Sentencia CC-26-20 — Registro 14185
Resumen
En segunda instancia se declara haber lugar al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Jose Cruz Castellanos Leiva, se revoca el fallo mediante la cual declarada sin lugar la demanda para el pago de cantidades de dinero por vía del proceso ordinario, en su condición de Alcalde Municipal de la Municipalidad del Níspero, Santa Bárbara. Se declara con lugar la demanda para el pago de cantidades de dinero por vía del proceso ordinario. Se condena a pagar a la sociedad mercantil la cantidad de tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y un lempiras con setenta y ocho centavos (L. 3,655,531.78) a favor de la municipalidad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “8.- El artículo 211 del Código Procesal Civil, demanda del juzgador que declare la nulidad o anulabilidad de los actos procesales que se realizan con incumplimiento de los requisitos contemplados en la ley. Por su parte el artículo 214.1 y 2 del mismo código facultan al juzgador para que ex officio declare la nulidad de actos procesales que impliquen ausencia de requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión. Para ello la ley exige que la declaración de nulidad se produzca antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso y siempre que no proceda la subsanación. 9.- Se considera adecuada “Hic Et Nunc” la causal de nulidad prevista en el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, que dispone que los actos procesales son nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se haya producido indefensión. 10.- Por las razones expuestas la Sala de lo Civil, ante su deber de vigilar y hacer uso de los mecanismos legales necesarios para enmendar todos aquellos casos que llegan a su conocimiento y que adolecen de errores que violentan los cimientos del Estado de Derecho, tal como sucede en el presente caso, se ve en la imperiosa necesidad de enmendar el cause jurisprudencial declarando la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara, de fecha doce de noviembre del año dos mil diecinueve, la cual revoca la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Barbara, de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, por carencia absoluta de requisitos de forma e internos de la sentencia, causando indefensión para las partes del proceso. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 717, 718, 721, 723, 724 y 932 reformado por Decreto 168-2009 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1. LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia de fecha doce de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por la honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, por las anomalías denunciadas en el presente recurso de casación interpuesto por la abogada SANDRA VANESSA ORELLANA, actuando en su condición de representante procesal de CANTERAS DE YOJOA, S.A. DE C.V. 2. Que la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, proceda a volver a dictar sentencia bajo las observaciones anunciadas.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 211 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 214 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes marzo del dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La empresa mercantil denominada CANTERAS DE YOJOA S.A. DE C.V., representada en juicio por la abogada SANDRA VANESSA ORELLANA PINEDA, como recurrente; siendo recurrida la MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, representada en juicio por el abogado JOSE CRUZ CASTELLANOS LEIVA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA PARA EL PAGO DE CANTIDADES DE DINERO, VIA PROCESO ORDINARIO”, promovida en fecha veintidós de enero del dos mil catorce, ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, por el Alcalde Municipal del Municipio de El Níspero, departamento de Santa Bárbara, señor PABLO ANTONIO LEIVA HERNANDEZ, mayor de edad, hondureño, agrónomo, contra la empresa mercantil CANTERAS DE YOJOA S.A. DE C.V., por medio de su representante legal y Gerente General, el señor JAHANGIR KHAZENIE, mayor de edad, soltero, ejecutivo de negocios, de nacionalidad estadounidense. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, en el juicio de mérito, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Se declara NO HABER LUGAR la DEMANDA PARA EL PAGO DE CANTIDADES DE DINERO POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO promovida por el Señor PABLO ANTONIO LEIVA HERNANDEZ en la condición que actúa, contra la Empresa Mercantil CANTERAS DE YOJOA S.A. de C.V., a través del señor JAHANGIR KHAZENIE en su condición indicada, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: se absuelve a la Empresa Mercantil CANTERAS DE YOJOA S. A. de C.V., a través del señor JAHANGIR KHAZENIE de pagar a la Municipalidad de el Níspero en este Departamento representada por el señor Alcalde PABLO ANTONIO LEIVA HERNANDEZ, de pagar la suma de tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y un mil lempiras con setenta y ocho centavos doscientos cuarenta y cinco lempiras con diecisiete centavos de lempiras (L. 3,655,531.78), suma que le fuera exigida mediante la presente demanda. TERCERO: Se condena en costas a la parte vencida en juicio por no haber tenido razones para litigar. SE ORDENA 1.