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Sentencia CC-65-19 — Registro 14195

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria de reivindicatoria de dominio de una fracción de terreno. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “2. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL RESPECTO AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO HÉCTOR EDUARDO MARTÍNEZ RÍOS. Esta Sala considera que el primer motivo de casación resulta ser inadmisible por las razones siguientes: a) Pese a que la causal recursiva (artículo 719.1 inciso c) en relación con el artículo 207.2 ambos del Código Procesal Civil), se encuentra acorde con las normas señaladas como infringidas en la primera parte del motivo (artículos 207.2 en relación con el 273.1 del mismo Código Procesal Civil), en el desarrollo del cargo el Recurrente introduce a su recurrencia el artículo 426.2 sobre causas de inadmisión de la demanda por carencia de requisitos legales como ser los documentos que se acompañan a la demanda, y alegatos de instancia sobre dos diferentes medios probatorios como ser el medio de prueba documental público y su valoración y el medio de prueba pericial; con lo que vicia la claridad del motivo invocado. b) Asimismo, impugna la sentencia por falta de principio de identidad, razonamiento lógico, coherencia e indefensión a esa representación, situaciones todas que debió desarrollar en motivos separados pues obedecen a distintas situaciones jurídicas. c) El motivo en examen carece de una verdadera incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, pues no lleva a este tribunal a comprender como la interpretación errónea de las normas señaladas como infringidas cambiarían la conclusión a que llega el juzgador. Todos y cada uno de los defectos enunciados como consecuencia llevan a la inadmisión del primer motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL RESPECTO AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO HÉCTOR EDUARDO MARTÍNEZ RÍOS. Esta Sala de lo Civil al analizar el segundo motivo de casación, estima que éste no puede ser admitido, debido a que no cumple con la debida técnica que demanda el Código Procesal Civil, pues: a) Se citan dos preceptos autorizantes en un solo motivo de casación, tal es así que se invoca el artículo 719.1 en sus numerales b) y c) del Código Procesal Civil, lo que vuelve impreciso el segundo motivo casacional. b) El recurrente relaciona el artículo 719.1 inciso b) con el 720.2 ambos del Código Procesal Civil, lo que resulta ser incorrecto, pues dicha norma legal se debió relacionar única y exclusivamente al precepto autorizante contenido en el artículo 719.1 inciso c) del Código Procesal Civil. c) Contrario a lo dispuesto en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, insta la revisión probatoria y hace alegatos de instancia. Todos y cada uno de los defectos enunciados hacen que se inadmita el segundo motivo de casación conforme al artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL RESPECTO AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO HÉCTOR EDUARDO MARTÍNEZ RÍOS. Resulta para esta Sala de lo Civil inadmisible el tercer motivo de casación, ya que el Recurrente denuncia como norma infringida el artículo 208.1 del Código Procesal Civil, por interpretación errónea por omisión de un pronunciamiento que fue parte de las pretensiones de su representada; no obstante, la interpretación errónea como modo de infraccionar la ley ocurre cuando el sentenciador le da un sentido diferente a la norma del que realmente tiene y que esa correcta interpretación cambiaría la decisión a que este arriba; pero, al denunciar que faltó un pronunciamiento que fue objeto de las pretensiones en apelación, lo que entiende esta Sala es que denuncia una falta de aplicación de la norma señalada como infringida. Además, es de hacer notar al Recurrente que el tribunal ad quem lo que hace es confirmar la sentencia emitida por el a quo en su parte resolutiva, por lo que hace suyo todos y cada uno de los pronunciamientos que este hizo. Es por los defectos antes enunciados que este tercer motivo de casación carece de incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada conforme lo dispone el artículo 721. 2 del Código Procesal Civil. Todos y cada uno de los defectos enunciados hacen que se inadmita el tercer motivo de casación conforme al artículo 723.2 inciso a del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO designada la primera ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores MARIA ISOLINA, ADREANA, LILIAN JESUS, DOMINGO RAMON y LUIS FELIPE, todos de apellido ANDARA ORTEGA, representados en juicio por el abogado HECTOR EDUARDO MARTINEZ RIOS como recurrentes; siendo recurrida la señora OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO, representada en juicio por el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION DE DOMINIO DE UNA FRACCION DE TERRENO”, promovida en fecha uno de octubre del dos mil trece, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, por el abogado CARLOS ROLANDO RESINOS TURCIOS, actuando en su condición de representante procesal de los señores MARIA ISOLINA, ADREANA, LILIAN JESUS, DOMINGO RAMON y LUIS FELIPE todos de apellidos ANDARA ORTEGA, mayores de edad, hondureños, contra la señora OTILIA LOPEZ ANDINO, mayor de edad, comerciante, con domicilio en Comayagua, departamento de Comayagua. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada en fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que falló de la siguiente manera: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICATORIA DE DOMINIO DE UNA FRACCION DE TERRENO, promovida por el Abogado CARLOS ROLANDO RESINOS TURCIOS en su condición de Apoderado Legal de los señores MARIA ISOLINA, ADREANA, LILIAN JESUS, DOMINGO RAMON y LUIS FELIPE, todos de apellidos ANDARA ORTEGA, en contra de la señora OTILIA LOPEZ ANDINO.- 2- ABSOLVER a la señora OTILIA LOPEZ ANDINO EN LA DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICATORIA DE DOMINIO DE UNA FRACCION DE TERRENO, promovida por el Abogado CARLOS ROLANDO RESINOS TURCIOS en su condición de Apoderado Legal de los señores MARIA ISOLINA, ADREANA, LILIAN JESUS, DOMINGO RAMON y LUIS FELIPE, todos de apellidos ANDARA ORTEGA. 3.- Con lugar la prescripción de acción alegada en su fondo. Se condena Costas a la parte vencida. Y MANDA.- Si no se interpone recurso alguno contra este fallo en el término que manda la Ley quede firme.