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Sentencia CC-208-19 — Registro 13135

Resumen

En segunda instancia se confirmó la sentencia del a-quo que desestima la demanda mediante proceso abreviado la pretensión de suspensión de derecho de servidumbre.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “4. Como resultado de dicho estudio es evidente que el caso sub examine no cumple los requisitos que el artículo 717 del Código Procesal Civil exige para ser objeto de casación. En este sentido basta señalar que el tipo de demanda objeto de estudio corresponde al proceso abreviado y no al ordinario, como lo contempla el artículo antes señalado. 5. En virtud de lo cual la honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en estricta observancia a lo establecido por el citado artículo 717 del Código Procesal Civil no debió dar curso a la interposición del presente recurso de casación. 6. Al respecto debe aclararse que si bien es cierto, no existe un precepto legal en el Código Procesal Civil que de manera directa señale la facultad del ad quem para denegar la interposición del recurso de casación, así ha de entenderse por virtud de lo que señala el artículo 721 de dicho Código, al referirse que sólo dará trámite a los recursos que reúnan los dos requisitos siguientes: a) Los formalizados en el plazo fijado por la ley, y b) Los que se dirijan en contra de resoluciones que sean recurribles, refiriéndose obviamente en casación, o sea los que se encuentran de conformidad al artículo 717 mencionado. 7. De igual forma la facultad procesal de las Cortes de Apelaciones para rechazar de entrada, todo recurso de casación que no reúna los requisitos de procedibilidad mencionados en el numeral anterior, se obtiene de lo preceptuado por el artículo 730 del Código Procesal Civil, el cual se refiere claramente a: “…que deniegue la interposición del recurso de … casación” dictada previamente por el tribunal de apelaciones respectivo y que da motivo posterior al reexamen de dicha decisión a través del medio de impugnación de queja. 8. En virtud de lo todo lo anteriormente expuesto, procedía que el ad quem en ejercicio de la facultad que la ley le concede, declarara inadmisible en puertas el presente recurso, pues dicha facultad constituye también una obligación que la ley le impone para ser un tamiz o primer control a fin de evitar la entrada indiscriminada de recursos de casación sin requisitos de procedibilidad. 9. Finalmente, no habiendo dado cumplimiento el ad quem a su obligación, procede que la Sala de lo Civil ante la incuestionable falta de requisitos y exigencias establecidos en el citado artículo 717 procesal, declare inadmisible in limine el presente recurso de casación, es decir sin entrar al análisis de los motivos que lo conforman, ello con fundamento en el artículo 723.1 literal a) del Código Procesal Civil; en consecuencia se declara firme de iure la sentencia recurrida, tal como lo manda el artículo 724.2 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores Anastacia Osorto conocida también como Anastacia Osorto Viuda de Corrales, Juan Pablo Corrales Álvarez, Víctor Noel, Reina Calixta, Santos Cleotilde, Martha Erminda, Vilma Del Carmen, Alba Austreberta, Leandro Antonio y Elvia Avigail todos de apellidos Corrales Osorto, representados en juicio por el abogado Pedro Antonio Núñez Velásquez, como recurrentes; siendo recurrido el señor Benedicto Estanislao Osorto Lagos, en su condición de Presidente y representante legal del Patronato Pro-Salud y Mejoramiento de Orocuina, representado en juicio por el abogado Rigoberto Emilio Córdova. OBJETO DEL PROCESO: “SE DEMANDA MEDIANTE PROCESO ABREVIADO LA PRETENCION DE SUSPENSION DE DERECHO DE SERVIDUMBRE”, promovida en fecha 12 de noviembre del año 2015, ante el entonces Juzgado Segundo de Letras departamental de Choluteca, por el abogado Iván Daniel Andara Sánchez, mayor de edad, casado, hondureño, quien actúa como representante procesal de los señores, Anastacia Osorto conocida también como Anastacia Osorto Viuda de Corrales, de oficios domésticos; Víctor Noel Corrales Osorto, Ingeniero Agrónomo, Juan Pablo Corrales Álvarez, Perito Agrónomo, Reina Calixta Corrales