Sentencia CC-231-18 — Registro 13989
Resumen
En segunda instancia dictó sentencia revocando declarando con lugar la de pago vía proceso ordinario. indemnización por daños y perjuicios por privación de dominio, uso goce y disfrute de un lote de terreno de propiedad privada comprendido en la subcuenca del Rio Guacerique en la declarado como zona protegida para el abastecimiento de agua en la ciudad capital. Se condena al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados "SANAA", al pago de ciento siete millones ciento cincuenta cuatro mil cuatrocientos treinta lempiras con cuarenta y nueve centavos (l. 107, 154.430.49), en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación se caracteriza por su función reguladora de la norma jurídica. Persigue dos fines enmarcados en la ley: la protección de las normas del ordenamiento jurídico y la unificación de la jurisprudencia nacional. 2. El alcance resolutivo se encuentra establecido en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, y consiste en confrontar los motivos que fueron admitidos por este Alto Tribunal con la sentencia recurrida, en el presente caso la dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho. 3. El Motivo admitido estima infringido lo dispuesto en los artículos 1376, 1387 y 1390 del Código Civil, las cuales se relacionan en el agravio o infracción denunciada que, en las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición. Por tanto, el tipo de obligación condicional que nos ocupa es aquella cuya eficacia depende de la realización de una condición, entendida como un hecho futuro e incierto. Por tal razonamiento, se excluye como agravio el artículo 1390 supra anunciado. 4. La presente demanda se centra en las siguientes pretensiones: 1) PAGO VIA PROCESO ORDINARIO. 2) INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR PRIVACION DE DOMINIO, USO GOCE Y DISFRUTE DE UN LOTE DE TERRENO. De las pretensiones deducidas, la parte demandante solamente sustenta con su demanda ser propietaria de los inmuebles descritos en la presente sentencia; en virtud que no acreditó con su plan de demanda que exista tramites conducentes a una acción de expropiación forzosa en contra de los inmuebles descritos, como tampoco que la institución demandada se encuentre realizando actos que priven el dominio, uso y disfrute de los inmuebles (artículo 424.2.h y 425.6 ambos del Código Procesal Civil). 5. El artículo 1360 del Código Civil establece que: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas.” Por su parte el artículo 1364 del mismo cuerpo legal, conducentemente establece que: “Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora…” 6. En la pretensión de daños y perjuicios contenida en la demanda que nos ocupa, es procedente establecer que la misma se sustenta con la resolución No.017-2010 emitida por la Gerencia General del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) de fecha trece de agosto del dos mil catorce, contentivo al RECLAMO ADMINISTRATIVO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION DE TERRENOS PRIVADOS UBICADOS EN AREA PROTEGIDA POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) EN LA SUB-CUENCA DEL RIO GUACERIQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATIAS, FRANCISCO MORAZAN, donde el Departamento de Cuencas Hidrográficas en dictamen de fecha dos de junio de dos mil diez, mediante informe técnico UEMA-085-10, determinó que el terreno objeto de juicio se encuentra dentro de la sub-cuenca Guacerique, acreditando que el dominio cuenta con justo título debidamente inscrito, razón por la cual a la reclamante le asiste el derecho a la negociación para la compensación. Continúa declarando la resolución en referencia, que en virtud de que la institución no cuenta con los recursos financieros para el pago de la indemnización solicitada, y siendo que los reclamantes han realizado las gestiones para que sea el Ministerio de Finanzas quien le pague lo reclamado, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), remite las presentes diligencias al Ministerio de Finanzas para el trámite correspondiente. Que en caso de que el Gobierno Central, no desembolse los fondos por pago de la indemnización antes referida, el reclamante estará dispuesto a que se le indemnice al momento en que se ejecute el Proyecto Guacerique II…, por lo antes expuesto la Gerencia General del SANAA declara CON LUGAR el Reclamo Administrativo para indemnización por afectación de terrenos privados. Esta resolución adquirió firmeza al no interponerse recurso alguno en su contra. 7. Del Dictamen en estudio mencionado en el numeral que antecede dentro del presente acápite, se desprende que la actual demandante aceptó tácitamente todos los términos condicionales que emanan del mismo, por tanto, existen condiciones que deben cumplirse para poder ejercer el derecho a su cumplimiento. La primera condición es: “…al reclamante le asiste el derecho a la negociación para la compensación…” La segunda condición es: “…en caso de que el Gobierno Central, no desembolse los fondos por pago de la Indemnización antes referida, el Reclamante estará dispuesto a que se le indemnice al momento en que se ejecute el Proyecto Guacerique II…”. Por tanto, de esta condicionalidad se destacan dos aspectos importantes pendientes a realizarse: Las negociaciones para determinar la compensación en su momento oportuno y que en caso de que el Gobierno Central se negare a cubrir los montos indemnizables, esta sea cubierta con fondos procedentes de la demandada al momento que comience la ejecución del Proyecto Guacerique II. 8. En cuanto a la primera condición arriba establecida, no se acreditó en juicio que las partes hayan cumplido la condición de reunirse o acercarse para negociar una compensación. Como agregado, es importante resaltar que el avalúo acompañado a la demanda no representa negociación ya que su función se limita en determinar valores emitidos por un perito sobre los cuales debe basarse la negociación condicionada. En cuanto a la segunda obligación arriba establecida, SI se acreditó que el Gobierno Central, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, desconoce tener obligación contraída por el SANAA con la demandante, razón por la cual corresponde a esta institución ser obligado directo para indemnizar a la demandante en el momento que se suscite el hecho. Pero, por otro lado, NO se logró probar en juicio que el Proyecto Guacerique II se encuentre en fase de ejecución, por lo que a la fecha de demandar el hecho condicional no ha acontecido, como consecuencia la parte actora carece de derecho para solicitar una tutela jurídica. El artículo 1376 del Código Civil establece que, en las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos dependerá del acontecimiento que constituya la condición. 9. En el caso in examine, para que las condiciones contenidas en la resolución No.017-2010 emitida por la Gerencia General del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) de fecha trece de agosto del dos mil catorce, puedan ser exigibles, es necesario que se cumpla con los requisitos de existir una negociación previa, y que se encuentre en fase de ejecución el proyecto denominado Guacerique II. Como ya se ha expuesto, NO obra en autos que hasta la fecha ALGUNA de ellas se haya verificado, por tanto, a la demandante aún no le asiste el derecho para reclamar daños y sus consecuentes perjuicios, por lo que su acción tiene efecto extemporáneo.”
