del lugar en que este situada la cosa litigiosa. Cuando la pretensión real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que este situada en diferentes circunscripciones, será competente el juzgado de cualquiera de estas, a elección del demandante.” Artículo 38.1 CPC. CARÁCTER DISPOSITIVO DE LAS NORMAS SOBRE COMPETENCIA TERRITORIAL. “1. Las reglas legales atributivas de la competencia territorial solo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los juzgados de una determinada circunscripción. Se exceptúan las reglas establecidas en este Código que atribuyan la competencia territorial con carácter imperativo.” Articulo 41.1 CPC. FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL. “1. Cuando la competencia territorial venga fijada por reglas imperativas, el juzgado o tribunal examinara de oficio su propia competencia territorial inmediatamente después de presentada la demanda.” Articulo 211 CPC. NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES. CLASES. “El incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.” Articulo 891.1 CPC. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA EJECUCION DE BIENES HIPOTECADOS. “1. Si los bienes hipotecados fueren inmuebles, será competente para conocer de la ejecución el Juzgado de Letras del lugar en que radique el bien. Si radica en más de un departamento, el Juez de Letras de cualquiera de ellos. Esta última regla se aplicará también si son varias fincas radicadas en varias circunscripciones.” Articulo 899.1 y .2 CPC. MOTIVOS DE OPOSICION A LA EJECUCION (del título séptimo. Ejecuciones Hipotecarias y Prendarias). “El ejecutado solo podrá oponerse a la ejecución alegando: 1. Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, acreditada mediante la correspondiente certificación registral de cancelación de la garantía real, o mediante escritura pública de carta de pago o de cancelación de garantía. 2. Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado...” Articulo 901.1 y .2 CPC. OPOSICION DIFERIDA PARA EL PROCESO ORDINARIO. “1. El deudor, el tercer poseedor y cualquier otro interesado que tuvieran un motivo para oponerse a la ejecución que no se halle comprendida en éste Titulo, deberán hacerla valer en el juicio declarativo que corresponda, sin que la pendencia simultanea de este proceso con la ejecución de la garantía real pueda afectar o suspender ésta. 2. Pueden oponerse entre otras, las referidas a la Nulidad del Título y las que sean atinentes al vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda.” Artículo 9. CODIGO CIVIL. “Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención.” Articulo 10 CODIGO CIVIL. “Cuando la ley declara nulo algún acto con el fin expreso o tácito de precaver un fraude, o de proveer a algún objeto de conveniencia pública o privada, no se dejará de aplicar la ley, aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario al fin de la ley.” Articulo 610 CODIGO CIVIL. “Las cosas incorporales o derechos se dividen en derechos reales y personales. Derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona. Son derechos reales e de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca.” Articulo 1365 CODIGO CIVIL. “La indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la perdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.” Articulo 1589 CODIGO CIVIL. “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. Articulo 1596 CODIGO CIVIL. “La nulidad absoluta, lo mismo que la relativa, declarada por sentencia firme, dan derecho a las partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallaban si no hubiese existido el acto o contrato nulo; siempre que la nulidad no sea por lo ilícito del objeto o de la causa, en cuyo caso no podrá repetirse lo que se ha dado o pagado a sabiendas.” Articulo 2098 CODIGO CIVIL. La hipoteca es un derecho constituido sobre los bienes inmuebles o derechos reales del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre los mismos el cumplimiento de una obligación.” PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.2 CAUSALES DEL RECURSO del Código Procesal Civil, en la parte que dice “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. IDENTIFICACION PRECISA DEL PRONUNCIAMIENTO O PARTE DE EL QUE SE IMPUGNA. La Sentencia definitiva del 28 de noviembre del 2018, emitida por el Ad quem, contiene infracción de normas jurídicas que fueron decisorias de la Litis e influyeron sustancialmente en la parte dispositiva de la sentencia. Se identifica de esta, la Parte dispositiva que obra a folios 16 frente y vuelto, y literalmente establece: “POR TANTO: Esta CORTE PRIMERA DE APELACIONES, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente la Magistrada CALIX ZUNIGA y haciendo aplicación de los artículos 90, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1, 55 numero2, 61, 63,137 y 143 de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 72, 126 numeral 1, 169, 170, 191, 193.2 inciso c, 194, 197, 200 numeral 2 literales b, c y d; 206, 207, 208, 212.2, 701, 705, 706, 707, 713, 792, 798, del Código Procesal Civil; los artículos 11, 17, 1586 del Código Civil; 884 del Código de Comercio; 166 de la Ley del Sistema Financiero; articulo 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en su condición de apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia definitiva de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de letras de esta sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho. TERCERO: Con costas en esta instancia”. DETERMINACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO. De toda la fundamentación probatoria de la sentencia impugnada, misma que confirmó la de primera instancia, haciéndola suya, al igual que las disposiciones legales que aplico el A quo, en contraste con los hechos de la demanda y de la contestación, así como con los hechos declarados probados por el A quo, se demuestra y concluye que el ad quem, al interpretar erróneamente las normas jurídicas que le sirvieron para resolver la cuestión de fondo, cometió infracción, interpretándolas erróneamente, y dejó de aplicar otras normas que le hubieran servido para resolver con merito a lo actuado en juicio, la cuestión de fondo de este proceso ordinario. Desde el inicio, la pretensión establecida en la demanda ordinaria, era la Nulidad del proceso de ejecución hipotecaria directa sobre un bien hipotecado, por contener una serie de vicios que la ley sanciona con la nulidad, También se reclamó el pago de daños y perjuicios, así como las costas del juicio. La parte demandada se opuso y alego la improcedencia de todos los hechos de la demanda, efectuando afirmaciones que debió acreditar. El primer hecho de la demanda establecía, y así fue acreditado, que el inmueble propiedad de los señores Eddie Murphy Tatum Merren y Truman Tatum Carter, se encontraba ubicado en la Isla de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, e inscrito el dominio a su favor, bajo asiento 46 del Tomo CXXVI en el Registro de la Propiedad del departamento de Islas de la Bahía, inmueble que fue otorgado en Hipoteca al banco Atlántida S.A. mediante Instrumento número 315, autorizado por el Notario Pablo M. Wildt Rittenhouse, del 18 de diciembre del 2002, en garantía de hasta Un Millón quinientos mil lempiras (L. 1,500.000.00), siendo valorado de común acuerdo en L. 20,835,000.00. Y que en la misma no existió sumisión expresa al Juzgado de Letras Seccional de esta ciudad. Este hecho fue declarado probado por la Juez A quo en su sentencia del 18 de abril del 2018. Obra a folio145 y 146. El segundo hecho de la demanda establecía, y así fue acreditado, que el 11 de agosto del 2004, la sociedad mercantil Corporación Marítima Tatum S. de R.L. celebro un Contrato de Préstamo Hipotecario con el Banco Atlántida S.A. por un monto de L. 1,464,969.52, del cual, los señores Eddie Murphy Tatum Merren y Truman Tatum Carter, se constituyeron en avales. Se alegó que, en la cláusula décimo sexta de ese contrato, aparece que mediante una alteración se le agrego una supuesta sumisión al Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, denotándose que el tipo de letra es diferente, etc, etc. Y que, al momento de su firma, ese espacio estaba vacío o en blanco. Este hecho fue declarado probado por la Juez A quo en su sentencia del 18 de abril del 2018. Obra a folio145 y 146. El tercer hecho de la demanda establecía, y así fue acreditado, que el 20 de octubre del 2011, el Banco Atlántida S.A. interpuso ante ese Juzgado, la demanda de Ejecución Hipotecaria sobre un bien inmueble hipotecado, señalando que el domicilio de los ejecutados y el inmueble hipotecado se encontraba en Guanaja, Islas de la Bahía, y no obstante de carecer de competencia territorial este Juzgado, la Institución demandante afirmo (falsamente) que los ejecutados se sometieron expresamente a este Juzgado y de igual manera afirmo falsamente, que la Certificación de saldos acompañada como título ejecutivo de fecha 30 de septiembre del 2011, autorizada por el señor Wilberg Omar Moncada Reyes, fue emitida por el CONTADOR DEL BANCO, cuando lo cierto es que tal cargo lo ejercía otra persona. Este hecho fue declarado probado por la Juez A quo en su sentencia del 18 de abril del 2018. Obra a folio146. El cuarto hecho de la demanda establecía, y así fue acreditado, que el 28 de octubre del 2011, el Juzgado de Letras de La Ceiba, no obstante carecer de competencia territorial, cito el artículo 891.1 CPC, que regula la competencia del tribunal donde radique el inmueble, y expuso, que, de la lectura de la Escritura de Hipoteca, dedujo (incorrectamente) tener competencia para conocer de la Ejecución, como arbitrariamente lo hizo. Este hecho fue declarado probado por la Juez A quo en su sentencia del 18 de abril del 2018. Obra a folio 146. El hecho quinto de la demanda, establecía, y así fue acreditado, que el 30 de junio del 2017 se celebró la audiencia de subasta del inmueble hipotecado, en la que el ejecutante expresando tener instrucciones precisas de su representado Banco Atlántida S.A., hizo formal postura por la cantidad de L. 5,627,597.51 valor que representa la totalidad de lo adeudado, el Juzgado A quo se lo adjudico. Este hecho fue declarado probado por la Juez A quo en su sentencia del 18 de abril del 2018. Y Seguidamente la A quo razona sobre el contenido de los artículos 844 y 853 del CPC. Obra a folio 146 vuelto. En cuanto al hecho sexto de la demanda, establecía, y así fue acreditado, el motivo de Nulidad por la Falta de Competencia Territorial, se alegó que la competencia territorial fue fijada por una norma imperativa, que no admite sumisión, (ni la hubo) y que de conformidad al artículo 36.1 y 891.1 CPC, este Juzgado era incompetente, correspondiéndole la Competencia, al Juzgado donde radicaba el inmueble hipotecado.