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Sentencia CC-80-19 — Registro 14199

Resumen

En segunda instancia se confirmó sentencia fallando de la siguiente manera: Desestimando la excepción material de Prescripción, Desestimando la Demanda por la vía ordinaria para el pago.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “II. FUNDAMENTOS DE DERECHO UNICO: Esta Sala de lo Civil recuerda al recurrente que los recursos forman parte de los medios de impugnación establecidos en nuestra legislación para garantizar a las partes que en el proceso se observe la aplicación e interpretación precisa de las normas empleadas en la sentencia definitiva. Estos se dividen en ordinarios (que tutelan las instancias) y el extraordinario (que es la casación). La casación, como recurso extraordinario, tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional y solo son susceptibles al mismo las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario así como las sentencias que expresamente establezca este Código. Analizado la génesis de la sentencia impetrada, se observa que la pretensión y su respectivo debate se centra en el pago de honorarios supuestamente debidos por la demandada AGREGADOS DEL CARIBE, S.A. de C.V. (AGRECASA) a la parte demandante, abogada SANDRA MIREYA EVELINE HERNANDEZ. Siendo que el thema decidendi no se apega al artículo 717 del Código Procesal Civil ya que la demanda y el debate surgido a raíz de ser encausada por cantidades de dinero debido por servicios profesionales prestados y considerados no pagados; es por ello por lo que esta Sala en cuanto al tema de honorarios profesionales, considera: a. Se reconoce que: “El pago de los honorarios gozarán de derecho especialísimo y preferente, salvo en el caso de alimentos” (artículo 89.6 del Código Procesal Civil). b. No procede acoger el recurso de casación por incumplir con lo preceptuado en el artículo 717 del CPC, que establece que solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, así como las sentencias que expresamente establezca el Código Procesal Civil. Lo anterior se debe que el artículo 89 del precitado Código cuenta con un procedimiento especial que establece “que los profesionales del derecho podrán reclamar de sus clientes el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto por la defensa efectuada y por la representación procesal asumida, presentando minuta detallada de los conceptos reclamados, la cual deberá ser calculada de acuerdo al Arancel o al Convenio de Honorarios respectivos y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos, especificando en diversos apartados los conceptos por los que se reclama”. c). Los recursos ordinarios permiten obtener la enmienda de una resolución judicial por cualquier vicio de que ella adolezca; los recursos extraordinarios solo lo permiten cuando se basan en alguno o algunos de los defectos o vicios prescritos expresamente en la ley. d). Sumado a lo anterior, el artículo 11 del Arancel del Profesional del Derecho vigente al momento de presentarse la demanda, expresamente establece en su párrafo tercero: “De negarse el poderdante a la cancelación de los honorarios profesionales que se le adeuden al Profesional del Derecho o Notario, podrá cualquiera de las partes de manera conciliatoria, peticionar a la Comisión del Arancel que requiera la presencia de ambas partes para la solución del conflicto de honorarios; de negarse a la celebración del proceso conciliatorio establecido en el artículo 58 de la presente Ley, deberá el Profesional del Derecho o Notario, requerir de manera judicial su pago de honorarios profesionales en aplicación del artículo 2296 del Código Civil y 89 del Código Procesal Civil, ante el Juzgado de Letras Civil Competente, por la vía del Proceso Abreviado.” e). Por tanto, al no acreditarse el cumplimiento de este requisito y por el proceso a emplear según la norma adjetiva, esta Jurisdicción como tribunal casacional civil, no resulta competente funcionalmente para conocer las recurrencias derivadas de costas y honorarios de los profesionales del derecho. f). Todo lo mencionado se resume en que no procede acoger el recurso de casación cuando pese a incoarse inadecuadamente como proceso ordinario, el tipo de proceso no desvirtúa la pretensión. “