Legislación citada
- Código Civil, art. 1376 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1387 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 424 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 425 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: PARTE RECURSIVA: El SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), representado en juicio por la abogada GLADYS SUYAPA QUIROZ AGUILAR, como apoderada sustituta, en contra de la sentencia de fecha veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. OBJETO DEL PROCESO: “SE PRESENTA DEMANDA DE PAGO VIA PROCESO ORDINARIO. INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR PRIVACION DE DOMINIO, USO GOCE Y DISFRUTE DE UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD PRIVADA COMPRENDIDO EN LA SUBCUENCA DEL RIO GUACERIQUE EN LA COMUNIDAD SE SAN MATIAS FRANCISCO MORAZAN DECLARADO COMO ZONA PROTEGIDA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD CAPITAL”, promovida en fecha uno de marzo del año dos mil dieciséis, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado JOSUE FABRICIO CARBAJAL SANDOVAL, actuando como representante procesal de la señora MARIA LUISA BATAE ESCOBAR, también conocida como MARIA LUISA ABATE de RODRIGUEZ, mayor de edad, soltera por viudez, ama de casa, con domicilio en el departamento de Francisco Morazán, contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), por medio de la Presidenta de la Junta Interventora, señora NIVIDA FLOR HERNÁNDEZ AGURCIA. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que la señora MARIA LUISA BATAE ESCOBAR, también conocida como MARIA LUISA ABATE de RODRIGUEZ, de generales ya expuestas, en su demanda expone en síntesis los siguientes hechos: 1.- Que es legítima propietaria de tres lotes de terreno ubicados en la Zona Forestal Protegida de San Matías, Departamento de Francisco Morazán, debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, con un área de SEISCIENTAS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS punto DIECISIETE VARAS CUADADAS (698,666.17 V2), equivalente a SESENTA Y NUEVE punto OCHENTA Y SIETE MANZANAS (69.87 Mz.). 2.- Que el Estado de Honduras, en el año 1973, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales declaró Zona Forestal Protegida a la Comunidad de San Matías, Francisco Morazán. 3.- “De este decreto No.46 de mayo de 1973, que tenía su asidero legal en el decreto No. 85 del 18 de Noviembre de 1971 (Ley Forestal) con la entrada en vigencia de la nueva Ley Forestal contenida en el decreto No. 98-2007 de fecha 13 de septiembre del 2007, únicamente se mantuvo la declaración de Zona Forestal Protegida de la zona de San Matías y, todo su proceso de compensación por los usos de los bienes de propiedad privada se encuentran regulados en el artículo 64 de esta Ley y, que sirvió de asidero legal a la resolución administrativa de fecha trece de agosto del año dos mil catorce, de la cual se está pidiendo su pago mediante la presente demanda.” 4.- En fecha 5 de Julio del año 2010 el apoderado legal de la demandante, Maria Luisa Abate Escobar, presentó formal reclamo administrativo ante EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), para la indemnización por afectación de terrenos de propiedad privada ubicados en San Matías, Francisco Morazán, identificado con expediente número 017-2010, declarando CON LUGAR el reclamo mediante resolución de fecha 13 de agosto del 2014 reconociendo la afectación de un terreno de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS PUNTO DIECISIETE VARAS CUADRADAS (698,666.17 Vrs2) equivalente a SESENTA Y NUEVE PUNTO OCHENTA Y SIETE MANZANAS (69.87 Mnz) por el proyecto de construcción de la Represa Guacerique II, y en donde se justiprecio en la cantidad de CIENTO SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 107,154,430.47).- 5.- Que el reclamo fue turnado a la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas para el pago de la indemnización de conformidad con el dictamen elaborado por el perito nombrado por el SANAA, ingeniero Arístides Guillermo Rubio CICH 2053 valorando los inmuebles en CIENTO SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTRA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 107,154,430.49), quien resolvió que es el SANAA quien debía asumir la obligación de pago. 6.- Cita los artículos 103 de la Constitución de la República; 3 y 12 de la Ley de Expropiación Forzosa; 21 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como fundantes de la resolución administrativa. 7.- Que, al no cumplirse el pago del justiprecio del bien inmueble, el Estado de Honduras, a través del SANAA está causando daños y perjuicios a su representada por lo que se ve obligada a promover la demanda de las pretensiones arriba anunciadas, de conformidad con el artículo 41 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: La parte pasiva contestó la demanda en los términos que sucintamente se expresan a continuación: 1.- El hecho primero de la demanda se acepta, por constar en documentos públicos acompañados a la demanda. 2.- El hecho segundo lo rechaza, en virtud que no existe decreto 46 emitido por la Secretaría de Recursos Naturales en el año 1971, mediante el cual se declara Zona Forestal Protegida en la comunidad de San Matías. Que la ubicación del inmueble propiedad de la demandante corresponde al actor probarlo en juicio. 3. El hecho tercero de la demanda lo rechaza, en virtud que insiste el demandante en señalar que su representada SANAA, ha sustentado como asidero legal para emitir una resolución, el Derecho 46 de mayo de 1973, el Decreto 85 del 18 de noviembre de 1971; cuando es totalmente falso que su representada haya tomado como base esos decretos para la emisión de la Resolución que aduce la parte demandante. 