Sentencia CC-55-19 — Registro 14190
Resumen
En segunda instancia se revocó la sentencia dictada por el Aquo de la siguiente manera: (Sic) “falla: primero declarar con lugar el recurso de apelación, en la Demanda por vía del proceso declarativo ordinario, para el pago de tres millones, setecientos ocho mil, setecientos sesenta y dos lempiras con cincuenta y nueve centavos (L 3,708,762.59) y la vez en la demanda de pago de una indemnización por daños derivados de la negligencia en que incurrió la entidad contrademandada, más a título de perjuicios los intereses al tipo legal mercantil. Declarando con lugar la demanda de pago ordinaria de pago de daños y perjuicios promovida. segundo: condenar a la sociedad mercantil Ferretería Monterroso S.A de C.V a pagar más intereses legales del siete 7% por ciento desde la presentación de la demanda equivalentes a un año, siete meses y quince días, la suma de doscientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco lempiras con ochenta y un centavos, más los intereses que se continúen generando y costas del proceso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “4.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. La Sala, luego del estudio del Primer Motivo estima la no admisibilidad del mismo, ello debido a que el impetrante incurre en falencias de tipo recursivo, y que tienen que ver con lo siguiente: a) Observa la Sala que de manera errónea y bajo el precepto autorizante del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que está referido a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo de litigio; se pretende que se haga revisión sobre la probable vulneración de una norma procesal, como resulta ser el artículo 219.1 del Código Procesal Civil, sobre tal cuestión es menester aclarar que si se trata de plantear en el motivo la posible violación de una norma procesal, el precepto autorizante que posibilita la entrada a estudio por parte de la Sala de tal infracción es el artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil; y b) El impetrante cuestiona el fallo de segunda instancia básicamente porque en el mismo debió condenarse en costas en la Demanda de Reconvención; para ello señala la interpretación errónea del artículo 219.1 del Código Procesal Civil, procede agregar que la condena en costas por sí sola obedece en primer término al principio de vencimiento y en el segundo caso ésta es una condena accesoria que impone el Juez a la parte vencida en un proceso o en una incidencia, de resarcir al vencedor los gastos que le ha causado el proceso, por lo que el motivo de casación resulta manifiestamente infundado y consecuentemente es inadmisible de conformidad con el artículo 723.2 b) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 letra b (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “Respecto de lo expuesto en el Segundo Motivo, la Sala tiene a bien señalar que el mismo no se puede admitir, toda vez que el recurrente incurre nuevamente en errores propios de la técnica recursiva, lo que consecuentemente concita la inadmisibilidad del motivo, falencias que tienen que ver con lo siguiente: a) La falta de precisión del motivo, ello porque invoca de manera general como Precepto Autorizante el artículo 719.1 del Código Procesal Civil, es preciso señalar que el referido artículo está compuesto por tres literales, mismos que difieren entre sí, como posibles causales recursivas; b) Falta de claridad y separación, ya que se pretende que en forma conjunta la Sala se pronuncie sobre la probable vulneración de una serie de artículos de carácter procesal y normas constitucionales, al respecto es menester señalar que indefectiblemente quien pretenda interponer recurso de casación deberá delimitar artículo por artículo y plantear su vulneración en motivos separados; c) Observa la Sala que respecto de los artículos procesales que se invocan como vulnerados, tres de ellos están referidos a la estructura de las sentencias en cuanto a requisitos formales e internos de la misma, y el otro que se cita como vulnerado, está referido a la condena en costas; nuevamente la Sala ilustra que el impetrante devenía en hacer separación, exponiendo la vulneración de cada uno de ellos en motivos separados, y en el caso concreto del artículo referido a la condena en costas, nuevamente se reitera, que tal situación es accesoria de la cuestión principal, por lo que el motivo de casación resulta manifiestamente infundado y consecuentemente es inadmisible; y d) Se pretende que la Sala en forma conjunta se pronuncie sobre la probable vulneración de los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República, el primero de ellos referido al debido proceso y el segundo a la responsabilidad de los servidores del Estado. Sobre la probable vulneración de normas constitucionales, la Sala reitera una vez más, que tal posibilidad es factible en vía casacional civil, únicamente en aquellos casos, en los que la normativa procesal civil lo permite. 6.- La defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los dos motivos de casación expuestos, la causa prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, siendo ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:SON PARTES: La sociedad mercantil denominada Agencia Aduanera Castellanos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Fijo; representada en juicio por el abogado Saúl Muñoz Orellana, como recurrente; siendo recurrida la sociedad mercantil denominada Ferretería Monterroso S.A. de C.V., representada en juicio por el abogado Rafael Eduardo Murillo Coto. OBJETO DEL PROCESO: “SE PROMUEVE DEMANDA DE PAGO POR EL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO”, promovida en fecha 27 de enero del año 2017, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, actuando como representante procesal de la empresa mercantil AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO, contra la empresa mercantil FERRETERIA MONTERROSO, S.A. DE C.V., a través de su representante legal el señor Rolando Monterroso, quien es mayor de edad, casado, comerciante, hondureño; así como la demanda ordinaria de pago de daños derivados de negligencia mas intereses a título de perjuicios promovida por vía de reconvención, por el abogado Omar Alexis Claros como representante procesal de la entidad mercantil denominada FERRETERIA MONTERROSO S.A. de C.V., contra la AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha 12 de septiembre del año 2018, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: (Sic) “FALLO: Por lo anterior este Juzgado Falla declarando: 1) Con lugar la demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios Promovida por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA como apoderado legal de la Empresa Mercantil denominada AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO.- Contra la empresa Mercantil denominada FERRETERIA MONTERROSO S.A. a través de su representante legal ROLANDO MONTERROSO; 2) Condenar a la Sociedad Mercantil FERRETERIA MONTERROSO, S.A DE C.V a pagar a la Sociedad Mercantil AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS, S. DE R.L., la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS más intereses legales desde la presentación de la demanda equivalentes a un año siete meses quince días la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS. Mas los intereses que se continúan generando y costas del Proceso. 3) Sin Lugar la demanda ordinaria de pago de daños derivados de negligencia mas intereses a título de perjuicios promovida por el Abogado OMAR ALEXIS CLAROS como apoderado legal de la entidad Mercantil denominada FERRETERIA MONTERROSO S.A de C.V. para el pago de la suma de CUATROCIENTOS MIL CIENTOCUARENTA Y NUEVE DOLARES CON ONCE CENTAVOS más la suma de UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS contra la Sociedad Mercantil AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS, S. DE R.L 5) Se absuelve a la Agencia Aduanera Castellanos Sociedad de Responsabilidad Limitada Capital Fijo del pago de la obligación reclama en este proceso vía reconvención. 4) Se condena en costas en la demanda Principal y costas en la demanda promovida vía reconvención. 5) Esta Sentencia admite recurso de Apelación el que debe interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación ante este mismo Juzgado por escrito expresando los agravios que le causa la misma. Hasta este día se dicta esta sentencia en virtud de tener el suscrito Juez la Coordinación del Tribunal NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: En fecha 03 de diciembre del año 2018, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la dictada por el Aquo de la siguiente manera: (Sic) “FALLA: PRIMERO DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, en su condición de apoderado judicial de entidad mercantil denominada, FERRETERIA MONTERROSO S.A. de C.V, contra la Sentencia definitiva de fecha doce de septiembre del año dos mil dieciocho (F 213), dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la Demanda por vía del proceso declarativo ordinario, para el pago promovida en su contra por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, actuando en su condición de apoderado judicial de la empresa mercantil denominada AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S DE R.L de capital fijo en para el pago de tres millones, setecientos ocho mil, setecientos sesenta y dos lempiras con cincuenta y nueve centavos (L 3,708,762.59) y la vez en la demanda de pago de una indemnización por daños derivados de la negligencia en que incurrió la entidad contrademandada, más a título de perjuicios los intereses al tipo legal mercantil promovida por el abogado OMAR ALEXIS CLAROS en su condición de apoderado judicial de la entidad denominada FERRETERIA MONTERROSO S.A de C.V contra la entidad AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S DE RL por vía de reconvención, por la suma de cuatrocientos mil, ciento cuarenta y nueve dólares con once centavos de dólar (L 400,149.11) mas la suma de un millón cuarenta y tres mil, quinientos veintidós lempiras con sesenta y un centavos (L 1,043,522.61).- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho (F 213), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes.- En consecuencia y de conformidad al contenido del artículo 715.4 del Código Procesal Civil, se procede resolver directamente la sentencia definitiva, así: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la Demanda de Pago ordinaria de pago de daños y perjuicios promovida por el abogado SAUL NUÑOZ ORELLANA como apoderado legal de la empresa mercantil denominada AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S DE R.L Capital fijo, contra la empresa mercantil denominada FERRETERIA MONTERROSO S.A de C.V, a través de su representante legal el señor ROLANDO MONTERROSO.- SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad mercantil FERRETERIA MONTERROSO S.A de C.V a pagar a la sociedad mercantil AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S DE R.L Capital fijo, la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS más intereses legales del siete 7% por ciento desde la presentación de la demanda equivalentes a un año, siete meses y quince días, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS, mas los intereses que se continúen generando y costas del proceso.- TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR la demanda ordinaria de pago de daños derivados de negligencia mas intereses a título de perjuicios, promovida por el abogado OMAR ALEXIS CLAROS como apoderado legal de la entidad mercantil denominada FERRETERIA MONTERROSO S.A de C.V para el pago de la suma de CUATROCIENTOS MIL, CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON ONCE CENTAVOS más la suma de UN MILLON, CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS contra la sociedad mercantil denominada AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S DE RL.- CUARTO: SE ABSUELVE a la AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S DE RL DE capital fijo del pago de la obligación reclamada en este proceso vía reconvención.- QUINTO: SIN COSTAS en primera instancia.- Y MANDA. Que se notifique esta sentencia a las partes y que, al estar firme, con la certificaron de estilo se devuelva al Juzgado de su Procedencia para su cumplimiento. - SIN COSTAS en segunda instancia. - NOTIFIQUESE.” TERCERO: El abogado Saúl Muñoz Orellana, actuando en su condición de representante procesal de la empresa mercantil denominada AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO, en fecha 23 de enero del año 2019, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 03 de diciembre del año 2018, dictado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El abogado Rafael Eduardo Murillo Coto, actuando en su condición de apoderado de Ferretería Monterroso S.A. de C.V., presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los abogados Saúl Muñoz Orellana y Rafael Eduardo Murillo Coto, actuando en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas 25 de febrero del año 2019, resolviendo este tribunal, mediante proveído de fecha 07 de marzo del año 2019e, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: La parte recurrente plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la manera siguiente: (Sic) “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Se impugna la interpretación errónea del Artículo 219.1 del Código Procesal Civil, que ha debido emplearse para la solución del fondo del litigio, impugnándose parcialmente la parte dispositiva en cuanto al numeral Quinto de la Sentencia recurrida. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación se encuentra comprendida en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil. LA VIOLACION LA EXPLICO ASI: La Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula revocó la Sentencia dictada por el Juez A quo en fecha 12 de septiembre del 2018 y en su lugar procedió a dictar la Sentencia, mediante la cual solo cambio en el numeral quinto que eximió al pago de costas, pues en el caso que nos ocupa la Empresa demandada FERRETERIA MONTERROSO, S.A. de C.V., fue totalmente vencido en la Demanda de Reconvención que promovió contra AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS, S. de R.L., en consecuencia la Corte recurrida interpreto erróneamente el Artículo 219.1 del Código Procesal Civil, en virtud que el principio del vencimiento se contrae a que la condena en costas se impone a la parte totalmente vencida como ocurre en el caso de autos, que la pretensión de la demandante FERRETERIA MONTERROSO, S.A. de C.V., fue rechazada totalmente por infundada por lo que debió condenarse en costas en la Demanda de Reconvención en la que reclamaba el pago de CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON ONCE CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS más UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS por concepto de sumas pagadas por cargos generados cuando operó la AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS, S. de R.L. de capital fijo. Por lo que deberá admitirse este motivo y casarse la Sentencia. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Violación de las normas contenidas en los Artículos 200, 206 y 207 en relación con el Articulo 720.2 del Código Procesal Civil y con los Artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719 párrafo primero numeral uno del código Procesal Civil. LA VIOLACION LA EXPLICO ASI: Habiendo la Corte recurrida revocando la Sentencia y en su lugar procedió a dictar la que estimo procedente, habiendo revocado únicamente el numeral Quinto donde expresa que exime de pago de costas a la Empresa denominada FERRETERIA MONTERROSO, S.A. de C.V., y en la motivación fáctica y jurídica en lo relacionado al número quinto la Corte expresa: “…… no es menos cierto que el valor condenado en concepto de intereses no fue por la misma cantidad pretendida, sino por una cuantía menor, consecuentemente se entiende que la demandada no fue completamente vencida en juicio, pues no fue condenada por la totalidad de lo que pretendía la demandante en su demanda, y en aplicación del Artículo 219.2 del código Procesal Civil cada parte abonara las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, en consecuencia en la demanda principal a cada parte le toca abonar a sus propias costas y no como se refiere en la Sentencia objeto del presenta Recurso ……., lo recogido en el numeral anterior y que hace suyo la Corte recurrida, ha cometido en error de apreciación, pues en el caso de autos la parte demandada contrademandó a la AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS, S. de R.L. de capital fijo reclamando el pago de CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON ONCE CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS mas UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VIENTIDOS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS, en esta demanda FERRETERIA MONTERROSO, S.A. de C.V., fue vencida totalmente siendo procedente que la Corte respectiva la condenara al pago de costas en cumplimiento de la ley, la Corte recurrida no condena al reconviniente al pago de las costas personales y procesales en el recurso de Apelación interpuesto por el Apoderado procesal de FERRETERIA MONTERROSO, S.A. de C.V., resultando la parte accionante totalmente vencido en la demanda de Reconvención, que tal omisión de condena, quebrantó el Artículo 219.2 del código Procesal Civil, la sentencia recurrida no reúne los requisitos formales que fijan los Artículos 207,y 208 del código Procesal Civil, por no contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y haber incurrido en omisión de pronunciamiento en cuanto a la condena a la parte reconveniente en el pago de costas, pues dicha demandada fue declarada sin lugar, la sentencia también incurre en el vicio de incongruencia, pues la condenación en costas forma parte de pretensión Procesal y no es efecto del proceso, en este sentido la incongruencia negativa equivale siempre a una omisión de pronunciamiento y es una obligación del juez imponerlas al que resulte totalmente vencido en el proceso o en un incidente, por lo que deberá admitir este motivo y casar la Sentencia y dictar la correspondiente.” SEPTIMO: El abogado Rafael Eduardo Murillo Coto, plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la contraparte, y lo hace de la siguiente manera: (Sic) “PRIMERO. ANTE EL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. INTERPRETACION ERRONEA DEL ART. 219.1 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL QUE HA DEBIDO AMPLIARSE EN PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL ASUNTO. El primer motivo sufre de manera marcada dos motivos de inadmisión, que paso a alegar de manera separada y precisa. A.