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Sentencia CC-265-19 — Registro 14220

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta por la parte demandada; Se absuelve a la parte demandante de la acción deducida en dicha excepción; tercero: declarando sin lugar la demanda ordinaria de reivindicación de dominio y los derechos reales conexos de una fracción de un terreno rural de mayor extensión. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL UNICO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO RAMON ANTONIO ORTEGA M. Llevado a cabo el examen de admisibilidad del Único Motivo de casación planteado, la Sala de lo Civil detecta como defectos de la técnica recursiva casacional, los siguientes: a) Falta de separación y claridad por parte del recurrente al estimar en un mismo motivo, que el Tribunal de Alzada en el fallo que profirió, ha vulnerado por interpretación errónea el artículo 868 del Código Civil, refiriendo sobre el citado artículo “...interpretación fundamentalista del tantas veces citado Artículo 868 el que aplicó restrictiva y aisladamente,…”; también aduce que producto de la interpretación errónea y restrictiva del referido artículo del Código Civil, consecuentemente la Corte de Apelaciones no observa (aplica), los artículos 17 y 19 del mismo código; el artículo 10.1 del Código Procesal Civil que nos lleva por el efecto dominó al artículo 235.1 Procesal Civil; y aduce la vulneración de garantías constitucionales, esto es los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República, y finalmente hace cita del artículo 227 del Código Penal, respecto del cual señala que de prevalecer lo hasta ahora fallado estaría sentando un precedente infausto como lo es la legalización del delito de usurpación. En ese sentido el recurrente debió de haber planteado en motivos separados la vulneración de cada uno de los artículos que estima vulnerados. b) Pretende que bajo la tutela del precepto autorizante invocado como lo es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, normativa que prevé como causal de casación “el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”, la Sala se pronuncie sobre la posible vulneración de los artículos 10.1 del Código Procesal Civil, que por efecto dominó remite al artículo 235.1 del mismo código; los referidos artículos resultan ser normas procesales, en ese sentido es necesario ilustrar que si su pretensión se encaminaba a impugnar la posible transgresión de una norma procesal, devenía entonces en invocar el precepto autorizante relacionado con las normas procedimentales, ya que no es factible en un mismo motivo invocar como normas infringidas de manera simultánea tanto normas procesales como sustantivas. c) Señala el impetrante que la interpretación errónea y restrictiva del artículo 868 del Código Civil, supone también la vulneración de los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República; sobre tal asunto de vulneración de normas constitucionales en relación con las normas citadas como infringidas, es menester ilustrar que nuestra normativa procesal civil contempla tal posibilidad en vía casacional civil, siempre y cuando se invoque como causal del motivo el artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil, ahora bien, aun y cuando se cite tal causal, también debemos entender que tal vulneración constitucional, no siempre puede ser invocada, ello porque los supuestos en que cabrá alegar tal cosa en vía casacional civil, serán respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la interpretación, aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías; lo que no puede suceder es que se pretenda en esta vía casacional civil tal impugnación constitucional de artículos que no tienen nada que ver con lo antes apuntado (derecho a la propiedad); e invocando para ello una causal del motivo distinta de la anteriormente señalada, en otras palabras la Sala de lo Civil es objetiva y funcionalmente incompetente para conocer sobre la probable infracción constitucional referida a derechos o garantías constitucionales diferentes a los de una tutela judicial efectiva en los casos de defensa y debido proceso. d) La Sala observa también que respecto del artículo de la norma sustantiva que el recurrente cita como infringidos, esto es el artículo 868 del Código Civil, el mismo contiene una definición de carácter general, consecuentemente resulta inviolable para efectos de casación, características que reviste la referida norma citada. 4. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en el único motivo de casación expuesto la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. “

