Sentencia CC-58-19 — Registro 14192
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar, la demanda ordinaria para que se declare la reivindicación de dominio de un bien inmueble, condena: a que la parte demandada proceda a restituir el inmueble objeto de litigio y que fue descrito en la presentación de la demanda. Confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “1.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL: El presente motivo no es admisible por las razones siguientes: a) Falta de claridad en su exposición, ya que de la lectura no se logra comprender la razón por la cual recurre, ya que indiferentemente menciona que el Ad Quem en su sentencia quebranta distintas normas procesales tales como: I) Valoración probatoria, II) Indebida valoración probatoria, III) Omisión de prueba; todas ellas tienen carácter recursivo diferente a efecto de determinar el agravio por el cual se censura la sentencia venida a recurso, por tanto es obligación de la recurrente presentar cada una de estas supuestas infracciones en motivos separados, respetando la técnica casacional establecida tanto en la ley como en la doctrina. b) No especifica en que consiste su solicitud casacional en cuanto al control de la motivación fáctica de la sentencia, ya que no concreta en que debe versar el estudio casacional, ya sea de su existencia, su suficiencia, su racionalidad, o su carácter lógico. c) La recurrente denuncia dos pretensiones de manera indiscriminada al amparo de un mismo motivo, ya que por un lado habla de las mejoras materiales realizadas en un bien inmueble y de manera dubitativa nos habla sobre un derecho de reivindicación, por tanto, carece de una debida observancia a la técnica casacional.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 720 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. La recurrente hace uso de la causal recursiva establecida en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil que establece: “se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”; sin embargo en este motivo considera como infringidos por la sentencia recurrida, las normas establecidas en artículos 218 y 219 numeral 1 del Código Procesal Civil que son disposiciones de orden procesal y no ponen fin al pleito, por tanto, este motivo no puede ser considerado como causal casacional por no apegarse a lo dispuesto en el artículo 717 del Código Procesal Civil. Procede agregar que la condena en costas por sí sola obedece, en primer término, al principio de vencimiento y, en segundo caso, ésta es una condena accesoria que impone el Juez a la parte vencida en un proceso o en una incidencia, de resarcir al vencedor los gastos que le ha causado el proceso. “
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2.a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “3.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL: Este motivo no es admisible ya que la recurrente falta a la técnica casacional al denunciar indistintamente la infracción de diferentes normas en su argumentación, ya que por un lado considera como norma infringida el artículo 888 del Código Civil, explicando las razones por las cuales considera que dicha norma le causa agravio, no obstante acto seguido agrega otros motivos casacionales que por su naturaleza deben denunciarse por separado, particularmente cuando dice: “ya que el mandato contenido en el artículo 889 párrafo primero del Código Civil es sumamente claro al establecer: “El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles de que habla el Artículo precedente.”, para que párrafo seguido cambie radicalmente el sentido recursivo del motivo al denunciar: “ …Lo anterior sin dejar de mencionar, que el demandando en ningún momento acreditó en el presente juicio haber realizado mejoras sobre el inmueble objeto de reivindicación. Sin Embargo, si se acreditó que con ánimos de llegar a un arreglo extrajudicial mi poderdante, señor ARMANDO SÁNCHEZ MORAZÁN, entregó al señor MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZÁN, un cheque por la cantidad de L.400,000.00, el cual una vez recibido y gozado del mismo, rehusó dar cumplimiento a la negociación extrajudicial…”; lo que representa instar la revisión tanto de los hechos del proceso como la revisión probatoria, lo que no es procedente en la causal utilizada. Todo ello inobserva lo establecido en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil por no separar en motivos independientes y con los requisitos mínimos establecidos por ley los diversos agravios arriba descritos, impidiendo por tanto una respuesta que pueda ser acorde a derecho. 4. En vista de todo lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de lo cual esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que establecen las causales de inadmisión previstas en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2, a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor ARMANDO SANCHEZ MORAZÁN, representado en juicio por la abogada DORCAS IDALMY PERALTA GALVEZ, como parte recurrente; siendo recurrido el señor MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZÁN, representado en juicio por el abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES. OBJETO DEL PROCESO: “SE PROMUEVE DEMANDA REIVINDICATORIA DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO”, promovida en fecha 20 de abril del año 2016, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por la abogada DORCAS IDALMY PERALTA GALVEZ, actuando en su condición de representante procesal del señor ARMANDO SANCHEZ MORAZÁN, quien es mayor de edad, soltero, Anestesiólogo, hondureño y de este domicilio, contra el señor MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZÁN, quien es mayor de edad, hondureño, Arquitecto y de este domicilio. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha 16 de agosto del año 2018, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada en 26 de enero del año 2018, por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, quien dictó sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR LUGAR, la Demanda Ordinaria para que se declare la Reivindicación de Dominio de un bien inmueble, interpuesta por la abogada DORCAS IDALMY PERALTA GÁLVEZ, en su condición de Representante Procesal del señor ARMANDO SÁNCHEZ MORAZÁN.- SEGUNDO: CONDENA: A: Que la parte demandada proceda a restituir el inmueble objeto de litigio y que fue descrito en la presentación de la demanda.