- INDEBIDA TECNICA EN LA REDACCIÓN DEL RECURSO. El recurrente señala como precepto autorizante de su primer motivo de casación Art. 719.2 del Código Procesal Civil (CPC en adelante), que a su vez dispone como motivo correspondiente a la aplicación en interpretación del derecho aplicado para resolver el fondo del asunto. En tal sentido, según la jurisprudencia reiterada de vuestra Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, éste motivo debe entonces impetrar vicio atinente a las normas MATERIALES, es decir las que constituyen, reforman o extinguen derechos individuales de las personas. Así se yuxtaponen las normas materiales ante las normas procesales, las a su vez representan las que determinan el modo de tramitación del juicio. Por tanto, cuando el recurrente cita el precepto autorizante en mención del Art. 7 19.2 de Cód. Procesal Civil, guarda el deber de desarrollar una queja en referencia a la indebida aplicación e interpretación de normas materiales. Sin embargo, al revisar el escrito de casación del recurrente, éste primer motivo incurre en vicio de citar como precepto autorizante el Art. 719.2 del Código Procesal Civil, más en lugar de desarrollar una impetración sobre un vicio de aplicación de norma material, aqueja la falta de aplicación de una norma procesal, el Art. 219 del Código Procesal Civil. Por tanto, ha confundido el motivo con el desarrollo del recurso, y por tanto ha faltado a la técnica de redacción de recurso de casación. y esto ha sido causal de inadmisión del motivo, según las ejecutorias siguiente provenientes de vuestra ilustra Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia: “El recurrente abandona su causa casacional que como se repite, es el artículo 719 numeral 1 inciso c, y solicita el estudio de razonamientos fácticos equivocados, inciertos y carentes de razonamiento jurídico, errores en la aplicación e interpretación del derecho lo que conllevaría un estudio sobre la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas, lo que es propio para la causal no invocada establecida en el numeral 2) del Artículo 719 del citado Código”¹ En el caso presente, se incurren en el vicio de abandono de la causa casacional pero a la inversa de cómo se refleja en el precedente, ya que en el caso presente el recurrente invocó causal de vicio de interpretación en las normas empleadas para resolver el fondo del asunto, más desarrolló un vicio propio de las normas del proceso, como ser el Art. 219 del Código Procesal Civil (En el precedente, el recurrente invocó error procesal más desarrolló un error en empleo de norma material). Aun siendo el vicio ocurrido en sentido inverso, siempre adolece el mismo defecto, que abandona el motivo citado al desarrollar otro ajeno. Y al igual que en el antecedente citado, la consecuencia de tal yerro es la INADMISIÓN del motivo de casación. B.- MATERIA AJENA A LA REVISIÓN EN SEDE DE CASACIÓN. Por otra parte, la materia que aduce como esencia de su impetración es el pronunciamiento en costas al amparo del Art. 219 del Código Procesal Civil, la cual vuestra sala ya ha decidido que no constituye materia revisable en sede de casación “4.- El Impetrante en su Tercer Motivo de Casación alega la indebida interpretación del artículo 219 del Código Procesal Civil, señalando que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.2 deI Código Procesal Civil. Esta Sala de lo Civil es del criterio que el precepto que viene invocando el recurrente como infringido no puede ser examinado en casación por tratarse de una norma de orden procesal que no puede de considerarse como norma de derecho empleada para la solución del fondo del pleito, en tanto que la misma se refiere al principio de vencimiento que debe observarse en la condena de costas, situación que es accesoria de la cuestión principal, por lo que el recurso de casación resulta manifiestamente infundado y consecuentemente es inadmisible de conformidad con el artículo 723 2 b del Código Procesal Civil.“² Art. 716 numeral 2 establece que las normas sobre Casación DEBERAN APLICARSE E INTERPRETARSE EN LA FORMA MAS FAVORABLE A LA FINALIDAD DE LA UNIFICACION DE LA JURISPRUDENCIA, y ante la identidad de los motivos inadmitidos en el fallo invocado con el primer motivo de este recurso, lo que procede es que la Sala Civil resuelva en la forma más favorable a la unificación de la jurisprudencia, es decir, resuelva inadmitir el recurso. Es inobjetable que el precedente reitera la separación entre la materia de costas y el derecho empleado para solucionar el fondo del pleito (Art. 719.2 del CPC), lo cual reafirma la indebida técnica casacionista del recurrente que se denunció como primer motivo de inadmisión en ésta contestación. SEGUNDO.- AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN.- VIOLACION DE NORMAS PROCESALES. A.- INDEBIDA TECNICA CASACIONISTA. Nuevamente en su segundo motivo de casación, el recurrente confunde el motivo de casación con la naturaleza de la queja que pasa a desarrollar. Cita como normas violadas las contenidas en los artículos 200, 206, 207 en relación con el artículo 720.2 del Código Procesal Civil y como precepto autorizante el artículo 719 párrafo primero numeral uno letra C) del inciso numera primero inciso C, ambos del CPC. El inciso 720 menciona de manera expresa que se podrá invocar causal sobre infracción en la forma y contenido a la sentencia vía el Art. 719 .1 inciso C, siempre y cuando se aduzca vicio en la motivación fáctica de la sentencia, es decir sobre los hechos declarados probados y la interpretación probatoria que se ejerció para allegar a tales conclusiones fácticas. Así, ésta causal de vicio debe entrañar al contenido de la sentencia según el Art. 200 numeral 2 inciso B del CPC, sobre la declaración del hecho probado. Entonces la queja debe versar que éste contenido fáctico se ejerce según lógica y sana crítica, al amparo del Art. 207.2 deI CPC y 245 del CPC. Asentada la naturaleza del motivo de casación invocado, sobre la racionalidad y coherencia en la motivación fáctica, entonces debe impetrar en algún tramo de la Sentencia recurrida del Ad Quem (Corte de Apelación) que a su vez incidió en la declaración de hechos probados que había dictado la sentencia de primera instancia. Sin embargo, lo recurrido nuevamente recae sobre el fundamento quinto, que a su vez dirime sobre las costas procesales del Art. 219.2 del CPC, lo cual es materia ajena a la declaración de los hechos probados del caso. Por tanto, nuevamente yerra el recurrente en su redacción del recurso, gestando un recurso confuso y con falta de claridad, al aducir motivo referente a los hechos probados, y luego desarrolla una materia sobre las normas procesales de las costas del proceso, cuestión sin relación con aquel motivo invocado. Para agravar aún más el carácter confuso del recurso de casación, al final de éste segundo motivo pasa a aquejar una supuesta omisión de pronunciamiento sobre alguna pretensión deducida por su parte. Lo que de ser válido causaría a su vez otra causal de recurso por el precepto del Art. 719 numeral 1 inciso C, por omisión de pronunciamiento en cuanto a la condena en costas, en éste caso infrapetita, que es cuando se deja de pronunciar sobre alguna pretensión deducida. Lo cual comporta a su vez una causa de inadmisión, ya que en un mismo motivo confunde la infracción procesal de la sentencia por incoherencia de la motivación fáctica, con otro causal distinto como es la falta de pronunciamiento sobre una pretensión deducida por el demandante. Sigue redactado el motivo contestado, aduciendo que la sentencia incurre en el vicio de incongruencia en relación con la condenación en costas, o sea resalta que en el mismo motivo se alega FALTA DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE COSTAS, cuando en realidad SI HUBO PRONUNCIAMIENTO SOBRE COSTAS QUE FUE ADVERSO AL AHORA RECURRENTE y además INCONGRUENCIA del fallo con lo que acepta que SI HUBO PRONUNCIAMIENTO SOBRE COSTAS. Esto VUELVE INADMISIBLE ESTE MOTIVO, según el precedente de vuestra Honorable Corte Suprema, en relación de los rigores que debe observarse en la técnica de la redacción en sede casación, según siguiente: “Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversos en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso.”³ De igual manera, sobre el argumentar varios agravios distintos en un mismo motivo, vuestra sala también ha dispuesto “Esta Sala de lo Civil aprecia que al momento de citar los preceptos infringidos el censor yerra al citar dos preceptos legales que se deben de atacar en casación por separado uno referente a los requisitos internos de la sentencia (forma) y otro atinente al contenido formal que a su vez contiene al menos tres supuestos que por mandato del Código Procesal civil debieron exponerse por separado, en atención a la exigencia de fundamentar el recurso con la suficiente separación y claridad que impone el artículo 721 del citado código, lo que hace incurrir al recurrente en la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a del mismo código por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por la ley para la interposición y formalización del recurso de casación”⁴ En éste segundo motivo de casación del recurrente, como ya se expuso el quejoso incumple la técnica de redacción exigida por vuestra Sala Civil, ya que arranca éste con un argumento sobre la falta de coherencia o “error de apreciación” e invoca como fundamento legal la falta de racionalidad de la motivación fáctica (Art. 720 inciso 1 del CPC) y luego pasa a aducir yerro por incongruencia de la sentencia a las pretensiones deducidas, ambos argumentos en un mismo motivo. El aducir dos supuestas vulneraciones en un mismo causal constituye una falta de técnica de redacción que comporta la inadmisión por falta de claridad del recurso. Y ésta falta de técnica casacional condena a éste segundo motivo a declararse inadmisible. B.