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designado el tercero ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en el recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora Elvia Rosa Juárez Martínez, los señores Reniery Fabricio y Wilmer José ambos de apellidos Guillén Rodríguez, la señora Lesly Yanette Madrid Zamora por sí y en representación del menor Josué Reniery Guillén Madrid, y de las jóvenes Libni Asbel y Lesli Simei, ambas de apellidos Guillén Madrid todos en su condición de herederos ab-intestato del causante José Reniery Guillén Rodríguez (Q.D.D.G), representados en juicio por el abogado Ramón Antonio Ortega M., como recurrente; siendo recurridos los señores: Ana de Jesús Arias Bonilla, Raúl Alberto Rueda Sánchez, Ana Gissel Caceres Arias, Claudia Patricia y Fanny Carolina ambas de apellidos Ruedas Arias, representados en juicio por el abogado Rene Velásquez Díaz. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA POR VIA ORDINARIA DE REINVINDICACION DEL DOMINIO Y LOS DERECHOS REALES CONEXOS DE UNA FRACCION DE UN TERRENO RURAL DE MAYOR EXTENSION, UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA EN EL DISTRITO CENTRAL.- PAGO DE LOS FRUTOS CIVILES DEJADOS DE PERCIBIR POR LOS LEGITIMOS PROPIETARIOS DURANTE EL TIEMPO DE LA OCUPACION ILEGAL DEL INMUEBLE.- QUE SE UTILICE LOS MEDIOS OPORTUNOS PARA LA AVERIGUACION DEL DOMICILIO DE LAS PERSONAS DEMANDADAS, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE LAS PARTES DEMANDANTES PARA DESIGNAR EL MISMO”, promovida en fecha 11 de mayo de 2016, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por los abogados Ramón Antonio Ortega M. y Wilfredo Alejandro Pineda Silva, actuando en su condición de representantes procesales de los señores Elvia Rosa Juárez Martínez, Reniery Fabricio y Wilmer José ambos de apellidos Guillén Rodríguez, la señora Lesly Yanette Madrid Zamora por sí y en representación del menor Josué Reniery Guillén Madrid, de las señoritas Libni Asbel y Lesli Simei, ambas de apellidos Guillén Madrid todos en condición de herederos ab-intestato del causante José Reniery Guillén Rodríguez (Q.D.D.G), contra los señores Raúl Alberto Rueda Sánchez, Ana de Jesús Arias Bonilla, Ana Gissel Caceres Arias, Claudia Patricia y Fanny Carolina ambas de apellidos Ruedas Arias, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en el departamento de Francisco Morazán. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha 13 de junio de 2019, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de diciembre de 2018, fallo que señala lo siguiente: (Sic) “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la Excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta por la parte demandada; SEGUNDO: En consecuencia ABSUELVE a la parte demandante de la acción deducida en dicha excepción; TERCERO: Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria de Reivindicación de Dominio y los derechos reales conexos de una fracción de un terreno rural de mayor extensión, promovida por los abogados RAMON ANTONIO ORTEGA M. y WILFREDO ALEJANDRO PINEDA SILVA, ambos en su condición de representantes procesales de los señores ELVIA ROSA JUAREZ MARTINEZ, RENIERY FABRICIO y WILMER JOSÉ ambos de apellidos GUILLEN RODRIGUEZ de las señoras LESLY YANETTE MADRID ZAMORA por sí y en representación legal del menor JOSUE RENIERY GUILLEN MADRID y de las jóvenes LIBNY ASBEL y LESLY SIMEI de apellidos GUILLEN MADRID contra los señores RAUL ALBERTO RUEDA SANCHEZ, ANA DE JESUS ARIAS BONILLA, ANA JISSEL CACERES ARIAS, CLAUDIA PATRICIA RUEDA ARIAS y FANNY CAROLINA RUEDA ARIAS todos de las generales conocidas en el preámbulo de la presente sentencia. CUARTO: En consecuencia, ABSUELVE a los demandados señores RAUL ALBERTO RUEDA SANCHEZ, ANA DE JESUS ARIAS BONILLA, ANA JISSEL CACERES ARIAS, CLAUDIA PATRICIA RUEDA ARIAS y FANNY CAROLINA RUEDA ARIAS de la pretensión deducida en su contra; QUINTO: Manda que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme el presente fallo. SIN COSTAS: en virtud de haberse desestimado la excepción de prescripción interpuesta por los demandados. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El abogado Ramón Antonio Ortega M., actuando en su condición de representante procesal de los señores: Elvia Rosa Juárez Martínez, Reniery Fabricio y Wilmer José ambos de apellidos Guillén Rodríguez, Lesly Yanette Madrid Zamora por sí y en representación del menor Josué Reniery Guillén Madrid, Libni Asbel y Lesli Simei, ambas de apellidos Guillén Madrid todos en condición de herederos ab-intestato del causante José Reniery Guillén Rodríguez (Q.D.D.G), en fecha 20 de septiembre de 2019, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 13 de junio de 2019, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El abogado Rene Velásquez Díaz, actuando en su condición de representante procesal de los señores: Ana de Jesús Arias Bonilla, Raúl Alberto Rueda Sánchez, Ana Gissel Caceres Arias, Claudia Patricia y Fanny Carolina ambas de apellidos Ruedas Arias, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado a los recurridos, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los abogados René Velásquez Díaz y Ramón Antonio Ortega M., en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas 06 y 07 de noviembre de 2019, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha 22 de enero de 2020, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: El impetrante abogado Ramón Antonio Ortega M., plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: (Sic) “VI. MOTIVO ÚNICO DE CASACION QUE SE PROPONE. INFRACCIÓN POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE NORMA SUSTANTIVA O MATERIAL. Este motivo lo desarrollo así: Efectivamente, el Código Civil manda en el “Artículo 868.- La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela”; en el caso sometido a esta censura, tenemos que en el escrito de la demanda de fecha 11 de mayo del 2016 se describe la parcela de doscientos mil trescientos ochenta y ocho punto treinta y tres metros cuadrados (200,388.33) m2.) equivalentes a doscientas ochenta y siete mil cuatrocientas ocho punto noventa y siete varas cuadradas (287,408.97 v2.), que totalizan veintiocho punto setenta y cuatro manzanas (28.74 ms.) se afirma con toda claridad que la misma está ubicada dentro de los límites de la propiedad de mayor extensión de mis mandantes denominada “La Cañada del Muerto” lo que constituye en sí mismo una singularización de lo que se pretende reivindicar; por su parte los co-demandados RAUL ALBERTO RUEDA SANCHEZ y ANA DE JESUS ARIAS BONILLA, en el acto de la contestación de la demanda que se produjo el 17 de enero de 2017, en ninguno de sus apartes objetan la singularización propuesta por la parte actora, se limitan a negar la mayoría de los hechos en lo que les afecta, acompañan en calidad de Anexo el Testimonio de la escritura pública número cuatro (4) autorizada en esta Ciudad por el Notario Marco Antonio Cálix R. el 20 de mayo de 1999 en el que la co-demandada ANA DE JESUS ARIAS BONILLA compró a Hilario García Suarez un derecho pro indiviso en el sitio de Amarateca y Las Cuevas en este Distrito Central, documento que fue inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán con el número 98 del Tomo 3120 R. P. H. y A. P. inscripción sujeta a lo que disponen los Artículos 2220, 2222 y 2294 del Código Civil que regulan aspectos relacionados con la comunidad de bienes (el Titulo Supletorio extendido por el otrora Juzgado de Letras Tercero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán a favor de la co-demandante Señora ELVIA ROSA JUAREZ MARTINEZ donde está comprendido el inmueble denominado “La Cañada del Muerto” sito en el Valle de Amarateca de este Distrito Central, tiene fecha 24 de octubre de 1997), interpusieron una improcedente excepción perentoria de prescripción de la acción como alegación o defensa.-Como se puede apreciar por todo lo expuesto, en ningún momento la parte demandada objetó la singularización de la fracción del inmueble por ellos ocupada, lo que significa que admitieron que es dentro del Lote Número Dos del terreno denominado “La Cañada del Muerto” del que se acreditó ampliamente pertenece a mis mandantes.- Las otras co-demandadas: ANA JISSEL CACERES ARIAS, CLAUDIA PATRICIA y FANNY CAROLINA, ambas de apellidos RUEDA ARIAS en la contestación a la demanda que fue en fecha 3 de marzo de 2017, negaron el contenido de los Hechos en lo que les es adverso, no refiriéndose ni remotamente a la singularización del inmueble que se les demanda restituir a sus legítimos dueños, interpusieron la excepción perentoria de prescripción de la acción como alegación y defensa y a renglón seguido reconvinieron por la vía del procedimiento ordinario, con el objeto que se declarara la nulidad de un título supletorio que ampara ilegalmente la propiedad de un inmueble, interponiendo también la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTA CAUSA POR HABERSE DADO LAS CONDICONES PARA ELLO; al invocar tal acción, están reconociendo la singularización y pertenencia del mismo y pese a