Sentencia CC-224-19 — Registro 13145
Resumen
En primera instancia se estima la demanda de impugnación de acuerdo societario por ser nulo, desestimando la excepción de falta de derecho. Se declara la nulidad de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO RAFAEL MURILLO COTO. Esta Sala es del criterio que el recurrente ha infringido los requisitos establecidos para la interposición y formalización del escrito de casación ya que no ha sido capaz de exponer el motivo con la debida separación y claridad, en virtud de que por la causal elegida ha de entenderse que debe solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo, en ese orden de ideas es oportuno recordar que: A) El artículo 207 del Código Procesal Civil, es parte de los requisitos internos de la sentencia y aborda como debe ser la motivación fáctica de la misma y en cambio el artículo 200. 1 del mismo Código se refiere al contenido formal de ésta, de modo que tratándose de normas que regulan aspectos distintos, deben ser expuestas en motivos separados, lo cual no se cumple en el presente caso. B) El control de la motivación fáctica de la sentencia comprende varios supuestos: Uno de ellos es la existencia, que implica en principio revisar si existe o no la motivación, el segundo caso nos habla de la suficiencia lo que supone ya la existencia de la motivación fáctica pero lo que se revisa acá es si la motivación fáctica empleada es suficiente para arribar a determinada conclusión y finalmente la racionalidad y carácter lógico, en donde ha de examinarse el ejercicio intelectivo utilizado por el juzgador determinando si ha sido guiado por los postulados de la lógica; lo cual no permite entender cómo se produce la infracción denunciada, por lo tanto concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO RAFAEL MURILLO COTO. Al igual que el motivo anterior, esta sala considera que el recurrente ha inobservado los requisitos establecidos para la interposición y formalización del escrito de casación ya que no ha sido capaz de exponer el motivo con la debida separación y claridad, en virtud de que por la causal elegida ha de entenderse que debe solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo, en ese orden de ideas es oportuno recordar que: A) El artículo 207.2 del Código Procesal Civil es parte de los requisitos internos de la sentencia y aborda como debe ser la motivación fáctica de la sentencia y en cambio el artículo 200. 1 del mismo Código se refiere al contenido formal de la misma, de modo que tratándose de normas que regulan aspectos distintos de la sentencia, han debido ser expuestos en motivos separados. B) El control de la motivación fáctica de la sentencia comprende varios supuestos: Uno de ellos es la existencia, que implica en principio revisar si existe o no la motivación, el segundo caso nos habla de la suficiencia lo que supone ya la existencia de la motivación fáctica pero lo que se revisa acá es si la motivación fáctica empleada es suficiente para arribar a determinada conclusión y finalmente la racionalidad y carácter lógico, en donde ha de examinarse el ejercicio intelectivo utilizado por el juzgador determinando si ha sido guiado por los postulados de la lógica; lo cual no permite entender cómo se produce la infracción denunciada, por lo tanto concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2.a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL TERCER MOTIVO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO RAFAEL MURILLO COTO. Esta Sala de lo civil estima que el presente motivo argumentando la falta de aplicación del artículo 502 inciso 3 del Código Procesal Civil es inadmisible por las razones que pasamos a exponer: Es indispensable para efectos de su admisibilidad en casación, que tal infracción haya sido objeto de debate durante el recurso de apelación, y en el caso de marras al no haber sido alegada la infracción del artículo 502.3 del Código Procesal Civil en la segunda instancia, no podía el Tribunal de Apelaciones dar respuesta sobre ese particular, por lo tanto no es posible para el tribunal de casación entrar al examen de esa circunstancia, pues por disposición de ley, en este caso la notoria falta de relación de la norma de derecho citada como infringida con la cuestión debatida en la segunda instancia, constituye una causal de inadmisión a tenor el artículo 723.2 a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada CAOBA DE HONDURAS S.A. DE C.V., representada en juicio por el abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor MIGUEL FELIPE CANAHUATI YACAMAN, representado en juicio por el abogado EDWAR GUSTAVO MARTINEZ CRUZ. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE IMPUGNACION DE ACUERDO SOCIETARIO POR SER NULO”, promovida en fecha veinte de marzo del año dos mil catorce, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición de apoderada legal del señor MIGUEL FELIPE CANAHUATI YACAMAN, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, contra la sociedad mercantil CAOBA DE HONDURAS S.A. DE C.V., representada legalmente por el Presidente del Consejo de Administración, el señor OSCAR RENE CASTILLO TORRES, hondureño, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada en fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mismo que dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “RESUELVE: 1. Estimar la Demanda de impugnación de acuerdo societario por ser nulo, misma que fuera promovida por la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS en su condición de apoderad legal del señor MIGUEL FELIPE CANAHUATI YACAMAN, contra la sociedad mercantil denominada CAOBA DE HONDURAS, S.A. de C.V. 2. Desestimando la excepción de Falta de Derecho interpuesta por el abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada CAOBA DE HONDURAS, S.A. de C.V. 3. Se declara la nulidad de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil trece (2013) y del único acuerdo asambleario adoptado en la referida asamblea y del contenido en el acta número SETENTA Y NUEVE (79) celebrada en fecha la misma fecha veinte (20) de marzo del año dos mil trece (2013); 3.1. Se declara la nulidad del Instrumento Público número DOSCIENTOS VEINTITRÉS (223) autorizado en fecha cuatro (04) de abril del año dos mil trece (2013), por el notario JOSÉ RAMÓN VALLADARES, el cual contiene la protocolización del Acta número SETENTA Y NUEVE (79). 4. Ordénese la cancelación de la inscripción registral que obra bajo asiento número 4 de la matricula 78528, inscrita en fecha tres (03) de mayo del año dos mil trece (2013) en el Registro Mercantil de esta ciudad, para tal efecto, líbrese atento mandamiento al registro Mercantil de esta sección Registral, a fin de que se haga la anotación al margen de dicho asiento. 