- MATERIA AJENA A LA REVISIÓN EN SEDE DE CASACIÓN. Por otra parte, la materia que aduce como esencia de su impetración es el pronunciamiento en costas al amparo del Art. 219 del Código Procesal Civil, la cual vuestra sala ya ha decidido que no constituye materia revisable en sede de casación “4.- El Impetrante en su Tercer Motivo de Casación alega la indebida interpretación del artículo 219 del Código Procesal Civil, señalando que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Esta Sala de lo Civil es del criterio que el precepto que viene invocando el recurrente como infringido no puede ser examinado en casación por tratarse de una norma de orden procesal que no puede de considerarse como norma de derecho empleada para la solución del fondo del pleito, en tanto que la misma se refiere al principio de vencimiento que debe observarse en la condena de costas, situación que es accesoria de la cuestión principal, por lo que el recurso de casación resulta manifiestamente infundado y consecuentemente es inadmisible de conformidad con el artículo 723 2 b del Código Procesal Civil. “⁵ El anterior precedente condena el fracaso inminente la admisión del motivo de casación, ya que establece que la materia de costas no puede ser examinado en casación, y así la queja del recurrente queda privada de asidero. C.- FALSEDAD DEL VICIO ADUCIDO EN EL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. Finalmente, la queja del recurrente sobre una supuesta omisión al pronunciamiento en costas es falsa. Lo anterior, ya que la sentencia recurrida si goza de pronunciamiento de todas las pretensiones, tanto de la demanda como de la reconvención. Contrario a tal fallido argumento, desde la primera instancia el Juez de Letras dictó fallo en que se pronuncia sobre las dos pretensiones de la demanda (capital e intereses), y luego sobre las de la reconvención. Y a su vez la Corte de Apelación mantuvo lo dispuesto sobre cada pretensión, más únicamente reformó (no omitió) lo dispuesto en relación a las costas procesales y personales. Por tanto, el fallo tanto del A QUO como del AD QUEM cumplen los requisitos exigidos de congruencia exigidos en el Art. 208 del Código Procesal Civil. Así, queda desvanecido el motivo de queja que indebidamente ha ventilado el recurrente. ANEXOS. Se presentan como ANEXOS tres autos irrecurribles de inadmisión dictados por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, citados en este escrito, en los siguientes casos: PRIMERO. S.C. 155-2013, del 30 de abril de 2014. SEGUNDO. - SC 173-2013, del 3 de junio de 2014. TERCERO. - S.C. 03-2012, del 17 de octubre de 2013. ANEXO #1 EXPEDIENTE NUMERO S.C. 155-2013 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, como Coordinadora de Sala, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, designada como Ponente, en la fecha indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La empresa C. DE I. Y M., S.A. DE C.V. (C.), representada en juicio por el Abogado E. O. O., en su condición de recurrente; siendo recurrido el B. D. L. T., S.A., representado en juicio por el Abogado N. G. Z. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION DE HACER Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil cuatro (2004), ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado E. O. A. B., en su condición de Representante Legal de la Empresa C. DE I. Y M., SA. DE CV. (C.), contra el B. D LT. I. ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO: Con fecha veinte (20) de marzo del año dos mil trece (2013), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación la sentencia definitiva de fecha dieciséis (16) de febrero del dos mil nueve (2009), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION DE HACER Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil cuatro (2004), ante el Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado E. O. A. B., en su condición de Representante Judicial de la Empresa C. DE I. Y M., S.A. DE C.V. (C.), contra el B. D. L. T., dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha dieciséis (16) de febrero del dos mil nueve (2009), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el cual falló de la siguiente manera: “FALLA: DECLARANDO CON LUGAR la demanda ordinaria de pago de daños y perjuicios y el cumplimiento de una obligación de hacer interpuesta por el Abogado E. O. A. B., mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil C. DE I. Y M., S.A. DE C.V. (C.), en contra del B. D L T., por medio de su representante legal el señor G. A. Z., mayor de edad, casado, Licenciado en Economía Agrícola, hondureño y de este domicilio, sólo en lo que respecta al cumplimiento de la obligación de hacer exigida.- EXIME en consecuencia a la demandada al pago de los daños y perjuicios exigidos y CONDENA a la demandada Banco de los Trabajadores a proceder a cancelar los gravámenes de hipoteca y prendas que constituyó a su favor la demandante C. DE I. Y M., LA. de C.V. (C.) y que fueron objeto de esta demanda... SIN COSTAS por considerar que la demandada tuvo motivos racionales para litigar”. SEGUNDO: El Representante Procesal de la empresa C. DE I. Y M., S.A de C.V. (C.), Abogado E. O. O., presentó en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil trece (2013), escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil trece (2013), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. TERCERO: Mediante auto de fecha veintiocho (28) de mayo del dos mil trece (2013), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de Casación por parte del Abogado E. O. O., en su condición ya indicada y acordó concederle a la parte contraria el término de diez (10) días hábiles, para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El Representante Procesal del B. D L T., S.A., Abogado N. G. Z., en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil trece (2013), presentó escrito de contestación sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por presentado en tiempo y forma el escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de Casación por parte del Abogado N. G. Z., en su condición ya indicada, ordenando la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los Abogados E. O. O. y N. G. Z., ambos en su condición ya indicada, presentaron sendos escritos de personamiento en fechas seis (06) y siete (07) de agosto del dos mil trece (2013) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de justicia, se les tuvo por personados en tiempo. SEXTO: Que la parte recurrente plantea en su motivo único su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN. SUB MODO. Falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, propiamente de los artículos 200 Numerales 1 y 2 literal c), 206 Numerales 1 y 2, y 207 Numeral 1 del Código Procesal Civil. Precepto autorizante Artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil. Esta falla de la sentencia de segunda instancia se explica así: El artículo 200 Numerales 1 y 2 literal c) del Código Procesal Civil literalmente nos dice: “Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)...,b)...,c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. El artículo 206 Numerales 1 y 2 del mismo Código prescribe lo siguiente: “Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes”. El artículo 207 Numeral 1 del referido Código expresamente señala: “Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho”. Lo resaltado es nuestro. Desarrollamos este motivo único de casación de la siguiente manera; PRIMERO. En el SEGUNDO de los fundamentos de derecho, la sentencia recurrida estima que la institución bancaria demandada ha incurrido en mora con respecto a la obligación de hacer, la que consiste en la entrega de la correspondiente acta de liberación de los gravámenes hipotecario y prendario, por lo que de conformidad con la ley debe pagar los daños y perjuicios causados con dicha negativa, pero la cuantía real de esos daños y perjuicios sólo pueden ser reclamados si prueba en juicio que efectivamente le fueron ocasionados, lo cual no sucedió así. En ese particular aspecto la Empresa Demandante pretendió acreditar tales daños y perjuicios con varias notas consistentes en ofertas hechas por otras empresas dedicadas al mismo rubro de la mencionada Empresa, pero no son notas a las que se les pueda dar un verdadero valor probatorio, por el carácter mismo de tales, aparte de ello fueron rebatidas en juicio, ya que el señor G. S. G., en su condición de Gerente General de la Empresa M. S. G. y A., S. de R.L. envió una nota datada el 29 de julio del año 2005, al Gerente General del B. d I T., S.A., mediante la cual aclaró que las notas referentes a las ofertas para la compra de maquinaria que firmó con fechas 01 de febrero del año 2000 y 20 de Febrero del año 2001, las suscribió a petición de un amigo suyo la Empresa Mercantil denominada C.N DE I. Y M., S.A. DE C.V. (C.), consecuentemente nunca tuvo intención alguna de comprar la máquina que se describió en la susodicha nota, circunstancia que les resta valor probatorio a las restantes notas de ese tipo, y que es en las que se trató de sustentar la pretensión de los daños y perjuicios que alega la empresa demandante, sin existir ninguna otra prueba tendiente a demostrarlos; ……”. Lo resaltado es nuestro. En principio, este fundamento de derecho número SEGUNDO, sostenido por la Corte recurrida para fundamentar su sentencia definitiva, no cumple de una manera estricta con lo prescrito