- Que en virtud del exceso de trabajo al ser un Juzgado Seccional y conforme a la constancia que antecede por la secretaria del despacho se dicta el día de hoy la presente sentencia mediando justa causa. Artículo 201 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El abogado HECTOR EDUARDO MARTINEZ RIOS, actuando en su condición de representante procesal de los señores MARIA ISOLINA, ADREANA, LILIAN JESUS, DOMINGO RAMON y LUIS FELIPE todos de apellido ANDARA ORTEGA, en fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo.TERCERO: El abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, actuando en su condición de representante procesal de la señora OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los abogados HECTOR EDUARDO MARTINEZ RIOS y JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION PROCESAL PRIMER MOTIVO: Infracción por interpretación errónea del numeral 2 del artículo 207 del Código Procesal Civil, que regula el contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica de la misma, para revisar su carácter lógico, en relación con el numeral 1 del artículo 273 del aludido cuerpo legal. 1.- Fundamentación Del Motivo 1.1 Precepto autorizante: se determina como precepto autorizante el literal c) numeral 1 del artículo 719 del código procesal civil en armonía con el numeral 2 del artículo 720 del referido cuerpo legal. Este motivo en que se basa la casación es por interpretación errónea del numeral 2 del artículo 207 del código procesal civil, que regula el contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica de la misma, para revisar su carácter lógico, en relación con el numeral 1 del artículo 273 del aludido cuerpo legal; conforme al literal c) numeral 1 del artículo 719 del código procesal civil, en armonía con el numeral 2 del artículo 720 del referido cuerpo legal. 1.2 Disposición cuya infracción sustenta el motivo: la norma del derecho cuya infracción sustenta este motivo es el numeral 2 del artículo 207 del código procesal civil que contiene la norma procesal que dice: “articulo 207.- MOTIVIACION. 2.. La Motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”, en relación con el artículo 273.1 del aludido cuerpo legal, que señala: “FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. 1. Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en.” Produce infracción al artículo 719. 1 literal c), del Código Procesal Civil, en armonía con el artículo 720.2 del referido cuerpo legal ya que se impugna la parte dispositiva de la sentencia proferida por el ad-quem, en sus pronunciamientos primero, mismos que rezan: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN que ha planteado el ABOGADO HECTOR EDUARDO MARTINEZ RIOS, en su condición de representante procesal del señora MARIA ISOLINA, ADREANA, LILIAN JESUS, DOMINGO RAMON y LUIS FELIPE todos de apellido ANDARA ORTEGA, en la DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICATORIA DE DOMINIO, que le han interpuesto a la señora OTILIA LOPEZ ANDINO, contra la Sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) ).- EN CONSECUENCIA: SE CONFIRMA LA SENTENCIA DEFINITIVA, relacionada con el numeral primero de esta parte dispositiva; produce la infracción procesal del artículo 207.2 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 273.1 del aludido cuerpo legal, incide en la sentencia impugnada ya que los elementos fácticos del pleito que fueron considerados por el tribunal ad-quem no se ajustan a las reglas de la lógica, conduciéndolo a proferir un fallo que no es conforme a derecho, otorgando un sentido a la norma procesal, distinto al que dimana de su dicción, ya que emite una sentencia contradictoria al establecer en su motivación que no se estable la calidad de propietario o titular del dominio en el numeral cuarto y en el siguiente numeral establece que si bien bien los demandantes han logrado acreditar era dueño de un lote de terreno para la fecha en que le fracciona un lote de 10,440 metros cuadrados, lo que infringir las reglas de la lógica. 1.3 Explicación fáctica del motivo: Ya que la motivación fáctica de la sentencia debe ser proferida en base a los razonamientos de los hechos junto con el ordenamiento jurídico, y éstos a su vez conducen a una correcta apreciación y valoración de la prueba ya que manifiesta el ad-quem profiere en la misma valoración que la parte demandante no acredita la identificación concreta del bien inmueble cuya pretensión de reivindicación figura en su demanda lo cual es una valoración incorrecta ya que en el mismo numeral estable el instrumento mediante el cual se obtuvo la fracción de terreno así como describe sus colindancias cantidad de terreno y el cómo lo hubo lo que llevo a una incorrecta valoración del ad-quem de la prueba sumado al hecho que solo se le dio valor probatorio a un informe pericial habiendo otro con la misma validez probatoria; la ausencia de estos requisitos en la sentencia produce la infracción de la norma jurídica. Cita lo manifestado por el jurista EDUARDO COUTURE quien manifiesta que es necesario explicar los principios de identidad y razón suficiente; respecto del primero de tales principios es el que establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza con la proposición “A es A”. En cuanto al principio de razón suficiente, expresa: “todo juicio para ser realmente verdadero ha menester necesariamente de una razón suficiente. Por razón de un juicio debe entenderse aquello que es capaz de abonar o acreditar lo que se enuncia en el juicio. Esta razón es ‘suficiente’ cuando basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado en el juicio; cuando por consiguiente no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente verdadero.” Dicho esto, señala con precisión las infracciones contenidas en la sentencia objeto de impugnación a saber: a) Establece el tribunal de alzada en su motivación en el hecho CUARTO “…..de ahí que las limitaciones que genera la ley son variadas pero de mayor marca citamos la que establece el artículo 273.1 del Código Procesal Civil mencionado anteriormente, esto nos traslada a la exigencia legal que señala el Código Procesal Civil en su artículo 425.4 que señala como sus anexos de la demanda el medio probatorio que acredite la calidad con la que actué la parte es decir la calidad de propietario o titular del dominio sobre la facción de terreno solicitada en reivindicación, de ahí que el no acreditarse resulte una causa de inadmisión a trámite de la demanda, como lo señala el artículo 426.2 del Código Procesal Civil “cuando carezca de los requisitos legales, no se acompañen a ella los documentos o medios probatorios que la ley expresamente exija para su admisión”, es criterio de esta alzada exigible en las acciones de reivindicación de dominio, la condición de titular exclusivo del dominio o demás derechos reales, por lo que al no acreditarse el requisito exigible en la norma sustantiva, resultaría desestimable la demanda, sin que la sentencia disponga sobre normas de respecto a las pretensiones de las partes”, entendiéndose que no se probó por porte de los Demandantes - Recurrentes a criterio del Tribunal de Alzada la calidad con la actúan en la presente Demanda mis representados, pero en el hecho QUINTO en la misma motivación establece “…apreciando esta alzada que el a-quo en la valoración de la prueba ha profundizado más en los documentos públicos, señalando basar su fallo el instrumento numero 138 d fecha 23 de junio de 