5. Se condena en Costas al demandado. NOTIFIQUESE”. SEGUNDO: El representante procesal de la sociedad mercantil CAOBA DE HONDURAS S.A. DE C.V., abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, presentó en fecha dieciocho de julio del año dos mil diecinueve, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal del señor MIGUEL FELIPE CANAHUATI YACAMAN, abogado EDWAR GUSTAVO MARTINEZ CRUZ, presentó en fecha veintidós de agosto del año dos mil diecinueve, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados EDWAR GUSTAVO MARTINEZ CRUZ y RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fecha trece de septiembre y siete de octubre del año dos mil diecinueve, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, tuvo por personado al abogado EDWAR GUSTAVO MARTINEZ CRUZ dentro del plazo concedido y de manera extemporánea al abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO. QUINTO: El abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la siguiente manera: “V) MOTIVOS DE CASACIÓN.- En esta impugnación el Código Procesal Civil también se identifica solo como CPC y se desarrollan primero los motivos por aplicación e interpretación de normas procesales; y, después, los relativos a la impugnación por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, o sea, por infracción de normas de carácter material; pero se mantiene una misma numeración correlativa para evitar confusiones. V.1.) INFRACCIÓN DE NORMAS REGULADORAS DE LA SENTENCIA. PRIMER MOTIVO: Infracción del Art. 207. MOTIVACIÓN. 1.2 en relación con el 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS.1. del Código Procesal Civil, que afecta la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; por ello, impugno la aplicación de las normas procesales reguladoras de la motivación de la sentencia. Precepto Autorizante. Art. 719 inciso C del Código Procesal Civil en relación al Artículo 720 inciso del Código Procesal Civil. La naturaleza de ésta infracción es la falta de lógica en la motivación de la sentencia impugnada, por el carácter contradictorio de la misma. Como punto de partida, debo retrotraer a la apelación de la sentencia de primera instancia. En ella, ésta parte demandada arguyó como agravio que la sentencia del juzgado valoró que un acto inscrito de fecha 27 de marzo del 2014 (fol 68-71), que dejó sin efecto el acuerdo societario impugnado en éste proceso, es a su vez inválido (Fund. De Derecho Primero de la sentencia de primera instancia, Fol. 570). Lo anterior causa agravio ya que el juez carece de competencia para determinar tal invalidez (nulidad), en vista que el acto que descalifica como inválido no ha sido objeto de impugnación en el presente juicio, más bien la impugnación se dirige contra un acuerdo societario del 20 de Marzo del 2013 (Fols-47-52). A pesar de ser ajeno a la acción de nulidad, la juez de primera instancia calificó la nulidad (invalidez) de tal acto de 17 de marzo del 2014, y por ende desconoció sus efectos. Tal conducta constituye una transgresión a los límites de su facultad judicial, constreñida a pronunciar sobre el objeto del proceso, en ésta caso un acción de impugnación de acuerdo societario, Art. 10 inciso 1 y 2 del Código Procesal Civil. Por tanto la juez de primera instancia carece de facultad para calificar de inválido y así desconocer el contenido de otros actos inscritos ajenos a los impugnados de nulidad, como en efecto hizo en su primer fundamento de derecho. Este vicio del juez de primera instancia causó a su vez la infracción procesal que comete la sentencia recurrida, es decir el juez de segunda instancia, vicio que es el objeto del presente motivo de casación. Ello ya que la Corte de Apelación de San Pedro Sula, ante el agravio que la juez ha calificado la nulidad de un acto ajeno al objeto de la pretensión de nulidad, reacciona con una FRANCA INCOHERENCIA, al dictaminar “se aprecia que en todo el cuerpo de la sentencia, la juez se refiere única y exclusivamente a la impugnación del acuerdo tomado en la asamblea antes referida” (Motivación fáctica y Jurídica, Numeral Tercero de la Sentencia Recurrida)Es decir, hace caso omiso del tramo citado de la sentencia de primera instancia, que pronuncia sobre la invalidez de un acto inscrito que es ajeno y distinto a las pretensión impugnatoria de la demanda. Y lo anterior se agrava al observar que consiste en una falla voluntaria, ya que el escrito de apelación interpuesto ante la Corte de Apelación hasta cita el folio en que se halla tal extracto de la sentencia de primera instancia donde valora y demerita como nulo un acto inscrito ajeno a la acción de nulidad del caso. De tal manera, la corte de apelación instrumentaliza ésta omisión voluntaria para sustentar su argumento para desestimar el agravio, ciegamente negar que la juez haya descalificado la validez de actos ajenos a la pretensión de nulidad. Lo anterior conlleva un vicio de lógica en la motivación, en específico la ley del tercero excluido, que en términos llanos requiere que las ideas que integran el silogismo de una resolución guarden coherencia entre sí. De tal manera, si algún concepto es de una manera (blanco), se infracciona la lógica si luego se valora que es de otra (amarillo). Y tal coherencia debe hilvanarse de manera armónica desde la premisa inicial de la motivación fáctica, el contenido de la prueba, y hasta su última conclusión. Aplicado tal rigor de la norma de la lógica en su acápite de la ley del tercero excluido, se observa de manera diáfana que la sentencia de primera instancia descalifica la validez (observar la nulidad) de un acto ajeno al objeto de la pretensión de nulidad, en su primer fundamento de derecho. Sin embargo, la sentencia impugnada ha cometido el pueril error de sencillamente NEGAR la existencia del contenido de este primer fundamento de derecho de la sentencia de primera instancia, donde califica de nulo un acto distinto al objeto de la acción. Y en tanto, cae en una incoherencia franca e insalvable, una contradicción, entre el contenido auténtico de la sentencia de primera instancia y lo que la corte de apelación aduce sobre el contenido de la sentencia de primera instancia. De tal manera, hay falsa e equivoca apreciación den la sentencia recurrida sobre el contenido de la sentencia de primera instancia, de tal manera que hay una evidente contradicción entre lo que dicta ésta y lo que la corte de apelación aduce que ésta dicta. Y ésta incoherencia y contradicción en la motivación que justifica el presente motivo de casación y la consecuente anulación de la sentencia. Aplicado las normas de la lógica a lo anterior, se debe observar que la motivación fáctica, el hilo conductor desde la prueba y hasta la conclusión no puede exhibir dos valoraciones distintas y excluyentes entre sí sobre la misma cosa. Este causaría infracción a la ley del tercero excluido como parámetro de la lógica. En tal sentido, al verificarse que la sentencia de primera instancia en efecto determina como nulo (invalido) un acto ajeno al objeto de la acción de nulidad, más la sentencia de nulidad niega que aquella haya ejercido tal valoración, constituye una incoherencia que viola la ley del tercero excluido. Ante ello, queda patentado la incoherencia que priva el carácter lógico de la motivación de la sentencia, y por tanto procede dictarse la nulidad de la misma y ordenar que se vuelva a dictar otra. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO SUFRIDO. El perjuicio sufrido constituye que mi representada tiene derecho a una decisión fundada en elementos de racionalidad y coherencia, no cualquier decisión azarosa. Es una garantía del debido proceso que las decisiones se fundan en la lógica humana, y no en la intuición o la impulsividad. Y tal derecho a una decisión motivada según lógica se viola en el presente caso, ya que la motivación fáctica entra en franca contradicción en cuestiones evidentes y fácilmente verificables, como ser e cuál es el contenido de la sentencia de primera instancia. Por tanto, mi representado ha sido privado a su derecho a una respuesta razonada según la lógica, y en cambio ha sufrido una decisión hueca y sin fundamento, que más bien decae en franca contradicción con los antecedentes importantes del proceso, como ser la sentencia de primera instancia. DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA. En virtud de que los errores antes denunciados fueron cometidos en la estructuración misma de la sentencia de segunda instancia, entonces la denuncia es en este acto procesal de parte en que se impugna vía casación. SE TRATÓ DE SUBSANAR. En cuanto al requisito de intento de subsanación, como la infracción se cometió en la misma estructuración de la sentencia, hasta ahora existe oportunidad de reclamar en tiempo y forma.V.2.) INFRACCIÓN DE NORMAS REGULADORAS DE LA SENTENCIA. SEGUNDO MOTIVO: Infracción del Art. 207. MOTIVACIÓN. 2 en relación con el 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. del Código Procesal Civil, que afecta la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; por ello, impugno la aplicación de las normas procesales reguladoras de la motivación de la sentencia. Precepto Autorizante. Art. 719 inciso C del Código Procesal Civil en relación al Artículo 720 inciso del Código Procesal Civil, en relación a falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Como punto de partida, aclaro que la demanda es exclusivamente la pretensión que se declare la nulidad de un acuerdo societario, y que se cancele su inscripción registral, de un acuerdo societario de 20 de Marzo del 2013 (detallado en los antecedentes). Ante ello, en la contestación se interpuso excepción material de falta de derecho, al señalar que el acuerdo impugnado había sido declarado sin efecto alguno y ordenado su cancelación registral, previo a interponerse la demanda. En tal sentido, el acuerdo societario objeto de impugnación había quedado sin efecto alguno, y entonces aplica el Art. 502 del Código Procesal Civil, que ordena la improcedencia de las acciones contra acuerdos ya dejados sin efecto. Seguido, la juez de primera instancia rechaza la excepción opuesta y acoge la pretensión de nulidad de acuerdo societario, bajo el argumento que el acto canceló el acuerdo impugnado, es a su vez nulo (cuestión que fue argumentado en el segundo motivo de casación). Por su parte, la Corte de Apelación añade otro argumento que es el objeto de ésta casación por falta de motivación “En cuanto al hecho que existe un acto cancelatorio de la asamblea impugnada, dicho extremo no forma parte de las pretensiones de éste proceso, por tanto resulta improcedente pronunciarse sobre la legitimidad de éste acto” (Numeral Cuarto de la Fundamentación Fáctica Jurídica de la sentencia impugnada). Lo anterior constituye una al deber de motivación, ya que la Corte de Apelación recurrida considera que su análisis únicamente debe contemplar los fundamentos de la demanda, más no puede los descargos opuestos en la contestación a la demandada. De estos últimos se inhibe siquiera de considerarlos. Vale aclarar, no es que en efecto ahonda en la valoración más rechaza su contenido, más bien se inhibe siquiera de valorar los fundamentos de la contestación de la demanda, que el acuerdo impugnado había sido dejado sin valor y efecto. Esta apreciación malsana de la recurrida va en franca violación por falta de aplicación del Artículo 207 inciso 2 del Código Procesal Civil, que la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito. Para determinar cuáles son los elementos del pleito que debe abarcar la motivación, es menester analizar el principio dispositivo que a su vez determina que el objeto del proceso es la pretensión de la parte, Y EL OBJETO DEL DEBATE lo determina la resistencia opuesta mediante la contestación de la demandada, Art. 10 inciso 1 del Código Procesal Civil. Por tanto, los “elementos del pleito” al cual refiere el Artículo 207 inciso 2 del CPC, que deben ser contemplados por la motivación, comprende analizar tanto los argumentos de la demanda como los de la contestación. En vista de ello, queda excluida la posibilidad que la motivación de una sentencia declare inhibirse de analizar lo argumentado en la demando o en la contestación, ya que ambos merecen análisis y conclusión. En vista de ello, La Corte de Apelación recurrida ha incurrido en violación al deber de motivación, ya que decretó que tanto ella como la Juez de Primera Instancia se hallaba inhibida para valorar el hecho que el acuerdo societario impugnado había sido dejado sin efecto, y su inscripción registral cancelado, el fundamento de la contestación de la demanda. Es decir, no la ha analizado y demeritado, sencillamente se ha inhibido de conocer de tal argumento. En tal sentido, a modo de malsana excusa, la corte de apelación recurrida plantea que carece procedencia referirse a “la legitimidad del acuerdo de cancelación mediante el cual se le dejó sin efecto el acuerdo societario impugnado”, porque éste no es parte de las pretensiones del proceso. Así la corte aludida exhibe su equivocación: Confunde el apreciar el hecho que el acuerdo impugnado fue dejado sin efecto vía un posterior acuerdo de cancelación, con la tarea de valorar la legitimidad de éste segundo acuerdo de cancelación. Son dos alegatos distintos que la recurrida ha confundido y manejado como si constituyeran uno sólo: Por una parte, la existencia del acuerdo de cancelación que dejó sin efecto el acuerdo impugnado FUE DEBIDAMENTE ARGUMENTADO EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, y por tanto forma parte del objeto del proceso, al amparo del Art. 429 inciso 1 del Código Procesal Civil, y además del Art. 10 inciso 1 del mismo. Por tanto, sobre su existencia y contenido, en lo pertinente que dejó sin