por los artículos 200 Numerales 1 y 2 literal c) y 206 Numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, ya que, en ninguna parte del fundamento de derecho citado y reproducido, la Corte sentenciadora “hace una expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. Por otro lado, tampoco cumple el fallo recurrido en casación con lo dispuesto por el artículo 207 Numeral 1 del referido Código ya que, si bien señala razonamientos facticos equivocados además de ciertos, no hace uso de razonamientos jurídicos, con lo que concluye con errores en la apreciación y valoración de las pruebas, así como en la aplicación e interpretación del derecho. Con lo que se expone a continuación como motivo de casación, no se pretende una revisión de los hechos, ni la interpretación ni valoración de la prueba, sino el señalar los errores cometidos en la sentencia que se recurre, relativo a la forma y contenido de la misma. Así vernos que, en este fundamento SEGUNDO, en la sentencia recurrida, no se especifica por qué no se les pueda dar un verdadero valor probatorio a las notas presentadas como elementos probatorios, ni tampoco aclara en que consiste el “CARÁCTER MISMO DE TALES NOTAS”, dejando una situación de incertidumbre o falta de claridad, pues siempre quedará sin entenderse a que se refiere “el carácter mismo de tales notas”. Este razonamiento fáctico de la sentencia no tiene una relación de causa a efecto con la conclusión a que se arriba al final de la misma. Al quitarle valor probatorio a una de las cinco notas por un medio de prueba proporcionado por la parte demandada, no significa que automáticamente se les quite valor a las demás, pues por la parte demandada no se presentó ninguna otra prueba que demeritara la vigencia y eficacia probatoria de las restantes notas. ¿En que se fundamentó el tribunal para concederle valor probatorio a la nota supuestamente enviada por el Señor G. S. G. y no concederle valor probatorio alguno a las cinco notas proporcionadas de nuestra parte? Todas eran notas, tanto las cinco proporcionadas por la parte demandante como la una presentada por la parte demandada. No pretendemos discutir sobre la interpretación y valoración de la prueba, sino señalar la incongruencia del razonamiento fáctico empleado con la apreciación y valoración de las pruebas, así como con la aplicación e interpretación del derecho. No debe el tribunal de segunda instancia mediante un proceso de ósmosis extensiva, quitarle valor probatorio al resto de las notas sólo porque supuestamente le probaron la falta de valor a una de ellas, por otra nota proporcionada por la parte demandada, la que bien podría obedecer al interés del suscriptor de la misma de quedar bien con la institución bancaria para futuros préstamos y beneficios. La sentencia de primera instancia recurrida en apelación, en ninguno de sus considerandos o motivaciones sostiene que no hay condena al pago de daños y perjuicios, por considerar que las notas de ofertas de compra de maquinarías adolezcan de valor probatorio alguno, mismas notas éstas a las que la sentencia de segunda instancia --a contrario de la de primera, no les concede ningún valor probatorio. De aquí cabe preguntarse, ¿Cómo puede la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil- sosteniendo unos fundamentos de derecho que no los consideró el juez a quo-, estimar que la sentencia de primera instancia está dictada arreglada a derecho, si no hay uniformidad en cuanto a las motivaciones o fundamentos de las sentencias definitivas de ambos tribunales? El simple hecho de la mora de la parte demandada --reconocida en la sentencia recurrida, produce la obligación de pagar daños y perjuicios, cuya existencia es fácilmente deducible como uno de los efectos de la mora, y si bien la cuantía real pueda resultar no totalmente definida a criterio de la Corte recurrida, la ley siempre ha permitido su posterior liquidación, una vez firme la sentencia que declare lugar al pago de daños y perjuicios. SEGUNDO. En el CUARTO de los fundamentos de derecho de la sentencia que se recurre en casación se expresa lo siguiente: “CUARTO: Que es por las razones de hecho y de derecho anteriormente mencionadas, que no son de recibo los agravios esgrimidos por el recurrente, al haberse demostrado que la sentencia dictada por el A-Quo, en cuanto desestima el reclamo de los daños y perjuicios, se encuentra arreglada a derecho”. En relación a lo manifestado en este fundamento de derecho, creemos oportuno señalar que en el considerando que correlativamente podríamos enumerar como el Quinto de la sentencia de primera instancia --referente a las pruebas que apreciaría el juez a quo, en ninguno de sus extremos considera que no se haya probado los daños y perjuicios causados, tal como lo pretende la sentencia que ahora se recurre, al estimar como fundamento de derecho lo señalado en el cuarto de ellos, en el que se refiere a lo señalado en otros fundamentos, y específicamente y aunque no lo enumera, al fundamento segundo. La sentencia de primera instancia en el considerando numeral Sexto correlativamente, estima como causal o motivación para no condenar al Banco de los Trabajadores al pago de los daños y perjuicios reclamados, no el hecho de que no se haya probado la existencia de los mismos como pretende la sentencia de segunda instancia, sino en el elemento del tiempo, el momento en que se presentó la solicitud de firma del acta de cancelación de los gravámenes, estimando que en ese momento la institución bancaria no estaba en mora, resultando más que obvio, que la motivación sostenida por el juez en el considerando sexto citado, no sirve de soporte suficiente para justificar la parte de la sentencia por la que absuelve al B. d I T. de la obligación de pagar daños y perjuicios, porque de cualquier manera que se vea, siempre estuvo en mora de cumplir con su obligación de liberar los gravámenes a favor de C. una vez satisfechos sus créditos. En relación a este fundamento CUARTO de la sentencia que se recurre en casación, es notoria su incongruencia con lo señalado en los considerandos QUINTO y SEXTO de la sentencia de primera instancia, razón por la que podemos concluir que no hay uniformidad en cuanto a las motivaciones o fundamentos de las sentencias definitivas de ambos tribunales, como para que se afirme que la sentencia de primera instancia está dictada arreglada a derecho. “LA SENTENCIA RECURRIDA POR UNA PARTE, NO CONTIENE NINGUNA NORMA JURÍDICA DE FONDO O DERECHO SUSTANTIVO APLICABLE AL CASO CONCRETO, Y POR OTRA, NO HAY CONGRUENCIA ENTRE LOS RAZONAMIENTOS FÁCTICOS Y LOS JURÍDICOS EMPLEADOS EN LA MISMA”. ANEXO #2. EXPEDIENTE NUMERO SC 173-2013 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (3) días del mes de junio de dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, como Coordinadora, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora M. L. A. A., representada en juicio por la Abogada E. C. A. A., como recurrente y La Sociedad I. E .I. S. M., S.A. (I.) y el señor Y. K. K., representados en juicio por la Abogada H. R. E. P.; en su condición de recurridos. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA POR LA VIA DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORDINARIO DECLARATIVO ABREVIADO; SE DECRETE LA NULIDAD DE ESCRITURAS DE TRASPASO DE DOMINIO, SUS PRIMERAS COPIAS Y ASIENTOS REGISTRALES, promovida en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil doce (2012), ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, por la Abogada I. M. J. C., en su condición de Apoderada legal de la señora M. L. A. A., contra el señor Y. K. K. y contra la Sociedad I. E .I. S. M., S.A. (I.).ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, conociendo por vía de apelación el auto definitivo de fecha nueve (09) de enero del año dos mil trece (2013), dictado por el juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio contentivo de la DEMANDA POR LA VIA DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORDINARIO DECLARATIVO ABREVIADO, SE DECRETE LA NULIDAD DE ESCRITURAS DE TRASPASO DE DOMINIO, SUS PRIMERAS COPIAS Y ASIENTOS REGISTRALES, promovida en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil doce (2012), ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, por la Abogada I. M. J. C., en su condición de Apoderada legal de la señora M. L. A. A., contra el señor Y. K. K. y contra la Sociedad Mercantil I. E .I. S. M., S.A. (I.), dictó sentencia CONFIRMANDO el auto definitivo de fecha nueve (09) de enero del año dos mil trece (2013), dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el cual falló de la siguiente manera: Es procedente el sobreseimiento de archivo de las cuestiones realizadas y, en base al artículo 220 numeral 3 de la norma procesal civil en virtud de existir oposición al deseistimiento y de no haber hecho uso de los diez días para subsanar la demanda la parte procesal demandante, y la vez de no existir consentimiento del demandado de dicho desistimiento, se condena en costas a la parte procesal demandante es decir de todas las costas causadas hasta cuando el proceso termino o finalizo de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 451.2 484.2b 220.3 del Código Procesal Civil en la cual es procedente la condena en costa debido en que se ha estado tramitando un proceso en ningún momento se mostró interés de la parte procesal demandante de subsanar el defecto enunciado a la vez en base a los principios rectores en el proceso, se proceda hacer la tasación de las costas de las cuales ha sido condenado el demandante.