- B: En caso que las mejoras efectuadas por el demandado en el inmueble a reivindicar fueran aquellas que no pueden ser removidas sin detrimento de las mismas el demandante deberá, previo a la restitución del inmueble objeto del presente proceso ordenada al demandado, abonar el valor de las mismas u ofrecer como lo dice la ley las garantías suficientes para tal efecto. TERCERO: contra el presente fallo cabe recurso de apelación que deberá promoverse conforme a lo ordenado en el Código Procesal Civil. CUARTO: SIN COSTAS en virtud de considerar este Tribunal que cada parte deberá abonar las costas causada a su instancia, en virtud que si bien es cierto que se determinó el dominio a favor del demandante el mismo logro dicha titularidad en razón de la renuncia de los derechos hereditarios efectuados por el demandando y los demás herederos, así mismo por la existencia de mejoras efectuadas por el demandando que le hacen acreedor al reconocimiento de un derecho sobre el valor de las mismas, por lo que no aplicaría en el presente caso las costas por el principio de vencimiento en virtud de que ambas partes deberán ejecutar las acciones reciprocas ordenadas en el presente fallo y MANDA que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno en su contra quede firme el presente fallo.- Se resuelve hasta esta fecha por exceso de trabajo, celebración de audiencias, emisión de autos motivados y sentencias emitidas guardando el orden y antigüedad de los asuntos pendientes de estudio de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales, y por el estudio minucioso de las presentes diligencias requirió más tiempo de lo previsto dictándose hasta esta fecha de conformidad en el Artículo 121 del Código Procesal Civil.- Así como por haber transcurrido el término de la semana Morazánica y el segundo periodo de vacaciones que gozo este poder del Estado.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: La abogada DORCAS IDALMY PERALTA GALVEZ, actuando en su condición de representante procesal del señor ARMANDO SANCHEZ MORAZAN, en fecha 23 de enero del año 2019, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 16 de agosto del año 2018, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo.TERCERO: El abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES, actuando en su condición de representante procesal del señor MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZAN, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES y DORCAS IDALMY PERALTA GALVEZ, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas 15 y 21 de febrero del año 2019, resolviendo este tribunal, mediante proveído de fecha 07 de marzo del año 2019, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. ARTICULO 13 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.VALORACION DE LA PRUEBA. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1. Literal c) del Código Procesal Civil en relación con el artículo 720 nemeral2. Del precitado cuerpo legal. El artículo 13 (valoración de la prueba) del Código Procesal Civil manda: 1.- El juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. 2.- La valoración legal de la prueba solo es admisible en el interrogatorio de las partes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así li indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3.- En todo caso el juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que lo condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad. PRECEPTOS AUTORIZANTES: Los artículos del Código Procesal Civil siguientes: Artículo 3.- DEBIDO PROCESO. - Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la Republica y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. Artículo 4.- CONTRADICCIÓN. - Todas las partes, considerando la dualidad de posiciones, tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional ante de adoptar cualquier decisión que afecte directa o indirectamente la resolución que ponga fin al proceso que deba dictarse, bien en la instancia, bien en los recursos, en cualquier proceso ordinario o especial, así como para la adopción de medidas cautelares y en la fase de ejecución, salvo que voluntariamente se coloquen en situación de rebeldía, o que sea contraria la audiencia a la propia finalidad del acto, lo que deberá estar expresamente previsto. Artículo 5.- IGUALDAD. Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad de las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole CONCEPTO DE LA INFRACCION: En la valoración de la prueba la Honorable Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán al confirmar la sentencia de primera instancia hace suyos los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva de la precitada sentencia, incurriendo en abierta violación a las reglas de la sana critica en su ley lógica de la derivación, así como en su principio de la razón suficiente, al atribuir a cierta prueba alcances probatorios que no posee. Dicta violación se configura de la manera siguiente: La sentencia definitiva de fecha 26 de enero del 2018, proferida por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, establece en su parte dispositiva numeral segundo Literal b) lo siguiente: “En caso que las mejoras efectuadas por el demandado en el inmueble a reivindicar fueran de aquellas que no puede ser removidas sin detrimento de las mismas el demandante deberá, previo a la restitución del inmueble objeto del presente proceso ordenada al demandado, abonar el valor de las mismas u ofrecer como lo dice la ley las garantías suficientes para tal efecto”. En el proceso civil la carga de la prueba se establece en el interés de las partes para demostrar sus afirmaciones, es decir, quien alega un hecho debe comprobarlo, incluso en materia de obligaciones la carga probatoria de las obligaciones le incumbe al actor, mientras el demandado debe probar su extinción. Resulta que al momento de evacuarse el medio de prueba reconocimiento judicial propuesto a favor de mi representado, cuyo único extremo era demostrar que el ahora demandado MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZÁN, se encontraba en posesión ilegitima del inmueble propiedad de mi poderdante, se le permitió al demandado aportar documentos que supuestamente acreditaban las mejoras que según él realizo en el inmueble objeto de reivindicación, lo cual no pudo demostrar, ya que la aludida sentencia en su numeral sexto establece: “Observación: Parte demandada señor MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZÁN: Yo he invertido en la casa de mi mamá la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS por mi trabajo, se entrega en este instante a la señora Juez diseños de planos de la vivienda; una libreta de taquigrafía y un recibo por la cantidad de CUATRO MIL SETECIETOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVO (L.4,786.73)”. - La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán al confirmar la sentencia de primera instancia ha valorado la prueba de reconocimiento judicial en forma antojadiza y parcializada, al consignar hechos que no constan en la precitada prueba, al establecer que de conformidad al principio de inmediación el cual es vinculante a la Juez de primera instancia, le hizo llegar a la conclusión de considerar que efectivamente se habían realizado mejoras útiles al inmueble objeto de discordia y que cuando menos se pudo determinar por medio de un recibo un valor cuantitativo de las referidas mejoras, las que no fueron objetados o cuestionadas por su contraparte, agregando que no fue acreditado acervo probatorio alguno que justificare su falta de utilidad y pertinencia, pero resulta que el demandado MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZÁN, en ningún momento durante la secuela del presente juicio, aporto prueba alguna mediante la cual haya probado de manera fehaciente e indubitada mejoras en el inmueble objeto de reivindicación, con lo cual no cabe duda que el tribunal de segundo grado razona hechos distintos a los estructurados como una verdad fáctica según los hechos probados, al ser distintos a los hechos valorados por dicho tribunal, violentando de esta forma las reglas de la sana critica en su ley lógica de la derivación, así como en su principio de razón suficiente. Sumado a lo anterior el tribunal de alzada da por establecido que por haberse expresado en la evacuación del medio de prueba reconocimiento judicial que existía una remodelación, en forma arbitraria concluye que al demandado le asiste el derecho a ser indemnizado por las mejoras que se encuentran en el inmueble objeto de reivindicación, cuando se dejó establecido que se desconocían los parámetros bajo los cuales se hicieron las mismas; mejoras que el demandado en ningún momento durante la situación de la demanda que nos ocupa, acreditó haberlas realizado con su propio peculio. INCIDENCIA DEL VICIO EN EL FALLO El vicio censurado incide en que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán al confirmar la sentencia de primera instancia hace suyo el convencimiento que previo a la restitución del inmueble objeto del presente proceso, mi representado debe abonar el valor de las mejoras efectuadas supuestamente por el demandado, las cuates con ninguno de sus medios probatorios demostró haberlas realizado, pues únicamente hizo llegar en la evacuación del medio de prueba reconocimiento judicial diseños de planos del inmueble objeto de reivindicación; una libreta de taquigrafía y un recibo por la cantidad de CUATRO MIL SETECIETOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L.4,786.73), consecuentemente desconocemos bajo qué criterios se ha establecido la cantidad de UN MILLÓN DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00) en concepto de mejoras. Por otra parte la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en forma irracional establece que en el presente juicio no fue acreditado acervo probatorio alguno que justificare la falta de utilidad y pertinencia de las mejoras que supuestamente realizo el demandado en el inmueble objeto de reivindicación, y ello es así, porque las supuestas mejoras realizadas por el demandando en ningún momento fueron objeto de litigio, tal como se puede constatar en el escrito de contestación de la demanda de mérito, motivo por el cual no procedía justificar la falta de utilidad y pertinencia de dichas mejoras, ni mucho menos objetar o cuestionar las mismas. Como consecuencia de lo antes expuesto y al haberse consignado en la sentencia impugnada hechos que no constan en la prueba de reconocimiento judicial, así como tampoco en el presente juicio, al establecerse como verdad fáctica que de la precitada prueba se llega al convencimiento que el demandado realizo mejoras por un valor de UN MILLÓN DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00), el tribunal ad-quem estaba en la obligación de motivar la existencia de dicha cantidad, lo cual omitió, infringiendo flagrantemente las reglas de la sana critica en su ley lógica de la derivación, así como en su principio de razón suficiente, de lo que se colige que la sentencia objeto del presente recurso de casación debe casarse por ajustarse este primer motivo a la técnica que exige este recurso extraordinario, al estar debidamente desarrollado y acreditado conforme a los términos a que el mismo se contrae. SEGUNDO MOTIVO INFRACCION DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS ARTÍCULOS 218 Y 219 NUMERALES 1. DEL CODIGO PROCESAL CIVIL QUE POR SU ORDEN REGULAN LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN LAS COSTAS Y EL PRINCIPIO DE VENCIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil. EL concepto de La infracción se explica de La siguiente manera: La Honorable Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán al confirmar la sentencia de primera instancia hace suyos los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva de la precitada sentencia. Es menester indicar, que la sentencia de primera instancia establece en su parte dispositiva numeral cuarto lo siguiente: “SIN COSTAS en virtud de considerar este Tribunal que cada parte deberá abonar las costas causada a su instancia, en virtud que si bien es cierto que se determinó el dominio a favor del demandante el mismo logro dicha titularidad a razón de la renuncia de los derechos hereditarios efectuados por el demandado y los demás herederos, así como por la existencia de mejoras efectuadas por el demandado que le hacen acreedor al reconocimiento de un derecho sobre el valor de las mismas, por lo que no aplicaría en el presente caso las costas por el principio de vencimiento en virtud de que ambas partes deberán ejecutar acciones reciprocas ordenadas en el presente fallo” Este desatinado convencimiento debe ser enmendado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, por lo siguiente: La pretensión principal de La demanda de mérito, se contrae a la reivindicación del dominio sobre un inmueble, cuyo