Sentencia CC-50-19 — Registro 14188
Resumen
En primera instancia se desestimoo la demanda vía proceso declarativo ordinario ejerciendo pretensión de pago de penalidad en sustitución de indemnización prevista en clausula penal por incumplimiento de contrato, más el 10% de remuneración bruta percibida por el jugador por la prestación de sus servicios, absolviendo al demandado de los pagos reclamados. Confirmado en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “5.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que los recurrentes vienen alegando el presente motivo de casación que tiene su origen en la emisión de un auto no definitivo que resuelve la recusación planteada en primera instancia, el cual, por virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 57 del Código Procesal Civil, es un auto irrecurrible y si bien es cierto los impetrantes promovieron en su momento un incidente de nulidad cuestionando la decisión de primera instancia, igualmente cierto es que no existe norma expresa adjetiva que señale la impugnación de la resolución de recusación por la vía incidental invocando nulidad, por lo tanto, siendo un auto no definitivo, no se encuentra entre las resoluciones recurribles establecidas en el artículo 717 del Código Procesal Civil, aún y cuando haya sido parte de los agravios en el recurso de apelación, sin embargo esta incidencia no pone termino al pleito."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
” 6.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que los recurrentes vienen alegando el presente motivo de casación que tiene su origen en la emisión de un auto no definitivo pronunciado durante la audiencia preliminar, mediante el cual la juez permitió que el apoderado de la parte demandada actuara en representación de éste amparado en el poder de representación sin contar con la presencia física del demandado, auto que no se encuentra entre las resoluciones recurribles establecidas en el artículo 717 del Código Procesal Civil, aún y cuando haya sido parte de los agravios en el recurso de apelación, sin embargo esta incidencia no pone termino al pleito.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “7.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que los recurrentes han incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización por las razones siguientes: a) Incurren en el error de citar como infringidas un conjunto indiscriminado de normas que rigen determinada materia, quebrantando la técnica de casación que implica que en cada motivo de casación se precise la infracción que se considera cometida, debiendo evitarse la concentración de todos o la mayor parte de los artículos, sobre todo tomando en consideración que los preceptos señalados como infringidos comprenden normas atinentes al debido proceso civil, a las actuaciones judiciales, al idioma de sustanciación del proceso, a documentos en otro idioma, incomparecencia y admisión fìcta, comparecencia de las partes, legalidad procesal y formas, facultades procesales de juez, principio constitucional de debido proceso, principio de legalidad constitucional y sobre garantías judiciales; de tal manera que no han sido capaces de explicar la relación de todos estos preceptos de manera tal que sea posible determinar una eventual concurrencia de la causal de casación invocada debido a la falta de separación y claridad en el motivo; b) Su alegado ha sido expuesto en forma general enfatizando el debido proceso como principio constitucional sin singularizar cual es la norma procesal que impugnan y que regula el acto y garantía procesal cuya infracción supone nulidad o produce indefensión, en tanto que al invocar una variedad de normas de distinta índole y que regulan supuestos distintos, pierden precisión abandonando la separación y claridad propia del recurso para hacerlo intelegible, lo que no logran con su abundante cita normativa. c) Retoman la fustigación de las normas procedimentales de la recusación que no fueron citadas como infringidas y que no enlazan con la claridad requerida con el respeto de los preceptos invocados. d) No hay claridad acerca del modo de impugnación de la norma, no siendo posible establecer si pretenden una aplicación indebida, una falta de aplicación o si se trata de una interpretación errónea. e) Igual que en los dos motivos anteriores, incurren en el error de traer al recurso extraordinario de casación, la impugnación de actos procesales que por sí mismos no ponen fin al proceso; por lo tanto, concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2.a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “8.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que los recurrentes han incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización por las razones siguientes: a) Incurren en el error de exponer el motivo sin la debida separación y claridad que exige la norma procesal, en tanto que vienen denunciando la infracción de preceptos que regulando aspectos distintos han de ser abordados por separado en virtud de que una cosa es el idioma de sustentación del proceso y los documentos en otro idioma, la incomparecencia y admisión fìcta y la comparecencia de las partes es otro aspecto distinto que para efectos de mayor claridad e inteligencia del motivo tienen que ser abordados por separado. b) No hay claridad acerca del modo de impugnación de la norma, no siendo posible establecer si pretenden una aplicación indebida, una falta de aplicación o si se trata de una interpretación errónea. c) Pretenden instar la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en las instancias, lo que no está permitido en este recurso, de conformidad con el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. d) Igual que en los motivos anteriores, incurren en el error de traer al recurso extraordinario de casación, la impugnación de actos procesales que por sí mismos no ponen fin al proceso, por lo tanto, concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “9.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala considera que el presente motivo no es de recibo, en virtud de que los recurrentes al momento de exponer el mismo, faltan a la verdad al señalar que en el caso de marras se falló en segunda instancia revocando el fallo del A-quo, sin embargo no se trata de una sentencia que ha revocado lo resuelto por el juzgado de primera instancia, sino que más bien ha confirmado aquella resolución, razón por la que al hacer suya dicha sentencia, se encuentra implícita la valoración de hechos probados, en ese sentido, el motivo es carente manifiestamente de fundamento, lo que constituye una causa de inadmisión del mismo en aplicación del artículo 723. 2 b) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que los impetrantes han incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización por las razones siguientes: a) Incurren en el error de exponer el motivo sin la debida claridad que exige la norma procesal, ello porque han invocado la falta de aplicación de una serie de artículos que si bien se refieren todos a la misma figura jurídica, no han sido capaces de explicar la concatenación que existe entre los mismos en virtud de que han nutrido el motivo de una serie de alegatos de instancia centrado sobre todo en describir el contenido del contrato, pero que a la hora de confrontar dichos alegatos con las normas supuestamente infringidas no convergen en lo absoluto, analicemos los artículos del Código Civil citados por los censores: el primer artículo (1888) es meramente conceptual; el artículo 1889 habla sobre que el mandato puede ser expreso o tácito y la aceptación también, ahora bien si este precepto fue infringido por falta de aplicación ¿fue en relación al expreso o al tácito o en relación a la aceptación? No lo sabemos, nada expusieron sobre ello. El artículo 1890 regula que a falta de pacto en contrario el mandato es gratuito, estableciendo que si el mandatario tiene por ocupación ese desempeño se presume retribuido; acá tenemos dos supuestos distintos, ¿Cuál de ellos no aplicó el juzgador y debía aplicar según los recurrentes? No está claro en su exposición. El artículo 1891 que se refiere al mandato general o especial, debía ser explicado a efectos de saber porque el tribunal recurrido debía aplicarlo y conteniendo dos supuestos opuestos, los impetrantes tenían que ser precisos y guardaron silencio al respecto. Lo mismo cabe afirmar sobre los artículos 1911 y 1912, no hay explicación de porque falta aplicarlos. b) Los impetrantes erran al cuestionar la capacidad de análisis de la Juez de primera instancia tomando en consideración de que solo es recurrible en casación la sentencia pronunciada por el tribunal de apelaciones, conforme lo dispone el artículo 717 del Código Procesal Civil; por lo tanto, concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2.a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que los recurrentes han incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización, en virtud de que aún y cuando el tribunal de instancia ha transcrito en su resolución el artículo 1560 del Código Civil, ello ha sido de una manera eminentemente ilustrativa porque la consecuencia del mismo no trascendió al fallo, pues siendo el dolo uno de los elementos que vician el consentimiento y que por lo tanto producen nulidad del acto o contrato, su consecuencia jurídica natural es la nulidad, misma que no ha sido apreciada por el tribunal como los mismos recurrentes lo han hecho notar, por lo tanto, al ser totalmente intrascendente dicha circunstancia, el motivo es carente manifiestamente de fundamento, lo que lo vuelve inadmisible conforme la causa prevista en el artículo 723. 2 b) del Código Procesal Civil. 12. Conforme lo dispone el artículo 221 del Código Procesal Civil, cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en cuanto al principio de vencimiento y de conformidad con el artículo 724.2 del mismo código, el auto de inadmisión impondrá las costas al recurrente. “
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente el último para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor HORACIO JOSÉ PATANIAN, representado en juicio por los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO, como recurrente; siendo recurrido el señor MARIO ROBERTO MARTINEZ HERNANDEZ, representado en juicio por los abogados SAGLUL ALEXANDER LOPEZ CASTELLANO y ORINSON LOBO GALO. OBJETO DEL PROCESO: “SE PRESENTA DEMANDA ORDINARIA VÍA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO, EJERCIENDO PRETENSIÓN DE PAGO DE PENALIDAD EN SUSTITUCIÓN DE INDEMNIZACION PREVISTA EN CLÁUSULA PENAL POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, MÁS EL PORCENTAJE DE (10%) DE REMUNERACIÓN BRUTA PERCIBIDA POR EL JUGADOR POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS”, promovida en fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por la abogada SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO, actuando en su condición de representante procesal del señor HORACIO JOSE PATANIAN, quien es mayor de edad, argentino, casado, abogado, con domicilio en Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, contra el señor MARIO ROBERTO MARTINEZ HERNANDEZ, quien es hondureño, mayor de edad, casado, con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha cinco de noviembre del dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada en fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, quien dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DESTIMANDO la Demanda vía Proceso Declarativo Ordinario ejerciendo pretensión de pago de penalidad en sustitución de indemnización prevista en Clausula Penal por incumplimiento de Contrato, más el 10% de remuneración bruta percibida por el jugador por la prestación de sus servicios promovida por la Abogada SILVA CONSUELO GODOY RUBIO, en representación del señor HORARIO JOSE PATANIAN, contra el señor MARIO ROBERTO MARTINEZ HERNANDEZ, todos de generales conocidos en autos; SEGUNDO: ABSOLVIENDO al demandado señor MARIO ROBERTO MARTINEZ HERNANDEZ, de los pagos reclamados; TERCERO: CON COSTAS. MANDA: Que notificada que sea esta Sentencia, quede firme, si no se interpusiere en su contra y en el término legal el Recurso correspondiente y se haga la publicación de ley. Se resuelve en esta fecha por el exceso de trabajo que maneja la Suscrita ante la evidente desigualdad y desproporción entre la carga asignada a ella y la que tienen otros Jueces y por no contarse con el personal completo –sin archivero y el secretario encargado de obtener a los Abogados no responde a las exigencias y perfil del cargo- lo que altera el normal funcionamiento de este número. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: Los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO, actuando en su condición de representantes procesales del señor HORACIO JOSÉ PATANIAN, en fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, presentaron escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de los recurrentes y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: Los abogados SAGLUL ALEXANDER LOPEZ CASTELLANOS y ORINSON LOBO GALO, actuando en sus condiciones de representantes procesales del señor MARIO ROBERTO MARTINEZ HERNANDEZ, presentaron escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tener por pronunciado a los recurridos, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste tribunal, los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE, SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO; SAGLUL LÓPEZ CASTELLANOS y ORINSON LOBO GALO, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas cinco y seis de febrero del año dos mil diecinueve, resolviendo este tribunal, mediante proveído de fecha siete de marzo del año dos mil diecinueve, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “IV. MOTIVOS DE CASACIÓN IMPUGNANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE NORMAS PROCESALES Y DE NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. A) INFRACCIONES PROCESALES: PRIMER MOTIVO: POR ERRORES PRODUCIDOS ANTES DE LA SENTENCIA relativos a la idoneidad del órgano jurisdiccional. CARENCIA DE IDONEIDAD POR FALTA DE IMPARCIALIDAD DE LA JUZGADORA QUE ARBITRARIAMENTE ELLA MISMA DESESTIMÓ LA RECUSACIÓN. “Infracción de normas procesales del Código Procesal Civil, en su “Artículo 54. Recusación...1. La recusación podrá promoverse por la parte interesada, aun cuando nada haya expresado el juez o magistrado, en la primera actuación que la parte realice en el proceso... 4. Sí el recusado no aceptare la causal de recusación, se someterá el incidente a conocimiento del juzgado o tribunal que correspondiere, con exposición del juez o magistrado recusado, quien durante la sustanciación del incidente no podrá intervenir en el procedimiento y será sustituido por aquél a quien corresponda con arreglo a la ley.”, en relación con: el “Artículo 56. Competencia para decidir la recusación. Conocerá de los incidentes de recusación: ... 2. Cuando fuere un juez, el que conozca de la pieza de recusación...” y el “Artículo 57. Procedimiento... 2. Recibida la recusación entregará copia de ella al recusado y, si no acepta como cierta la causa, el juez o tribunal que conociera de la recusación podrá rechazarla de plano si la considerare manifiestamente infundada…4. En adelante se seguirán los trámites del procedimiento incidental general, resolviendo el incidente por medio de auto, que será irrecurrible, y se impondrán las costas causadas al recusante si la recusación fuera desestimada, caso en el que se devolverá al recusado el conocimiento del proceso en el estado en que se halle, sin perjuicio de fa aplicación de las normas sobre votaciones y fallos de los litigios. Si la recusación fuera estimada el proceso continuará siendo tramitado por el sustituto del recusado”. Es trascendente establecer con precisión la competencia subjetiva que se refiere a “la aptitud y capacidad personal del Juez” (así la conceptuaba el extinto jurista Abg. Adolfo León Gómez, al impartir la clase Teoría General del Derecho Procesal) y para los mexicanos de Pina y Castillo Larrañaga²: “4 LA COMPETENCIA SUBJETIVA POR EL JUEZ. El titular del órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de un pleito determinado, debe hallarse en una situación personal que le coloque frente a las partes y frente a la materia propia del juicio, en condiciones de poder proceder con serenidad y desinterés. Esta situación especial, íntima, integra su competencia subjetiva”. Es importante para descartar una decisión errónea en supuestos de recusación de jueces, pues lo contrario determina, como en este caso concreto, la nulidad de la sentencia impugnada por ser confirmatoria de la pronunciada en primera instancia. En el presente caso concreto se aprecia que la Jueza de primera instancia fue recusada mediante el escrito fechado el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017), presentado por la abogada Silvia Consuelo Godoy Rubio, sin embargo, continuó conociendo y resolviendo en el asunto principal y en vez de posibilitar la formación de la pieza separada para ventilar y decidir la recusación por el juez(a) que debió sustituirla, ella misma arbitrariamente desestima la recusación. En lo pertinente se transcriben auto y resolución en audiencia que la jueza de instancia estando recusada, ella misma contra legem resolvió: 1) “El doce (12) de junio de 2017: “...2. En cuanto al señalamiento de fecha para la continuación de la Audiencia Probatoria para los primeros cinco días del mes de julio del presente año, NO HA LUGAR ya que además que los primeros dos días son días inhábiles -sábado y domingo- conforme a la Circular 04-2017 estaremos gozando del periodo de vacaciones, en consecuencia, señálese fecha para la continuación de la Audiencia Probatoria para el día MARTES VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO (2017) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 a.m.) a fin de que comparezcan a este Juzgado las partes junto con sus apoderados, con el fin de evacuar el resto de la prueba propuesta por las partes, es decir: a. El interrogatorio del señor MARIO ROBERTO MARTINEZ en su condición de demandado y propuesto por la parte demandante, advirtiéndose al apoderado demandado de la obligación de la comparecencia de su representado conforme a lo establecido en el Artículo 256 del Código Procesal Civil”; b. La declaración testifical de los señores: JAIME VILLEDA ROURRA y MATEO MIGUEL YIBRIN CANAHUATI, a tal efecto por medio del Receptor del Despacho cítese a los señores mencionados a efecto de que comparezcan a la Audiencia señalada, advirtiéndoseles a los testigos propuestos que dispuesto en el Artículo 294.2 del Código Procesal Civil tienen la obligación de comparecer a rendir su declaración como testigos; y, c. De igual forma, en dicha Audiencia, una vez evacuada la prueba se procederá a escuchar los alegatos de las partes; 3. Asimismo, como lo solicita AUTORICESE la copia de las grabaciones de las dos audiencias debiendo proporcionar para tal efecto una USB o un CD. Se señala Audiencia para esta fecha en virtud de ser la más próxima conforme al calendario de Audiencias. Se resuelve en esta fecha por el exceso de trabajo que se produce al acercarse el periodo de vacaciones. Artículos: 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 115, 129, 130, 135, 151, 152, 153, 171 y 193 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE...”. El trece (13) de junio del dos mil diecisiete (2017): “...1. ADMITIR el escrito que antecede; 2. TENER por cumplido lo ordenado en la Audiencia Probatoria en el sentido de presentar el documento de justificación de la incomparecencia del juzgado traducido al idioma oficial; y, 3. En cuanto al señalamiento de fecha para la continuación de la Audiencia Probatoria estese a lo resuelto en la Providencia que antecedente. Se resuelve en esta fecha por el exceso de trabajo que se produce al acercarse el periodo de vacaciones. Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 115, 129, 130, 135, 151, 152, 153, 171 y 193 del Código Procesal Civil. CUMPLASE...”. “4034-2016.- San Pedro SuIa, Departamento de Cortés, catorce (14) de junio del dos mil diecisiete (2017). - La Abogada WENNIVER LISBETH W. RIVERA A., Juez del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en nombre del Estado de Honduras, resuelve mediante AUTO: La recusación presentada por la Abogada SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO en su condición de apoderada demandante y la Manifestación presentada con dicho escrito. ANTECEDENTES DE HECHO: UNICO: ... señalando como argumento de recusación que el Testigo propuesto por la parte a quien representa tuvo una plática antes de ingresar a la Audiencia probatoria con alumno de la Suscrita y que este manifestó que la demanda no iba a prosperar. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 1. Dispone el Artículo 52 de la abstención y recusación- que “los jueces y magistrados y los auxiliares de los juzgados y tribunales están obligados a intervenir en todos los procedimientos que se tramiten en ellos. Sin embargo, deberán abstenerse sin esperar a que se les recuse si concurre en ellos alguna de las causas de recusación determinadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial”, actualmente aun... nos remitimos a la Ley de Organización y Atribuciones de Tribunales. 2. La compareciente en su condición indicada señala como causal recusación lo que dispone el Artículo 111 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales que no es causal de recusación, ya que las 11 causales de recusación se encuentran establecidas en el Artículo 188 de dicho cuerpo legal dentro de las que no se encuentran nada de lo invocado por la recusante o algo que se pueda inferir como comprendido dentro de alguna de las causales… En aplicación a lo establecido en los Artículos ya señalados y a lo que disponen los Artículos: 1, 3, 7, 9, 54, 56, 57, 115, 135, 193 y 198 del Código Procesal Civil. PARTE DISPOSITIVA: En consecuencia: DESESTIMESE la petición de recusación presentada por la apoderada demandante. NOTIFIQUESE. F/S. ABG. WENNIVER LISBETH RIVERA ANDINO, JUEZ. ABG. MELISSA ARGENTINA MEJIA LOZANO, SECRETARIA ADJUNTA”. No existió una observancia estricta del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil para ventilar la recusación planteada, hubo tratamiento irregular y arbitrario de la jueza, y la Corte recurrida cínicamente ha ratificado y dado por válida la arbitrariedad de la jueza de primera instancia quien al recibir la recusación nunca hizo declaración expresa sobre si aceptaba o no la causal invocada, ni posibilita la formación del incidente y tampoco evitó intervenir en el procedimiento del asunto, al contrario, actuó después de haber sido recusada dictando autos a sabiendas de estar impedida legalmente porque estaba recusada y en vez de abstenerse o evitar decidir ella misma la desestimación de la recusación, procedió a proferir el auto donde la desestimó; la ratificación del tribunal de alzada, constituye una infracción de norma procesal por defectos que afectan a la propia idoneidad del árgano jurisdiccional, especialmente porque son auténticos motivos de nulidad del procedimiento el cual no fue observado o seguido como lo manda el CPC, tramitándose respecto a la recusación un procedimiento irregular contrario a principios del Código Procesal Civil, como el debido proceso o de legalidad, desarrollados en motivos separados, porque las resoluciones comprendidas en el iter procesal y la propia sentencia, son dictadas por un órgano jurisdiccional que carece del principio de imparcialidad, que se desprende del contenido del Art. 56.2 que, cuando fuere un juez el recusado, atribuye la competencia para decidir del incidente de recusación, al que conozca de la pieza de recusación...”, por su parte el Art. 57.4 del Código Procesal Civil, “...4. En adelante se seguirán los trámites del procedimiento incidental general, resolviendo el incidente por medio de auto, que será irrecurrible, y se impondrán las costas causadas al recusante si la recusación fuera desestimada, caso en el que se devolverá al recusado el conocimiento del proceso en el estado en que se halle, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre votaciones y fallos de los litigios. Si la recusación fuera estimada e) proceso continuará siendo tramitado por el sustituto del recusado. Pero en este caso la parcialidad está de manifiesto y por eso hemos subrayado ese concepto para destacar que promovida la recusación el juez(a) que estaba conociendo el asunto ya no puede intervenir en el procedimiento del asunto principal ni en la tramitación del incidente de recusación, pero en el caso concreto que nos ocupa la jueza de primera instancia reveló sobrado interés al decidir la recusación planteada contra ella, pues deliberadamente ignoró la existencia de esas disposiciones relativas a la recusación y su procedimiento, dejando de aplicarlas. La Corte recurrida hizo caso omiso a ese actuar arbitrario de la Jueza de primera instancia, siendo fácil apreciar tal arbitrariedad, pues para que un juez recusado no se erija en “juez y parte” en el trámite del incidente de recusación, tanto el Código de Procedimientos de 1906, como el actual CPC, impiden que el juez recusado sea al mismo tiempo el juez competente para continuar en el conocimiento del asunto principal, así como para resolver el incidente o cuestión de recusación, porque él automáticamente ya tiene implicancia en el incidente, por eso el Art. 54.4 citado como infringido, en el caso de que el recusado no aceptare la causal de recusación, se someterá el incidente a conocimiento del juzgado o tribunal que correspondiere, con exposición del juez o magistrado recusado no podrá intervenir en el procedimiento y será sustituido por aquél a quien corresponda con arreglo a la ley, pero en este caso concreto la jueza actuante no mandó formar el incidente, en vez de ello, demostró el sumo interés en la causa a favor del demandado, porque rápidamente desestimó la recusación. En consecuencia, todo lo actuado por un juez recusado es nulo, porque se coloca al margen de la ley, se cree superior a la ley. SE HIZO PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL Y SE TRATÓ DE SUBSANAR. Cómo en los primeros acápites de este motivo se transcribió el auto dictada por la misma jueza recusada de primera instancia, donde ella desestimó la recusación planteada en su contra, promoción del incidente a través del cual se hizo la denuncia del vicio procesal por carencia o falta de idoneidad de la jueza de primera instancia y en fechas posteriores oportunamente se presentó escrito de nulidad de actuaciones, dado que los autos de desestimación de un incidente de recusación son irrecurribles, con el objeto de que se subsanara los yerros cometidos en el tratamiento que la jueza recusada de primera instancia, procediera a subsanar el vicio que significa la tramitación de un juicio o proceso donde se recusa a la juzgadora; nulidad que también fue desestimada, reiterándose el reclamo por el vicio denunciado en el “3°” agravio del escrito de interposición y formalización di recurso de apelación. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto, como la sentencia de la Corte recurrida no descartó la irregularidad de la jueza primera instancia actuante, quien estando recusada no podía conocer del procedimiento del asunto principal no conocer la pieza de recusación, la jueza recusada infraccionó el Código Procesal Civil disminuyendo y conculcando derechos de nuestro amigo Horacio José Patanian, por la actuación antijurídica de la jueza actuante, violatoria del principio de imparcialidad y, por ende, el demandante quedó privado de gozar del derecho a que el proceso en la parte crucial por la promoción de la recusación, se desarrollara observando las formalidades, derechos y garantías que la Ley, el CPC, establece, todo lo cual la Corte de Apelaciones recurrida, al confirmar la sentencia de primera instancia, ha aceptado como legítimas y válidas las actuaciones irregulares de primera instancia, haciendo suyas semejantes irregularidades. Al no entenderlo así la Corte recurrida acepta y aprueba que la jueza recusada inobserve las normas imperativas del CPC y que ella misma arbitrariamente decida desestimar la recusación, con lo cual también infringe esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo, al ignorar ese principio atinente a la competencia subjetiva del juez o magistrado, afectando el principio de imparcialidad atinente a la competencia subjetiva del juez o magistrado, el actuar de la Corte recurrida al proferir la sentencia impugnada fue sumamente permisiva, a no controlar las actuaciones irregulares de la jueza de primera instancia, afectando a la parte actora. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado y conforme al CPC Art. 727.3 “Contenido de la Decisión. Estimación”, si se apreciare la existencia de infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, ordenéis reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiere producido la falta. Este motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil, en su Art. 719.1. b) Causales del Recurso, en la parte que dice: “...b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. SEGUNDO MOTIVO: POR ERRORES ANTERIORES A LA SENTENCIA relativos a la observancia de las normas que regulan la producción de los actos, durante el inter procesal. INCOMPARECENCIA DEL DEMANDADO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR JUSTIFICADA, PERO SIN OTORGAR PODER SUFICIENTE A SU APODERADO PARA CONCILIAR EN EL INTENTO DE CONCILIACIÓN DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, al inobservar las normas sobre la clase de poder y obligatoriedad del poder. “INFRACCIÓN DE NORMAS PROCESALES de los siguientes Artículos: 3. DEBIDO PROCESO en su contenido completo y 445. COMPARECENCIA DE LAS PARTES. 1. Las partes deberán comparecer a la audiencia preliminar personalmente, salvo motivo fundado, a juicio del tribunal, que justificare la comparecencia por medio de representante, pero en este caso deberá tener poder suficiente para conciliar, renunciar, allanarse o transigir. En otro caso se les tendrá por no comparecidas...”, ambos del Código Procesal Civil o CPC, en relación con los siguientes Artículos del citado CPC, en la parte que dicen: 81. Clases y modos de otorgar el Poder...2... Sin embargo, no podrá desistirse en primera instancia de la acción deducida, absolver posiciones renunciar de los recursos o los términos legales, conciliar, transigir, aprobar convenios, percibir, sustituir y delegar sin que se haya facultado expresamente para ello...”, y 82. Obligatoriedad del Poder... 2. Se requerirá poder especial en los casos en que así lo exijan las leyes y para la realización de los actos de disposición de los derechos e intereses protegidos por la ley. En particular, se precisa poder especial para desistirse en primera instancia de la acción deducida, absolver posiciones renunciar de los recursos o los términos legales, conciliar, transigir, aprobar convenios, percibir, sustituir y delegar. 3. El otorgamiento de facultades especiales se rige por la máxima de literalidad y no se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente”; también en relación con los artículos del mismo Código Procesal Civil: 7.1. LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS, del CPC en la parte que dice: “1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas...”; el 12. FACULTADES PROCESALES del mismo CPC, en la parte que dice: “1. La dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y en este Código. 2. El Juez controla de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, así como la inexistencia de motivos de nulidad, antes de dictar sentencia...”; y, 115. ACTUACIONES JUDICIALES. En la parte que dice: “1. Los actos procesales que conforman el procedimiento civil deberán realizarse de acuerdo con las prescripciones de este Código... y de la Constitución de la República, siendo nulos o anulables en caso contrario...”; asimismo, en relación con: los Arts. 90 primer párrafo, 321 y primer párrafo del 323, los tres de la Constitución de la República, y Art. 8.1 Garantías Judiciales de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, en la parte que dice: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley… o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil…”. Las Infracciones que violan el principio derecho del debido proceso previsto en el Art. 90 primer párrafo de la Constitución de la República y el 3 del citado Código Procesal Civil, en la siguiente forma: El día veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete (2017), fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia preliminar, resulta que no compareció el demandado Mario Roberto Martínez Hernández, justificando su ausencia por compromiso con la Selección Honduras de Fútbol, sin embargo, su apoderado legal en ese entonces Abg. Selvín López Castellanos, no presentó poder con suficiente bastanteo, dado que la escritura de poder que acompañó con la contestación a la demanda, que fue autorizada por el Notario Jorge Luis Chinchilla Rodríguez, el viernes seis (6) de enero de dos mil diecisiete (2017), en esta ciudad, es un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y REPRESENTACIÓN, redactado más en armonía con el viejo Código de Procedimientos de 1906, porque no se rige con la máxima de literalidad, o sea, en forma expresa o explícita no tiene la facultad de asistir a audiencias de conciliación y de conciliar en la fase de intento de conciliación a verificarse al inicio de la audiencia preliminar, en un proceso declarativo ordinario como el de autos, lo que claramente se determinó tal audiencia al hacer el bastanteo del poder con la lectura de las facultades especiales al inicio de la audiencia, pero la jueza muy flexiblemente permitió que el apoderado de la parte demandada, dejó que actuara sin representación suficiente, habiéndose interpuesto reposición, la cual fue desestimada y se hizo constar la protesta formal de reservar el derecho de plantearla cuando se impugnara la sentencia, lo cual consta en el acta de la referida audiencia y por esa razón se está reiterando el motivo a efectos de que en esta segunda instancia se verifique el bastanteo y constate que efectivamente se trata de Poder General Para Pleitos y Representación, a favor de los Abogados Selvin Orlando López Castellanos y Orinson Lobo Galo, pero como el Art. 822 preceptúa que se requerirá poder especial o se precisa de poder especial para conciliar en las audiencias preliminar o única que deben realizarse en los procesos declarativos ordinario o abreviado y poder participar en el intento de conciliación, efecto para el cual debe conferírsele facultad especial de conciliar y transigir redactadas conforme al CPC, al no estar redactado aquel poder general en armonía con lo regulado por el CPC, no tiene las facultades de máxima de literalidad de comparecer a las audiencias de dichos procesos declarativos. En esta oportunidad se reitera dicha infracción procesal, pues a través de la misma se violentó el contenido al Art.445.1 del Código Procesal Civil, el cual establece a las partes su deber de comparecer a la audiencia preliminar personalmente, salvo motivo fundado, a juicio del tribunal, que justificare la comparecencia por medio de representante, pero en este caso deberá tener poder suficiente para conciliar, renunciar, allanarse o transigir...”, en armonía con la última parte de los Arts. 81.2 y 82.2 ambos del CPC, donde se precisa poder especial o facultades especiales y de ahí que este Art. 82.3, manda que el “otorgamiento de facultades especiales se rige por la máxima de literalidad y no se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente”. Esta normativa fue ignorada por la juzgadora al tomar una actitud demasiado flexible a favor de la parte demandada, permitiendo que Mario Roberto Martínez Hernández eludiera las normas imperativas del CPC, incompareciendo justificadamente a la audiencia preliminar, pero sin haber otorgado un poder suficiente a su apoderado para que lo representara en el proceso con esas facultades de máxima de literalidad aludidas. El Insigne Eduardo J. Couture³ nos aclara: “La garantía de orden estrictamente procesal, ha venido a transformarse, con el andar del tiempo, en el símbolo de la garantía jurisdiccional en sí misma. La garantía de debido proceso consiste, en último término, en no ser privado de la vida, libertad o propiedad sin la garantía que supone la tramitación de un proceso desenvuelto en la forma que establece la ley y de una ley dotada de todas las garantías del proceso parlamentario” El Código Procesal Civil en su Art. 3. Prevé el principio “DEBIDO PROCESO” con el siguiente contenido: “Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada” o sea, como una garantía para el buen funcionamiento judicial. En el presente caso el proceso no se ha desarrollado por los trámites previstos legalmente y no se le han respetado todos los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias a nuestro representado, pues el Tribunal de Alzada ha sido muy permisivo con la flexibilidad de la jueza de primera instancia hacia el demandado Mario Roberto Martínez Hernández, primero permitiendo que su apoderado legal actuara con un poder redactado al estilo del Código de Procedimientos de 1906, cuando el Código Procesal Civil exige el principio de máxima de literalidad en el otorgamiento de las facultades especiales, de forma expuesta también se infracciono la norma procesal contenida en el Art. 115.1 del Código Procesal Civil Estudios de Derecho Procesal Civil, pues los actos procesales como es el caso de los ya referidos en este motivo, que conforman el procedimiento civil correspondiente al proceso declarativo ordinario no se han realizado de acuerdo a las prescripciones del CPC, como se ha explicado, ni conforme a la Constitución de la República, porque de paso se infracciona el principio derecho del debido proceso y, por ende, el también principio derecho de legalidad y por la sanción de nulidad prevista al final del 115.1 citado, debieron ser anulados por la jueza de primera instancia o por la Corte de Apelaciones Civil con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, y todavía más por el contenido del Art. 321 de la Constitución de la República, que es una de las normas de más alto rango que manda: “...Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; y, con mayor razón en el caso concreto que las actuaciones denunciadas cometidas por la actuación de la jueza de instancia y de la Corte recurrida, con su decisión confirmatoria, se han ejecutado fuera del contenido de la ley que en este caso concreto es el CPC. SE HIZO PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL Y SE TRATÓ DE SUBSANAR. Cómo en la audiencia preliminar luego esta representación procesal manifestó su inconformidad respecto a las facultades muy generales del poder con que actúa el apoderado de la parte demandada, pero la jueza de primera instancia fiel a su preconcebida actitud sesgada a favor del demandado, resolvió desfavorable a nuestra petición de que se le tuviera o declarara por no comparecido al demandado, se interpuso recurso de reposición el que fue ventilado en la audiencia y declarado sin lugar o desestimado, entonces manifestamos nuestra protesta formal para tener expedito nuestro derecho a replicar la impugnación en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, si fuere necesario, reproduciéndose o reiterando el reclamo por el vicio denunciado en el “1°” agravio del escrito de interposición y formalización del recurso de apelación, como se aprecia en dicho escrito; de esa manera se hizo la previa denuncia en la instancia de tal vicio procesal y se hizo lo posible para la subsanación de dicha irregularidad conforme al Art. 700 del CPC. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto como la infracción en el iter procesal, específicamente al permitir la jueza actuante la incomparecencia del demandado Mario Roberto Martínez Hernández, por motivo fundado que justificó la comparecencia por medio de representante, pero éste no ostentaba desde la audiencia preliminar poder suficiente, o sea, poder especial para comparecer a la audiencia preliminar y participar por el intento de conciliación, violando el debido proceso porque no se desarrolla conforme a la observancia de las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, tallo manda el Art. 90 de la Constitución de la República y 3 del Código Procesal Civil; infracciones procesales también cometida por la Corte recurrida, en la sentencia impugnada por este recurso extraordinario, al declarar sin lugar la apelación y confirmar la sentencia de primera instancia, ya que de esa manera hace suyas la parte de motivación y la parte resolutiva de la sentencia. Al no entenderlo así el Tribunal de Alzada recurrido ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo, afectando el debido proceso porque no cumple con una importante formalidad en el inter procesal en cuanto a la comparecencia por medio de representante sin ostentar un poder con el suficiente bastanteo, o sea, facultades según la máxima de literalidad prevista en el Art. 82.3 del CPC, y el mismo Art. 445.1 que exigen poder suficiente para comparecer a la audiencia preliminar, participar en el intento de conciliación y, en su caso, conciliar en dicha audiencia, por ende, se permitió el ejercicio de la procuración sin las formalidades legales previstas en la ley procesal, incurriendo en irracionalidad y arbitrariedad. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada Que perjudica a la parte actora y según el CPC Art. 727.3 relativo al “Contenido de la Decisión. Estimación” en casación, si se apreciare la existencia de infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, ordenéis reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiere producido la falta. Este motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil, en su Art. 719.1.b) Causales del Recurso, en la parte que dice: “...b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. TERCER MOTIVO: POR ERRORES ANTERIORES A LA SENTENCIA relativos a la observancia de las normas que regulan la producción de los actos, durante el inter procesal. INCOMPARECENCIA DEL DEMANDADO A LA AUDIENCIA PROBATORIA MAL JUSTIFICADA CON DOCUMENTOS EN IDIOMAS EXTRANJEROS SIN TRADUCCIÓN OFICIAL O PRIVADA PREVIAMENTE AUTORIZADA “INFRACCIÓN DE NORMAS PROCESALES de los siguientes Artículos: DEBIDO PROCESO del Código Procesal Civil o CPC, en relación con los siguientes Artículos del mismo Código Procesal Civil: 115. ACTUACIONES JUDICIALES. En la parte que dice: “1. Los actos procesales que conforman el procedimiento civil deberán realizarse de acuerdo con las prescripciones de este Código… y de la Constitución de la Republica, siendo nulos o anulables en caso contrario...”; 128. IDIOMA. En la parte que dice: “1. Los procesos se sustanciarán en el idioma español...; 288. DOCUMENTOS EN OTRO IDIOMA, en la parte que dice: “1. Los documentos en idioma distinto del español deberán ser acompañados de su traducción oficial o de una traducción privada por persona autorizada previamente por el Juez. De lo contrario, serán inadmitidos. “, el 256. INCOMPARECENCIA Y ADMISIÓN FICTA, en la parte que dice: 2. Si la parte no comparece y no alega previamente justa causa para ello, el juez o tribunal puede considerar reconocidos los hechos a los que se refiere el interrogatorio, en los que dicha parte hubiera participado personalmente y cuya fijación como ciertos le sea entera o parcialmente perjudicial”; y, el 469. COMPARECENCIA DE LAS PARTES. En la parte que dice: “1. Las partes deberán comparecer a la audiencia probatoria personalmente cuando se hubiera acordado su declaración como medio de prueba. Estarán asistidas por sus profesionales del derecho. En caso contrario se les tendrá por no comparecidas. Si se hubiere propuesto la declaración del ausente se podrán tener por ciertos los hechos a que se refiriera el interrogatorio en lo que le sea perjudicial...”; también en relación con los artículos del mismo Código Procesal Civil: 7.1. LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS, del CPC en la parte que dice: “1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas...”; y el 12. FACULTADES PROCESALES del mismo CPC, en la parte que dice: “1. La dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y en este Código. 2. El Juez controla de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, así como la inexistencia de motivos de nulidad, antes de dictar sentencia...”; asimismo, en relación con: los Arts. 90 primer párrafo, 321 y primer párrafo deI 323, los tres de la Constitución de la República, y Art. 8.1 Garantías Judiciales de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, en la parte que dice: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley... o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil...”. El Insigne Eduardo J. Couture⁴ nos aclara: “La garantía de orden estrictamente procesal, ha venido a transformarse, con el andar del tiempo, en el símbolo de la garantía jurisdiccional en sí misma. La garantía de debido proceso consiste, en último término, en no ser privado de la vida, libertad o propiedad sin la garantía que supone la tramitación de un proceso devuelto en la forma que establece la ley y de una ley dotada de todas las garantías del proceso parlamentario” El Código Procesal Civil en su Art. 3. Prevé el principio “DEBIDO PROCESO” con el siguiente contenido: «Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada” o sea, como una garantía para el buen funcionamiento judicial. En el presente caso el proceso no se ha desarrollado por los trámites previstos legalmente y no se le han respetado todos los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias a nuestro representado, pues el Tribunal de Alzada ha sido muy permisivo con la flexibilidad de la jueza de primera instancia hacia el demandado Mario Roberto Martínez Hernández, primero permitiendo que su apoderado legal actuara con un poder redactado al estilo del Código de Procedimientos de 1906, cuando el Código Procesal Civil exige el principio de máxima de literalidad en el otorgamiento de las facultades especiales, segundo, permitió al demandado Mario Roberto Martínez Hernández justificar su segunda incomparecencia en el proceso, en la audiencia probatoria celebrada el dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), a las nueve de la mañana (9:00 am.), su apoderado el Abg. Selvin López pidió reprogramación de la audiencia y presentó con documentos redactados en dos idiomas extranjeros, en inglés y árabe, sin traducción oficial y sin que previamente la juzgadora autorizara una traducción privada, documentación a la cual no se tuvo acceso oportuno por nuestra parte, dado la violación al principio derecho de igualdad, precisamente el de igualdad ante la ley en que nuevamente incurría la jueza de instancia, perjudicando los intereses de nuestro representado. De esa manera nuevamente en el iter procesal se suscitó otra irregularidad para permitir la incomparecencia de la parte demandada, en claro favoritismo en el trato hacia la parte demandada, quien no llevó los testigos que propuso. La autorización aludida tardíamente la dio la jueza en la misma audiencia preliminar cuando la parte contraria, o sea, la posición de parte demandante, estando en dicha audiencia se le informó de semejante irregularidad procesal, actuación que fue impugnada y protestada formalmente por ser contraría a la normalidad del iter procesal que establece al respecto el Art. 288.1 del CPC, su que días después, o sea, tardíamente se tuvo por acreditados esos requisitos; tercero, no hubo una dirección del proceso y conducción de las audiencias en condiciones de igualdad para las partes, porque la jueza de primera instancia fue flexible con la parte demandada, pero al suscrito le impuso una multa por reclamar enfáticamente los derechos de la parte actora, cuando de la grabación de la imagen y sonido de la respectiva audiencia revelan que no hubo motivo suficiente para tal severidad; como fácilmente se aprecia la jueza no impartió el servicio de justicia sin dilaciones, por el contrario, ella misma propició mora en el trámite del proceso, culminando con dilatados nueve (9) meses para dictar la resolución de fondo injusta y mal motivada. La jueza justificando su decisión argumentó que “...nosotros como terceros neutrales en los procesos y por la cantidad de juicios que se han desarrollado, cada situación o cada abogado es precedido o respaldado por muchos elementos, por su diligencia a la hora de hacer los expedientes, por su reputación, por su puntualidad, por su formalidad, por decir algunos eventos, de igual forma eso se traduce en el expediente cuando se va desarrollando y desde un inicio, en ningún momento se ha observado por la parte demandada la intención de dilatar el proceso... -aquí la jueza exteriorizó que el apoderado demandado ayudó en ¡a redacción del acta y continuó justificándose- como ustedes pudieron observar este día, el acta no una acta pequeña, es una acta de 14 páginas, lamentablemente por situaciones que realmente por situaciones que a ustedes sé que no deberían afectarles, pero es innegable que hay situaciones de organización dentro del poder judicial y estoy segura que el ex magistrado Barahona.- Nosotros destacamos que ella reconoció que el apoderado del demandado les ayudó a redactar el acta, lo que indica una relación de cercanía que confirma un trato preferente o ventajoso para la parte demandada. Resulta que el doce (12) de junio de este año la jueza Wenniver Lisbeth Rivera Andino ya estaba recusada y no le había dado el procedimiento adecuado a la recusación planteada, pero violando el debido proceso esa jueza recusada conoció y en la pieza principal dictó providencias y autos, su arbitrariedad consta en autos y como se observa en la transcripción de la resolución que dictó respecto a la justificación de incomparecencia del demandado el trato preferente expandiendo los plazos y términos a favor de la parte demandada: “La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil Certifica la Providencia que Literalmente Dice. 4034-2016 LCO. San Pedro Sula, Departamento de Cortés, trece (13) de junio del dos mil diecisiete (2017). La Abogada WENNIVER LISBETH W. RIVERA A., Juez del Juzgado de Letras Civil de ésta sección judicial, en nombre del Estado de Honduras, resuelve mediante PROVIDENCIA: 1. ADMITIR el escrito que antecede; 2. TENER por cumplido lo ordenado en ¡a Audiencia Probatoria en el sentido de presentar el documento de justificación de la incomparecencia del juzgado traducido al idioma oficial; y, 3. En cuanto al señalamiento de fecha para ¡a continuación de la Audiencia Probatorio estese a lo reciente a lo resuelto en la Providencia que antecedente. Se resuelve en esta fecha por el exceso de trabajo que se produce al acercarse el periodo de vacaciones. Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 115, 129, 130, 135, 151, 152, 153, 171 y 193 del Código Procesal Civil. CUMPLASE. fIS. ABG. WENNIVER LISBETH RIVERA ANDINO, JUEZ. ABG. MELISSA ARGENTINA MEJIA LOZANO, SECRETARIA ADJUNTA” (el subrayado es nuestro). Asimismo, es inaceptable que estando recusada haya resuelto, además lo hizo con mucha dilación en un asunto sencillo como fijar fecha para reanudar o continuar con la audiencia probatoria, porque ni el exceso de trabajo puede impedir que se escoja la fecha para tal efecto; el proceso civil que debió tramitar sin dilaciones lo atrasó y la emisión dilatada de la sentencia es una prueba de ello y a favor de la parte contraria distorsionó el contenido de la norma del Art. 288.1, pues de no acompañarse traducción oficial, la contraparte debió acompañar una traducción privada por persona autorizada previamente por la jueza, pero ésta la autorizó después de que la parte demandada la presentó en la audiencia probatoria del 18 de mayo de 2017, le concedió mucho tiempo a la parte contraria. Resolviendo la recusación dictó el siguiente auto: “4034-2016.- San Pedro Sula, Departamento de Cortés, catorce (14) de junio del dos mil diecisiete (2017).- La Abogada WENNIVER LISBETH W. RIVERA A., Juez del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en nombre del Estado de Honduras, resuelve mediante AUTO: La recusación presentada por la Abogada SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO en su condición de apoderada demandante y la Manifestación presentada con dicho escrito. ANTECEDENTES DE HECHO: UNICO: ... señalando como argumento de recusación que el Testigo propuesto por la parte a quien representa tuvo una plática antes de ingresar a la Audiencia probatoria con alumno de la Suscrita y que este manifestó que la demanda no iba a prosperar. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 1. Dispone el Artículo 52 — de la abstención y recusación- que “los jueces y magistrados y los auxiliares de los juzgados y tribunales están obligados a intervenir en todos los procedimientos que se tramiten en ellos. Sin embargo, deberán abstenerse sin esperar a que se les recuse si concurre en ellos alguna de las causas de recusación determinadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial”, actualmente aun... nos remitimos a la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. 2. La compareciente en su condición indicada señala como causal de recusación lo que dispone el Artículo 111 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de Tribunales que no es causal de recusación, ya que las 11 causales de recusación se encuentran establecidas en el Artículo 188 de dicho cuerpo legal dentro de las que no se encuentra nada de lo invocado por la recusante o algo que se pueda inferir como comprendido dentro de alguna de las causales… En aplicación a lo establecido en los artículos ya señalados y a lo disponen los artículos: 1, 2, 7, 9, 54, 56, 57, 115, 135, 193 y 198 del Código Procesal Civil. PARTE DISPOSITIVA: En consecuencia: DESESTIMESE la petición de recusación presentada por la apoderada demandante. NOTIFÍQUESE. F/S. ABG.WENNIVER LISBETH RIVERA ANDINO, JUEZ. ABG. MELISSA ARGENTINA MEJIA LOZANO, SECRETARIA ADJUNTA”. El mismo CPC citado en su Art. 7.1. conceptúa el principio LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS con el siguiente contenido: “1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas...”. Siendo genérica el principio derecho y garantía del debido proceso, se integra con otras garantías o sub-garantías, en consecuencia, el contenido del principio de legalidad se integra al debido proceso invocado, de tal manera que para este caso concreto lo expuesto en el párrafo anterior revela que los procedimientos del proceso declarativo ordinario en cuyo ámbito se comprende las pretensiones consignadas en la demanda civil de mérito, no se han desarrollado según las disposiciones del CPC, ni de acuerdo con la Constitución y siendo imperativas las disposiciones de aquél cuerpo legal, así como de nuestra Carta Magna, la recusada se desempeñó demasiado indulgente con las actuaciones aludidas, provocadas por parte demandada, lo cual fue adoptado por el Tribunal de Alzada dada su gran complacencia con la sentencia ahora impugnada, al confirmar el fallo de primera instancia. Más adelante el Código Procesal Civil, prevé el Art. 12. FACULTADES PROCESALES, en la parte que dice: “1. La dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de ¡a República y en este Código. 