- SEGUNDO: La Representante Procesal de la señora M. L. A. A., Abogada E. C. A. A., presentó en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil trece (2013), escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés. TERCERO: La Representante Procesal de la Sociedad Mercantil I. E .I. S. M., S.A. (I.), y del señor Y. K. K., Abogada H. R. E. P., en fecha veinte (20) de junio del año dos mil trece (2013), presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tener por devuelto en tiempo y forma el pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación por parte de la Abogada H. R. E. P., en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, la Abogada H. R. E. P., en su condición ya indicada, presento escrito de personamiento en fecha veintidós (22) de julio del año dos mil trece [2013), y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se le tuvo por personada en tiempo. QUINTO: Que la parte recurrente plantea en sus cuatro motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “EXPRESION DE LAS CAUSALES DEL RECURSO DE CASACION. PRIMER MOTIVO: DE INFRACCION, por falta de aplicación del artículo 206.1 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 200.1.2.b) y d) de ese mismo cuerpo legal; PRINCIPIO AUTORIZANTE: Este Motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.1, letra c) en relación con el artículo 720.2 deI Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El concepto de la infracción alegada lo explico de la siguiente forma: Del contenido formal de la sentencia recurrida, en lo referente al apartado de MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA, numeral CUARTO en su parte ultima, el Tribunal A-quem refiere lo siguiente: “En el caso que nos ocupa, esta Alzada considera que debe imponerse costas a la parte demandante en cuanto al incidente del desistimiento, por cuanto si bien es cierto la demandante no fue vencida totalmente en juicio y este finalizo porque no se subsanaron los defectos procesales que el Juez le señalara a la parte actora, las actuaciones de la misma parte demandante hicieron que se dilucidaran incidencias como el desistimiento,…..“; sin embargo, el fallo proferido por el Tribunal de segunda instancia, en su numeral segundo, procedió a confirmar la resolución definitiva dictada por el juzgado A-Quo donde resuelve: “condenar en costas a la parte procesal demandante, es decir de todas las costas causadas hasta cuando el proceso termino o finalizo...”; lo anterior, hace que la motivación fáctica de la sentencia recurrida no sea clara, ni precisa con el fallo proferido por el tribunal de alzada; por cuanto, no es lo mismo, la imposición de costas por el incidente del desistimiento, a una condena en costas de todas las costas causadas hasta cuando el proceso termino o finalizo...; el primer enunciado, se refiere únicamente a las costas causadas por el incidente del desistimiento, y el fallo proferido por el Tribunal A-Quem, que confirma la resolución del Juez A-quo, se refiere a todas las costas causadas hasta cuando el proceso termino o finalizo; es así, que la motivación fáctica de la sentencia recurrida no es clara, ni precisa con el fallo proferido; por tal motivo, solicito mediante este recurso de casación la protección de las normas jurídicas establecidas, para la adecuada aplicación del derecho objetivo. Es por esto que la recurrente, en fundamento al artículo 720.2 solicita al Supremo Tribunal de Justicia, en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para que se revise su racionalidad y carácter lógico, por cuanto la motivación fáctica de la sentencia fija un sentido diferente al fallo proferido, ocasionado una falta de claridad y precisión en la sentencia dictada. SEGUNDO MOTIVO: DE INFRACCION por falta de aplicación del artículo 208.1 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 200.l.2.b) y d) de ese mismo cuerpo legal; PRINCIPIO AUTORIZANTE: Este Motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.1, letra c) en relación con el artículo 720.2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El concepto de la infracción alegada lo explico de la siguiente forma: Del contenido formal de la sentencia recurrida, referente al apartado de MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA, específicamente en el numeral CUARTO parte ultima, el Tribunal A-quem refiere lo siguiente: “En el caso que nos ocupa, esta Alzada considera que debe imponerse costas a la parte demandante en cuanto al incidente del desistimiento, por cuanto si bien es cierto la demandante no fue vencida totalmente en juicio y este finalizo porque no se subsanaron los defectos procesales que el Juez le señalara a la parte actora, las actuaciones de la misma parte demandante hicieron que se dilucidaran incidencias como el desistimiento “; sin embargo, el fallo proferido por el Tribunal de segunda instancia, en su numeral segundo procedió a confirmar la resolución definitiva dictada por el Juzgado A-Quo que resolvió: “condenar en costas a la parte procesal demandante, es decir de todas las costas causadas hasta cuando el proceso termino o finalizo...”; lo anterior, hace que la motivación fáctica de la sentencia recurrida no sea congruente con el fallo proferido por el tribunal de alzada; por cuanto, no es lo mismo, la imposición de costas por el incidente del desistimiento; a la condena en costas de todas las costas causadas hasta cuando el proceso termino o finalizo...; el primer enunciado, se refiere únicamente a las costas causadas por el incidente del desistimiento; y el fallo proferido por el Tribunal A-Quem, que confirma la resolución del Juez A-quo, refiere a todas las costas causadas hasta cuando el proceso termino o finalizo; es así, que la motivación fáctica de la sentencia recurrida no es congruente con el fallo proferido; resulta entonces incongruente la motivación fáctica y el fallo contenido en la sentencia recurrida, por tal motivo solicito mediante este recurso de casación la protección de las normas jurídicas establecidas, para la adecuada aplicación del derecho objetivo. Es por esto que la recurrente, en fundamento al artículo 720.2 solicita al Supremo Tribunal de Justicia, en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para que se revise su racionalidad y carácter lógico, por cuanto la motivación fáctica de la sentencia, fija un sentido diferente al fallo proferido, ocasionado una incongruencia en la sentencia dictada. TERCER MOTIVO: DE INFRACCION, por la indebida interpretación del artículo 219 del Código Procesal Civil, en la sentencia recurrida. PRINCIPIO AUTORIZANTE: Este Motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El concepto de la infracción alegada lo explico de la siguiente forma: el Tribunal A-Quem refiere en la MOTIVACION JURIDICA de la sentencia recurrida, en su numeral cuarto, a las costas procesales, explicando de que se tratan, y a quienes le son impuestas, refiriéndose así al principio de vencimiento, explicando que “se contrae a que la condena en costa se impone al que es totalmente vencido en juicio, es decir, aquella parte contra la cual se dicta el fallo,...”; circunstancia ultima que no acontece en el caso bajo análisis, pues en este proceso nunca se dictó sentencia; que conlleve al vencimiento total, por lo que respecta al demandado, que surge cuando la sentencia acoge todos y cada uno de los pedimentos formulados en el libelo; y por lo que hace al actor, cuando la sentencia desestima todos y cada uno de esos mismos pedimentos; en el caso bajo estudio, no hubo sentencia que profiriera un fallo con los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes; consecuentemente, a la imposición de costas en primera instancia, para alguna de las partes, lo que motiva a la recurrente impugnar la aplicación del artículo 219 del Código Procesal Civil, empleado en la solución del litigio, en una resolución judicial que no sea la sentencia que daba poner fin al proceso, en primera instancia, una vez que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la ley; fuera de ese vencimiento en sentencia proferida, la ley procesal civil se encarga de señalar taxativamente los demás casos de condena en costas, que permita al Juez o Tribunal a su imposición. CUARTO MOTIVO: DE INFRACCION, por la indebida interpretación del artículo 220 del Código Procesal Civil, en la sentencia recurrida. PRINCIPIO AUTORIZANTE: Este Motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El concepto de la infracción alegada lo explico de la siguiente forma: el Tribunal A-Quem refiere en la MOTIVACION JURIDICA de la sentencia recurrida, en su NUMERAL SEGUNDO, respecto a la subsanación, en cuanto a expresar “la oportunidad de sanear los vicios de los instrumentos procesales durante la sustanciación del juicio y la finalización prematura del proceso y su archivo cuando ello no resulte posible”; y NUMERAL CUARTO, en cuanto al pago de costas en caso de allanamiento y desistimiento, explicando el Tribunal de Alzada, lo que concierne a este último, en caso de que el mismo no sea consentido por el demandado, señalando “que debe imponerse costas a la parte demandante en cuanto a la incidencia del desistimiento”; circunstancias que no acontece en el caso bajo análisis, pues si bien es cierto que la parte demandante presento escrito de desistimiento, y este no fue consentido por el demandado, el proceso nunca termino por el desistimiento del actor, la resolución del juez a-quo Recurrida en apelación, y confirmada por el tribunal a-quem, no declara dar por terminado el