efecto el acuerdo impugnado, es deber del juzgador analizar dentro de la motivación de la sentencia, sin poder inhibirse de abarcar tal extremo en la motivación. Por otra parte, se halla que la corte ha citado, el análisis de si éste acuerdo cancelatorio es a su vez nulo, en efecto es un argumento AJENO A LA DEMANDA, LA CONTESTACIÓN, NI TAMPOCO FUE ARGUMENTADO EN AMPLIACION DE DEMANDA, NI A TRAVÉS DE ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES EN AUDIENCIA PRELIMINAR. Por tanto, en efecto éste extremo sobre la supuesta nulidad del acuerdo de cancelación, es ajeno al proceso Y DEBE MARGINARSE DE LA MOTIVACIÓN de la sentencia de éste proceso. Sin embargo, el deber de inhibirse de conocer un argumento que no se alegó en el proceso, la supuesta invalidez del acuerdo cancelatorio, no faculta para marginar de la motivación otro alegato distinto, el cual sí fue debidamente planteado en la contestación de la demanda (y por tanto forma parte del objeto del proceso), la existencia de un acuerdo que ha cancelado el acuerdo societario objeto de la acción de nulidad. El yerro es que la Corte indebidamente confunde ambos alegatos y analiza como si fuesen uno sólo, y bajo tal premisa equivocada utiliza el motivo de inhibición que aplica en uno (la cuestión de la legitimidad- nulidad- del acuerdo de cancelación, por motivo que tal alegato no fue objeto del proceso) para también inhibirse de analizar el otro (la cuestión que el acuerdo impugnado fue dejado sin efecto, cuestión que fue debidamente alegado en contestación, por tanto no cabe el motivo de inhibitoria). De tal manera la corte recurrida infracciona el contenido de la sentencia, en tanto en su deber que la motivación incida en los fundamentos del pleito, comprendido tal como los alegatos y fundamentos de la demanda Y LA CONTESTACIÓN. Por tanto, hay causa para ANULAR LA SENTENCIA, y ordenar que la recurrida dicte otra en la cual motivo debida y de manera integral su sentencia recurrida, tomando en cuenta tanto la demanda como la contestación. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O GRAVAMEN El que la Corte de Apelación dicte de manera abierta, sin complejos, que se inhibe de analizar el contenido de la excepción material de la demandada, deja a ésta en indefensión. De tal manera, ésta parte queda indefensa, porque sus alegatos quedan marginados del análisis que ejerce el órgano jurisdiccional. Y como se demostró en el cuerpo de éste motivo, no es que la recurrida analizó el argumento más le restó mérito, más bien ella misma decreto que se inhibe de conocerlo. Por tanto, ésta demandada ha quedado sin justa y equitativa oportunidad de ser oído, ya que formalmente se le permitió evacuar alegatos, sin embargo esto carece de eficacia alguna si luego el órgano jurisdiccional declara que se inhibe de entrar en conocimiento de ellos. Por tanto, la indebida motivación ha causado un efectivo perjuicio y amerita la anulación de la sentencia. V.3.) MOTIVOS POR INFRACIÓN DE LEY MATERIAL TERCER MOTIVO: Se impugna la infracción, por falta de aplicación, de normas materiales por violación o falta de aplicación de los Arts. 502 inciso 3 del Código Procesal Civil, el cual en lo pertinente dice: “No procederá la impugnación de acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente”. PRECEPTO AUTORIZANTE, ARTICULO 719 INCISO 2 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL- Se podrá impugnar la interpretación y aplicación de las normas de derecho empleadas para solucionar el fondo del litigio. Aclaración- Previo a desarrollar el fondo de la temática, se aclara que el Art. 502.3 del Código Procesal Civil representa una auténtica norma material, más allá de su ubicación dentro de un código procesal. Ello ya que constituye una copia literal del Art. 115 inciso 3 de la ley de Sociedades Anónimas de España[1], la cual rectamente se halla ubicada en un código de normas materiales. Y su naturaleza material consiste en que extingue derechos y acciones (las normas materiales crean, alteran o extinguen derechos), ya que extingue el derecho del accionista a impugnar un acuerdo societario, cuando ésta ya se ha anulado y dejado sin efecto. Por tanto, su falta de aplicación conlleva una infracción de ley material y no defecto de forma. Zanjando lo anterior, paso entonces a desarrollar el motivo. Como se ha mencionado, la demanda es exclusivamente la pretensión que se declare la nulidad de un acuerdo societario, y que se cancele su inscripción registral. Ante ello, en la contestación se interpuso excepción material de falta de derecho, al señalar que el acuerdo impugnado había sido declarado sin efecto alguno y ordenado su cancelación registral, previo a interponerse la demanda. En tal sentido, el acuerdo impugnado ha quedado sin efecto alguno, y aplica el Art. 502 del Código Procesal Civil, que ordena la improcedencia de las acciones contra acuerdos ya dejados sin efecto. Ante tal contexto, la juez de primera instancia rechaza la excepción opuesto y acoge la pretensión de nulidad de acuerdo societario, bajo el argumento que el acto canceló el acuerdo impugnado, es a su vez nulo (cuestión que fue argumentando en el segundo motivo de casación). Por su parte, la Corte de Apelación añade otro argumento “Es preciso mencionar que más allá de la nulidad de asamblea, sus acuerdo e inscripción, se pide que se dilucide también el hecho que si las asambleas fueron convocadas y celebradas debidamente.” Este extracto de la motivación causa infracción de ley, al no aplicar el Art. 502 del Código Procesal Civil indebidamente. Ello ya que la norma infraccionada tiene una aplicación condicionada a la concurrencia de su supuesto de hecho, que el acuerdo impugnado haya sido dejado sin efecto. No hay otros elementos facticos, fuera de lo citados, que deben condicionan la aplicación de la norma. De tal manera, la corte recurrida está añadiendo, como si fuese legislador, elementos condicionantes para su aplicación, que son ajenos a la letra de la ley: Además de que el acuerdo societario haya quedado sin efectos jurídicos, que también esté esclarecido los vicios que causaron su cancelación. La anterior es una extralimitación a las normas de interpretación del derecho, que a su vez causó que una norma se suprimiera en un caso que correspondía su aplicación ya que se verifica el supuesto de hecho contemplado en la misma (infracción de ley por falta de aplicación). El Artículo 17 del Código Civil dicta la primera norma de interpretación, no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intensión del legislador. Asimismo, el postulado de la interpretación legal que no corresponde distinguir donde la ley no distingue (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). En tal sentido, lo que tanto la norma como el precepto doctrinario postula la veda que el juez tergiverse la norma