Sentencia CC-22-20 — Registro 14184
Resumen
En primera instancia se declara con lugar la demanda de reivindicación de dominio planteada. Confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “5. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL ASI COMO PRECEPTOS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL ABOGADO JUAN JOSE ALVARADO YANES. Esta Sala es de la opinión que el recurrente ha infringido los requisitos indispensables para la interposición y formulación del recurso extraordinario de casación por las razones siguientes: a) El artículo 721. 2 del Código Procesal Civil establece que: “en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundamentar con la suficiente separación y claridad precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada”. Al examinar el escrito de casación del impetrante, resulta que no ha hecho constar los motivos en que la casación se basa, en otras palabras no ha expresado en cuál de las causales previstas en el artículo 719 del Código Procesal Civil apoya su recurso; por otra parte se dio a la tarea de citar indiscriminadamente una serie de artículos del Código Procesal Civil, así como de la Constitución de la República, que regulan aspectos totalmente diferentes, que difieren en rango y protección recursiva y que no tienen ninguna relación y por ello debieron haberse abordado con la debida separación previo señalamiento de la causal que los ampara, para efectos de tener la claridad necesaria para entender el recurso. b) Otro error que observamos en el motivo, es que no se ha precisado ni justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. c) Ha presentado el escrito como si se tratase de otro recurso distinto al de casación. Por lo antes expuesto, concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora MARIA DEL CARMEN AGUILAR NOLASCO, representada en juicio por el abogado JUAN JOSE ALVARADO YANES, como recurrente; siendo recurrido el señor FELIX URBINA, representado en juicio por el abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA REIVINDICATORIA DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE POR VIA DEL PROCESO ORDINARIO...”, promovida en fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, por la abogada MARTHA MURILLO DE ZUNIGA, actuando en su condición de representante procesal del señor FELIX URBINA, contra la señora MARIA DEL CARMEN AGUILAR NOLASCO, mayor de edad, soltera por viudez, maestra de educación primaria, hondureña y con domicilio en la ciudad de Yoro, departamento de Yoro. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el A-quo en fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, el cual falló de la siguiente manera: “PRIMERO: Se declara CON LUGAR la demanda de Reivindicación de Dominio planteada por la abogada MARTHA MURILLO DE ZUNIGA, en su condición de apoderada legal del señor FELIX URBINA, contra la señora MARIA DEL CARMEN AGUILAR NOLASCO, todos de generales conocidas. Ya habiéndose acreditado por la parte demandante la propiedad del inmueble por la documentación presentada, así como también la posesión del mismo bien inmueble por parte de la demandada, con los medios probatorios aportados y la identidad de dicha propiedad es procedente declarar la reivindicación de dominio a favor del señor FELIX URBINA sobre la propiedad ubicada en el barrio el Centro de esta ciudad de Yoro, el cual se encuentra inscrito bajo el asiento número 81, del tomo 82 del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de esta sección judicial de Yoro. SEGUNDO: Se condena a la demandada MARIA DEL CARMEN AGUILAR NOLASCO como parte vencida en juicio que proceda de inmediato a restituirle un bien inmueble ubicado en el barrio el Centro de esta ciudad de Yoro, el cual consta de los siguientes límites y colindancias, AL NORTE: con calle de por medio y propiedad de Pedro Macedo mide 05.64 Mts, AL SUR: con propiedad de Virgilio Varela, mide 12.00 mts. AL ESTE: con propiedad de Maria de la Cruz Núñez, mide 36.84 mts, AL OESTE: con iglesia adventista y Amílcar Rodas, mide 37.20 mts, lo que totaliza un área de 303.53 mts2, el cual se encuentra inscrito bajo el asiento número 81, del tomo 82 del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de esta sección judicial de Yoro, al señor FELIX URBINA que es el reclamo hecho por el referido demandante, SEGUNDO: Para que surta efectos la presente sentencia se le haga la notificación correspondiente a la demandada que proceda a restituirle el predio antes descrito al señor FELIX URBINA que por ley le corresponden. CON COSTAS. Contra la presente sentencia cabe el recurso de Apelación. Hasta esta fecha se dicta la presente sentencia en virtud del exceso de trabajo que impera en este tribunal. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El abogado JUAN JOSE ALVARADO YANES, actuando en su condición de representante procesal de la señora MARIA DEL CARMEN AGUILAR NOLASCO, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, actuando en su condición de representante procesal del señor FELIX URBINA, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia dentro del plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los abogados JUAN JOSE ALVARADO YANES y JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fecha veinte de enero de dos mil veinte, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha veinte de febrero del dos mil veinte, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. CUARTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la manera siguiente: “… El AD-QUEM únicamente se limitó a convalidar los mismos vicios que originan la ausencia del debido proceso y derecho a la defensa del cual el Poder Judicial como impartidor de justicia debe ser garante de estos dos principios, sobre todo cuando vulneran a la persona humana que es el fin supremo de la sociedad y del Estado, son esas y otras argumentaciones infundadas las que a criterio de esta representación vulneran el derecho de acceso a la justicia de mí representado por las siguientes razones: 1. Vulnera los derechos constitucionales la resolución que hoy se cuestiona es decir de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil diecinueve (2019), en vista que el AD-QUEM, deja a un lado varios elementos relevantes que constan en el expediente y consiente los hechos viciados en un aparente debido proceso, engendrando de un error un supuesto derecho, por lo que al haber incongruencias con respecto a la ubicación del inmueble los Conocedores del proceso debieron haber agotado exhaustivamente la búsqueda de la verdad, para dictar un fallo justo en apego a pruebas valoradas con base a la sana critica, no a pruebas viciadas desde el momento de su proposición, es claro que este proceso judicial ha estado viciado desde el momento mismo de la celebración de la audiencia preliminar al no respetarse sus etapas del proceso, la forma en que se propone y evacua la prueba, vulnerando el principio Constitucional que TODOS LOS HOMBRES NACEN LIBRES E IGUALES EN DERECHOS Y QUE LA CONSTITUCION GARANTIZA A LOS HONDUREÑOS Y EXTRANGEROS LA IGUALDAD ANTE LA LEY. NORMAS ADJETIVAS Y SUSTANTIVAS QUE TANTO EL A-QUO Y EL AD-QUEM, NO TOMARON ENCUENTA. 1) El artículo 447 del Código Procesal Civil fue violentado pues NO SE RESPETÓ El CONTENIDO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, pues la misma tiene por objeto por este orden, para intentar la conciliación de las partes evitando la continuación innecesaria del proceso, para permitir el saneamiento de los defectos procesales denunciados en la contestación de la demanda o a la reconvención, para fijar con precisión la pretensión y la oposición, así como los términos de su debate; y para proponer y admitir la prueba de que intenten valerse las partes en la audiencia probatoria” 2) El artículo 239.6 del Código Procesal Civil, señala que cuando el Tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria.- Situación que aconteció en el caso de autos pues con la prueba viciada valorada se ha vulnerado también a mi representada el principio de igualdad, a la propiedad y debido proceso que garantiza nuestra Constitución de la República y que podemos verificar en los artículos 60, 106 y 90 de la misma Carta Magna. 3) Se ha violentado el artículo 424 literal h) del Código Procesal Civil, ya que se admitió la proposición de un medio de prueba denominado dictamen pericial (sin esclarecer si era público o privado) de manera extemporánea ya que el Código Procesal Civil Señala que la proposición de los medios de prueba debe efectuarse a la luz de la presentación de la demanda. 4) El Artículo 4 del Código Procesal Civil, pues no se respetó el principio de contradicción al entonces apoderado legal de mi mandante ya que no se le cedió la palabra para que se pronunciara respecto a la proposición y admisión del medio de prueba mal llamado peritaje violentándose también el artículo 82 de la Constitución de la República referente al derecho a la defensa. 5) El artículo 317.2 del Código Procesal Civil ha sido violentado con consonancia con el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, pues el AD QUEM permitió que el dictamen fuera propuesto de manera extemporánea, pues la normativa procesal ya señala en el artículo antes citado que el dictamen escrito deberá ser aportado necesariamente con la demanda, salvo que el demandante pueda justificar que fue imposible tenerlo a disposición al tiempo máximo de la presentación de la demanda, en cuyo caso, previa autorización del Juez y sin causar indefensión al demandado, se presentará antes de la audiencia preliminar del juicio ordinario o la audiencia del juicio abreviado, por lo que es preciso resaltar que el mismo Tribunal dejó en completa indefensión a mi representada al violentar el debido proceso y derecho a la defensa convalidando actuaciones erradas a pesar de ser garante de una sana impartición de la Justicia. 