1978 ante la notaria del Abogado GUSTAVO HENRIQUEZ BOQUIN, el señor RAMÓN ANTONIO ANDARA MEDINA, es dueño de un lote de terreno de una extensión de más o menos 12 manzanas (12 Mz) que limitan al norte Quebrada el Suncuyal y fincas caminos Romer, Sur potrero de Familia Aguiluz camino medianero, Oriente posesión de herederos Aguiluz y Finca el Jeto. Occidente Otro lote de terreno., que compro al señor Don Andres Jimenez ( quien a su vez lo adquirió el 12 de octubre de 1959… más a delante manifiesta en el mismo numeral “… no cabe duda entonces que si bien los Demandantes - Recurrentes han acreditado que su padre era dueño de un lote de terreno para la fecha en que le fracciona un lote de 10,440 metros cuadrados a favor de la Demanda estos no establecen la identificación del remanente, fuera de las ventas de las fracciones que el difunto realizara en vida entre los años 1975 a 1981;.), lo que es contradictorio ya que se acredita la condición con que actúan mis representados, Aduce que de tal razonamiento se aprecia que la Corte sentenciadora hace suyos los pronunciamientos del a-quo, utilizando la motivación por remisión en torno a la acreditación del derecho de propiedad de los Demandantes - Recurrentes sobre el inmueble, mediante la prueba documental acompañada, por lo que la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada se da por cuanto el tribunal ad-quem se aparta del principio de razón suficiente al arribar a una conclusión que desborda del contenido del hecho y acto que comprende la prueba documental pública, al no dar por acreditado el derecho de propiedad del inmueble objeto de reivindicación en un numeral de su motivación y en el otro sí; razón para estimar que conforme al principio de razón suficiente, y atendiendo a la valoración legal de la prueba documental pública, es una realidad que las Certificaciones de los asientos inscritos bajo los números 6897 tomo 37, trasladado al folio real con matricula numero 39611 asiento 1, Inmueble descrito bajo el numero 11,975 tomo 46 trasladado al folio real con matricula numero 39852 asiento 1 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Comayagua, Departamento de Comayagua, concretamente exactamente los 44,827 metros cuadrados que se pretenden reivindicar, reflejan que: 1) existe manifiesta imprecisión en cuanto a dicha cantidad respecto del informe pericial señalado en la sentencia del tribunal de alzada y mala interpretación al establecer como pudiera (probabilidad) ser un are de tres punto cero dos manzanas, que no se han podido identifica; y 2) El inmueble carece de colindancias o límites precisos, pues de los documentos públicos en relación, únicamente cuentan con linderos y colindancias determinadas pero a criterio del perito establece que no precisa un cuadro de rumbos y distancias que establezcan con exactitud los límites del terreno, no así la fracción de terreno vendida a la Demandada - Recurrida, por lo que no es posible determinar la ubicación del inmueble del cual se despendio de la fracción que se le vendió a la Demandada. Con todo lo anteriormente señalado, dice que se identifica que el ad-quem da por acreditado un derecho de propiedad de mis representados, pese a la manifiesta incertidumbre de la ubicación del inmueble aunque está debidamente inscrito con sus colindancias, lo que se traduce en la indeterminación del derecho de propiedad sobre el inmueble a criterio del Tribunal de Alzada; y b) Que también en el referido dicho numeral de la sentencia impugnada se produce infracción cuando el tribunal de alzada señala que: “… Que se acredito que la Demanda - Recurrida adquirió el dominio de una propiedad otorgado por el Instituto Nacional Agrario, la que ES DISTINTA AL PREDIO OBJETO DE LITIGIO respecto al remanente que se contiene en el Instrumento número 138 de fecha 23 de junio de 1978,” propiedad que a criterio de la parte Demandada - Recurrente es la que se encuentra pegada a la fracción de terreno que le compro al padre mis representados y que es la fracción objeto de reivindicación en la presente demanda y tal y como se puede demostrar extrañamente equivale más o menos a la cantidad de metros pedidos en reivindicación en la presente demanda...”; y la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada se da por cuanto la referida Corte de Apelaciones razona y llega a la conclusión que el inmueble objeto de la presente Demanda de Reivindicación a criterio del Tribunal de Alzada “… la parte Demandante - Recurrente no acredito la identificación concreta del bien inmueble cuya pretensión de reivindicación figura en su Demanda, no así la fracción vendida a la Demandada - Recurrida, infringiendo con ello el principio de identidad; ello porque se establece que hay un remanente a favor de mis representados y que se pretende reivindicar el cual no esta no se le puede ubicar tal y como lo establece el numeral 3 del dictamen pericial mencionado por el Tribunal de Alzada establece “…que respecto a la ubicación del inmueble objeto a reivindicar y a determinar si este inmueble es propietaria o no la señora OTILIA LOPEZ RUBIO, no se puede determinar la ubicación exacta debido a que la escritura no precisa un cuadro de rumbos y distancias que establezcan con exactitud los límites del terreno.., pero le establece claramente que la ubicación del terreno que ella adquirió y que se supone está pegada a la fracción comprada al padre de mis representados al Instituto Nacional Agrario es distinta al predio objeto de litigio; por lo que el razonamiento del ad-quem infringe el principio de identidad, por tanto, es posible concluir que el inmueble que posee el demandado y que supuestamente adquirió del Instituto Nacional Agrario, corresponde en identidad al inmueble que se pretende reivindicar. Entonces, conforme al principio de identidad, es una realidad, que no es posible concluir que los Demandantes - Recurrentes no acreditaron la identificación concreta del bien inmueble cuya pretensión de reivindicación figura en su demanda Alto Tribunal de Justicia es evidente que la motivación fáctica proferida por la Corte sentenciadora, adolece de carácter lógico, conduciéndolo a incurrir en infracción por interpretación errónea de la norma procesal contenida en el numeral 2 del Artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación con el numeral 1 del Artículo 273 del aludido cuerpo legal, en los momentos de la sentencia antes aludidos, al otorgar un alcance a la norma distinto al contenido de la misma, por inobservar se las reglas de la lógica, concretamente en sus principios de identidad y razón suficiente, produciendo un fallo completamente contrario al derecho, confirmando la condena impuesta a los Demandantes – Recurrentes. Al interpretarse adecuadamente la disposición citada como infringida, se observan y aplican las reglas de la lógica y consecuentemente se arriba a la conclusión que se acredito el concreto derecho de propiedad de los demandantes, así como la ubicación