(departamento de Islas de la bahía) Se afirmó que, el A quo, en lugar de abstenerse de conocer y remitir las actuaciones al tribunal correspondiente, en fecha 28 de octubre del 2011 dicto el auto de admisión y conoció todo el proceso, hasta la adjudicación del inmueble. Actuaciones que eran nulas por falta de competencia territorial fijada imperativamente, de conformidad a los artículos 36.1, 891.1 y 212.2 CPC. Este hecho fue declarado probado por la Juez A quo en su sentencia del 18 de abril del 2018. Y Seguidamente la A quo razona sobre el contenido del artículo 44 del CPC. En el sentido de que los ejecutados pudieron hacer uso de la Declinatoria y al no hacerlo, dieron por aceptada cualquier actuación de ese juzgado, y que no interponer declinatoria, no significa que haya habido indefensión. Obra a folio 147.En cuanto al hecho séptimo de la demanda, establecía, y así fue acreditado, el motivo de nulidad del mandamiento de ejecución, donde se alegó que la certificación extendida el 30 de septiembre por Wilberg Omar Moncada Reyes, carecía de fuerza ejecutiva, por no ser este EL CONTADOR del Banco Atlántida S.A. cargo que ejercía en esa fecha otra persona. La A quo se pronunció en el sentido de que no se había acreditado la Nulidad de tal certificado, aspecto este que nunca fue parte de la demanda, y que la Ley no requiere sea emitido por EL CONTADOR GENERAL. Interpretando erróneamente el articulo 782 CPC y los artículos 844 del Código de Comercio y 166 de la Ley del Sistema Financiero. Obra a folio 147 vuelto. En cuanto al hecho octavo de la demanda, establecía, y así fue acreditado, la sucesión procesal por muerte del litigante, e indefensión, tanto con el certificado de defunción del señor Truman Tatum Carter y la declaratoria de herencia de la señora Carminda Ramona Merren Ramos. El juzgado expreso que no se evacuo la prueba testifical y que la sucesora no puso en conocimiento del juzgado el fallecimiento del litigante, interpretando erróneamente el artículo 72 CPC. Sobre el Capítulo de los daños y perjuicios reclamados, estos se acreditaron documentalmente, sin embargo, la A quo se pronunció que, por ser estas partidas propias de las costas del juicio, no se podían atribuir a daños ocasionados por la acción dolosa realizada por el Banco Atlántida S.A. interpretando erróneamente el articulo 218 CPC y los artículos 844 del Código de Comercio y 166 de la Ley del Sistema Financiero. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA. Con un razonamiento equivocado, y apoyada en las normas citadas cuya infracción se alega por interpretación errónea unas y por falta de aplicación, otras, el Ad quem emitió una sentencia contraria a los hechos probados y al ordenamiento jurídico aplicable, como lo expongo así: 1.- Acreditada la Incompetencia del Tribunal y declarado probado este hecho, la A quo en lugar de decretar la Nulidad del proceso ejecutivo, conforme lo prescribe el articulo 212.2 CPC, le dio preeminencia al art. 44 CPC, referente a la declinatoria, interpretando erróneamente que, al no alegarse, derivo en una aceptación, subsanación y convalidación por parte de los ejecutados. Figura legal de la declinatoria, que en ningún apartado de la ley contempla lo afirmado por el A quo, ni puede convalidar o subsanar EL VICIO DE NULIDAD ABSOLUTA en que incurrió el Juzgado. Nulidad que es sancionada por ley, se trata de una nulidad absoluta que no es subsanable, aunque las partes no la aleguen y tiene efectos ab initio. Tampoco puede justificar el A quo, que, al no interponerse la declinatoria, los ejecutados tuvieron por aceptado todas las actuaciones de ese Juzgado. Está claro que el A quo debió aplicar esa norma imperativa y declarar la Nulidad en su sentencia, nulidad que ya declara el artículo 212.2. CPC. Que también fue erróneamente interpretado. De igual manera. el ad quem, en su sentencia confirmatoria, le agrega otro elemento, expresando, que por la preclusión del plazo que establece la ley en el artículo 126.1 CPC, al no presentar oposición a la ejecución, por los motivos que señala el tribunal comprendidos en el artículo 792 CPC, no es procedente para los ejecutados, alegar ahora, en el juicio ordinario tal la nulidad. Interpretación también errónea, porque esos motivos de oposición del articulo 792 CPC, que señala el ad quem, son propios de la ejecución extrajudicial, y el caso que nos ocupa se trata de una particular ejecución de bienes hipotecados, con sus propios motivos, que regula y señala el artículo 899.1 y .2 CPC, artículo que no fue aplicado por el Ad quem, al igual que no aplicó el artículo 901. 1 y.2 CPC que concede el derecho a promover en Juicio ordinario, alegando cualquier motivo de oposición, fuera de los dos consignados en el artículo 899.1 y. 2 CPC. De haber interpretado correctamente los artículos 44, 126.1, 212.2, 792 del CPC y el 1586 del Código Civil, el Juzgado hubiera emitido una sentencia definitiva arreglada a derecho, esto es, declarando con lugar la demanda y declarando la nulidad del proceso ejecutivo objeto de la misma. Lo que estaría también respaldado, si hubiera aplicado los artículos 3, 7.1, 10.2, 11.1 y .2, 36.1, 38.1, 41.1, 211, 891.1, 899.1 y.2, 901.1 y .2 del Código Procesal Civil; 9, 10, 610, 1365, 1589, 1596, 2098 del Código Civil. 2.- Acreditado que el Certificado de estado de cuenta del 30 de septiembre del 2011, que sirvió de título ejecutivo a la demanda de Ejecución, no fue emitido por EL CONTADOR DEL BANCO, llamada EL CONTADOR GENERAL en el Banco Atlántida, y que la parte demanda no acreditó que el señor Wilberg Omar Moncada Reyes tuviera facultades para emitirlo, agregado a que, la escritura de hipoteca, por si sola, no reúne los requisitos de ley establecidos en el artículo 782 CPC, para la ejecución hipotecaria. El A quo debió declarar la Nulidad del mandamiento de Ejecución, sin embargo, interpretando erróneamente los artículos 884 del Código de Comercio y 166 de la ley del Sistema Financiero, que no se refieren a la figura de UN CONTADOR cualquiera, sino EL CONTADOR de la Institución Financiera, cargo que en el Banco Atlántida lo ejerce EL CONTADOR GENERAL, como fue acreditado con el reconocimiento judicial que obra a folios 82 al 130, con la cláusula décimo cuarto del Contrato de Préstamo Agropecuario y con la certificación del estado de Cuenta extendida el ambos documentos obran a folios 8,9 y 88 del exp. 0101-2011-00795, y alegando el A quo, que la certificación emitida por Wilberg Omar Moncada Reyes, tiene vigencia (nunca se alegó en juicio la nulidad de tales documentos), procedió a dictar sentencia, declarando sin lugar la demanda de nulidad. Sentencia que fue confirmada por el ad quem, y este le agrego el razonamiento de que tampoco la Escritura de Hipoteca fue anulada previamente y que esta constituía el título de ejecución, lo cual no es cierto, en virtud de que la misma solo refleja el otorgamiento de una garantía, no contiene ningún contrato de préstamo y por sí sola, no llena el requisito del primer párrafo del artículo 782 CPC. Interpretación errónea del ad quem en cuanto al contenido de los artículos 884 Código de Comercio y 166 de la ley del sistema financiero, que exige que, para tener fuerza ejecutiva, la certificación de saldo debe ser emitida por EL CONTADOR, o sea la persona que maneja la contabilidad de la Institución, quien firma los balances y estados de resultados, y por conocer esos datos contables, goza de la autorización para extender las Certificaciones de saldo. Desde la demanda y hasta en la Apelación, dejamos por aclarado que: el artículo “EL” CONTADOR, es determinado, y señala el género y el número de la tercera persona del singular. La Ley no utiliza el artículo “UN” CONTADOR, que, por ser indeterminado, si podría cualquier contador del banco, extender la Certificación. Además, la parte demandada, sostuvo en la contestación de la demanda, que el Señor MONCADA REYES si estaba autorizado para extender tal certificación, sin acreditarlo, ni rebatir la prueba de RECONOCIMIENTO practicada en las oficinas centrales de esa Institución bancaria, que acreditó que EL CONTADOR GENERAL DEL BANCO ATLANTIDA al 30 de septiembre del 2011 era la Señora VIOLETA PALMA IRIAS. De haber interpretado correctamente los artículos 884 del Código de Comercio y 166 de la ley del Sistema Financiero, el Juzgado hubiera emitido una sentencia definitiva arreglada a derecho, esto es, declarando con lugar la demanda y declarando la nulidad del proceso ejecutivo objeto de la misma. De igual manera el ad quem hubiera enmendado la resolución del A quo, revocado la de primera instancia y decretado la nulidad del proceso ejecutivo por carecer el título ejecutivo de los requisitos de ley. 3.- Acreditada la defunción del litigante Truman Tatum Carter y la declaratoria de herencia a favor de la Señora Ramona Carminda Merren Ramos, el A quo hubiera declarado la Nulidad del proceso ejecutivo, porque, aunque no se comunicó de tal suceso al Juzgado, es evidente que el litigante falleció, que el proceso siguió su arbitrario curso y que la heredera no fue parte en ese juicio, a quien no le es oponible lo resuelto en el mismo, en virtud de que no ha sido oída ni vencida en juicio, ni se le puede imponer pena, mucho menos por un juez incompetente. Demostrándose la interpretación errónea que hizo el A quo del artículo 72 CPC, pues del mismo no se desprende, que el litigante no haya fallecido, por el hecho de no haberse comunicado tal suceso al Juzgado, ni que la heredera tampoco lo sea por esa misma razón. Lo cierto es que la persona que ocupa el puesto del litigante fallecido, no fue parte en juicio, no tuvo representación procesal, ni fue declarada en rebeldía, de tal manera que en aplicación al artículo 94 Constitucional que no aplico el Ad quem, y la prueba existente del fallecimiento, puede alegarse y decretarse la nulidad, conforme lo regula el articulo 901.1 CPC, como cualquier otro motivo autorizado por la ley. Artículo que tampoco fue aplicado por el A quo, ni por el Ad quem en su sentencia confirmatoria. Que, de haberlo hecho, tanto interpretando correctamente el articulo 72 CPC, como aplicando el art. 94 Constitucional, hubiera declarado la Nulidad de tal viciado proceso. 4.