proceso por la figura procesal del desistimiento; todo lo contrario, el juez a-quo considero oportuno que el juicio continuara, en auto de fecha 16 de noviembre del 2012, a folio 32 de la primera pieza, amparado en el párrafo final del artículo 484.2 del Código Procesal Civil; habiendo luego después en audiencia de fecha 09 de enero del 2013, declarado el sobreseimiento de la causa, y ordenado el archivo de las actuaciones de acuerdo al artículo 451.2 deI Código Procesal Civil, por falta de subsanación de los defectos procesales; norma legal citada en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia recurrida; sin que la norma citada dé lugar a imposición de costas; lo que motiva a la recurrente impugnar la aplicación del artículo 220 del Código Procesal Civil, empleado en la solución del litigio. Finalmente, la recurrente, no estima necesario la celebración de la audiencia”. ANEXO #3 S.A 03-2012 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil trece. La Sala de lo Civil, integrada por los magistrados: RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO como Coordinador y designado ponente para la redacción de esta resolución, EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA y, REINA SAGRARIO SOLORZANO JUÁREZ llamada a integrar, por ausencia del Magistrado JORGE REYES DIAZ, DICTA EL SIGUIENTE AUTO: SON PARTES: La Sociedad Mercantil...S.A., representada en juicio por el abogado N. L. E., en su condición de recurrente y la...”U. F.”, representada en juicio por el abogado A. G. M. B., como parte recurrida OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO, REIVINDICACIÓN DE DOMINIO Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha treinta de noviembre de dos mil diez, ante el juzgado Tercero de Letras Departamental de Santa Bárbara, por el abogado N. L. E., en su condición de apoderado procesal de los demandantes: señor J. S. P., Sociedad Mercantil denominada SOCIEDAD ..., S.A. de C.V. (S...A) y de la Sociedad Mercantil denominada ...,S.A. contra la ...‘U. F.”. I. ANTECEDENTES PROCESALES. PRIMERO: En fecha treinta de noviembre de dos mil diez el abogado N. L. E. en su condición de apoderado procesal del señor J. S. P., de la sociedad mercantil denominada..., S.A. de C.V. (S…A) y de la sociedad mercantil denominada..., S.A., promovió la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO, REIVINDICACIÓN DE DOMINIO Y COSTAS DEL JUICIO, ante el Juzgado Tercero de Letras Departamental de Santa Bárbara, contra la...”U. F.”. SEGUNDO: La Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, conociendo por vía de apelación dictó sentencia en fecha veintiséis de octubre de dos mil once, REVOCANDO PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha cinco de septiembre de dos mil once, dictada por el juzgado Tercero de Letras Departamental de la ciudad de Santa Bárbara. El tribunal de alzada falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declara HA LUGAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el abogado A. G. M., contra la sentencia de fecha cinco de septiembre de dos mil once, visible a folios doscientos setenta y nueve (279) a doscientos noventa (290) frente y vuelto de la primera pieza de autos, en la demanda ordinaria de nulidad de un título definitivo de propiedad en dominio pleno y reivindicatoria de dominio que interpusieran los señores J. S. P. y las sociedades denominadas ...(S...A) e S.A., contra LA ...“U. F.”, representada por el señor P. A. R. S. todos de generales expresadas en el presente juicio. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado respecto de la estimación de las pretensiones de nulidad absoluta de un título definitivo de propiedad en dominio pleno y la acción reivindicatoria de dominio, ésta únicamente respecto de los demandantes J. S. P. y la... (S...A). TERCERO: REVOCAR el fallo impugnado, respecto de la estimación de la pretensión de la acción reivindicatoria de dominio planteada por la demandante ..., S.A., CUARTO: DESESTIMAR la demanda ordinaria de reivindicación de dominio promovida por ..., S.A., contra LA “U. F.” representada por el señor P. A. R. J.. QUINTO: SIN COSTAS.” TERCERO: El representante procesal de la sociedad mercantil denominada S.A., abogado N. L E., presentó en fecha veintidós de noviembre de dos mil once, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha veintiséis de octubre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara. CUARTO: Mediante auto de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, tuvo por interpuesto el recurso de casación por parte del abogado N. L. E., contra la sentencia definitiva pronunciada en fecha veintiséis de octubre de dos mil once por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo. QUINTO: El representante procesal de la ...“U. F.”, abogado A. G. F. B., presentó en fecha nueve de diciembre de dos mil once, escrito de contestación del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara en fecha doce de diciembre de dos mil once, tener por pronunciado en tiempo y forma al abogado A. G. M. B., en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, remitir las presentes diligencias a la honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. SEXTO: Recibidas las actuaciones en este tribunal, los abogados N. L. E. y A. G. M. B., presentaron escritos de personamiento, en fechas cuatro y nueve de enero del año dos mil doce respectivamente, a quienes se les tuvo por personados en tiempo y forma. SÉPTIMO: Que la parte recurrente plantea el recurso de casación en los dos motivos siguientes: “MOTIVOS DE CASAClON. PRIMER MOTIVO: Se invoca infracción de los actos y garantías procesales que generan indefensión al dominio o propiedad privada y en tal caso, infracción del artículo 613 del Código Civil, en relación con el artículo 868 deI Código Civil CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La sentenciadora incorpora en el numeral 6) de la fundamentación jurídica conceptos acerca de lo que constituye la institución de la REIVINDICACIÓN, reconociendo que la parte demandante acreditó fehacientemente con la prueba aportada, la concurrencia de todos los elementos que configuran la acción reivindicatoria, estos son: la acción de dominio como dueño de una cosa singular, que no está en posesión de la misma y que otra persona es poseedora, quien debe ser obligada a restituirla. La sentencia contiene la consideración en el sentido de la identidad de lo cosa, subestimando tanto la prueba documental, como la de reconocimiento judicial y la pericial, arribando a una decisión que además de infringir preceptos y principios sobre el alcance de la valoración de la prueba, subestimo el derecho del demandante que fundamenta y configura la acción de dominio. Consecuentemente, la sentencia impugnada, aplica e interpreta las normas vinculadas para la solución del fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este MOTIVO lo autoriza el artículo 719 numeral 1) literal b) y numeral 2) del Código Procesal Civil. SEGUNDO MOTIVO: Se invoca infracción del artículo 200 del Código Procesal Civil en todo su contenido y alcance, porque la estructura de la sentencia no observa la forma y contenido que exige tal disposición, en relación al numeral 2) del artículo 719 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. Explico este MOTIVO, en forma puntual y objetiva porque la sentencia, en lo que se refiere a la pretensión de la REIVINDICACIÓN, no se fundamenta en la normativa contenida en el Título XI del Código Civil, en todos sus alcances, limitándose a expresar o reproducir el concepto de la figura de la REIVINDICACIÓN, haciendo apreciaciones que no son vinculantes con el Derecho, sino con apreciaciones de orden material en cuanto a la metodología empleada por algún medio de prueba, lo cual no responde a las exigencias de artículo 207 del Código Procesal Civil sobre la MOTIVACIÓN, en primer lugar, la de expresar los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. De la misma manera, la motivación en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. PRECEPTO AUTORIZANTE: este MOTIVO lo autoriza el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación[1], el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia Civil se atribuye a la Sala de lo Civil[2]; tiene claramente definidos dos fines expresos[3], el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte nuestra normativa procesal civil conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley[4], y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, únicamente podrá ser interpuesto contra las resoluciones expresamente previstas por la ley y por los motivos taxativamente establecidos en ella. 3.- De lo expuesto por el recurrente abogado Saúl Muñoz Orellana, actuando en su condición de representante legal de la empresa mercantil denominada Agencia Aduanera Castellanos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Fijo, esta Sala deja relacionado sucintamente los alegatos en los dos motivos planteados, ello en virtud de que los mismos aparecen citados literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. 4.