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Sentencia CC-69-19 — Registro 14224

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la demanda de reivindicación de dominio mediante el proceso ordinario, confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “2.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Esta Sala de lo Civil al analizar el primer motivo de casación, estima que éste no es de recibo, debido a que no cumple con la técnica casacional que demanda el Código Procesal Civil, es decir: a. Todo motivo de casación deberá contener un precepto autorizante, siendo este las causales del recurso que deben tener sintonía o más bien afinidad con la norma infringida para establecer el quebranto de la ley en la parte dispositiva de la sentencia, con el objeto de determinar si la ley ha sido recta y debidamente aplicada o no. Es por ello que se refiere a las causales autorizadas conforme el artículo 719 del Código Procesal Civil, es decir, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales en cualquiera de sus formas o modos, o, la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Situación que no ocurre en este primer motivo de casación, pues el Censor omite por completo indicar bajo qué causal ampara su motivo. b. Encuentra esta Sala que el Recurrente infringe lo preceptuado en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, pues insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. c. En este primer motivo de casación se impugna directamente la sentencia del Juez de instancia, lo que no está permitido conforme lo determina el artículo 717 del Código Procesal Civil. d. Finalmente, como consecuencia de las falencias antes enunciadas, el precitado motivo carece de incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Todos y cada uno de los defectos enunciados traen como consecuencia la inadmisión del primer motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 3. Examen del segundo motivo de casación formalizado por el abogado ALDO EVENOR SALAS MARTINEZ. “Tanto la Jueza de Primera instancia como el Tribunal de Apelación no reconocieron el valor de la prueba documental ofrecida, ambos tribunales se enfrascan en que la demandante compró el bien inmueble en fecha 20 de Diciembre del año 2002 y luego la misma demandante fue donataria en fecha 23 de septiembre del 2003 de un derecho de tierra que consta de Instrumento 284 ante los oficios del Notario Público Don Emilio Ballesteros Flores, restándole importancia a este último contrato por no reconocer lo expresado en el artículo 1575 del Código Civil que expresamente manifiesta que actos y contratos deberán constar en instrumento público, siendo en el primer numeral de este donde avala la creación de un derecho real sobre el bien inmueble en litigio, es costumbre que en los Registros de la Propiedad de la República de Honduras, en lo relativo a los sitios privados proindivisos se desmembre de sus asientos registrales derechos de tierra para incorporar en los mismos en condición de mejoras lotes de tierra en áreas proporcionales a la misma cantidad de derechos, eso es sabido hasta por el mismo abogado Gerardo Abraham Meza Henríquez, apoderado de los demandados quien en su bufete jurídico como en cualquier otro de Olancho y Honduras confecciona este mismo tipo de actos y contratos.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “3.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Esta Sala al analizar el segundo motivo de casación, estima que éste no puede ser admitido, debido a que no cumple con la debida técnica casacional que demanda el Código Procesal Civil, pues: a. Al igual que el primer motivo de casación, no tiene un precepto autorizante válido conforme lo dispone el artículo 719 del Código Procesal Civil, pues omite hacer mención a ello. b. Carece el motivo enunciado de incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, pues no lleva a este tribunal de casación al convencimiento en como esa violación de la norma señalada como infringida cambiaría la decisión adoptada por el sentenciador. c. Igualmente no dice el Recurrente qué tipo de infracción fue cometida por el sentenciador, es decir, si ocurrió una falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida. Todos y cada uno de los defectos enunciados, como consecuencia conllevan a la inadmisión del segundo motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “ 4.