que tal pretensión les fue declarada Sin Lugar en la Audiencia Preliminar de fecha 11 de septiembre de 2018 por el Ad Quo al estimar que lo peticionado ya había sido resuelto mediante sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha 19 de agosto de 2011, confirmada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia por el Auto Irrecurrible de 20 de enero de 2014 conociendo en Casación, que por lo tanto ha adquirido la condición de cosa juzgada material, habiéndose excluido del proceso tales actuaciones en la forma que manda el Código Procesal Civil, no por ello es válido el argumento esgrimido por la Corte de Apelaciones autora del fallo que por este medio se impugna la que en el NUMERAL DECIMO de los FUNDAMENTOS DE DERECHO refiriéndose a que lo expresado por la parte demandada en el escrito que contiene la reconvención, del mismo no pueden derivarse efectos jurídicos por su misma exclusión del proceso, ello no es así puesto que la referida exclusión opera en el plano ideal, pero materialmente obra en él, por lo que una expresión como la relacionada que constituye una manifestación de la voluntad, perfectamente puede servir de base al Juzgador para formarse un criterio acertado que lo encamine al cumplimiento de su cometido que no es otro que el impartir la Justicia conforme al Derecho.-Todo lo expuesto nos lleva al convencimiento que el requisito de singularización a que se refiere el Artículo 868 antes citado, es un elemento preestablecido el que someterlo a probanza constituiría una tautología. Una visión en conjunto del contenido de lo expuesto nos remite a lo que mandan los Artículos 17 y 19, este último en el párrafo primero del cuerpo legal sustantivo en cita, que por su orden mandan: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador” y el otro citado: “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de su partes, de manera que haya entre ellas la debida correspondencia y armonía.” (los subrayados no son del texto legal), de su lectura se colige que la intención del legislador es que se observen todos los requisitos para que las leyes cumplan su función de impartir Justicia conforme a sus términos y que el contexto sirva para ilustrar el sentido de sus partes, buscando la correspondencia y armonía, lo del contexto nos remite a lo que manda el Código Procesal Civil en el “Articulo 10.-PRINCIPIO DISPOSITIVO.-1. Salvo los procesos (no) dispositivos con las particularidades que esta ley prevé, la parte que haya ejercido su derecho de acción, determina con su pretensión el objeto del proceso; la parte que se oponga a la misma, fija con su resistencia el objeto del debate” (los subrayados no son del cuerpo legal), de lo que se deduce que en el caso de Autos lo relativo a la singularización del inmueble no fue objeto de resistencia por la parte demandada pues no lo expresó así en el momento procesal único que es cuando se contesta la demanda, actitud que los colocó en la situación de aceptación del hecho, cabiendo aquí la aplicación del conocido aforismo: “a confesión de parte, relevo de prueba.”.- ITEM MÁS: En la Audiencia Preliminar de fecha 11 de septiembre de 2018, se observa en la misma al momento de la conciliación que manda el Artículo 447 del Código Procesal Civil, la parte demandada se limitó a manifestar que rechazaban toda forma de conciliación y pidieron la continuación del proceso, hicieron mutis en lo que se refiere a la singularización del inmueble por ellos ocupado, si bien es cierto como antes se expresó que el único momento procesal para hacer tal pronunciamiento es en el acto de la contestación de la demanda, en algo les pudo haber abonado tal manifestación y no como lo hace su apoderado legal en el acto de la formulación de las alegaciones, ello nos reafirma el convencimiento que aceptaron lo expuesto por la parte actora que singulariza la ubicación del inmueble. Narrado lo anterior ya entramos en la parte medular de este motivo único de casación, pudiendo afirmar con toda propiedad que el Ad Quo en el momento procesal del pronunciamiento del fallo que se somete a esta censura, interpretó erróneamente el contenido del Artículo 868 del Código Civil puesto que no tomo en cuenta los elementos fácticos de lo actuado en el proceso como es el hecho de la aceptación de la singularización del inmueble a reivindicar que se observa en el contexto de las contestaciones a la demanda planteada por la parte actora, que al no oponerse al objetivo primordial de ésta que no es otro que la reivindicación impetrada, fijando su singularización al describirlo con todas sus