Sentencia CC-210-18 — Registro 13136
Resumen
En segunda instancia se confirmó la sentencia y se declaró con lugar, la demanda ordinaria de reivindicación de dominio en consecuencia se reivindica el derecho que tiene la demandante sobre la parte del inmueble objeto del debate en este juicio y que comprende la pared derribada para construir otro muro. condenar a la demandada a que restituya a la demandante la cosa reclamada que consiste en la pared derribada y descrita en el informe del perito nombrado al efecto. declarar con lugar, la petición del pago de daños y perjuicios, al haberse probado los mismos con el peritaje practicado y las declaraciones testificales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“.- El artículo 211 del Código Procesal Civil manda que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales da lugar a la nulidad o anulabilidad de acuerdo con lo establecido en el citado Código. 7.- El Código Procesal Civil ha previsto los canales para que la nulidad tenga cabida, así ha dispuesto que la nulidad y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate o mediante el procedimiento para incidentes según el caso (214.1, 215.1.2.3 CPC), pero tratándose de un recurso de casación, este tiene su propia vía de examen de conformidad con lo previsto en el artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil, cuando se trate de normas procesales que regulen los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Sin entrar al examen de admisibilidad, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el Tribunal decretar nulidad de los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, (artículo 212.4 del Código Procesal Civil). 8.- El artículo 215 del Código Procesal Civil, instituye los supuestos de la nulidad de actuaciones, estableciendo en el numeral cinco que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido…”. 9.- Del examen de las actuaciones, se aprecia que la Corte de Apelaciones en el fallo impugnado en esta vía casacional, en los Fundamentos de Derecho numeral Tercero deja expuesto lo siguiente: (Sic) “El fundamento del articulo 873 le concede a la demandante ANA LIDIA AVILA SUAZO, el derecho de instaurar la acción reivindicatoria de dominio a merced que está debidamente probado que sus antecesores poseían el bien inmueble de naturaleza ejidal desde el nueve de noviembre de mil novecientos cincuenta, concediéndoles el título de dominio de Dominio Útil la municipalidad de la Paz el veinticinco de marzo del año mil novecientos setenta y dos, tiempo que está más allá de la prescripción adquisitiva por ello está regulado en el fundamento antes dicho; según su texto “Se concede la misma acción aunque no pruebe el dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción”; es con ello que el fundamento del artículo 875 establece el mero tenedor de la cosa que se reivindica es obligada a declarar el nombre y residencia a cuyo nombre la tiene: un hecho notorio que no es necesario probar es que la alcaldía municipal de La Paz, departamento de La Paz, tiene en reserva el Dominio Pleno del suelo de la propiedad donde se encuentran las mejoras que constituyen el Dominio Útil de la demandante, con ello queda claro que tiene causa de reivindicación; todo que si bien es cierto es poseedora del derecho de Dominio Pleno en reserva de la Corporación municipal de la Paz; también es cierto que mediante la prueba valorada por la juez a-quo es la muestra que su derecho de Dominio Útil legalizado ha sido violentado.” De lo anteriormente expuesto se colige que, en el caso de autos, el conflicto inter partes versa sobre terrenos que la demandante posee en Dominio Útil, no en Dominio Pleno. En ese sentido la Sala de lo Civil, no comparte los argumentos jurídicos que en los Fundamentos de Derecho hace el Tribunal de Apelaciones, puesto que los mismos no corresponden con una correcta valoración de la prueba, al dar por acreditados derechos posesorios a favor de la demandante, de tal manera que los razonamientos fácticos y jurídicos esgrimidos no permiten concluir que la demandante tenga derecho a la acción de reivindicación de dominio pretendida. Por lo tanto, resulta notorio que de la valoración de la prueba no se deduce de manera clara y terminante los fundamentos fácticos y jurídicos utilizados en la sentencia, lo que se sanciona con nulidad conforme lo dispone el artículo 245.2 del Código Procesal Civil. La inadecuada motivación de la sentencia, causa indefensión en tanto que la falta de claridad y determinación en la valoración probatoria dificulta entender el razonamiento empleado a efecto de facilitar la impugnación por el cauce procesal previsto para el recurso extraordinario de casación. 10.- Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establece el artículo 215.3 del Código Procesal Civil; y siendo que el procedimiento normado para las nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del recurso extraordinario de casación.