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Al igual que en los anteriores motivos, este tercer motivo no se admite por las razones siguientes: a. Carece de un precepto autorizante que sustente este motivo casacional. b. El precitado motivo carece de incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. c. No hace mención de qué tipo de violación fue cometida por el sentenciador, es decir, si ocurrió una falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida. Todos y cada uno de los defectos enunciados, como consecuencia conllevan a la inadmisión del tercer motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 5. Todo motivo de casación a efecto de ser admisible deberá contener lo siguiente: a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversos en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso. b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringido. c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. (No es tarea de la Sala sustituir a los recurrentes en su labor de precisar tanto la norma infringida como por qué lo ha sido. d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, “y siguientes” o “concordantes”, sin indicar cuáles son. e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos. f) Deberá razonarse con la extensión que se estimen necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar, por tanto, debidamente el por qué la sentencia recurrida los ha infringido. g) El recurrente tiene que partir de que asume los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin que pueda hacer cuestión de ellos. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todo lo relativo a la carga o valoración de la prueba no puede aducirse por el recurso de casación conforme al motivo expresado en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, sino únicamente por el motivo de infracción procesal, contenido en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil. h) No pueden plantearse cuestiones nuevas, aunque la Sala si podrá atender a las cuestiones de orden público (aportación extemporánea de hechos). 6. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704, 721 y 723 del Código Procesal Civil, que el Impetrante debió cumplir para que la Corte pudiera considerarlo.”

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Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero del dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designada ponente la segunda para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora NERY AMPARO SOLORZANO LOPEZ, representada en juicio por el abogado ALDO EVENOR SALAS MARTINEZ como recurrente; siendo recurrido EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA ALDEA CAYO BLANCO, MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, representado procesalmente por el abogado GERARDO ABRAHAM MEZA HENRÍQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE REIVINDICACION DE DOMINIO O ACCION DE DOMINIO A RESOLVERSE POR LA VIA DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO”, promovida en fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, por la señora NERY AMPARO SOLORZANO LOPEZ, mayor de edad, soltera, de oficios del hogar y con domicilio en la Aldea Cayo Blanco, Municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, contra EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA ALDEA CAYO BLANCO, MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, por medio de los señores CARLOS GUILLERMO CASCO CARDONA y NELSON RAFAEL MATUTE ROSALES, Presidente y Fiscal respectivamente, ambos mayores de edad, casados, agricultores y con domicilio en la Aldea Cayo Blanco, Municipio de Juticalpa, departamento de Olancho. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada en fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, quien dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la Demanda de Reivindicación de Dominio Mediante el Proceso Ordinario promovida ante este Juzgado por el Abogado ALDO EVENOR SALAS MARTINEZ, en su condición de Apoderado Legal de la señora NERY AMPARO SOLORZANO LOPEZ de generales ya expresadas en el preámbulo de este fallo, contra los señores CARLOS GUILLERMO CASCO CARDONA Y NELSON RAFAEL MATUTE ROSALES, también de generales ya expresadas en el preámbulo de esta Sentencia. SEGUNDO: Absuelve a los Demandantes CARLOS GUILLERMO CASCO CARDONA Y NELSON RAFAEL MATUTE ROSALES en su condición apuntada en el presente Juicio de restituir a la Demandante señora NERY AMPARO SOLORZANO LOPEZ el bien inmueble objeto de esta Demanda consistente en un Lote solar situado en la Aldea Cayo Blanco, Municipio de Juticalpa Departamento de Olancho; Y MANDA: Que por medio de la Secretaria de este Tribunal se Notifique a las partes en legal y debida forma del presente fallo, y al demandado NELSON RAFAEL MATUTE ROSALES en su domicilio por medio de la Receptora de este Juzgado en virtud haberse declarado en rebeldía procesal, y si dentro del término de Ley establecido no se interpone recurso alguno quede firme el mismo.- CON COSTAS. NOTIFIQUESE”. SEGUNDO: El abogado ALDO EVENOR SALAS MARTINEZ, actuando en su condición de representante procesal de la señora NERY AMPARO SOLORZANO LOPEZ, en fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El abogado GERARDO ABRAHAM MEZA HENRIQUEZ, actuando en su condición de representante procesal del PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA ALDEA CAYO BLANCO, MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, el abogado ALDO EVENOR SALAS MARTINEZ, en su condición ya indicada, presento escrito de personamiento en fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha tres de abril de dos mil diecinueve, tenerlo por personado dentro del plazo concedido, asimismo por precluído el plazo dejado de utilizar por el abogado GERARDO