2. El Juez controla de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, así como la inexistencia de motivos de nulidad, antes de dictar sentencia...”. En el presente caso, fue evidente la conducta parcializada de la jueza, que en fecha 18 de mayo del año en curso esta representación solicitó señalamiento de nueva audiencia y copia de la reproducción de los audios de la audiencia celebrada en esa misma fecha, y fue grande nuestra sorpresa que al 31 de mayo de 2017, no había resuelto la dicha solicitud y dada la presentación del escrito de recusación ya no podía resolver ni con fecha atrasada ni con data actual, por lo que todos estos aspectos debieron ser considerados por el Tribunal de Alzada para determinar que la abogada. Wenniver Lisbeth Rivera A., debió abstenerse de conocer de la demanda incoada ya que actuó alejada de la objetividad e imparcialidad requerida en el desempeño de sus funciones. La jueza recusada en la conducción de las audiencias suscitadas, actuó como demostrando que conocía suficientemente el CPC, especialmente porque tuvo de público a sus alumnos universitarios, pero a medida que conducía y dirigía el proceso con el desigual trato dispensado hacia la parte demandante, demostraba su parcialidad y complacencia a favor de la parte demandada; y, una vez presentado el escrito de recusación se remarca lo arbitrario del proceder de la jueza recusada y el desconocimiento del tratamiento del CPC sobre la recusación, pues continúa con las violaciones al debido proceso, ya que según el CPC una vez presentado el escrito de recusación el juez recusado o bien 0pta por aceptar los motivos o causales de la recusación, caso en el cual y por tratarse de un órgano unipersonal aplicará el Art. 54.3, así se abstendrá de intervenir en el asunto y remitirá el expediente al juez que lo sustituye o subrogado; la otra opción del juez recusado es que no acepta el contenido de la recusación, entonces debe aplicar el Art. 54.4, a fin de que someter el incidente al conocimiento del juzgado o tribunal que correspondiere, que en el caso de autos le’ corresponde a un juez de ese mismo Juzgado, con exposición del juez recusado, quien durante la sustanciación del incidente no debió intervenir en el procedimiento y habría sido sustituido por aquél a quien corresponda con arreglo a la ley, o sea, el designado bajo el sistema aleatorio implementado. Estando recusada la mencionada jueza siguió actuando y dictó el auto del 13 de junio 2017 resolviendo ‘TENER por cumplido lo ordenado en la Audiencia Probatoria en el sentido de presentar el documento de justificación de la incomparecencia del juzgado traducido al idioma oficial”, o sea, violando el orden del proceso a que alude el principio de buena fe procesal y sin los requisitos legales acepta documento en idiomas distintos del español presentado sin acompañarse de su traducción oficial o de una traducción privada por persona autorizada previamente por el Juez, por lo que debió ser inadmitido y, por haberse otorgado dicho documento fuera de Honduras, debió presentarse debidamente legalizado o apostillado, pero la jueza no cumplió con las normas imperativas del CPC, ni con las normas constitucionales mencionados en este motivo, pues primero admite la justificación de la incomparecencia del demandado a la audiencia probatoria con un documento idiomas inglés y árabe y muchos días después admite la excusa de incomparecencia, es decir, no se tradujo con los requisitos de ley y tampoco debidamente apostillados o autenticados, por lo que no fueron presentados en el momento procesal oportuno y esto constando de autos de la Corte de Apelaciones recurrida insólitamente ha sido maga-benévola aceptando como válido, en flagrante violación al debido proceso, argumentando que un itinerario de vuelo en español es suficiente para justificar o soportar la incomparecencia del demandado a la audiencia, olvidando que tal proceder arbitrario de la jueza actuante afectó el derecho de defensa de la parte actora, al disminuirlo, porque como resulta evidente no se debe dictar autos como el del 13 de junio de 2017 finalizándolos con la fórmula cúmplase, como si se tratara de orden del día de los militares, especialmente por ser atinente a la presentación de traducción de un documento en dos idiomas extranjeros, puesto que las partes contrarias a quien lo presenta, deben tener la oportunidad de impugnarlo y, lógicamente, esto se posibilita con el término o fórmula NOTIFIQUESE, NO CON CUMPLASE, como se finalizó tal auto. La jueza actuó arbitrariamente como en los principios del derecho romano, al siguiente día desestima la recusación, admitiendo la excusa cuando esta recusada y cualquier juez recusado está impedido de continuar conociendo de un expediente cuando ya enfrenta una recusación, quedando evidente la existencia de una serie de irregularidades que se sancionan con nulidad absoluta. El auto dictado el 14 de junio 2017 por la jueza de primera instancia denunciada donde resuelve la recusación planteada en su contra, al expresar resuelve desestimar la recusación, es la culminación de la arbitrariedad, quedando plasmada su parcialidad a favor del demandado e interés indirecto, casi directo, a favor de Mario Roberto Martínez Hernández, con tanto desacierto del actuar de la jueza en este proceso, infringiendo el debido proceso y el principio de legalidad, y hasta el derecho de defensa, perjudicando evidentemente a mi cliente HORACIO JOSE PATANIAN, siendo la cuestionada, como si fuera juez y parte en el conocimiento y decisión de la recusación, la desestimó de plano. Obviamente, la Corte recurrida al confirmar la sentencia de primera instancia ha hecho suyos semejantes irregularidades muy perjudiciales para la parte actora en este proceso civil. Además, conforme al Art. 56.2 del CPC el juez competente para conocer del incidente de recusación planteada contra un juez, es el que conozca de la pieza de recusación, y el artículo 57.2 del CPC claramente establece el trámite de la pieza de recusación, así: “recibida la recusación se entregará copia de ella al recusado y, si no acepta como cierta la causa, el juez o tribunal que conociere de la recusación podrá rechazarla de plano si la considerare manifiestamente infundada”, del desconocimiento e ignorancia de esta disposición también resulta evidente que este asunto no debió conocerlo y decidirlo la mima jueza ya que se vuelve juez y parte, debe conocerlo un juez distinto, un juez subrogado determinado aleatoriamente en el Juzgado de Letras Civil o mixto, de manera que conforme al Art. 56.2 del CPC, a quien le compete rechazarla, caso en el cual no la admite a trámite, pero al juez o jueza recusado(a) no tiene atribución para de plano desestimarla, pues este término se usa cuando se ha tramitado y se decide el incidente de recusación. Visto lo antes expuesto, es evidente que estando la dirección del proceso civil de mérito a cargo de la Jueza Wenniver Lisbeth W. Rivera Andino, en contravención al Art. 12.1 del CPC, no ejerció tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y en el Código Procesal Civil; asimismo, no obstante el contenido del Art.12.2 de este Código, dicha Jueza no controló de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, especialmente en la inobservancia de esos procedimientos sobre justificación adecuada y razonable de la incomparecencia a audiencias y en el atropellamiento por las infracciones de las normas procesales sobre el trámite de la recusación, donde la jueza recusada se erigió en “juez y parte” y en vez de impedir la inexistencia de motivos de nulidad, antes de dictar la sentencia, ella misma abiertamente los propició. La Constitución de la República en su Art. 90 primer párrafo dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. En el presente caso debe tenerse en cuenta que la naturaleza jurídica de la Constitución de la República es “una norma”, por ende, opera como tal, deroga tácita o expresamente, y es funcional, o sea, es operativa y debe ser “normativa” o, que es lo mismo, debe ser correctamente interpretada y aplicada o utilizada para resolver conflictos y obtener la paz jurídica en casos concretos y, en algunos, hasta la paz social; en tal virtud, dado los hechos en este caso concreto la jueza de primera instancia no ha juzgado a Horacio José Patanian con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, dado la dirección y conducción del proceso y audiencias en forma inconsistente e irregular como se ha descrito, apartándose del procedimiento establecido en el CPC, tanto en el trámite para justificar incomparecencias del demandado como en el tratamiento legal de una recusación planteada en su contra, oportunidades donde exteriorizó su arbitrariedad, lo cual se aprecia y escucha de la grabación de imagen y sonido que se hizo en el desarrollo de las audiencias. La misma Constitución manda: “321 “Los servidores del Estado no tienen facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Este precepto constitucional en otra de las manifestaciones del principio de legalidad y. por ende, para la integrar el principio derecho o garantía genérica del debido proceso y se ha invocado como infringido porque los Magistrados de la Corte recurrida son servidores del Estado y no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y, en ningún Art. el Código Procesal Civil autoriza o faculta a los integrantes de un Tribunal de Alzada que conociendo de un recurso devolutivo como la apelación, pasen desapercibidas las irregularidades de un juzgado de primera instancia, como ha ocurrido en este caso concreto con la jueza actuante en el proceso de mérito, en la que la parte demandante ha caído mal por ser un abogado de nacionalidad argentina cuyo pecado ha sido plantear una demanda consignando las pretensiones ante la maledicencia del demandado al incumplir un contrato de representación deportiva. El primer párrafo del 323 de dicha Constitución dice: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella...”; sin duda esta disposición constitucional se relaciona y complementa el Art. 90 primer párrafo de la Constitución de la República en cuanto a la regulación del debido proceso, puesto que los servidores del Estado y en especial los servidores del servicio público del impartimiento de la justicia, los jueces y magistrados, son depositarios de la autoridad judicial, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, pues rindieron la promesa constitucional de ley de “ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, quedando obligados a interpretar y aplicar fielmente las leyes, y en cada caso concreto sometido a su conocimiento deben efectivizar la garantía de justicia prevista en el Art. 1 de la Constitución de la República, de manera que todos sus habitantes y los extranjeros que se han sometido a la jurisdicción nacional se beneficien también del “goce de la justicia”, que es la primera finalidad para la cual se constituyó el Estado de Honduras; sin embargo, con actitud estoica hemos vivido en carne propia las arbitrariedades de la jueza de primera instancia que ha transgredido los derechos del actor, exhibiendo ante un ciudadano argentino al Poder Judicial Hondureño, con el tipo de arbitrariedades referidas. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, Garantías Judiciales de Art. 8.1 “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ¡a ley... o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil...”; con mucha pena hemos presenciado y sufrido las arbitrariedades de la jueza de primera instancia y nuestro representado a pesar de tener derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, ha sido juzgado oyéndolo pero sin las debidas garantías, tal como se deduce de las infracciones a normas procesales, como se ha aludido en los acápites anteriores, la jueza se parcializó hacia la causa del demandado y le permitió y hasta propició eludiera la normativa imperativa del CPC, por lo que la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, en este proceso ha sido sesgada hacía la parte demandada e intolerante hacia la parte actora, infraccionando el principio derecho al debido proceso en perjuicio del actor. El debido proceso es una garantía genérica que de conformidad con el contenido del Art. 3 de nuestro Código Procesal Civil, entre sus elementos se identifica que es un derecho de las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, o sea, que debe observarse el principio de legalidad, a que se respeten los derechos establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, como es el caso del derecho de defensa, a la igualdad, a que se observen los plazos legales o judiciales sin dilaciones, al juez natural que íntegra el órgano jurisdiccional competente, quien debe desempeñarse con independencia e imparcial y dictar una resolución de fondo justa y motivada. En tal sentido serán elementos que configuran el debido proceso en el área civil: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al juez natural y predeterminación del juez (proscribe establecer un órgano jurisdiccional ad-hoc para el enjuiciamiento de un determinado tema, que la doctrina denomina “tribunales de excepción”), c) el derecho al juez imparcial (excluye el juez tendencioso), ch) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, en su caso, d) el derecho a un proceso oral y público, e) el derecho al desarrollo y conclusión del proceso sin dilaciones, f) el derecho a la legalidad de la prueba, g) el derecho a la igualdad procesal de las partes, h) el derecho a no declarar contra sí mismo, i) el derecho a la valoración razonable de la prueba, j) el derecho a la resolución de fondo justa y motivada, k) el derecho a recurrir, I) el derecho a la asistencia técnica gratuita proporcionada por el Estado a las personas con escasez de ingresos económicos para sufragar un abogado particular. El debido proceso implica, precisamente desde sus orígenes, el derecho al debido proceso “legal”, con la consecuencia de que cualquier violación grave del procedimiento en perjuicio del imputado equivale a uno de sus derechos fundamentales y, por ende, de la propia Convención... El debido proceso, o como lo llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho de & procesal”2 es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro. ..“. Tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub-judice, esta representación procesal lo relaciona con los derechos a que debe observarse el principio de legalidad, a que se respeten los derechos establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, como es el caso del derecho de defensa, a la igualdad, a que se observen los plazos legales o judiciales sin dilaciones, a que el juez natural que integra el órgano jurisdiccional competente debe desempeñarse con independencia e imparcialidad y dictar una resolución de fondo justa y motivada, los cuales han sido transgredidos por la condescendiente Corte recurrida al declarar sin lugar el recurso de apelación que interpusimos en tiempo y forma, y confirmar la sentencia de primera instancia, haciendo suyos las irregularidades en la observancia del debido proceso. SE HIZO PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL Y SE TRATÓ DE SUBSANAR. En la audiencia preliminar luego esta representación procesal manifestó su inconformidad respecto a las facultades muy generales del poder con que actúa el apoderado de la parte demandada, pero la jueza de primera instancia fiel a su preconcebida actitud sesgada a favor del demandado, resolvió desfavorable a nuestra petición de que se le tuviera o declarara por no comparecido al demandado, también en la audiencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que fue la apertura de la probatoria, se hizo la previa denuncia para en la instancia de las irregularidades de la documentación acompañada en dos idiomas extranjeros (árabe e inglés) para justificar la incomparecencia del demandado; sucedió lo mismo con respecto a la recusación planteada, que la misma jueza recusada desestimó nuestras pretensiones; y se mencionan las tres irregularidades porque además de que ellas en sí se reclaman en motivos separadas, por ser a la vez exteriorización o manifestación de violaciones a sus respectivos procedimientos, que constituyen las infracciones procesales al principio derecho y garantía del debido proceso; en todas esas oportunidades la resolución de la jueza de instancia fue adversa a los intereses de nuestro representado, luego respecto a tales decisiones no arregladas a Derecho, se interpuso recurso de reposición, excepto respecto a la recusación que se planteó recurso de nulidad por ser irrecurrible la decisión negativa; pero también fue declarado sin lugar o desestimado, el cual e CPC prescribe que es irrecutible, pero en audiencia siempre se manifestó nuestra protesta formal para tener expedito nuestro derecho a replicar la impugnación en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, si fuere necesario, lo que fue reproducido o reiterado en el escrito de interposición y formalización del recurso de apelación; el reclamo por los vicios denunciados en los agravios ‘1°, 2° y 3°; de esa manera se hizo la previa denuncia en la instancia de tal vicio procesal y se hizo lo posible para la subsanación de dicha irregularidad conforme al Art. 700 del CPC. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto como la infracción en el iter procesal, específicamente al permitir la jueza actuante la incomparecencia justificada del demandado Mario Roberto Martínez Hernández, pero con la representación procesal sin poder bastante en cuanto a la forma del poder o procura redactado el estilo del Código de Procedimientos de 1906, sin cumplir fielmente con la máxima de literalidad confiriendo expresa o explícitamente las facultades para comparecer a audiencias extra o intra procesal para en la audiencia preliminar intentar la conciliación o conciliar, la jueza de primera instancia actuó con benévolamente soslayando la imperatividad de las normas del CPC, lo mismo pasó con la incomparecencia del demandado a la audiencia probatoria la infracción procesal señalada se produjo durante el iter procesal especialmente al inicio de la celebración de la audiencia el 18 de mayo de 2017, en virtud de que el demandado Mario Roberto Martínez Hernández incompareció a dicha audiencia sin que se haya justificado adecuadamente su ausencia, error referente a la prueba documental venida del extranjero en idiomas árabe e inglés, sin traducción oficial ni privada autorizada previamente por la jueza, presentada en Ja forma ya explicada, por la parte demandada para justificar irrazonablemente la ausencia de la parte demandada, siendo tal infracción determinante de la nulidad conforme a normas del mismo Código; además de resoluciones tardías de la jueza aún recusada, violando el debido proceso porque no se desarrolla conforme a la observancia de las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, tal lo manda el Art, 90 de la Constitución de la República y 3 del Código Procesal Civil; infracciones procesales también cometidas por la complaciente Corte recurrida, en la sentencia impugnada por este recurso extraordinario, al declarar sin lugar la apelación y confirmar la sentencia de primera instancia, ya que de esa manera hace suyas la parte de motivación y la parte resolutiva de la sentencia. Al no entenderlo así el Tribunal de Alzada recurrido ha infringido esa relación de normas procesales citadas en el enunciado de este motivo, afectando el debido proceso porque no cumple con importantes formalidades en el inter procesal en las actuaciones ya relatadas, permitiendo el ejercicio de la procuración sin las formalidades legales en la ley procesal, incurriendo en irracionalidad y arbitrariedad. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a la parte actora y según el CPC Art. 727.3 relativo al “Contenido de la Decisión. Estimación” en casación, si se apreciare la existencia de infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, ordenáis reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiere producido la falta. Este motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil, en su Art. 719.1. b) Causales del Recurso, en la parte que dice: “...b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. CUARTO MOTIVO: POR ERRORES ANTERIORES A LA SENTENCIA relativos a la observancia de las normas que regulan la producción de los actos, durante el inter procesal. INFRACCIÓN EN EL ITER PROCESAL POR INCOMPARECENCIA DEL DEMANDADO A LA AUDIENCIA PROBATORIA MAL JUSTIFICADA CON DOCUMENTOS EN IDIOMAS EXTRANJEROS SIN TRADUCCIÓN OFICIAL O PRIVADA PREVIAMENTE AUTORIZADA. Infracción de las siguientes normas procesales del Código Procesal Civil en los Arts. 288. DOCUMENTOS EN OTRO IDIOMA, en la parte que dice: “1. Los documentos en idioma distinto del español deberán ser acompañados de su traducción oficial o de una traducción privada por persona autorizada previamente por el Juez. De lo contrario, serán inadmitidos...”, en relación con los Artículos: 128. IDIOMA. En la parte que dice: “1. Los procesos se sustanciarán en el idioma español...; 115. ACTUACIONES JUDICIALES. En la parte que dice: “1. Los actos procesales que conforman el procedimiento civil deberán realizarse de acuerdo con las prescripciones de este Código... y de la Constitución de la República, siendo nulos o anulables en caso contrario...”; el 256. INCOMPARECENCIA Y ADMISIÓN FICTA, en la parte que dice: 2. “Si la parte no comparece y no alega previamente justa causa para ello, el juez o tribunal puede considerar reconocidos los hechos a los que se refiere el interrogatorio, en los que dicha parte hubiera participado personalmente y cuya fijación como ciertos le sea entera o parcialmente perjudicial”; y, el 469. COMPARECENCIA DE LAS PARTES. En la parte que dice: “1. Las partes deberán comparecer a la audiencia probatoria personalmente cuando se hubiera acordado su declaración como medio de prueba. Estarán asistidas por sus profesionales del derecho. En caso contrario se les tendrá por no comparecidas. Si se hubiere propuesto la declaración del ausente se podrán tener por ciertos los hechos a que se refiriera el interrogatorio en lo que le esa perjudicial…”. 128. Idioma ...5 A todo documento redactado en idioma que no sea el español, se acompañará la traducción del mismo, con los efectos previstos en la regulación de la prueba documental privada que establece este Código, y 288. Documentos En Otro Idioma.1. Los documentos en idioma distinto del español deberán ser acompañados de su traducción oficial o de una traducción privada por persona autorizada previamente por el Juez. De lo contrario serán inadmitidos...”. La infracción procesal señalada se produjo durante el iter procesal especialmente al inicio de la celebración de la audiencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en virtud de que el demandado Mario Roberto Martínez Hernández incompareció a dicha audiencia sin que se haya justificado adecuadamente su ausencia, error referente a la prueba presentada por la parte demandada para justificar razonablemente la ausencia de la parte demandada, siendo tal infracción determinante de la nulidad conforme a normas del mismo Código. La jueza privilegió y dio especial consideración al demandado Mario Roberto Martínez Hernández justificar su segunda incomparecencia en la audiencia probatoria celebrada el dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), mediante documentación inidóneo para ello y su apoderado el Abg. Selvin López pidió reprogramación de la audiencia y presentando documentos redactados en dos idiomas extranjeros, en inglés y árabe, sin traducción oficial y sin que previamente la juzgadora autorizara una traducción privada, documentación a la cual no se tuvo acceso oportuno por nuestra parte, dado la violación al principio derecho de igualdad, precisamente el de igualdad ante la ley en que nuevamente incurría la jueza de instancia, perjudicando los intereses de nuestro representado. De esa manera nuevamente en el iter procesal se suscitó otra irregularidad para permitir la incomparecencia de la parte demandada, en claro favoritismo en el trato hacia la parte demandada, quien no llevó los testigos que propuso. La autorización aludida tardíamente la dio la jueza en la misma audiencia preliminar cuando la parte contraria, o sea, la posición de parte demandante estando en dicha audiencia se le informó de semejante irregularidad procesal, actuación que fue impugnada y protestada formalmente por ser contraria a la normalidad del iter procesal que establece al respecto el Art. 288.1 del CPC, sino que treinta y un (31) días después. O sea, tardíamente se tuvo por acreditados esos requisitos; la jueza argumentó: “...nosotros como terceros neutrales en los procesos y por la cantidad de juicios que se han desarrollado, cada situación o cada abogado es precedido o respaldado por muchos elementos, por su diligencia a la hora de hacer los expedientes, por su reputación, por su puntualidad, por su formalidad, por decir algunos eventos, de igual forma eso se traduce en el Expediente cuando se va desarrollando y desde un inicio, en ningún momento se ha observado por la parte demandada la intención de dilatar el proceso... -aquí la jueza exteriorizó que el apoderado demandado ayudó en la redacción del acta y continuó justificándose- como ustedes pudieron observar este día, el Acta no una acta pequeña, es una acta de 14 páginas, lamentablemente por situaciones que realmente por situaciones que a ustedes sé que no deberían afectarles, pero es innegable que hay situaciones de organización dentro del Poder Judicial y estoy segura que el ex Magistrado Barahona las conoce completamente porque laboró en el Poder Judicial, que muchas veces impiden que se vayan desarrollando los procesos normalmente... vuelvo a escuchar todo y a revisar para hacer una depuración porque las actas no son transcritas literalmente,, sino sucintamente... Hacerle la aclaración al abogado (-se refiere al abogado Barahona Valle), entiendo que fue con el debido tiempo y ellos necesitaron gestionar alguna excusa que tiene que ser traducida al idioma español no solo porque así lo manda como regla el Código Procesal Civil, además por respeto a las partes, habiendo dicho esto, entiendo el malestar de la parte demandante pero ustedes deben de observar en un juicio, es tratar de no perder la objetividad, ni personalizar los asuntos y en lo que hemos desarrollado el proceso no he visto de las partes el ánimo de dilatar el mismo, habiendo dicho esto este Juzgado va a tener por admitida la Excusa pero le ordeno al apoderado demandado que la presente traducida debidamente al español, en el mismo documento él señala la fecha en que el señor Mario Martínez va encontrarse aquí en la ciudad de San Pedro Sula (se subraya este párrafo para destacar la resolución arbitraria de la jueza), luego ella argumentó . . . el juzgador es un tercero neutral imparcial que rige las reglas del proceso con el objetivo que este se desarrolle en el tiempo más pronto posible, que no se violenten garantías, que se puede evacuar fa prueba y... -por nuestra parte- se objetó la justificación en base a los documentos que no están en el idioma oficial, que se faltó a los deberes de las partes y terceros según el Art. 231 CPC y se interpuso reposición y que las sanciones están previstas en el Art. 232 porque no se acreditó suficientemente la justificación de incomparecencia del demandado y se nos afectó el derecho de igualdad de las partes porque la parte demandada toma automáticamente ventaja con el quiebre de la audiencia probatoria y que están señaladas las cuales de suspensión de audiencia, por lo que se pidió la jueza que reconsiderara se decisión y, por lo tanto, reponga en el sentido de que puede continuar con la audiencia pero no está justificado ni la incomparecencia de la parte para evacuar el interrogatorio de partes que solicitamos y nos fue admitido y lo mismo la de los testigos. Y la jueza después de argumentar que la prueba testifical y de interrogatorio de parte es complementaria a la documental y manifestando que no entiende todo el malestar, la desavenencia, y que entiende hasta cierto punto la incomodidad y otros, decidiendo que “sostengo mi resolución de tener por justificada la incomparecencia, le reitero nuevamente, y por nuestra parte se renunció a la prueba testifical y que se procediera a evacuar el interrogatorio de parte, pero a nuestra iniciativa se dejó constancia de la protesta contra la decisión de tener por justificada la incomparecencia del demandado Mario Roberto Martínez Hernández, con documentos en idioma extranjero (árabe e inglés), sin traducción oficial y sin haberse ordenado con antelación o previamente la traducción privada. Los privilegios y consideraciones para la parte demandada son evidentes. La arbitrariedad de la jueza de primera instancia está de manifiesto en autos y se demuestra con la transcripción de la resolución que dictó respecto a la justificación de incomparecencia del demandado: “La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil Certifica la Providencia que Literalmente Dice. 4034-2016 LCO.