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “II. FUNDAMENTOS DE DERECHO UNICO: Esta Sala de lo Civil recuerda al recurrente que los recursos forman parte de los medios de impugnación establecidos en nuestra legislación para garantizar a las partes que en el proceso se observe la aplicación e interpretación precisa de las normas empleadas en la sentencia definitiva. Estos se dividen en ordinarios (que tutelan las instancias) y el extraordinario (que es la casación). La casación, como recurso extraordinario, tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional y solo son susceptibles al mismo las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario así como las sentencias que expresamente establezca este Código. Analizado la génesis de la sentencia impetrada, se observa que la pretensión y su respectivo debate se centra en el pago de honorarios supuestamente debidos por la demandada AGREGADOS DEL CARIBE, S.A. de C.V. (AGRECASA) a la parte demandante, abogada SANDRA MIREYA EVELINE HERNANDEZ. Siendo que el thema decidendi no se apega al artículo 717 del Código Procesal Civil ya que la demanda y el debate surgido a raíz de ser encausada por cantidades de dinero debido por servicios profesionales prestados y considerados no pagados; es por ello por lo que esta Sala en cuanto al tema de honorarios profesionales, considera: a. Se reconoce que: “El pago de los honorarios gozarán de derecho especialísimo y preferente, salvo en el caso de alimentos” (artículo 89.6 del Código Procesal Civil). b. No procede acoger el recurso de casación por incumplir con lo preceptuado en el artículo 717 del CPC, que establece que solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, así como las sentencias que expresamente establezca el Código Procesal Civil. Lo anterior se debe que el artículo 89 del precitado Código cuenta con un procedimiento especial que establece “que los profesionales del derecho podrán reclamar de sus clientes el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto por la defensa efectuada y por la representación procesal asumida, presentando minuta detallada de los conceptos reclamados, la cual deberá ser calculada de acuerdo al Arancel o al Convenio de Honorarios respectivos y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos, especificando en diversos apartados los conceptos por los que se reclama”. c). Los recursos ordinarios permiten obtener la enmienda de una resolución judicial por cualquier vicio de que ella adolezca; los recursos extraordinarios solo lo permiten cuando se basan en alguno o algunos de los defectos o vicios prescritos expresamente en la ley. d). Sumado a lo anterior, el artículo 11 del Arancel del Profesional del Derecho vigente al momento de presentarse la demanda, expresamente establece en su párrafo tercero: “De negarse el poderdante a la cancelación de los honorarios profesionales que se le adeuden al Profesional del Derecho o Notario, podrá cualquiera de las partes de manera conciliatoria, peticionar a la Comisión del Arancel que requiera la presencia de ambas partes para la solución del conflicto de honorarios; de negarse a la celebración del proceso conciliatorio establecido en el artículo 58 de la presente Ley, deberá el Profesional del Derecho o Notario, requerir de manera judicial su pago de honorarios profesionales en aplicación del artículo 2296 del Código Civil y 89 del Código Procesal Civil, ante el Juzgado de Letras Civil Competente, por la vía del Proceso Abreviado.” e). Por tanto, al no acreditarse el cumplimiento de este requisito y por el proceso a emplear según la norma adjetiva, esta Jurisdicción como tribunal casacional civil, no resulta competente funcionalmente para conocer las recurrencias derivadas de costas y honorarios de los profesionales del derecho. f). Todo lo mencionado se resume en que no procede acoger el recurso de casación cuando pese a incoarse inadecuadamente como proceso ordinario, el tipo de proceso no desvirtúa la pretensión. “

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designada ponente la segunda para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora SANDRA MIREYA EVELINE HERNÁNDEZ, representada en juicio por el abogado JORGE TORRES HENRÍQUEZ, como recurrente; siendo recurrida la sociedad mercantil denominada “AGREGADOS DEL CARIBE, S.A. DE C.V. (AGRECASA), representada en juicio por el abogado RODOLFO DUMAS CASTILLO. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEBIDOS Y NO PAGADOS POR HABER REALIZADO TRAMITES ANTES LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERÍA (DEFOMIN) Y LAS SECRETARIAS DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y FINANZAS (SEFIN) COMO APODERADA LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DEMANDADA QUE SE ESTIMAN EN LA CANTIDAD DE DINERO EXIGIDA MAS EL INTERÉS LEGAL GENERADO HASTA LA FECHA EN QUE SE EJECUTE LA SENTENCIA”, promovida en fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, por el abogado TITO HERNÁNDEZ SALGADO, actuando en su condición de representante procesal de la señora SANDRA MIREYA EVELINE HERNÁNDEZ, mayor de edad, casada, abogada, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Diego, Estados Unidos de Norte América, contra la sociedad mercantil denominada “AGREGADOS DEL CARIBE S.A. DE C.V. (AGRECASA)”, representada por su Presidente del Consejo de Administración, señor TIM GRAHAM. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada en fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, que dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “PRIMERO: Desestimando la excepción material de Prescripción interpuesta por los abogados RODOLFO DUMAS CASTILLO y LUIS ALONSO DERAS ESCOBAR en su condición de apoderados legales de la sociedad mercantil denominada AGREGADOS DEL CARIBE, S.A. DE C.V. (AGRECASA), en su condición de demandada. SEGUNDO: Desestimando la Demanda por la vía ordinaria para el pago de la cantidad de CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (US$. 413,289.82), que representan los valores dispensados y no cancelados por concepto de Honorarios por parte de la demandada la sociedad mercantil denominada AGREGADOS DEL CARIBE, S.A. DE C.V. (AGRECASA), más la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (US$. 82,657.96) en concepto de honorarios profesionales del representante procesal de la demandante. TERCERO: Se absuelve a la demandada la sociedad mercantil denominada AGREGADOS DEL CARIBE, S.A. DE C.V. (AGRECASA) al pago de la suma de CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR ( US$, 413,289.82) que representan los valores dispensando y no cancelados por concepto de Honorarios, y reclamados por el actor, más la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (US$. 82,657.96) en concepto de honorarios profesionales del representante procesal de la demandante. CUARTO: Con Costas. NOTIFÍQUESE. MODO DE IMPUGNACIÓN: Esta Sentencia admite recurso de Apelación el que debe interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación ante este mismo Juzgado, por escrito expresando los agravios que le causa la misma.” SEGUNDO: El abogado JORGE TORRES HENRÍQUEZ, actuando en su condición de representante procesal de la señora SANDRA MIREYA EVELINE HERNÁNDEZ, en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, resolviendo el Ad-quem tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la sociedad mercantil denominada “AGREGADOS DEL CARIBE, S.A. DE C.V. (AGRECASA), abogado RODOLFO DUMAS CASTILLO, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los abogados RODOLFO DUMAS CASTILLO y JORGE TORRES HENRÍQUEZ, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechaS veintiuno y veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “5.1 MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DF NORMAS PROCESALES. 5.1.1. PRIMER MOTIVO: Infracción, del artículo 200 numeral 1 del Código Procesal Civil, en relación con el mismo artículo 200 en su numeral: 2, literal c., respecto los Fundamentos de Derecho o Fundamentación que debe contener la Sentencia. SUB MODO: FALTA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA EN LA SENTENCIA DEL AD-QUEM. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1.c) causales del Recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice”. c) La forma y contenido de la sentencia. (subrayado y resaltado es propio) EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. - El precepto Procesal Civil que se cita como infringido textualmente dice: > “Art. 200.- 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrá, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho los que se basa la parte dispositiva o fallo. “. Y el numeral y literal relacionado de este mismo artículo, literalmente dice: 200.2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a) .... b) ... c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. (Lo subrayado en ambos numerales es propio) Constituyendo la Infracción precisamente la Falta de Aplicación de este precepto legal adjetivo, que establece los aspectos legales que TODA SENTENCIA DEBE CONTENER y como elementos formales del contenido de la misma, establece que se deberán separar y numerar los párrafos y los fundamentos de derecho, y luego, el numeral “2” y literal “e”, del articulo relacionado, igualmente infringido, señala que deberán expresarse fundamentos de derecho, dar las razones y fundamentos legales del fallo y expresar concretamente las normas jurídicas aplicables al caso, sin embargo, en el momento que la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, lea la