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 214 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 215 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 218 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MENDEZ ROMERO, designado ponente el tercero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora María de los Ángeles Bonilla, representada en juicio por la abogada Nibia Roxana Méndez Pacheco, en su condición de recurrente; siendo recurrida la señora Ana Lidia Ávila Suazo representada en juicio por la abogada Lorna Violeta Méndez Manueles. OBJETO DEL PROCESO: “SE PROMUEVE DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION DE DOMINIO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA CANTIDAD DE CIENTO OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS, POSESION REGULAR DEL INMUEBLE ADQUIRIBLE POR PRESCRIPCION”, promovida en fecha veintinueve de octubre del año dos mil nueve, ante el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz, por la señora Ana Lidia Ávila Suazo, mayor de edad, soltera, maestra de educación primaria, hondureña, y con domicilio en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz; contra la señora María de los Ángeles Castillo Bonilla, mayor de edad, casada, oficinista, hondureña y con domicilio en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha veinticuatro de julio del año dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada en fecha trece de octubre del año dos mil catorce, por Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento La Paz, misma que falló de la siguiente manera: “1) FALLA: DECLARANDO CON LUGAR, La demanda ordinaria de Reivindicación de dominio promovida por la señora ANA LIDIA AVILA SUAZO, contra la señora MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO BONILLA, ambas de generales expresadas en el preámbulo de este fallo; en consecuencia SE REIVINDICA el derecho que tiene la demandante sobre la parte del inmueble objeto del debate en este juicio y que comprende la pared derribada para construir otro muro. 2) CONDENAR a la demandada MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO BONILLA a que RESTITUYA a la demandante ANA LIDIA SUAZO la cosa reclamada que consiste en la pared derribada y descrita en el informe del perito nombrado al efecto.- 3) Declarar CON LUGAR, la petición del pago de DAÑOS Y PERJUICIOS, al haberse probado los mismos con el peritaje practicado y las declaraciones testificales 4) Y Manda: que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno contra el presente fallo quede firme el mismo.- Se resuelve hasta esta fecha por el exceso de trabajo en este tribunal.- CON COSTAS. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: La representante procesal de la señora María De Los Ángeles Bonilla, abogada Nibia Roxana Méndez Pacheco, presentó en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciocho, escrito de interposición y formalización del recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de julio del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua, resolviendo el ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo.TERCERO: La representante procesal de la señora Ana Lidia Ávila Suazo, abogada Lorna Violeta Méndez Manueles, presentó en fecha treinta de agosto del año dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, la abogada Lorna Violeta Méndez Manueles, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha cinco de septiembre del año dos mil dieciocho, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho, tenerla por personada como recurrida dentro del plazo concedido y por precluido el plazo dejado de utilizar por parte de la abogada Nibia Roxana Méndez Pacheco como recurrente. QUINTO: La abogada Nibia Roxana Méndez Pacheco, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de la siguiente manera: (Sic) “PRIMER MOTIVO “Infracción por aplicación e interpretación errónea del artículo 873 del Código Civil de Honduras, en lo que establece que: “Pero no valdrá esta acción ni contra el verdadero dueño ni contra el que posea con igual o mejor derecho”, Ya que el tribunal Ad-Quem en el fundamento TERCERO de su fallo, aduce que “el fundamento del articulo 873 concede a la demandante ANA LIDIA AVILA SUAZO el derecho de instaurar la acción reivindicatoria de dominio a merced que está debidamente probado que sus antecesores poseían el bien inmueble de naturaleza ejidal desde el nueve de noviembre de mil novecientos cincuenta, concediéndole el título de dominio útil la municipalidad de La Paz, el veinticinco de marzo de mil novecientos setenta y dos tiempo que está más allá de la prescripción adquisitiva por ella está regulada en el fundamento antes dicho según su texto se concede la misma acción aunque no pruebe domino, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción”… Sin considerar en ningún momento lo establecido por el mismo artículo en el sentido de que no valdrá esta acción ni contra el verdadero dueño ni contra el que posea con igual o mejor derecho. Fundamento de derecho este, que la Corte de Apelaciones de Comayagua también estaba obligado a considerar, habida cuente que la misma parte demandante con su medio de prueba DOCUMENTAL NUMERO CINCO, evacuada durante el proceso, dejó debidamente probado que la señora MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO BONILLA también tiene dominio útil sobre el suelo de la propiedad donde se encuentran construidas las mejoras de su propiedad, ostentando de igual o mejor derecho que la demandante.-PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2)del Código Procesal Civil, NORMA INFRINGIDA: Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 873 del Código Civil de Honduras, en lo que establece que “Pero no valdrá esta acción ni contra el verdadero dueño ni contra el que posea con igual o mejor derecho “EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Según el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, el tribunal A-Quo ha dictado sentencia procedente a derecho, en consecuencia declara SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA ABOGADA NIBIA ROXANA MENDEZ. Apoderada legal de la demandada MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO BONILLA en LA DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICACION DE DOMINIO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por la señora ANA LIDIA AVILA SUAZO, ambas de generales conocidas en la instrucción, contra la sentencia de fecha trece de octubre del año dos mil catorce dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz Departamento de La Paz. No obstante que junto con el medio de prueba documental número cinco antes referido también se presentó como prueba PERITAJE realizado por el Ingeniero RICARDO ZELAYA y acogido en la sentencia recurrida en apelación en el considerando que por sus orden indica como SEPTIMO, que concluye que “no se puede determinar por medio de dimensionamiento a cuál de estos pertenece la pared central que divide ambos inmuebles, esto porque al medirse la pared de en frente de la casa de la demandante junto con la pared central que divide los dos inmuebles resultaron más de siete varas y medias de ancho. Asimismo resultó que la pared fue construida “en la travesía” que según escrituras anteriores existía entre amabas propiedades es decir fuera del área de los dos solares otorgados en dominio útil tanto a la demandante como a mi representada).- Sin embargo parece ser que lo referido en dicho peritaje sobre el espesor de los adobes con los que se construyó la pared, influyó mucho en la motivación de la AQuo pero ante esta prueba se impone también la prueba de que la pared central que divide ambos inmuebles está endentada y arma escuadra con las paredes restantes de la casa de María de los Ángeles Castillo Bonilla, también acreditada por la parte demandante con su Medio de PRUEBA DOCUMENTAL NUMERO SIETE, evacuada durante el proceso. Finalmente la misma demandante en los hechos de sus demanda y escrito de conclusiones, ordinal TERCERO.- “Aduce que fue acreditada una posesión y dominio efectivo desde más de setenta años ininterrumpidos de una casa de cuatro paredes que es la que actualmente habita su representada”.- Así lo acredito la misma demandante con su medio de prueba numero 7 evacuada durante el juicio.- Todo lo anteriormente expuesto, conduce a concluir que la pared en disputa fue construida por el señor OCTAVIANO SUAZO antecesor de mi representada la señora MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO BONILLA, en virtud de estar dicha pared construida en la travesía existente hace 63 años y colindando entre los inmuebles de la demandante y demandada. En virtud de estar dicha pared armando escuadra con el resto de las paredes de la casa de mi representada MARIA DE LOS ANGELS CASTILLO BONILLA, y de estar el antiguo artesón de la casa de la demandante, arrimado y no sobre la pared en disputa.- Por lo que no es posible que esta pared sea la misma que existía en su estructura original, antes que el antecesor de mi representada construyera su casa y mucho menos que dicha pared pertenezca a la casa de la demandante ANA LIDIA AVILA SUAZO, construida hace más de setenta años. Por lo que tampoco es posible que la demandante sea su dueña o propietaria y se le conceda la reivindicación y restitución de la cosa reclamada y por si fuera poco se condene a mi representada al pago de daños y perjuicios y a las costas del presente juicio, No cabe duda que mi representada la señora MARIA DE LOS ANGELES CASTILO BONILLA posee con igual o mejor derecho la pared en disputa, por lo que a la luz de lo prescrito en el artículo 873 del Código Civil no debe cedérsele la acción de reivindicación de la misma a la demandante ANA LIDIA AVILA SUAZO, ni mucho menos condenar a mi representada al pago de una cantidad de dinero que no ha sido debidamente justificada ni acreditada en juicio mediante la liquidación correspondiente. Honorables magistrados, La Corte de Apelaciones de Comayagua al emitir el fallo recurrido ha hecho una errónea aplicación e interpretación del artículo 873 del Código Civil de Honduras, aplicable al resolver el fondo del juicio, en lo que se refiere “pero no valdrá esta acción ni contra el verdadero dueño ni contra el que posea con igual o mejor derecho”, todo lo cual se deriva de no llevar el control de la motivación fáctica de la sentencia.- Razón por la cual, se hace apremiante el control de la motivación fáctica de la sentencia para la revisión de su existencia, suficiencia, racionalidad, y carácter lógico por ser determinante de un sentido diferente del fallo así como se califica se haga un llamado de atención al A-Quem, para que ajuste sus actuaciones a derecho y justicia. SEGUNDO MOTIVO: No observar la Corte de Apelaciones lo establecido en el artículo 1347 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil.- NORMA INFRINGIDA: Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 1347 del Código Civil que establece “que las obligaciones que se derivan de la ley no se presumen” EXPLICACION DEL MOTIVO: Según el fallo dictado por La corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, el tribunal A-Quo ha dictado sentencia conforme a derecho argumentando que “Condena a la parte demandada al pago de daños y perjuicios por el valor de ciento ocho mil lempiras (L 108,000.00).- Cantidad que no fue justificada ni acreditada mediante la liquidación correspondiente por la parte demandante durante el juicio. Según lo establecido en el artículo 1347 del Código Civil que establece “Las obligaciones que se derivan de la ley no se presumen”, y siendo que la demandante no acredito en juicio justificadamente que la cantidad referida sea la derivada de los daños y perjuicios que supuestamente le ha provocado mi representada, no debe la honorable Corte de Apelaciones confirmar la sentencia de primera instancia, de fecha 13 de octubre del año 2014 dictado por el Juzgado de Letras seccional de La Paz, Departamento de La Paz, en la demanda ordinaria de reivindicación de dominio e indemnización de daños y perjuicios y condenar a mi representada al pago de la cantidad de ciento ocho mil lempiras (L. 108,000.00).-Tal infracción es derivada de no llevar el control de la motivación fáctica de la sentencia razón por la cual se hace apremiante el control de la motivación fáctica de la sentencia para la revisión de sus existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico por ser determinante de un sentido diferente del fallo así como un llamado de atención al A-Quem para que ajuste sus actuaciones a derecho y a justicia. TERCER MOTIVO. No observar la Corte de Apelaciones de Comayagua lo establecido en el artículo 108 de la ley de municipalidades PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil.- NORMA INFRINGIDA.- Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 108 de la ley de municipalidades (vigente en el momento en que se entablo la demanda).- Que establece “Los derechos que tienen los municipios sobre bienes inmuebles son imprescriptibles”, EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Según el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, el Tribunal A-Quo ha dictado sentencia conforme a derecho… argumentando... que está debidamente probado que los antecesores de la demandante poseían el bien inmueble de naturaleza ejidal, desde el 9 de noviembre 1,950, concediéndole el título de dominio útil la municipalidad de La Paz, el 25 de marzo de 1972, tiempo que está más allá de la prescripción adquisitiva. Según lo establecido en el artículo 108 de la ley de municipalidades (vigente en el momento en que se entablo la demanda). “Los derechos que tienen los municipios sobre los bienes inmuebles son imprescriptibles” y siendo que a la demandante, la municipalidad de La Paz, no le ha otorgado dominio útil, sobre el área de la travesía en donde se halla construida en disputa, la municipalidad de La Paz sigue conservando el dominio útil y pleno o sea el derecho exclusivo de disponer de la travesía, por lo que la demandante al no probar su derecho de posesión sobre el área de la travesía en donde se halla construida la pared en disputa, no tiene la más remota posibilidad de hallarse en el caso de poderla ganar por prescripción como así lo pretende con su demanda, por ende a la demandante no puede cedérsele LA ACCIÓN REIVINDICATORIA DE DOMINIO, ya que no valdría la misma ni contra el verdadero dueño del área de la travesía que es la municipalidad de La Paz ni contra mi representada que posee dicha travesía con igual o mejor derecho que la demandante, al haber construido el antecesor de mi representada la pared en disputa sobre la travesía existente aún hace 63 años entre los dos inmuebles en referencia. Razón por la cual hay una errónea aplicación del artículo 108 de la ley de municipalidades, al momento de emitir el fallo el tribunal A-Quem, derivado de no llegar el control de la motivación fáctica de la sentencia para la revisión de sus existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo, así como es procedente hacer un LLAMADO DE ATENCIÓN AL A-Quem para que ajuste sus actuaciones a derecho y a justicia. Los servidores del estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. -Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. (Artículo 321 de La Constitución de La República).” SEXTO: La abogada Lorna Violeta Méndez Manueles, plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación hecho por la contraparte, de la siguiente manera: (Sic) “AL PRIMERO: No está ajustado a verdad; se evidencia confusión por parte de la Recurrente en la narrativa cronológica de estos antecedentes. AL SEGUNDO: En acuerdo; solo es narrativa de hechos pasados A LOS EXPRESADOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY: AL PRIMER MOTIVO: En total desacuerdo; ya que contrario a lo expresado por la Recurrente Casante; en el sentido de