- Que a través de la secretaria del despacho se Notifique a las partes en la forma establecida por la Ley y se les haga saber que esta Sentencia es impugnable mediante Recurso de Apelación que se interpone dentro de los diez días siguientes a la notificación respectiva y tramita ante este mismo Juzgado de Letras, siendo resuelto por la corte de apelaciones de esta sección judicial. Redacto el Abogado Juan de Dios Mondragón Barahona, Juez de Letras. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: Que en fecha doce de noviembre del año dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, dicto sentencia REVOCANDO la dictada por el A-quo de la siguiente manera: “RESUELVE; PRIMERO: DECLARA HABER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el abogado Jose Cruz Castellanos Leiva, en su condición antes indicada. SEGUNDO: REVOCA el fallo impugnado de fecha Treinta de Mayo del año Dos Mil Diecinueve dictados por el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, mediante la cual declarada sin lugar la Demanda para el pago de cantidades de dinero por vía del proceso ordinario, promovido por el señor PABLO ANTONIO LEIVA HERNANDEZ, en su condición de Alcalde Municipal de la municipalidad del Níspero, Santa Bárbara, contra la Sociedad Mercantil Canteras de Yojoa, S.A. de C.V., representada por el señor JAHANGIR KHAZENIE. TERCERO: SE DECLARA CON LUGAR la Demanda para el pago de cantidades de dinero por vía del proceso ordinario, promovido por el señor PABLO ANTONIO LEIVA HERNANDEZ, en su condición de Alcalde Municipal de la municipalidad del Níspero, Santa Bárbara, contra la Sociedad Mercantil Canteras de Yojoa, S.A. de C.V., representada por el señor JAHANGIR KHAZENIE. CUARTO: SE CONDENA a pagar a la SOCIEDAD MERCANTIL CANTERAS DE YOJOA, S.A. DE C.V., representada por el señor JAHANGIR KHAZENIE, la cantidad de TRES MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 3,655,531.78) a favor de la Municipalidad del Níspero, Santa Bárbara, representada por el señor PABLO ANTONIO LEIVA HERNANDEZ, en su condición de Alcalde Municipal. QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia por haberse estimado el recurso de apelación, y con condena en costas a la Sociedad Mercantil Canteras de Yojoa, S.A. de C.V., representada por el señor JAHANGIR KHAZENIE, en primera instancia en base al principio del vencimiento. Y MANDA: Que se notifique a los apoderados legales de las partes litigantes la sentencia antes referida, firme que sea la misma sin interponer recurso alguno se devuelvan los autos originales al Juzgado de su procedencia para los efectos legales correspondientes. - Contra esta sentencia cabe el recurso de casación. - Se resuelve hasta la fecha en virtud de estar desintegrado este Tribunal, por llamados a integrar plenos de la Corte Suprema de Justicia de la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. al Magistrado Ponente, por llamados de la Escuela Judicial al Magistrado Ponente, a impartir seminarios en las Ciudades de San Pedro Sula, y la Ceiba, así mismo, por el feriado Morazánico. - Redactó como ponente el Magistrado MIRANDA SANABRIA.” TERCERO: La abogada SANDRA VANESSA ORELLANA PINEDA, actuando en su condición de representante procesal de la empresa mercantil CANTERAS DE YOJOA S.A. de C.V., en fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha doce de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El abogado JOSE CRUZ CASTELLANOS LEIVA, actuando en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, se emitió providencia teniendo por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por los abogados SANDRA VANESSA ORELLANA PINEDA y JOSE CRUZ CASTELLANOS LEIVA, ambos en sus condiciones ya indicadas. SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, de la manera siguiente: “MOTIVO UNICO: Contiene la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Articulo 719 numeral 1) letra b) del Código Procesal Civil, que posibilitan como licito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, produce, indefensión. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo. A continuación, paso a detallar las normas jurídicas de orden procesal violadas en la sentencia recurrida: a) Articulo 13 numeral 1) del Código Procesal Civil que dispone: “ El Juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido” b) Articulo 245 numeral 1) del Código Procesal Civil, que expresa: “ La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca”. Infracción aplicación indebida en el concepto referente al contenido formal de las sentencias, Articulo 200 numeral 1 y numeral 2 literal b), c) y d) del Código Procesal Civil en relación con los artículos 90 de la Constitución de la Republica; 3,7,21,197,206,207,208 del Código Procesal Civil. El artículo 200 del Código Procesal Civil manda en su numeral 1.