ABRAHAM MEZA HENRIQUEZ en su condición ya indicada como recurrido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO: Violación o infracción de la garantía del debido proceso del artículo 3 del Código Procesal Civil, ya que la Juez sentenciadora no valoró las pruebas de manera precisa y razonada en la sentencia en base a lo que establece el artículo 13 del Código Procesal Civil por no valorar el medio de prueba denominado Reconocimiento Judicial, a pesar de que la Juez hizo acto de presencia en el lugar donde está ubicado el lote de tierra y sus mejoras consistentes en casa y aprecio tal como dice en el acta de reconocimiento que miro troncones de postes de roble cortados con sierra y ahumados como si les hubieran metido fuego y alambre cortado, actos con los cuales se justificaba la violencia con que los demandados despojaron a mi representada de su predio; en la evacuación del mismo medio de prueba la Jueza procedió a preguntar a los vecinos de bien inmueble objeto de esta demanda (consta en el décimo de los fundamentos de derecho de la sentencia de Primera Instancia) a lo que los vecinos contestaron que es de patronato pro mejoramiento de la aldea de Cayo Blanco, municipio de Juticalpa departamento de Olancho con lo que se demuestra que los demandados han perturbado la posesión de la demandante, reconociendo la misma Jueza de forma literal y expresa, de que ese bien inmueble es objeto de la demanda, en base al principio de contradicción no se le dio la misma oportunidad a los litigantes de ser escuchados equitativamente sobre la base de la igualdad para abonar a su criterio de mejor proveer y emitir una sentencia realmente apegada a la Ley a la Justicia. SEGUNDO MOTIVO: Tanto la Jueza de Primera instancia como el Tribunal de Apelación no reconocieron el valor de la prueba documental ofrecida, ambos tribunales se enfrascan en que la demandante compró e bien inmueble en fecha 20 de Diciembre del año 2002 y luego la misma demandante fue donataria en fecha 23 de septiembre del 2003 de un derecho de tierra que consta de Instrumento 284 ante los oficios del Notario Público Don Emilio Ballesteros Flores, restándole importancia a este último contrato por no reconocer lo expresado en el artículo 1575 del Código Civil que expresamente manifiesta que actos y contratos deberán constar en instrumento público, siendo en el primer numeral de este donde avala la creación de un derecho real sobre el bien inmueble en litigio, es costumbre que en los Registros de la Propiedad de la República de Honduras, en lo relativo a los sitios privados proindivisos se desmembre de sus asientos registrales derechos de tierra para incorporar en los mismos en condición de mejoras lotes de tierra en áreas proporcionales a la misma cantidad de derechos, eso es sabido hasta por el mismo abogado Gerardo Abraham Meza Henríquez, apoderado de los demandados quien en su bufete jurídico como en cualquier otro de Olancho y Honduras confecciona este mismo tipo de actos y contratos. TERCER MOTIVO: Se violenta el principio de igualdad contemplado en el artículo No. 5 de Código Procesal Civil al no reconocerle a mi representada los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades que se le reconocieron a los demandados ya que en alusión al hecho anterior del presente recurso que nos ocupa la Jueza de Primera instancia y el Tribunal de Alzada en apelación, emiten su sentencia teniendo como base fundamental de la misma al reconocerle crédito suficiente al supuesto documento traslaticio de dominio de fecha 21 de abril de 1995 a favor del patronato, no así al documento de fecha 30 de Diciembre de 1991 donde la señora María de Los Ángeles Solorzano López y posteriormente esta última le vendió a mi representada Nery Amparo Solórzano López esa propiedad sin reconocer el tracto sucesivo, o sea, el Historial de dominio del bien inmueble objeto de litigio a favor de mi representada, claramente Honorable Corte Suprema de Justicia existe una prelación de dominio en línea directa a favor de la demandante pues se comprueba con la documentación que consta en expediente que la primer venta se hizo e130 de Diciembre de 1991, luego otra venta el 20 de Diciembre del 2002 y lego una escritura pública de donación de derechos de tierra el 23 de Diciembre del 2003, esto a favor de mi representada, por otra parte la misma señora María Magdalena López le vendió algo que ya no era de ella al patronato en fecha 21 de Abril de 1995, es precisamente esta línea histórica en los derechos reales de Dominio y Posesión que acredita a mi representada como la legítima y justa propietaria del predio en litigio pues 3 años 4 meses y 21 días antes de venderle al patronato se vendió ese bien inmueble a la señora María de Los Ángeles Solórzano López, y como vosotros Honorable Curia sabéis al momento de vender un bien inmueble no es solamente la materia en si sino los derechos reales inherentes a esa materia, es precisamente este tipo de situaciones que motivaron a los jurisconsultos de dar mayor preminencia en materia registral y pasar del Folio Personal al Folio Real. En el acta de