- San Pedro Sula, Departamento de Cortés, trece (13) de junio del dos mil diecisiete (2017).- La Abogada WENNIVER LISBETH W. RIVERA A., Juez del Juzgado de Letras Civil de ésta sección judicial, en nombre del Estado de Honduras, resuelve mediante PROVIDENCIA: 1. ADMITIR el escrito que antecede; 2. TENER por cumplido lo ordenado en la Audiencia Probatoria en el sentido de presentar el documento de justificación de la incomparecencia del juzgado traducido al idioma oficial; y, 3. En cuanto al señalamiento de fecha para la continuación de la Audiencia Probatoria estese a lo resuelto en la Providencia que antecedente. Se resuelve en esta fecha por el exceso de trabajo que se produce al acercarse el periodo de vacaciones. Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 115, 129, 130, 135, 151, 152, 153, 171 y 193 del Código Procesal Civil. CUMPLASE. f/S. ABG. WENNIVER LISBETH RIVERA ANDINO, JUEZ. ABG. MELISSA ARGENTINA MEJIA LOZANO, SECREATRIAADJUNTA”. O sea, del 18 de mayo al 13 de junio de 2017, transcurrieron treinta y un días naturales, como uno de los meses de 31 días que tiene el año, para conocer contenido correcto de los documentos justificantes del motivo por el cual no compareció personalmente a la audiencia probatoria el demandado Mario Roberto Martínez Hernández, a rendir el interrogatorio de la parte que tenía que evacuarse y de ahí su deber de comparecer a tal audiencia, por haberse acordado su declaración como medio de prueba propuesto por la parte demandante; lógicamente no se justificó su incomparecencia en los términos de los Arts. 288.1 y 469.1 del CPC y, siendo uno de los casos comprendidos en la frase de este precepto: “En caso contrario”, se le debió aplicar la consecuencia jurídica, esto es, tenerlo por no comparecido y tener por ciertos los hechos a que se refiriera el interrogatorio en lo que le sea perjudicial, que es prácticamente lo mismo que manda el Art. 256.2 del CPC, en el evento de “INCOMPARECENCIA Y ADMISIÓN FICTA”, que en lo pertinente dice: “2. Si la parte no comparece y no alega previamente justa causa para ello, el juez o tribunal puede considerar reconocidos los hechos a los que se refiere el interrogatorio, en los que dicha parte hubiera participado personalmente y cuya fijación como ciertos le sea entera o parcialmente perjudicial”, rito procesal violentado por las decisiones arbitrarias de la jueza de primera instancia. SE HIZO PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL Y SE TRATÓ DE SUBSANAR. En la audiencia probatoria luego esta representación procesal manifestó su inconformidad haciendo la previa denuncia para en la instancia de las irregularidades de la documentación acompañada en dos idiomas extranjeros (árabe e inglés) para justificar la incomparecencia del demandado, por ser a la vez exteriorización o manifestación de violaciones a su respectivo procedimiento, que constituyen las infracciones procesales; pero la resolución de la jueza de instancia fue adversa a los intereses de nuestro representado, luego respecto a tal decisión no arreglada a Derecho, se interpuso recurso de reposición, pero declarada sin lugar en audiencia siempre se manifestó nuestra protesta formal para tener expedito nuestro derecho a replicar la impugnación en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, si fuere necesario, lo que fue reproducido o reiterado en el escrito de interposición y formalización del recurso de apelación en el 2° agravio; de esa manera se hizo la previa denuncia en la instancia de tal vicio procesal y se hizo lo posible para la subsanación de dicha irregularidad conforme al Art. 700 del CPC. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto como la infracción en el iter procesal, específicamente al permitir la jueza actuante la incomparecencia del demandado Mario Roberto Martínez Hernández, mal justificada con documentos escritos en idiomas extranjero, sin la debida traducción oficial o sin haber con antelación o previo a la audiencia autorizado su traducción privada, permitiendo que treinta y un días después de la audiencia quedase acreditada la justificación, actuación procesal que infracciona esa normativa, y el demandante no goza del derecho a que el proceso de desarrolla observando las formalidades, derechos y garantías que la Ley, el CPC establece. Al no entenderlo así el Juzgado recurrido ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo, porque no cumple con una importante formalidad en el inter procesal en cuanto a la eficacia de documentos en idioma extranjero sin las formalidades legales previstas en la ley procesal, incurriendo en irracionalidad y arbitrariedad. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a nuestro representado y conforme al CPC Art. 727.3 relativo al “Contenido de la Decisión. Estimación” en casación, si se apreciareis la existencia de infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, ordenéis reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiere producido la falta. Al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo, infraccionando el conjunto de normas citadas como infringidos en el enunciado de este motivo, incurriendo en irracionalidad y arbitrariedad. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. Este motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil, en su Art. 719.1.b) Causales del Recurso, en la parte que dice: “... b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. QUINTO MOTIVO: POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA. Infracción de normas procesales en el Art. 200.2 literal b), del Código Procesal Civil, o sea, en las partes que dicen: “...2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: … b. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados… los hechos probados en su caso (el subrayado es mío). La infracción procesal señalada se produjo en la sentencia por infracción de normas procesales que regulan su forma y contenido; son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, o sea, al elaborarla. El Art. 200 del Código Procesal Civil, en el numeral 2, preceptúa “en particular, redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente” y al final de la letra b), exige como parte de los antecedentes de hecho, la declaración de ‘los hechos probados” frase esta que se subrayó en el enunciado del motivo para indicar donde se efecto la infracción procesal. Al leer detenidamente la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto, pues la Corte recurrida la omitió. Es una práctica viciosa en muchas Cortes de Apelaciones que declaran con lugar los recursos de apelación y, desde luego, revocan el fallo de primera instancia, omiten hacer la declaración de hechos probados creyéndola innecesaria, cuando ninguna norma del CPC prescribe desobligarse de tal exigencia y la creen innecesaria; esta brecha de arbitrariedad afecta el debido proceso y dado que en nuestra regulación de la casación ya no existen las impugnaciones por infracciones de error de derecho y de hecho, esto de alguna manera posibilita la distorsión, mutilación o tergiversación de las pruebas, o la no atribución o disminución del valor probatorio que les corresponde. Para evitar esta arbitrariedad la declaración de hechos probados es trascendental y obligatoria en los casos donde se practicó prueba y especialmente para un tribunal de alzada que revoca el fallo de primera instancia, por haber llegado a una conclusión distinta con el mismo material probatorio. La declaración de hechos probados es un requisito formal de la estructura de la sentencia, cuya exigencia se colige también claramente del Art. 715.3 del Código Procesal Civil y su omisión dificulta ostensiblemente e) desarrollo de la impugnación tanto por infracción de normas procesales como de normas materiales; tal omisión se ha dado en el presente caso porque la Corte recurrida al hacer los pronunciamientos del fallo, restó total y absoluta importancia a la declaración de hechos probados que al revocar el fallo apelado estaba obligado a hacer, o sea, a reformular los que el juez declaró en primera instancia. Se constata esta infracción al contrastar lo que se afirma en este motivo y los antecedentes de hecho de la sentencia ahora impugnada. POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción del Art. 200.2 literal b), del Código Procesal Civil, o sea, en las partes que dicen: “...2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal. … b. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados... los hechos probados en su caso (el subrayado es nuestro). Es necesario que los tribunales de alzada y la honorable Sala de lo Civil de la ilustre Corte Suprema de Justicia, exijan el cabal cumplimiento en la estructura de las sentencias del literal b) del Art. 200.2 CPC, cuando el asunto requiera la redacción de los hechos probados, y en los casos en que es necesario tal determinación, que los hechos probados se redacten en forma limpia, sin argumentaciones, porque éstas van en la motivación de la sentencia en los “fundamentos de derecho”; a lo que se puede admitir, es que identifiquen brevemente la o las pruebas que acrediten cada hecho probado. La infracción procesal señalada se produjo en la sentencia por infracción de normas procesales que regulan su forma y contenido; se trata de vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, o sea, al elaborarla. El Art. 200 del Código Procesal Civil, en el numeral 2, preceptúa “en particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente” y al final de la letra b), exige como parte de los antecedentes de hecho, la declaración de “los hechos probados”, frase ésta que se subrayó en el enunciado de este agravio para indicar donde se efectuó la infracción procesal. Al leer detenidamente la sentencia impugnada en el numeral “7” de los ANTECEDENTES DE HECHO, dice la juzgadora de primera instancia “Sin perjuicio de la interpretación que se dé al hacer la revisión y análisis de los Contratos presentados, este Juzgado hace una relación de los hechos probados producto de los Hechos alegados por la parte demandante y de la contestación del demandado así”, desde aquí la jueza a quo está distorsionando de donde son producto o de donde resultan los hechos probados, cuando el mismo concepto indica que son producto o resultan o se determinan de las pruebas que persuaden o forman la convicción en el juzgador sobre la verdad de los hechos probados; luego, la relación que hace la jueza recurrida que por lo menos descarta la práctica viciosa en muchos Juzgados de Letras y, en su caso, de las Cortes de Apelaciones, que declaran deciden la segunda instancia; esta brecha de arbitrariedad afecta el debido proceso y dado que en nuestra regulación de la casación ya no existen las impugnaciones por infracciones de error de derecho y de hecho, esto de alguna manera posibilita la distorsión, mutilación o tergiversación de las pruebas, o la no atribución o disminución del valor probatorio que les corresponde. Para evitar esta arbitrariedad la declaración de hechos probados es trascendental y obligatoria en los casos donde se practicó prueba y especialmente para un tribunal de alzada que revoca el fallo de primera instancia, por haber llegado a una conclusión distinta con el mismo material probatorio. La declaración de hechos probados es un requisito formal de la estructura de la sentencia, cuya exigencia se colige también claramente del Art. 715.3 del Código Procesal Civil y su omisión dificulta ostensiblemente el desarrollo de la impugnación tanto por infracción de normas procesales como de normas materiales; tal distorsión se dado en el presente caso porque la jueza de instancia al hacer los pronunciamiento del fallo, no se limitó a hacer la declaración de hechos probados, sino que los saturó de argumentación, restando importancia a la claridad de la declaración de hechos probados. Se constata esta infracción al contrastar lo que sea firma en este motivo y los antecedentes de hecho de la sentencia ahora impugnada. Además, la sentencia debe contener la declaración de hechos probados, porque esta fijación es parte esencial de la expresión de los razonamientos fácticos, los que junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la aplicación e interpretación del Derecho, pero en este caso concreto en la sentencia que impugno vía apelación la juzgadora argumentó en la declaración de hechos probados: 1) En el literal ‘a.”, que la parte demandante señala que firmó un contrato de representación con el demandado (jugador de football) y a continuación afirma que el apoderado demandado no niega este hecho, ergo, debió tenerlo por acreditado, pero adicionalmente procede a argumentar descartando los alegatos de la parte demandada en cuanto a que se hizo incurrir en error al demandado por no estar acreditado como agente representante de jugadores (aludiendo al demandante) y citando el Reglamento de la FIFA del 01 de abril del 2015 ya no es necesaria dicha licencia por ser el demandante abogado de la República Argentina, acreditándolo con certificación del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro (folios 158-161) considerando probado el hecho de existir el contrato. 2) Respecto al literal “b.”, la jueza de instancia expone ‘La parte demandante enfatiza dos puntos regulados en el Contrato firmado entre las partes: La retribución y la vigencia y forma de comunicación entre los contratantes para resolver el Contrato y la cláusula de penalización, utilizando para ello desde luego, el Contrato suscrito que corre agregado de folios 11 al 13 en los Autos, cláusulas efectivamente se encuentran plasmadas en dicho Contrato y afirma sería objeto de un análisis e interpretación, descartando de nuevo el alegato del demandado que el demandante no podía ser agente representante y de ahí relata la argumentación respecto al hecho segundo de la demanda, pero resta claridad en cuanto refiere la argumentación del demandado que si hubo comunicación entre demandante y demandado y con el Presidente del Real Club Deportivo España, y refiere el folio 53 donde alude a comunicación en los términos de traslado del jugador al Barcelona Sporting Club de Guayaquil, República de Ecuador, así como correos presentados por la parte demandada (folios 144-146) y luego refiere el Contrato firmado por el demandado y el Real Club Deportivo España (folios 136-1 39 y 142), firmado con antelación al Contrato y que será objeto de análisis y explicación en los fundamentos de la demanda, afirmando que ambos están íntimamente ligados y que complementario a este último Contrato referido se acredita a través de la Constancia extendida por el Secretario General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional las temporadas que el demandado se ha desempeñado como jugador de futbol para ese club (folio 143). 3) Respecto al Contrato del demandado con el equipo MLS de Estados Unidos del 27 de julio del 2012, acredita que es de fecha anterior a la del contrato que originó esta acción, y más adelante argumenta, sin embargo el demandado MARIO ROBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ al declarar en esta sede judicial (folios 239 vuelto al 243), señalo al momento de ser interrogado que fue a través del demandante que surgió la oferta de esta contratación y el testigo Mateo Miguel Yibrin Canahuati (folios 239 vuelto al 243) señaló al momento de ser interrogado que fue el demandante quien gestionó el Contrato con el Equipo MLS, luego al argumentar la jueza “sin embargo este extremo sólo acredita una gestión hecha antes de la contratación suscrita entre las partes pero no está directamente relacionado con la pretensión del demandante, ni con la oposición hecha por el demandado o la fijación del objeto del debate establecida por Juzgado”, solo confirma que la jueza de instancia vierte argumentación en los hechos probados que deben ser determinados en forma limpia, racional, pero sin argumentación porque el lugar de ésta en la estructura de la sentencia es formar parte de la motivación. 4) Respecto a este hecho consistente en la firma del contrato entre el demandado Mario Roberto Martínez Hernández y el Barcelona Sporting Club de Guayaquil, República de Ecuador, el 21 de julio de 2014, (folios 21-29) del que afirma el demandante fue excluido y luego pasa la jueza a argumentar sobre lo alegado por la parte demandada, que si tuvo conocimiento de la negociación entre el Real Club Deportivo España y el Barcelona Sporting Club de Guayaquil, citando el intercambio de correos entre demandante, demandado y Presidente del Real Club Deportivo España (folios 50-52 y 144- 146), que no fue el demandado quien hizo la negociación para jugar sino el Real Club Deportivo España, como se acredita con la Copia Autenticada del Convenio de Préstamo del jugador suscrito entre el Representante del Real Club Deportivo España, Mateo Miguel Yibrin Canahuati y el representante Antonio Noboa Y caza de fecha 05 julio del 2014 (folios 140-142) y de igual forma con la copia de la Constancia extendida por el Director y Secretario General del Real Club Deportivo España donde señalan que el demandado fue cedido en calidad de préstamo al Club Barcelona de Guayaquil, (folio 147), también cita el convenio de Préstamo autenticado de fecha 5 d julio del 2014, afirmando que el Contrato suscrito no fue oneroso sino un Convenio Deportivo con opción a compra, extremo también acreditado con el referido convenio; luego afirma que el contrato entre el demandado y el Real Club Deportivo España está inscrito en la Liga Nacional de Futbol, acreditado este extremo con la presentación del referido Contrato Autenticado suscrito entre el Real Club Deportivo España representado por Mateo Miguel Yibrin Canahuati y el señor Mario Roberto Martínez Hernández, del 28 de junio del 2011(folios 136-1 39 y 142). 5) En cuanto al hecho quinto, que la jueza los ha llevado según el orden de la demanda, cuando lo importante es declarar si están probados, pero tal hecho se refiere a que habiéndose renovado automáticamente el contrato por igual período original de doce (12) meses, porque el jugador no comunicó al AGENTE en forma fehaciente su voluntad en contrario con antelación no menor a los treinta (30) días previos a su vencimiento, y como Mario Roberto Martínez Hernández rescindió el contrato porque claramente manifestó a Horacio José Patanian que ya no quería que lo representara, el contrato perdió vigencia 30 días después de tal notificación, donde quedó exteriorizada su voluntad de rescindir la representación, que tuvo como efecto una terminación anticipada y, por ende, resolución que activó la cláusula penal con motivo del referido incumplimiento, según la cláusula penal Vl.2, incumplimiento que trae aparejada la indemnización correspondiente, es procedente que el señor Mario Roberto Martínez, sea condenado al pago de la penalidad igual a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES (US$250000.00), moneda en curso legal de los Estados Unidos de Norte América; pero la jueza no se pronunció sobre la renovación, sólo refirió el argumento del demandado de que no ocultó su negociación con el Barcelona Sporting Club de Guayaquil, que había comunicación cruzada entre demandante, demandado y Presidente del Real Club Deportivo España, y que el demandante a través de los correos coaccionaba al demandado e hizo incurrir en error al demandado, por lo que no procede el pago de la indemnización, pues más bien existe dolo de parte del demandante, acreditándose en las presentes diligencias que si hubo cruce de correos tal como se ha señalado en los hechos anteriores, correos a folios 50, 52,53, 144-146, donde desde luego el demandado señala que ya no quiere que el demandante lo represente, estableciendo su representado que el demandante hizo incurrir en error a su representado y actúa con dolo, valoración que será objeto de la relación entre este correo y la interpretación del Contrato suscrito entre demandante y demandado que dijo la jueza hará en la fundamentación de derecho. 6) en cuanto al hecho séptimo de la demanda, la jueza refiere como fundamento de la acción el principio de pacta sunt servanda (artículos 1348 y 1471 del Código Civil) y refiere que el demandado vuelve a hacer una recopilación de todos los argumentos señalados a lo largo de la contestación y destaca como que difiere de los demás argumentos, que la parte actora ha interpretado el correo de su representado de forma dolosa y mal intencionada, y reitera la jueza que este punto está encaminado a la interpretación que se haga de los contratos involucrados en las presentes diligencias. La jueza en el numeral “8” de los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada hace dos señalamientos y en el numeral “9” deduce: “En virtud de los argumentos se deduce: a. Efectivamente demandante y demandado suscribieron un Contrato de representación b. Previo al Contrato suscrito entre el señor MARIO ROBERTO MARTINEZ HERNANDEZ con el señor HORACIO JOSE PATANIAN, el demandado suscribió un Contrato con el Club Deportivo Real España; c. Al existir dos contratos similares, de su revisión se observa que hay puntos de contradicción entre uno y otro, lo que daba lugar a incurrir en error; y, d. La base para resolver esta Sentencia son puntos de derechos, relacionados con el análisis de los referidos contratos, que esta Juzgadora desarrollará en los fundamentos de derecho.” DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto como la sentencia de la Corte Primera de Apelaciones confirmó la de primera instancia, adoptó e hizo suyos los fundamentos de derecho de ésta, con la misma desfiguración de hechos probados, que se convierte en una infracción procesal al disminuir, complicar y frustrar enormemente el derecho de defensa que se materializa por medio de la impugnación vía apelación, perjudicando el planteamiento de los recursos devolutivos. Y siendo esta controversia uno de los supuestos en que la estructura de la sentencia, conforme al Art. 200.2 letra b) del CPC, encuadra en la hipótesis jurídica “en su caso”, por ende, sí es necesaria la fijación o declaración de “hechos probados”, pero sin la saturación de argumentación que desfigura su finalidad. Al no entenderlo así la Corte recurrida infringió la relación de las normas citados en el enunciado de este motivo, por incumplir una importante formalidad en los antecedentes de hecho establecidos en la ley procesal, incurriendo en irracionalidad y arbitrariedad. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a nuestro representado y según el CPC Art. 727.4 “ si se apreciara infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la Corte Suprema de Justicia dictará la nueva sentencia salvo que el defecto consista en la omisión o defectuosa motivación fáctica, o en la omisión de pronunciamiento, en cuyo caso, reenviará el expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince días”. Este motivo está comprendido en la causal del Código Procesal Civil, Art. 719.1 letra c) La forma y contenido de la sentencia. B) INFRACCIONES DE NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO: SEXTO MOTIVO: VIOLACIÓN O FALTA DE APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES ARTS. DEL CÓDIGO CIVIL: El 1888: “Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra”; el 1889 del mismo Código que dice: “El mandato puede ser expreso o tácito.- El expreso puede darse por instrumento público o privado, y aun de palabra.- La aceptación puede ser también expresa o tácita, deducida ésta última de los actos del mandatario”; el 1890 que dice: “A falta de pacto en contrario, el mandato se supone gratuito.- Esto no obstante, si el mandatario tiene por ocupación el desempeño de servicios de la especie a que se refiere el mandato, se presume la obligación de retribuirlo”; el 1891 dice: “El mandato es general o especial.- El primero comprende todos los negocios del mandante.