- Que las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo, en relación con el Articulo 207 del mismo Código Procesal Civil, referente a que en la motivación se deben de expresar los razonamientos facticos y jurídicos que conduzcan a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho de manera que la motivación incida en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Las infracciones de estas normas procesales que regulan la forma y el contenido de sentencia se dan en la misma sentencia, o sea, son vicios internos que se producen al estructurar la misma, es decir, en su elaboración, incurriendo en las infracciones que invalidan la sentencia, al no tomar en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulan, como ser, la falta de motivación insuficiente. De la simple lectura del fallo impugnado se deduce que la sentencia recurrida infringe el Articulo 200 numeral. 1 letra D), en relación con el Articulo 207 del ya citado Código Procesal Civil al carecer: 1) De la motivación que mandan estas disposiciones, al no existir en la sentencia impugnada la adecuada motivación, fundamento o explicación de lo hecho o resuelto, razonamientos facticos y jurídicos que conduzcan a la aplicación e interpretación del derecho, sin tales requerimientos no puede existir el fallo. Lo anterior se menciona en virtud que en el ordinal noveno punto número tres, de los antecedentes de hecho de la Sentencia Impugnada la honorable corte de apelaciones refiere “También causa agravios que se haya declarado sin lugar la excepción de cosa juzgada formal y material, de la cual se agotaron los recursos de reposición y formal protesta para hacerla valer en la apelación diferida, para que se declare con lugar dicha excepción por el Tribunal de Alzada”; en ese sentido cómo es posible que no haya definido sobre tal situación en los hechos probados, valoración de la prueba, fundamentos de derecho y parte dispositiva de la Sentencia Recurrida sobre la Excepción de Cosa Juzgada. El mismo Artículo 200 del Código Procesal Civil, además de lo dispuesto en su numeral 1, respecto a la motivación, cuyo concepto y alcance lo dispone el Artículo 207 del mismo Cuerpo Legal, ya que el fallo impugnado es insuficiente, porque no es contentivo de los razonamientos facticos jurídicos, sobre dichos presupuestos jurídicos, en conclusión existe insuficiencia en la banal motivación de la sentencia, porque no incide en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, como lo exige el Articulo 207.2 del Código Procesal Civil de ajustarse siempre a las reglas de la lógica y de la razón, se trata de vicios de razonamiento y hasta de justificación. como fácilmente se puede apreciar la sentencia recurrida no llena la exigencia que integra la motivación, o sea no se ha aplicado a cabalidad esa relación de los preceptos citados como infringidos; esa declaración es necesaria para conjurar las resabidas prácticas que causaban y siguen causando indefensión a las partes y, adicionalmente, dificultan extraordinariamente el control de los tribunales superiores sobre la declaración fáctica efectuada en la instancia: Tal omisión exterioriza inequívocamente que la sentencia impugnada adolece de la suficiente motivación, por ende no cumple con lo preceptuado en el Artículo 207.2, pues la expresión de los razonamientos facticos, y la declaración de hechos probados difícilmente se pueden apreciar en una sentencia con semejante omisión, lo mismo que la conducción hacia la apreciación y valoración apropiada de las pruebas. Honorables Magistrados la motivación es parte de la expresión del razonamiento factico que, junto con los razonamientos jurídicos deben de conducir a la apreciación de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. En fin, la insuficiente motivación incide en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, y no se aprecia en la sentencia impugnada la estimación o consideración de ambos elementos tanto individualmente como en su conjunto, con ajustes a las reglas de la lógica y de la razón; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los conceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esta manera, queda así precisada y justificada la incidencia de las infracciones en el sentido de que la resolución impugnada perjudica a mi representado. Estas infracciones se encuentran comprendidas en el Articulo 719 numeral 1 letra b) causales del recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice:” la forma y contenido de la sentencia, en relación con el Articulo 720 numeral dos (2) del mismo Código, porque dentro de ese literal c), se puede solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar, en este caso concreto, su suficiencia, racionalidad, carácter lógico, porque como se dejó dicho, es determinante en un sentido diferente el fallo. Se señala y puntualiza en que consistió la violación de las normas invocadas por parte de la Corte de Apelaciones: Honorable Corte, los hechos en que se fundamenta la presente apreciación es por el hecho de que la Corte, los hechos en que se fundamenta la presente apreciación es por el hecho de que la Corte de Apelaciones al no referirse en los hechos probados, valoración de las pruebas, fundamentos de derecho y parte dispositiva de la Sentencia sobre todo el contexto de la demanda y la no apreciación de la prueba y valoración de la prueba propuesta y evacuada de autos en la primera instancia; que la sentencia recurrida es violatoria a las disposiciones contenidas en la ley sustantiva y adjetiva o formales supra indicadas. NULIDAD SUBSIDARIA Con fundamento en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan cuando aparezcan de manifiesto en ellas algunas de las causas que dan origen a la casación en la forma, cuando por quebrantamiento de normas de procedimiento se llegue a infringir normas sustanciales de índole procesal, se alega en forma subsidiaria LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA por los motivos siguientes: En primera instancia el artículo 212 del código procesal establece en cuanto a la nulidad: “ Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1….); 2….); 3)…. 