4. EI hecho cuarto de la demanda se acepta en cuanto al Reclamo Administrativo interpuesto por el Abogado Jorge Nahúm Ramírez Gálvez, mismo que concluyó con la Resolución de fecha trece de agosto de 2014. 5. El Hecho quinto de la demanda lo acepta en cuanto a que el reclamo administrativo fue enviado a la Secretaría de Finanzas, con el objeto de que esta institución del Estado efectuara el pago de la indemnización, tal como lo señala el penúltimo considerando de la resolución que transcriben textualmente: “CONSIDERANDO: Que en virtud que la institución no cuenta con recursos financieros para el pago de la indemnización solicitada, y siendo que los reclamantes han realizado gestiones para que sea el Ministerio de Finanzas quien les pague lo reclamado, el Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillado SANAA, remite las presentes diligencias al Ministerio de Finanzas para el trámite correspondiente. CONSIDERANDO: Que en caso de que el Gobierno central, no desembolse los fondos para el pago de la indemnización antes referida, el reclamante estará dispuesto a que se le indemnice al momento en que se ejecute el proyecto Guacerique ll.-“ La resolución emitida por su representada contenía una condición que fue admitida y aceptada por los reclamantes ya que no acudieron en vía de apelación y está establecida que en caso de que el Gobierno Central no desembolse los fondos para el pago de la indemnización antes referida el reclamante estará dispuesto a que se le indemnice al momento en que se ejecute el Proyecto Guacerique ll, por lo cual la parte demandante deviene obligada en aceptar que hasta que el SANAA u otra institución ejecute dicho proyecto no procede la indemnización solicitada. Con relación a lo afirmado por parte del demandante en este numeral que el perito ingeniero ARISTIDES GUILLERMO RUBIO fue nombrado por la institución, se rechaza totalmente en virtud que el mismo fue designado por la parte demandante. En cuanto a lo expresado por la parte demandante en este numeral; que la Secretaría de Finanzas resolvió que es el SANAA quien debe asumir la obligación de PAGO, se rechaza en virtud de que el demandante distorsiona lo afirmado por la Secretaría de Finanzas mediante Opinión de la Unidad de Servicios Legales de fecha tres (3) de noviembre de dos mil quince, lo que transcribe textualmente: “Y siendo remitido expediente mediante oficio GL-157-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015 (folio56), se turnó a la Dirección General de Presupuesto que se pronunció mediante memorándum No. 292 de fecha 13 de octubre de 2015, señalando: “Esta Dirección de Presupuesto realizó una revisión del presupuesto de Egresos del SANAA y en el mismo no se contempla asignación para cumplir con dicho compromiso.” 6. El hecho Sexto de la Demanda lo acepta en cuanto a las disposiciones legales transcritas por la parte demandante, sin embargo rechaza que su representado no ha privado a la demandante de su propiedad, no ha iniciado un proceso de Expropiación Forzosa, ni mucho menos su representada, el SANAA, ha emitido un Acuerdo, Decreto o Resolución en que se limite el Uso y Goce de los Derechos de Propiedad, ya que quien emitió dicho acuerdo fue la Secretaría de Recursos Naturales mediante acuerdo 3, del 2 de enero de 1973, publicado en el Diario Oficial la Gaceta, en el cual se declara el caserío de San Matías como Zona Forestal Protegida del patrimonio público forestal inalienable de acuerdo a los estudios y planos levantados por SANAA, la cuenca del Rio Guacerique que comprende una extensión superficial de 210.63 km. 7. El hecho séptimo de la demanda lo rechaza totalmente, en virtud que la parte demandante además de pretender que se le indemnice una cantidad determinada, solicita un pago por concepto de Daños y Perjuicios, solicitud que no es conforme a Derecho, ya que como lo manifestamos en el hecho Sexto de la demanda, su Representada el SANAA, no ha causado a la parte demandante ningún daño o privación de dominio a su propiedad. La parte demandante no acompaña a la presente demanda una certificación emitida por una firma auditora autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en donde se haga constar que el monto de los daños y perjuicios está registrado en la contabilidad y en la declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta del Ejercicio Fiscal correspondiente, tal como establece el Artículo 23 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto público... 8.- Que la resolución emitida por su representada de fecha 13 de agosto de dos mil catorce, en la administración del ingeniero Luis Eveline, con la cual pretende la parte demandante que se indemnice, fue dictada en franca violación a los preceptos y procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, así como sin considerar que el SANAA no tenía facultades legales para la emisión de dicha resolución en los términos que se dictó. TERCERO: En fecha treinta de enero del año dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dicto sentencia cuya parte dispositiva dice: “ “FALLA: PRIMERO: Desestimar y en consecuencia se declara NO A LUGAR la demanda ordinaria promovida por el Abogado JORGE NAHUM RAMIREZ GALVEZ en su condición de la señora MARIA LUISA BATAE ESCOBAR, también conocida como MARIA LUISA ABATE DE RODRIGUEZ, en contra de EL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA, para el pago de la cantidad de CIENTO SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.107,154,430.49), por afectación de un área de seiscientos noventa y ocho mil seiscientas sesenta y seis punto diecisiete varas cuadradas equivalente a 69.87 Mnz. SEGUNDO: Se ABSUELVE al SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA, de la pretensión deducida en su contra. TERCERO: Cada parte satisfará las costas causadas a su instancia y las comunes a la mitad…” CUARTO: En fecha veintiuno de mayo del año de dos mil dieciocho, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la dictada en fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en cuanto al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, señora MARIA LUISA BATAE ESCOBAR, conocida también como MARIA LUISA ABATE RODRIGUEZ, resolviendo de la siguiente manera: “…DECLARA: En lo que respecta al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado HUGO RENIERY BORJAS TORRES, actuando en su condición de Apoderado Legal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS "SANAA"; Por UNANIMIDAD de votos de sus miembros FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Abogado HUGO RENIERY BORJAS TORRES, actuando en su condición de Apoderado Legal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS "SANAA"; contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de Enero del año dos mil dieciocho (2018); Asimismo en lo que atañe al Recurso de Apelación de la parte demandante; Por MAYORIA de votos de sus miembros, siendo DISIDENTE el Magistrado CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT FALLA: PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR el recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado RAUL ANTONIO RAMOS, actuando en su condición de Representante Procesal de la Señora MARIA LUISA BATAE ESCOBAR, conocida también como MARIA LUISA ABATE RODRIGUEZ, contra la Sentencia de fecha treinta (30) de Enero del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA.- TERCERO: SE DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA DE PAGO VÍA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. POR PRIVACIÓN DE DOMINIO, USO, GOCE Y DISFRUTE DE UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD PRIVADA COMPRENDIDO EN LA SUBCUENCA DEL RIO GUACERIQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATIAS FRANCISCO MORAZAN DECLARADO COMO ZONA PROTEGIDA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD CAPITAL, promovida por el Abogado JOSUE FABRICIO CARBAJAL SANDOVAL, en su condición de Apoderado Legal de la Señora MARIA LUISA BATAE ESCOBAR, conocida también como MARIA LUISA ABATE RODRIGUEZ, contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS "SANAA", representado por la Señora NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA, en su condición de Presidenta de la Junta Interventora y Representante Legal.- CUARTO: Se condena al SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS "SANAA", al pago de CIENTO SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 107, 154.430.49), en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. QUINTO: SIN COSTAS…” QUINTO: El entonces representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), abogado HUGO RENIERY BORJAS TORRES, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación en contra la sentencia de fecha veintiuno de mayo del año de dos mil dieciocho, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. En consecuencia, ésta Sala de lo Civil conociendo el recurso de casación impetrado, admitió para sentencia el motivo SEGUNDO, que expresa lo siguiente: “…SEGUNDO MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 719, numeral 2, del Código de Procedimientos Civiles, que establece: Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, Norma Legal Infringida: Artículo 1376, 1387 y 1390 del Código Civil que establecen: Articulo 1376: DE LAS CONDICIONES PURAS Y DE LAS CONDICIONES En las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición; artículo 1389: DE LAS OBLIGACIONES A PLAZO Las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue. Entiéndase por día cierto aquel que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuando. Si la incertidumbre consiste en si ha de llegar o no el día, la obligación es condicional, y se regirá por las reglas de la sección precedente. Artículo 1390: Si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido con cederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquel. También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando este haya quedado a voluntad del deudor. Explicación de infracción: Las Leyes de interés y de orden público, su aplicación es imperativa y no puede eludirse por conveniencia de los particulares y en su aplicación no podrá dársele o atribuírsele otro sentido del que resulta explícitamente de sus propios términos, en el numeral Decimo y Decimo Primero de la Sentencia impugnada, la corte sentenciadora señala: Decimo: Que la A-QUO sustenta su decisión de declarar no ha lugar la demanda, en que la fecha la obligación contenida en la resolución 017-2010 de fecha 13 de agosto de 2014, no es de plazo vencido y en consecuencia exigible, porque el acontecimiento que debe suceder para que se cumpla la obligación de compra de los bienes de la reclamante aún no ha acaecido, tal como lo dispone el artículo 1376 del Código Civil. DECIMO PRIMERO: En dichas circunstancias es preciso acotar que para que una obligación condicional es menester la presencia de dos requisitos, que el hecho condicionado sea futuro e incierto.- El primero de ellos se entiende en relación con el momento en que el derecho normalmente debería nacer de no haber intervenido tal condición, y el segundo, es la incertidumbre, es decir si el hecho se realizara o no, se desconoce tal acontecimiento teniéndose la esperanza de que probablemente se realice o probablemente no llegue a suceder. De tales características se puede colegir que en efecto existe una obligación de pago de parte del SANAA, al haber emitido la resolución 017-2010 de fecha 13 de agosto de 2014, que declara sin lugar el reclamo administrativo presentado ante ella por la parte demandante; pero que al establecer que se pagara el valor reconocido “SI EL DEMANDANTE ESTARA DISPUESTO A QUE SE LE INDEMNICE AL MOMENTO EN QUE SE EJECUTE EL PROYECTO GUACERIQUE II” en ningún momento tal situación se debe entender como una obligación condicional, como lo ha calificado la A-QUO, pues la misma ha quedado a decisión del mismo demandante, a pesar que la resolución administrativa que contiene la obligación ha sido creada por el deudor, mostrar su voluntad de que tal pago se realice hasta el momento de la ejecución del proyecto, voluntad que al presentarse la demanda reclamando su pago es precisamente que ha mostrado su negativa de RECIBIR EL PAGO hasta aquel momento; por lo que la obligación se vuelva pura, de cumplimiento inmediato, y no de carácter condicionado o, a plazo.