único y Legítimo propietario es mí representado Armando Sánchez Morazán. Dicho inmueble lo adquirió mediante declaración de heredero ab-intestato de su difunta madre Reina Isabel Morazán Valerio, tal como quedó acreditado en el presente juicio. Es menester apuntar que en muchas ocasiones y por diferentes medios, se dialogó con al ahora demandado Marco Antonio Piloña Morazán, para que de manera pacífica desocupara y por ende entregara a mí representado el inmueble de su propiedad, pero resulta, que todos estos intentos resultaron inútiles, ya que el demandado se siente con derecho sobre dicho inmueble, al grado de haber manifestado que de ese lugar no se sale, siendo estos los motivos, por los cuales, mi poderdante se vio obligado a promover la presente demanda. No obstante, de haberse acreditado que con ánimos de llegar a un arreglo extrajudicial mi poderdante, señor ARMANDO SÁNCHEZ MORAZÁN, mediante Acta Notarial se constató la entrega al señor MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZÁN, de un cheque por la cantidad de L.400,000.00, el. cual una vez recibido y gozado del mismo, rehusó continuar la negociación extrajudicial. - Los artículos 218 y 219 numerales 1. del Código Procesal Civil manda: Artículo 218. PARTIDAS QUE INTEGRAN LAS COSTAS. 1. Salvo que se goce del beneficio de asistencia jurídica gratuita, cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados conforme a este Código y a lo dispuesto en el correspondiente Arancel. Artículo 219.- EN PRIMERA INSTANCIA. PRINCIPIO DEL VENCIMIENTO. 1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. De estas disposiciones legales se desprende, que el principio del vencimiento se contrae a que la condena en costas se impone a la parte totalmente vencida, bajo el entendido, que el vencimiento es una noción meramente procesal, vinculada a la suerte de la pretensión, que es el objeto del proceso, independientemente de la justicia o injusticia de la sentencia; ya que el vencimiento consiste puramente en la diversidad formal entre la decisión demandada y aquella obtenida. En el proceso sometido a examen, ha quedado probado que el demandado ha sido condenado totalmente a la pretensión del presente juicio, como ser, que debe restituir a mi representado el inmueble objeto del litigio, lo que trae como consecuencia, que debió haber sido condenado en costas, pues la misma normativa procesal establece que, salvo que se goce del. beneficio de asistencia jurídica gratuita, que no es el caso de autos, cada parte pagará los gastos y costas del proceso. Sumado a lo antes expuesto, cabe mencionar que las mejoras supuestamente realizadas por el demandado sobre el inmueble objeto de reivindicación en ningún momento constituyeron parte de las pretensiones en el proceso que nos ocupa, de lo que se concluye que el tribunal ad quem ha incurrido en infracción de ley por falta de aplicación de los artículos 218 y 219 numerales 1. del. Código Procesal Civil. Con lo antes expuesto, se deja al descubrimiento la exoneración de costas a favor del demandado MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZÁN, pues resulta insólito tratar de comprender, que por el hecho de haber renunciado a sus derechos hereditarios, no debe ser condenado en costas, cuando precisamente por dicha renuncia, debió haber sido condenado, ya que a sabiendas que no tenía derecho alguno sobre el inmueble objeto de reivindicación, de forma antojadiza y sin justificación alguna, le ha impedido a mi representado el libre ejercicio del derecho de propiedad sobre el bien inmueble objeto de la presente demanda. Por lo antes expuesto la sentencia objeto del presente recurso de casación debe casarse por ajustarse este segundo motivo a la técnica que exige este recurso extraordinario, al estar debidamente desarrollado y acreditado conforme a los términos a que el mismo se contrae. TERCER MOTIVO INFRACCION DE LEY POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 888 DEL CODIGO CIVIL. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción se explica de La siguiente manera: La norma que alego como infringida en el presente motivo dispone lo siguiente: Artículo 888 del Código Civil: “El poseedor de buena fe vencido, tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse la demanda. Sólo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el valor venal de la cosa. El reivindicador elegirá entre el pago de lo que valgan al tiempo de la restitución en que consisten las mejoras, o el pago de lo que en virtud de las mismas valiere más la cosa en dicho tiempo.” La Honorable Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán al confirmar la sentencia de primera instancia hace suyos los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva de la precitada sentencia. Es menester indicar, que la sentencia de primera instancia establece entre otras cosas y puntualmente en su parte dispositiva numeral cuarto, que mí representado ARMANDO SÁNCHEZ MORAZÁN logro la titularidad del inmueble objeto de reivindicación a razón de la renuncia de los derechos hereditarios efectuados por el demandado Marco Antonio Piloña Morazán y los demás herederos. Resulta que el mandado del artículo 888 del código civil ha sido aplicado indebidamente por el tribunal de alzada, en virtud de dicha disposición legal reconoce al poseedor de buena fe vencido, el derecho a que se le abonen las mejoras útiles hechas antes de contestarse la demanda. En el presente juicio el demandado Marco Antonio Piloña Morazán bajo ninguna circunstancia puede ser considerado poseedor de buena fe, pues al haber renunciado a los derechos hereditarios de su difunta madre Reina Isabel Morazán Valerio, lo convierte en poseedor de mala fe, pues a sabiendas que no tenía derecho alguno sobre el inmueble objeto de reivindicación, de forma antojadiza y sin justificación alguna, le ha impedido a mi representado el libre ejercicio del derecho de propiedad sobre el bien inmueble objeto de la presente demanda, razón por la cual es improcedente que mí representado previo a la restitución del inmueble en discordia deba reconocerle la cantidad de UN MILLÓN DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00), en concepto de mejoras, ya que el mandato contenido en el artículo 889 párrafo primero del Código Civil es sumamente claro al establecer: “El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles de que habla el Artículo precedente.” Lo anterior sin dejar de