4. “Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión” …; 5)….; 6).- Igualmente el artículo 213 del mismo cuerpo legal establece: 1. Los actos procesales que contengan irregularidades serán anulables a instancia de parte, siempre que no sea posible subsanarlos. 2….) y 3) …….- En el presente juicio tal y como está demostrado en autos se ha prescindido reiteradamente de normas esenciales de procedimiento tal y como lo exponemos a continuación: de la síntesis, análisis y estudio de la sentencia de primera y segunda instancia se colige la franca violación a las disposiciones que como fundamento de derecho se dejan establecidos en este acto procesal.- Conceptos legales que deberían de considerarse en este recurso ya que el recurso de Apelación no fueron considerados causando un daño a mi representado; La nulidad es, en Derecho, una situación genérica de invalidez del acto jurídico, que provoca que una norma, acto jurídico, acto administrativo o acto procesal deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de su celebración. Valoración de la prueba; el objetivo que se busca con la valoración de la prueba es el propio fin de la prueba, que es que se convenza al juez de los hechos que se alegan. No se busca la verdad absoluta, sino encontrar la verdad que sea suficiente para que el juez se convenza de los hechos, es decir, se busca la verdad formal, que sea útil para la justificación de la sentencia que emita el juez. El proceso de valoración lo lleva a cabo el juez, basándose que le presentan. La valoración de las pruebas depende también de la naturaleza de estas, ya que, por ejemplo, las pruebas directas son conocidas de en primera persona por el juez, por lo que saca sus propias conclusiones. Sin embargo, en caso de las pruebas indirectas, obtiene el conocimiento de las pruebas a través de otras personas. Donación: implica la transmisión gratuita de algo a favor de quien lo acepta. Esta cesión puede estipularse a través de un contrato de donación, que establece que el donante transfiere el dominio de un bien de forma gratuita al donatario. La donación, en este marco, se entiende como una liberalidad: la disposición de patrimonio a favor de un tercero sin que este realice una contraprestación” SEPTIMO: Que el abogado JOSE CRUZ CASTELLANOS LEIVA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “AL MOTIVO UNICO: Contiene la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. No es una causal para recurrir la Sentencia dictada por este honorable Tribunal porque jamás se le causo indefensión a la parte demandada y recurrente o existan motivos que supongan la nulidad; además ninguna de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo de casación fue violada en la Sentencia recurrida.- Es de hacer notar que la recurrente en su único motivo de casación se dedica a atacar el fallo en la forma, de la falta de los requisitos internos de la Sentencia como si se tratara de un recurso propio de instancia (apelación) no identificando concretamente cuales son las normas de derecho que el Ad Quem infringe en relación a la decisión de fondo que adopto para desestimar la pretensión, esto vuelve infructuoso el recurso extraordinario de casación lo que conlleva a su inadmisión por carecer de los requisitos solemnes con que se debe redactar el recurso. A LA NULIDAD SUBSIDIARIA: La verdad es que la recurrente no tiene argumentos para sustentar su Recurso de Casación y señala Nulidad Subsidiaria para ver que le sale, porque la valoración de la prueba no puede originar nulidad, ya que la honorable Corte de Apelaciones valoro la prueba de conformidad al fin de la misma.- Por otro lado la recurrente es contradictoria en el sentido que alega una nulidad basada en que la valoración de la prueba le causa indefensión, siendo estos mismos argumentos del motivo único de casación que invoco, por ende al no tener claridad sobre el cual ha sido el verdadero perjuicio que se le ha causado la nulidad se vuelve inestable; además, como ha dejado sentado la jurisprudencia de la sala cuando se alega la nulidad en la cual se traduce a actividades de orden procesal, o puro derecho adjetivo en el que se debió haber promovido el respectivo recurso de casación por quebrantamiento de las normas esenciales del juicio, lo cual no se hizo por la recurrente y así lo deja sentado en su párrafo quinto de la nulidad, en razón de ello la recurrente equivoca la vía procesal, razón por la cual la nulidad subsidiaria debe declararse sin lugar.