sentencia dictada por el Tribunal Ad-Quem, encontrará que en el cuerpo de la misma, NO SE ESTABLECE NINGÚN FUNDAMENTO DE DERECHO, que puedan considerarse que son los que apoyan el fallo proferido, no se relaciona ninguna razón ni fundamento legal, ni mucho menos se expresa concretamente las normas jurídicas aplicables al caso, es decir, NO HAY FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA SENTENCIA, Circunstancia que trasciende al fallo y perjudica a mi cliente, desde el momento mismo que no se tiene un parámetro legal que determine que el Tribunal Ad-Quem ha procedido a dictar el fallo que dictó, fundado en determinado precepto jurídico, sea adjetivo o sustantivo, y no habiendo fundamento, no se puede hacer ningún análisis ni valoración por nuestra parte de la legalidad del fallo, o eventualmente presentar un recurso de casación por infracción a determinada ley adjetiva o por aplicación, inaplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.- Se trata de infracción por inaplicación de esta norma procesal que exige indefectiblemente la Fundamentación Jurídica de la sentencia, produciéndose tal infracción en la misma sentencia, o sea, son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar el contenido de la sentencia, es decir que en su elaboración, en general se incurrieron en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulen, como ocurre en con la sentencia definitiva impugnada, en la que LA MOTIVACIÓN JURÍDICA ES INEXISTENTE pues NO EXISTE NINGÚN FUNDAMENTO DE DERECHO QUE PUEDAN SER OBJETO DE REPROCHE ALGUNO, advirtiéndose de este modo, que estos requisitos son exigidos para garantizar que la motivación del juicio se encuentre fundada en derecho, esto como una necesidad de que la justificación del juzgador constituya una aplicación racional del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, basada en el hecho de que la justificación de la decisión, respete y no vulnere derechos fundamentales y que la motivación establezca una adecuada conexión entre los hechos y las normas, por lo que el tribunal Ad-Quem se ve en la obligación de enlazar su decisión con el conjunto de normas vigentes y de este modo garantizar que la decisión y su correspondiente justificación sean jurídicas por estar y venir apoyadas en norma del ordenamiento jurídico vigente, dado que la sentencia es la respuesta a una pretensión demandada, ésta debe estar sustentada con fundamentos absolutamente en normas de derecho que determinen sobre qué orden jurídico el Juez o Tribunal ha considerado su fallo. DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA. Como la infracción denunciada fue cometida al estructurarse la sentencia impugnada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia, y en cuanto al requisito de subsanación, no se aplicó porque como se señala, la infracción de la norma procesal se dio al dictarse el fallo hoy impugnado imposibilitando tal actitud procesal de denuncia previa, corno lo observa el artículo 700 del Código Procesal Civil.- Además de la fundamentación expuesta en el contenido de este motivo de Casación, el mismo encuentra su fundamento en la reiterada Jurisprudencia o Doctrina Legal establecida por esta Honorable Corte Suprema de Justicia, entre inmensa cantidad de sentencias de esta sala, mediante los siguientes fallos: 1) Sentencia del 17 de agosto del 2017, dictada en el Expediente CC-275-2015; 2) Sentencia del 16 de noviembre del 2016, dictada en el expediente CC-190-2015 3) Sentencia del 29 de noviembre del 2016, dictada en el Expediente CC-340-2015 4) Sentencia del 21 de marzo del 2017, dictada en el Expediente CC: 34-2016; Los datos precisos de las partes intervinientes y Tribunales de procedencia se desconoce por los aspectos de privacidad de los datos observado por la Secretaria de esta Honorable Corte Suprema de Justicia. 5.1.2. SEGUNDO MOTIVO: Infracción, del artículo 200 numeral 2, literal b) del Código Procesal Civil, o sea, en las partes que dicen: “200... .2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal. ...b. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados..., los hechos probados en su caso (el subrayado es mío); SUB MODO: FALTA DE CONSIGNACIÓN O DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS EN LA SENTENCIA DEL AD-QUEM. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1. c) causales del Recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice” ... c) La forma y contenido de la sentencia. (lo subrayado y remarcado es propio) EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El precepto Procesal Civil que se cita como infringido textualmente dice: 200.2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a) ... b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, los hechos probados en su caso (el subrayado es mío) ... La infracción procesal señalada se produjo en la sentencia por infracción de normas procesales que regulan su forma y contenido; son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, o sea, al elaborarla. El Art. 200 del Código Procesal Civil, en el numeral 2, preceptúa “en particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente” y al final de la letra b), exige como parte de los antecedentes de hecho, la declaración de “los hechos probados”, frase ésta que se subrayó en el enunciado del motivo para indicar donde se efectuó la infracción procesal. Al leer detenidamente la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto, pues la Corte recurrida la omitió. Es una práctica viciosa en muchas Cortes de Apelaciones que declaran con lugar o desestiman los recursos de apelación y, desde luego, revocan o confirman el fallo de primera instancia, omitiendo hacer su propia declaración de hechos probados creyéndola innecesaria, cuando ninguna norma del CPC prescribe desobligarse de tal exigencia, más bien, esta Sala Civil de esta Honorable Corte Suprema de Justicia, ha establecido su criterio jurisprudencial, sobre la obligatoriedad para los jueces y tribunales de hacer en toda sentencia, como parte de contenido formal de las mismas, la DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS, pues en la sentencia dictada por esta sala, estableció lo siguiente: “16.- Del análisis del fallo proferido por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Sala observa que respecto del contenido formal de la misma, esa alzada al estructurar tal fallo, pasa directamente de los Antecedentes de Hecho a los Fundamentos de Derecho, y ha omitido hacer pronunciamiento alguno sobre los Hechos Probados. Ahora bien, sobre tal asunto la Sala no ignora que la redacción o no de los “hechos probados” en la sentencia, ha concitado discusiones doctrinales, de las cuales nuestro país no ha estado exento; tal controversia se suscita en el caso nuestro porque el citado artículo 200.2 literal b) del Código Procesal Civil, deja señalado sobre la consignación de los mismos “en su caso” lo cual provoca que en la mayoría de los fallos proferidos nuestros juzgadores no consignen los mismos. Tal expresión del referido artículo procesal civil, admite dos interpretaciones a saber; la primera de ellas, la más rigurosa con arreglo a la cual toda sentencia civil ha de incluir en sus antecedentes de hecho, un relato fáctico; y la segunda, más ajustada a la literalidad del precepto que restringiría su alcance, limitando la necesidad de consignar un relato de hechos probados a aquellos supuestos en los que, por la naturaleza de los hechos enjuiciados, es posible hacer un relato de los mismos desconectado de toda valoración probatoria y de toda consideración jurídica. De lo anteriormente señalado se concluye que la referida expresión “en su caso’ no introduce una excepción a la exigencia de hechos probados, ello porque ni la inclusión de hechos probados puede depender de la libre decisión del juez, ni la norma quedar sin contenido. Aunado a lo anterior entiende la Sala que el consignar en la sentencia los hechos probados tiende a mejorar la forma y sintaxis de las resoluciones judiciales y de simplificar el lenguaje y expresiones; sin que con ello se pueda reducir el rigor que es exigible a una expresión técnica como es el derecho, lo que facilita la labor de los abogados que las recurren, ello como consecuencia de la necesidad del órgano jurisdiccional de explicar cómo se alcanza la convicción judicial” (subrayado es propio). Esta brecha de arbitrariedad afecta el debido proceso y dado que en nuestra regulación de la casación ya no existen las impugnaciones por infracciones de error de derecho y, de hecho, esto de alguna manera posibilita la distorsión, mutilación o tergiversación de las pruebas, o la no atribución o disminución del valor probatorio que les corresponde. Para evitar esta arbitrariedad la declaración de hechos probados es trascendental y obligatoria en los casos donde se practicó prueba y especialmente para un tribunal de alzada que confirma o revoca el fallo de primera instancia. La declaración de hechos probados es un requisito formal de la estructura de la sentencia, y su omisión dificulta ostensiblemente el desarrollo de la impugnación tanto por infracción de normas procesales como de normas materiales; tal omisión se ha dado en el presente caso porque la Corte recurrida al hacer los pronunciamientos del fallo, restó total y absoluta la importancia a la declaración de hechos probados que al confirmar el fallo apelado estaba obligado a hacer.