que efectivamente se comprobó en juicio que mi Representada Señora ANA LIDIA ÁVILA SUAZO; es dueña y está en posesión en proindiviso junto a sus hermanos de la pared objeto de la Acción que nos ocupa; y por consiguiente mi Representada está facultada en lo estipulado en el Articulo 872 del Código Civil y de igual forma en lo que estipula en la letra del Articulo 873 ya que el tiempo de la posesión si se diera el caso de hacer valer la posesión del inmueble es de más de Treinta Años consecutivos; sin embargo se comprobó indubitadamente que los herederos AVILA SUAZO; son los dueños legítimos y han estado en posesión de dicha pared. Menester hacer la observación que la Recurrente Casante se refiere al objeto a reivindicar como que fuere un terreno y no es así; ya que es una franja donde se ubica por accesoriedad un inmueble propiedad de ANA LIDIA AVILA SUAZO Y DE SUS HERMANOS consistente en una pared.- Aunado a ello reconoce la Recurrente Casante que esa pared no está construida en el terreno de su Representada tal como se lee a la letra del cuarto párrafo del primer motivo de casación invocado y que es referido a un comentario sobre la prueba Peritaje practicada por el Ingeniero RICARDO ZELAYA; y que pretende confundir con el hecho de que asegura que hace setenta años existía una travesía; olvidándose que quien cerro los laterales de la travesía fue su Representada para unirse con la pared de mi Representada. Finalmente es sorprendente que la Recurrente Casante pretenda oponer a más de sesenta años de posesión y propiedad la supuesta posesión de su Representada de más o menos veinte años aunado a sus antecesores; resultando que lo que pretende es un desequilibrio en relación al tiempo; intentando justificar la acción de usurpación que su Representada ha cometido. AL SEGUNDO MOTIVO: En relación al precepto autorizante citado por la Recurrente Casante referido a la letra del Articulo 1347 del Código Civil; dicha relación está divorciada; ya que pretende la Recurrente Casante que se desestime la propiedad de mi representada, es evidente que si alguien ha usurpado el derecho de propiedad de mi Representada este alguien debe reivindicar ese derecho y debe pagar los daños ocasionados; ya que la violencia con la que actuó la Representada de la Casante al derivar parte de la pared de mi Representada; por lo que la condena en daños es legítima y legal en atención al mismo precepto citado por la Recurrente y aplicado por la Recurrida y el Ad- quem de forma objetiva. Radica al final el Reclamo de la Recurrente en la falta de control lo que no aclara es que considera falta de control; si se refiere a un control administrativo o a qué tipo de control se refiere. AL TERCER MOTIVO: Pretende la Recurrente confundir los derechos reclamados; olvidándose que en su momento se acudió a la Municipalidad respectiva; con el reclamo previo; siendo la misma municipalidad quien nos remitió a los órganos jurisdiccionales; recordándole a la recurrente que lo que se está Reivindicando es una parte de pared; construida y propiedad de mi Representada; y no una travesía como pretende hacerlo ver; e insiste con un control; pero no especifica qué tipo de control según su criterio es el que se debe llevar si es administrativo o contable; ya que los artículos no son controlables de esa forma por lo que no se entiende el enfoque de la recurrente.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación[1], el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia Civil se atribuye a la Sala de lo Civil[2]; tiene claramente definidos dos fines expresos[3], el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte nuestra normativa procesal civil conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley[4], y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Sala Civil de este Alto Tribunal, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, únicamente podrá ser interpuesto contra las resoluciones expresamente previstas por la ley y por los motivos taxativamente establecidos en ella. 3.- Conforme lo dispone el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías…”, en ese sentido, para que en un proceso existan verdaderamente las garantías judiciales –también conocidas como garantías procesales–, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”[5], es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”[6]. En consonancia con la convención precitada, dispone la Constitución de la República en su artículo 90 párrafo primero que “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”, principio que ha sido recogido por el Código Procesal Civil en el artículo 3. 4.- Tal como lo establece el artículo 12.1 del Código Procesal Civil, la dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce esa potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y el precitado código. 5.- El Código Procesal Civil, en el artículo 7.1 y 2 del establece: 1. “El Proceso Civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas”. 2. “Las normas contenidas en este Código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso…”. 6.- El artículo 211 del Código Procesal Civil manda que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales da lugar a la nulidad o anulabilidad de acuerdo con lo establecido en el citado Código. 