señas, sino que, a contrario sensu, aportó un documento de compraventa de un derecho pro indiviso en el sitio de Amarateca y Las Cuevas y un plano elaborado por profesional de la ingeniería debidamente colegiado sin expresar que el mismo no está comprendido dentro del sitio denominado “La Cañada del Muerto” sito en el Valle de Amarateca comprensión municipal del Distrito Central que pertenece a mis mandantes, renunciando de esta manera a la resistencia al objeto del debate que le permite el supra citado Código Procesal Civil en el Artículo 10 en el numeral 1., salta a la vista que el Juzgador no tuvo en mente su contenido que le marca la pauta a seguir en un caso como el que ocupa nuestra atención, ni tampoco lo que mandan los también citados Artículos 17 y 19 este último en el párrafo primero del Código Civil pues si no hubiera sido así, cumplido el requisito de la singularización del inmueble, estando los demás elementos cumplidos, impartiendo Justicia conforme al Derecho el resultado habría sido la declaratoria de Con Lugar la legitima pretensión de mis representados, mandando la reivindicación del inmueble en disputa, lo que no ocurrió debido a la interpretación fundamentalista del tantas veces citado Artículo 868 el que aplicó restrictiva y aisladamente, sin considerar lo mandado por el Artículo 10.1 del Código Procesal Civil que nos lleva por el efecto dominó al “Artículo 235. 1..EXCENCIÓN DE LA PRUEBA.- Están exentos de prueba los hechos no controvertidos, sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo en los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes, o que, a juicio del juez pudiera haber dolo o fraude procesal’ (lo subrayado no es del texto legal) lo de la materia objeto del proceso está dentro del poder de disposición de los litigantes y el dolo o fraude procesal no aparece ni por asomo en este caso sometido a vuestro ilustrado conocimiento, esta norma jurídica tiene íntima relación con el precitado Artículo 10.1 del Código Procesal Civil también citado que fija los términos del proceso, de no haber producido la errónea interpretación denunciada se habría cumplido con la garantía Constitucional del debido proceso contenida en párrafo primero del “Artículo 90.-Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” y como última ratio estaríamos en la situación dispuesta en la misma Carta Magna en el “Artículo 103.- El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivo de necesidad o de interés público establezca la Ley”; por el estado de la situación es evidente la infracción por interpretación errónea por parte del Juzgador de la segunda instancia que confirmó el de la primera, que incidió directamente en el sentido del fallo que produjo, lesionando los legítimos intereses de mis poderdantes a quienes incluso les vulnero sus derechos constitucionales. La parte actora profundamente agraviada en sus derechos al debido proceso y a la protección de la propiedad privada, estima que es procedente y arreglado a Derecho que ésa Sala de la Corte Suprema de Justicia especializada en la materia, acceda a lo peticionado, case la sentencia censurada y dicte la que en derecho corresponda, ya que de prevalecer la situación jurídica en la forma que está se estaría sentando un precedente infausto como lo es la legalización del delito de usurpación claramente abordado en el Código Penal en el “Artículo 227.-Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado.” (Reformado por decreto 59-97 del 8 de mayo de 1997, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nª 28,281 de fecha 10 de junio de 1997 y vigente a partir de dicha fecha), lo que empañaría grandemente la Jurisprudencia Nacional. Este motivo de casación está permitido por el Articulo 719 en el numeral 2. que expresa:” Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución a fondo del litigio.” VII.- DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA. En vista que los errores antes denunciados se cometieron en la estructuración misma de la sentencia de la segunda instancia, entonces la denuncia es en este acto procesal de parte en que se impugna vía Casación. VIII.- SE TRATO DE SUBSANAR. En cuanto al requisito de intento de subsanación, como la infracción se cometió en la misma estructuración de la sentencia, hasta ahora existe oportunidad de reclamar en tiempo y forma. -Pero sin duda este requisito no afecta las facultades imperativas que el Código Procesal Civil confiere a los Órganos Jurisdiccionales que conocen en alzada y casación. IX.