escrita cuando ésta es clara, de tal manera que no cabe añadir ni restar condiciones para aplicar sus efectos jurídicos, más apegarse a los dictados en la norma. En tal sentido, cuando el Art. 502 inciso 3 condiciona la extinción del derecho de impugnación de acuerdo societario, únicamente exige que el acuerdo haya sido dejado sin efecto (o sustituido), sin añadir que además deben quedar expresados y determinados los motivos que causaron tal cancelación del acuerdo. Esto última exigencia es ajena a la letra de la ley, y por tanto no es una condición oponible para negar la aplicación de la norma del Art. 502 inciso 3 del Código Procesal Civil. En tanto, la recurrida ha causado infracción de ley, al dejar de aplicar el Art. 502 inciso 3 del Código Procesal Civil, sustentado en la no verificación de condiciones ajenas al supuesto de ésta ley, la determinación de los motivos de la cancelación del acuerdo. Por tanto, la recurrida ha suprimido la ley citada a un supuesto de hecho en que rectamente debía aplicarse, por las condiciones que la norma exige se verifican. RECTA APLICACIÓN DE LA LEY MATERIAL. En tal sentido, la recta interpretación de la norma constituye que debe aplicarse el Art. 502 inciso 3 del Código Procesal Civil, en razón que se ha probado en juicio que el acuerdo impugnado había sido dejado sin efecto. Y el efecto jurídico de tal norma, es decretar la improcedencia de la acción de impugnación del acuerdo societario que ha sido dejado sin efecto, y en tanto acoger la excepción material de falta de derecho que así argumentó, y rechazar la pretensión de la demanda de declarar la nulidad del acuerdo societario y la cancelación de su inscripción registral, hechos que ya habían sido consumados antes de la demanda. Por tanto, corresponde a vuestra máxima instancia jurisdiccional CASAR la sentencia recurrida, y dictar otra en recta aplicación del Art. 502 inciso 3 del Código Procesal Civil, que fue indebidamente suprimido. Por otra parte, la corte también amparo su decisión de abstenerse de aplicar el Artículo 502 inciso tercero del Código Procesal Civil, a causa que según cita “En cuanto al hecho que existe un acto cancelatorio de la asamblea impugnada, dicho extremo no forma parte de las pretensiones de éste proceso, por tanto resulta improcedente pronunciarse sobre la legitimidad de éste acto” (Numeral Cuarto de la Fundamentación Fáctica Jurídica de la sentencia impugnada)” Sin confundir la vía recursiva, ya que en el motivo Tercero ya se argumentó del defecto procesal por violación de las normas que regulan la sentencia, solo vale dejar patentado que la existencia de un acuerdo que dejó sin efecto el acuerdo societario impugnado SI FUE ALEGADO EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, y forma parte del objeto del proceso, Art. 429 inciso 1 del Código Procesal Civil. Por tanto, éste hecho como fundamento fáctico para verificar la aplicación del Artículo 502 inciso 3 del Código Procesal Civil, fue rectamente argumentado, y por tanto no hay inhibición que sirva como segunda excusa para suprimir la aplicación de tal norma. Por tanto, corresponde a vuestra máxima instancia jurisdiccional CASAR la sentencia recurrida, y dictar otra recta aplicación del Art. 502 inciso 3 del Código Procesal Civil, que fue indebidamente suprimido. PERJUICIO SUFRIDO. En vista de lo anterior, se dejó de aplicar el Art. 502 inciso 2 del Código Procesal Civil en un caso en que procedía su aplicación, en vista que el acuerdo societario impugnado por el demandante ya había quedado sin efecto previo al ejercicio de la demanda. Por tanto, el error al suprimir tal articulo cambió el sentido del fallo, ya que de haberlo aplicado entonces determinaba estimar la excepción de falta de derecho, y desestimar la acción de impugnación de acuerdo societario. VI) CELEBRACIÓN DE LA VISTA. El suscrito estima necesaria la celebración de la vista y oportunamente espera sea notificado por correo electrónico cuando sea señalada.” SEXTO: El abogado EDWAR GUSTAVO MARTINEZ CRUZ, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “CAUSALES INVOCADAS EN EL RECURSO DE CASACIÓN: Del contenido del Recurso de Casación que nos ocupa, se desprende que son tres las causales invocadas, a saber: En su PRIMER MOTIVO, invoca la infracción del artículo 207 del Código Procesal Civil en relación con el 200 del mismo Código, por la supuesta falta de lógica en la motivación de la sentencia impugnada, por el supuesto carácter contradictorio de la misma. Se funda el recurrente en el hecho de que el Juzgado de Primera instancia no tiene competencia para valorar la inscripción registral de un acuerdo mediante el cual se pretendió dejar sin valor el acuerdo social impugnado, y según dice la Juzgadora en primera instancia desconoció sus efectos, y que el Juez de segunda instancia causo a su vez la misma infracción. En el desarrollo de este motivo, la parte recurrente no lo expone en forma clara y precisa, ni justifica su incidencia en el sentido de la resolución impugnada, razón por la cual en su momento se debe inadmitir en puertas este recurso. En su SEGUNDO MOTIVO, invoca la infracción del artículo 207 del Código Procesal Civil en relación con el 200 del mismo Código, por la supuesta falta de motivación de la sentencia. En el desarrollo de este motivo, la parte recurrente no lo expone en forma clara y precisa, ni justifica su incidencia en el sentido de la resolución impugnada, razón por la cual en su momento se debe inadmitir en puertas este recurso. En su TERCER MOTIVO, erróneamente y sin fundamento alguno se invocan motivos por infracción de ley material, por la supuesta falta de aplicación de una norma de carácter adjetivo como es el artículo 502 inciso 3 del Código procesal Civil, motivo por el cual en su momento se debe inadmitir en puertas este recurso. Mediante el análisis de cada una de las causales de casación invocadas, desarrollados de manera confusa y contradictoria por el recurrente, se demostrará que las mismas, además de que carecen de fundamento, no reúnen los requisitos que para su interposición y formalización establece el Art. 721, Numeral 2 del Código Procesal Civil; VEAMOS: l.- EN CUANTO A LA PRIMERA CAUSAL DE CASACION RELATIVAA LA SUPUESTAINFRACCIÓN DE NORMAS REGULADORAS DE LA SENTENCIA. En el contenido de la primera causal de casación el recurrente expresa que el Juzgado de Primera instancia no tiene competencia para valorar la inscripción registral de un acuerdo mediante el cual se pretendió dejar sin valor el acuerdo social impugnado, y según dice la Juzgadora en primera instancia desconoció sus efectos, y que el Juez de segunda instancia causo a su vez la misma infracción, y que por dicha razón, invoca la supuesta falta de lógica en la motivación de la sentencia impugnada, por el supuesto carácter contradictorio de la misma. Tal Apreciación carece de fundamento, por las razones siguientes:
1.-Dicho motivo de casación carece de todo fundamento legal por cuanto, los vicioso defectos de una sentencia en cuanto al control de la motivación fáctica, solo pueden ser objeto del recurso de casación por la causal invocada, cuando la forma externa afecte la configuración fundamental de fa sentencia, pero en el presente caso, la parte recurrente omitió mencionar o justificar cual es la incidencia de esta supuesta infracción en el sentido de la resolución impugnada, es decir, omite expresar cual hubiese sido el sentido distinto de la sentencia si no se hubiese cometido la supuesta infracción.2.-El recurrente manifiesta que el Juzgado de Primera instancia no tiene competencia para valorar la inscripción registral de un acuerdo mediante el cual se pretendió dejar sin valor el acuerdo social impugnado, y según dice la Juzgadora en primera instancia desconoció sus efectos, y que el Juez de segunda instancia causo a su vez la misma infracción, y que por dicha razón, invoca la supuesta falta de lógica en la motivación de la sentencia impugnada, por el supuesto carácter contradictorio de la misma. Muy confusamente, con total falta de claridad, dice el recurrente, que al haberse realizado la inscripción de la asamblea, también nula por cierto, con la que se
pretendió dejar sin efecto aquella asamblea cuya nulidad se pide en este juicio, y no valorarse dicha inscripción registral en la sentencia, tanto el Juez de primera instancia como la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, incurrieron en el error de pronunciarse sobre lo que no es objeto del proceso.- Sin embargo, si fue objeto del debate el hecho en cuestión, porque la sociedad demandada opuso como excepción material la falta de derecho derivada de tal inscripción registral.3.- concretamente, la defensa de la parte demandada se funda, en el artículo 502.3 del Código Procesal Civil, y para ello invocó la inscripción en el Registro Mercantil de la supuesta asamblea celebrada en fecha Diecisiete (17) de Marzo del año dos mil catorce (2014) por los señores CLAUDINA NATALIA MANCIA DILLET, ANDREA NAOMI CASTILLO SANCHEZ y RODOLFO CERRATO MURILLO, de la que precisamente se declaro su nulidad en otro juicio paralelo al presente, porque estos no son accionistas de la sociedad mercantil denominada CAOBA DE HONDURAS S.A. DE C.V., por ende no es un acuerdo valido y el artículo 502.3 del Código Procesal Civil exige, para que no proceda la impugnación de un acuerdo social, que el acuerdo haya sido dejado sin efecto VALIDAMENTE por otro, no siendo este el caso, porque ningún acuerdo de una sociedad mercantil se puede adoptar válidamente por quienes no ostentan su calidad de accionistas de la sociedad en cuyo seno se adopta el acuerdo. 4.- Empero, conforme a la ley y la doctrina, constituyen acuerdos adoptados válidamente, tal como lo expresa el artículo 502.3 del Código Procesal Civil, solo las decisiones que estén tomadas en una asamblea convocada, constituida y celebrada con arreglo a las formalidades exigidas por la Ley y, en su caso, por los Estatutos, que solo los acuerdos así adoptados por los socios constituyen manifestaciones válidas de esa voluntad social, y que entre esas formalidades cobra especial relevancia la previa convocatoria y determinación de los asuntos que hayan de ser objeto de deliberación y acuerdo, es decir la asamblea debe estar también debidamente constituida y debidamente celebrada, y que sólo en estas condiciones se hallan los socios en situación de adoptar acuerdos legítimos o válidos. 5.- Al respecto, el jurista español Francisco de P. Blasco Gasco en su obra “Impugnación y Subsanación de acuerdos sociales por defectos de forma en la doctrina jurisprudencial, al abordar el tema de la “Adopción Legitima de Acuerdos Sociales: la junta debidamente convocada”, manifiesta: “No cabe duda de que la Junta General o el órgano social homologo es el órgano soberano de las sociedades. Es el órgano que gobierna la sociedad (o que puede hacerlo, pues a él se somete el órgano de administración) con base en los principios democrático y mayoritario…Efectivamente, la Junta General es el órgano social por antonomasia, en el que se forma la voluntad social por la fusión de la voluntades individuales de los socios. Pero solo las decisiones que estén tomadas en una asamblea convocada, constituida y celebrada con arreglo a las formalidades exigidas por la Ley y, en su caso, por los Estatutos son manifestaciones validas de esa voluntad social. Entre esas formalidades cobra especial relevancia la previa convocatoria y determinación de los asuntos que hayan de ser objeto de deliberación y acuerdo, como veremos posteriormente.” “por tanto, la exigencia del art. 93-1 LSA no es per se suficiente: no basta, para que el acuerdo que se adopte sea válido, con que la junta sea debidamente convocada. Además, debe estar también debidamente constituida y debidamente celebrada. Solo en estas condiciones se hallan los socios en situación de adoptar acuerdos legítimos o válidos, salvo defecto intrínseco.” “No cabe duda, pues, y no podía ser de otra manera, que la disciplina de la Impugnación de los acuerdos sociales descansa en el principio de mantenimiento del acuerdo, de la estabilidad del acuerdo y, por tanto, de la certeza de las relaciones jurídicas establecidas por la sociedad. Además de lo dicho, plazo de caducidad para la acción de nulidad y plazo brevísimo para la de anulabilidad o restricción de la legitimación para impugnar los acuerdos o el respeto a los derechos adquiridos por terceros de buena fe, el art. 115-3 LSA manifiesta el principio de estabilidad o permanencia del acuerdo adoptado al disponer que no procederá la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro. Y Añade: si fuere posible eliminar la causa de Impugnación, el Juez otorgara un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada. Se manifiesta entonces un claro equilibrio: el legislador exige la observancia de varios requisitos formales tendentes a la valida adopción del acuerdo, es decir, a procurar que la adopción y en la adopción del acuerdo no se conculquen los derechos de los socios y que éstos puedan emitir su voluntad libre y conscientemente. Pero una vez adoptado el acuerdo, se procura su estabilidad y mantenimiento.”4.