mencionar, que el demandando en ningún momento acreditó en el presente juicio haber realizado mejoras sobre el inmueble objeto de reivindicación. Sin Embargo, si se acreditó que con ánimos de llegar a un arreglo extrajudicial mi poderdante, señor ARMANDO SÁNCHEZ MORAZÁN, entregó al señor MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZÁN, un cheque por la cantidad de L.400,000.00, el cual una vez recibido y gozado del mismo, rehusó dar cumplimiento a la negociación extrajudicial. Por lo antes expuesto la sentencia objeto del presente recurso de casación debe casarse por ajustarse este tercer motivo a la técnica que exige este recurso extraordinario, al estar debidamente desarrollado y acreditado conforme a los términos a que el mismo se contrae.” SEXTO: Que el abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “A). PRIMER MOTIVO: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. ARTICULO 13 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. VALORACION DE LA PRUEBA. En este sentido y siendo que el Recurso de Casación, es totalmente formalista, que exige, requisitos indispensables, en su interposición, siendo, entre estos, requisito indispensable sine-quanon, expresar el precepto autorizante, de la causa del Recurso interpuesto, en el caso que sub-judice, se sustentó en el artículo número 719.1, literal c) del Código Procesal Civil, que establecen: SE PODRA IMPUGNAR LA APLICACION E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN……..LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA.- evidentemente, lo resuelto, en las instancias inferiores, no dañan en lo absoluto, los intereses de su representado, por no explicar cuál, es la vulneración, o aplicación, que sufrió, el mismo, (su representado), en ese sentido, es evidente, que olvido, que la infracción, por falta de aplicación al amparo del numeral 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil, que invoco de manera indebida, al no haber expresado cual, es la infracción, se produce, con independencia, de los medios de pruebas, aportados al proceso, por lo que considero, que si lo que pretendía, era que este máximo Tribunal de Justicia, revisara los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas debió expresar de manera ineludible, una explicación lógica y sustentada en derecho, para permitir de esa manera, a este máximo Tribunal de Justicia, de la motivación fáctica, de la Sentencia, para revisar, en su conjunto, su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente al fallo, al no atacar como exprese anteriormente, los hechos, ni la motivación fáctica de la Sentencia, estableciendo, en este extenso y repetitivo, acápite, alegatos, que ya fueron conocidos en las instancias inferiores, considerando, comprendido, este motivo, como precepto autorizante, en los artículos anteriormente indicados del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho, empleadas para la solución de fondo del litigio y en la explicación banal de este motivo, la recurrente, se refiere concretamente, a condena en costas, que absolutamente nada, tienen que ver con el precepto autorizante invocados.- Esto es, sobre la estructuración de la Sentencia, lo que no acontece, en el caso de autos, en virtud, de que la Recurrente, se circunscribe a objetar la valoración de prueba, lo que correspondió a la primera instancia, en base a que en la segunda instancia, no propuso medio de prueba alguno, al respecto, de acuerdo a la exposición, efectuada, de este motivo, requisito indispensable y necesario, en razón de ello, este Honorable Tribunal supremo de Justicia, debe pronunciarse, declarando su inadmisión, en consecuencia y no habiéndose formalizado, este motivo de acuerdo a la Ley, no puedo pronunciarme al respeto, por cuanto la recurrente, no expuso, dicho motivo, de acuerdo con la Ley, siendo por ello improcedente e invalida de plano y mero derecho, la formalización del mismo, siendo evidente, que no aconteció de esa manera, la causa o motivo invocado, ‘por lo que es improcedente su admisión. B) -SEGUNDO MOTIVO: INFRACCION DE LEY, POR FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 218 Y 219 NUMERALES 1, DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, REFERENTES A LAS COSTAS DEL JUICIO. Indica como precepto autorizante, LA RECURRENTE, el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, planteando concretamente, únicamente, la impugnación, sobre la parte dispositiva de la Sentencia, recurrida en cuanto se refiere a la interposición de costas, en primera instancia, en base al principio de vencimiento, lo que es improcedente, en virtud, de que de la simple lectura de la Sentencia confirmada, en segunda instancia, se establece, que la Sentencia Definitiva, fue declarada, con lugar de manera parcial, en base a lo dispuesto en el artículo número 219.2 del Código Procesal Civil, que literalmente establece; SI FUERE PARCIAL LA ESTIMACION O DESESTIMACION DE LAS PRETENSIONES, CADA PARTE ABONARA LAS COSTAS CAUSADAS A SU INSTANCIA Y LAS COMUNES POR MITAD, por lo cual consideramos, que no constituye motivo ni infracción legal alguna, recurrible, lo resuelto de conformidad a derecho y atacado de manera indebida, por lo cual, no puedo pronunciarme adicionalmente a lo expuesto por parte de la recurrente, en este acápite, debiendo declarar inadmisible también este motivo, y C).- TERCER MOTIVO: INFRACC!ON DE LEY, POR APLICACION INDEBIDA DEL ARTICULO NUMERO 888 DEL CODIGO CIVIL. Consideramos por nuestra parte, que lo expresado en este acápite, no constituye motivo, alguno de Casación, ya que lo invocado, es una cuestión de mero derecho, establecido en dicho artículo, sumado a ello, la JUEZ AD-QUO, percibió y determino con sus propios sentidos, la evidente, existencia material de mejoras adicionales, incorporadas en el Inmueble objeto de Reivindicación de Dominio, en razón de lo cual, no alcanzamos a comprender, cual, es el daño o agravio que le causa al representado de la Recurrente, si también es de pleno conocimiento, que la Ley establece, que todo poseedor es de buena fe, salvo prueba en contrario y en el caso, que nos ocupa, no se demostró el extremo, alegado de mala fe, es un hecho irrebatible, a percepción que efectuó in sito la Juez Ad-Quo, por lo cual, tal como lo establece el artículo invocado, tiene derecho, el demandado poseedor del bien inmueble, objeto de litigio, vencido en Juicio, percibir por parte del demandante, que aquel, le abone las mejoras