del inmueble que se pretende reivindicar el cual estaba en poder de la Demanda – Recurrida argumentando que dicha fracción es la que adquirió del Instituto Nacional Agrario acreditándose que eso no es cierto y que su ubicación es distinta a la de la fracción comprada al padre de mis representados. Por lo que el ad-quem con su sentencia deja a mis representados los herederos ANDARA ORTEGA, CON UN DERECHO REAL SOLO EN PAPEL, a pesar de estar acreditado que poseen un derecho REAL sobre un título de propiedad debidamente inscrito lo cual en un estado de derecho garantista como lo es el nuestro no es posible por lo que por todo lo expresado en este motivo indica que es necesario solicitarle formalmente a este Honorable Corte Suprema de Justicia, sala de lo Civil, y asi se solicita, que ejercite el control jurisdiccional estudie la sentencia impugnada ya que la misma carece de carácter lógico en aras de protección a la norma procesal infringida antes citada, viabilizando que se declare la tutela judicial efectiva del derecho que tiene mi representado a que se les otorge el derecho reclamado. Sobre la previa denuncia en la instancia del vicio procesal al haberse producido el vicio en la sentencia de primera instancia, reproduciéndose el mismo por el Ad quem, el mismo fue denunciado en el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada. 1.4 efectos Perjudiciales de la Sentencia: La motivación no es acorde al razonamiento lógico, ni coherente, causando indefensión a esta representación, ya que, por su disparidad de ideas, impide comprender el alcance de la sentencia recurrida. SEGUNDO MOTIVO Infracción por interpretación errónea del numeral 1 artículo 207 del código procesal civil que regula el contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica de la misma para realizar su existencia en relación a un medio de prueba documental. 1.- Fundamentación Del Motivo 1.1 Precepto autorizante: se determina como precepto autorizante literal B) numeral 1 del artículo 719 del código procesal civil en memoria con el numeral 2 del artículo 720 del referido cuerpo legal. De este motivo En qué se basa La casación es por interpretación errónea del numeral 1 del artículo 207 del código procesal civil, que regula el contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica de la misma para revisar su existencia. 1.2 Disposición cuya infracción sustenta el motivo las normas de derecho cuya infracción sustenta este motivo es el numeral 1 del artículo 207 del código procesal civil que contiene la norma procesal que dice artículo 207.1 del Código Procesal Civil, que establece: “1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho.”; para lo que se invoca artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, en armonía con el artículo 720.2 del referido cuerpo legal. Ya que se impugna la parte dispositiva de la sentencia del ad-quem, concretamente los pronunciamientos primero, mismos que rezan: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN que ha planteado el ABOGADO HECTOR EDUARDO MARTINEZ RIOS, en su condición de representante procesal del señora MARIA ISOLINA, ADREANA, LILIAN JESUS, DOMINGO RAMON y LUIS FELIPE todos de apellido ANDARA ORTEGA, en la DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICATORIA DE DOMINIO, que le han interpuesto a la señora OTILIA LOPEZ ANDINO, contra la Sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) ).- EN CONSECUENCIA: SE CONFIRMA LA SENTENCIA DEFINITIVA, relacionada con el numeral primero de esta parte dispositiva; todo ello con relación al pronunciamiento que confirma la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia, se impugna en cuanto a la confirmación de los pronunciamientos primero y segundo de la sentencia de primera instancia, mismos que rezan: ““FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICACION DE DOMINIO DE UNA FRACCION DE TERRENO promovida por el Abogado CARLOS ROLANDO RESINOS TURCIOS, en su condición de Apoderado Legal de los Señores MARIA ISOLINA, ADREANA, LILIAN JESUS, DOMINGO RAMON y LUIS FELIPE todos de apellido ANDARA ORTEGA, en contra de la señora OTILIA LOPEZ ANDINO. 2) ABSOLVER a la señora OTILIA LOPEZ ANDINO EN LA DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICATORIA DE DOMINIO DE UNA FRACCION DE TERRENO, promovida por el Abogado CARLOS ROLANDO RECINOS TURCIOS en su condición de Apoderado Legal de los señores MARIA ISOLINA, ADREANA, LILIAN JESUS, DOMINGO RAMON y LUIS FELIPE todos de apellido ANDARA ORTEGA”. Se produce infracción en el sentido de la resolución impugnada, ya que el Tribunal ad-quem, se pronuncia solo sobre el informe pericial contenido en los folios 375 al 375, llamándose al silencio respecto al Informe de Peritaje Realizado En La Cuidad de Comayagua, Comayagua que obra a Folio 314 al 370, específicamente en las Conclusiones de dicho Informe el numeral 3 donde se establece claramente donde se encuentra la fracción de terreno objeto de la presente demanda de Reivindicación de dominio y como la Demandada - Recurrida alega ser dueña de dicha fracción citando que es la fracción adjudicada a ella por el Instituto Nacional Agrario; VALORANDO UNO Y OBVIANDO OTRO, SIN EXPLICACION ALGUNA. Ya que la motivación de la sentencia debe expresar los razonamientos fácticos que conducen a la apreciación y valoración de los medios de prueba en su conjunto, sin embargo, el ad-quem interpreta que la norma no manda a apreciar y valorar toda la prueba admitida y practicada, con lo cual excluye prueba decisiva; por lo que la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada se da por cuanto el tribunal ad-quem, otorga un sentido distinto a la norma procesal, que obliga a la apreciación y valoración de la prueba en la motivación fáctica, pero en el caso de autos la sentencia impugnada excluye toda apreciación y valoración de los medio de prueba; todo lo cual conduce a la inexistencia de motivación fáctica en relación a dicho medio de prueba que resulta decisivo para el pleito. Alto Tribunal de Justicia resulta evidente que la Corte sentenciadora, al ofrecer una motivación fáctica valorando solo uno de los informes técnicos en su sentencia como único medio de prueba, incurre en infracción por errónea interpretación de la norma procesal contenida en el artículo 207.1 del Código Procesal Civil, produciendo un fallo contrario a derecho, al infringir la obligación de motivación que exprese los razonamientos fácticos fácticos que conducen a la apreciación y valoración de los medios de prueba todo lo expresado en ese motivo indica que es necesario solicitarle formalmente a esta honorable Corte Suprema de Justicia sala de lo civil y así se solicita que ejerciten el control jurisdiccional estudiando la sentencia impugnada ya que la misma carece de motivación fáctica en relación a los medio de prueba ad-quem se llama al silencio referido, en aras de protección a la Norma procesal infringida antes citada viabilizando que se declara la tutela judicial