Audiencia probatoria el mismo abogado de la parte demandada dice que en el Medio de Prueba de Reconocimiento Judicial "Hemos acreditado de forma fehaciente que al predio que nos constituimos ... al ser preguntados los vecinos del predio han manifestado de viva voz de que el predio estaba siendo rozado y chapeado por la demandante" y más adelante dice que Nery Amparo Solórzano López, se encuentra realizando actos de posesión; El Abogado de la parte demandada dice que con esto no se cumple con los requisitos para la acción reivindicatoria de dominio pero su representado en la evacuación del Medio de Prueba denominado Interrogatorio de parte admite de que ese solar, a veces 10 chapea Nery Amparo Solórzano López y otras veces el mismo patronato de Cayo Blanco y remata con la siguiente contestación "Lo ha chapeado pero porque ella quiere porque biencito sabe que no es de ella" con esto se demuestra la usurpación de la cual ha sido víctima mi representada por Parte del Patronato Pro Mejoramiento de la comunidad de Cayo Blanco, con 10 que se acredita que la demandante ejercita la acción de dominio. a) Porque es dueña del bien inmueble que se reclama. b) Porque se ha demostrado de que los demandados han interrumpido su posesión quieta, pacífica porque han ejercido actos posesorios como si fueran dueños al reconocer el demandado que ellos limpiaban el inmueble, chapeaban el inmueble y al reconocer la Jueza de la primera instancia en la evacuación del medio de prueba denominado Reconocimiento Judicial que consulta a los vecinos del predio y que ese inmueble objeto de litigio era del Patronato, y c) Se identificó legal y físicamente la existencia del Predio en Litigio. Honorables Magistrados, he expuesto varios defectos garrafales de los que adolece el procedimiento y la Sentencia en relación, desde el proceso de Primera instancia, tal pareciera que ambos tribunales de justicia, INJUSTAMENTE, decidieron no otorgar la razón a mi representada, pues no observaron o reconocieron posiciones equitativamente a ambas parte litigantes los principios y garantías del procedimiento civil, tal como el DEBIDO PROCESO pues desembocó en una sentencia injusta; IGUALDAD, pues no se consideró en ningún momento un documento, como medio de prueba documental, que es de vital importancia para demostrar el Tracto sucesivo o historias de los movimientos de las transacciones del inmueble en litigio, el cual favorece a mi representada, lo cual lleva a que no hubo una correcta y justa VALORACION DE LA PRUEBA, pues en las resoluciones de ambos tribunales se le reconoce merito a un documento privado mas reciente que a otro, favoreciendo a los demandados, de ser asi, entonces de que sirve transcribir literalmente una transacción en un documento, si los encargados de aplicar la ley, como el caso de los Tribunales en mención, no lo reconocerán como válidos, claramente hubo una prelación en el traspaso de dominio pues quien supuestamente le vendió al Patronato, ya había vendido a otra persona con años de anterioridad y fue esta ultima que le vendió a mi representada, pues el artículo 1630 el que dice en sus párrafos segundo y tercero, que quien haya inscrito un inmueble a su favor en el Registro de la propiedad, pertenecerá a este, en este caso fue la demandante, todos los Abogados sobre todo de las parte de Olancho, Yoro, Danlí y otros, conocemos la historia de los derechos de tierra, de hecho la honorable Corte Suprema de Justicia en el año de 1998, cuando el Registro de la propiedad era dependencia del Poder Judicial, emitió una Circular N° 10, donde se les indicaba a los registradores de la Propiedad de Honduras, que no siguieran inscribiendo mejoras amparadas en derechos de tierra con limites especiales, que lo siguieran haciendo pero con los limites generales del sitio, así se ha seguido haciendo desde entonces, solo Olancho tiene 335 sitios privados pro indivisos, se siguen haciendo estas escrituras y el registro las sigue inscribiendo y aún así, como se demostró con documentos, hay financieras que aceptan ese tipo de documentos como garantías en operaciones de crédito; Por otra parte en el año de 1991 se vendió y compró de buena fe y esta persona vendió de buena fe en el año 2002 vendió a mi representada. Se menciona también de que existe error y que lo que dice en el documento privado y en el documento publico de mi representada no concuerda con lo que físicamente existe, Honorables Magistrados, me pregunto entonces, ¿porque en los Registro de la propiedad admiten instrumentos públicos cuya intensión es rectificar la descripción de un inmueble ya inscrito?, además por que el Instituto de la propiedad en el año de 2016, en un reglamento de Mensura Catastral IP-20 16, reglamentó este tipo de actos, recordemos que la transacción de dos humildes señoras en 30 de diciembre de 1991, dos humildes mujeres campesinas del municipio de Juticalpa, Olancho una ofreció 10 que tenía, en venta y la otra compró lo que la otra le ofreció, quizá pudo haber existido una diferencia entre 10 que la vendedora vendió y 10 que ella tenía en realidad, personalmente he