- Acreditados los daños y perjuicios mediante prueba documental y no rebatida esta por la parte contraria, el A quo, no la estima por una interpretación errónea que hace del contenido del artículo 218 CPC y 1360 CODIGO CIVIL. Sobre lo cual, el Ad quem, al confirmar la sentencia impugnada, y pronunciándose sobre este capítulo, le agrega que el avalúo practicado por el señor Juan Konghel no se refiere al valor del inmueble hipotecado, objeto de la Ejecución Hipotecaria, cuando documentalmente y a través de tres escrituras públicas se acredito que tal inmueble era propiedad de los señores Tatum Merren y Tatum Carter. Es evidente la interpretación errónea que tuvo el ad quem del artículo 218 CPC y 1360 del Código Civil, por cuanto, el primero, que se refiere a las costas, no impide, ni prohíbe que se reclamen en concepto de daños y perjuicios, valores que pudieran llegar a ser parte de las costas, en vista de que estas sumas, salieron del patrimonio de los demandantes, lo disminuyeron y han servido para la defensa de sus derechos y recuperación del inmueble que les fue despojado arbitrariamente, es decir que los daños y perjuicios surgen necesariamente de la actitud dolosa del Ejecutante al despojarles mediante un procedimiento arbitrario, de su inmueble. Si la Corte sentenciadora hubiera interpretado debida y correctamente el contenido de los artículos citados, y del artículo 1365 Código Civil, que no fue aplicado, hubiera declarado ha lugar el pago de los daños y perjuicios que le fueron acreditados documentalmente y condenado al demandado a pagarlos. De igual manera habría condenado en costas a la parte vencida, y se tomaría para tal efecto, el valor de la cuantía alegada y acreditada en este Capítulo, de L. 50,022,531.65. Quedo demostrado, que el Ad quem, cometió infracción al resolver la cuestión de fondo del litigio, y que en lugar de interpretar correctamente los artículos citados en su sentencia confirmatoria, así como de haber aplicado los artículos antes señalados, que no aplicó, hubiera emitido una sentencia totalmente diferente a la que desafortunadamente emitió, contraria a los hechos probados y al ordenamiento jurídico aplicable. PREVIA DENUNCIA La Infracción objeto de este TERCER motivo, se produjo tanto en la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, como en la de segunda instancia, o sea, son infracciones que se producen al emitirse el Fallo, o sea, por infracción en la aplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, por lo que no se requiere de denuncia previa. FUNDAMENTOS JURIDICOS Este recurso se fundamenta además en los Artículos 64, 70, 80, 82, 90, 94, 106, 321 y demás aplicables de la Constitución de la República; Artículos 9, 10 11, 17, 1346, 1360, 1365, 1547, 1548 1586, 1589, 1596 y 2098 del Código Civil: 884 del Código de Comercio; 166 de la ley del Sistema Financiero Nacional; 3, 7, 10.2, 11, 12.5, 13, 200, 206, 207, 208, 700, 701, 704, 716, 719.1 y .2, 720,.2, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 782, 783.2, 798, 844, 852, 853, 887, 891, 901, 907 y demás aplicables del Código Procesal Civil. PETICION Por lo expuesto, a la Honorable Corte Primera de Apelaciones, con mi acostumbrado respeto pido: tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de Casación, con los documentos acompañados para ilustración, consistentes en dos sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Civil, en la que el Supremo Tribunal, ante el incumplimiento del requisito de formalidad, aplica con propiedad, la nulidad de los actos procesales, por proceder estos, de normas con carácter imperativo, y una constancia emitida el 12 de febrero del 2019, en cuanto a que el expediente 0101-2011-00795 se encuentra en el Archivo del Juzgado de Letras de esta ciudad. Mandar a entregar copia a la parte contraria para que dentro del plazo de diez días hábiles pueda pronunciarse sobre el contenido del mismo, y transcurrido el plazo, remitir el expediente a la Honorable Corte Suprema de Justicia, a quien respetuosamente os pido: Dictad el auto motivado sobre la admisión a trámite del recurso, por estimar necesario la celebración de la audiencia, esta parte solicita su señalamiento, y si fuera procedente, señalarla; y sin perjuicio de la vinculación prevista en el art. 726.1 emplear las normas y fundamentos jurídicos que estiméis aplicables al caso, aunque difieran de los señalados por el recurrente, examinad primero la infracción de las normas procesales denunciadas, y descartada esta, pronunciarse sobre la infracción de la normas materiales denunciadas; y en una sola sentencia si estimaréis el recurso de casación, casad la sentencia recurrida y resolved conforme a derecho: 1. Si se apreciare la infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, ordenad reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiere producido la falta. 2. Si se apreciare la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, dictad la nueva sentencia, salvo que el defecto consista en la omisión o defectuosa motivación fáctica, o la omisión de pronunciamiento, en cuyo caso, reenviad el expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince días. 3. Si se apreciare infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo, procedáis a dictar nueva sentencia, resolviendo el litigio, esto es, declarando ha lugar la demanda ordinaria de Nulidad Absoluta del Proceso de Ejecución Hipotecaria directa sobre un bien hipotecado, registrado bajo el expediente 0101-2011-00795, a partir del auto de admisión de fecha 30 de septiembre del 2011. Condenar al Banco Atlántida S.A. al pago de L. 13,363,902.49 en concepto de daños y perjuicios. Con condena en Costas. SEXTO: El abogado EDWIN GEOVANNY NUÑEZ AGURCIA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “PRONUNCIAMIENTO A LOS SUPUESTOS MOTIVOS DE CASACIÓN. 1. Al supuesto Primer Motivo por infracción del Artículo 200 numerales 1 y 2literales c y d, en relación al Artículos 7 numeral 1, 206 numeral 3 y 211, todos del Código Procesal Civil, por la aplicación de normas procesales que regulan el contenido formal de las sentencias y requisitos internos, siendo el precepto autorizante el Artículo 719 numeral 1, literal o) del mismo Código Procesal Civil. Supuesto agravio que desvirtúo de la siguiente manera: a) La sentencia recurrida del 28 de noviembre de 2018 contiene el encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y el fallo, conforme lo dispone el Artículo 200 en su numeral 2 del Código Procesal Civil; asimismo, cada apartado o sección de la sentencia se encuentra en párrafos separados y numerados en los que la Corte Primera de Apelaciones expone las razones por las cuales confirma la sentencia de primera instancia. La supuesta infracción que alega el recurrente y que para él es causal del recurso de casación, es una situación que no afecta el fondo del objeto del litigio, pues la manera o el estilo en que los Juzgados o Tribunales redactan sus sentencias es propio de ellos, siempre y cuando no omitan algún contenido de forma, por lo que, no es motivo alguno para declarar nula una sentencia. b) Cuando el Código Procesal Civil en su Artículo 719 se refiere que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, se refiere y no a otra que, cuando un Juzgado o Tribunal dicten su sentencia omitiendo uno o algunos de los requisitos de fondo de las sentencias señalados en el Artículo 200 en análisis, es decir, que con la omisión de ese requisito de fondo no pueda entenderse los motivos que llevaron al o los juzgadores a dictar ese fallo o que omita referirse en la sentencia a cada una de las pretensiones de las partes; tales motivos si pueden ser considerados como infracción propias para un recurso de casación. 2. El recurrente en ningún momento ha expresado que el fallo haya obviado referirse a alguna de sus pretensiones, pues su alegato es que, a su criterio personal, la sentencia debe contener más párrafos separados y que el Ad Quem no debió confirmar la sentencia. 3. Al supuesto Segundo Motivo por infracción del Artículo 200 numerales 1 y 2 literal c, en relación al Artículos 207 numerales 1 y 2, 7 numeral 1 y 211, todos del Código Procesal Civil, por la aplicación de normas procesales que regulan el contenido formal de las sentencias en lo referente a la motivación, siendo el precepto autorizante el Artículo 719 numeral 1, literal c) del mismo Código Procesal Civil. Supuesto agravio que desvirtúo de la siguiente manera: a) El falso que la sentencia recurrida carezca de motivación, pues en la parte de ‘Fundamentación Jurídica y Probatoria” expone de manera clara, precisa y congruente los motivos por los cuales fallan confirmando la sentencia de primera instancia. b) El supuesto agravio que expone el recurrente, es que la motivación de la Corte Primera de Apelaciones no es conforme a sus pretensiones y expone sus argumentos; por lo tanto, podemos concluir que la sentencia si tiene una motivación como lo ordena el Código Procesal Civil, sólo que no es del agrado del recurrente y por eso ha decido presentar un recurso. En todo caso, si el recurrente cree, a su entendimiento, que no hubo una correcta aplicación de las normas de derecho para la solución del fondo del asunto, debió exponerlo de otra manera, pero lo que sí no debió, fue faltar a la verdad al decir que la sentencia recurrida carece de motivación.4. Al supuesto Tercer Motivo por interpretación errónea de los 90 de la Constitución de la República; 44 numeral 3, 72, 126 numeral 1, 212 numeral 2, 218, 792 numerales 1 y 3, 798 y 893 del Código Procesal Civil; 1360 y 1586 del Código Civil; 884 del Código de Comercio; 166 de la Ley del Sistema Financiero, en relación a los Artículos 94 y 321 de la Constitución de la República; 3, 7 numeral 1, 10 numeral 2, 11 numerales 1 y 2, 36 numeral 1, 38 numeral 1, 41 numeral 1, 211, 891 numerales 1 y 2. 