efectiva del derecho que tienen mis representados a que se les devuelva la fracción de terreno que es de su legitima propiedad. Sobre la previa denuncia en la instancia del vicio procesal al haberse producido el vicio en la sentencia de primera instancia Reproduciéndose el mismo por el Ad quem el mismo fue denunciado en el recurso de apelación Interpuesto por la parte demandada. TERCER MOTIVO: infracción por interpretación errónea del numeral 1 del artículo 208 del código procesal civil que regula el contenido de la sentencia en cuanto a la congruencia de la misma. FUNDAMENTACIÓN DEL MOTIVO se determina como precepto autorizante literal c numeral 1 del artículo 719 del código procesal civil. este motivo En qué se basa La casación es por infracción por interpretación errónea del numeral 1 del artículo 208 del código procesal civil que regula el contenido de la sentencia en cuanto a la congruencia de la misma conforme a literal c numeral 1 del artículo 719 del código procesal civil. La norma de derecho cuya infracción sustenta este motivo es el numeral 1 del artículo 208.1 del Código Procesal Civil, que dice: “1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.”; invoca como precepto autorizante del motivo el artículo 719.1 literal c), del Código Procesal Civil e impugna el pronunciamiento segundo de la parte dispositiva de la sentencia proferida por el ad-quem, que reza: “….2) CONFIRMAR la Sentencia Apelada de fecha once de junio del dos mil quince…”; tal impugnación, dice en relación a la parte dispositiva de la sentencia proferida en primera instancia, que en sus pronunciamientos tercero, expresa: “…Con lugar la prescripción de acción alegada en su fondo …”. la infracción procesal del referido artículo, incide en la sentencia impugnada ya que la misma contiene pronunciamientos mínima petita: infringiendo con ello el requisito de congruencia, mismo que se refiere a la obligación que tiene el Tribunal de Alzada de pronunciarse sobre todas las peticiones y alegaciones de las partes, en consecuencia, se otorga un alcance distinto a la norma procesal señalada como infringida, ya que no se pronuncia en su sentencia sobre la prescripción decretada por el a-quo y que fue objeto de apelación como uno de los pronunciamientos a la pretensiones de la partes Demandante - Recurrente. Por lo que dentro de la incongruencia, procede distinguir la mínima petita:, Se configura cuando el operador judicial deja de resolver alguno de los extremos del litigio, y en el caso de autos señala que la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada se da por cuanto el tribunal de alzada confirma un pronunciamiento proferidos por el a-quo, mismo que como consta en los antecedentes de hecho fue objeto de apelación por parte de esta parte actora, llamándose al silencio sobre el numeral 3 de la sentencia del a quo y que fue objeto de Apelación como se acredita en los hechos de la sentencia ad-quem, como consecuencia de lo anterior se tiene entonces que el fallo cuestionado le otorga un alcance distinto a la norma citada como infringida, ya que no pronuncia sobre un tema objeto de apelación que le pone fin al proceso y que fue objeto de apelación por parte de la parte Demandante, sino que se limita el Tribunal de Alzada a resolver de manera parcial el recurso de apelación planteado y omite referirse a uno de los puntos torales de la sentencia que le pone fin al juicio y que fue objeto de apelación. De lo anteriormente señalado se evidencia que la Corte sentenciadora no se pronuncia sobre algo pedido, y desestima las pretensiones de la parte Demandante al no pronunciarse en su sentencia sobre la misma, infringiendo así el artículo 208.1 del Código Procesal Civil; razón para solicitar de la Sala Civil que ejercite el Control Jurisdiccional estudiando la sentencia impugnada, ya que la misma infringe el requisito de congruencia. Finalmente, al haberse producido el vicio en la sentencia de primera instancia, y reproducido que fue el mismo por el fallo del ad-quem, esa representación procesal denuncio el mismo en el recurso de apelación interpuesto por la parte Demandante - Recurrente. La incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada se da por cuanto el Tribunal Ad quem confirma los tres pronunciamientos proferidos por el A quo, mismos que fueron objeto de apelación por la parte Demandante - Recurrente, en consecuencia, otorga un alcance distinto a la norma citada como infringida, ya que limita sus pronunciamientos a las pretensiones de las partes, De este modo se evidencia que la Corte sentenciadora no concede algo pedido, al desestimar las pretensiones de la parte Demandante - Recurrente y confirmar la sentencia emitida por el a-quo, infringiendo así el numeral 1 del Artículo 208 del Código Procesal Civil. Alto Tribunal de Justicia por todo lo expresado en este motivo indica que es necesario solicitarle formalmente a este honorable Corte Supremo de Justicia, Sala de lo Civil, y así se solicita, que ejercite el control jurisdiccional revisando la sentencia impugnada, ya que la misma infringe el requisito de incongruencia, con la finalidad de proteger la norma procesal antes citada, viabilizando que se declare la tutela judicial efectiva del derecho que tiene mi representado a que la resolución judicial contenga todos pronunciamientos presentados por las partes como pretensiones y que deben ser oportunamente deducidas en el pleito. Sobre la previa denuncia en la instancia del vicio procesal: al haberse producido el vicio en la sentencia de primera instancia, reproduciéndose el mismo por el Ad quem. El mismo fue denunciado en el recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada.” SEXTO: Que el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “SOBRE EL PRIMER MOTIVO: 1.- Bajo este acápite la parte demandante/recurrente en Casación impugna la PARTE DISPOSITIVA de la sentencia recurrida alegando la carencia de la motivación por – según su opinión – carecer del carácter lógico y coherencia, con respecto de cuyo motivo hemos de expresar que el mismo es infundado. A tales fines expongo: a) Los demandantes (herederos del sr. RAMON ANDARA MEDINA) al reclamar la reivindicación o sea la restitución del supuesto remanente de 44,827.23 metros cuadrados de un inmueble en dominio útil que le fuera vendido por su causante a la sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO mediante la escritura pública No. 138 autorizada por el Notario GUSTAVO HENRIQUEZ BOQUIN de fecha 23 de junio de 1978, no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 868 del CODIGO CIVIL, - entre otros – a que los demandante NO SINGULARIZAN al no ubicar geográficamente el supuesto predio con sus colindancias y medidas del cual reclaman su restitución, ya que como antes explicamos la sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO hizo varias adquisiciones de bienes en los periodos del 70 y 80s, lo cual hace materialmente imposible para el tribunal y para la parte