- En el presente caso, todas las asambleas celebradas por los señores CLAUDINA NATALIA MANCIA DILLET, ANDREA NAOMI CASTILLO SANCHEZ y RODOLFO CERRATO MURILLO, NO SON VALIDAS, mucho menos los acuerdos en ellas adoptados, porque no constituyen la voluntad social de los accionistas debidamente convocados, reunidos e instalados de la sociedad CAOBA DE HONDURAS S.A., pues tales personas son solo ilegítimos usurpadores de la calidad de accionistas de dicha sociedad , y las supuestas asambleas que estos celebraron no fueron debidamente convocados ni ellas participaron los verdaderos accionistas de la mencionada sociedad mercantil. Por ende, el intento que han realizado, los señores CLAUDINA NATALIA MANCIA DILLET, ANDREA NAOMI CASTILLO SANCHEZ y RODOLFO CERRATO MURILLO, de simular la constitución de una asamblea para intentar dejar sin efecto otra celebrada de manera ilegal y temeraria, constituye un acto delictivo que va contra los principios de Legalidad, Seguridad y Certidumbre Jurídica, que no tienen tutela legal alguna, y constituyen un colosal abuso de derecho y un fraude de ley que no debe permitirse en los sucesivo, por el bien de la buena fe que deben revestir los actos de comercio. El artículo 126 del Código de Comercio es claro al establecer que “La acción es el título necesario para acreditar, ejercer y transmitir la calidad de socio…”, y en el presente caso los señores CL AUDINA NATALIA MANCIA DILLET, ANDREA NAOMI CASTILLO SANCHEZ y RODOLFO CERRATO MURILLO, no tienen dicha calidad, por ende no pueden celebrar asambleas de la sociedad CAOBA DE HONDURAS S.A. DE C.V., ni adoptar acuerdos de ninguna naturaleza. 6.- La parte recurrente invoca de manera confusa, sin claridad alguna en la redacción del presente recurso, supuestas infracciones del Juez de Primera instancia, que no pueden ser objeto del recurso de casación, al manifestar: “Lo anterior causa agravio ya que el Juez carece de competencia para determinar tal invalidez (nulidad), en vista que el acto que descalifica como inválido no ha sido objeto de impugnación en el presente juicio…” .- Si bien es cierto, no pueden ser objeto del presente recurso las cuestiones relativas a la revisión de las actuaciones realizadas en la primera instancia, también lo es que el presente recurso fundado en la invocación de tales supuestos resulta ser totalmente improcedente y adolece de carencia manifiesta de fundamento jurídico alguno, porque por disposición legal, la estimación de la demanda de impugnación de un acuerdo social, tiene como consecuencia, la cancelación de su inscripción y de los asientos posteriores en el Registro Mercantil, haya o no sido objeto del debate lo relativo a su inscripción registral, conforme lo dispone el artículo 510.3 del Código procesal Civil. 7.- Que por lo anterior, dicho motivo de casación carece de todo fundamento legal, por cuanto la sentencia recurrida se encuentra debidamente motivada, ex exhaustiva, decidió lógicamente todos los puntos objeto del debate, y además, en el desarrollo de éste motivo de casación, la parte recurrente no lo expone en forma clara y precisa, ni justifica su incidencia en el sentido de la resolución impugnada, razón por la cual en su momento se debe inadmitir en puertas este recurso. II.- EN CUANTO A LA SEGUNDA CAUSAL DE CASACION RELATIVA A LA SUPUESTA INFRACCION DE NORMAS REGULADORAS DE LA SENTENCIA. En el contenido de la segunda causal de casación el recurrente expresa que la sentencia carece de motivación, según dice, porque no considero los argumentos de la contestación de la demanda, que se inhibe de considerarlos. Tal apreciación carece de fundamento, por las razones siguientes: 1.- Esta causal de casación, es igualmente carente de fundamento legal alguno, por las mismas razones aducidas por esta representación, al estimar improcedente el primer motivo de casación, que son también aplicables al segundo motivo de casación.- Reitero, dicho motivo de casación carece de todo fundamento legal por cuanto, los vicios o defectos de una sentencia en cuanto al control de la motivación fáctica, solo pueden ser objeto del recurso de casación por la causal invocada, cuando la forma externa afecte la configuración fundamental de la sentencia, pero en el presente caso, la parte recurrente omitió mencionar o justificar cual es la incidencia de esta supuesta infracción en el sentido de la resolución impugnada, es decir, omite expresar cual hubiese sido el sentido distinto de la sentencia si no se hubiese cometido la supuesta infracción. 2.- Si se hace una revisión minuciosa de la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, podrá apreciarse que en ella se deciden todos y cada uno de los puntos que fueron objeto del debate en la apelación. Una sentencia no deja de estar debidamente motivada solo porque no se pronuncie favorablemente a una de las partes en el proceso, el debido proceso comprende el derecho a obtener una sentencia que se pronuncie sobre el fondo del asunto, justa y debidamente motivada, pero no comprende el derecho a obtener una sentencia favorable. El recurrente pretende, amparado en la supuesta falta de motivación de la sentencia, que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se adentre a conocer situaciones propias de la instancia que no pueden ser objeto del presente recurso, ya que pretende que se valore si un acuerdo societario fue dejado sin efecto vía un posterior acuerdo de cancelación, lo cual constituye además a todas luces una carencia manifiesta de fundamento del recurso, en los términos establecidos por el artículo 723 numeral 2 literal b) del Código Procesal Civil, por cuanto, como antes se dejó expuesto, por disposición legal, la estimación de la demanda de impugnación de un acuerdo social, tiene como consecuencia, la cancelación de su inscripción y de los asientos posteriores en el Registro Mercantil, haya o no sido objeto del debate lo relativo a su inscripción registral, conforme lo dispone el artículo 510.3 del Código procesal Civil. 3.- Que por lo anterior, igualmente dicho motivo de casación carece de todo fundamento legal, por cuanto la sentencia recurrida se encuentra debidamente motivada, ex exhaustiva, decidió lógicamente todos los puntos objeto del debate, y además, en el desarrollo de éste motivo de casación, la parte recurrente no lo expone en forma clara y precisa, ni justifica su incidencia en el sentido de la resolución impugnada, razón por la cual en su momento se debe inadmitir en puertas este recurso. III.