6) Que se ha violentado el artículo 479 del Código Procesal Civil al darle una valoración de peso a un dictamen pericial viciado desde su proposición y que no cumple el perito mal nombrado con las solemnidades estipuladas en los artículos (pues se desconoce si era peritaje oficial o privado) 315, 317, 321, 322, 328 (no posee el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen), 330, 331, 332 y 335, con lo antes expuesto puede verificarse que el AD-QUEM no preservó nunca el debido proceso y derecho a la defensa en relación con este medio de prueba vulnerando los derechos de mi representada que de conformidad al artículo 59 de la Constitución de la República es el fin supremo de la sociedad y del Estado y todos tienen la obligación de respetarla y protegerla, no aconteciendo así en el caso que nos ocupa pues con una sentencia superficial que no agotó la búsqueda de la verdad se le ha vulnerado su derecho a la propiedad. 7) Que se violenta nuevamente el artículo 90 de la Constitución de la República, referente al debido proceso pues en el fallo de primera instancia, mediante providencia de fecha 3 de abril de dos mil diecinueve se señaló audiencia de alegaciones finales, lo que no existe en el Código Procesal Civil, pues en apego al artículo 473 y 474 del mismo cuerpo legal, ya señala de que manera deben ser rendidos los alegatos finales y el momento procesal para hacerlo, ya que se efectúan una vez concluida la práctica de la prueba y antes de poner fin a la audiencia probatoria debe concedérsele el turno a las partes para efectuar sus alegatos finales. Por lo antes expuesto el Tribunal de Alzada jamás debió convalidar las violaciones al derecho a la defensa y debido proceso antes enunciadas, más bien debió corregirlas en aras de mostrarle al A- QUO que todo fallo debe ser justo y motivado en apego a la verdad, valorando cuidadosamente cada medio de prueba e interviniendo activamente si los derechos de una u otra parte son vulnerados en apego al artículo 60 de la Constitución de la República en el sentido que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, situación que nunca aconteció así por el A-QUO y el AD-QUEM. 8) Se ha violentado el principio de “Primero en tiempo, primero en derecho… AUTORIDAD CONTRA LA CUAL SE RECURRE. La autoridad contra la cual se interpone este RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL, ASI COMO DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, es contra la sentencia de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, al declarar sin lugar el recurso de apelación, promovido contra la sentencia de fecha 24 de junio de 2019, emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, al declarar sin lugar el recurso promovido contra dicha sentencia. ACTO CONTRA EL CUAL SE RECLAMA Y RECURSOS AGOTADOS PARA OBTENER SU SUBSANACIÓN. El acto contra el cual se reclama mediante RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL, ASI COMO DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, es la sentencia de fecha 21 de octubre de 2019, de la Corte Primera de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, contra el acto impugnado a través del Recurso de Casación Enunciado, a fin de poder recurrir al órgano de superior jerarquía. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VULNERADAS Las garantías-derechos constitucionales que en el presente caso se estiman violados son los siguientes: Artículo 59 de la Constitución de la República: “La persona Humana es el fin supremo de la sociedad y del estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla…” Artículo 60 de la Constitución de la República: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Art. 82 de la Constitución de la República: “El derecho a la defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes” Artículo 90 de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…” Artículo 106 de la Constitución de la República: “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley…” Cabe recordar que el Derecho general de Acción, o como es conocido por cierto sector de la doctrina, Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, como derecho fundamental consagrado en el Artículo 82 de nuestra Carta Magna, se encuentra integrado por una serie de exigencias constitucionales absolutamente necesarias para su efectiva realización. Siendo éstas: A) Derecho de libre acceso a los tribunales; B) Derecho a obtener una sentencia de fondo fundada en Derecho congruente; C) Derecho a la ejecución y efectividad de las resoluciones judiciales; y, D) Derecho a la justicia gratuita como garantía tendiente a hacer efectivo el derecho de acción (al respecto puede verse, entre muchos otros, PICO I JUNOY, en “Las Garantías Constitucionales del Proceso”, Págs. 40 y