demandada determinar específicamente a que inmueble se refieren los demandantes, sin percatarse los demandantes que su propio causante en el citado instrumento 138 del 23 de junio de 1978 en la clausula segunda declaró haber verificado anteriormente otras ventas del terreno a terceras personas. Igualmente se le expuso al Tribunal A Quo en la contestación de la demanda que en vista de haber adquirido solamente el DOMINIO UTIL de parte del sr. RAMON ANDARA MEDINA la sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO procedió además a realizar la compra de los derechos de propiedad al sr. MARIANO AGUILUZ MEZA y al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO en fechas 11 de agosto de 1980 y 22 de diciembre de 1986 de inmuebles ubicados en el mismo sector, cuyos derechos de propiedad la sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO siendo que todos los derechos de propiedad que ésta detentaba los transfirió mediante compra a terceras personas del proyecto urbanístico BRISAS DE ALTAMIRA y a particulares, por lo cual tampoco la demanda cumple el requisito establecido en el artículo 874 del CODIGO CIVIL que establece que la demanda de reivindicación debe dirigirse contra el ACTUAL POSEEDOR y mi cliente no detenta actualmente la posesión de dicho inmueble por haber dispuesto mediante su enajenación a terceras personas. Las pruebas documentales aportadas por la sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO fueron encaminadas a comprobarle – como se comprobó – ante el órgano jurisdiccional la existencia de las compras por ella realizadas de los derechos de propiedad sobre los inmuebles en el sector del supuesto litigio y las enajenaciones que la misma realizó a favor de TERCERAS PERSONAS que actualmente detentan la POSESION de esos inmuebles, lo cual torna INCIERTA y FALAZ la pretensión de la Parte Demandante que pretende la RESTITUCION de un PREDIO que no SINGULARIZÓ, es decir, que no IDENTIFICÓ NI UBICÓ GEOGRAFICAMENTE, lo que denota una grave falta de preparación de la demanda, que la hace temeraria y que constituye un ABUSO DEL DERECHO DE ACCION, arbitrariamente planteada contra la sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO, al no determinarse que la misma sea la ACTUAL POSEEDORA del incierto inmueble reclamado por los demandantes, ello sin contar con el hecho que desde que el señor 23 de junio de 1978 cuando el sr. RAMON ANDARA MEDINA le hizo la venta a la sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO y hasta la fecha de la presentación de la demanda en fecha 01 de octubre del 2013 transcurrieron 35 años, 3 meses y 7 dias, por lo que por el transcurso del tiempo el derecho – si es que éste alguna vez existió, cosa que NO estamos aceptando –se extinguió por su prescripción, sin que, de parte de la señora LOPEZ ANDINO, haya existido ninguna clase de reconocimiento expreso o tácito al presunto derecho de propiedad del causante de los demandantes. b) La falta de prueba de la Parte Demandante para acreditar la pretensión de la restitución de un predio NO SINGULARIZADO determinó que la Juzgadora A Quo decretara la INSUFICIENCIA PROBATORIA para que se determinara la fracción de terreno objeto de reivindicación y por lo cual en la AUDIENCIA PRELIMINAR celebrada en fecha 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 (folios 149-152) las partes DEMANDANTE y DEMANDADA propusimos el MEDIO DE PRUEBA EN COMUN consistente en el PERITAJE OFICIAL realizado por personal de la DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA, siendo el mismo realizado por el Ingeniero Civil CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO quien le remitió al Tribunal fechado el dictamen el 13 de diciembre del 2017 que corre a folios 341 al 357 y sus anexos que corren a folios 358 al 370 del proceso en cuyo estudio y conclusiones el PERITO OFICIAL dictamina la imposibilidad técnica de la ubicación exacta del inmueble a reivindicar debido a que la escritura del señor RAMON ANDARA MEDINA no precisa un cuadro de rumbos y distancias que establezcan con exactitud los límites del terreno e igualmente detalla el perito que dentro de los 3 predios identificados como lotes A, B y C en el expediente de la Regional de Catastro de Comayagua, según el plano 3, no puede ubicarse el predio objeto de reivindicación, no pudiendo determinarse con exactitud pero si indicando que el remanente pudiera ubicarse en el lote B en el predio del señor DANIEL BONILLA, lo cual demostraría la inviabilidad de la demanda de reivindicación presentada contra la sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO, cuyo dictamen corrobora que la presente demanda de reivindicación no cumple los requisitos establecidos en el artículo 868 del CODIGO CIVIL en cuanto a que los demandante NO SINGULARIZAN al no ubicar geográficamente el supuesto predio con sus colindancias y medidas del cual reclaman su restitución, lo cual hacia materialmente imposible para el tribunal determinar específicamente a que inmueble se refieren los demandantes y que la sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO desde hace varios años ha transferido mediante compra a terceras personas el proyecto urbanístico BRISAS DE ALTAMIRA, por lo cual tampoco la demanda cumple el requisito establecido en el artículo 874 del CODIGO CIVIL que establece que la demanda de reivindicación debe dirigirse contra el ACTUAL POSEEDOR y mi cliente no detenta actualmente la posesión de dicho inmueble por haber dispuesto mediante su enajenación a terceras personas. Las pruebas documentales aportadas por la sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO van encaminadas a comprobarle a la Judicatura la existencia de las compras por ella realizadas de los derechos de propiedad sobre los inmuebles en el sector del supuesto litigio y las enajenaciones que la misma realizó a favor de TERCERAS PERSONAS que actualmente detentan la POSESION de esos inmuebles, lo cual torna INCIERTA y FALAZ la pretensión de la Parte Demandante que pretende la RESTITUCION de un PREDIO que no SINGULARIZA es decir que no IDENTIFICA GEOGRAFICAMENTE, lo que denota una grave falta negligencia en la preparación de la demanda, resultando inconsistentes las pruebas aportadas por la parte demandante para sustentar su pretensión reivindicatoria y por lo cual tuvo que recurrirse a la elaboración del dictamen emitido por el Perito Oficial designado en virtud de la insuficiencia probatoria decretada por el Tribunal en la Audiencia Preliminar, el cual se valoró apropiadamente por la Jueza A Quo y el Tribunal de Alzada ya que el mismo es determinante en favor de la parte demandada. SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO: Bajo éste acápite la parte recurrente nuevamente se refiere a la impugnación de la PARTE DISPOSITIVA de la sentencia recurrida, refiriéndose al artículo 719 numeral 1) literal b) que se refiere a los ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES cuando estas sean INFRINGIDAS, no encontrando de nuestra parte los actos o las garantías supuestamente infringidas por los Organos Jurisdiccionales de la 1ª y 2ª instancia, por lo cual RECHAZAMOS este segundo motivo, por ser infundado el mismo, exponiendo con respecto de este motivo lo siguiente: La PARTE DISPOSITIVA de la sentencia de la 1ª instancia confirmada en la 2ª instancia se encuentra definitivamente acorde con los hechos expuestos por las partes y probados en el juicio, ya que consideramos lo siguiente: 1.