- CELEBRACION DE LA VISTA. La parte actora estima necesaria la celebración de la Vista y oportunamente se espera la notificación vía teléfono celular móvil cuando sea señalada.” SEXTO: El abogado Rene Velásquez Díaz, plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación hecho por la contraparte y al respecto señala lo siguiente: (Sic) “B. CONTESTACION AL ESCRITO EN QUE SUPUESTAMENTE SE INTERPONE RECURSO DE CASACION. AL MOTIVO UNICO. Me referiré al UNICO MOTIVO consignado por el impetrante en que manifiesta en este primer motivo, que, en el fallo recurrido, se cometió “…INFRACCION POR INTERPRETACION ERRONEA DE NORMA SUSTANTIVA O MATERIAL...” Consigna como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. De manera reiterada y difundida, nuestro Máximo Tribunal de Justicia en Honduras, ha sostenido en innumerables fallos, que el recurso extraordinario de casación no es instrumento que permita continuar el debate factico y jurídico llevado a cabo en el fenecido proceso, a manera de una tercera instancia o instancia adicional a las ordinarias del trámite de este proceso, sino que es una sede única que parte del supuesto que el proceso culminó con el proferimiento del fallo o sentencia de segunda instancia y que este fallo no solo es acertado sino que es acorde con el ordenamiento jurídico, y corresponde al impetrante desvirtuarlo. En toda la extensión de su escrito, y bajo también una amplia gama de acápites de dicho escrito, el casacionista, consigna y transcribe, una serie de disposiciones legales que encontramos en nuestra Constitución de la Republica, en el Código Procesal Civil y hasta en el Código Penal, sin explicar de manera alguna, cómo es que la sentencia recurrida realizó infracción de actos y garantías procesales que producen la infracción que pretende demostrar; y, así fuere, que no lo es, no explica si la infracción de esta cantidad de normas legales a que alude en su recurso, se ha producido por violación, por aplicación indebida o interpretación errónea. Cuando en dos ocasiones se refiere a la interpretación errónea en forma vaga de dos disposiciones legales, no explica en qué consistió la interpretación errónea del Ad quem, cómo es que interpretó este Tribunal de Segunda Instancia esas normas que dice fueron infringidas al no dárseles la interpretación correcta, tampoco dice el recurrente, de qué manera incidió esta interpretación errónea para emitir el fallo recurrido y además, cuál es la interpretación correcta que el Tribunal recurrido debió dar a dichas normas legales en la sentencia dictada por el ad quem.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación[1], el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia Civil es propio de la Sala de lo Civil[2]; tiene claramente definidos dos fines expresos[3], el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte, nuestra normativa procesal civil conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley[4], y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil conoce del recurso de casación interpuesto por el abogado Ramón Antonio Ortega M., en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada el día 13 de junio de 2019, compete pues a este Alto Tribunal, examinar si el motivo invocado por el impetrante en el escrito de interposición del recurso son acorde a lo preceptuado en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; y si no concurren algunas de las causales de inadmisión establecidas en el artículo 723.2 literales a y c de la citada normativa procesal civil. 3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL UNICO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO RAMON ANTONIO ORTEGA M. Llevado a cabo el examen de admisibilidad del Único Motivo de casación planteado, la Sala de lo Civil detecta como defectos de la técnica recursiva casacional, los siguientes: a) Falta de separación y claridad por parte del recurrente al estimar en un mismo motivo, que el Tribunal de Alzada en el fallo que profirió, ha vulnerado por interpretación errónea el artículo 868 del Código Civil, refiriendo sobre el citado artículo “...interpretación fundamentalista del tantas veces citado Artículo 868 el que aplicó restrictiva y aisladamente,…”; también aduce que producto de la interpretación errónea y restrictiva del referido artículo del Código Civil, consecuentemente la Corte de Apelaciones no observa (aplica), los artículos 17 y 19 del mismo código; el artículo 10.1 del Código Procesal Civil que nos lleva por el efecto dominó al artículo 235.1 Procesal Civil; y aduce la vulneración de garantías constitucionales, esto es los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República, y