- El impetrante expone el Primer Motivo de casación contra la sentencia dictada en fecha 03 de diciembre del año 2018, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; señalando básicamente que el fallo del iudex ad-quem infringe por interpretación errónea del artículo 219.1 del Código Procesal Civil, que ha debido emplearse para la solución del fondo del litigio, para ello invoca como precepto autorizante del motivo el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Explica el concepto de la infracción, señalando que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula revocó la sentencia dictada por el Juez aquo en fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), procediendo a dictar la sentencia, misma que cambio el numeral Quinto que eximia al pago de costas; en el caso que nos ocupa la empresa demandada Ferretería Monterroso, S.A. de C.V., fue totalmente vencido en la Demanda de Reconvención que promovió contra Agencia Aduanera Castellanos, S. de R.L., en consecuencia la Corte recurrida interpreto erróneamente el artículo 219.1 del Código Procesal Civil, en virtud que el principio del vencimiento se contrae a que la condena en costas se impone a la parte totalmente vencida como ocurre en el caso de autos, que la pretensión de la demandante Ferretería Monterroso, S.A. de C.V., fue rechazada totalmente por infundada por lo que debió condenarse en costas en la Demanda de Reconvención en la que reclamaba el pago de CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON ONCE CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS más UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS por concepto de sumas pagadas por cargos generados cuando operó la Agencia Aduanera Castellanos, S. de R.L. de Capital Fijo. Razón para estimar que deberá admitirse este motivo y casarse la sentencia recurrida.4.1. Respuesta de la Sala d elo Civil. La Sala, luego del estudio del Primer Motivo estima la no admisibilidad del mismo, ello debido a que el impetrante incurre en falencias de tipo recursivo, y que tienen que ver con lo siguiente: a) Observa la Sala que de manera errónea y bajo el precepto autorizante del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que está referido a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo de litigio; se pretende que se haga revisión sobre la probable vulneración de una norma procesal, como resulta ser el artículo 219.1 del Código Procesal Civil, sobre tal cuestión es menester aclarar que si se trata de plantear en el motivo la posible violación de una norma procesal, el precepto autorizante que posibilita la entrada a estudio por parte de la Sala de tal infracción es el artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil; y b) El impetrante cuestiona el fallo de segunda instancia básicamente porque en el mismo debió condenarse en costas en la Demanda de Reconvención; para ello señala la interpretación errónea del artículo 219.1 del Código Procesal Civil, procede agregar que la condena en costas por sí sola obedece en primer término al principio de vencimiento y en el segundo caso ésta es una condena accesoria que impone el Juez a la parte vencida en un proceso o en una incidencia, de resarcir al vencedor los gastos que le ha causado el proceso, por lo que el motivo de casación resulta manifiestamente infundado y consecuentemente es inadmisible de conformidad con el artículo 723.2 b) del Código Procesal Civil. 5.- Plantea el impetrante el Segundo Motivo, señalando que el fallo de la segunda instancia supone la violación de los artículos 200, 206 y 207 en relación con el artículo 720.2 del Código Procesal Civil y los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. Señala como Precepto Autorizante del motivo el artículo 719.1 del Código Procesal Civil. En sustento de su impugnación, aduce que la Corte recurrida ha revocado la sentencia de primera instancia y en su lugar procedió a dictar la que estimó procedente, habiendo revocado únicamente el numeral Quinto donde expresa que exime de pago de costas a la empresa denominada Ferretería Monterroso, S.A. de C.V., expresando en la motivación fáctica y jurídica, respecto de lo anterior lo siguiente: “…… no es menos cierto que el valor condenado en concepto de intereses no fue por la misma cantidad pretendida, sino por una cuantía menor, consecuentemente se entiende que la demandada no fue completamente vencida en juicio, pues no fue condenada por la totalidad de lo que pretendía la demandante en su demanda, y en aplicación del Artículo 219.2 del Código Procesal Civil cada parte abonara las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, en consecuencia en la demanda principal a cada parte le toca abonar a sus propias costas y no como se refiere en la Sentencia objeto del presenta Recurso ……”, con lo cual la Corte recurrida, ha cometido error de apreciación, pues en el caso de autos la parte demandada contrademandó a la Agencia Aduanera Castellanos, S. de R.L. de Capital Fijo reclamando el pago de dos cantidades, una en dólares y otra en Lempiras, y siendo que en esta demanda Ferretería Monterroso, S.A. de C.V., fue vencida totalmente; resultaba entonces procedente que se le condenara al pago de costas en cumplimiento de la ley, omisión esta que quebrantó el artículo 219.2 del Código Procesal Civil; razón para estimar que la sentencia recurrida no reúne los requisitos formales que fijan los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, ello por no contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y haber incurrido en omisión de pronunciamiento en cuanto a la condena a la parte reconviniente en el pago de costas, pues dicha demandada fue declarada sin lugar, la sentencia también incurre en el vicio de incongruencia, pues la condenación en costas forma parte de pretensión procesal y no es efecto del proceso, en este sentido la incongruencia negativa equivale siempre a una omisión de pronunciamiento y es una obligación del juez imponerlas al que resulte totalmente vencido en el proceso o en un incidente. Por lo expuesto es que deberá admitirse el motivo y casar la sentencia y dictar la correspondiente. 5.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Respecto de lo expuesto en el Segundo Motivo, la Sala tiene a bien señalar que el mismo no se puede admitir, toda vez que el recurrente incurre nuevamente en errores propios de la técnica recursiva, lo que consecuentemente concita la inadmisibilidad del motivo, falencias que tienen que ver con lo siguiente: a) La falta de precisión del motivo, ello porque invoca de manera general como Precepto Autorizante el artículo 719.1 del Código Procesal Civil, es preciso señalar que el referido artículo está compuesto por tres literales, mismos que difieren entre sí, como posibles causales recursivas; b) Falta de claridad y separación, ya que se pretende que en forma conjunta la Sala se pronuncie sobre la probable vulneración de una serie de artículos de carácter procesal y normas constitucionales, al respecto es menester señalar que indefectiblemente quien pretenda interponer recurso de casación deberá delimitar artículo por artículo y plantear su vulneración en motivos separados; c) Observa la Sala que respecto de los artículos procesales que se invocan como vulnerados, tres de ellos están referidos a la estructura de las sentencias en cuanto a requisitos formales e internos de la misma, y el otro que se cita como vulnerado, está referido a la condena en costas; nuevamente la Sala ilustra que el impetrante devenía en hacer separación, exponiendo la vulneración de cada uno de ellos en motivos separados, y en el caso concreto del artículo referido a la condena en costas, nuevamente se reitera, que tal situación es accesoria de la cuestión principal, por lo que el motivo de casación resulta manifiestamente infundado y consecuentemente es inadmisible; y d) Se pretende que la Sala en forma conjunta se pronuncie sobre la probable vulneración de los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República, el primero de ellos referido al debido proceso y el segundo a la responsabilidad de los servidores del Estado. Sobre la probable vulneración de normas constitucionales, la Sala reitera una vez más, que tal posibilidad es factible en vía casacional civil, únicamente en aquellos casos, en los que la normativa procesal civil lo permite. 6.- La defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los dos motivos de casación expuestos, la causa prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose con base a la motivación jurídica expuesta y aplicando lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, párrafo primero, 304, 313 numeral 14); 316 párrafo primero de la Constitución de la República; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721.2, 722, 723.2 literal a), 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere por unanimidad de votos el presente auto irrecurrible y declara: I. INADMISIBLE el recurso de casación en sus dos motivos promovido por el abogado Saúl Muñoz Orellana, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Agencia Aduanera Castellanos, S. de R.L. de Capital Fijo. II. FIRME la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha 03 de diciembre de 2018, registrado en el expediente de apelación bajo el número 212-2018 C.V., originado en los autos que conforman el expediente número 0501-2017-00273-LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés. III. CONDENA EN COSTAS al recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Honorable Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de junio del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha veintiséis de enero del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 55=2019.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1] Artículo 313.5 de la Constitución de la República
[2] Artículo 718 del Código Procesal Civil.
[3] Artículo 716 del Código Procesal Civil,
[4] Artículo 61 de la Constitución de la República.