7.- El Código Procesal Civil ha previsto los canales para que la nulidad tenga cabida, así ha dispuesto que la nulidad y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate o mediante el procedimiento para incidentes según el caso (214.1, 215.1.2.3 CPC), pero tratándose de un recurso de casación, este tiene su propia vía de examen de conformidad con lo previsto en el artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil, cuando se trate de normas procesales que regulen los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Sin entrar al examen de admisibilidad, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el Tribunal decretar nulidad de los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, (artículo 212.4 del Código Procesal Civil). 8.- El artículo 215 del Código Procesal Civil, instituye los supuestos de la nulidad de actuaciones, estableciendo en el numeral cinco que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido…”. 9.- Del examen de las actuaciones, se aprecia que la Corte de Apelaciones en el fallo impugnado en esta vía casacional, en los Fundamentos de Derecho numeral Tercero deja expuesto lo siguiente: (Sic) “El fundamento del articulo 873 le concede a la demandante ANA LIDIA AVILA SUAZO, el derecho de instaurar la acción reivindicatoria de dominio a merced que está debidamente probado que sus antecesores poseían el bien inmueble de naturaleza ejidal desde el nueve de noviembre de mil novecientos cincuenta, concediéndoles el título de dominio de Dominio Útil la municipalidad de la Paz el veinticinco de marzo del año mil novecientos setenta y dos, tiempo que está más allá de la prescripción adquisitiva por ello está regulado en el fundamento antes dicho; según su texto “Se concede la misma acción aunque no pruebe el dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción”; es con ello que el fundamento del artículo 875 establece el mero tenedor de la cosa que se reivindica es obligada a declarar el nombre y residencia a cuyo nombre la tiene: un hecho notorio que no es necesario probar es que la alcaldía municipal de La Paz, departamento de La Paz, tiene en reserva el Dominio Pleno del suelo de la propiedad donde se encuentran las mejoras que constituyen el Dominio Útil de la demandante, con ello queda claro que tiene causa de reivindicación; todo que si bien es cierto es poseedora del derecho de Dominio Pleno en reserva de la Corporación municipal de la Paz; también es cierto que mediante la prueba valorada por la juez a-quo es la muestra que su derecho de Dominio Útil legalizado ha sido violentado.” De lo anteriormente expuesto se colige que, en el caso de autos, el conflicto inter partes versa sobre terrenos que la demandante posee en Dominio Útil, no en Dominio Pleno. En ese sentido la Sala de lo Civil, no comparte los argumentos jurídicos que en los Fundamentos de Derecho hace el Tribunal de Apelaciones, puesto que los mismos no corresponden con una correcta valoración de la prueba, al dar por acreditados derechos posesorios a favor de la demandante, de tal manera que los razonamientos fácticos y jurídicos esgrimidos no permiten concluir que la demandante tenga derecho a la acción de reivindicación de dominio pretendida. Por lo tanto, resulta notorio que de la valoración de la prueba no se deduce de manera clara y terminante los fundamentos fácticos y jurídicos utilizados en la sentencia, lo que se sanciona con nulidad conforme lo dispone el artículo 245.2 del Código Procesal Civil. La inadecuada motivación de la sentencia, causa indefensión en tanto que la falta de claridad y determinación en la valoración probatoria dificulta entender el razonamiento empleado a efecto de facilitar la impugnación por el cauce procesal previsto para el recurso extraordinario de casación. 10.- Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establece el artículo 215.3 del Código Procesal Civil; y siendo que el procedimiento normado para las nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del recurso extraordinario de casación. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho antes citados y haciendo aplicación de los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82 y 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 245.2, 716, 717, 718, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua. 2) Que la referida Corte de Apelaciones proceda dictar nueva sentencia bajo las observaciones enunciadas. Y MANDA: Remitir la presente resolución con sus antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Wilfredo Méndez Romero. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha dos de junio del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 210=2018.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1] Artículo 313.5 de la Constitución de la República
[2] Artículo 718 del Código Procesal Civil.
[3] Artículo 716 del Código Procesal Civil,
[4] Artículo 61 de la Constitución de la República.
[5] Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago, párr. 147, y Caso Mohamed vs. Argentina, párr. 80.
[6] Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87, párr. 28, y Caso Mohamed vs. Argentina, párr. 80.