subsiguientes; GARCÍA MORILLO, LÓPEZ GUERRA, ESPIN, PEREZ TREMPS y SATRUSTEGUI, “Derecho Constitucional Volumen I”, Págs. 324 y subsiguientes. No cabe duda que el derecho fundamental de acceso a la justicia no es un derecho absoluto e incondicional, sino un derecho de configuración legal que se satisface no sólo cuando el Juez o Tribunal resuelve sobre las pretensiones de las partes, en el caso de mérito el recurso de apelación promovido, ante el órgano competente bajo argumentos claramente cuestionables, a pesar de concurrir los elementos objetivos y subjetivos del recurso impetrado en el caso de mérito, este fue declarado sin lugar bajo los parámetros que a criterio del A-Quo, como del Ad-Quem no existen los elementos para haber declarado con lugar dicha demanda de mérito. Tampoco cabe duda que el derecho al libre acceso a la justicia, garantizado por nuestra Constitución de la República, supone la realización efectiva del ejercicio de los derechos e intereses legítimos de todo ciudadano. Con lo cual, mi representada ve afectados sus intereses cuando el A-Quo, no hace una valoración de peso a medios de prueba viciados, de igual manera lo hace el Ad-Quem, ratificándose esa misma violación del debido proceso en ambos fallos que han sido objeto de recursos. Derecho al Debido Proceso (Art. 90 de la Constitución de la República). Evidenciada la vulneración del Derecho fundamental desarrollado en el numeral 1 del presente apartado, ello se traduce en una violación misma al Derecho a un debido proceso, dado que el primero forma parte de este derecho al debido proceso. REQUISITOS DE LA SENTENCIA. Artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, el código procesal establece los requisitos internos que conlleva con ello las sentencias como ser CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. desprendiéndose que el A-Quo, valoró un medio de prueba como ser el DICTAMEN PERICIAL sin hacer distinción si el mismo era oficial y privado, y sin poseer el perito el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este y sin sujetarse a las solemnidades respecto al dictamen oficial o privado que deben respetarse, señalando al A-Quo que con dicho medio de prueba se acreditó la ubicación y área del inmueble, sin embargo es de notarse que además de lo anterior el perito mal nombrado, desconoce que debe evitar favorecer a una u otra parte pues su obligación es decir la verdad sin embargo en dicho viciado medio de prueba hace abiertas recomendaciones a favor de la parte actora, y aun así se le ha dado un valor probatorio que incide en la sentencia a este medio de prueba, siendo incongruente en el caso que nos ocupa dicho fallo. Además de lo anterior es incongruente dicho fallo porque Tribunal de Primera instancia reconoce que existen incongruencias respecto a la ubicación del inmueble (apartado primero de la motivación fáctica y jurídica) y sabiendo esto aun así temerariamente se lanza a dictar una sentencia violatoria de garantías y derechos constitucionales, pudiendo en aplicación del artículo 239.6 del Código Procesal Civil, indicar a las partes que con las pruebas propuestas hubiesen resultado insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, señalando también el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria, lo que no aconteció en el caso que nos ocupa pues lo que se ha observado es la evidente pasividad el Juzgador al no ser garante de una impartición de justicia en abierta igualdad, respetando el derecho a la defensa y debido proceso que debe primar en todo proceso judicial, más bien el AD-QUEM convalida las mismas violaciones al ratificar un fallo incongruente.” QUINTO: El abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “I. A LOS MOTIVOS DE CASACION Con la finalidad de evitar una innecesaria paridad argumentativa, esta representación estima conveniente abordar el contenido de los "motivos" planteados de manera conjunta, ello, habida cuenta de que todos adolecen de las mismas deficiencias técnicas y gravitan en tomo a un mismo argumento. Como cuestión previa, consideramos adecuado sintetizar los argumentos planteados por el recurrente de forma general ya que nunca planteo o desarrollo los motivos de su Recurso de Casación. En su Recurso de Casación, el impetrante determina como disposiciones QUE NO FUERON TOMADAS EN CUENTA, los artículos 447 del Código Procesal Civil, Articulo 239.6 del Código Procesal Civil en relación con los artículos 60, 106 y 90 de la Constitución de la República. EI recurrente plantea o mejor dicho describe que tales artículos relacionados al proceso no fueron tomados en cuenta, nunca desarrolla el concepto de la infracción sosteniendo que tanto el iudex a quo como el iudex ad quem, debieron tomar en cuenta tales argumentos. En su ensalada de peticiones el recurrente, aduce que tanto el A-Quo y el Ad-Quem violentaron el articulo 424 literal h del