- Lo señalado anteriormente y que está contenido en la sentencia que se impugna por el Recurso de Casación, quebranta los artículos Artículo 1376, 1387 y 1390 del Código Civil que establecen: Articulo 1376: DE LAS CONDICIONES PURAS Y DE LAS CONDICIONES En las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición; Articulo 1387: DE LAS OBLIGACIONES A PLAZO Las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue. Entiéndase por día cierto aquel que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuando. Si la incertidumbre consiste en si ha de llegar o no el día, la obligación es condicional, y se regirá por las reglas de la sección precedente; Artículo 1390: Si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquel. También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando este haya quedado a voluntad del deudor. En este acápite la Corte Sentenciadora, utiliza la doctrina de las Obligaciones, e interpreta la cláusula condicionada y que esta insertada en la Resolución emitida por mi representada de fecha 13 de agosto de 2014 y que literalmente dice: “Que en caso de que el Gobierno Central, no desembolse los fondos por pago de la indemnización antes referida, el reclamante estará dispuesto a que se le indemnice al momento en que se ejecute el Proyecto Guacerique II,” y señala después del análisis que la obligación es pura, de cumplimiento inmediato, situación que quebranta la ley, dándole otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos. Que la obligación insertada en dicha resolución no es de plazo vencido y en consecuencia exigible, porque el acontecimiento que debe suceder (construcción del Proyecto Guacerique II) para que se cumpla la obligación de compra de los bienes de la reclamante aún no ha acaecido (Articulo 1376 del Código Civil) La Obligación pura es la contraída simplemente, sin circunstancia alguna que modifique sus efectos, o cuya eficacia no está afectada por condición ni término; es aquella que es exigible en el momento mismo en que se perfecciona, por lo cual lo aseverado por la Corte de Apelaciones sentenciadora No aplica, en el sentido que la cláusula insertada en la en la Resolución emitida por mi representada de fecha 13 de agosto de 2014, es una obligación condicionada o a plazo y no pura. Dice, en este sentido, el artículo 1375, párrafo 1. °, del Código Procesal Civil que será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un suceso pasado, que los interesados ignoren. Aunque en este precepto hay que hacer tres precisiones: en primer lugar, que no se refiere más que a la condición y, sin embargo, también hay que tener en cuenta la fijación de un plazo; en segundo lugar, que el artículo 1390 del Código Procesal Civil; prevé que sin haberse fijado plazo en una obligación, de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor (y lo fijarán los Tribunales); También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando este haya quedado a voluntad del deudor, en tercer lugar…….. La idea inicial es que la obligación condicionada suspensivamente o a término inicial de eficacia, no es aún una obligación, sino que será una obligación que nacerá (se constituirá la relación jurídica acreedor-deudor) cuando la condición se cumpla o el término llegue; Obligación condicional es aquella cuya eficacia (deber jurídico del deudor (deuda) y derecho subjetivo del acreedor) depende de la realización de una condición. Es en la parte general del Derecho civil donde se estudia el concepto de condición (hecho futuro y objetivamente incierto del que depende la eficacia del negocio jurídico) sus requisitos (hecho futuro e incierto), sus clases (suspensiva-resolutoria, positiva-negativa casual-potestativa-mixta) y sus efectos (pendiente, cumplimiento o incumplimiento, según la condición suspensiva o resolutoria). Obligación a plazo es aquella cuya eficacia (deber del deudor (deuda) y derecho del acreedor viene determinada por un plazo a partir del cual (término inicial) o hasta el cual se produce (término final). Igualmente, como en la condición, se estudia en la parte general el concepto (hecho futuro y objetivamente cierto del que depende la eficacia del negocio jurídico) y sus clases y efectos (término inicial y final). A este tipo de obligación se refiere el primer párrafo del artículo 1387 del Código Procesal Civil: las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue. NATURALEZA: La obligación condicional no tiene una naturaleza distinta a las demás obligaciones, sino que es una obligación común sometida a condición. Lo cual implica que el deber jurídico del deudor y el derecho objetivo del acreedor está pendiente y condicionado del cumplimiento de la condición, con efectos diametralmente opuestos según sea la condición suspensiva o resolutoria. La constitución de la obligación no presenta variedad alguna respecto a la de cualquier obligación. Simplemente se le impone una condición de la que depende su eficacia. La obligación a plazo tampoco tiene una naturaleza especial distinta a las demás obligaciones. Es una obligación cuyo deber jurídico del deudor y derecho subjetivo del acreedor (deuda y crédito) se producirán desde que llegue el término inicial o hasta que llegue el término final. La Corte sentenciadora le atribuye otro sentido a la Ley, que de la misma emana, por lo cual la aplicación e interpretación de dichas normas, fueron utilizadas en un sentido distorsionado para la solución del litigio, la Corte sentenciado está obligada aplicar el artículo 1390 del Código Civil que establece: Si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquel. También fijaran los Tribunales la duración del plazo cuando este haya quedado a voluntad del deudor. Por lo que este Segundo Motivo de casación debe ser admitido…” SEXTO: El abogado RAUL ANTONIO RAMOS CANALES, se pronunció a la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “…SEGUNDO MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719.2. del Código Procesal Civil, impugnación por la aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, normas legales infringidas: Establece el recurrente que la sentencia recurrida infringe las siguientes disposiciones Legales: Articulo 1376, 1387 y 1390 del Código Civil. A este respecto la Honorable Corte Suprema de Justicia, ha establecido: “al relacionarse la infracción en conjunto de varios Artículos por aplicación indebida y por falta de aplicación, el concepto en que aquella se estima es manifiestamente contradictorio, por cuanto ambas ideas se excluyen; de consiguiente, no hay claridad ni precisión, ya que no se determinan o especifican los Artículos violados en uno y otro sentido”, en otros fallos: “ si se citan las infracciones de tres Artículos sin indicar el cuerpo de Leyes a que correspondan, no deben tomarse en cuenta aunque se hayan copia textualmente dos de ellos, ya que falta al recurso la citación con precisión y claridad de las leyes que se suponen infringidas” Tal es así; que los Artículos 1387 y 1390 constan de tres y dos párrafos respectivamente y el recurrente sin precisión ni claridad estableció en su escrito a cuál de los párrafos de los artículos que considera infringidos correspondía la falta de aplicación e interpretación errónea de la norma de la manera como lo ha dejado establecido la Honorable Corte Suprema de Justicia, ya que la aplicación indebida, la falta de aplicación e interpretación errónea de la norma son conceptos excluyentes uno del otro y en la manera planteada, se aprecia que ambos conceptos son uno solo por lo que no se puede determinar a cuál de los dos obedece la infracción. En la explicación de la infracción