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- En la impugnación interpuesta por la abogada SANDRA VANESSA ORELLANA PINEDA en su condición supra indicada, denuncia actos de indefensión por no cumplir la sentencia impetrada los requisitos que establece la ley. Después de un minucioso estudio del recurso interpuesto, confrontándolo con la sentencia impetrada que revoca la dictada por el A Quo, la Sala de lo Civil observa serias irregularidades que vulneran el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la coherencia. Lo anterior se afirma porque en la sentencia dictada por el Tribunal Ad Quem se evidencia una absoluta indefensión para ambas partes del proceso, por inobservar tanto los principios generales como los requisitos internos que deben contener las sentencias, ya que su fundamentación jurídica se limita a proferir que el A Quo debió de haber concluido de una forma diferente a la que hizo, en el sentido de declarar con lugar la demanda, para terminar su fundamentación con criterios pertinentes al principio de vencimiento. Dicha afirmación se sustenta en que el Ad-quem no ha observado ni salvaguardado el cumplimiento de las garantías dispuestas en las normas adjetivas y constitucionales que garantizan la tutela efectiva del proceso. Entre ellas se encuentra la inobservancia que por obligación tiene el Órgano Jurisdiccional en que la resolución proferida sea congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, por no establecer las razones fácticas y jurídicas que han llevado al juzgador a la convicción de su fallo en contraposición con lo establecido en los artículos 1.2; 7.1 y 2; 10.2; 13.3 todos del Código Procesal Civil, en adelante CPC. Estos principios sustentan las normas establecidas en los artículos 206.1.3; 207, 1 y 2; 208.2 y 480.1 del CPC, que obliga que en las sentencias deben considerarse todos los puntos objeto del litigio con su debida separación, con una debida motivación en la cual se expresen los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración probatoria conforme a las pretensiones deducidas y la resistencia a las mismas, así como a la aplicación e interpretación de las normas empleadas, las cuales deben ajustarse a las reglas de la lógica y de la razón. Por todo lo antes expuesto, es menester que la sentencia venida a esta jurisdicción se dicte con los requisitos antes expuestos, ya sea condenando o absolviendo al demandado, con total claridad, precisión y exhaustividad con especial pronunciamiento sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, requisitos que el A Quem ha omitido. 2.- Las irregularidades establecidas en el numeral anterior, obligan a los tribunales de alzada en ordenar la corrección de dichas carencias con el propósito que las partes puedan saber los razonamientos fácticos y jurídicos con total precisión por los cuales se ha proferido el fallo del proceso, y con ello los intervinientes en el proceso se vean posibilitados a impugnar la resolución judicial que cause directa o indirectamente un perjuicio en los términos de ley, tal como lo establecen los artículos 14, 690, 705 y 716 del CPC. 3.- El artículo 303 de la Constitución de la República establece en su parte conducente que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes. El articulo 304 de la Constitución de la República establece en su parte conducente que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos; lo cual es un llamado a velar por que toda resolución sea dictada al amparo del debido proceso (Artículo 90 párrafo primero Constitucional). 4.- Sumado a lo anterior, el Estado de Honduras reconoce como derecho positivo las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este tema, entre ellas se establece que: “los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex-officio, entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales pertinentes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control debe ejercerse siempre, sin considerar otros supuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones”.[1][i]También establece: “En otras palabras, el poder judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana”[2]. Continúa: “El deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso.[3]” En cuanto a la motivación de las sentencias se refiere: “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática[4]”; en cuanto a la argumentación se refiere: “la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión de manera clara a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad”.[5] Sigue diciendo: “es imprescindible en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, la motivación proporciona a las partes la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[6]. 5.- La sentencia impetrada fue dictada al amparo del Código Procesal Civil, razón por la cual el Iudex Ad Quem está obligado en redactar su sentencia respetando las garantías de orden convencional, constitucional y procesal, así como los requisitos y lineamientos contenidos en los artículos 200, 206, 207 y 208[7] del Código Procesal Civil. 6.- Que la casacionista en su argumentación sostiene que el Ad Quem es falto de claridad, precisión y exhaustividad en su motivación, ignorándose por completo el razonamiento en dicho fallo, omisión que esta Sala confirma de la lectura misma de la sentencia recurrida y considera que es carente de suficiencia, racionalidad y criterio lógico. 