finalmente hace cita del artículo 227 del Código Penal, respecto del cual señala que de prevalecer lo hasta ahora fallado estaría sentando un precedente infausto como lo es la legalización del delito de usurpación. En ese sentido el recurrente debió de haber planteado en motivos separados la vulneración de cada uno de los artículos que estima vulnerados. b) Pretende que bajo la tutela del precepto autorizante invocado como lo es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, normativa que prevé como causal de casación “el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”, la Sala se pronuncie sobre la posible vulneración de los artículos 10.1 del Código Procesal Civil, que por efecto dominó remite al artículo 235.1 del mismo código; los referidos artículos resultan ser normas procesales, en ese sentido es necesario ilustrar que si su pretensión se encaminaba a impugnar la posible transgresión de una norma procesal, devenía entonces en invocar el precepto autorizante relacionado con las normas procedimentales, ya que no es factible en un mismo motivo invocar como normas infringidas de manera simultánea tanto normas procesales como sustantivas. c) Señala el impetrante que la interpretación errónea y restrictiva del articulo 868 del Código Civil, supone también la vulneración de los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República; sobre tal asunto de vulneración de normas constitucionales en relación con las normas citadas como infringidas, es menester ilustrar que nuestra normativa procesal civil contempla tal posibilidad en vía casacional civil, siempre y cuando se invoque como causal del motivo el artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil, ahora bien, aun y cuando se cite tal causal, también debemos entender que tal vulneración constitucional, no siempre puede ser invocada, ello porque los supuestos en que cabrá alegar tal cosa en vía casacional civil, serán respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la interpretación, aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías; lo que no puede suceder es que se pretenda en esta vía casacional civil tal impugnación constitucional de artículos que no tienen nada que ver con lo antes apuntado (derecho a la propiedad); e invocando para ello una causal del motivo distinta de la anteriormente señalada, en otras palabras la Sala de lo Civil es objetiva y funcionalmente incompetente para conocer sobre la probable infracción constitucional referida a derechos o garantías constitucionales diferentes a los de una tutela judicial efectiva en los casos de defensa y debido proceso. d) La Sala observa también que respecto del artículo de la norma sustantiva que el recurrente cita como infringidos, esto es el artículo 868 del Código Civil, el mismo contiene una definicion de carácter general, consecuentemente resulta inviolable para efectos de casación, características que reviste la referida norma citada. 4. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en el único motivo de casación expuesto la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose con base a la motivación jurídica expuesta y aplicando lo dispuesto en los artículos 82, 90 párrafo primero, 303, párrafo primero, 304, 313 numeral 5), 316 párrafo primero de la Constitución de la República; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721.2, 722, 723.2 literal a) y 724 del Código Procesal Civil; profiere por unanimidad de votos el presente auto irrecurrible y resuelve: I. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación en su único motivo, formalizado por el abogado Ramón Antonio Ortega M., en la condición con que actúa. II. FIRME la citada sentencia recurrida, dictada en fecha 13 de junio de 2019, por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, misma que obra en el expediente de apelación número 0801-2016-03804-CPCO, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el mismo número en el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. III. CONDENA EN COSTAS al recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, para los efectos legales consecuentes. Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de enero del año dos mil veintidós; Certificación del auto de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 265=2019.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Artículo 313.5 de la Constitución de la República

[2] Artículo 718 del Código Procesal Civil.

[3] Artículo 716 del Código Procesal Civil,

[4] Artículo 61 de la Constitución de la República.