899numerales 1 y 2, 901 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil; y, 9, 10, 610, 1365,1589, 1596 y 2098 del Código, estos último por falta de aplicación, siendo el precepto autorizante el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. Supuesto agravio que desvirtúo de la siguiente manera: a) El recurrente alude que la mitad de las disposiciones del Código Procesal Civil han sido aplicadas erróneamente y que otras no fueron aplicadas, lo cual constituye una mala técnica casacional violatoria del artículo 721.2 del Código Procesal Civil, por cuanto que el recurrente en forma indiscriminada hace enumeración global de preceptos supuestamente violados, razón por la cual se genera confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción o su alcance para poder juzgar sobre ello, por lo que debe inadmitirse este motivo de casación; sin embargo, haciendo un esfuerzo de comprensión de este motivo resulta evidente Honorables Magistrados, que el recurrente no desarrolla las razones que lo llevan a decir las aseveraciones repetitivas y carentes de sustento lógico en lo que pretende dar a entender, puesto que vuelve a exponer lo manifestado en la demanda y en el recurso de apelación, sin dar una explicación categórica de sus motivos, pues únicamente se limitó a copiar los Artículos que alude han sido infringidos; por tal razón y sin perjuicio de lo anteriormente expresado, procederé a turbar las incidencias que expone el recurrente en el supuesto tercer motivo. b) Sobre la incompetencia del Tribunal, la Corte de Apelaciones ha sido clara al igual que el A Quo, que la sociedad Corporación Marítima Tatum, S. de R.L. también conocida como Tatum Marine Corporation, representada por el señor Eddie Murphy Tatum Merren y el señor Truman Tatum Carter como aval, no presentaron ante el Juzgado las oposiciones, nulidades o recursos que la ley y las garantías constitucionales les permite; por lo tanto, los ejecutados aceptaron la sumisión ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba. Cabe resaltar que la sociedad Corporación Marítima Tatum, S. de RL. también conocida como Tatum Marine Corporation, representada por el señor Eddie Murphy Tatum Merren y el señor Truman Tatum Carter corno aval, tuvieron conocimiento de todo el proceso y el hecho que no presentaron escrito alguno ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, fue un acto propio de ellos. c) En cuanto al Certificado de Estado de Cuenta ha quedado suficientemente claro que el señor Wilberg Omar Moncada Reyes tenía las facultades para extender ese certificado de estado de cuenta, pues como bien expresa la Corte Primera de Apelaciones, el recurrente no pudo demostrar que dicho documento fuera nulo o que el señor Moncada Reyes no se encontraba autorizada para extender el certificado cuestionado. d) También se demostró en el proceso judicial, que al momento que se realizó el requerimiento de pago contra la sociedad Corporación Marítima Tatum, S. de R.L. también conocida como Tatum Marine Corporation y a sus avales los señores Eddie Murphy Tatum Merren y el señor Truman Tatum Carter, éste último, el señor Truman Tatum Carter se encontraba con vida. Es de resaltar que ninguno de ellos presentó oposición alguna o declinatoria. Los ejecutados en ningún momento del proceso de ejecución hipotecaría hicieron del conocimiento de la muerte del señor Truman Tatum Carter, tratando de pasar desapercibido el hecho de la obligación de los demandantes -en aquel momento ejecutados- de acreditar en el proceso judicial el fallecimiento del demandado, al no haberlo hecho y estando el proceso en la sustanciación del mismo, es deber de los herederos cumplir los presupuestos establecidos en el artículo 72 del código Procesal Civil, referente a la sucesión procesal por muerte, ya que es una obligación atribuible únicamente a ellos y de mala fe esperaron hasta que se rematara el inmueble, para luego presentar una demanda ordinaria de nulidad, misma que les fue declarada sin lugar ya que la Juzgadora apreció la mala fe de los señores Eddie Murphy Tatum Merren y Ramona Carminda Merren Ramos viuda de Tatum. e) Si la demanda de primera instancia fue declarada sin lugar y la Corte Primera de Apelaciones la confirmó, en que razonamiento lógico cabe que pueda existir una condena al pago de daños y perjuicios, pues al ser declarada sin lugar la demanda, es evidente que no existe el daño que se reclama y por ende, tampoco existe un perjuicio, en tal virtud los daños y perjuicios que son una pretensión accesoria a la principal, no fueron demostrados por el recurrente los presupuestos jurídicos subsumidos en el artículo 2236 del Código Civil en cuanto a la acción u omisión. f) También miente el recurrente al decir que nunca nos opusimos al pago de daños y perjuicios, pues tanto en la contestación como en los alegatos finales siempre se mantuvo la posición que el Banco Atlántida, SA. nunca le causó un daño a los señores Eddie Murphy Tatum Merren y Ramona Carminda Merren Ramos viuda de Tatum, y que en todo caso la acción debía ser ejercida contra la sociedad Corporación Marítima Tatum, S. de R.L. también conocida como Tatum Marine Corporation; así como que el pago de honorarios profesionales por adelantado es algo irracional y que al final, es una facultad propia de los señores Eddie Murphy Tatum Merren y Ramona Carminda Merren Ramos viuda de Tatum, que en ningún momento puede afectar a mi representada. g) Finalmente honorables magistrados, concluyo recalcando que el infundado recurso además carente de una buena técnica casacional, no es procedente por contravenir el artículo 716 de nuestro Código Procesal Civil, establece claramente cuál es la finalidad que pretende el recurso de extraordinario de casación, resaltando por nuestra parte, que la pretendida finalidad busca la protección, aplicación e interpretación del derecho objetivo, lo que conlleva a la unificación de la jurisprudencia, previo al fin del recurso causales del mismo contenidas en el artículo 719 del Código Procesal Civil, con la exclusión de la revisión probatoria; es así como el recurso debe de ir orientado contra los argumentos que la Corte de Apelaciones en materia Civil determinó su fallo y sus motivaciones fácticas y jurídicas, que lleven a las resoluciones que pudiese determinar un fallo dentro de los escenarios jurídicos contenidos en el artículo 715 del Código Procesal Civil, lo cual origina que las sentencias motivadas para que cumplan los presupuestos establecidos en el artículo 200 en relación con el artículo 206 y el 207 del Código Procesal Civil y al debido proceso dictando sentencias de fondo justas y motivadas, aspectos estos que salen a la vista, con la simple lectura de la sentencia de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho donde existe una adecuada motivación fáctica y jurídica que no solo tiene su alcance en confirmar el fallo, sino que por el contrario expone los argumentos que llevan a ese convencimiento y a todas y cada una de las pretensiones del actor por lo que concluimos que el fallo recurrido es conforme a los requisitos contenidos de las sentencias (artículo 200 del Código Procesal Civil) y su forma. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Conforme el artículo 718 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del recurso de casación. 2. Esta Sala de lo Civil viene reiterando la naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013, exp. S.C. 236-2012; 18-03-2014, exp. S.C. 003-2013 y 06-05-2014, exp. S.C. 135-2013). 3. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 4. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil, queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 5. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO EN SU PRIMER MOTIVO. El recurrente en su primer motivo de casación viene señalando como normas infringidas los artículos 200 numerales 1 y 2 literales c) y 206.3 en relación a los artículos 7.1 y 211 del Código Procesal Civil estos dos últimos por falta de aplicación. Señala como precepto autorizante el artículo 719. 1 literal c) del mismo código. Al exponer el perjuicio o agravio, manifiesta básicamente lo siguiente: “El perjuicio o agravio que se alega, consiste en la infracción a la normativa procesal, precisamente a las formalidades y requisitos que con carácter de imperativos exige la ley en el contenido de las sentencias, así como a la sanción de nulidad por su incumplimiento. Requisitos que fueron incumplidos, tanto por el A quo, en la sentencia de primera instancia, de fecha 18 de abril del 2018, como por el Ad Quem en la sentencia confirmatoria de segunda instancia del 28 de noviembre del 2018 (que, al ser confirmatoria, la hizo suya, al igual, como aceptadas y aplicadas las disposiciones legales citadas por el A quo). Se observa, que, en la sentencia definitiva de primera instancia, el A quo, en un solo Capítulo denominado HECHOS PROBADOS, numeral tercero, SE PRONUNCIA sobre dos hechos diferentes de la demanda. 1) SOBRE LA FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL, alegada en el hecho SEXTO de la demanda y lo declaró como un hecho probado, pero a su vez expone que el no haber propuesto la declinatoria, los ejecutados dieron por aceptada cualquier actuación de ese juzgado, y que con ello no se creó indefensión; y 2) NULIDAD DEL MANDAMIENTO DE EJECUCION, alegado en el hecho SEPTIMO de la demanda, incumpliendo con la formalidad de las sentencias que exige se expresen en párrafos separados y numerados, los fundamentos de derecho fijados por las partes; De igual manera, se observa que en la PARTE DISPOSITIVA O FALLO, la A quo, expresó, argumentó y razonó, SOBRE LA NULIDAD, LA INDEFENSIÓN Y HONORARIOS COMO DAÑOS Y PERJUICIOS, que son aspectos propios a ser expresados, en el acápite, de los fundamentos de derecho. Afirmó que los ejecutados en el expediente 0101-2011-00795, correspondiente al proceso de Ejecución Hipotecaria, no hicieron uso de los medios que la ley les ofrecía, para que en el momento procesal oportuno denunciaran la declinatoria por falta de competencia territorial de este Juzgado. Sigue afirmando la Juzgadora, que, al no hacerlo, CONVALIDARON EL ERROR DEL JUEZ al admitir la demanda en este territorio y en consideración a los principios de finalidad del acto y trascendencia, enunciados previamente, concluyó equivocadamente la Juzgadora, que no fue violado el principio constitucional de la defensa en juicio y con ese único como equivocado razonamiento, emitió su desafortunado fallo… Con esa argumentación y motivación, el A quo cometió infracción, al incumplir el requisito formal de las sentencias, (su estructura y contenido), prescrito en los artículos 200 numeral 2, literal d) del Código Procesal Civil, que contempla que el fallo solo contendrá los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, y NO LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS LEGALES, lo cual se debe expresar en el acápite de los fundamentos de derecho, como lo establece el mismo artículo 200, numeral 2, literal c) del CPC, y de igual manera, cometió infracción al incumplir el requisito de la debida separación de los pronunciamientos sobre cada uno de los puntos objeto del litigio, prescrito en el artículo 206.3, del Código Procesal Civil. Por su parte, el Ad Quem, en su sentencia de fecha 28 de noviembre del 2018, (que confirmó la de primera instancia y la hizo suya), incumplió los mismos requisitos acerca del CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS, relacionados en el párrafo anterior. Infracción cometida en el numeral Quinto de su FUNDAMENTACION JURIDICA Y PROBATORIA, (obra a folios 14 y 15 frente), donde