útiles, incorporadas en el Inmueble, las que evidentemente fueron construidas por el demandado, a sus expensas, antes de la fecha de dar contestación a la demanda, quedando a opción del Reivindicador, pagar las mejoras de o que valgan las mejoras al tiempo de la restitución en que consisten las mejoras o pagar lo que en virtud de dichas mejoras valiera mas la cosa en dicho tiempo, por lo cual, lo expuesto en el escrito de formalización del Recurso de Casación, interpuesto, no constituye motivo alguno, en detrimento de su representado, es decir que tanto el juez Ad-quo como el Tribunal Ad-Quem, efectuaron aplicación e interpretación correcta de la norma que se empleó para la solución de fondo del litigio, en razón de ello, es improcedente lo expuesto en este motivo, porque sencillamente no se ha vulnerado dicha norma, y por ello debe declararse también inadmisible, este motivo. En conclusión, consideramos defectuosa, la presentación del libelo, que contiene el Recurso, por parte de la impetrante, ante la inobservancia de las formalidades necesarias e indispensables, para la interposición del Recurso de Casación, en esta fase procedimental, es por ello, que hace procedente, SU INADMISION, por concurrir en los tres (3) motivos expuestos, a causa prevista en el numeral 2, literal a) del artículo número 723 del Código Procesal Civil, que literalmente establece: EL RECURSO SOLO PODRA INADMITIRSE POR LAS CAUSAS SIGUIENTES: INCUMPLIMIENTO, DE LAS EXIGENCIAS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS, POR ESTE CÓDIGO, PARA EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN Y FORMALIZACIÓN, ENTRE LAS QUE COMPRENDE, LA FALTA DE RELACION DE LAS NORMAS DE DERECHO CITADAS COMO INFRINGIDAS, CON LAS CUESTIONES DEBATIDAS Y LA PRETENSION DE QUE SE REVISE, LA INTERPRETACION Y VALORACION DE LA PRUEBAS, concluya, es por as razones, anteriormente expuestas, que considero, que procede, dictar una resolución, motivada, mediante la cual, se decrete la INADMISION a trámite, del Recurso de Casación, planteado, por la Representante Procesal, de la parte demandante, en su condición de recurrente, y como consecuencia, de ello, que se declare firme, la Sentencia, impugnada, con especial condena en costas. En esta instancia, a la censora, devolviendo los antecedentes, junto con la certificación del proveído, que recaiga, al respecto, al Tribunal, de su procedencia, para el estricto cumplimiento, y Ejecución de la Sentencia dictada, de conformidad a derecho, por parte del AD-QUEN, con fecha DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), por ser lo procedente, de conformidad a derecho, ya que pude comprobarse de autos de la simple lectura, que la Sentencia recurrida llena todos y cada uno de los requisitos del artículo precitado, en todos sus numerales e incisos, ya que se expresaron en la misma, los razonamientos facticos y jurídicos, que condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas ofertadas y evacuadas en primea instancia, como consecuencia de ello, la aplicación e interpretación del derecho, incidiendo dicha motivación, aplicación e interpretación, en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, los que fueron considerados individualmente y en su conjunto, e hicieron arribar a as Honorables Señoras Magistradas de esta Corte, a que se ajustaran en este caso concreto, a las reglas de la lógica y de la razón, por lo cual, la Sentencia recurrida, es congruente con la demanda, así como con las demás pretensiones de las partes, que fueron deducidas oportunamente en el Juicio.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Sucintamente la recurrente plantea su primer motivo de casación así: “PRIMER MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- ARTICULO 13 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. VALORACION DE LA PRUEBA. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1. Literal c) del Código Procesal Civil en relación con el artículo 720 numeral 2 del precitado cuerpo legal… PRECEPTOS AUTORIZANTES: Los artículos del Código Procesal Civil siguientes: Artículo 3.- … DEBIDO PROCESO. Artículo 4. CONTRADICCIÓN. Artículo 5.- IGUALDAD. … CONCEPTO DE LA INFRACCION: En la valoración de la prueba la Honorable Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán al confirmar la sentencia de primera instancia hace suyos los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva de la precitada sentencia, incurriendo en abierta violación a las reglas de la sana critica en su ley lógica de la derivación, así como en su principio de la razón suficiente, al atribuir a cierta prueba alcances probatorios que no posee. Dicha violación se configura de la manera siguiente: La sentencia definitiva de fecha 26 de enero del 2018, proferida por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, establece en su parte dispositiva numeral segundo Literal b) lo siguiente: “En caso que las mejoras efectuadas por el demandado en el inmueble a reivindicar fueran de aquellas que no puede ser removidas sin detrimento de las mismas el demandante deberá, previo a la restitución del inmueble objeto del presente proceso ordenada al demandado, abonar el valor de las mismas u ofrecer como lo dice la ley las garantías suficientes para tal efecto”. En el proceso civil la carga de la prueba se establece en el interés de las partes para demostrar sus afirmaciones, es decir, quien alega un hecho debe comprobarlo, incluso en materia de obligaciones la carga probatoria de las obligaciones le incumbe al actor, mientras el demandado debe probar su extinción. Resulta que al momento de evacuarse el medio de prueba reconocimiento judicial propuesto a favor de mi representado, cuyo único extremo era demostrar que el ahora demandado MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZÁN, se encontraba en posesión ilegitima del inmueble propiedad de mi poderdante, se le permitió al demandado aportar documentos que supuestamente acreditaban las mejoras que según él realizo en el inmueble objeto de reivindicación, lo cual no pudo demostrar … La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán al confirmar la sentencia de primera instancia ha valorado la prueba de reconocimiento judicial al consignar hechos que no constan en la precitada prueba, al establecer que de conformidad al principio de inmediación el cual es vinculante a la Juez de primera instancia, le hizo llegar a la conclusión de considerar que efectivamente se habían realizado