visto, como profesional del derecho que soy, que propiedades de 27 manzanas de tierra, georreferenciadas, al momento de venderlas el comprador quiere comprobar el área contrata a otro ingeniero para que realice la medida y al hacerlo, también georreferenciado, resulta que no son 27 Manzanas sino Veinte, no digamos esta humilde gente de aldea que todavía miden con cuerda o bordón, además tanto la jueza de primera instancia como el Abogado de la parte demandada, mencionan que estando en el inmueble, hubo personas o vecinos que dijeron que ese solar era de mi representada y otros que ese mismo solar era del Patronato, por 10 que si se pudo identificar el bien inmueble en litigio, por otra parte el demandado dijo que en unas ocasiones que la demandante limpiaba el solar y otras veces eran ellos como patronato.” SEXTO: Que el abogado GERARDO ABRAHAM MEZA HENRÍQUEZ, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “PRIMERO MOTIVO: Rechazamos en su totalidad el primer motivo de casación en virtud que no se infringió la norma procesal cita, ya que en el expediente de mérito consta en el folio sesenta (60) el medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL en el cual las partes comparecimos y en ningún momento del reconocimiento judicial la parte recurrente manifestó su disconformidad sobre el hecho que hoy pretende quien ya esta fuera de tiempo y que nunca fue alegado en el momento procesal oportuno.- SEGUNDO MOTIVO: Rechazamos en su totalidad este motivo ya que se probo en juicio que si bien es cierto la parte actora tiene un instrumento publico, pero la parte actora no pudo probar que se refiriera al mismo inmueble de mis representados ya que no concuerdan sus dimensiones, singularidad del inmueble en lo físico y las escrituras presentadas, de igual forma un potrero no es una EDIFICACION y nuestra CODIGO CIVIL ya establece que se puede incluir como mejores son edificaciones, no potreros.- El instrumento Publico que la parte actora presenta como prueba existe en calidad de edificación una casa y el inmueble objeto de la demanda no existe dicha edificación lo cual es uno distinto al que pretende reivindicar.- TERCER MOTIVO: Rechazamos en su totalidad este motivo de casación por no estar apegado a la verdad y a derecho en las presentes diligencias consta que las partes se nos cito y de igual forma propusimos y evacuamos la prueba.- La parte actora en ninguna parte del juico probo que mi representada estaba en posesión del mismo inmueble que el de la parte demandante, no probo que se refiera al mismo inmueble ya los documentos que presenta existe en calidad de mejoras una casa de habitación y el inmueble que se realizo el reconocimiento judicial no existe casa de habitación con lo cual la parte demandante no puede probar los hechos de la demanda.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Objeto y naturaleza de la presente resolución. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 724 del Código Procesal Civil, el presente auto tiene como objeto declarar la admisión o la inadmisión del recurso de casación. Este auto es de naturaleza irrecurrible, y en caso de inadmisibilidad, deberá ser especialmente motivado, en cuyo caso, procede que: Se declare de iure la firmeza de la sentencia recurrida. Se imponga el pago de costas al recurrente y se ordene la remisión de las actuaciones a la Corte de Apelaciones correspondiente. En el supuesto de que se declare la admisibilidad del recurso procede seguir lo dispuesto en el artículo 725 del Código Procesal Civil con relación al señalamiento de audiencia para la vista, cuando proceda; o en su defecto la fijación directa de día para la votación y fallo. 2. Examen del primer motivo de casación formalizado por el abogado Aldo Evenor Salas Martínez. “Violación o infracción de la garantía del debido proceso del artículo 3 del Código Procesal Civil, ya que la Juez sentenciadora no valoró las pruebas de manera precisa y razonada en la sentencia en base a lo que establece el artículo 13 del Código Procesal Civil por no valorar el medio de prueba denominado Reconocimiento Judicial, a pesar de que la Juez hizo acto de presencia en el lugar donde está ubicado el lote de tierra y sus mejoras consistentes en casa y aprecio tal como dice en el acta de reconocimiento que miro troncones de postes de roble cortados con sierra y ahumados como si les hubieran metido fuego y alambre cortado, actos con los cuales se justificaba la violencia con que los demandados despojaron a mi representada de su predio; en la evacuación del mismo medio de prueba la Jueza procedió a preguntar a los vecinos de bien inmueble objeto de esta demanda (consta en el décimo de los fundamentos de derecho de la sentencia de Primera Instancia) a lo que los vecinos contestaron que es de patronato pro mejoramiento de la aldea de Cayo Blanco, municipio de Juticalpa departamento de Olancho con lo que se demuestra que los demandados han perturbado la posesión de la demandante, reconociendo la misma Jueza de forma literal y expresa, de que ese bien inmueble es objeto de la demanda, en base al principio de contradicción no se le dio la misma oportunidad a los litigantes de ser escuchados equitativamente sobre la base de la igualdad para abonar a su criterio de mejor proveer y emitir una sentencia realmente apegada a la Ley a la Justicia. 