se pronunció en un solo párrafo, sobre diferentes agravios, expresados en capítulos separados por esta parte apelante, tanto, en cuanto a la fundamentación probatoria de la sentencia, refiriendo, “En lo que se refiere a los agravios en cuanto a la fundamentación probatoria concierne, el recurrente señala que la A quo omitió aplicar ciertos artículos del Código Procesal Civil como ser el artículo 212.2 que sanciona la nulidad de los actos procesales cuando se produzcan con falta de competencia territorial…. de igual, la disposición referente a la sumisión expresa y lo previsto en el artículo 792 del Código de rito, lo que no comparte este Ad Quem puesto que la A quo en su fallo consigna las disposiciones que le sirven de fundamento, la que va acorde a lo resuelto, además debe tenerse presente que la parte actora no hizo uso del derecho a presentar oposición a la ejecución ante la falta de competencia del tribunal para luego ejercer el derecho consignado en el artículo 798 del ya referido código procesal civil, el cual invoca únicamente en su numeral tercero, sin embargo debe tomarse en consideración lo dispuesto en los demás numerales que le conforman. Sobre los agravios en cuanto a la parte dispositiva, en los que se refiere así: “Los agravios en cuanto a la parte dispositiva recaen sobre el hecho de que la señora Juez en ese acápite de su fallo previo a emitir su pronunciamiento, argumenta y razona expresamente sobre la nulidad y la indefensión…. nuevamente el recurrente señala por qué estima que la Juez debió declarar con lugar la demanda por probar que probo la falta de competencia territorial del tribunal en ese proceso de ejecución, así como los otros motivos de nulidad alegados. Respecto a lo antes indicado esta integración hace la observación a la señora Juez de primera instancia, que en lo sucesivo se limite a dar estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 200 del código procesal civil sobre el contenido formal de las sentencias, que en el inciso d) prevé “El fallo contendrá, numerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todos o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento de las costas…” sin que ello sea motivo suficiente para declarar nulidad del fallo recurrido y en lo que a los alegatos sobre los motivos de nulidad nuevamente indicados por el recurrente, este tribunal ya se ha pronunciado en numerales precedentes sobre cada uno de ellos”. Con tal argumentación, el Ad Quem, también incumplió el requisito formal de las sentencias, prescrito en el artículo 200 numerales 1 y 2, literal d) y 206.3 ambos del Código Procesal Civil. Claramente se observa, que el Ad quem, también cometió infracción al incumplir el requisito de la debida separación de los pronunciamientos sobre cada uno de los puntos objeto del litigio, prescrito en el artículo 206.3, del Código Procesal Civil. En el acápite que el impetrante ha denominado INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA ha expresado que “El hecho de haberse violentado las normas imperativas que regulan el contenido formal de las sentencias por parte del A quo, y que, de haber declarado el Ad quem la nulidad de la misma, definitivamente que en lugar de una sentencia confirmatoria, necesariamente el Ad quem hubiera anulado la de primera instancia, con instrucciones precisas, o con demostración al A quo, que el incumplimiento de la forma de los actos procesales con carácter imperativo, entre ellos las sentencias, se sanciona con la nulidad. De tal manera, que el A quo, a quien ya se le había acreditado los motivos de nulidad alegados en la demanda ordinaria, entre ellos, y en relación a los actos procesales, cuando se produzcan con falta de competencia territorial cuando esta venga fijada imperativamente, se hubiera visto en la obligación de cumplir con el mandato de la ley imperativa y aplicar entre otros, los artículos 211 y 212.2 CPC, declarando la nulidad del Proceso ejecutivo, contenido en el expediente 0101-2011-00795, con pronunciamiento sobre la indemnización reclamada, la cuantía y las costas del juicio. Al no hacerlo, es decir, al dejar de declarar la sanción de nulidad, e incurrir el Ad quem en la misma infracción en el contenido formal de las sentencias, como quedó acreditado, nos obliga, a impugnarla mediante el presente recurso de Casación, con los consiguientes daños y perjuicios a mis representados, tanto morales, físicos, como económicos, lo que realmente era innecesario, si el Ad quem hubiere cumplido con la normativa procesal”. 5.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Esta Sala es del criterio que el recurrente infringe los requisitos fundamentales para la interposición del recurso extraordinario de casación inobservando la debida técnica casacional, a saber: a) El recurrente infringe el deber que le impone el artículo 721 del Código Procesal Civil de hacer constar el motivos con la suficiente separación y claridad, pues pretende que bajo un mismo motivo se examine la infracción de normas, tanto formales como de contenido de la sentencia, que por constituir aspectos diferentes han de abordarse por separado porque una cosa son los requisitos que debe tener una sentencia y otra es que elementos compone cada uno de estos requisitos. b) Al exponer las normas formales como las normas internas de la sentencia, no es preciso en relación a si se trata de una falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de las mismas, únicamente al referirse a los artículos 7.1 y 211 del Código Procesal Civil ha expresado que han sido infringidas por falta de aplicación, pero estas se refieren, la primera a la legalidad procesal y formas, y la segunda a la nulidad o anulabilidad de los actos procesales. c) Refiere normas que originariamente no fueron citadas como infringidas y otras normas que regulan cuales son los actos procesales que serán nulos, las cuales tienen otra causal de casación para su examen y que no es la abordada por el censor. d) Comete el yerro de cuestionar la sentencia dictada por el a-quo, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 717 del Código Procesal Civil, que establece que solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos definitivos dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones; incurriendo el recurrente en la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2 a) del mismo código. 6. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO EN SU SEGUNDO MOTIVO. El recurrente en su segundo motivo plantea la infracción del artículo 200 numerales 1 y 2 literal c) en relación con los artículos 207.1 y 2 del Código Procesal Civil y estos en relación a los artículos 7.1 y 211 del mismo código, estos últimos por falta de aplicación. Señala como precepto autorizante el artículo 719. 1 literal c) y el artículo 720.2 del Código Procesal Civil. En su libelo el recurrente expone que “el perjuicio o agravio que se alega, consiste en la infracción a la normativa procesal, precisamente a las formalidades y requisitos como el de LA MOTIVACION, que con carácter de imperativos exige la ley en el contenido de las sentencias, así como a la sanción de nulidad por su incumplimiento. Requisitos que fueron incumplidos, tanto por el A quo, en la sentencia de primera instancia, como por el Ad Quem en la sentencia confirmatoria de segunda instancia (que, al ser confirmatoria, la hizo suya, al igual, como aceptadas y aplicadas las disposiciones legales citadas por el A quo). Se observa, a folios 145 al 147, que, en la sentencia definitiva de primera instancia, el A quo, tuvo por probados los hechos primero al quinto de la demanda, y que al pronunciarse en el Numeral TERCERO DE LOS HECHOS PROBADOS, y en el numeral TERCERO DE LA FUNDAMENTACION PROBATORIA, en referencia al motivo de Nulidad por falta de Competencia territorial, (HECHO SEXTO DE LA DEMANDA) que nuevamente lo declara como probado, pero, al pretender desconocer la nulidad del proceso objeto de este juicio ordinario, para pronunciarse posteriormente en declarar no ha lugar la demanda, hace uso de la figura de la Declinatoria, contemplada en el artículo 44 del CPC y establece, que por no haber hecho uso de esa figura, los ejecutados dieron por aceptada cualquier actuación de parte de este juzgado, no habiendo existido indefensión. Cita y con ello reconoce la existencia del artículo 212 del CPC el cual dice, señala los actos procesales que serán nulos, pero omite pronunciarse sobre esa nulidad de pleno derecho, entre ellas, el numeral 2 del artículo 212 que expresamente prescribe que los actos procesales serán nulos, cuando se produzcan con falta de competencia territorial cuando esta venga fijada imperativamente, tal como es el caso que nos ocupa, cuya imperatividad fue fijada en los artículos 36.1 y 891.1 del CPC, y en su lugar, expone su razonamiento sobre el contenido de los artículos 214 y 215 ambos del CPC, respaldándose también en los principios de la finalidad del acto y el de trascendencia, así como el criterio del Profesor Víctor Santos, en su obra de Nulidades Procesales emitida en 1999. Concatenando lo anterior, y para no declarar la nulidad, plantea la figura de LA CONVALIDACION, que plasmó en la Parte Dispositiva o Fallo, en la que expone que el objeto y fin de la nulidad es asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio y que los ejecutados, al no haber denunciado la declinatoria durante el proceso de ejecución, CONVALIDARON el error del juez al admitir la demanda en este territorio y concluye que por ello no fue violado el principio constitucional de la defensa en juicio, por lo que procedió a declarar sin lugar la demanda de nulidad absoluta del proceso ejecutivo, sin lugar los daños y perjuicios (argumentando sobre los honorarios profesionales) y con costas. Claramente se observa que no hay motivación suficiente del A quo, para estimar y declarar como respaldo a su fallo, la figura de la CONVALIDACIÓN, que le sirvió de motivo y fundamento jurídico a su fallo. No existe razón, ni disposición legal para justificar la supuesta Convalidación de un acto procesal nulo de pleno derecho e insubsanable, todo parece, que la A quo, se equivocó con las disposiciones de los actos anulables, que, si pueden ser subsanados, y están regulados en el artículo 213 CPC. Además, la nulidad por falta de competencia territorial, que reconoce como hecho probado el A quo, no se refiere a defectos de forma que por si hayan causado indefensión y que regula el artículo 215 del CPC, sino a la Nulidad absoluta o de pleno derecho, que, conforme a la doctrina, tiene efectos ab initio, como ser la prescrita en el artículo 212.2 del CPC. Tampoco hay motivación suficiente en la sentencia del Ad quem, que hizo suya la de primera instancia y que, al emitir su sentencia del 28 de noviembre del 2018, se observa que en el numeral segundo de la Fundamentación Probatoria, (que corresponde al agravio Tercero y a su vez al hecho sexto de la demanda, se refiere a la supuesta conformidad de los ejecutados, que no existió indefensión por no haber propuesto la declinatoria y a la preclusión del plazo para presentar oposición, por lo cual dice, ahora no puede hacer uso del derecho dispuesto en el artículo 798 CPC. El haber citado el articulo 798 CPC, contrasta y se opone a la afirmación de conformidad o convalidación, el cual se refiere, al derecho a un proceso ordinario, como el presente, que fue interpuesto dentro de los seis meses que establece la ley, en virtud de que, las sentencias dictadas en el proceso ejecutivo no producen efecto de cosa juzgada. Motivación no ajustada a la ley, por cuanto, efectivamente si hubo preclusión para presentar oposición a la ejecución hipotecaria de un inmueble, esta preclusión, lo fue para alegar los motivos propios de esa ejecución hipotecaria de inmuebles en ese proceso ejecutivo, motivos de oposición consignados en el artículo 899.1 y.2. Para el resto de motivos, propios de la ejecución de títulos extrajudiciales, la ley en su artículo 901.1 y 2.del CPC, concede el derecho de alegarlos en el Proceso Ordinario, en el Juicio declarativo que corresponda, entre ellos los consignados en el artículo 792. 