Código Procesal Civil, mismo que versa sobre el ámbito del proceso ordinario. Arguye el impetrante que se admitió la proposición de un medio de prueba denominado dictamen pericial de manera extemporánea, es de hacer notar que tal medio de prueba fue convalidado por la parte recurrente pues nunca se formula alguna disconformidad con el mismo. Sigue el impetrante, designando Artículos como no tomados en cuenta infringidos los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, alegando una violación al debido proceso, en razón de que se debió inadmitir medio de prueba, y por tanto, se pretende la nulidad de lo actuado. Por otra parte nunca desarrolla la supuesta norma infringida, el recurrente esgrime que se dejó en total indefensión a su representado, cuando en realidad convalido procesalmente todo lo actuado en tal proceso. Finalmente, en su relato de normas adjetivas y sustantivas no tomadas en cuenta, el impetrante señala que no se tomaron en cuenta los artículos 73 y 474 del Código Procesal Civil, de nuevo, estableciendo que no existe audiencia de alegaciones finales, cuando en realidad asisti6 a los alegatos finales y expuso lo que en derecho creyó era lo concerniente a su representado. Expresa además que lo anterior se realizó inobservando las reglas del debido proceso, y que se está privando del uso y goce de la propiedad privada de su representado. Nunca probo ni de lejos que la propiedad reivindicada es la misma que argumenta su representado, pues quedo demostrado y probado que el inmueble de su representado está ubicado en otro sitio o lugar distinto a la propiedad reivindicada. Por otro lado, careciendo notablemente de la debida técnica casacional, en el apartado “FUNDAMENTOS DE DERECHO", continua -apoyado de una redacción confusa- reiterando que el tribunal de primera instancia arbitrariamente dio trámite y dejo avanzar un procedimiento innecesario en relación a los medios de prueba propuestos y evacuados por la parte actora, derecho que el propio recurrente fue reconocido mediante sus actuaciones procesales. Planteado de forma genérica el ámbito del recurso, se exponen a continuación las razones que conducen, prima facie, a la inadmisibilidad de todos los motivos por decirlo así, para luego referirnos a la improcedencia de los mismos en el fondo: 1. CAUSAS DE INADMISIBILIDAD DE LOS MOTIVOS EI Código Procesal Civil en su artículo 721 numeral 2 desarrolla las exigencias y requisitos del recurso de casación de la siguiente manera: "En este escrito se harem constar las motivos en que la casación se base. con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se debe fundamentar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada” En ese mismo sentido, el articulo 723 numeral 2 literal a) del mismo cuerpo legal, establece que se podrá inadmitir el motivo en caso de concurrir "incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derechos citados como infringidos con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas”. De lo anterior podemos colegir que la norma citada establece que al incumplirse las exigencias y requisitos del escrito de interposición y formalizaci6n del recurso de casación, se constituye una causal de inadmisibilidad. Conforme a lo anterior, siguiendo la jurisprudencia de la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere'. Contrastado lo anterior con desarrollo del recurso, el mismo deviene inadmisible por adolecer de la debida técnica recursiva, comprometiendo el éxito del mismo. Del estudio del recurso de casación se aprecia que las inobservancias de las reglas jurisprudenciales en su estructuración son diversas, de este modo, a continuación se exponen las mismas, indicando la jurisprudencia del alto tribunal que deviene aplicable, conduciendo inexorablemente a la inadmisión de todos los motivos de casación. Sin mas preámbulo, pasamos a expresar los defectos formales de los que adolecen los supuestos motivos, haciendo la aclaración que la palabra motivo es usada de parte nuestra pues o el impetrante jamás señalo motivos de Casación, simplemente se refirió como NORMAS NO TOMADAS EN CUENTA: El impetrante comparece sin detallar cual es la infracción precisa de las normas que cita; omitiendo si existe error de aplicación o de interpretación, debiendo haber sido claro y preciso en la relación entre la causal y el motivo casacional, situación que no se cumple en ninguno de los supuestos motivos, mismos que carecen de toda relación entre el motivo casacional y el precepto recurrente El recurrente, ya sea al designar la disposición infringida o en el desarrollo de los motivos, alega la infracción de ley sustantiva de orden constitucional, por lo cual resulta imposible determinar la pretensión del casacionista por la disparidad en el rango normativo, así también por impugnar principios generales propios de un Estado de Derecho sin determinar una infracción