- Se constata esta infracción al contrastar lo que se afirma en este motivo y los antecedentes de hecho de la sentencia ahora impugnada. DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA.- Como la infracción denunciada fue cometida al estructurarse la sentencia impugnada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia, y en cuanto al requisito de subsanación, no se aplicó porque como se señala, la infracción de la norma procesal se dio al dictarse el fallo hoy impugnado imposibilitando tal actitud procesal de denuncia previa, como lo observa el artículo 700 del Código Procesal Civil.- DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto la infracción de omitir en la sentencia impugnada la declaración de los hechos probados, permitió a la Corte recurrida que arbitrariamente distorsionara, tergiversara y mutilara el material probatorio, y, consecuentemente, disminuyó, complicó y frustró el derecho al recurso perjudicado el planteamiento de los recursos devolutivos. Además de la fundamentación expuesta en el contenido de este segundo motivo de Casación, el mismo encuentra su fundamento en la reiterada Jurisprudencia o Doctrina Legal establecida por esta Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante los siguientes fallos: 1) Sentencia del 27 de abril del año 2017, dictada en el expediente CC-311-2015; 2) Sentencia del 16 de noviembre del 2016, dictada en el expediente CC-190-15 3) Sentencia del 25 de Enero del 2013, dictada en el Expediente CC-38-2012; 4) Sentencia del 21 de mayo del 2014, dictada en el Expediente CC-222-2013, 5) Sentencia de fecha 11 de junio del 2013, dictada en el Expediente SC-127-201; 6) Sentencia del 30 de agosto del 2012, dictada en el Expediente CC-52-2011. Los datos precisos de las partes intervinientes y Tribunales de procedencia se desconocen por los aspectos de privacidad de los datos observado por la secretaria de esta Honorable Corte Suprema de Justicia. 5.2.- SIENDO QUE NO SE HA SEÑALADO, PRECISADO NI ESTABLECIDO NINGÚN FUNDAMENTO JURÍDICO EN LA SENTENCIA REPROCHADA, SE HACE IMPOSIBLE LA VALORACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE IMPUGNAR APLICACIÓN DE NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO, lo que constituye por sí una Violación al Derecho de Defensa, al Debido Proceso y al Principio de Legalidad, lo que hace imperante la necesidad de intervención de este alto Tribunal, PARA ANULAR EL FALLO REPROCHADO. 6°. - CELEBRACIÓN DE LA VISTA La suscrita estima necesaria la celebración de la vista y oportunamente sea señalada.” SEXTO: Que el abogado RODOLFO DUMAS CASTILLO, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “A LOS MOTIVOS DE CASACIÓN AL PRIMER MOTIVO: En este acápite la parte demandante y ahora recurrente intenta hacer una relación antojadiza del razonamiento empleado por la Corte de Apelaciones en su fallo, buscando, sin ningún éxito, desmeritar los razonamientos lógicos efectuados por dicho Tribunal para sustentar su resolución. En cuanto a los pobres argumentos del recurrente sobre la supuesta falta de motivación de la sentencia nos parece que es importante recodarle a dichos litigantes que ya la doctrina es clara al tratar este tema y señalar que la ley “no exige una argumentación exhaustiva y pormenorizada de todos los aspectos, opiniones y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión, ni una extensión mínima, o especial intensidad o alcance, porque una motivación sencilla, sucinta o escueta no deja de ser motivación”. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es evidente que en el fallo recurrido la Corte de Apelaciones hizo una revisión exhaustiva de todos los elementos probatorios aportados por las partes al proceso y que de manera congruente fueron observados en primera instancia y, asociado a ello, la motivación jurídica que los relaciona íntimamente tal y como se puede observar en la sección del fallo denominada “MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA” en la cual de manera acertada el Tribunal de alzada desmenuza los elementos probatorios de altísimo valor para llegar a su convencimiento. Asimismo, señala de manera clara y puntual los preceptos legales que motivan su resolución. A manera de ejemplo, nos permitimos transcribir un segmento de lo expuesto en la sentencia recurrida, específicamente en el numeral TERCERO de la misma, que en lo conducente dice: “TERCERO: ..... ; no es menos cierto que conforme a lo dispuesto en el Arancel del Profesional del Derecho en su artículo 7T sección C (‘asuntos tributarios fiscales,), literal F (‘solicitudes de importación,), numeral 1, dispone que los honorarios por solicitudes de importación con exención de impuestos devengaran honorarios de ocho mil lempiras (L 8,000. 