el recurrente se limita únicamente a copiar el texto de los fundamentos de Derecho de la Sentencia y el texto de los Artículos del Código Civil que considera infringidos. Encontramos un tremenda contradicción en cuanto a que no establece con precisión y claridad si la obligación decretada en la resolución emitida por su representada (SANAA) en fecha 13 de agosto del año 2014,es CONDICIONAL O A PLAZO, situación está que es contradictoria, porque en las obligaciones condicionales la adquisición de derechos, resolución y perdida de los ya adquiridos dependerán de un acontecimiento (artículo 1376 del código civil) y en la obligaciones a plazo el cumplimiento de la obligación depende de la llegada del día establecido para el cumplimiento de la misma (artículo 1387 del código civil) estos son dos conceptos diferentes a tal grado que el legislador regulo una en la sección segunda y otra en la tercera del capítulo III del Código Civil, así mismo el recurrente establece que la Honorable Corte de Apelaciones estaba obligada a aplicar en su fallo el Articulo 1390 del Código Civil en donde según él, si la obligación dictada por su representado (EL SANAA) en fecha trece de agosto del año dos mil catorce, no señalo plazos, debía en Tribunal de Apelación fijar la duración del plazo para el pago de la obligación, lo que resulta ser improcedente ya que en ningún momento del proceso la parte demanda lo alego como defensa y no puede a estas alturas del proceso alegar este motivo, a este respecto la Honorable Corte Suprema de Justicia ha establecido que se declarara inadmisibles los motivos en la interposición del Recurso cuando se refiriera a circunstancias que no fueron alegadas en el juicio tanto en primera como en segunda instancia, por lo que este segundo motivo de casación debe de ser declarado Inadmisible…” SEPTIMO: Esta Sala de lo Civil, mediante auto motivado y con carácter firme, en fecha 26 de agosto de 2021, dio admisibilidad al motivo supra descrito, estableciendo que examinado es conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 721 del Código Procesal Civil, que establece los requisitos mínimos del escrito de interposición del recurso de casación. OCTAVO: Señalada audiencia de vista, la misma se celebró el día dos de noviembre del año dos mil veintiuno, con la comparecencia de los representantes legales de las partes, donde, por su orden legal, en uso de la palabra la abogada Gladys Suyapa Quiroz Aguilar, en su condición de representante procesal sustituta de la parte recurrente, manifestó sucintamente: Queda evidenciado que están infringidos los artículos 1376, 1387, 1390 del Código Civil, es una obligación condicionada para que sea exigible, tal como lo establece el Aquo. La resolución administrativa del SANAA de fecha 13 de agosto del 2014, establece que en caso de que el Estado no pague, el reclamante tiene el derecho de que se le indemnice cuando esté el proyecto Guacerique II. Desde que el reclamante no interpuso ningún recurso contra esa resolución, es porque estaba de acuerdo con esa condición para efectos del pago de la cuantía reclamada, por lo que el ad-quem no puede obviar esa circunstancia. Hay constancia de que ese expediente administrativo fue turnado a la Secretaría de Finanzas. Hubo un dictamen de un perito, nombrado unilateralmente, de que ese terreno cuesta más de CIEN MILLONES DE LEMPIRAS. La Secretaría de Finanzas resolvió que el SANAA debe pagar esa deuda. El reclamante está dispuesto a que se le indemnice cuando se ejecute el proyecto de Guacerique II. A la fecha, esa obligación de pago no se ha cumplido porque no se ha cumplido esa condición, por eso esa obligación no es pura, como lo ha establecido el ad-quem. Mientras no se cumpla la condición, no se puede pagar la obligación. El actor está obligado a probar de que ese proyecto está en desarrollo para poder exigir el pago, lo cual no está probado, por lo que dicha obligación no es exigible. No hay indicios de que haya habido una expropiación forzosa, aunque si hay una resolución de pago, no es menos cierto que no se llevó a cabo el procedimiento correcto para la tramitación del reclamo administrativo, por ende tampoco quedó evidenciado el trámite de expropiación forzosa porque no existe acuerdo emitido por autoridad competente que respalde la expropiación de la reclamante, se debió cumplir con el procedimiento que establece la normativa respecto al Decreto 274-2010, ya que son normas de estricto cumplimiento para determinar un avalúo y poder indemnizar de acuerdo al hecho. Si hubiera una sentencia condenatoria, habría perjuicios contra la institución y el Estado, ya que las diligencias administrativas no se tramitaron de acuerdo con las normas establecidas. Para que la obligación se convierta en exigible, se deben cumplir ciertos requisitos, como la notificación de la expropiación, un justiprecio aceptable, y que se lleve a cabo la ejecución del proyecto Guacerique II, por lo que es una obligación condicionada y a plazo. No como lo dejó establecido el Ad-quem, porque para ella si es una obligación pura y exigible. No hay evidencia de que los inmuebles afectados estén debidamente formalizados por escrituras públicas a favor de la institución. En la reclamación de pago, no se han cumplido las condiciones para que se reclame. En uso de la palabra, el abogado RAUL ANTONIO RAMOS CANALES, inició su intervención profiriendo expresiones de descalificación contra una resolución firme e irrevocable, con lo que se apartó del objeto principal de la audiencia de vista, para mejorar su pronunciamiento en contra del recurso admitido. Se resume lo siguiente: En este caso esa potestad es del SANAA, esta obligación es nula porque no puede quedar a la voluntad del deudor (SANAA), ese proyecto está en estudio desde hace 40 años, el SANAA no cuenta con los fondos suficientes para desarrollarlo. La AMDC está desarrollando otros proyectos de agua para la capital, sin incluir al Guacerique II. El ad-quem estableció que es una obligación pura, lo que es correcto, también señala la primacía del derecho constitucional. El recurrente nunca alegó el art. 1390 del Código Civil, nunca fue alegado ese concepto y no puede en casación alegar esa circunstancia. Pide se desestime este motivo. NOVENO: En audiencia preliminar se estableció el objeto del debate de la siguiente manera: 1) Determinar la existencia del Decreto 46 emitido por la Secretaría de Recursos Naturales en el año 1971, mediante el cual se declara Zona Forestal Protegida en la comunidad de San Matías. 2) Determinar que el SANAA, ha sustentado como asidero legal para emitir una resolución, el Decreto 46 de mayo de 1973 o el Decreto 85 del 18 de noviembre de 1971. 