2.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Esta Sala de lo Civil al analizar el primer motivo de casación, estima que éste no es de recibo, debido a que no cumple con la técnica casacional que demanda el Código Procesal Civil, es decir: a. Todo motivo de casación deberá contener un precepto autorizante, siendo este las causales del recurso que deben tener sintonía o más bien afinidad con la norma infringida para establecer el quebranto de la ley en la parte dispositiva de la sentencia, con el objeto de determinar si la ley ha sido recta y debidamente aplicada o no. Es por ello que se refiere a las causales autorizadas conforme el artículo 719 del Código Procesal Civil, es decir, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales en cualquiera de sus formas o modos, o, la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Situación que no ocurre en este primer motivo de casación, pues el Censor omite por completo indicar bajo qué causal ampara su motivo. b. Encuentra esta Sala que el Recurrente infringe lo preceptuado en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, pues insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. c. En este primer motivo de casación se impugna directamente la sentencia del Juez de instancia, lo que no está permitido conforme lo determina el artículo 717 del Código Procesal Civil. d. Finalmente, como consecuencia de las falencias antes enunciadas, el precitado motivo carece de incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Todos y cada uno de los defectos enunciados traen como consecuencia la inadmisión del primer motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 3. Examen del segundo motivo de casación formalizado por el abogado ALDO EVENOR SALAS MARTINEZ. “Tanto la Jueza de Primera instancia como el Tribunal de Apelación no reconocieron el valor de la prueba documental ofrecida, ambos tribunales se enfrascan en que la demandante compró el bien inmueble en fecha 20 de Diciembre del año 2002 y luego la misma demandante fue donataria en fecha 23 de septiembre del 2003 de un derecho de tierra que consta de Instrumento 284 ante los oficios del Notario Público Don Emilio Ballesteros Flores, restándole importancia a este último contrato por no reconocer lo expresado en el artículo 1575 del Código Civil que expresamente manifiesta que actos y contratos deberán constar en instrumento público, siendo en el primer numeral de este donde avala la creación de un derecho real sobre el bien inmueble en litigio, es costumbre que en los Registros de la Propiedad de la República de Honduras, en lo relativo a los sitios privados proindivisos se desmembre de sus asientos registrales derechos de tierra para incorporar en los mismos en condición de mejoras lotes de tierra en áreas proporcionales a la misma cantidad de derechos, eso es sabido hasta por el mismo abogado Gerardo Abraham Meza Henríquez, apoderado de los demandados quien en su bufete jurídico como en cualquier otro de Olancho y Honduras confecciona este mismo tipo de actos y contratos.” 3.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Esta Sala al analizar el segundo motivo de casación, estima que éste no puede ser admitido, debido a que no cumple con la debida técnica casacional que demanda el Código Procesal Civil, pues: a. Al igual que el primer motivo de casación, no tiene un precepto autorizante válido conforme lo dispone el artículo 719 del Código Procesal Civil, pues omite hacer mención a ello. b. Carece el motivo enunciado de incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, pues no lleva a este tribunal de casación al convencimiento en como esa violación de la norma señalada como infringida cambiaría la decisión adoptada por el sentenciador. c. Igualmente no dice el Recurrente qué tipo de infracción fue cometida por el sentenciador, es decir, si ocurrió una falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida. Todos y cada uno de los defectos enunciados, como consecuencia conllevan a la inadmisión del segundo motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 4. Examen del tercer motivo de casación formalizado por el abogado ALDO EVENOR SALAS MARTINEZ. “Se violenta el principio de igualdad contemplado en el artículo No. 5 de Código Procesal Civil al no reconocerle a mi representada los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades que se le reconocieron a los demandados ya que en alusión al hecho anterior del presente recurso que nos ocupa la Jueza de Primera instancia y el Tribunal de Alzada en apelación, emiten su sentencia teniendo como base fundamental de la misma al reconocerle crédito suficiente al supuesto documento traslaticio de dominio de fecha 21 de abril de 1995 a favor del patronato, no así al documento de fecha 30 de Diciembre de 1991 donde la señora María de Los Ángeles Solorzano López y posteriormente esta última