especifica que conlleve a comprobar la existencia de un motivo de nulidad o indefensión procesal. La claridad permanece inevitable en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, con el fin de plantear a la Honorable Sala de lo Civil las cuestiones jurídicas de un modo preciso y razonado, atinentes a infracciones legales de las normas procesales previamente anunciadas en el escrito de interposici6n; y de ello se sigue la necesaria consecuencia de que cada una de ellas ha de ser objeto de alegación independiente y ordenada, explicando con precisión en qué sentido se ha producido la vulneración de la norma, constituyendo la suma de todo ello un único recurso, En el presente caso, el recurrente falta a la claridad, ya que no expone los argumentos de forma ordenada, sino más bien, parece un conjunto de ideas que tienen como resultado un texto casi ininteligible, sin determinar en que consiste en el agravio de las normas citadas como infringidas (aplicaci6n o interpretación). El impetrante tampoco ha sido exhaustivo respecto de todas las normas que cita como infringidas, faltando a la obligación de referirse sobre cada una de ellas, explicando porque una a una las considera infringidas. Al solicitar o señalar medianamente la nulidad desde el auto de admisión de la prueba, el censor incumple lo señalado en el artículo 700 del Código Procesal Civil que manda que cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de las normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, cuestión absolutamente omitido por el censor. En ningún momento expuso cuales son los preceptos que regulan los actos o garantías procesales infringidos que acarrean nulidad o producen indefensión y no justifico la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada'. En las normas adjetivas y sustantivas NO TOMADAS EN CUENTA, se aprecia que los preceptos citados como infringidos son los artículos 239.6, 315, 317, 322, 335, 399, 424, literal h, 426, 447, 473, 474, 479 del Código Procesal Civil; 59, 60, 82, 90 y 106 de la Constitución de la República; Es decir, normas de carácter general. En este sentido, es de mérito recordar que las normas generales son inviolables en el recurso de casación", por lo que no resulta viable proceder al examen de las infracciones alegadas. Finalmente, el impugnante además no hace constar si estima o no necesaria la celebración de la audiencia, requisito exigido por el articulo 721 numeral 3 del Código Procesal Civil". Todo lo anterior, conduce indefectiblemente a la inadmisión de las normas adjetivas y sustantivas NO TOMADAS EN CUENTA y en consecuencia, del recurso de casación interpuesto. 2. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DE LOS MOTIVOS EN EL FONDO Como hemos ya señalado, el contenido de las NORMAS ADJETIVAS Y SUSTANTIVAS NO TOMADAS EN CUENTA planteados gira en relación a un mismo argumento, este se contrae a que no se debió admitir la prueba, sino que se debió adecuar el procedimiento, tampoco dice como debió ser tal acción de conformidad con el proceso ordinario. Al margen de los hechos anteriores, desbordando el ámbito del recurso de casación, cabe recordar anotar algunas razones por las que la petición resulta improcedente. En primer lugar, es preciso recordar que conforme a los principios dispositivo y de aportación de parte (artículos 10 y 11 del Código Procesal Civil), la parte que ejerce su derecho de acción determina con su pretensión el objeto del proceso, debiendo la resolución que recaiga ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas, fundándose la decisión, en los hechos y rendidos de prueba aportados por las partes. En tal sentido, de la suma, hechos, fundamentos de derecho y petitum de la demanda, se infiere paladinamente que fue promovida una DEMANDA ORDINARIA, cuya pretensión se contrajo a la Reivindicación de Dominio de un Bien Inmueble, enmarcándose como una pretensión de condena a determinada prestación, atendiendo a lo establecido en el artículo 2 del Código Procesal Civil, esto fue ratificado por la demandante en la audiencia preliminar, al fijar dicha pretensión como el objeto del proceso. De este modo, de forma congruente con la pretensión de la parte actora y la oposición planteada por la defensa, el tribunal de primera instancia resolvió estimar la demanda, lo que fue confirmado en grado de apelación por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Dicho de otro modo, el órgano jurisdiccional fallo en relación a la pretensión determinada en la demanda y a la oposición planteada por la contraparte. La falta de los presupuestos para el éxito de la acción no puede ser revisado ex ante por los tribunales, pues ello conlleva una sensible desproporción entre las partes considerando la dualidad de posiciones, vulnerando el derecho de igualdad de las partes en el proceso, quienes tienen los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupan, quedando