mejoras útiles al inmueble objeto de discordia y que cuando menos se pudo determinar por medio de un recibo un valor cuantitativo de las referidas mejoras, las que no fueron objetados o cuestionadas por su contraparte, agregando que no fue acreditado acervo probatorio alguno que justificare su falta de utilidad y pertinencia, pero resulta que el demandado MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZÁN, en ningún momento durante la secuela del presente juicio, aporto prueba alguna mediante la cual haya probado de manera fehaciente e indubitada mejoras en el inmueble objeto de reivindicación, ... INCIDENCIA DEL VICIO EN EL FALLO El vicio censurado incide en que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán al confirmar la sentencia de primera instancia hace suyo el convencimiento que previo a la restitución del inmueble objeto del presente proceso, mi representado debe abonar el valor de las mejoras efectuadas supuestamente por el demandado, las cuales con ninguno de sus medios probatorios demostró haberlas realizado …” 1.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL: El presente motivo no es admisible por las razones siguientes: a) Falta de claridad en su exposición, ya que de la lectura no se logra comprender la razón por la cual recurre, ya que indiferentemente menciona que el Ad Quem en su sentencia quebranta distintas normas procesales tales como: I) Valoración probatoria, II) Indebida valoración probatoria, III) Omisión de prueba; todas ellas tienen carácter recursivo diferente a efecto de determinar el agravio por el cual se censura la sentencia venida a recurso, por tanto es obligación de la recurrente presentar cada una de estas supuestas infracciones en motivos separados, respetando la técnica casacional establecida tanto en la ley como en la doctrina. b) No especifica en que consiste su solicitud casacional en cuanto al control de la motivación fáctica de la sentencia, ya que no concreta en que debe versar el estudio casacional, ya sea de su existencia, su suficiencia, su racionalidad, o su carácter lógico. c) La recurrente denuncia dos pretensiones de manera indiscriminada al amparo de un mismo motivo, ya que por un lado habla de las mejoras materiales realizadas en un bien inmueble y de manera dubitativa nos habla sobre un derecho de reivindicación, por tanto, carece de una debida observancia a la técnica casacional. 2. Sucintamente se transcribe lo planteado por la recurrente en su segundo motivo de casación: SEGUNDO MOTIVO INFRACCION DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS ARTÍCULOS 218 Y 219 NUMERALES 1. DEL CODIGO PROCESAL CIVIL QUE POR SU ORDEN REGULAN LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN LAS COSTAS Y EL PRINCIPIO DE VENCIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil. EL concepto de La infracción se explica de La siguiente manera: La Honorable Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán al confirmar la sentencia de primera instancia hace suyos los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva de la precitada sentencia. Es menester indicar, que la sentencia de primera instancia establece en su parte dispositiva numeral cuarto lo siguiente: “SIN COSTAS en virtud de considerar este Tribunal que cada parte deberá abonar las costas causada a su instancia, en virtud que si bien es cierto que se determinó el dominio a favor del demandante el mismo logro dicha titularidad a razón de la renuncia de los derechos hereditarios efectuados por el demandado y los demás herederos, así como por la existencia de mejoras efectuadas por el demandado que le hacen acreedor al reconocimiento de un derecho sobre el valor de las mismas, por lo que no aplicaría en el presente caso las costas por el principio de vencimiento en virtud de que ambas partes deberán ejecutar acciones reciprocas ordenadas en el presente fallo” Este desatinado convencimiento debe ser enmendado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, por lo siguiente: La pretensión principal de La demanda de mérito, se contrae a la reivindicación del dominio sobre un inmueble, cuyo único y Legítimo propietario es mí representado Armando Sánchez Morazán. Dicho inmueble lo adquirió mediante declaración de heredero ab-intestato de su difunta madre Reina Isabel Morazán Valerio, tal como quedó acreditado en el presente juicio. … De estas disposiciones legales se desprende, que el principio del vencimiento se contrae a que la condena en costas se impone a la parte totalmente vencida, bajo el entendido, que el vencimiento es una noción meramente procesal, vinculada a la suerte de la pretensión, que es el objeto del proceso, independientemente de la justicia o injusticia de la sentencia; ya que el vencimiento consiste puramente en la diversidad formal entre la decisión demandada y aquella obtenida. En el proceso sometido a examen, ha quedado probado que el demandado ha sido condenado totalmente a la pretensión del presente juicio, como ser, que debe restituir a mi representado el inmueble objeto del litigio, lo que trae como consecuencia, que debió haber sido condenado en costas, pues la misma normativa procesal establece que, salvo que se goce del beneficio de asistencia jurídica gratuita, que no es el caso de autos, cada parte pagará los gastos y costas del proceso. Sumado a lo antes expuesto, cabe mencionar que las mejoras supuestamente realizadas por el demandado sobre el inmueble objeto de reivindicación en ningún momento constituyeron parte de las pretensiones en el proceso que nos ocupa, de lo que se concluye que el tribunal ad quem ha incurrido en infracción de ley por falta de aplicación de los artículos 218 y 219 numerales 1. del. Código Procesal Civil. 2.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. La recurrente hace uso de la causal recursiva establecida en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil que establece: “se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”; sin embargo en este motivo considera como infringidos por la sentencia recurrida, las normas establecidas en artículos 218 y 219 numeral 1 del Código Procesal Civil que son disposiciones de orden procesal y no ponen fin al pleito, por tanto, este motivo no puede ser considerado como causal casacional por no apegarse a lo dispuesto en el artículo 717 del Código Procesal Civil. Procede agregar que la condena en costas por sí sola obedece, en primer término, al principio de vencimiento y, en segundo caso, ésta es una condena accesoria que impone el Juez a la parte vencida en un proceso o en una incidencia, de resarcir al vencedor los gastos que le ha causado el proceso. 