le vendió a mi representada Nery Amparo Solórzano López esa propiedad sin reconocer el tracto sucesivo, o sea, el Historial de dominio del bien inmueble objeto de litigio a favor de mi representada, claramente Honorable Corte Suprema de Justicia existe una prelación de dominio en línea directa a favor de la demandante pues se comprueba con la documentación que consta en expediente que la primer venta se hizo el 30 de Diciembre de 1991, luego otra venta el 20 de Diciembre del 2002 y luego una escritura pública de donación de derechos de tierra el 23 de Diciembre del 2003, esto a favor de mi representada, por otra parte la misma señora María Magdalena López le vendió algo que ya no era de ella al patronato en fecha 21 de Abril de 1995, es precisamente esta línea histórica en los derechos reales de Dominio y Posesión que acredita a mi representada como la legítima y justa propietaria del predio en litigio pues 3 años 4 meses y 21 días antes de venderle al patronato se vendió ese bien inmueble a la señora María de Los Ángeles Solórzano López, y como vosotros Honorable Curia sabéis al momento de vender un bien inmueble no es solamente la materia en si sino los derechos reales inherentes a esa materia, es precisamente este tipo de situaciones que motivaron a los jurisconsultos de dar mayor preminencia en materia registral y pasar del Folio Personal al Folio Real. En el acta de Audiencia probatoria el mismo abogado de la parte demandada dice que en el Medio de Prueba de Reconocimiento Judicial "Hemos acreditado de forma fehaciente que al predio que nos constituimos ... al ser preguntados los vecinos del predio han manifestado de viva voz de que el predio estaba siendo rozado y chapeado por la demandante" y más adelante dice que Nery Amparo Solórzano López, se encuentra realizando actos de posesión; El Abogado de la parte demandada dice que con esto no se cumple con los requisitos para la acción reivindicatoria de dominio pero su representado en la evacuación del Medio de Prueba denominado Interrogatorio de parte admite de que ese solar, a veces lo chapea Nery Amparo Solórzano López y otras veces el mismo patronato de Cayo Blanco y remata con la siguiente contestación "Lo ha chapeado pero porque ella quiere porque biencito sabe que no es de ella" con esto se demuestra la usurpación de la cual ha sido víctima mi representada por Parte del Patronato Pro Mejoramiento de la comunidad de Cayo Blanco, con lo que se acredita que la demandante ejercita la acción de dominio. a) Porque es dueña del bien inmueble que se reclama. b) Porque se ha demostrado de que los demandados han interrumpido su posesión quieta, pacífica porque han ejercido actos posesorios como si fueran dueños al reconocer el demandado que ellos limpiaban el inmueble, chapeaban el inmueble y al reconocer la Jueza de la primera instancia en la evacuación del medio de prueba denominado Reconocimiento Judicial que consulta a los vecinos del predio y que ese inmueble objeto de litigio era del Patronato, y c) Se identificó legal y físicamente la existencia del Predio en Litigio. Honorables Magistrados, he expuesto varios defectos garrafales de los que adolece el procedimiento y la Sentencia en relación, desde el proceso de Primera instancia, tal pareciera que ambos tribunales de justicia, INJUSTAMENTE, decidieron no otorgar la razón a mi representada, pues no observaron o reconocieron posiciones equitativamente a ambas parte litigantes los principios y garantías del procedimiento civil, tal como el DEBIDO PROCESO pues desembocó en una sentencia injusta; IGUALDAD, pues no se consideró en ningún momento un documento, como medio de prueba documental, que es de vital importancia para demostrar el Tracto sucesivo o historias de los movimientos de las transacciones del inmueble en litigio, el cual favorece a mi representada, lo cual lleva a que no hubo una correcta y justa VALORACION DE LA PRUEBA, pues en las resoluciones de ambos tribunales se le reconoce merito a un documento privado más reciente que a otro, favoreciendo a los demandados, de ser así, entonces de que sirve transcribir literalmente una transacción en un documento, si los encargados de aplicar la ley, como el caso de los Tribunales en mención, no lo reconocerán como válidos, claramente hubo una prelación en el traspaso de dominio pues quien supuestamente le vendió al Patronato, ya había vendido a otra persona con años de anterioridad y fue esta última que le vendió a mi representada, pues el artículo 1630 el que dice en sus párrafos segundo y tercero, que quien haya inscrito un inmueble a su favor en el Registro de la propiedad, pertenecerá a este, en este caso fue la demandante, todos los Abogados sobre todo de las parte de Olancho, Yoro, Danlí y otros, conocemos la historia de los derechos de tierra, de hecho la honorable Corte Suprema de Justicia en el año de 1998, cuando el Registro de la propiedad era dependencia del Poder Judicial, emitió una Circular N° 10, donde se les indicaba a los registradores de la Propiedad de Honduras, que no siguieran inscribiendo mejoras amparadas en derechos de tierra