1 y 3, del CPC, como ser La falta de competencia ante el tribunal ante quien se presenta la demanda y la Nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos. Otorgado el derecho al juicio ordinario, se concluye que esa Ejecución forzosa, ni operó preclusión, para pretender la tutela de los derechos que establece la presente demanda de Nulidad, ni hubo conformidad o convalidación de actuaciones, como inmotivadamente lo afirman el A quo y el Ad quem, para lo cual, el Ad quem, en el hecho sexto de su fundamentación probatoria, se limita a afirmar, que “si el proceso de ejecución hipotecaria fue sustanciado por tribunal que carecía de competencia territorial, la parte ejecutada al ser requerida de pago y notificada en legal y debida forma, contaba con el derecho a presentar oposición por los motivos que estimara procedentes, al no hacerlo, aun y cuando alega no ser procedente la sumisión expresa, es de acotar que “pretender ahora la nulidad del proceso de ejecución no es procedente”, y se respalda, “como bien argumenta la señora Juez en el fallo recurrido, de conformidad con el principio de la finalidad del acto al no haberse acreditado que las actuaciones efectuadas por la receptora del despacho vulneran derechos de la parte ejecutada y el principio de trascendencia, al no haber probado el perjuicio que le acarrea a la parte la ejecución sustanciada y por haber operado la preclusión del plazo que concede la ley para presentar oposición a la ejecución”. Se observa en este razonamiento, que el Ad quem ha confundido el motivo de nulidad establecido en el artículo 212.2 CPC, y que corresponde desde su inicio, a la nula acción del A quo de admitir la demanda de ejecución forzosa, por carecer este, de competencia territorial fijada imperativamente, pues el ad quem, en este numeral expone, que por el principio de finalidad del acto y de trascendencia, no se acreditó que las actuaciones efectuadas por la receptora del despacho, vulneran derechos de la parte ejecutada, lo que evidencia que el Ad quem se refiere a los actos procesales anulables, regulados en el artículo 213 CPC, que no corresponde a la pretensión y fundamentación jurídica de la demanda. De lo anterior observamos que el Ad quem, se aleja por un momento de la motivación, en cuanto a la nulidad absoluta establecida en el artículo 212.2 CPC, para afirmar, sin justificación legal alguna, que no es procedente pretender ahora la nulidad del proceso ejecutivo, cuando el mismo Ad quem, citó antes, el artículo 798 CPC, que va íntimamente relacionado con el 901.1 del CPC (ambos citados como fundamento de derecho en esta demanda y en la expresión de agravios) y, no intenta siquiera motivar las razones y fundamentos jurídicos para sostener que NO PROCEDE la presente demanda de Nulidad. Y por esta confusión o falta de razonamiento factico del pleito, lo lleva a declarar sin lugar la Apelación y CONFIRMAR la sentencia impugnada. Tampoco hay motivación suficiente en la sentencia del Ad quem, que hizo suya la de primera instancia y que, al emitir su sentencia del 28 de noviembre del 2018, se observa que en el numeral segundo de la Fundamentación Probatoria,(que corresponde al agravio Tercero y a su vez al HECHO SEPTIMO de la demanda referente a LA NULIDAD DEL MANDAMIENTO DE EJECUCION, el Ad quem afirma (equivocadamente), y se enfoca que esta parte demandante considera nulo el estado de cuenta certificado por el señor Wilberg Omar Moncada Reyes, el cual no se acreditó haya sido declarado nulo, y también razona de que el título de Ejecución propiamente dicho, era la escritura pública de hipoteca debidamente inscrita, la cual no ha sido declarada nula por autoridad competente, por tal razón, sin apreciación correcta de la prueba y de los elementos facticos del pleito, descarta el agravio expresado contra la sentencia de primera instancia y que correspondía al hecho séptimo de la demanda, (la Nulidad del mandamiento de Ejecución por no cumplir el Titulo Ejecutivo los requisitos legales exigidos). Consta de autos, que ni en la demanda, mucho menos en la Apelación contra la sentencia emitida por el A quo, hayamos mencionado, alegado o tener pretensiones de Anular el estado de cuenta certificado por Wigberg Omar Moncada Reyes, o la Escritura Pública de Hipoteca número 315 del 18 de diciembre del 2002. En juicio presentamos ambos documentos como medios de prueba, le sirvieron al A quo para declarar como hechos probados el hecho primero y tercero de la demanda. Acreditamos con el reconocimiento judicial que el Contador del Banco Atlántida S.A. al 30 de septiembre del 2011, lo era la señora Violeta Palma Irías, y del 2015 en adelante lo es el señor Julio Cesar Munguía Rodríguez, no habiendo ninguna constancia de nombramiento como Contador del banco a favor de Wilberg Omar Moncada Reyes, a pesar de que, en la contestación de la demanda, se afirmó (sin acreditarlo) que éste tenía facultades para extender la certificación relacionada. Se acreditó con prueba documental que, en el Banco Atlántida S.A., ese título de “El Contador” corresponde a “EL CONTADOR GENERAL” y que coincide con lo establecido en la cláusula décimo cuarto del contrato de préstamo agropecuario del 11 de agosto del 2004, que requiere sea extendida tal certificación por “EL CONTADOR GENERAL DEL BANCO”, así como La Certificación del Estado de Cuenta del 12 de septiembre del 2016, extendida para efectos del artículo 166 de La Ley del Sistema Financiero, por el señor Julio Cesar Munguía Rodríguez en su condición de “CONTADOR GENERAL DEL BANCO”, documentos que obran a folios 8,9 y 38 del expediente 0101-2011-00795. Nunca se alegó la nulidad del certificado del Estado de cuenta del 30 de septiembre del 2011 emitido por Wilberg Omar Moncada Reyes, ni de la escritura pública de hipoteca de un Inmueble, mucho menos se pretendió probar tal afirmación, como así lo apreció y declaró inmotivada y equivocadamente el Ad quem. Nuestro alegato y probanza se concretó a establecer que tal Certificado no tenía fuerza Ejecutiva por no haber sido extendido por El Contador del Banco, y por ello se alegó como motivó de Nulidad, precisamente la Nulidad del mandamiento de Ejecución. Hecho y probanza que no fueron estimados por el A quo, ni por el Ad quem, por la falsa razón esgrimida, de que no se acreditó la nulidad de ambos documentos y con ello, desembocó también, en la Sentencia que declaró no ha lugar la Apelación, confirmando el Ad quem la sentencia impugnada. Al exponer la INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA el impetrante manifiesta que “la ausencia del requisito de MOTIVACION, produce la Infracción de la norma jurídica y anula la sentencia, las que fueron emitidas contrariando su contenido formal y los requisitos internos de la sentencia. Si el A quo, o el Ad quem, hubieren motivado apropiadamente la sentencia, esto es, apreciando la fundamentación fáctica, la aplicación e interpretación del derecho, necesariamente hubiera el A quo, estimado la demanda, declarado la Nulidad del Proceso Ejecutivo, condenado a la demandada al pago de la Indemnización reclamada, reconocida la Cuantía del juicio y las costas del juicio; al no hacerlo, e impugnarse la sentencia, el Ad quem, tuvo la oportunidad de su enmienda, anulándola o revocándola, pero tampoco lo hizo, emitió un fallo confirmatorio falto de motivación, obligándonos a impugnarla mediante el presente recurso de casación”. 6.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Esta Sala es del criterio que el recurrente infringe los requisitos fundamentales para la interposición del recurso extraordinario de casación inobservando la debida técnica casacional, a saber: a) El recurrente infringe el deber que le impone el artículo 721 del Código Procesal Civil de hacer constar el motivos con la suficiente separación y claridad, pues pretende que bajo un mismo motivo se examine la infracción de normas tanto formales como de contenido de la sentencia, que por constituir aspectos diferentes han de abordarse por separado porque una cosa son los requisitos que debe tener una sentencia y otra es que elementos compone cada uno de estos requisitos, diferencia que cobra mayor relevancia sobre todo si dentro de estos requisitos se pretende solicitar un control de la motivación fáctica de la sentencia. b) No hay claridad al momento de pretender introducir la petición de control fáctico, pues en una parte acusa la sentencia de motivación insuficiente y en otra parte de su libelo acusa falta de motivación, lo que son aspectos totalmente diferentes, ya el artículo 720.2 del Código Procesal Civil distingue entre existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico. c) Al exponer las normas formales como las normas internas de la sentencia, no es preciso en relación a si se trata de una falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de las mismas, únicamente al referirse a los artículos 7.1 y 211 del Código Procesal Civil ha expresado que han sido infringidas por falta de aplicación, pero estas se refieren, la primera a la legalidad procesal y formas, y la segunda a la nulidad o anulabilidad de los actos procesales. d) Refiere normas que originariamente no fueron citadas como infringidas y otras normas que regulan cuales son los actos procesales que serán nulos, las cuales tienen otra causal de casación para su examen y que no es la abordada por el censor. e) Comete el yerro de cuestionar la sentencia dictada por el a-quo, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 717 del Código Procesal Civil, que establece que solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos definitivos dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones; f) El recurrente denuncia infracción de normas relacionadas con la competencia territorial, mismas que no se encontraban vigentes al momento de suscribirse los contratos que generaron las obligaciones que dieron origen al juicio ejecutivo. Por lo tanto, incurre en la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del mismo código. 7. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO EN SU TERCER MOTIVO. En su tercer motivo el recurrente alega la interpretación errónea de los artículos 90 de la Constitución de la República; 44.3, 72, 126.1, 212.2, 218, 792.1 y .3, 798 y 893 del Código Procesal Civil; 1360 y 1586 del Código Civil; 884 del Código de Comercio; 166 de la Ley del Sistema Financiero. (Se trata de normas de derecho que fueron interpretadas erróneamente para la solución de fondo del litigio), en relación a los artículos 94 y 321 de la Constitución de la República; 3, 7.1, 10.2, 11.1 y .2, 36.1, 38.1, 41.1, 211, 891.1, 899.1 y.2, 901.1 y .2 del Código Procesal Civil; 9, 10, 610, 1365, 1589, 1596, 2098 del Código Civil. Estos, por su falta de aplicación. El impetrante en la sección de DETERMINACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO alega básicamente lo siguiente: “se demuestra y concluye que el ad quem, al interpretar erróneamente las normas jurídicas que le sirvieron para resolver la cuestión de fondo, cometió infracción, interpretándolas erróneamente, y dejó de aplicar otras normas que le hubieran servido para resolver con merito a lo actuado en juicio, la cuestión de fondo de este proceso ordinario. El primer hecho de la demanda establecía, y así fue acreditado, que el inmueble propiedad de los señores Eddie Murphy Tatum Merren y Truman Tatum Carter, se encontraba ubicado en la Isla de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, e inscrito el dominio a su favor, bajo asiento 46 del Tomo CXXVI en el Registro de la Propiedad del departamento de Islas de la Bahía, inmueble que fue otorgado en Hipoteca al banco Atlántida S.A. mediante Instrumento número 315, autorizado por el Notario Pablo M. Wildt Rittenhouse, del 18 de diciembre del 2002, en garantía de hasta Un Millón quinientos mil lempiras (L. 1,500.000.00), siendo valorado de común acuerdo en L. 20,835,000.00. Y que en la misma no existió sumisión expresa al Juzgado de Letras Seccional de esta ciudad. Este hecho fue declarado probado por la Juez A quoen su sentencia del 18 de abril del 2018. Obra a folio145 y 146. El segundo hecho de la demanda establecía, y así fue acreditado, que el 11 de agosto del 2004, la sociedad mercantil Corporación Marítima Tatum S. de R.L. celebro un Contrato de Préstamo Hipotecario con el Banco Atlántida S.A. por un monto de L. 1,464,969.52, del cual, los señores Eddie Murphy Tatum Merren y Truman Tatum Carter, se constituyeron en avales. Se alegó que, en la cláusula décimo sexta de ese contrato, aparece que mediante una alteración se le agrego una supuesta sumisión al Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, denotándose que el tipo de letra es diferente, etc, etc. Y que, al momento de su firma, ese espacio estaba vacío o en blanco. Este hecho fue declarado probado por la Juez A quo en su sentencia del 18 de abril del 2018. Obra a folio145 y 146. El tercer hecho de la demanda establecía, y así fue acreditado, que el 20 de octubre del 2011, el Banco Atlántida S.A. interpuso ante ese Juzgado, la demanda de Ejecución Hipotecaria sobre un bien inmueble hipotecado, señalando que el domicilio de los ejecutados y el inmueble hipotecado se encontraba en Guanaja, Islas de la Bahía, y no obstante de carecer de competencia territorial este Juzgado, la Institución demandante afirmo (falsamente) que los ejecutados se sometieron expresamente a este Juzgado y de igual manera afirmo falsamente, que la Certificación de saldos acompañada como título ejecutivo de fecha 30 de septiembre del 2011, autorizada por el señor Wilberg Omar Moncada Reyes, fue emitida por el CONTADOR DEL BANCO, cuando lo cierto es que tal cargo lo ejercía otra persona. Este hecho fue declarado probado por la Juez A quo en su sentencia del 18 de abril del 2018. Obra a folio146. El cuarto hecho de la demanda establecía, y así fue acreditado, que el 28 de octubre del 2011, el Juzgado de Letras de La Ceiba, no obstante carecer de competencia territorial, cito el artículo 891.1 CPC, que regula la competencia del tribunal donde radique el inmueble, y expuso, que, de la lectura de la Escritura de Hipoteca, dedujo (incorrectamente) tener competencia para conocer de la Ejecución, como arbitrariamente lo hizo. Este hecho fue declarado probado por la Juez A quo en su sentencia del 18 de abril del 2018. Obra a folio 146. El hecho quinto de la demanda, establecía, y así fue acreditado, que el 30 de junio del 2017 se celebró la audiencia de subasta del inmueble hipotecado, en la que el ejecutante expresando tener instrucciones precisas de su representado Banco Atlántida S.A., hizo formal postura por la cantidad de L. 5,627,597.51 valor que representa la totalidad de lo adeudado, el Juzgado A quo se lo adjudico. Este hecho fue declarado probado por la Juez A quo en su sentencia del 18 de abril del 2018. Y Seguidamente la A quo razona sobre el contenido de los artículos 844 y 853 del CPC. Obra a folio 146 vuelto. En cuanto al hecho sexto de la demanda, establecía, y así fue acreditado, el motivo de Nulidad por la Falta de Competencia Territorial, se alegó que la competencia territorial fue fijada por una norma imperativa, que no admite sumisión, (ni la hubo) y que de conformidad al artículo 36.1 y 891.1 CPC, este Juzgado era incompetente, correspondiéndole la Competencia, al Juzgado donde radicaba el inmueble hipotecado.(departamento de Islas de la bahía) Se afirmó que, el A quo, en lugar de abstenerse de conocer y remitir las actuaciones al tribunal correspondiente, en fecha 28 de octubre del 2011 dicto el auto de admisión y conoció todo el proceso, hasta la adjudicación del inmueble. Actuaciones que eran nulas por falta de competencia territorial fijada imperativamente, de conformidad a los artículos 36.1, 891.1 y 212.2 CPC. Este hecho fue declarado probado por la Juez A quo en su sentencia del 18 de abril del 2018. Y Seguidamente la A quo razona sobre el contenido del artículo 44 del CPC. En el sentido de que los ejecutados pudieron hacer uso de la Declinatoria y al no hacerlo, dieron por aceptada cualquier actuación de ese juzgado, y que no interponer declinatoria, no significa que haya habido indefensión. Obra a folio 147.En cuanto al hecho séptimo de la demanda, establecía, y así fue acreditado, el motivo de nulidad del mandamiento de ejecución, donde se alegó que la certificación extendida el 30 de septiembre por Wilberg Omar Moncada Reyes, carecía de fuerza ejecutiva, por no ser este EL CONTADOR del Banco Atlántida S.A. cargo que ejercía en esa fecha otra persona. La A quo se pronunció en el sentido de que no se había acreditado la Nulidad de tal certificado, aspecto este que nunca fue parte de la demanda, y que la Ley no requiere sea emitido por EL CONTADOR GENERAL. interpretando erróneamente el articulo 782 CPC y los artículos 844 del Código de Comercio y 166 de la Ley del Sistema Financiero. Obra a folio 147 vuelto. En cuanto al hecho octavo de la demanda, establecía, y así fue acreditado, la sucesión procesal por muerte del litigante, e indefensión, tanto con el certificado de defunción del señor Truman Tatum Carter y la declaratoria de herencia de la señora Carminda Ramona Merren Ramos. El juzgado expreso que no se evacuo la prueba testifical y que la sucesora no puso en conocimiento del juzgado el fallecimiento del litigante, interpretando erróneamente el artículo 72 CPC. Sobre el Capítulo de los daños y perjuicios reclamados, estos se acreditaron documentalmente, sin embargo, la A quo se pronunció que, por ser estas partidas propias de las costas del juicio, no se podían atribuir a daños ocasionados por la acción dolosa realizada por el Banco Atlántida S.A. interpretando erróneamente el articulo 218 CPC y los artículos 844 del Código de Comercio y 166 de la Ley del Sistema Financiero. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA. Con un razonamiento equivocado, y apoyada en las normas citadas cuya infracción se alega por interpretación errónea unas y por falta de aplicación, otras, el Ad quem emitió una sentencia contraria a los hechos probados y al ordenamiento jurídico aplicable, como lo expongo así: 1.-- Acreditada la Incompetencia del Tribunal y declarado probado este hecho, la A quo en lugar de decretar la Nulidad del proceso ejecutivo, conforme lo prescribe el articulo 212.2 CPC, le dio preminencia al art. 44 CPC, referente a la declinatoria, interpretando erróneamente que, al no alegarse, derivo en una aceptación, subsanación y convalidación por parte de los ejecutados. Figura legal de la declinatoria, que en ningún apartado de la ley contempla lo afirmado por el A quo, ni puede convalidar o subsanar EL VICIO DE NULIDAD ABSOLUTA en que incurrió el Juzgado. Nulidad que es sancionada por ley, se trata de una nulidad absoluta que no es subsanable, aunque las partes no la aleguen y tiene efectos ab initio. Tampoco puede justificar el A quo, que, al no interponerse la declinatoria, los ejecutados tuvieron por aceptado todas las actuaciones de ese Juzgado. Está claro que el A quo debió aplicar esa norma imperativa y declarar la Nulidad en su sentencia, nulidad que ya declara el artículo 212.2. CPC. Que también fue erróneamente interpretado. De igual manera. el ad quem, en su sentencia confirmatoria, le agrega otro elemento, expresando, que por la preclusión del plazo que establece la ley en el artículo 126.1 CPC, al no presentar oposición a la ejecución, por los motivos que señala el tribunal comprendidos en el artículo 792 CPC, no es procedente para los ejecutados, alegar ahora, en el juicio ordinario tal la nulidad. Interpretación también errónea, porque esos motivos de oposición del articulo 792 CPC, que señala el ad quem, son propios de la ejecución extrajudicial, y el caso que nos ocupa se trata de una particular ejecución de bienes hipotecados, con sus propios motivos, que regula y señala el artículo 899.1 y .2 CPC, artículo que no fue aplicado por el Ad quem, al igual que no aplicó el artículo 901. 