0O y no el 15% que reclama la misma sobre el valor que dice le fue dispensado a ¡a entidad demandada, por otro lado, y en caso de ser aplicable el porcentaje que ella reclama, no acredito que efectivamente a la demandada se le haya dispensado el valor total sobre el cual ella basa el porcentaje que reclama en la presente acción, por lo que igualmente resulta improcedente el pago que reclama.” No creemos oportuno y consideramos excesivo transcribir todos los segmentos de la sentencia donde constan las motivaciones realizadas por la Corte en su sentencia, pero claramente podrá observar la Sala Civil de la Corte Suprema que dicha sentencia posee suficiente motivación y fundamentación jurídica. Por tanto, lo expresado por la parte demandante en este acápite resulta alelado de la verdad, intentando tergiversar el contenido real de la resolución que ahora se impugna. Consideramos que la motivación de la sentencia emitida por la Corte d Apelaciones es totalmente contundente. Lo expresado por el recurrente en este primer motivo de casación es incongruente con el contenido de la sentencia y por ello debe ser desestimado. AL SEGUNDO MOTIVO: En cuanto a este seguido motivo de casación, nuevamente la parte demandante, careciendo de motivos racionales para impugnar la sentencia de la Corte de Apelaciones, falta a la verdad al ignorar intencionalmente lo expuesto en dicha sentencia de manera precisa sobre los hechos que oportunamente fueron probados en el juicio. La escasez probatoria de la parte demandante para sostener su millonario reclamo ahora se pretende cobijar bajo una inexistente violación del debido proceso. Tal fue la desidia de los demandantes en el proceso que la demandante, señora Sandra Mireya Eveline Hernández no se atrevió a comparecer ante el órgano jurisdiccional a defender sus pretensiones. Por todo lo expuesto este motivo de casación también debe ser desestimado. Con relación a lo anterior con el único propósito de desvirtuar los absurdos argumentos del recurrente, nos permitimos transcribir lo expuesto por la honorable Corte de Apelaciones en el numeral cuarto de su sentencia, que literalmente dice: “CUARTO: Como bien se dijo con anterioridad, si bien está acreditado que la demandante realizo los trámites administrativos en nombre de la demandada, no se acredito que se haya pactado el quince por ciento (15%) del total de lo dispensado a la demandada, al contrario quedo debidamente acreditado que la demandada realizo pagos a la demandante SANDRA MIREYA EVELINE HERNÁNDEZ, cuya suma refleja un total de veintinueve mil quinientos lempiras (L 29,500.00), que dado que no existe pacto escrito respecto a la forma de pago por la realización de dichos tramites; debe aplicarse lo preceptuado en el Arancel del Profesional del derecho y conforme a este debió pagarse ocho mil lempiras por cada tramite y en vista de que fueron tres gestiones corresponde un total de veinticuatro mil lempiras (L 24,000.00) cantidad que se encuentra cubierta con los pagos que realizo la demandada y que la demandante no fue capaz de desacreditar.” En cuanto a lo expuesto en esta sección nos permitimos señalar nuestro rechazo absoluto a las descalificaciones e improperios expresados por la parte recurrente contra un Tribunal superior, lo cual demuestra un alto de grado de atrevimiento e irrespeto hacia el accionar del mismo, siendo la única “arbitrariedad” en este caso la interposición del improcedente recurso de casación por la parte demandante. Por todo lo anteriormente expuesto y considerando que el plan de casación presentado por la parte actora carece de motivación y no sigue los principios de identidad, congruencia, razonamiento y lógica jurídica, ni determina con claridad las supuestas infracciones incurridas en las sentencias dictadas por el Juzgado de primera instancia y por esta honorable Corte de Apelaciones, este resulta inadmisible y deberá ser declarado sin lugar con condena en costas al recurrente.