con limites especiales, que lo siguieran haciendo pero con los limites generales del sitio, así se ha seguido haciendo desde entonces, solo Olancho tiene 335 sitios privados pro indivisos, se siguen haciendo estas escrituras y el registro las sigue inscribiendo y aun así, como se demostró con documentos, hay financieras que aceptan ese tipo de documentos como garantías en operaciones de crédito; Por otra parte en el año de 1991 se vendió y compró de buena fe y esta persona vendió de buena fe en el año 2002 vendió a mi representada. Se menciona también de que existe error y que lo que dice en el documento privado y en el documento público de mi representada no concuerda con lo que físicamente existe, Honorables Magistrados, me pregunto entonces, ¿porque en los Registro de la propiedad admiten instrumentos públicos cuya intención es rectificar la descripción de un inmueble ya inscrito?, además porque el Instituto de la propiedad en el año de 2016, en un reglamento de Mensura Catastral IP-20 16, reglamentó este tipo de actos, recordemos que la transacción de dos humildes señoras en 30 de diciembre de 1991, dos humildes mujeres campesinas del municipio de Juticalpa, Olancho una ofreció lo que tenía, en venta y la otra compró lo que la otra le ofreció, quizá pudo haber existido una diferencia entre lo que la vendedora vendió y lo que ella tenía en realidad, personalmente he visto, como profesional del derecho que soy, que propiedades de 27 manzanas de tierra, georreferenciadas, al momento de venderlas el comprador quiere comprobar el área contrata a otro ingeniero para que realice la medida y al hacerlo, también georreferenciado, resulta que no son 27 Manzanas sino Veinte, no digamos esta humilde gente de aldea que todavía miden con cuerda o bordón, además tanto la jueza de primera instancia como el Abogado de la parte demandada, mencionan que estando en el inmueble, hubo personas o vecinos que dijeron que ese solar era de mi representada y otros que ese mismo solar era del Patronato, por lo que si se pudo identificar el bien inmueble en litigio, por otra parte el demandado dijo que en unas ocasiones que la demandante limpiaba el solar y otras veces eran ellos como patronato.” 4.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. Al igual que en los anteriores motivos, este tercer motivo no se admite por las razones siguientes: a. Carece de un precepto autorizante que sustente este motivo casacional. b. El precitado motivo carece de incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. c. No hace mención de qué tipo de violación fue cometida por el sentenciador, es decir, si ocurrió una falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida. Todos y cada uno de los defectos enunciados, como consecuencia conllevan a la inadmisión del tercer motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 5. Todo motivo de casación a efecto de ser admisible deberá contener lo siguiente: a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversos en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso. b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringido. c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. (No es tarea de la Sala sustituir a los recurrentes en su labor de precisar tanto la norma infringida como por qué lo ha sido. d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, “y siguientes” o “concordantes”, sin indicar cuáles son. e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos. f) Deberá razonarse con la extensión que se estimen necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar, por tanto, debidamente el por qué la sentencia recurrida los ha infringido. g) El recurrente tiene que partir de que asume los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin que pueda hacer cuestión de ellos. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todo lo relativo a la carga o valoración de la prueba no puede aducirse por el recurso de casación conforme al motivo expresado en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, sino únicamente por el motivo de infracción procesal, contenido en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil. h) No pueden plantearse cuestiones nuevas, aunque la Sala si podrá atender a las cuestiones de orden público (aportación extemporánea de hechos). 6. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704, 721 y 723 del Código Procesal Civil, que el Impetrante debió cumplir para que la Corte pudiera considerarlo. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos, planteado por el abogado ALDO EVENOR SALAS MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la señora Nery Amparo Solorzano López. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, el veinte de marzo del dos mil dieciocho, originada en los autos de la pieza de apelación que se registra bajo el número 05-2018 dimanante de la primera pieza de autos registrada bajo el número 1501-2016-00494 del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 69=2019.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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