3) Determinar si el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) ha privado a la demandante de su propiedad. 4) Determinar si se ha iniciado un proceso de Expropiación Forzosa, o si ha emitido un Acuerdo, Decreto o Resolución en que se limite el Uso y Goce de los Derechos de Propiedad de la demandante. DECIMO: Establecido el debate y conforme a la prueba aportada al proceso se valoran las mismas conforme a los hechos controvertidos de la demanda: I) El Decreto 46 emitido por la Secretaría de Recursos Naturales en el año 1971, no es susceptible a valoración probatoria (artículo 251 del Código Procesal Civil). II) Queda probado con los testimonios de los Instrumentos Públicos números 4 y 5, ambos de fecha 2 de mayo del año 1966, autorizados por el Notario Luis D. Villafranca, que la señora Maria Luisa Abate de Rodríguez es propietaria de tres lotes de terreno, detallados como: Lote A) con una superficie de trescientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y uno punto noventa y siete metros cuadrados (359,581.97 Mts2), equivalentes a quinientos quince mil setecientas treinta y cuatro punto cero cuatro varas cuadradas (515,734.04 Vrs2) equivalentes a cincuenta y uno punto cincuenta y ocho manzanas (51.58 Mnz), inscrita bajo el numero 70 folios 146 al 148 del tomo 221 del Registro de la Propiedad de Francisco Morazán, que el área real a indemnizar en este lote es de CUARENTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y UNA MANZANAS (49.41 Mnz). Lote B) lote de terreno rustico adyacente al anterior, denominado San Matías número uno, con un área de doscientos sesenta y tres mil cero treinta y cuatro metros cuadrados (263,034.00 Mts2), equivalentes a trescientos setenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve punto catorce varas cuadradas (377,259.14 Vrs2) equivalentes a treinta y siete punto setenta y tres manzanas (37.73 Mnz), inscrito bajo el numero 67 folios 139 al 141 del tomo 221 del Registro de la Propiedad de Francisco Morazán. Y que el área a indemnizar es de ciento noventa y cuatro mil seiscientos dieciocho punto sesenta y cuatro varas cuadradas (194,618.64 Vrs2). Lote C) lote de terreno rustico ubicado en el lugar denominado San Matías uno, con un área de nueve mil novecientas noventa y nueve punto cincuenta varas cuadradas (9,999.59 Vrs2). Inscrito bajo matricula número 176194 asientos 2 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán. Que el área real, sumados los tres lotes anteriores suma un total de seiscientas noventa y ocho mil seiscientas sesenta y seis punto diecisiete varas cuadradas (698,666.17 Vrs2), equivalentes a sesenta y nueve punto ochenta y siete manzanas (69.87 Mnz). III) Queda probado con la Certificación extendida por el Secretario General del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), la resolución No.017-2010 de la Gerencia General de dicha Institución de fecha trece de agosto del dos mil catorce, contentivo de RECLAMO ADMINISTRATIVO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION DE TERRENOS PRIVADOS UBICADOS EN AREA PROTEGIDA POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) EN LA SUB-CUENCA DEL RIO GUACERIQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATIAS, FRANCISCO MORAZAN, donde el Departamento de Cuencas Hidrográficas en dictamen de fecha dos de junio de dos mil diez (informe técnico UEMA-085-10), determinó que el terreno objeto de juicio se encuentra dentro de la sub-cuenca Guacerique, acreditado que el dominio cuenta con justo título debidamente inscrito, razón por la cual a la reclamante le asiste el derecho a la negociación para la compensación, por verse afectadas las disposiciones legales. Que en caso de que el Gobierno Central, no desembolse los fondos por pago de la Indemnización antes referida, el Reclamante estará dispuesto a que se le indemnice al momento en que se ejecute el Proyecto Guacerique II…, por lo antes expuesto la Gerencia General del SANAA declara CON LUGAR el Reclamo Administrativo para indemnización por afectación de terrenos privados. IV) No queda probado que se haya ejecutado un procedimiento de expropiación forzosa en que se afectaran las tierras propiedad de la señora Maria Luisa Abate de Rodríguez en la localidad de San Matías, Francisco Morazán. V) No queda probado que el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados haya limitado, coartado o afectado el uso y goce de los terrenos de la señora Maria Luisa Abate de Rodríguez ubicados en la localidad conocida como San Matías. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación se caracteriza por su función reguladora de la norma jurídica. Persigue dos fines enmarcados en la ley: la protección de las normas del ordenamiento jurídico y la unificación de la jurisprudencia nacional. 2. El alcance resolutivo se encuentra establecido en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, y consiste en confrontar los motivos que fueron admitidos por este Alto Tribunal con la sentencia recurrida, en el presente caso la dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho. 3. El Motivo admitido estima infringido lo dispuesto en los artículos 1376, 1387 y 1390 del Código Civil, las cuales se relacionan en el agravio o infracción denunciada que, en las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición. Por tanto, el tipo de obligación condicional que nos ocupa es aquella cuya eficacia depende de la realización de una condición, entendida como un hecho futuro e incierto. Por tal razonamiento, se excluye como agravio el artículo 1390 supra anunciado. 4. La presente demanda se centra en las siguientes pretensiones: 1) PAGO VIA PROCESO ORDINARIO. 2) INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR PRIVACION DE DOMINIO, USO GOCE Y DISFRUTE DE UN LOTE DE TERRENO. De las pretensiones deducidas, la parte demandante solamente sustenta con su demanda ser propietaria de los inmuebles descritos en la presente sentencia; en virtud que no acreditó con su plan de demanda que exista tramites conducentes a una acción de expropiación forzosa en contra de los inmuebles descritos, como tampoco que la institución demandada se encuentre realizando actos que priven el dominio, uso y disfrute de los inmuebles (artículo 424.2.h y 425.6 ambos del Código Procesal Civil). 