7.- Respecto al alcance del derecho a doble instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que debe tratarse de un “examen integral o íntegro” de la decisión recurrida. Por su parte el derecho convencional establece que debe entenderse: “para que éste (el fallo) sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una posible condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria”.[8] (Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentada. Pag.244). Esto no convierte a la Sala de lo Civil en un ente de revisión per se, pero no la desliga de su obligación, como tribunal superior, en tutelar el respeto al debido proceso. 8.- El artículo 211 del Código Procesal Civil, demanda del juzgador que declare la nulidad o anulabilidad de los actos procesales que se realizan con incumplimiento de los requisitos contemplados en la ley. Por su parte el artículo 214.1 y 2 del mismo código facultan al juzgador para que ex officio declare la nulidad de actos procesales que impliquen ausencia de requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión. Para ello la ley exige que la declaración de nulidad se produzca antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso y siempre que no proceda la subsanación. 9.- Se considera adecuada “Hic Et Nunc” la causal de nulidad prevista en el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, que dispone que los actos procesales son nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se haya producido indefensión. 10.- Por las razones expuestas la Sala de lo Civil, ante su deber de vigilar y hacer uso de los mecanismos legales necesarios para enmendar todos aquellos casos que llegan a su conocimiento y que adolecen de errores que violentan los cimientos del Estado de Derecho, tal como sucede en el presente caso, se ve en la imperiosa necesidad de enmendar el cause jurisprudencial declarando la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara, de fecha doce de noviembre del año dos mil diecinueve, la cual revoca la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Barbara, de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, por carencia absoluta de requisitos de forma e internos de la sentencia, causando indefensión para las partes del proceso. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 717, 718, 721, 723, 724 y 932 reformado por Decreto 168-2009 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1. LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia de fecha doce de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por la honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, por las anomalías denunciadas en el presente recurso de casación interpuesto por la abogada SANDRA VANESSA ORELLANA, actuando en su condición de representante procesal de CANTERAS DE YOJOA, S.A. DE C.V. 2. Que la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, proceda a volver a dictar sentencia bajo las observaciones anunciadas. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Corte de su procedencia para los efectos consecuentes, previa notificación a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado Reynaldo Antonio Hernández. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 26=2020.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1] Corte IDH. Caso “Trabajadores Cesados del Congreso” (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párrs. 128 y 129
[2] Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 123.
[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela
[4] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, op. cit., párr.
77; Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 141, y Caso Palma Mendoza y otros vs. Ecuador, op. cit., párr. 100.
[5] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, op. cit., párr. 122, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr.
[6] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, op. cit., párr.
78, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 148.
[7]Ver Resolución contenida en el Expediente No.237-2012 de fecha 02 de diciembre del año 2013.
Ver Resolución contenida en el Expediente No.159-2013 de fecha 06 de mayo del año 2014.
Ver Resolución contenida en el Expediente No. 22-2013 de fecha 27 de mayo del año 2014.
Ver Resolución contenida en el Expediente No. 178-2013 de fecha 27 de mayo del año 2014.
Ver Resolución contenida en el Expediente No.227-2013 de fecha 04 de junio del año 2014.
Ver Resolución contenida en el Expediente No.181-2013 de fecha 30 de julio del año 2014.
Ver Resolución contenida en el Expediente No. 222-2014 de fecha 12 de mayo del año 2015.
[8] Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, op. cit., párr. 165, y Caso Mohamed vs. Argentina, op. cit., párr. 97.
Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, op. cit., párr. 89, y Caso Mohamed vs. Argentina, op. cit., párr. 97.
[i]
RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO
MAGISTRADA COORDINADORA
REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ
MAGISTRADO
WILFREDO MÉNDEZ ROMERO
MAGISTRADO