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO UNICO: Esta Sala de lo Civil recuerda al recurrente que los recursos forman parte de los medios de impugnación establecidos en nuestra legislación para garantizar a las partes que en el proceso se observe la aplicación e interpretación precisa de las normas empleadas en la sentencia definitiva. Estos se dividen en ordinarios (que tutelan las instancias) y el extraordinario (que es la casación). La casación, como recurso extraordinario, tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional y solo son susceptibles al mismo las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario así como las sentencias que expresamente establezca este Código. Analizado la génesis de la sentencia impetrada, se observa que la pretensión y su respectivo debate se centra en el pago de honorarios supuestamente debidos por la demandada AGREGADOS DEL CARIBE, S.A. de C.V. (AGRECASA) a la parte demandante, abogada SANDRA MIREYA EVELINE HERNANDEZ. Siendo que el thema decidendi no se apega al artículo 717 del Código Procesal Civil ya que la demanda y el debate surgido a raíz de ser encausada por cantidades de dinero debido por servicios profesionales prestados y considerados no pagados; es por ello por lo que esta Sala en cuanto al tema de honorarios profesionales, considera: a. Se reconoce que: “El pago de los honorarios gozarán de derecho especialísimo y preferente, salvo en el caso de alimentos” (artículo 89.6 del Código Procesal Civil). b. No procede acoger el recurso de casación por incumplir con lo preceptuado en el artículo 717 del CPC, que establece que solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, así como las sentencias que expresamente establezca el Código Procesal Civil. Lo anterior se debe que el artículo 89 del precitado Código cuenta con un procedimiento especial que establece “que los profesionales del derecho podrán reclamar de sus clientes el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto por la defensa efectuada y por la representación procesal asumida, presentando minuta detallada de los conceptos reclamados, la cual deberá ser calculada de acuerdo al Arancel o al Convenio de Honorarios respectivos y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos, especificando en diversos apartados los conceptos por los que se reclama”. c). Los recursos ordinarios permiten obtener la enmienda de una resolución judicial por cualquier vicio de que ella adolezca; los recursos extraordinarios solo lo permiten cuando se basan en alguno o algunos de los defectos o vicios prescritos expresamente en la ley. d). Sumado a lo anterior, el artículo 11 del Arancel del Profesional del Derecho vigente al momento de presentarse la demanda, expresamente establece en su párrafo tercero: “De negarse el poderdante a la cancelación de los honorarios profesionales que se le adeuden al Profesional del Derecho o Notario, podrá cualquiera de las partes de manera conciliatoria, peticionar a la Comisión del Arancel que requiera la presencia de ambas partes para la solución del conflicto de honorarios; de negarse a la celebración del proceso conciliatorio establecido en el artículo 58 de la presente Ley, deberá el Profesional del Derecho o Notario, requerir de manera judicial su pago de honorarios profesionales en aplicación del artículo 2296 del Código Civil y 89 del Código Procesal Civil, ante el Juzgado de Letras Civil Competente, por la vía del Proceso Abreviado.” e). Por tanto, al no acreditarse el cumplimiento de este requisito y por el proceso a emplear según la norma adjetiva, esta Jurisdicción como tribunal casacional civil, no resulta competente funcionalmente para conocer las recurrencias derivadas de costas y honorarios de los profesionales del derecho. f). Todo lo mencionado se resume en que no procede acoger el recurso de casación cuando pese a incoarse inadecuadamente como proceso ordinario, el tipo de proceso no desvirtúa la pretensión[1]. III. PARTE DISPOSITIVA. Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 717, 718, 721, 723, 724 y 932 reformado por decreto 168-2009 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: 1) La inadmisión in limine del recurso de casación formalizado por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, en representación procesal de la señora SANDRA MIREYA EVELINE HERNANDEZ. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por la Corte de Apelación Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el expediente de apelación número 231-2018 CV, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2016-04480-LCO, del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de este auto al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de junio del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 80=2019.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] ver resoluciones recaídas en los expedientes S.C.75-2015, S.C.142-2015, S.C.220-2017, S.C.30-2018