- Es procedente declarar SIN LUGAR la demanda por la falta de prueba de la Parte Demandante para acreditar la pretensión de la restitución de un predio NO SINGULARIZADO ya que, ni aun al decretarse la INSUFICIENCIA PROBATORIA y por lo cual se propuso y practicó el MEDIO DE PRUEBA EN COMUN consistente en el PERITAJE OFICIAL realizado por personal de la DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA con DICTAMEN del Ingeniero Civil CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO de fecha el 13 de diciembre del 2017 que corre a folios 341 al 357 y sus anexos que corren a folios 358 al 370 del proceso en cuyo estudio y conclusiones el PERITO OFICIAL dictamina la imposibilidad técnica de la ubicación exacta del inmueble a reivindicar debido a que la escritura del señor RAMON ANDARA MEDINA no precisa un cuadro de rumbos y distancias que establezcan con exactitud los límites del terreno e igualmente detalla el perito que dentro de los 3 predios identificados como lotes A, B y C en el expediente de la Regional de Catastro de Comayagua, según el plano 3, no puede ubicarse el predio objeto de reivindicación, no pudiendo determinarse con exactitud pero si indicando que el remanente pudiera ubicarse en el lote B en el predio del señor DANIEL BONILLA, lo cual demostraría la inviabilidad de la demanda de reivindicación presentada contra la sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO, cuyo dictamen corrobora que la presente demanda de reivindicación no cumple los requisitos establecidos en el artículo 868 del CODIGO CIVIL en cuanto a que los demandantes NO SINGULARIZAN al no ubicar geográficamente el supuesto predio con sus colindancias y medidas del cual reclaman su restitución, lo cual hacia materialmente imposible para el tribunal determinar específicamente a que inmueble se refieren los demandantes y que la sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO desde hace varios años ha transferido mediante compra a terceras personas el proyecto urbanístico BRISAS DE ALTAMIRA, por lo cual tampoco la demanda cumple el requisito establecido en el artículo 874 del CODIGO CIVIL que establece que la demanda de reivindicación debe dirigirse contra el ACTUAL POSEEDOR y mi cliente no detenta actualmente la posesión de dicho inmueble por haber dispuesto mediante su enajenación a terceras personas.- El perito Oficial hizo un estudio de campo y en los archivos del Instituto de la Propiedad (IP) de Comayagua para dictaminar la imposibilidad de la ubicación geográfica del inmueble reclamado por los demandantes, que no pudo ser SINGULARIZADO, siendo que este medio de prueba común a las partes es el UNICO PERITAJE OFICIAL practicado en el proceso, no siendo desvirtuado por ningún otro medio de prueba. Consecuentemente procede la ABSOLUCION de la parte demandada sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO e igualmente procede la CONDENA EN COSTAS a cargo de la parte demandante al desestimarse su única pretensión: LA infundada REIVINDICACION DEL DERECHO REAL DEL DOMINIO sobre un inmueble no singularizado, dirigida equivocadamente la acción contra la persona que ya NO es poseedora de inmuebles en esa zona de litigio, en vista de las enajenaciones que la misma realizó a favor de TERCERAS PERSONAS que actualmente detentan la POSESION de esos inmuebles, lo cual torna INCIERTA y FALAZ la pretensión de la Parte Demandante que pretende la RESTITUCION de un PREDIO que no SINGULARIZA es decir, que no IDENTIFICA GEOGRAFICAMENTE en el territorio nacional. Se rechaza este motivo de Casación. SOBRE EL TERCER MOTIVO: Bajo éste acápite la parte recurrente aduce que el Tribunal Ad Quem no hizo pronunciamiento sobre la PRESCRIPCION probada por la parte demandada y declarada por la judicatura de la 1ª instancia. Este motivo también es rechazado por infundado, ya que la CONFIRMACION por parte de la Corte de Apelaciones de la sentencia dictada por el A Quo, valida total y completamente los pronunciamientos de la 1ª sentencia. Es asi que en el numeral SEGUNDO de la EXPRESION DE AGRAVIOS de la apelación, la parte apelante cuestionó el HECHO TERCERO y CUARTO de los HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS de la sentencia dictada por el Juez A Quo el 31 de agosto del 2,018, con respecto de cuyo alegato cuestionando la PRESCRIPCION declarada a favor de la demandada me pronuncio así: 1.- Al darse contestación a esta demanda por parte de la señora OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO en fecha 22 de noviembre del 2013 se le expuso al tribunal que a la referida acción reivindicatoria de los demandantes se le oponía la PRESCRIPCION de las mismas, dado el hecho probado que desde el 23 de junio de 1978 cuando el sr. RAMON ANDARA MEDINA le hizo la venta a la sra. OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO y hasta la fecha de la presentación de la demanda en fecha 01 de octubre del 2013 transcurrieron 35 años, 3 meses y 7 dias, por lo que, por el transcurso del tiempo, el derecho si es que éste alguna vez existió, cosa que NO estamos aceptando se extinguió por su prescripción, sin que de parte de la señora LOPEZ ANDINO haya existido ninguna clase de reconocimiento expreso o tacito al presunto derecho de propiedad del causante de los demandantes, lo cual fue corroborado al computarse a fecha de la presentación de esta demanda, su admisión por este tribunal, el emplazamiento de la demandada, a efecto de establecer el cómputo del tiempo transcurrido desde la fecha del 23 de junio del año 1978 cuando se otorgó el instrumento número 138 autorizado por el Notario GUSTAVO HENRIQUEZ BOQUIN y la fecha de las citadas actuaciones y diligencias judiciales, para acreditar la prescripción extintiva de la acción de los demandantes, ante el abandono manifiesto y negligente de los mismos por un lapso de tiempo mayor a los 20 años. Al practicarse la prueba del RECONOCIMIENTO JUDICIAL al expediente judicial No. 41-2011 se constató que en la solicitud presentada ante este Tribunal por parte de la señora OTILIA LOPEZ ANDINO DE RUBIO de fecha 7 de octubre del 2011 y que en la misma la solicitante no hace reconocimiento expreso ni tacito del derecho de propiedad a favor del sr. RAMON ANDARA MEDINA sobre el inmueble objeto de dicha solicitud, ya que el objeto de la solicitud era la cancelación de un gravamen hipotecario que se encontraba bajo el antecedente registral 32 tomo 44 y trasladado a la matricula 22289 por la cancelación a a deuda que mantuvo con el sr. RAMON ANDARA MEDINA asi como constatar que desde la fecha de la compra al señor RAMON ANDARA MEDINA y la solicitud de cancelación hipotecaria ya habían transcurrido 33 años por lo que la hipoteca ya estaba prescrita, reconociendo que en los autos dictados el 12 de octubre y 9 de diciembre del 2011 no se hace ningún reconocimiento expreso ni tacito del derecho de propiedad o dominio a favor del señor RAMON ANDARA MEDINA sobre el inmueble objeto de la solicitud, verificándose que en el AUTO dictado 6 de febrero del 2012 se declara judicialmente la prescripción del derecho real de hipoteca y se ordena librar oficio al INSTITUTO DE LA PROPIEDAD de Comayagua para cancelar el gravamen. Se rechaza este motivo de casación, por ser el mismo infundado y carente de veracidad. Por lo antes expuesto rechazamos los supuestos motivos de casación expresados por el recurrente, por ser improcedentes y sin fundamento legal.