el órgano jurisdiccional obligado a preservar la igualdad de las partes en el proceso, de conformidad con los artículos 61 de la Constitución de la República y 5 del C6digo Procesal Civil. No es tarea del órgano jurisdiccional suplir el deficiente planteamiento de la contestación de la demanda, y mucho menos integrar la pretensiones de las partes, como pretende el recurrente. En segundo lugar, el alegato se ve impedido por la doctrina de los actos propios, conocida bajo la fórmula venire contra factum proprium non valet, que proclama el principio general de derecho que norma la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos realizados con anterioridad, para limitar los derechos de otras personas, constituyendo un límite del ejercicio de un derecho subjetivo como consecuencia del principio de buena fe Y de la exigencia de observar un comportamiento consecuente en del trafico jurídico. Debe expresarse que el principio o doctrina de los actos propios no deriva de meras apreciaciones doctrinales, ya que, en el ámbito procesal, emana del principio de buena fe procesal ex artículo 6 del Código Procesal Civil, habiendo sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (principio estoppel)", cuya jurisprudencia deviene directamente vinculante, tal como informa expresamente la jurisprudencia constitucional en el orden nacional'. Basado en lo anterior, no es de recibo promover o pretender la INADMISIBILIDAD DE UNA PRUEBA, para luego, convenientemente, alegar la inadecuaci6n del procedimiento, pretendiendo que se declare la nulidad de actuaciones, cuando fue la propia demandada que fijo su pretensión aceptando la misma. Por todo lo anterior, los 4 motivos de nulidad devienen evidentemente improcedentes, debiéndose desestimar el recurso de casación, condenando en costas a la parte recurrente conforme al principio de vencimiento.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Conforme el artículo 718 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del recurso de casación. 2. Esta Sala de lo Civil viene reiterando la naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 exp. S.C. 236-2012; 18-03-2014 exp. S.C. 003-2013; y, 06-05-2014 exp. S.C. 135-2013). 3. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 4. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil, queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. Como consecuencia de esta exigencia legal, tenemos que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. 5. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL ASI COMO PRECEPTOS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL ABOGADO JUAN JOSE ALVARADO YANES. Esta Sala es de la opinión que el recurrente ha infringido los requisitos indispensables para la interposición y formulación del recurso extraordinario de casación por las razones siguientes: a) El artìculo 721. 2 del Còdigo Procesal Civil establece que: “en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundamentar con la suficiente separación y claridad precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada”. Al examinar el escrito de casación del impetrante, resulta que no ha hecho constar los motivos en que la casación se basa, en otras palabras no ha expresado en cuál de las causales previstas en el artículo 719 del Código Procesal Civil apoya su recurso; por otra parte se dio a la tarea de citar indiscriminadamente una serie de artículos del Código Procesal Civil, así como de la Constitución de la República, que regulan aspectos totalmente diferentes, que difieren en rango y protección recursiva y que no tienen ninguna relación y por ello debieron haberse abordado con la debida separación previo señalamiento de la causal que los ampara, para efectos de tener la claridad necesaria para entender el recurso. b) Otro error que observamos en el motivo, es que no se ha precisado ni justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. c) Ha presentado el escrito como si se tratase de otro recurso distinto al de casación. Por lo antes expuesto, concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2, 724, 725 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación, interpuesto y formalizado por el abogado JUAN JOSE ALVARADO YANES en la condición con que actúa. 2) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el expediente de apelación número 200-19-CV, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 1801-2017-00127 del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Yoro, departamento de Yoro. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el magistrado Reynaldo Antonio Hernández. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un día del mes de diciembre del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 22=2020.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA.”
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