1 y.2 CPC que concede el derecho a promover en Juicio ordinario, alegando cualquier motivo de oposición, fuera de los dos consignados en el artículo 899.1 y. 2 CPC. De haber interpretado correctamente los artículos 44, 126.1, 212.2, 792 del CPC y el 1586 del Código Civil, el Juzgado hubiera emitido una sentencia definitiva arreglada a derecho, esto es, declarando con lugar la demanda y declarando la nulidad del proceso ejecutivo objeto de la misma. Lo que estaría también respaldado, si hubiera aplicado los artículos 3, 7.1, 10.2, 11.1 y .2, 36.1, 38.1, 41.1, 211, 891.1, 899.1 y.2, 901.1 y .2 del Código Procesal Civil; 9, 10, 610, 1365, 1589, 1596, 2098 del Código Civil. 2.- Acreditado que el Certificado de estado de cuenta del 30 de septiembre del 2011, que sirvió de título ejecutivo a la demanda de Ejecución, no fue emitido por EL CONTADOR DEL BANCO, llamada EL CONTADOR GENERAL en el Banco Atlántida, y que la parte demanda no acreditó que el señor Wilberg Omar Moncada Reyes tuviera facultades para emitirlo, agregado a que, la escritura de hipoteca, por si sola, no reúne los requisitos de ley establecidos en el artículo 782 CPC, para la ejecución hipotecaria. El A quo debió declarar la Nulidad del mandamiento de Ejecución, sin embargo, interpretando erróneamente los artículos 884 del Código de Comercio y 166 de la ley del Sistema Financiero, que no se refieren a la figura de UN CONTADOR cualquiera, sino EL CONTADOR de la Institución Financiera, cargo que en el Banco Atlántida lo ejerce EL CONTADOR GENERAL, como fue acreditado con el reconocimiento judicial que obra a folios 82 al 130, con la cláusula décimo cuarto del Contrato de Préstamo Agropecuario y con la certificación del estado de Cuenta extendida el ambos documentos obran a folios 8,9 y 88 del exp. 0101-2011-00795, y alegando el A quo, que la certificación emitida por Wilberg Omar Moncada Reyes, tiene vigencia (nunca se alegó en juicio la nulidad de tales documentos), procedió a dictar sentencia, declarando sin lugar la demanda de nulidad. Sentencia que fue confirmada por el ad quem, y este le agrego el razonamiento de que tampoco la Escritura de Hipoteca fue anulada previamente y que esta constituía el título de ejecución, lo cual no es cierto, en virtud de que la misma solo refleja el otorgamiento de una garantía, no contiene ningún contrato de préstamo y por sí sola, no llena el requisito del primer párrafo del artículo 782 CPC. Interpretación errónea del ad quem en cuanto al contenido de los artículos 884 Código de Comercio y 166 de la ley del sistema financiero, que exige que, para tener fuerza ejecutiva, la certificación de saldo debe ser emitida por EL CONTADOR, o sea la persona que maneja la contabilidad de la Institución, quien firma los balances y estados de resultados, y por conocer esos datos contables, goza de la autorización para extender las Certificaciones de saldo. Desde la demanda y hasta en la Apelación, dejamos por aclarado que: el artículo “EL” CONTADOR, es determinado, y señala el género y el número de la tercera persona del singular. La Ley no utiliza el artículo “UN” CONTADOR, que, por ser indeterminado, si podría cualquier contador del banco, extender la Certificación. Además, la parte demandada, sostuvo en la contestación de la demanda, que el Señor MONCADA REYES si estaba autorizado para extender tal certificación, sin acreditarlo, ni rebatir la prueba de RECONOCIMIENTO practicada en las oficinas centrales de esa Institución bancaria, que acreditó que EL CONTADOR GENERAL DEL BANCO ATLANTIDA al 30 de septiembre del 2011 era la Señora VIOLETA PALMA IRIAS. De haber interpretado correctamente los artículos 884 del Código de Comercio y 166 de la ley del Sistema Financiero, el Juzgado hubiera emitido una sentencia definitiva arreglada a derecho, esto es, declarando con lugar la demanda y declarando la nulidad del proceso ejecutivo objeto de la misma. De igual manera el ad quem hubiera enmendado la resolución del A quo, revocado la de primera instancia y decretado la nulidad del proceso ejecutivo por carecer el título ejecutivo de los requisitos de ley. 3.- Acreditada la defunción del litigante Truman Tatum Carter y la declaratoria de herencia a favor de la Señora Ramona Carminda Merren Ramos, el A quo hubiera declarado la Nulidad del proceso ejecutivo, porque, aunque no se comunicó de tal suceso al Juzgado, es evidente que el litigante falleció, que el proceso siguió su arbitrario curso y que la heredera no fue parte en ese juicio, a quien no le es oponible lo resuelto en el mismo, en virtud de que no ha sido oída ni vencida en juicio, ni se le puede imponer pena, mucho menos por un juez incompetente. Demostrándose la interpretación errónea que hizo el A quo del artículo 72CPC, pues del mismo no se desprende, que el litigante no haya fallecido, por el hecho de no haberse comunicado tal suceso al Juzgado, ni que la heredera tampoco lo sea por esa misma razón. Lo cierto es que la persona que ocupa el puesto del litigante fallecido, no fue parte en juicio, no tuvo representación procesal, ni fue declarada en rebeldía, de tal manera que en aplicación al artículo 94 Constitucional que no aplico el Ad quem, y la prueba existente del fallecimiento, puede alegarse y decretarse la nulidad, conforme lo regula el articulo 901.1 CPC, como cualquier otro motivo autorizado por la ley. Artículo que tampoco fue aplicado por el A quo, ni por el Ad quem en su sentencia confirmatoria. Que, de haberlo hecho, tanto interpretando correctamente el articulo 72 CPC, como aplicando el art. 94 Constitucional, hubiera declarado la Nulidad de tal viciado proceso. 4.- Acreditados los daños y perjuicios mediante prueba documental y no rebatida esta por la parte contraria, el A quo, no la estima por una interpretación errónea que hace del contenido del artículo 218 CPC y 1360 CODIGO CIVIL. Sobre lo cual, el Ad quem, al confirmar la sentencia impugnada, y pronunciándose sobre este capítulo, le agrega que el avalúo practicado por el señor Juan Konghel no se refiere al valor del inmueble hipotecado, objeto de la Ejecución Hipotecaria, cuando documentalmente y a través de tres escrituras públicas se acredito que tal inmueble era propiedad de los señores Tatum Merren y Tatum Carter. Es evidente la interpretación errónea que tuvo el ad quem del artículo 218 CPC y 1360 del Código Civil, por cuanto, el primero, que se refiere a las costas, no impide, ni prohíbe que se reclamen en concepto de daños y perjuicios, valores que pudieran llegar a ser parte de las costas, en vista de que estas sumas, salieron del patrimonio de los demandantes, lo disminuyeron y han servido para la defensa de sus derechos y recuperación del inmueble que les fue despojado arbitrariamente, es decir que los daños y perjuicios surgen necesariamente de la actitud dolosa del Ejecutante al despojarles mediante un procedimiento arbitrario, de su inmueble. Si la Corte sentenciadora hubiera interpretado debida y correctamente el contenido de los artículos citados, y del artículo 1365 Código Civil, que no fue aplicado, hubiera declarado ha lugar el pago de los daños y perjuicios que le fueron acreditados documentalmente y condenado al demandado a pagarlos. De igual manera habría condenado en costas a la parte vencida, y se tomaría para tal efecto, el valor de la cuantía alegada y acreditada en este Capítulo, de L. 50,022,531.65. Quedo demostrado, que el Ad quem, cometió infracción al resolver la cuestión de fondo del litigio, y que en lugar de interpretar correctamente los artículos citados en su sentencia confirmatoria, así como de haber aplicado los artículos antes señalados, que no aplicó, hubiera emitido una sentencia totalmente diferente a la que desafortunadamente emitió, contraria a los hechos probados y al ordenamiento jurídico aplicable. 7.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Esta Sala es del criterio que el recurrente ha incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización por las razones siguientes: a) Falta al requisito fundamental de hacer constar el motivo en que la casación se basa, con expresión de las normas cuya infracción sustenta el motivo con la suficiente separación y claridad, tal y como lo demanda el artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil, creando confusión al citar una serie de preceptos heterogéneos en un solo motivo pero invocando dos formas de infracción de las normas (interpretación errónea y falta de aplicación), pues tratándose de normas que regulan aspectos y materias totalmente diferentes debían abordarse separadamente, de tal manera que resulta sumamente difícil entender el motivo debido a que ha combinado normas procesales con normas sustantivas y constitucionales que, por los supuestos que contienen, deben tener diferente vía de examen en el recurso extraordinario de casación y que por tanto han debido presentarse en motivos separados, sobre todo tomando en consideración las dos formas de infracción pretendidas. b) Incurre no solo en el error de citar un conjunto de normas heterogéneas, sino también en el error de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de normas que rigen determinada materia, quebrantando la técnica de casación que implica que en cada motivo de casación se precise la infracción que se considera cometida, debiendo evitarse la concentración de todos o la mayor parte de los artículos que regulan la materia objeto de juicio. c) El recurrente pretende instar la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, lo que no está permitido mediante el recurso de casación conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. Por lo tanto, incurre en la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del mismo código. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 a), 724, 725 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus tres motivos, interpuesto y formalizado por el abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO en la condición con que actúa. 2) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en el expediente de apelación número 0101-2018-00249, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0101-2017-00554 del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado Reynaldo Antonio Hernández. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 82=2019.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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