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Objeto y naturaleza de la presente resolución. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 724 del Código Procesal Civil, el presente auto tiene como objeto declarar la admisión o la inadmisión del recurso de casación. Este auto es de naturaleza irrecurrible, y en caso de inadmisibilidad, deberá ser especialmente motivado, en cuyo caso, procede que: Se declare de iure la firmeza de la sentencia recurrida. Se imponga el pago de costas al recurrente y se ordene la remisión de las actuaciones a la Corte de Apelaciones correspondiente. En el supuesto de que se declare la admisibilidad del recurso procede seguir lo dispuesto en el artículo 725 del Código Procesal Civil con relación al señalamiento de audiencia para la vista, cuando proceda; o en su defecto la fijación directa de día para la votación y fallo. 2. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL RESPECTO AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO HÉCTOR EDUARDO MARTÍNEZ RÍOS. Esta Sala considera que el primer motivo de casación resulta ser inadmisible por las razones siguientes: a) Pese a que la causal recursiva (artículo 719.1 inciso c) en relación con el artículo 207.2 ambos del Código Procesal Civil), se encuentra acorde con las normas señaladas como infringidas en la primera parte del motivo (artículos 207.2 en relación con el 273.1 del mismo Código Procesal Civil), en el desarrollo del cargo el Recurrente introduce a su recurrencia el artículo 426.2 sobre causas de inadmisión de la demanda por carencia de requisitos legales como ser los documentos que se acompañan a la demanda, y alegatos de instancia sobre dos diferentes medios probatorios como ser el medio de prueba documental público y su valoración y el medio de prueba pericial; con lo que vicia la claridad del motivo invocado. b) Asimismo, impugna la sentencia por falta de principio de identidad, razonamiento lógico, coherencia e indefensión a esa representación, situaciones todas que debió desarrollar en motivos separados pues obedecen a distintas situaciones jurídicas. c) El motivo en examen carece de una verdadera incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, pues no lleva a este tribunal a comprender como la interpretación errónea de las normas señaladas como infringidas cambiarían la conclusión a que llega el juzgador. Todos y cada uno de los defectos enunciados como consecuencia llevan a la inadmisión del primer motivo casacional conforme lo señala el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL RESPECTO AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO HÉCTOR EDUARDO MARTÍNEZ RÍOS. Esta Sala de lo Civil al analizar el segundo motivo de casación, estima que éste no puede ser admitido, debido a que no cumple con la debida técnica que demanda el Código Procesal Civil, pues: a) Se citan dos preceptos autorizantes en un solo motivo de casación, tal es así que se invoca el artículo 719.1 en sus numerales b) y c) del Código Procesal Civil, lo que vuelve impreciso el segundo motivo casacional. b) El recurrente relaciona el artículo 719.1 inciso b) con el 720.2 ambos del Código Procesal Civil, lo que resulta ser incorrecto, pues dicha norma legal se debió relacionar única y exclusivamente al precepto autorizante contenido en el artículo 719.1 inciso c) del Código Procesal Civil. c) Contrario a lo dispuesto en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, insta la revisión probatoria y hace alegatos de instancia. Todos y cada uno de los defectos enunciados hacen que se inadmita el segundo motivo de casación conforme al artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. 4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL RESPECTO AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO HÉCTOR EDUARDO MARTÍNEZ RÍOS. Resulta para esta Sala de lo Civil inadmisible el tercer motivo de casación, ya que el Recurrente denuncia como norma infringida el artículo 208.1 del Código Procesal Civil, por interpretación errónea por omisión de un pronunciamiento que fue parte de las pretensiones de su representada; no obstante, la interpretación errónea como modo de infraccionar la ley ocurre cuando el sentenciador le da un sentido diferente a la norma del que realmente tiene y que esa correcta interpretación cambiaría la decisión a que este arriba; pero, al denunciar que faltó un pronunciamiento que fue objeto de las pretensiones en apelación, lo que entiende esta Sala es que denuncia una falta de aplicación de la norma señalada como infringida. Además, es de hacer notar al Recurrente que el tribunal ad quem lo que hace es confirmar la sentencia emitida por el a quo en su parte resolutiva, por lo que hace suyo todos y cada uno de los pronunciamientos que este hizo. Es por los defectos antes enunciados que este tercer motivo de casación carece de incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada conforme lo dispone el artículo 721. 2 del Código Procesal Civil. Todos y cada uno de los defectos enunciados hacen que se inadmita el tercer motivo de casación conforme al artículo 723.2 inciso a del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 701, 703, 704, 716, 717, 718, 719, 720, 721.2, 723.2 literal a) y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus tres motivos, interpuesto y formalizado por el abogado HECTOR EDUARDO MARTINEZ RIOS, actuando en su condición de representante procesal de los señores MARIA ISOLINA, ADREANA, LILIAN JESUS, DOMINGO RAMON y LUIS FELIPE todos de apellido ANDARA ORTEGA. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada en fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en el expediente de apelación número 46,031 dimanante de los autos que conforman la primera pieza de autos con número 26-2013 del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha veintiséis de agosto del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 65=2019.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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