5. El artículo 1360 del Código Civil establece que: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas.” Por su parte el artículo 1364 del mismo cuerpo legal, conducentemente establece que: “Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora…” 6. En la pretensión de daños y perjuicios contenida en la demanda que nos ocupa, es procedente establecer que la misma se sustenta con la resolución No.017-2010 emitida por la Gerencia General del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) de fecha trece de agosto del dos mil catorce, contentivo al RECLAMO ADMINISTRATIVO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION DE TERRENOS PRIVADOS UBICADOS EN AREA PROTEGIDA POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) EN LA SUB-CUENCA DEL RIO GUACERIQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATIAS, FRANCISCO MORAZAN, donde el Departamento de Cuencas Hidrográficas en dictamen de fecha dos de junio de dos mil diez, mediante informe técnico UEMA-085-10, determinó que el terreno objeto de juicio se encuentra dentro de la sub-cuenca Guacerique, acreditando que el dominio cuenta con justo título debidamente inscrito, razón por la cual a la reclamante le asiste el derecho a la negociación para la compensación. Continúa declarando la resolución en referencia, que en virtud de que la institución no cuenta con los recursos financieros para el pago de la indemnización solicitada, y siendo que los reclamantes han realizado las gestiones para que sea el Ministerio de Finanzas quien le pague lo reclamado, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), remite las presentes diligencias al Ministerio de Finanzas para el trámite correspondiente. Que en caso de que el Gobierno Central, no desembolse los fondos por pago de la indemnización antes referida, el reclamante estará dispuesto a que se le indemnice al momento en que se ejecute el Proyecto Guacerique II…, por lo antes expuesto la Gerencia General del SANAA declara CON LUGAR el Reclamo Administrativo para indemnización por afectación de terrenos privados. Esta resolución adquirió firmeza al no interponerse recurso alguno en su contra. 7. Del Dictamen en estudio mencionado en el numeral que antecede dentro del presente acápite, se desprende que la actual demandante aceptó tácitamente todos los términos condicionales que emanan del mismo, por tanto, existen condiciones que deben cumplirse para poder ejercer el derecho a su cumplimiento. La primera condición es: “…al reclamante le asiste el derecho a la negociación para la compensación…” La segunda condición es: “…en caso de que el Gobierno Central, no desembolse los fondos por pago de la Indemnización antes referida, el Reclamante estará dispuesto a que se le indemnice al momento en que se ejecute el Proyecto Guacerique II…”. Por tanto, de esta condicionalidad se destacan dos aspectos importantes pendientes a realizarse: Las negociaciones para determinar la compensación en su momento oportuno y que en caso de que el Gobierno Central se negare a cubrir los montos indemnizables, esta sea cubierta con fondos procedentes de la demandada al momento que comience la ejecución del Proyecto Guacerique II. 8. En cuanto a la primera condición arriba establecida, no se acreditó en juicio que las partes hayan cumplido la condición de reunirse o acercarse para negociar una compensación. Como agregado, es importante resaltar que el avalúo acompañado a la demanda no representa negociación ya que su función se limita en determinar valores emitidos por un perito sobre los cuales debe basarse la negociación condicionada. En cuanto a la segunda obligación arriba establecida, SI se acreditó que el Gobierno Central, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, desconoce tener obligación contraída por el SANAA con la demandante, razón por la cual corresponde a esta institución ser obligado directo para indemnizar a la demandante en el momento que se suscite el hecho. Pero, por otro lado, NO se logró probar en juicio que el Proyecto Guacerique II se encuentre en fase de ejecución, por lo que a la fecha de demandar el hecho condicional no ha acontecido, como consecuencia la parte actora carece de derecho para solicitar una tutela jurídica. El artículo 1376 del Código Civil establece que, en las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos dependerá del acontecimiento que constituya la condición. 9. En el caso in examine, para que las condiciones contenidas en la resolución No.017-2010 emitida por la Gerencia General del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) de fecha trece de agosto del dos mil catorce, puedan ser exigibles, es necesario que se cumpla con los requisitos de existir una negociación previa, y que se encuentre en fase de ejecución el proyecto denominado Guacerique II. Como ya se ha expuesto, NO obra en autos que hasta la fecha ALGUNA de ellas se haya verificado, por tanto, a la demandante aún no le asiste el derecho para reclamar daños y sus consecuentes perjuicios, por lo que su acción tiene efecto extemporáneo. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 725.3, 726.1, 728.1 y 729 del Código Procesal Civil; 1364, 1376, 1387 del Código Civil, DICTA SENTENCIA IRRECURRIBLE y FALLA: PRIMERO: Declarar HA LUGAR el recurso de casación interpuesto y formalizado por el abogado HUGO RENIERY BORJAS TORRES en su condición de representante procesal de SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contra la sentencia dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho. SEGUNDO: CASA la sentencia recurrida y declara SIN LUGAR la DEMANDA DE PAGO VIA PROCESO ORDINARIO, INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR PRIVACION DE DOMINIO, USO GOCE Y DISFRUTE DE UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD PRIVADA COMPRENDIDO EN LA SUBCUENCA DEL RIO GUACERIQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATIAS FRANCISCO MORAZAN DECLARADO COMO ZONA PROTEGIDA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD CAPITAL, promovida en fecha uno de marzo del año dos mil dieciséis, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado JOSUE FABRICIO CARBAJAL SANDOVAL, actuando como representante procesal de la señora MARIA LUISA BATAE ESCOBAR, también conocida como MARIA LUISA ABATE de RODRIGUEZ, contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA). TERCERO: Sin costas por no cumplirse el principio de vencimiento. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes por medio de sus representantes legalmente constituidos en el juicio, tras lo cual se ordena devolver las actuaciones a la correspondiente Corte de Apelaciones con la certificación del presente fallo, para que disponga el curso que debe seguir conforme a la ley. Magistrado Ponente Reynaldo Antonio Hernández. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós; Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 231=2018.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
22