- EN CUANTO A LA TERCERA CAUSAL DE CASACION RELATIVA A LA SUPUESTA INFRACCION DE LEY MATERIAL. En su TECER MOTIVO, erróneamente y sin fundamento alguno se invocan motivos por infracción de ley material, por la supuesta falta de aplicación de una norma de carácter adjetivo como es el artículo 502 inciso 3 del Código procesal civil, motivo por el cual en su momento se debe inadmitir en puertas este recurso. Juan Montero Aroca y José Flores Matías en su obra “El Recurso de casación Civil; sobre el concepto de infracción de ley material, expresan: “La infracción lo habrá de ser de una norma que sea aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso, pero esta expresión tan general ha ido siendo matizada por la jurisprudencia del tribunal Supremo, de modo que: 1°) La norma alegada ha de tener, desde luego, naturaleza sustantiva o material, de modo que no se pueden citar como infringidas normas procesales, como veremos después con más detalles.” El artículo 502.3 del Código Procesal Civil, no es una norma de carácter material, ni se enmarca dentro del supuesto establecido en el artículo 719.1 literal b) del Código procesal Civil, por cuanto no constituye ni forma parte del elenco de actos y garantías procesales cuya vulneración tengan como consecuencia inmediata su nulidad o tuviesen como consecuencia una situación de indefensión. El artículo 502.3 del Código Procesal Civil, es sin lugar a dudas, una norma de carácter procesal, por cuanto, determina el tratamiento procesal que debe darse a la demanda de impugnación de un acuerdo social, cuando este ha sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro, supuesto que por cierto no se da en el presente caso, según lo hemos dejado explicado antes en este escrito.- y la consecuencia de haberse promovido una demanda en tal supuesto, el tratamiento procesal o procedimental establecido según dicha norma legal adjetiva, no es otro que su improcedencia, su inadmisión. Es evidente entonces, que igualmente dicho motivo de casación constituye a todas luces una carencia manifiesta de fundamento del recurso, en los términos establecidos por el artículo 723 numeral 2 literal b) del Código Procesal Civil, por lo cual debe inadmitirse en su momento procesal este recurso de casación”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Conforme el artículo 718 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del recurso de casación. 2. Esta Sala de lo Civil viene reiterando la naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 exp. 236-2012; 18-03-2014 exp. 003-2013 y 06-05-2014 exp. 135-2013). 3. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 4. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 5. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO RAFAEL MURILLO COTO. Esta Sala es del criterio que el recurrente ha infringido los requisitos establecidos para la interposición y formalización del escrito de casación ya que no ha sido capaz de exponer el motivo con la debida separación y claridad, en virtud de que por la causal elegida ha de entenderse que debe solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo, en ese orden de ideas es oportuno recordar que: A) El artículo 207 del Código Procesal Civil, es parte de los requisitos internos de la sentencia y aborda como debe ser la motivación fáctica de la misma y en cambio el artículo 200. 1 del mismo Código se refiere al contenido formal de ésta, de modo que tratándose de normas que regulan aspectos distintos, deben ser expuestas en motivos separados, lo cual no se cumple en el presente caso. B) El control de la motivación fáctica de la sentencia comprende varios supuestos: Uno de ellos es la existencia, que implica en principio revisar si existe o no la motivación, el segundo caso nos habla de la suficiencia lo que supone ya la existencia de la motivación fáctica pero lo que se revisa acá es si la motivación fáctica empleada es suficiente para arribar a determinada conclusión y finalmente la racionalidad y carácter lógico, en donde ha de examinarse el ejercicio intelectivo utilizado por el juzgador determinando si ha sido guiado por los postulados de la lógica; lo cual no permite entender cómo se produce la infracción denunciada, por lo tanto concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil. 6. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO RAFAEL MURILLO COTO. Al igual que el motivo anterior, esta sala considera que el recurrente ha inobservado los requisitos establecidos para la interposición y formalización del escrito de casación ya que no ha sido capaz de exponer el motivo con la debida separación y claridad, en virtud de que por la causal elegida ha de entenderse que debe solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo, en ese orden de ideas es oportuno recordar que: A) El artículo 207.2 del Código Procesal Civil es parte de los requisitos internos de la sentencia y aborda como debe ser la motivación fáctica de la sentencia y en cambio el artículo 200. 1 del mismo Código se refiere al contenido formal de la misma, de modo que tratándose de normas que regulan aspectos distintos de la sentencia, han debido ser expuestos en motivos separados. B) El control de la motivación fáctica de la sentencia comprende varios supuestos: Uno de ellos es la existencia, que implica en principio revisar si existe o no la motivación, el segundo caso nos habla de la suficiencia lo que supone ya la existencia de la motivación fáctica pero lo que se revisa acá es si la motivación fáctica empleada es suficiente para arribar a determinada conclusión y finalmente la racionalidad y carácter lógico, en donde ha de examinarse el ejercicio intelectivo utilizado por el juzgador determinando si ha sido guiado por los postulados de la lógica; lo cual no permite entender cómo se produce la infracción denunciada, por lo tanto concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil. 7. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL TERCER MOTIVO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO RAFAEL MURILLO COTO. Esta Sala de lo civil estima que el presente motivo argumentando la falta de aplicación del artículo 502 inciso 3 del Código Procesal Civil es inadmisible por las razones que pasamos a exponer: Es indispensable para efectos de su admisibilidad en casación, que tal infracción haya sido objeto de debate durante el recurso de apelación, y en el caso de marras al no haber sido alegada la infracción del artículo 502.3 del Código Procesal Civil en la segunda instancia, no podía el Tribunal de Apelaciones dar respuesta sobre ese particular, por lo tanto no es posible para el tribunal de casación entrar al examen de esa circunstancia, pues por disposición de ley, en este caso la notoria falta de relación de la norma de derecho citada como infringida con la cuestión debatida en la segunda instancia, constituye una causal de inadmisión a tenor el artículo 723.2 a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2), literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2, 724, 725 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus tres motivos, interpuesto y formalizado por el abogado RAFAEL MURILLO COTO en la condición con que actúan. 2) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el expediente de apelación número 107-19 CV, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2014-01449-LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado Reynaldo Antonio Hernández. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha dos de junio del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 224=2019.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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