- El segundo, uno o más negocios determinados”; el 1911 “El mandato se acaba: 1°. Por su revocación...”; y, el 1912 “El mandante puede revocar el mandato a su voluntad, y compeler al mandatario a la devolución del documento en que conste el mandato”. Dado que el incumplimiento de obligaciones contractuales es la base de las pretensiones del actor, es necesario que la jueza estableciera ¿Qué tipo de contrato se realiza entre representante y deportista, o sea, entre Horacio José Patanian y Mario Roberto Martínez Hernández? No hizo tal calificación, pero el contrato entre representante o agente deportivo y deportista profesional es de naturaleza civil/mercantil, mandato. Entre las cláusulas más importantes a consignar en el mismo, son las de duración del contrato, el objeto del contrato, y remuneración que se pacta, así como su forma de pago. - En cuanto a la remuneración de los representantes o agentes deportivos, con carácter general, sostenemos que como se trata de un contrato de mediación o de mandato, la remuneración se pacta entre representante o agente y deportista profesional, con arreglo a unos porcentajes, que dependerán de la remuneración anual del deportista y de los contratos de patrocinio, en los que hubiera intervenido el representante o agente deportivo. El contrato celebrado entre nuestro representado y el demandado Mario Roberto Martínez Hernández tiene cláusulas bastante precisas, como lo exige la regulación moderna de la representación de deportistas como los futbolistas u otra disciplina, se realiza a través de la figura del representante o agente deportivo, al efecto en la cláusula “I OBJETO: El JUGADOR delega en el AGENTE la representación, consejo, asesoramiento y asistencia en la negociación, celebración, ejecución y cumplimiento de todos y cada uno de los contratos federativos, laborales y/o de explotación de imagen que el JUGADOR celebre desde el día de la fecha y por toda la vigencia del presente contrato. EL AGENTE, asume en este acto la efectiva representación del JUGADOR en cada una de las negociaciones que existan entre éste último y las entidades deportivas, y/o empresas u organizaciones vinculadas con el fútbol profesional que requieran o deseen los servicios del JUGADOR, dejándose aclarado que la obligación a la cual se somete el AGENTE es una obligación de medios y no de resultados”. En consecuencia, reiteramos al tribunal de alzada que la jueza de instancia no calificó el tipo de contrato que vinculaba al actor con el demandado, se dedicó a hacer una mezcla impropia de las obligaciones y efectos resultantes de este contrato, con el contrato de derechos federativos que el demandado Mario Roberto Martínez Hernández tiene con el REAL CLUB DEPORTIVO ESPAÑA y el convenio o contrato de préstamo o venta temporaria que este Club firmó con el BARCELONA SPORTING CLUB de Guayaquil, de Ecuador, y con fútiles argumentos destacando irresponsablemente una contradicción inexistente entre los contratos y desestimó la demanda, argumentando el adagio “el que es primero en tiempo es primero en derecho”, cuando acá no estamos ante una cuestión de quién debe ser atendido en orden preferente, olvidando e ignorando la naturaleza de contrato de mandato que es el de representación suscrito por actor y demandado, y dando prevalencia a un contrato de naturaleza laboral a futuro como es el que firmó el demandado Mario Roberto Martínez Hernández con el Real Club Deportivo España, y el otro de naturaleza mercantil atípico, como lo es el Convenio de Préstamo entre este Club y el Barcelona Sporting Club, dado que estas instituciones deportivas operan como verdaderas empresas deportivas con ánimo de lucro. La incapacidad de análisis contractual por parte de la jueza es evidente, olvidó aquel articulado que es el más apropiado para aplicarlo al contrato de representación celebrado entre actor y demandado y que el mandato y, por ende, la representación es un contrato generalmente consensual, que este caso concreto es bilateral porque las dos partes se obligan la una en beneficio de la otra, es oneroso pues en la cláusula II prevé la RETRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO, clasificando en la subcláusula II.1 por los Contratos Federativos (Laborales): El AGENTE percibirá en concepto de honorarios profesionales un porcentaje igual al 10% de toda remuneración bruta percibida por el JUGADOR por la prestación de sus servicios profesionales en la institución deportiva en la cual resulte contratado; en la subcláusula II.2 relativo a otros contratos (explotación de imagen, web, etc.) EL AGENTE percibirá en concepto de honorarios profesionales una comisión equivalente al 15% de toda retribución bruta percibida por el JUGADOR con motivo de la explotación de sus derechos de imagen, incluyéndose en éstos y sin limitación, cualquier logo, isologo, isotipo, isótopo, mascotas, emblemas, denominaciones, escudos, palabras, sonidos, siglas, símbolos distintivos y cuantos elementos se utilicen o puedan ser utilizados para identificar de cualquier forma al JUGADOR, y que sean divulgados por cualquier medio de comunicación; el período de pago está previsto en la subcláusula II.3; en la cláusula III se pactó que la duración del contrato es de doce (12) meses y en la IV se pactó la EXCLUSIVIDAD, en cuanto el JUGADOR será representado única y exclusivamente por el AGENTE, que es una cláusula usual en este tipo de contrato porque no puede ser indefinida. Por otro lado, quedó claramente establecido en la cláusula V. INFORMACIÓN, que las partes deberán comunicarse cualquier acercamiento, oferta de contrato, gestión o negociación que reciban de las entidades deportivas, y/o empresas y/u organizaciones, conforme se establece en la cláusula I, pactándose con precisión que “La Omisión de dicha comunicación será considerada causal de resolución del presente contrato, teniendo derecho la parte perjudicada a ser resarcido de los daños y perjuicios por la ruptura ante tempus del contrato, así como también, en los casos que corresponda a opción del AGENTE, a aplicar la cláusula penal establecida en Vl.2., identificada “VI. TERMINACIÓN ANTICIPADA. RESOLUCIÓN: CLÁUSULA PENAL” VI.1. Por el AGENTE: En cualquier momento, sin necesidad de expresar causa y sin que ello genere derecho de indemnización y/o compensación de ninguna naturaleza, el AGENTE podrá rescindir el presente contrato sin otra obligación que la de notificar fehacientemente su decisión al JUGADOR con no menos de 30 (treinta) días de anticipación de la fecha a partir de la cual quedará concluido. En tal caso, el JUGADOR deberá abonar al AGENTE la totalidad de los porcentuales establecidos en la cláusula II.1 y II.2 por todos y cada uno de los contratos celebrados con la intervención del AGENTE y que se encuentren vigentes al momento en que se rescinda el contrato. Asimismo, el JUGADOR deberá respetar las fechas y modalidades de pago especificadas en II.3. ----- Vl.2. Por el JUGADOR: En todos aquellos casos en que el JUGADOR resuelva unilateralmente el presente contrato sin que a tal efecto haya mediado consentimiento previo y expreso del AGENTE, éste último tendrá derecho a ser indemnizado con una suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES (U$S 250,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norte América”. Como se aprecia, la falta de razonabilidad priva en la desfigurada motivación que hizo la jueza, porque desenfocada de los tradicionales contratos en el ambiente futbolístico: Los “Contratos Federativos (laborales), los de transferencia temporal o definitiva de la transferencia de un jugador del Club A al Club B ocurre cuando el Club B ofrece al Club A una cantidad de dinero a cambio de rescindir el contrato de trabajo que lo une con el jugador, y le transfiera lo que se conoce como los derechos federativos sobre dicho jugador. Al respecto la doctrina ejemplifica: Un grupo inversor puede abonar al club 1 millón de Euros por el derecho de recibir el 50% del monto que genere una futura venta de determinado jugador. De esa manera el club recibe dinero sin la necesidad de transferirlo inmediatamente. Si el jugador es transferido al cabo de un tiempo por, digamos, 2.6 millones de Euros, el grupo inversor recibirá el 50%, o 1.3 millones, lo que le representará una ganancia de 30% sobre su inversión. Similarmente, si el jugador es transferido por 1.5 millones, el grupo inversor recibirá solo $750 mil, perdiendo así parte de su inversión. Cabe aclarar que terceros (como el grupo inversor del ejemplo) están prohibidos de ejercer presión o participar de manera alguna en las negociaciones de transferencia. Otro evento o supuesto citado por la doctrina, es que los clubes también pueden cederle un porcentaje de los derechos económicos al propio jugador; como en el caso de que un club quiere retener a un jugador, pero no tiene dinero suficiente para aumentarle el salario. El club puede negociar con el jugador y cederle un porcentaje del monto que genere una futura venta. De esa manera el jugador tendrá un incentivo para esforzarse y subir su cotización, ya que él, y no solo el club, se beneficiará al momento de ser transferido. Esto ocurre con frecuencia en América del Sur, donde los clubes no tienen un gran poderío económico, pero son cantera y vitrina de donde salen jugadores de calidad que luego emigran a Europa en condiciones muy favorables. Aclara la doctrina que, en la gran mayoría de los casos, sin embargo, es el club el que retiene el 100% de los derechos económicos resultantes de la transferencia. En esos casos, la totalidad del monto recibido por concepto de transferencia queda en el club. El jugador no recibe nada, ya que es un negocio estrictamente entre los clubes. El jugador puede sin embargo recibir dinero de parte de su nuevo club en la forma de un bono por estampar su firma, pero eso ya forma parte de una negociación separada. Parecido al ejemplo del comentario anterior es el convenio que celebraron REAL CLUB DEPORTIVO ESPAÑA y BARCELONA SPORTING CLUB, pero por la presentación que hizo éste en Honduras en ocasión de la despedida del ex seleccionado de Honduras y jugador del Real España, Carlos Pavón Plumer, no aparece un cobro en dinero o medio que lo represente como un cheque certificado, o una transferencia electrónica monetaria, pues es obvio que por la transferencia de Mario Roberto Martínez Hernández, en una transacción normal el Barcelona Sporting Club debió pagar una cantidad de dinero, sin embargo lo que hubo es una especie de trueque pues en vez de dinero este equipo ecuatoriano pago con la presentación deportiva, lo cual no es gratuito sino oneroso, porque tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada institución deportiva a beneficio del otro, ya que el Barcelona Sporting Club no recibió una cantidad de dinero por presentarse a jugar en el Estadio Morazán, pero tampoco este Club pagó una cantidad de dinero por el préstamo o transferencia temporal del jugador Mario Roberto Martínez Hernández al Club Ecuatoriano indicado; la parte demandada ha sostenido Real España y Barcelona no hubo dinero de por medio. Eso es cien por ciento confirmado y se firmó un contrato entre Real España y Barcelona y no hubo dinero de por medio y Barcelona cumplió su obligación de presentarse a jugar un partido al estadio Morazán; la equivocada defensa del demandado en que el contrato entre las instituciones deportivas citadas no fue oneroso, pero esta característica no lo determina el que se haya pagado una cantidad de dinero, sino que tenga por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro, lo que efectivamente así ocurrió, pues la cláusula PRIMERO del Convenio Deportivo entre esas instituciones deportivas, fechado el 5 de julio de 2014, el Real Club Deportivo Espala cedió en calidad de préstamo los derechos federativos del jugador Mario Roberto Martínez Hernández al Club Deportivo Barcelona de Guayaquil, Ecuador, desde la fecha de ese documento (05-07-14), hasta e) 31 de Diciembre de 2014 y, conforme a la cláusula SEGUNDO, El Club Deportivo Barcelona de Guayaquil, Ecuador por la cesión de los derechos federativos del jugador Mario Roberto Martínez Hernández, se compromete a jugar un partido amistoso contra el Real Club Deportivo España, en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras en fecha por designar y antes de que finalice el mes de Octubre del corriente año (se refiere al 2014), y conforme a la cláusula TERCERO, estipularon que dicho equipo Ecuatoriano para venir a jugar se pagaría el transporte aéreo Guayaquil-San Pedro SuIa-Guayaquil, además se pagará su hospedaje, alimentación y demás gastos en esta ciudad y, también, se comprometió a llegar a San Pedro Sula con todo su plantel titular y figuras para el juego ante Real Club Deportivo España y luego pactaron una penalidad en caso de incumplimiento del Barcelona de Guayaquil, que haría efectivo en la cuenta de Real Club Deportivo España, la cantidad neta de USD$150,000 a más tardar el 31 de octubre de 2014 y luego se comprometió a devolver al jugador Mario Roberto Martínez Hernández en completas condiciones de salud; la presentación del Barcelona se hizo y no obstante, la característica de onerosidad no afecta en ninguna forma el cumplimiento o no del contrato entre el actor Horacio José Patanian y Mario Roberto Martínez Hernández y tampoco es una contradicción entre uno y otro convenio.- Se hace la observación que según el contrato suscrito por el Barcelona Sporting Club y Mario Roberto Martínez Hernández, en la cláusula TERCERA: OBJETO, en el segundo párrafo EL JUGADOR al obligarse a cumplir con todas y cada una de las demás obligaciones previstas en dicho contrato, o en las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias que sean relevantes, especialmente las que rijan al CLUB, como sus estatutos, reglamentos, reglamento interno de trabajo, y al fútbol ecuatoriano, en general. Luego, no hay contradicción entre las cláusulas de este contrato de índole laboral y el de representación que nuestro cliente firmó con el demandado, que era de naturaleza civil. Asimismo, no existe ninguna contradicción entre el contrato de representación del demandante y el demandado, con el contrato deportivo de jugador profesional de futbol celebrado el 28 de junio de 2011 entre el Real Deportivo Club España y Mario Roberto Martínez Hernández, pues esta fecha no incide en el contrato de representación en ninguna forma, pues el contrato con dicho Club es a futuro para los torneos de Apertura y Clausura 2013/2014 y Apertura y Clausura 2014/2015, tal como se lee en la cláusula PRIMERA de este último contrato que es de naturaleza laboral. Entonces el yerro de la jueza y, por ende, del Tribunal de Alzada, solo exterioriza su incapacidad para hacer un análisis jurídico serio verdaderamente profesional. Premeditadamente ha desconocido que los futbolistas como Mario Roberto Martínez Hernández, que logran celebrar contratos con equipos extranjeros que les pagan porcentajes y sueldos superiores a los hondureños, un equipo como el Real Club Deportivo España que entendemos fue el que lo formó, concluye contratos como el de mérito a futuro, a fin de estar asegurado que dicho futbolista esté vinculado con un contrato federativo laboral y, por ende, formando parte y comprometido con tal institución deportiva, pero tal contrato federativo no impide ni entra en conflicto con un contrato de representación, como el que tenían el demandante Horacio José Patanian y Mario Roberto Martínez Hernández; quien el mismo el que negoció el contrato entre el demandante y el Barcelona Sporting Club, el jugador es el que negocia su salario o el agente”. Adicionalmente, téngase en cuenta que un requisito indispensable para que una transferencia ocurra es que las tres partes involucradas: el club dueño de los derechos federativos del jugador, el club que quiere hacerse de los servicios del jugador, y el jugador, estén de acuerdo. Si una de las partes no otorga su consentimiento la transferencia no podrá efectuarse. Esto fue lo que ocurrió con los dos contratos firmados entre Real Club Deportivo España y el demandado, y éste con el Barcelona Sporting Club de Guayaquil, Ecuador. La Corte recurrida no le dio trascendencia a la situación jurídica de que el jugador demandado tiene un contrato con su club, el que tiene los derechos federativos, pero no hay inconveniente con la vigencia y efectividad de ese contrato, en cuanto a que en cualquier momento pueda firmar un contrato con un representante, o sea, cuando él firma ese contrato, a partir de esa fecha el agente puede hacerse cargo y debe hacerse cargo de todas las cuestiones de índole legal del jugador, ella le resta eficacia y hasta aduce vicios en el contrato de representación, obviando que en el momento en que Horacio Patanian firma ese contrato con él, pasa a ser la persona de confianza que debe intervenir en todos y cada uno de los actos jurídicos que le incumben, que son renovación con el Real España, ofertas, entonces está más que claro que si el contrato del representante estaba vigente, la oferta, lo que era el contrato de Mario Martínez con el Barcelona de Guayaquil, debió ser puesto en conocimiento a tiempo por el JUGADOR ahora demandado, pero nuestro cliente nunca pudo acceder, fue apartado de la negociación, Mario Roberto Martínez Hernández, EL JUGADOR, negoció sólo de donde se desprende ese hecho constitutivo de incumplimiento del demandado, la Jueza y, por ende, la Corte recurrida habla de contradicción en los contratos, cuando en ¡a realidad por la coexistencia de los contratos de mérito, antes de que Mario Roberto Martínez Hernández declarara la resolución del contrato por correo electrónico al demandante, manifestándole que ya no quería que lo representara en este caso concreto, no había ninguna contradicción, simplemente esa coexistencia de contratos en el mundo futbolístico es normal; ergo, la Corte de Apelaciones ha decidido contra el principio de normalidad en este caso concreto. A mayor abundamiento citamos: La Reglamentación Orgánica de la Liga Profesional de la Primera División de Honduras en su artículo 17 deja claro que el jugador debe percibir el 10%. Ese Art. textualmente dice: “Cuando un club formalice una transacción de cesión, traspaso, préstamo o venta de un jugador a un club fuera de Honduras, deberá notificar de inmediato a la Secretaría de la Liga Nacional, solicitando la de inscripción del jugador, conforme al Artículo 19 del Reglamento de inscripción y Des inscripción. Cuando un Certificado de Transferencia sea solicitado por un club extranjero para incorporar a un jugador a otra Asociación Nacional, a través de la FENAFUTH, la Liga preguntará primero a su afiliado (si no ha sido informado con antelación) cerciorándose que dicho club ha solicitado y obtenido la de inscripción del jugador, antes de dar el Visto Bueno a la FENAFUTH para que el Secretario de la Federación le extienda el Certificado de FIFA o Certificado Internacional de Transferencia, previo el entero de la cantidad establecida la cual deberá pagar el club al cual ha sido transferido el jugador. El jugador tendrá el derecho a recibir el 10% (diez por ciento) sobre el monto de la transferencia internacional, el cual deberá ser pagado por el club adquiriente”. La estructura a seguir en el contrato de representación debe contener al menos los siguientes apartados, los cuales se cumplen en el contrato del actor y demandado: “Nombre de las partes; alcance de los servicios; duración de la relación jurídica, no pudiendo exceder de 2 años; monto de la remuneración adeudada al intermediario; condiciones de pago; fecha de inicio de la relación contractual; cláusulas de rescisión; firma de las partes. Asimismo, una de las prohibiciones a las que se hace referencia en el reglamento objeto de análisis, es que el jugador tiene negado contratar a oficiales en calidad de intermediarios, entendiéndose por oficial a, todo miembro de una junta o comisión, árbitro y árbitro asistente, gerente deportivo, entrenador y cualquier otro responsable técnico, médico o administrativo de la FIFA en una confederación, federación, liga o club, así como todos aquéllos obligados a cumplir con los Estatutos de la FIFA, excepto los propios futbolistas.- Por otra parte, el jugador no podrá delegar, ceder, subcontratar o enajenar cualquiera de las actividades reguladas en el contrato de representación. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto como la sentencia del Tribunal de Alzada, por el hecho de ratificar la sentencia de primera instancia, revela una desfiguración de ejercer la jurisdicción, aplicando las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado (Art. 304 de la Constitución de la República), primero diciendo (número 3 de los Fundamentos de Derecho) que “la base para resolver este conflicto suscitado entre las partes se origina en la Interpretación de varios contratos presentados como prueba, interpretación que será hecha conforme a lo dispuesto en el Libro IV -de las obligaciones y contratos- Título II -de los contratos del Código Civil y describe en general el contrato federativo entre el Real Club Deportivo España y el demandado, deI 28 de junio de 2011 (folios 136-1 39 y 142), el contrato de representación suscrito por el demandante y demandado Mario Roberto Martínez Hernández, del 1 de del 2013 (folios 11-13); el convenio de préstamo del jugador suscrito entre el Club Deportivo España y el Barcelona Sporting de Guayaquil. Ecuador, el 05 de julio de 2014 (folios 140- 142); y, Contrato suscrito el 21 de julio de 2014 entre el Barcelona y Mario Roberto Martínez Hernández (folios 21-29) escribiendo la frase “nótese las fechas y secuencia de cada uno de los Contratos’, y empieza a desarrollar una motivación con argumentación plagada de galimatías, pues al principio del número 4 de los Fundamentos de Derecho, dice “que el demandado antes de firmar contrato con el demandante, tenía un contrato firmado con el Real Club Deportivo España y de la revisión de ambos contratos se observa que tienen algunas cláusulas similares, cuya similitud deviene en puntos de contradicción y que se presta para confusión de la parte demandada”; frases que revelan violación al principio de razonabilidad, pues la Corte recurrida, ni se refirió a la naturaleza jurídica del contrato de representación, pues no lo califica como mandato, encuentra contradicciones y confusiones donde no existen, dictando una sentencia injusta perjudicando a la parte demandante al desestimar todas sus pretensiones consignadas en la demanda, lo cual ha sido adoptado por el Tribunal de Alzada que confirma sin reservas la sentencia de primera instancia. Al no entenderlo así la Corte recurrida, ha infringido esa relación de las normas sustantivas citadas en el enunciado de este motivo, afectando el derecho sustantivo del actor. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a nuestro representado y conforme al CPC Art. 727.5 Si se apreciare infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo, la Corte Suprema de Justicia procederá a dictar nueva sentencia, resolviendo el litigio. Este motivo se comprende en el Código Procesal Civil, Art. 719. Causales del Recurso. 2; “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. SÉPTIMO MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del Art. 1560 deI Código Civil El Art. 1560 citado dice: “Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”. Ese Art. forma parte de la Sección Primera “Del Consentimiento”, correspondiente al Capítulo II “De los Requisitos Esenciales para la Validez de los Contratos”, del Título II “De los Contratos del Libro IV “De Las Obligaciones y Contratos”, del Código Civil, y no es un hecho controvertido la declaración de inexistencia o nulidad absoluta del contrato de representación deportiva, una especie de mandato, por vicios de consentimiento, especialmente dolo; fue la jueza y la Corte recurrida con la confirmación de la sentencia de primera instancia, quienes han traído antojadizamente a la Litis ese concepto de dolo; el contrato entre Mario Roberto Martínez Hernández y nuestro representado, lo aceptó la parte demanda y por ello no cabe el concepto jurídico de dolo, que entendemos se refirió, tanto la jueza de primera instancia como el Tribunal de Alzada, a dolo civil no a dolo penal, pero lo cierto es que los hechos en que se funda el dolo, las maquinaciones insidiosas a que alude la Corte recurrida, son hechos que escapan a las facultades de la iura novit curia que pueden aplicar los jueces o tribunales al amparo del Art. 12.5 del Código Procesal Civil, que se refiere a aplicar el derecho que realmente resuelva en el fondo el litigio, no ha alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes, que es lo que han estado haciendo los órganos de instancia con el concepto de dolo y los hechos en que lo fundan, respecto al consentimiento dad por el demandado en el contrato de mérito. La coacción atribuida por la parte demandada en correos electrónicos, que desde luego está rechazada por la parte actora, no tiene ninguna incidencia en el consentimiento del contrato entre actor y demando, y lógicamente no se puede fundamentar en el Art. 1560 en que se fundamenta el tribunal de alzada respecto a la celebración del contrato y que, dicho sea de paso, en caso de fuera cierto lo obligaba a anular de oficio el contrato. De manera que no tiene ninguna aplicación, no opera, no forma parte de la Litis el dolo como vicio del consentimiento y fue mal aplicado por la Corte recurrida. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto como la sentencia del Tribunal de Alzada, por el hecho de ratificar la sentencia de primera instancia, al igual que ésta, le está vedado alterar o variar el petitorio o fundar su decisión en hechos diversos de los alegados por las partes, por ende, perjudica a nuestro representado el que funde la sentencia en el concepto de dolo, el cual está previsto como vicio del consentimiento, y que no fue alegado por ninguna de las partes y no opera, no sirve, no se aplica para resolver en el fondo este asunto que no se trata de una pretensión de inexistencia o nulidad absoluta de un contrato cuya validez no se puso en duda por los verdaderos litigantes. Al no entenderlo así la Corte recurrida, ha infringido la norma sustantiva citada en el enunciado de este motivo, afectando el derecho sustantivo del actor por basar la decisión de fondo en un supuesto de hecho y norma material completamente aj a al pleito. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el seno de la resolución impugnada que perjudica a nuestro representado y conforme al CPC Art. 727.5 Si se apreciare infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo, la Corte Suprema de justicia procederá a dictar nueva sentencia, resolviendo el litigio. Este motivo se comprende en el Código Procesal Civil, Art. 719. Causales del Recurso. 2: «Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. V.