3. La recurrente formaliza su TERCER MOTIVO así: “Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción se explica de la siguiente manera: La norma que alego como infringida en el presente motivo dispone lo siguiente: Artículo 888 del Código Civil: “El poseedor de buena fe vencido, tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse la demanda. Sólo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el valor venal de la cosa. El reivindicador elegirá entre el pago de lo que valgan al tiempo de la restitución en que consisten las mejoras, o el pago de lo que en virtud de las mismas valiere más la cosa en dicho tiempo.” La Honorable Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán al confirmar la sentencia de primera instancia hace suyos los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva de la precitada sentencia. Es menester indicar, que la sentencia de primera instancia establece entre otras cosas y puntualmente en su parte dispositiva numeral cuarto, que mí representado ARMANDO SÁNCHEZ MORAZÁN logro la titularidad del inmueble objeto de reivindicación a razón de la renuncia de los derechos hereditarios efectuados por el demandado Marco Antonio Piloña Morazán y los demás herederos. Resulta que el mandado del artículo 888 del código civil ha sido aplicado indebidamente por el tribunal de alzada, en virtud de dicha disposición legal reconoce al poseedor de buena fe vencido, el derecho a que se le abonen las mejoras útiles hechas antes de contestarse la demanda. En el presente juicio el demandado Marco Antonio Piloña Morazán bajo ninguna circunstancia puede ser considerado poseedor de buena fe, pues al haber renunciado a los derechos hereditarios de su difunta madre Reina Isabel Morazán Valerio, lo convierte en poseedor de mala fe, pues a sabiendas que no tenía derecho alguno sobre el inmueble objeto de reivindicación, de forma antojadiza y sin justificación alguna, le ha impedido a mi representado el libre ejercicio del derecho de propiedad sobre el bien inmueble objeto de la presente demanda, razón por la cual es improcedente que mí representado previo a la restitución del inmueble en discordia deba reconocerle la cantidad de UN MILLÓN DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00), en concepto de mejoras, ya que el mandato contenido en el artículo 889 párrafo primero del Código Civil es sumamente claro al establecer: “El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles de que habla el Artículo precedente.” Lo anterior sin dejar de mencionar, que el demandando en ningún momento acreditó en el presente juicio haber realizado mejoras sobre el inmueble objeto de reivindicación. Sin Embargo, si se acreditó que con ánimos de llegar a un arreglo extrajudicial mi poderdante, señor ARMANDO SÁNCHEZ MORAZÁN, entregó al señor MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZÁN, un cheque por la cantidad de L.400,000.00, el cual una vez recibido y gozado del mismo, rehusó dar cumplimiento a la negociación extrajudicial. Por lo antes expuesto la sentencia objeto del presente recurso de casación debe casarse por ajustarse este tercer motivo a la técnica que exige este recurso extraordinario, al estar debidamente desarrollado y acreditado conforme a los términos a que el mismo se contrae.” 3.1. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL: Este motivo no es admisible ya que la recurrente falta a la técnica casacional al denunciar indistintamente la infracción de diferentes normas en su argumentación, ya que por un lado considera como norma infringida el artículo 888 del Código Civil, explicando las razones por las cuales considera que dicha norma le causa agravio, no obstante acto seguido agrega otros motivos casacionales que por su naturaleza deben denunciarse por separado, particularmente cuando dice: “ya que el mandato contenido en el artículo 889 párrafo primero del Código Civil es sumamente claro al establecer: “El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles de que habla el Artículo precedente.”, para que párrafo seguido cambie radicalmente el sentido recursivo del motivo al denunciar: “ …Lo anterior sin dejar de mencionar, que el demandando en ningún momento acreditó en el presente juicio haber realizado mejoras sobre el inmueble objeto de reivindicación. Sin Embargo, si se acreditó que con ánimos de llegar a un arreglo extrajudicial mi poderdante, señor ARMANDO SÁNCHEZ MORAZÁN, entregó al señor MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZÁN, un cheque por la cantidad de L.400,000.00, el cual una vez recibido y gozado del mismo, rehusó dar cumplimiento a la negociación extrajudicial…”; lo que representa instar la revisión tanto de los hechos del proceso como la revisión probatoria, lo que no es procedente en la causal utilizada. Todo ello inobserva lo establecido en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil por no separar en motivos independientes y con los requisitos mínimos establecidos por ley los diversos agravios arriba descritos, impidiendo por tanto una respuesta que pueda ser acorde a derecho. 4. En vista de todo lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de lo cual esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que establecen las causales de inadmisión previstas en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 a) y b), 724, 725 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y resuelve: 1. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación en sus tres motivos, formalizado por la abogada DORCAS IDALMY PERALTA GALVEZ en su condición de procuradora judicial del señor ARMANDO SANCHEZ MORAZAN, en contra de la sentencia definitiva proferida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 16 de agosto del año 2018. 2. Declarar firme la sentencia recurrida de la cual se ha hecho mención, contentiva en el expediente de apelación número 03329-16, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2016-03329-CPCO. 3. Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado Wilfredo Mendez Romero. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de junio del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 58=2019.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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