- CELEBRACIÓN DE LA VISTA Los suscritos estiman necesaria la celebración de la vista y oportunamente sea señalada”. SEXTO: Los abogados SAGLUL ALEXANDER LOPEZ CASTELLANOS y ORINSON LOBO GALO, plantean su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION QUE PRETENDE LA PARTE RECURRENTE. La parte recurrente en su escrito de casación argumenta agravios, extremo no es congruente con la técnica y formalidades el recurso, puesto que el artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil, señala que en cada motivo harán constar las normas de derecho cuya infracción sustenta, y fundamentar con suficiente separación y claridad precisando y justificando la incidencia de la infracción; y en el caso que nos ocupa, la recurrente expone expresión de agravios como si el recurso se tratara de una instancia, asimismo no determina en cada motivo impetrado identificación del que se impugna. EN CUANTO AL PRIMER MOTIVO, A LA SUPUESTA CARENCIA DE IDONEIDAD: POR FALTA DE IMPARCIALIDAD DE LA JUZGADORA. La sentencia dictada por la Honorable Corte de apelaciones de lo Civil, Hace la correcta aplicación del artículo 118 de la ley de Organización de los Tribunales. En su motivación fáctica jurídica expuesta en la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, en su numeral QUINTO, que se observa a folio 191, que la abogada Silvia Consuelo Godoy Rubio en su condición de apoderada judicial del señor Horacio José Patanian, presenta un escrito de recusación, en virtud de que asegura de que un alumno de la Juez quien está al, tanto del presente juicio , le manifestó a un testigo propuesto por su parte, que la juez les había manifestado en las aulas de clase que la demanda no prosperaría, dado que según nuestra legislación se le da primacía al derecho laboral sobre el derecho civil y comercial donde se encuentra sustentado el contrato de representación cuyo incumplimiento se alega, por cuanto agrega la apoderada antes referida que la juez falto a su deber o incumplió la prohibición contemplada en el artículo 111 de la ley de Organización y Atribución que dispone que los jueces y magistrados deberán abstenerse, en absoluto, de expresar y aun insinuar su juicio respecto a los asuntos que por ley son llamados a conocer; no obstante, pero el Ad quem señala en su sentencia que es preciso agregar que las únicas causales de recusación legitimas son aquellas contempladas en el artículo 188 también de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, dentro de las cuales no es posible subsumir lo denunciado con las causales existentes, (el subrayado es n mío), debiéndose entre tanto desestimar el incidente de recusación opuesto, por improcedente , por cuanto la juez no estaba obligada a abstenerse del conocimiento del presente juicio, pues no se acredito que realmente se encuentra comprendida dentro de una de las causales de recusación como para tener que apartarse del juicio, asimismo señala la Sentencia del Ad-quem que conforme a lo dispuesto en el artículo 700 de Código Procesal Civil dispone que en cuanto a recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de las normas procesales que produzcan nulidad o indefensión.., no obstante con el fin de salvaguardar el derecho se procedió a contestar el agravio. En consecuencia, la causal que invoca en este Motivo el recurrente o impetrante no reúne le requisito señalado en el artículo 719 del código procesal Civil, en consecuencia, la falencia de ese requisito trae como consecuencia la inadmisión del recurso que se pretende. EN CUANTO AL SUPUESTO SEGUNDO MOTIVO relativo a la observancia de las normas que regulan la producción de actos durante el proceso. INCOMPARECENCIA DEL DEMANDADO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR JUSTIFICADA, PERO SIN OTORGAMIENTO DE PODER SUFICIENTE A SU APODERADO PARA CONCILIAR. La sentencia dictada por la Honorable Corte de apelaciones de lo Civil, hace la correcta aplicación de los artículos 3, 81, 445, del Código Procesal Civil. La parte recurrente alega la infracción de normas procesales contenidas en el artículo 445 del Código Procesal Civil y transcribe el artículo precitado que dice: Las partes deberán comparecer a la audiencia preliminar salvo motivo fundado, a juicio del tribunal que justificare la comparecencia por medio de representante, pero este deberá tener poder suficiente para conciliar ... mismo que se alegó en la audiencia preliminar y la A- quo, determino declarar sin lugar el recurso planteado por la parte demandante, en virtud de que el poder con el que compareció el abogado SELVIN ORLANDO LOPEZ CASTELLANOS mismo que fue otorgado ante Notario Público con las debidas formalidades y en la cual consta la facultad de manera expresa la especial de CONCILIAR, en consecuencia, no se violentó la legalidad del proceso tanto en las facultades procesales como en las actuaciones judiciales, ni mucho menos en la convencionalidad, como lo pretende el recurrente. El Tribunal de Alzada en su numeral TERCERO de la sentencia de mérito, establece en una de sus partes... que la norma jurídica exige la comparecencia obligatoria de las partes a la audiencia preliminar, entre otras razones cumpliendo con el principio de inmediación, el Juez conocerá a quienes han decidido someter la controversia y podrá observar las características físicas de cada una de ellas, fundamental para el caso de reclamos por daños personales además de que estas podrán tener acceso a la justicia en forma directa y darse cuenta de cómo funciona esta, así corno el papel a desempeñar por sus apoderados igualmente para cumplir con la condición conciliadora.., en el caso que nos ocupa se observa que un contrato de mandato o poder general para pleitos y representación otorgado mediante instrumento Publico número veintitrés de fecha seis de enero de dos mil diecisiete, en el cual el demandado MARIO ROBERTO MARTÍNEZ HERNANDEZ otorga al abogado SELVÍN ORLANDO LOPEZ CASTELLANOS, entre otras facultades las exigidas por la ley, corno ser transigir CONCILIAR.., por cuanto se observa que el abogado LOPEZ CASTELLANOS se encontraba debidamente facultado para asistir a la audiencia preliminar en representación del demandado como al efecto lo hizo, no siendo necesario un poder especial que describa nuevamente las referidas facultades en tal sentido resulta infundado el agravio referido. La parte recurrente plantea y expone el escrito de casación agravios, mismos que de acuerdo a las técnicas y formalidades de del recurso de Casación, no se deben argumentar es esta etapa del proceso, por cuanto, no nos encontrarnos frente a una Instancia, pero aun así contestamos el planteamiento señalado. El Tribunal de alzada dicto sentencia apegada a derecho, por cuanto el impetrante no hace referencia en su impugnación a la causal de Casación, es decir señalar claramente que acto y garantía procesal ha sido infringida y que esta suponga nulidad o indefensión sino, que hace alegatos como si esta fuera una instancia señalando agravios y mencionando resoluciones del juez de primera instancia. En este motivo señalado corno agravio, no es causal alguna ninguna infracción que cause nulidad, porque ha quedado demostrado, tal como le hemos planteado en la audiencia preliminar respectiva, así como en los diferentes recursos que ha interpuesto la parte demandante; extremo que también es ratificado por el Tribunal de alzada, ya que si se cumplió con el requisito señalado en el artículo 445 de Código Procesal Civil en cuanto a los actos y garantías procesales. En consecuencia, EL MOTIVO IMPETRADO no se encuentra entre la causal de Casación señalado en el artículo 719 numeral 1 literal b) que se refiere a los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, por ende, la inexistencia de la causal cuyo invoca, no procede la admisibilidad. EN CUANTO AL TERCER CUARTO MOTIVQ, (se repiten) Relativo referente a las normas procesales por la INCOMPARECENCIA DEL DEMANDADO A LA AUDIENCIA PROBATORIA MAL JUSTIFICADA CON DOCUMENTOS EN IDOMAS EXTRANJEROS SIN TRADUCCION OFICIAL O PRIVADA PREVIAMENTE AURTORIZADA. La sentencia dictada por la Honorable Corte de apelaciones de lo Civil, Hace la correcta aplicación e interpretación de los artículos 115, 128, 228 445, 449 del Código procesal Civil, 90, 321, 323 de la Constitución de la Republica y 80 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La parte recurrente alega LA INFRACCION DE NORMAS PROCESALES, lo que el recurrente ha venido sosteniendo es una apreciación errónea a lo que se refiere un documento, el Código Procesal Civil en su artículo 269 señala la procedencia, pero se refiere a aquellos documentos que tienen relación directa con el proceso, es decir útiles y pertinentes para la decisión de fondo, el caso de marras se refiere a una excusa que venía en otro idioma pero que la A-quo solicito se convalidara mediante traducción, lo que al efecto se hizo y tampoco interrumpía la continuación del proceso, por otra parte el artículo 270 del cuerpo legal precitado, señala la clases de documento que pueden ser público o privado dice taxativamente cuales son los documentos privados y la excusa presentada no constituye documento, por otro lado el articulo 128 en su numeral 5, señala que todo documentos redactado en otro idioma que no sea el español, se acompañara la traducción del mismo, con los efectos previstos en la regulación de la prueba documental privada, y nuevamente señalamos que la excusa presentada no es un documento, con fines probatorios de fondo, sino parte de las justificaciones para la excusa, con fines exclusivamente procedimentales o de tramitación. En consecuencia, la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortes, en su fallo en el Numeral CUARTO expresa lo siguiente ... Al respecto se observa que dicho agravio se encuentra íntimamente relacionado con el agravio antes referido, pues resulta oportuno nuevamente citar el contenido del artículo 445 del Código Procesal Civil, que dispone que las partes deberán comparecer a la audiencia preliminar personalmente salvo motivo fundado a juicio del tribunal, que justificare la comparecencia por medio de representante, pero en este caso, deberá tener suficiente poder para conciliar, renunciar, allanarse o transigir. En cuanto a lo antes relacionado, se observa en el expediente de mérito que al llevarse a cabo la celebración de la audiencia preliminar, la cual tuvo lugar en fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete (Fi 51) el abogado SELVIN ORLANDO LOPEZ CASTELLANOS solicito la reprogramación de la misma, en virtud de que su representado se encontraba fuera del país desempeñándose en actividades propias de su carrera. Asimismo se observa en autos que previo a la celebración de la audiencia probatoria el Abogado SELVIN ORLANDO LOPEZ CASTELLANOS solicito reprogramación de la misma en virtud de que su representado se encontraba fuera del país, extremo que si bien es cierto se acredito con un documento en idioma extranjero, no es menos cierto que aunado a este se acompañó un itinerario de viaje en el idioma Oficial de Honduras (F 172) que soporta el primer documento y que igualmente justifica la ausencia del demandado, pues de este se colige que el mismo no se encontraba en el país a la celebración de la audiencia, si no que se encontraba en la ciudad de el Cairo, Egipto, lo cual es congruente con lo relacionado por su apoderado judicial en el escrito de solicitud de reprogramación de audiencia, de lo que se desprende que aun y cuando uno de los documentos que justifican la incomparecencia del demandado a referida audiencia se encontraba en idioma extranjero no es menos cierto que igualmente quedo justificada la incomparecencia con otro documento igual por cuanto la traducción vendría siendo un plus a lo ya acreditado. En consecuencia, no se ha violentado el debido proceso, ni mucho menos las normas de legalidad procesal. La parte recurrente plantea y expone el escrito de casación agravios, mismos que de acuerdo a las técnicas y formalidades de del recurso de Casación, no se deben argumentar en esta etapa del proceso, por cuanto, no nos encontrarnos frente a una Instancia, pero aun así contestamos el planteamiento señalado. El Tribunal de Alzada dicto sentencia apegada a derecho, por cuanto el impetrante no hace referencia en su impugnación a la causal de Casación, es decir señalar claramente que acto y garantía procesal ha sido infringida y que esta suponga nulidad o indefensión si no, que hace alegatos como si esta fuera una instancia señalando agravios y mencionando resoluciones del juez de primera instancia. En virtud de lo antes expuesto no se le ha causado agravio alguno, a la parte demandada tal como lo ha sostenido la parte demandante y que ha sido ratificada apagado a derecho por el Ad-quem, puesto que han imperado las disposiciones contenidas en la normativa procesal civil vigente y tales señalamientos que hace el impetrante, no infringen las disposiciones por cuanto han sido realizadas conforme al debido proceso, a la lealtad procesal; y falta a la verdad el recurrente, al decir que el tribunal de alzada, ha infringido en relación a esas normas procesales, afectando el debido proceso, siendo todo ello lo contrario, ya que el Ad- quem, a juzgado y valorado, que en el proceso se han seguido todas las garantías procesales, así como las formalidades del mismo. En consecuencia, el MOTIVO impetrado no se encuentra ente las causales contenidas en el artículo 710 numeral 1 inciso b), en lo referente a los actos y garantías procesales ya que dichas actuaciones no han causado infracciones que conlleven nulidad o indefensión. La falencia de causal cuyo motivo invoca el recurrente por ende no procede la admisibilidad EN CUANTO AL QUINTO MOTIVO DE CASACION POR SUPUESTOS ERRORES PRODUCIDOS EN LA ESCTRUCTURA DE LA SENTENCIA alegando la impetrante infracción de normas procesales contenidas en el artículo 200 numeral 2 inciso b), referente a la redacción de las sentencias. La sentencia dictada por la Honorable Corte de apelaciones de lo Civil, hace la correcta aplicación e interpretación del artículo 200.2 del Código Procesal Civil. La Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, en su fallo emitido, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emite una sentencia apegada a derecho señalando en su estructura los requisitos que exige el Código Procesal Civil, y específicamente señala los antecedentes de hecho de la sentencia que viene en apelación, así también y expone la expresión de agravios que hicieren al recurrir y al contestar el recurso, así como la motivación fáctica que señala las pretensiones y las valora, pruebas de las partes así como los hechos en que se funda, tal como lo señala el Tribunal de Alzada en sus numerales SEPTIMO y OCTAVO. El Tribunal de Alzada valoro la prueba aportada en primera instancia el tribunal objetivamente, en base a su sana crítica y evacuada en primera instancia, el Ad-quem, emite una sentencia en base a los agravios expresados por la parte recurrente y de la contestación de agravios, por parte, así corno del análisis del expediente en su conjunto, el artículo 713 del Código Procesal Civil señala el tiempo dentro del cual debe resolver el tribunal de alzada y si hubiesen pruebas se acordará la práctica de las que procedan, señalando al efecto la audiencia . . . además señalara los alcances de la apelación si observare infracciones procesales, o si se tratare de otra clase, anulara la resolución apelada y si cometiere alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración pero no afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir , el tribunal revocara la sentencia y resolverá directamente, pero en el caso de marras la el tribunal de alzada, no observo ninguno de esas infracciones por lo que procedió a DECLARAR SIN LUGAR el recurso interpuesto por la parte demandante y procedió a CONFIRMAR la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho. En cuanto a la sentencia recurrida, al estar apegada a derecho la resolución del Tribunal de Alzada, no aprecia errores producidos en la misma por cuanto como se señaló en el acápite anterior reúne todos los requisitos que debe tener una sentencia redactada con los requisitos correspondiente, constando de antecedente de hecho con claridad y concisión, las pretensiones de las partes y los hechos en que se funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso. La parte recurrente plantea y expone el escrito de casación agravios, mismos que de acuerdo a las técnicas y formalidades del recurso de Casación, no se deben argumentar en esta etapa del proceso, por cuanto, no nos encontramos frente a una Instancia, pero aun así contestamos el planteamiento señalado. El Tribunal de alzada dicto sentencia apegada a derecho, por cuanto el impetrante no hace referencia en su impugnación a la causal de Casación, es decir señalar claramente que acto y garantía procesal ha sido infringida, así como la identifican al planteamiento que se impugna que esta suponga nulidad o indefensión si no, que hace alegatos como si esta fuera una instancia señalando agravios y mencionando resoluciones del juez de primera instancia, por ende su resolución no ha causado perjuicios, ni violentado derechos del demandante, habiendo confirmado una sentencia dictada por el A quo, misma que reúne todos los requisitos señalados en el Código Procesal Civil, en la que se valoró las pruebas en su conjunto ,es decir la valoración del contenido del contrato suscrito entre el demandante y el demandado ya que en ningún momento se incumplió la cláusula penal así como la valoración del Contrato suscrito entre el demandado y El Real Club Deportivo España, mismo que era precedente, al suscrito con el demandante José Horacio Patanian ; quien a sabiendas de que la existencia de un contrato de servicios deportivos con el Club Deportivo Real España, que fue firmado por el demandado Mario Roberto Martínez Hernández y el Real club Deportivo España en fecha veintiocho de junio de dos mil once y clausulas 2013 - 2014, 2014 -2015, en el cual el jugador reconoce y acepta y ratifica la facultad del club, para transferirlo a otro club nacional o extranjero en calidad de préstamo, venta de derechos (clausula décimo quinta del contrato antes señalado) En consecuencia, EL MOTIVO IMPETRADO no se encuentra entre la causal de Casación señalado en el artículo 719 numeral 3, relativo a la forma y contenido de la sentencia. Por la falencia de causal, cuyo motivo invoca el recurrente no procede la admisibilidad EN CUANTO AL SEXTO MOTIVO. A SUPUESTA VIOLACION O FALTA DE APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS 1888 Por el contrato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o por encargo de otra; 1889 el mandato puede ser expreso o tácito El expreso puede darse por instrumento público o privado, y aun de palabra, la aceptación puede ser expresa o tácita, deducida esta de los actos el mandatario; 1890 a falta de pacto en contrario, el mandato se supone gratuito. Esto no obstante si el mandatario tiene por ocupación el desempeño de servicios profesionales de la especie a que se refiere el mandato, se presume la obligación de retribuirlo, 1891 el mandato es general o especial el primero comprende todos los negocios del mandante , el segundo uno o más negocios determinados; 1911 el mandato se acaba 10 por su revocación.., y 1912 el mandante puede revocar el mandato a su voluntad y compeler al mandatario a la devolución del documento en la que conste el mandato. La sentencia dictada por la Honorable Corte de apelaciones de lo Civil, Hace la correcta aplicación e interpretación de los artículos 188, 1889, 1890,1891, 1911,1912 del Código Civil. La esencia del recurso de casación es la protección de las normas del ordenamiento Jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional, en el caso que nos ocupa se recurre una sentencia dictada por un Tribunal de Alzada, en tal sentido la parte impetrante debe atacar o impugnar dicha sentencia, El recurrente hace mención en el presente motivo la no aplicación de los artículos del 1888, 11889, 1890, 1891, 1911, 1912, del Código Civil. El recurrente hace alegaciones que no tienen absolutamente nada que ver con las pretensiones de su demanda, ya que a lo que hace referencia es a un CONTRATO DE MANDATO, y el suscrito entre las partes, no es tal contrato, ya que los contratos se clasifican en los de DAR, HACER o NO HACER, que a su vez pueden ser bilaterales que obligan recíprocamente a las partes y en el caso de marras, el contrato suscrito entre el demandante y el demandado era de hacer, por una de las partes y el otro de dar por la otra. Y tal como lo señala en su sentencia el Ad-quem en su numeral OCTAVO, al tenor del artículo 1546 del Código Civil, deben ejecutarse de buena fe, apreciando en el caso de manas que el contrato de representación durante la vigencia del mismo no le trajo ningún beneficio al demandado, púes el demandante nunca le obtuvo un contrato, en cambio ... pues se acredito mediante declaración del demandante que el tenia pleno conocimiento del contrato suscrito entre el demandado y el Club Real España, por lo que el mismo no desconocía la exclusividad que este tenía respecto al demandado y así lo indujo a errar al suscribir el contrato en relación, existiendo dolo en el consentimiento (el subrayado y negrita es mío) ... también quedo acreditado que el demandante exaspero y hostigo mediante el cruce de correos electrónicos y llamadas a su persona y familiares para que este manifestara la voluntad de rescindir el contrato de manera unilateral y así beneficiarse el mismo con la penalidad descrita en el contrato, tal como lo señala la sentencia dictada por el Ad quem, por otra parte el demandado, como se acredito nunca dio por terminado el contrato aun con todos los vicios que este contenía, pues como consta en correo electrónico, lo que manifiesta el demandado es que para tener un agente así mejor no tener nada y esta frase no implica que este haya rescindido del contrato o que haya incumplido tal clausula penal. La A-quo no tenía en sí, que hacer una valoración del tipo de contrato puesto que la demanda iba dirigida o su pretensión era la aplicación de una penalidad, contenida en una Cláusula Penal misma que quedó acreditado en autos, que el demandado no incumplió, puesto que el demandante tuvo conocimiento pleno del acuerdo en calidad de préstamo que hiciera el Club Real España (titular de los derechos del jugador en virtud de contrato, suscito en el año 2011) con el Club deportivo Sporting Barcelona de Ecuador, y quedo acreditado que tampoco fue oneroso u obtuviese ganancia el Club Real España y Mario Roberto Martínez Hernández, puesto que su retribución, era similar a lo que devengaba en Honduras. En consecuencia, la juez valoro e interpreto el contrato objeto de le demanda al tenor de lo pactado en ellos, la pretensión del demandante en su libelo de demanda, no era determinar si era o no un contrato civil mercantil de mandato, todo caso estaríamos frente a un mero contrato civil ya que dicho contrato no fue suscrito entre entes mercantiles, pues no consta que el señor José Horacio Patanian represente a una empresa mercantil dedicada a la intermediación o venta de jugadores, la recurrente le falta el respeto a la señora juez, al tratarla de incapaz de hacer de un análisis contractual pues, la juez interpreto el Contrato al tenor de allí suscrito (pacta sunt senvanda), por otra parte se contradice el recurrente al señalar que es un contrato civil mercantil, si al tenor del contrato en una de sus parte se refiere al mismo 11.2 Contratos federativos (laborales), y de forma mal intencionada señalan que la Juez no determino el tipo de contrato. El Tribunal de Alzada ratifico lo valorado por la A quo, al determinar en su numeral OCTAVO manifestando el Ad quem, que al respecto del estudio de las pruebas aportadas al proceso se acredito en efecto, la inexistencia de dicha penalidad en el cuerpo del contrato cuyo obstante, de la lectura de las cláusulas del contrato descrita en ambos contratos se observan contradicciones entre sí pues en ambos contratos, la parte activa, del mismo siendo en este caso el demandado por un lado y por otro el Club deportivo Real España, se observa la exclusividad del jugador para sí, lo cual en efecto es contradictorio y excluyente por conflicto de interés, sin embargo, es preciso mencionar que el primer contrato suscrito fue con el Club Real España de lo que se desprende que este tiene mejor derecho por ser primero... La parte recurrente en plantea y expone el escrito de casación agravios, mismos que de acuerdo a las técnicas y formalidades de del recurso de Casación, no se deben argumentar en esta etapa del proceso, por cuanto, no nos encontramos frente a una Instancia, pero aun así contestamos el planteamiento señalado. La sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula; Cortes ha sido apegada a derecho por cuanto el impetrante no hace referencia en su impugnación a la causal de Cesación, es decir señalar claramente que acto y garantía procesal ha sido infringida y que esta suponga nulidad o indefensión si no, que hace alegatos corno si esta fuera una instancia señalando agravios y mencionando resoluciones del juez de primera instancia. En consecuencia, EL MOTIVO IMPETRADO no se encuentra entre la causal de Casación señalado en el artículo 719 numeral 2 referente a la aplicación interpretación de normas de derecho. Por falencia de causal cuyo motivo invocad recurrente, no procede la admisibilidad. EN CUANTO AL SEPTIMO MOTIVO relativo al supuesta infracción por aplicación indebida del artículo 1560 del Código Civil. La sentencia dictada por la Honorable Corte de apelaciones de lo Civil, Hace la correcta aplicación e interpretación del artículo 1560 del código civil. La corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes en su fallo proferido señala en parte del numeral OCTAVO que ... pues se acredito mediante declaración del demandante que el tenia pleno conocimiento del contrato suscrito entre el demandado y el Club Real España, por lo que el mismo no desconocía la exclusividad que este tenía respecto al demandado y así lo indujo a errar al suscribir el contrato en relación, existiendo dolo en el consentimiento (el subrayado y negrita es mío)... también quedo acreditado que el demandante exaspero y hostigo mediante el cruce de correos electrónicos y llamadas a su persona y familiares para que este manifestara la voluntad de rescindir el contrato de manera unilateral y así beneficiarse el mismo con la penalidad descrita en el contrato. La parte recurrente plantea y expone el escrito de casación agravios, mismos que de acuerdo a las técnicas y formalidades de del recurso de Casación, no se deben argumentar en esta etapa del proceso, por cuanto, no nos encontramos frente a una Instancia, pero aun así contestamos el planteamiento señalado. La sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula; Cortes ha sido apegada a derecho por cuanto el impetrante no hace referencia en su impugnación a la causal de Casación, es decir señalar claramente que acto y garantía procesal ha sido infringida y que esta suponga nulidad o indefensión si no, que hace alegatos como si esta fuera una instancia señalando agravios y mencionando resoluciones del juez de primera instancia. En consecuencia, EL MOTIVO IMPETRADO no se encuentra entre la causal de Casación señalado en el artículo 719 numeral 2 referente a la aplicación interpretación de normas de derecho. En consecuencia, por la falencia de causal cuyo motivo invoca el recurrente no procede la admisibilidad”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Conforme el artículo 718 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del recurso de casación. 2. Esta Sala de lo Civil viene reiterando la naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 exp. S.C.236-2012, 18-03-2014 exp. S.C.003-2013 y 06-05-2014 exp. S.C.135-2013). 3. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 4. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 5. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS MARCO TULIO BARAHONA VALLE Y SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO EN SU PRIMER MOTIVO. Los recurrentes en su primer motivo de casación vienen alegando la infracción de normas procesales, citando específicamente los artículos 54, 56 y 57 del Código Procesal Civil, señalando que el motivo se halla comprendido en el mismo código en el artículo 719.1 b) causales del recurso en la parte que dice… b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Los recurrentes en su explicación del motivo, manifiestan básicamente que: “No existió una observancia estricta del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil para ventilar la recusación planteada, hubo tratamiento irregular y arbitrario de la jueza, y la Corte recurrida cínicamente ha ratificado y dado por válida la arbitrariedad de la jueza de primera instancia quien al recibir la recusación nunca hizo declaración expresa sobre si aceptaba o no la causal invocada, ni posibilita la formación del incidente y tampoco evitó intervenir en el procedimiento del asunto, al contrario, actuó después de haber sido recusada dictando autos a sabiendas de estar impedida legalmente porque estaba recusada y en vez de abstenerse o evitar decidir ella misma la desestimación de la recusación, procedió a proferir el auto donde la desestimó; la ratificación del tribunal de alzada, constituye una infracción de norma procesal por defectos que afectan a la propia idoneidad del órgano jurisdiccional, especialmente porque son auténticos motivos de nulidad del procedimiento el cual no fue observado o seguido como lo manda el CPC, tramitándose respecto a la recusación un procedimiento irregular contrario a principios del Código Procesal Civil, como el debido proceso o de legalidad, desarrollados en motivos separados, porque las resoluciones comprendidas en el iter procesal y la propia sentencia, son dictadas por un órgano jurisdiccional que carece del principio de imparcialidad, que se desprende del contenido del Art. 56.2 que, cuando fuere un juez el recusado, atribuye la competencia para decidir del incidente de recusación, al que conozca de la pieza de recusación...”, por su parte el Art. 57.4 del Código Procesal Civil, “...4. En adelante se seguirán los trámites del procedimiento incidental general, resolviendo el incidente por medio de auto, que será irrecurrible, y se impondrán las costas causadas al recusante si la recusación fuera desestimada, caso en el que se devolverá al recusado el conocimiento del proceso en el estado en que se halle, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre votaciones y fallos de los litigios. Si la recusación fuera estimada el proceso continuará siendo tramitado por el sustituto del recusado. Pero en este caso la parcialidad está de manifiesto y por eso hemos subrayado ese concepto para destacar que promovida la recusación el juez(a) que estaba conociendo el asunto ya no puede intervenir en el procedimiento del asunto principal ni en la tramitación del incidente de recusación, pero en el caso concreto que nos ocupa la jueza de primera instancia reveló sobrado interés al decidir la recusación planteada contra ella, pues deliberadamente ignoró la existencia de esas disposiciones relativas a la recusación y su procedimiento, dejando de aplicarlas. La Corte recurrida hizo caso omiso a ese actuar arbitrario de la Jueza de primera instancia, siendo fácil apreciar tal arbitrariedad, pues para que un juez recusado no se erija en “juez y parte” en el trámite del incidente de recusación, tanto el Código de Procedimientos de 1906, como el actual CPC, impiden que el juez recusado sea al mismo tiempo el juez competente para continuar en el conocimiento del asunto principal, así como para resolver el incidente o cuestión de recusación, porque él automáticamente ya tiene implicancia en el incidente, por eso el Art. 54.4 citado como infringido, en el caso de que el recusado no aceptare la causal de recusación, se someterá el incidente a conocimiento del juzgado o tribunal que correspondiere, con exposición del juez o magistrado recusado no podrá intervenir en el procedimiento y será sustituido por aquél a quien corresponda con arreglo a la ley, pero en este caso concreto la jueza actuante no mandó formar el incidente, en vez de ello, demostró el sumo interés en la causa a favor del demandado, porque rápidamente desestimó la recusación. En consecuencia, todo lo actuado por un juez recusado es nulo, porque se coloca al margen de la ley, se cree superior a la ley”. 5.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que los recurrentes vienen alegando el presente motivo de casación que tiene su origen en la emisión de un auto no definitivo que resuelve la recusación planteada en primera instancia, el cual, por virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 57 del Código Procesal Civil, es un auto irrecurrible y si bien es cierto los impetrantes promovieron en su momento un incidente de nulidad cuestionando la decisión de primera instancia, igualmente cierto es que no existe norma expresa adjetiva que señale la impugnación de la resolución de recusación por la vía incidental invocando nulidad, por lo tanto, siendo un auto no definitivo, no se encuentra entre las resoluciones recurribles establecidas en el artículo 717 del Código Procesal Civil, aún y cuando haya sido parte de los agravios en el recurso de apelación, sin embargo esta incidencia no pone termino al pleito. 6. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS MARCO TULIO BARAHONA VALLE Y SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO EN SU SEGUNDO MOTIVO. Los recurrentes en su segundo motivo de casación vienen alegando la infracción de normas procesales, citando específicamente los artículos 3 y 445 del Código Procesal Civil en relación con los artículos 81.2, 82.2.3, 7.1, 12.1.2 y 115 del mismo código y en relación con los artículos 90 párrafo primero, 321 y primer párrafo del 323 de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, señalando que el motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil en el artículo 719.1 b) causales del recurso en la parte que dice… b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. El recurrente en su explicación del motivo, manifiesta básicamente que: “Las Infracciones que violan el principio derecho del debido proceso previsto en el Art. 90 primer párrafo de la Constitución de la República y el 3 del citado Código Procesal Civil, en la siguiente forma: El día veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete (2017), fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia preliminar, resulta que no compareció el demandado Mario Roberto Martínez Hernández, justificando su ausencia por compromiso con la Selección Honduras de Fútbol, sin embargo, su apoderado legal en ese entonces Abg. Selvín López Castellanos, no presentó poder con suficiente bastanteo, dado que la escritura de poder que acompañó con la contestación a la demanda, que fue autorizada por el Notario Jorge Luis Chinchilla Rodríguez, el viernes seis (6) de enero de dos mil diecisiete (2017), en esta ciudad, es un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y REPRESENTACIÓN, redactado más en armonía con el viejo Código de Procedimientos de 1906, porque no se rige con la máxima de literalidad, o sea, en forma expresa o explícita no tiene la facultad de asistir a audiencias de conciliación y de conciliar en la fase de intento de conciliación a verificarse al inicio de la audiencia preliminar, en un proceso declarativo ordinario como el de autos, lo que claramente se determinó tal audiencia al hacer el bastanteo del poder con la lectura de las facultades especiales al inicio de la audiencia, pero la jueza muy flexiblemente permitió que el apoderado de la parte demandada, dejó que actuara sin representación suficiente, habiéndose interpuesto reposición, la cual fue desestimada y se hizo constar la protesta formal de reservar el derecho de plantearla cuando se impugnara la sentencia, lo cual consta en el acta de la referida audiencia y por esa razón se está reiterando el motivo a efectos de que en esta segunda instancia se verifique el bastanteo y constate que efectivamente se trata de Poder General Para Pleitos y Representación, a favor de los Abogados Selvin Orlando López Castellanos y Orinson Lobo Galo, pero como el Art. 822 preceptúa que se requerirá poder especial o se precisa de poder especial para conciliar en las audiencias preliminar o única que deben realizarse en los procesos declarativos ordinario o abreviado y poder participar en el intento de conciliación, efecto para el cual debe conferírsele facultad especial de conciliar y transigir redactadas conforme al CPC, al no estar redactado aquel poder general en armonía con lo regulado por el CPC, no tiene las facultades de máxima de literalidad de comparecer a las audiencias de dichos procesos declarativos. En esta oportunidad se reitera dicha infracción procesal, pues a través de la misma se violentó el contenido al Art. 445.1 del Código Procesal Civil, el cual establece a las partes su deber de comparecer a la audiencia preliminar personalmente, salvo motivo fundado, a juicio del tribunal, que justificare la comparecencia por medio de representante, pero en este caso deberá tener poder suficiente para conciliar, renunciar, allanarse o transigir...”, en armonía con la última parte de los Arts. 81.2 y 82.2 ambos del CPC, donde se precisa poder especial o facultades especiales y de ahí que este Art. 82.3, manda que el “otorgamiento de facultades especiales se rige por la máxima de literalidad y no se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente”. Esta normativa fue ignorada por la juzgadora al tomar una actitud demasiado flexible a favor de la parte demandada, permitiendo que Mario Roberto Martínez Hernández eludiera las normas imperativas del CPC, incompareciendo justificadamente a la audiencia preliminar, pero sin haber otorgado un poder suficiente a su apoderado para que lo representara en el proceso con esas facultades de máxima de literalidad aludidas…El Código Procesal Civil en su Art. 3. Prevé el principio “DEBIDO PROCESO” con el siguiente contenido: “Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada” o sea, como una garantía para el buen funcionamiento judicial. En el presente caso el proceso no se ha desarrollado por los trámites previstos legalmente y no se le han respetado todos los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias a nuestro representado, pues el Tribunal de Alzada ha sido muy permisivo con la flexibilidad de la jueza de primera instancia hacia el demandado Mario Roberto Martínez Hernández, primero permitiendo que su apoderado legal actuara con un poder redactado al estilo del Código de Procedimientos de 1906, cuando el Código Procesal Civil exige el principio de máxima de literalidad en el otorgamiento de las facultades especiales, De la forma expuesta también se infraccionò la norma procesal contenida en el Art. 115.1 del Código Procesal Civil, pues los actos procesales como es el caso de los ya referidos en este motivo, que conforman el procedimiento civil correspondiente al proceso declarativo ordinario no se han realizado de acuerdo a las prescripciones del CPC, como se ha explicado, ni conforme a la Constitución de la República, porque de paso se infracciona el principio derecho del debido proceso y, por ende, el también principio derecho de legalidad y por la sanción de nulidad prevista al final del 115.1 citado, debieron ser anulados por la jueza de primera instancia o por la Corte de Apelaciones Civil con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, y todavía más por el contenido del Art. 321 de la Constitución de la República, que es una de las normas de más alto rango que manda: “...Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; y, con mayor razón en el caso concreto que las actuaciones denunciadas cometidas por la actuación de la jueza de instancia y de la Corte recurrida, con su decisión confirmatoria, se han ejecutado fuera del contenido de la ley que en este caso concreto es el CPC.” 6.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que los recurrentes vienen alegando el presente motivo de casación que tiene su origen en la emisión de un auto no definitivo pronunciado durante la audiencia preliminar, mediante el cual la juez permitió que el apoderado de la parte demandada actuara en representación de éste amparado en el poder de representación sin contar con la presencia física del demandado, auto que no se encuentra entre las resoluciones recurribles establecidas en el artículo 717 del Código Procesal Civil, aún y cuando haya sido parte de los agravios en el recurso de apelación, sin embargo esta incidencia no pone termino al pleito. 7. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS MARCO TULIO BARAHONA VALLE Y SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO EN SU TERCER MOTIVO. Los impetrantes en su tercer motivo de casación vienen alegando la infracción de normas procesales de los siguientes artículos: 3 del Código Procesal Civil en relación con los artículos del mismo código 115, 128, 288, 256, 469, 7.1, 12; 90 párrafo primero; 321 y 323 párrafo primero de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, señalando que el motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil en el artículo 719.1 b) causales del recurso en la parte que dice… b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Los recurrentes en su explicación del motivo, manifiestan básicamente que: “En el presente caso el proceso no se ha desarrollado por los trámites previstos legalmente y no se le han respetado todos los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias a nuestro representado, pues el Tribunal de Alzada ha sido muy permisivo con la flexibilidad de la jueza de primera instancia hacia el demandado Mario Roberto Martínez Hernández, primero permitiendo que su apoderado legal actuara con un poder redactado al estilo del Código de Procedimientos de 1906, cuando el Código Procesal Civil exige el principio de máxima de literalidad en el otorgamiento de las facultades especiales, segundo, permitió al demandado Mario Roberto Martínez Hernández justificar su segunda incomparecencia en el proceso, en la audiencia probatoria celebrada el dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), a las nueve de la mañana (9:00 am.), su apoderado el Abg. Selvin López pidió reprogramación de la audiencia y presentó con documentos redactados en dos idiomas extranjeros, en inglés y árabe, sin traducción oficial y sin que previamente la juzgadora autorizara una traducción privada, documentación a la cual no se tuvo acceso oportuno por nuestra parte, dado la violación al principio derecho de igualdad, precisamente el de igualdad ante la ley en que nuevamente incurría la jueza de instancia, perjudicando los intereses de nuestro representado… La autorización aludida tardíamente la dio la jueza en la misma audiencia preliminar cuando la parte contraria, o sea, la posición de parte demandante, estando en dicha audiencia se le informó de semejante irregularidad procesal, actuación que fue impugnada y protestada formalmente por ser contraria a la normalidad del iter procesal que establece al respecto el Art. 288.1 del CPC, sino que días después, o sea, tardíamente se tuvo por acreditados esos requisitos; tercero, no hubo una dirección del proceso y conducción de las audiencias en condiciones de igualdad para las partes, porque la jueza de primera instancia fue flexible con la parte demandada, pero al suscrito le impuso una multa por reclamar enfáticamente los derechos de la parte actora, cuando de la grabación de la imagen y sonido de la respectiva audiencia revelan que no hubo motivo suficiente para tal severidad; como fácilmente se aprecia la jueza no impartió el servicio de justicia sin dilaciones, por el contrario, ella misma propició mora en el trámite del proceso, culminando con dilatados nueve (9) meses para dictar la resolución de fondo injusta y mal motivada… Resulta que el doce (12) de junio de este año la jueza Wenniver Lisbeth Rivera Andino ya estaba recusada y no le había dado el procedimiento adecuado a la recusación planteada, pero violando el debido proceso esa jueza recusada conoció y en la pieza principal dictó providencias y autos, su arbitrariedad consta en autos y como se observa en la transcripción de la resolución que dictó respecto a la justificación de incomparecencia del demandado el trato preferente expandiendo los plazos y términos a favor de la parte demandada. Asimismo, es inaceptable que estando recusada haya resuelto, además lo hizo con mucha dilación en un asunto sencillo como fijar fecha para reanudar o continuar con la audiencia probatoria, porque ni el exceso de trabajo puede impedir que se escoja la fecha para tal efecto; el proceso civil que debió tramitar sin dilaciones lo atrasó y la emisión dilatada de la sentencia es una prueba de ello y a favor de la parte contraria distorsionó el contenido de la norma del Art. 288.1, pues de no acompañarse traducción oficial, la contraparte debió acompañar una traducción privada por persona autorizada previamente por la jueza, pero ésta la autorizó después de que la parte demandada la presentó en la audiencia probatoria del 18 de mayo de 2017, le concedió mucho tiempo a la parte contraria. El mismo CPC citado en su Art. 7.1. conceptúa el principio LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS con el siguiente contenido: “1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas...”. Siendo genérica el principio derecho y garantía del debido proceso, se integra con otras garantías o sub-garantías, en consecuencia, el contenido del principio de legalidad se integra al debido proceso invocado, de tal manera que para este caso concreto lo expuesto en el párrafo anterior revela que los procedimientos del proceso declarativo ordinario en cuyo ámbito se comprende las pretensiones consignadas en la demanda civil de mérito, no se han desarrollado según las disposiciones del CPC, ni de acuerdo con la Constitución y siendo imperativas las disposiciones de aquél cuerpo legal, así como de nuestra Carta Magna, la recusada se desempeñó demasiado indulgente con las actuaciones aludidas, provocadas por parte demandada, lo cual fue adoptado por el Tribunal de Alzada dada su gran complacencia con la sentencia ahora impugnada, al confirmar el fallo de primera instancia. Más adelante el Código Procesal Civil, prevé el Art. 12. FACULTADES PROCESALES, en la parte que dice: “1. La dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de ¡a República y en este Código. 2. El Juez controla de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, así como la inexistencia de motivos de nulidad, antes de dictar sentencia...”. En el presente caso, fue evidente la conducta parcializada de la jueza, que en fecha 18 de mayo del año en curso esta representación solicitó señalamiento de nueva audiencia y copia de la reproducción de los audios de la audiencia celebrada en esa misma fecha, y fue grande nuestra sorpresa que al 31 de mayo de 2017, no había resuelto la dicha solicitud y dada la presentación del escrito de recusación ya no podía resolver ni con fecha atrasada ni con data actual, por lo que todos estos aspectos debieron ser considerados por el Tribunal de Alzada para determinar que la abogada. Wenniver Lisbeth Rivera A., debió abstenerse de conocer de la demanda incoada ya que actuó alejada de la objetividad e imparcialidad requerida en el desempeño de sus funciones. La jueza recusada en la conducción de las audiencias suscitadas, actuó como demostrando que conocía suficientemente el CPC, especialmente porque tuvo de público a sus alumnos universitarios, pero a medida que conducía y dirigía el proceso con el desigual trato dispensado hacia la parte demandante, demostraba su parcialidad y complacencia a favor de la parte demandada; y, una vez presentado el escrito de recusación se remarca lo arbitrario del proceder de la jueza recusada y el desconocimiento del tratamiento del CPC sobre la recusación, pues continúa con las violaciones al debido proceso, ya que según el CPC una vez presentado el escrito de recusación el juez recusado o bien 0pta por aceptar los motivos o causales de la recusación, caso en el cual y por tratarse de un órgano unipersonal aplicará el Art. 54.3, así se abstendrá de intervenir en el asunto y remitirá el expediente al juez que lo sustituye o subrogado; la otra opción del juez recusado es que no acepta el contenido de la recusación, entonces debe aplicar el Art. 54.4, a fin de que someter el incidente al conocimiento del juzgado o tribunal que correspondiere, que en el caso de autos le’ corresponde a un juez de ese mismo Juzgado, con exposición del juez recusado, quien durante la sustanciación del incidente no debió intervenir en el procedimiento y habría sido sustituido por aquél a quien corresponda con arreglo a la ley, o sea, el designado bajo el sistema aleatorio implementado. Estando recusada la mencionada jueza siguió actuando y dictó el auto del 13 de junio 2017 resolviendo ‘TENER por cumplido lo ordenado en la Audiencia Probatoria en el sentido de presentar el documento de justificación de la incomparecencia del juzgado traducido al idioma oficial”, o sea, violando el orden del proceso a que alude el principio de buena fe procesal y sin los requisitos legales acepta documento en idiomas distintos del español presentado sin acompañarse de su traducción oficial o de una traducción privada por persona autorizada previamente por el Juez, por lo que debió ser inadmitido y, por haberse otorgado dicho documento fuera de Honduras, debió presentarse debidamente legalizado o apostillado, pero la jueza no cumplió con las normas imperativas del CPC, ni con las normas constitucionales mencionados en este motivo, pues primero admite la justificación de la incomparecencia del demandado a la audiencia probatoria con un documento idiomas inglés y árabe y muchos días después admite la excusa de incomparecencia, es decir, no se tradujo con los requisitos de ley y tampoco debidamente apostillados o autenticados, por lo que no fueron presentados en el momento procesal oportuno y esto constando de autos de la Corte de Apelaciones recurrida insólitamente ha sido maga-benévola aceptando como válido, en flagrante violación al debido proceso, argumentando que un itinerario de vuelo en español es suficiente para justificar o soportar la incomparecencia del demandado a la audiencia, olvidando que tal proceder arbitrario de la jueza actuante afectó el derecho de defensa de la parte actora, al disminuirlo, porque como resulta evidente no se debe dictar autos como el del 13 de junio de 2017 finalizándolos con la fórmula cúmplase, como si se tratara de orden del día de los militares, especialmente por ser atinente a la presentación de traducción de un documento en dos idiomas extranjeros, puesto que las partes contrarias a quien lo presenta, deben tener la oportunidad de impugnarlo y, lógicamente, esto se posibilita con el término o fórmula NOTIFIQUESE, NO CON CUMPLASE, como se finalizó tal auto. La jueza actuó arbitrariamente como en los principios del derecho romano, al siguiente día desestima la recusación, admitiendo la excusa cuando esta recusada y cualquier juez recusado está impedido de continuar conociendo de un expediente cuando ya enfrenta una recusación, quedando evidente la existencia de una serie de irregularidades que se sancionan con nulidad absoluta. El auto dictado el 14 de junio 2017 por la jueza de primera instancia denunciada donde resuelve la recusación planteada en su contra, al expresar resuelve desestimar la recusación, es la culminación de la arbitrariedad, quedando plasmada su parcialidad a favor del demandado e interés indirecto, casi directo, a favor de Mario Roberto Martínez Hernández, con tanto desacierto del actuar de la jueza en este proceso, infringiendo el debido proceso y el principio de legalidad, y hasta el derecho de defensa, perjudicando evidentemente a mi cliente HORACIO JOSE PATANIAN, siendo la cuestionada, como si fuera juez y parte en el conocimiento y decisión de la recusación, la desestimó de plano. Obviamente, la Corte recurrida al confirmar la sentencia de primera instancia ha hecho suyos semejantes irregularidades muy perjudiciales para la parte actora en este proceso civil. Además, conforme al Art. 56.2 del CPC el juez competente para conocer del incidente de recusación planteada contra un juez, es el que conozca de la pieza de recusación, y el artículo 57.2 del CPC claramente establece el trámite de la pieza de recusación, así: “recibida la recusación se entregará copia de ella al recusado y, si no acepta como cierta la causa, el juez o tribunal que conociere de la recusación podrá rechazarla de plano si la considerare manifiestamente infundada”, del desconocimiento e ignorancia de esta disposición también resulta evidente que este asunto no debió conocerlo y decidirlo la mima jueza ya que se vuelve juez y parte, debe conocerlo un juez distinto, un juez subrogado determinado aleatoriamente en el Juzgado de Letras Civil o mixto, de manera que conforme al Art. 56.2 del CPC, a quien le compete rechazarla, caso en el cual no la admite a trámite, pero al juez o jueza recusado(a) no tiene atribución para de plano desestimarla, pues este término se usa cuando se ha tramitado y se decide el incidente de recusación. Visto lo antes expuesto, es evidente que estando la dirección del proceso civil de mérito a cargo de la Jueza Wenniver Lisbeth W. Rivera Andino, en contravención al Art. 12.1 del CPC, no ejerció tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y en el Código Procesal Civil; asimismo, no obstante el contenido del Art.12.2 de este Código, dicha Jueza no controló de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, especialmente en la inobservancia de esos procedimientos sobre justificación adecuada y razonable de la incomparecencia a audiencias y en el atropellamiento por las infracciones de las normas procesales sobre el trámite de la recusación, donde la jueza recusada se erigió en “juez y parte” y en vez de impedir la inexistencia de motivos de nulidad, antes de dictar la sentencia, ella misma abiertamente los propició. La Constitución de la República en su Art. 90 primer párrafo dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. En el presente caso debe tenerse en cuenta que la naturaleza jurídica de la Constitución de la República es “una norma”, por ende, opera como tal, deroga tácita o expresamente, y es funcional, o sea, es operativa y debe ser “normativa” o, que es lo mismo, debe ser correctamente interpretada y aplicada o utilizada para resolver conflictos y obtener la paz jurídica en casos concretos y, en algunos, hasta la paz social; en tal virtud, dado los hechos en este caso concreto la jueza de primera instancia no ha juzgado a Horacio José Patanian con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, dado la dirección y conducción del proceso y audiencias en forma inconsistente e irregular como se ha descrito, apartándose del procedimiento establecido en el CPC, tanto en el trámite para justificar incomparecencias del demandado como en el tratamiento legal de una recusación planteada en su contra, oportunidades donde exteriorizó su arbitrariedad, lo cual se aprecia y escucha de la grabación de imagen y sonido que se hizo en el desarrollo de las audiencias. La misma Constitución manda: “321 “Los servidores del Estado no tienen facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Este precepto constitucional en otra de las manifestaciones del principio de legalidad y. por ende, para la integrar el principio derecho o garantía genérica del debido proceso y se ha invocado como infringido porque los Magistrados de la Corte recurrida son servidores del Estado y no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y, en ningún Art. el Código Procesal Civil autoriza o faculta a los integrantes de un Tribunal de Alzada que conociendo de un recurso devolutivo como la apelación, pasen desapercibidas las irregularidades de un juzgado de primera instancia, como ha ocurrido en este caso concreto con la jueza actuante en el proceso de mérito, en la que la parte demandante ha caído mal por ser un abogado de nacionalidad argentina cuyo pecado ha sido plantear una demanda consignando las pretensiones ante la maledicencia del demandado al incumplir un contrato de representación deportiva. El primer párrafo del 323 de dicha Constitución dice: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella...”; sin duda esta disposición constitucional se relaciona y complementa el Art. 90 primer párrafo de la Constitución de la República en cuanto a la regulación del debido proceso, puesto que los servidores del Estado y en especial los servidores del servicio público del impartimiento de la justicia, los jueces y magistrados, son depositarios de la autoridad judicial, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, pues rindieron la promesa constitucional de ley de “ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, quedando obligados a interpretar y aplicar fielmente las leyes, y en cada caso concreto sometido a su conocimiento deben efectivizar la garantía de justicia prevista en el Art. 1 de la Constitución de la República, de manera que todos sus habitantes y los extranjeros que se han sometido a la jurisdicción nacional se beneficien también del “goce de la justicia”, que es la primera finalidad para la cual se constituyó el Estado de Honduras; sin embargo, con actitud estoica hemos vivido en carne propia las arbitrariedades de la jueza de primera instancia que ha transgredido los derechos del actor, exhibiendo ante un ciudadano argentino al Poder Judicial Hondureño, con el tipo de arbitrariedades referidas. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, Garantías Judiciales de Art. 8.1 “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ¡a ley... o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil...”; con mucha pena hemos presenciado y sufrido las arbitrariedades de la jueza de primera instancia y nuestro representado a pesar de tener derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, ha sido juzgado oyéndolo pero sin las debidas garantías, tal como se deduce de las infracciones a normas procesales, como se ha aludido en los acápites anteriores, la jueza se parcializó hacia la causa del demandado y le permitió y hasta propició eludiera la normativa imperativa del CPC, por lo que la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, en este proceso ha sido sesgada hacía la parte demandada e intolerante hacia la parte actora, infraccionando el principio derecho al debido proceso en perjuicio del actor. El debido proceso es una garantía genérica que de conformidad con el contenido del Art. 3 de nuestro Código Procesal Civil, entre sus elementos se identifica que es un derecho de las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, o sea, que debe observarse el principio de legalidad, a que se respeten los derechos establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, como es el caso del derecho de defensa, a la igualdad, a que se observen los plazos legales o judiciales sin dilaciones, al juez natural que íntegra el órgano jurisdiccional competente, quien debe desempeñarse con independencia e imparcial y dictar una resolución de fondo justa y motivada. En tal sentido serán elementos que configuran el debido proceso en el área civil: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al juez natural y predeterminación del juez (proscribe establecer un órgano jurisdiccional ad-hoc para el enjuiciamiento de un determinado tema, que la doctrina denomina “tribunales de excepción”), c) el derecho al juez imparcial (excluye el juez tendencioso), ch) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, en su caso, d) el derecho a un proceso oral y público, e) el derecho al desarrollo y conclusión del proceso sin dilaciones, f) el derecho a la legalidad de la prueba, g) el derecho a la igualdad procesal de las partes, h) el derecho a no declarar contra sí mismo, i) el derecho a la valoración razonable de la prueba, j) el derecho a la resolución de fondo justa y motivada, k) el derecho a recurrir, I) el derecho a la asistencia técnica gratuita proporcionada por el Estado a las personas con escasez de ingresos económicos para sufragar un abogado particular. El debido proceso implica, precisamente desde sus orígenes, el derecho al debido proceso “legal”, con la consecuencia de que cualquier violación grave del procedimiento en perjuicio del imputado equivale a uno de sus derechos fundamentales y, por ende, de la propia Convención... El debido proceso, o como lo llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro. ..“. Tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub-judice, esta representación procesal lo relaciona con los derechos a que debe observarse el principio de legalidad, a que se respeten los derechos establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, como es el caso del derecho de defensa, a la igualdad, a que se observen los plazos legales o judiciales sin dilaciones, a que el juez natural que integra el órgano jurisdiccional competente debe desempeñarse con independencia e imparcialidad y dictar una resolución de fondo justa y motivada, los cuales han sido transgredidos por la condescendiente Corte recurrida al declarar sin lugar el recurso de apelación que interpusimos en tiempo y forma, y confirmar la sentencia de primera instancia, haciendo suyos las irregularidades en la observancia del debido proceso. 7.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que los recurrentes han incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización por las razones siguientes: a) Incurren en el error de citar como infringidas un conjunto indiscriminado de normas que rigen determinada materia, quebrantando la técnica de casación que implica que en cada motivo de casación se precise la infracción que se considera cometida, debiendo evitarse la concentración de todos o la mayor parte de los artículos, sobre todo tomando en consideración que los preceptos señalados como infringidos comprenden normas atinentes al debido proceso civil, a las actuaciones judiciales, al idioma de sustanciación del proceso, a documentos en otro idioma, incomparecencia y admisión fìcta, comparecencia de las partes, legalidad procesal y formas, facultades procesales de juez, principio constitucional de debido proceso, principio de legalidad constitucional y sobre garantías judiciales; de tal manera que no han sido capaces de explicar la relación de todos estos preceptos de manera tal que sea posible determinar una eventual concurrencia de la causal de casación invocada debido a la falta de separación y claridad en el motivo; b) Su alegado ha sido expuesto en forma general enfatizando el debido proceso como principio constitucional sin singularizar cual es la norma procesal que impugnan y que regula el acto y garantía procesal cuya infracción supone nulidad o produce indefensión, en tanto que al invocar una variedad de normas de distinta índole y que regulan supuestos distintos, pierden precisión abandonando la separación y claridad propia del recurso para hacerlo intelegible, lo que no logran con su abundante cita normativa. c) Retoman la fustigación de las normas procedimentales de la recusación que no fueron citadas como infringidas y que no enlazan con la claridad requerida con el respeto de los preceptos invocados. d) No hay claridad acerca del modo de impugnación de la norma, no siendo posible establecer si pretenden una aplicación indebida, una falta de aplicación o si se trata de una interpretación errónea. e) Igual que en los dos motivos anteriores, incurren en el error de traer al recurso extraordinario de casación, la impugnación de actos procesales que por sí mismos no ponen fin al proceso; por lo tanto, concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil. 8. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS MARCO TULIO BARAHONA VALLE Y SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO EN SU CUARTO MOTIVO. Los casacionistas en su cuarto motivo de casación vienen alegando la infracción de normas procesales de los siguientes artículos: 288, 128, 115, 256, y 469 del Código Procesal, señalando que el motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil en el artículo 719.1 b) causales del recurso en la parte que dice… b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Los recurrentes en su explicación del motivo, manifiestan básicamente que: “La infracción procesal señalada se produjo durante el iter procesal especialmente al inicio de la celebración de la audiencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en virtud de que el demandado Mario Roberto Martínez Hernández incompareció a dicha audiencia sin que se haya justificado adecuadamente su ausencia, error referente a la prueba presentada por la parte demandada para justificar razonablemente la ausencia de la parte demandada, siendo tal infracción determinante de la nulidad conforme a normas del mismo Código. La jueza privilegió y dio especial consideración al demandado Mario Roberto Martínez Hernández justificar su segunda incomparecencia en la audiencia probatoria celebrada el dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), mediante documentación inidóneo para ello y su apoderado el Abg. Selvin López pidió reprogramación de la audiencia y presentando documentos redactados en dos idiomas extranjeros, en inglés y árabe, sin traducción oficial y sin que previamente la juzgadora autorizara una traducción privada, documentación a la cual no se tuvo acceso oportuno por nuestra parte, dado la violación al principio derecho de igualdad, precisamente el de igualdad ante la ley en que nuevamente incurría la jueza de instancia, perjudicando los intereses de nuestro representado. La autorización aludida tardíamente la dio la jueza en la misma audiencia preliminar cuando la parte contraria, o sea, la posición de parte demandante estando en dicha audiencia se le informó de semejante irregularidad procesal, actuación que fue impugnada y protestada formalmente por ser contraria a la normalidad del iter procesal que establece al respecto el Art. 288.1 del CPC, sino que treinta y un (31) días después. O sea, tardíamente se tuvo por acreditados esos requisitos. -por nuestra parte- se objetó la justificación en base a los documentos que no están en el idioma oficial, que se faltó a los deberes de las partes y terceros según el Art. 231 CPC y se interpuso reposición y que las sanciones están previstas en el Art. 232 porque no se acreditó suficientemente la justificación de incomparecencia del demandado y se nos afectó el derecho de igualdad de las partes porque la parte demandada toma automáticamente ventaja con el quiebre de la audiencia probatoria y que están señaladas las cuales de suspensión de audiencia, por lo que se pidió la jueza que reconsiderara se decisión y, por lo tanto, reponga en el sentido de que puede continuar con la audiencia pero no está justificado ni la incomparecencia de la parte para evacuar el interrogatorio de partes que solicitamos y nos fue admitido y lo mismo la de los testigos. por nuestra parte se renunció a la prueba testifical y que se procediera a evacuar el interrogatorio de parte, pero a nuestra iniciativa se dejó constancia de la protesta contra la decisión de tener por justificada la incomparecencia del demandado Mario Roberto Martínez Hernández, con documentos en idioma extranjero (árabe e inglés), sin traducción oficial y sin haberse ordenado con antelación o previamente la traducción privada. Los privilegios y consideraciones para la parte demandada son evidentes. La arbitrariedad de la jueza de primera instancia está de manifiesto en autos y se demuestra con la transcripción de la resolución que dictó respecto a la justificación de incomparecencia del demandado: “La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil Certifica la Providencia que Literalmente Dice. 4034-2016 LCO.- San Pedro Sula, Departamento de Cortés, trece (13) de junio del dos mil diecisiete (2017).- La Abogada WENNIVER LISBETH W. RIVERA A., Juez del Juzgado de Letras Civil de ésta sección judicial, en nombre del Estado de Honduras, resuelve mediante PROVIDENCIA: 1. ADMITIR el escrito que antecede; 2. TENER por cumplido lo ordenado en la Audiencia Probatoria en el sentido de presentar el documento de justificación de la incomparecencia del juzgado traducido al idioma oficial; y, 3. En cuanto al señalamiento de fecha para la continuación de la Audiencia Probatoria estese a lo resuelto en la Providencia que antecedente. Se resuelve en esta fecha por el exceso de trabajo que se produce al acercarse el periodo de vacaciones. Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 115, 129, 130, 135, 151, 152, 153, 171 y 193 del Código Procesal Civil. CUMPLASE. f/S. ABG. WENNIVER LISBETH RIVERA ANDINO, JUEZ. ABG. MELISSA ARGENTINA MEJIA LOZANO, SECRETARIA ADJUNTA”. O sea, del 18 de mayo al 13 de junio de 2017, transcurrieron treinta y un días naturales, como uno de los meses de 31 días que tiene el año, para conocer contenido correcto de los documentos justificantes del motivo por el cual no compareció personalmente a la audiencia probatoria el demandado Mario Roberto Martínez Hernández, a rendir el interrogatorio de la parte que tenía que evacuarse y de ahí su deber de comparecer a tal audiencia, por haberse acordado su declaración como medio de prueba propuesto por la parte demandante; lógicamente no se justificó su incomparecencia en los términos de los Arts. 288.1 y 469.1 del CPC y, siendo uno de los casos comprendidos en la frase de este precepto: “En caso contrario”, se le debió aplicar la consecuencia jurídica, esto es, tenerlo por no comparecido y tener por ciertos los hechos a que se refiriera el interrogatorio en lo que le sea perjudicial, que es prácticamente lo mismo que manda el Art. 256.2 del CPC, en el evento de “INCOMPARECENCIA Y ADMISIÓN FICTA”, que en lo pertinente dice: “2. Si la parte no comparece y no alega previamente justa causa para ello, el juez o tribunal puede considerar reconocidos los hechos a los que se refiere el interrogatorio, en los que dicha parte hubiera participado personalmente y cuya fijación como ciertos le sea entera o parcialmente perjudicial”, rito procesal violentado por las decisiones arbitrarias de la jueza de primera instancia”. 8.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que los recurrentes han incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización por las razones siguientes: a) Incurren en el error de exponer el motivo sin la debida separación y claridad que exige la norma procesal, en tanto que vienen denunciando la infracción de preceptos que regulando aspectos distintos han de ser abordados por separado en virtud de que una cosa es el idioma de sustentación del proceso y los documentos en otro idioma, la incomparecencia y admisión fìcta y la comparecencia de las partes es otro aspecto distinto que para efectos de mayor claridad e inteligencia del motivo tienen que ser abordados por separado. b) No hay claridad acerca del modo de impugnación de la norma, no siendo posible establecer si pretenden una aplicación indebida, una falta de aplicación o si se trata de una interpretación errónea. c) Pretenden instar la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en las instancias, lo que no está permitido en este recurso, de conformidad con el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. d) Igual que en los motivos anteriores, incurren en el error de traer al recurso extraordinario de casación, la impugnación de actos procesales que por sí mismos no ponen fin al proceso, por lo tanto, concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil. 9. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS MARCO TULIO BARAHONA VALLE Y SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO EN SU QUINTO MOTIVO. Los impetrantes en su quinto motivo de casación vienen alegando la infracción de normas procesales de los siguientes artículos: 200.2 literal b) del Código Procesal Civil, señalando que el motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil en el artículo 719.1 c) La forma y contenido de la sentencia. Los recurrentes exponen el quinto motivo y manifiestan básicamente que: “Al leer detenidamente la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto, pues la Corte recurrida la omitió. Es una práctica viciosa en muchas Cortes de Apelaciones que declaran con lugar los recursos de apelación y, desde luego, revocan el fallo de primera instancia, omiten hacer la declaración de hechos probados creyéndola innecesaria, cuando ninguna norma del CPC prescribe desobligarse de tal exigencia y la creen innecesaria; esta brecha de arbitrariedad afecta el debido proceso y dado que en nuestra regulación de la casación ya no existen las impugnaciones por infracciones de error de derecho y de hecho, esto de alguna manera posibilita la distorsión, mutilación o tergiversación de las pruebas, o la no atribución o disminución del valor probatorio que les corresponde. Para evitar esta arbitrariedad la declaración de hechos probados es trascendental y obligatoria en los casos donde se practicó prueba y especialmente para un tribunal de alzada que revoca el fallo de primera instancia, por haber llegado a una conclusión distinta con el mismo material probatorio. La declaración de hechos probados es un requisito formal de la estructura de la sentencia, cuya exigencia se colige también claramente del Art. 715.3 del Código Procesal Civil y su omisión dificulta ostensiblemente el desarrollo de la impugnación tanto por infracción de normas procesales como de normas materiales; tal omisión se ha dado en el presente caso porque la Corte recurrida al hacer los pronunciamientos del fallo, restó total y absoluta importancia a la declaración de hechos probados que al revocar el fallo apelado estaba obligado a hacer, o sea, a reformular los que el juez declaró en primera instancia. Se constata esta infracción al contrastar lo que se afirma en este motivo y los antecedentes de hecho de la sentencia ahora impugnada…; tal distorsión se dado en el presente caso porque la jueza de instancia al hacer los pronunciamientos del fallo, no se limitó a hacer la declaración de hechos probados, sino que los saturó de argumentación, restando importancia a la claridad de la declaración de hechos probados. Además, la sentencia debe contener la declaración de hechos probados, porque esta fijación es parte esencial de la expresión de los razonamientos fácticos, los que junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la aplicación e interpretación del Derecho. 9.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala considera que el presente motivo no es de recibo, en virtud de que los recurrentes al momento de exponer el mismo, faltan a la verdad al señalar que en el caso de marras se falló en segunda instancia revocando el fallo del A-quo, sin embargo no se trata de una sentencia que ha revocado lo resuelto por el juzgado de primera instancia, sino que mas bien ha confirmado aquella resolución, razón por la que al hacer suya dicha sentencia, se encuentra implícita la valoración de hechos probados, en ese sentido, el motivo es carente manifiestamente de fundamento, lo que constituye una causa de inadmisión del mismo en aplicación del artículo 723. 2 b) del Código Procesal Civil. 10. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS MARCO TULIO BARAHONA VALLE Y SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO EN SU SEXTO MOTIVO. Los recurrentes en su sexto motivo de casación vienen alegando la falta de aplicación de los siguientes artículos del Código Civil: 1888, 1890, 1891, 1911 y 1912, señalando que el motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil en el artículo 719.2 causales del recurso. Los censores en su explicación del motivo, manifiestan básicamente que: “La incapacidad de análisis contractual por parte de la jueza es evidente, olvidó aquel articulado que es el más apropiado para aplicarlo al contrato de representación celebrado entre actor y demandado y que el mandato y, por ende, la representación es un contrato generalmente consensual, que este caso concreto es bilateral porque las dos partes se obligan la una en beneficio de la otra, es oneroso pues en la cláusula II prevé la RETRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO, clasificando en la subcláusula II.1 por los Contratos Federativos (Laborales): El AGENTE percibirá en concepto de honorarios profesionales un porcentaje igual al 10% de toda remuneración bruta percibida por el JUGADOR por la prestación de sus servicios profesionales en la institución deportiva en la cual resulte contratado; en la subcláusula II.2 relativo a otros contratos (explotación de imagen, web, etc.) EL AGENTE percibirá en concepto de honorarios profesionales una comisión equivalente al 15% de toda retribución bruta percibida por el JUGADOR con motivo de la explotación de sus derechos de imagen, incluyéndose en éstos y sin limitación, cualquier logo, isologo, isotipo, isótopo, mascotas, emblemas, denominaciones, escudos, palabras, sonidos, siglas, símbolos distintivos y cuantos elementos se utilicen o puedan ser utilizados para identificar de cualquier forma al JUGADOR, y que sean divulgados por cualquier medio de comunicación; el período de pago está previsto en la subcláusula II.3; en la cláusula III se pactó que la duración del contrato es de doce (12) meses y en la IV se pactó la EXCLUSIVIDAD, en cuanto el JUGADOR será representado única y exclusivamente por el AGENTE, que es una cláusula usual en este tipo de contrato porque no puede ser indefinida. Por otro lado, quedó claramente establecido en la cláusula V. INFORMACIÓN, que las partes deberán comunicarse cualquier acercamiento, oferta de contrato, gestión o negociación que reciban de las entidades deportivas, y/o empresas y/u organizaciones, conforme se establece en la cláusula I, pactándose con precisión que “La Omisión de dicha comunicación será considerada causal de resolución del presente contrato, teniendo derecho la parte perjudicada a ser resarcido de los daños y perjuicios por la ruptura ante tempus del contrato, así como también, en los casos que corresponda a opción del AGENTE, a aplicar la cláusula penal establecida en Vl.2., identificada “VI. TERMINACIÓN ANTICIPADA. RESOLUCIÓN: CLÁUSULA PENAL” VI.1. Por el AGENTE: En cualquier momento, sin necesidad de expresar causa y sin que ello genere derecho de indemnización y/o compensación de ninguna naturaleza, el AGENTE podrá rescindir el presente contrato sin otra obligación que la de notificar fehacientemente su decisión al JUGADOR con no menos de 30 (treinta) días de anticipación de la fecha a partir de la cual quedará concluido. En tal caso, el JUGADOR deberá abonar al AGENTE la totalidad de los porcentuales establecidos en la cláusula II.1 y II.2 por todos y cada uno de los contratos celebrados con la intervención del AGENTE y que se encuentren vigentes al momento en que se rescinda el contrato. Asimismo, el JUGADOR deberá respetar las fechas y modalidades de pago especificadas en II.3. ----- Vl.2. Por el JUGADOR: En todos aquellos casos en que el JUGADOR resuelva unilateralmente el presente contrato sin que a tal efecto haya mediado consentimiento previo y expreso del AGENTE, éste último tendrá derecho a ser indemnizado con una suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES (U$S 250,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norte América”. Como se aprecia, la falta de razonabilidad priva en la desfigurada motivación que hizo la jueza, porque desenfocada de los tradicionales contratos en el ambiente futbolístico... 10.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que los impetrantes han incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización por las razones siguientes: a) Incurren en el error de exponer el motivo sin la debida claridad que exige la norma procesal, ello porque han invocado la falta de aplicación de una serie de artículos que si bien se refieren todos a la misma figura jurídica, no han sido capaces de explicar la concatenación que existe entre los mismos en virtud de que han nutrido el motivo de una serie de alegatos de instancia centrado sobre todo en describir el contenido del contrato, pero que a la hora de confrontar dichos alegatos con las normas supuestamente infringidas no convergen en lo absoluto, analicemos los artículos del Código Civil citados por los censores: el primer artículo (1888) es meramente conceptual; el artículo 1889 habla sobre que el mandato puede ser expreso o tácito y la aceptación también, ahora bien si este precepto fue infringido por falta de aplicación ¿fue en relación al expreso o al tácito o en relación a la aceptación? No lo sabemos, nada expusieron sobre ello. El artículo 1890 regula que a falta de pacto en contrario el mandato es gratuito, estableciendo que si el mandatario tiene por ocupación ese desempeño se presume retribuido; acá tenemos dos supuestos distintos, ¿Cuál de ellos no aplicó el juzgador y debía aplicar según los recurrentes? No está claro en su exposición. El artículo 1891 que se refiere al mandato general o especial, debía ser explicado a efectos de saber porque el tribunal recurrido debía aplicarlo y conteniendo dos supuestos opuestos, los impetrantes tenían que ser precisos y guardaron silencio al respecto. Lo mismo cabe afirmar sobre los artículos 1911 y 1912, no hay explicación de porque falta aplicarlos. b) Los impetrantes erran al cuestionar la capacidad de análisis de la Juez de primera instancia tomando en consideración de que solo es recurrible en casación la sentencia pronunciada por el tribunal de apelaciones, conforme lo dispone el artículo 717 del Código Procesal Civil; por lo tanto, concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil. 11. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS MARCO TULIO BARAHONA VALLE Y SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO EN SU SEPTIMO MOTIVO. Los casacionistas en su séptimo motivo de casación vienen alegando la infracción por aplicación indebida del artículo 1560 del Código Civil, señalando que el motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil en el artículo 719.2 causales del recurso de casación. Los recurrentes en su explicación del motivo, manifiestan básicamente que: “Ese Art. forma parte de la Sección Primera “Del Consentimiento”, correspondiente al Capítulo II “De los Requisitos Esenciales para la Validez de los Contratos”, del Título II “De los Contratos del Libro IV “De Las Obligaciones y Contratos”, del Código Civil, y no es un hecho controvertido la declaración de inexistencia o nulidad absoluta del contrato de representación deportiva, una especie de mandato, por vicios de consentimiento, especialmente dolo; fue la jueza y la Corte recurrida con la confirmación de la sentencia de primera instancia, quienes han traído antojadizamente a la Litis ese concepto de dolo; el contrato entre Mario Roberto Martínez Hernández y nuestro representado, lo aceptó la parte demandada y por ello no cabe el concepto jurídico de dolo, que entendemos se refirió, tanto la jueza de primera instancia como el Tribunal de Alzada, a dolo civil no a dolo penal, pero lo cierto es que los hechos en que se funda el dolo, las maquinaciones insidiosas a que alude la Corte recurrida, son hechos que escapan a las facultades de la iura novit curia que pueden aplicar los jueces o tribunales al amparo del Art. 12.5 del Código Procesal Civil, que se refiere a aplicar el derecho que realmente resuelva en el fondo el litigio, no ha alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes, que es lo que han estado haciendo los órganos de instancia con el concepto de dolo y los hechos en que lo fundan, respecto al consentimiento dado por el demandado en el contrato de mérito. La coacción atribuida por la parte demandada en correos electrónicos, que desde luego está rechazada por la parte actora, no tiene ninguna incidencia en el consentimiento del contrato entre actor y demandado, y lógicamente no se puede fundamentar en el Art. 1560 en que se fundamenta el tribunal de alzada respecto a la celebración del contrato y que, dicho sea de paso, en caso de fuera cierto lo obligaba a anular de oficio el contrato.” 11.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que los recurrentes han incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización, en virtud de que aún y cuando el tribunal de instancia ha transcrito en su resolución el artículo 1560 del Código Civil, ello ha sido de una manera eminentemente ilustrativa porque la consecuencia del mismo no trascendió al fallo, pues siendo el dolo uno de los elementos que vician el consentimiento y que por lo tanto producen nulidad del acto o contrato, su consecuencia jurídica natural es la nulidad, misma que no ha sido apreciada por el tribunal como los mismos recurrentes lo han hecho notar, por lo tanto, al ser totalmente intrascendente dicha circunstancia, el motivo es carente manifiestamente de fundamento, lo que lo vuelve inadmisible conforme la causa prevista en el artículo 723. 2 b) del Código Procesal Civil. 12. Conforme lo dispone el artículo 221 del Código Procesal Civil, cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en cuanto al principio de vencimiento y de conformidad con el artículo 724.2 del mismo código, el auto de inadmisión impondrá las costas al recurrente. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2, 724, 725 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus siete motivos, interpuesto y formalizado por los abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE Y SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO en la condición con que actúan. 2) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el expediente de apelación número 2018-196, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 2016-4034 del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de junio del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 50=2019.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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