Osorto, Maestra de Educación, Santos Cleotilde Corrales Osorto, Perito Agrónomo, Martha Erminda Corrales Osorto, de oficios domésticos, Vilma Del Carmen Corrales Osorto, Licenciada, Alba Austreberta Corrales Osorto, Licenciada en Lenguas, Leandro Antonio Corrales Osorto, Ingeniero Agrónomo y Elvia Avigail Corrales Osorto, Perito Mercantil, todos mayores de edad, hondureños, con domicilio en el Municipio de Orocuina, departamento de Choluteca, contra el Patronato Pro Mejoramiento de Orocuina, a través de su representante legal el señor Guillermo Rene Osorto, mayor de edad, hondureño, casado, Perito Mercantil y con domicilio en el Municipio de Orocuina, departamento de Choluteca. I. ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO: Que en fecha 10 de mayo del año 2019, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, falló CONFIRMANDO la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, fallo del a-quo dictado en fecha 21 de junio del año 2017, mediante el cual, en su parte Dispositiva se señala lo siguiente: (Sic) “PRIMERO DESESTIMAR LA DEMANDA MEDIANTE PROCESO ABREVIADO LA PRETENSION DE SUSPENSIÓN DE DERECHO DE SERVIDUMBRE. EXP.01-2015 ahora 0601-2016-1747 promovida por el Abogado IVAN DANIEL ANDARA SANCHEZ, en su condición de representante procesal de ANASTACIA OSORTO CONOCIDA TAMBIEN COMO ANASTACIA OSORTO VIUDA DE CORRALES, VICTOR NOEL CORRALES OSORTO, JUAN PABLO CORRALES ALVAREZ, REINA CALIXTA CORRALES OSORTO, SANTOS CLEOTILDE CORRALES ASORTO, MARTHA ERMINDA CORRALES OSORTO, VILMA DEL CARMEN CORRALES OSORTO, ALBA AUSTREBERTA CORRALES OSORTO, LEANDRO ANTONIO CORRALES ASORTO, y ELVIA AVIGAIL CORRALES OSORTO, contra el PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE OROCUINA a través de su Representante Legal señor GUILLERMO RENE OSORTO, y con Intervención Voluntaria a la Alcaldía Municipal de Orocuina, a través de su representante el señor GUILLERMO RENE OSORTO, en su condición de ALCALDE MUNICIPAL todos los generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: Con costas TERCERO: Contra esta sentencia procede el Recurso de apelación. Y MANDA: Que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia se extiende certificación de la misma al interesado. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo pronuncio, mundo y firmo. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELASQUEZ, actuando en su condición de representante procesal de los señores Anastacia Osorto conocida también como Anastacia Osorto Viuda de Corrales, Juan Pablo Corrales Álvarez, Víctor Noel, Reina Calixta, Santos Cleotilde, Martha Erminda, Vilma Del Carmen, Alba Austreberta, Leandro Antonio y Elvia Avigail todos de apellidos Corrales Osorto, en fecha 25 de junio del año 2019, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 10 de mayo del año 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El abogado Rigoberto Emilio Córdova, actuando en su condición de representante procesal del señor Benedicto Estanislao Osorto Lagos, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir en el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los abogados Pedro Antonio Núñez Velásquez, Rigoberto Emilio Córdova, en sus condiciones ya indicadas, y la abogada Denia Mariela Posadas Soriano, como representante procesal de la Alcaldía de Orocuina, presentaron escritos de personamiento en fechas 04 y 05 de septiembre del año 2019, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha 18 de septiembre del año 2019, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de la manera siguiente: (Sic) “I. MOTIVO DE CASACION ÚNICO MOTIVO: infracción por falta de aplicación del artículo 206 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia en relación a su contenido, en cuanto a la exhaustividad. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del motivo invocado el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil. DISPOSICION CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA EL MOTIVO: La disposición cuya infracción sustenta el motivo la constituye el artículo 206 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia en relación a su contenido, en cuanto a la exhaustividad. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna el apartado pronunciado par la honorable Corte de Apelaciones en su sentencia del diez (10) de mayo del dos mil diecinueve (2019) denominado PARTE RESOLUTIVA en su PRONUNCIAMIENTO, MISMO QUE REZA: "RESUELVE: PRMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado PEDRO ANTONIO NUNEZ VELASQUEZ, contra la sentencia definitiva de fecha veintiuno de junio del dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la DEMANDA MEDIANTE PROCESO ABREVIADO LA PRETENSION DE DERECHO DE SERVIDUMBRE, promovida por el Abogado IVAN DANIEL ANDARA SANCHEZ, en su calidad de Representante procesal del señor ANASTACIA OSORTO conocida también como ANASTACIA OSORTO VIUDA DE CORRALES, VICTOR NOEL CORRALES OSORTO, JUAN PABLO CORRALES ALVAREZ, REINA CALIXTA CORRALES OSORTO, SANTOS CLEOTILDE CORRALES OSORTO, MARTHA ERMINDA CORRALES OSORTO, VILMA DEL CARMEN CORRALES OSORTO, ALBA AUSTREBERTA CORRALES OSORTO, LEANDRO ANTONIO CORRALES OSORTO y ELVIA AVIGAIL CORRALES OSORTO, contra el PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA a través de su representante legal GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ.- SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución recurrida, sin perjuicio de la acción que pueda interponer el recurrente par el incumplimiento al convenio de cesión parcial de derechos de agua. FUNDAMENTACION DEL MOTIVO: Desarrollamos la fundamentación del motivo de la siguiente forma: EI artículo 206 en sus numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil dispone: "CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. (...) 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." Siguiendo a Zoraida García Castillo y José A. Santiago Jiménez, la exhaustividad forma parte de los principios de las sentencias, conocidos también como requisitos sustanciales o internos de la misma. Los mismos autores a su vez citando a Cipriano Gómez Lara nos ilustran que una sentencia será exhaustiva en cuanto haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar ninguna.¹ En el caso que nos ocupa, ocurre que la Corte de Apelaciones que conoce del Recurso, en su Sentencia del diez (10) de mayo del aro dos mil diecinueve (2019), ha omitido pronunciarse sobre las AGRAVIOS planteados por el apelante en razón que el A-quo en su sentencia del veintiuno (21) de junio del dos mil diecisiete (2017) no hace una relación fáctica de las pretensiones, como se lo establece la norma contenida en el artículo 206 numeral 2) del Código Procesal Civil, al referir: "2) EI tribunal sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de las que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas par los litigantes."; en este contexto, el A-quo, teniendo la prueba documental respectiva, que deviene en el caso de no haberse inscrito en el Registro correspondiente el Derecho Real de Servidumbre coma lo exige el c6digo civil en el apartado del Registro de la Propiedad. La misma razón debió el Tribunal Ad-quem, aplicar, al tenor de lo que franquea el artículo 715 de la norma procesal en su numeral 4, por lo que al haber omitido tal indicación normativa, lesiona, perjudica y agravia a mis representados lo fallado y en aplicar una figura fáctica, que a la parte demandada por el hecho de tener la posesión de hecho par un lapso de cincuenta y tres años, sin haberse probado, le accede el derecho a servidumbre, sin haber Resolución emanada par Juzgado o Tribunal alguno que pruebe tal posesión. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN LA RESOLUCION IMPUGNADA: La infracción incide directamente en el fallo, en el sentido que este se edifica omitiendo totalmente diversos pronunciamientos sobre una de las cuestiones planteadas en el Recurso de Apelación, misma que, de haberse estimado, se hubiese traducido en la estimaci6n del Recurso de Apelación, al ser un argumento sobre el fondo del asunto, y par tanto, de la demanda y sus pretensiones. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que el defecto de falta de aplicación de la norma procesal invocada se produce en el fallo mismo, solo es posible su corrección a través de esta vía, y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. EN CONSIDERACION A LO QUE DETERMINA EL ARTICULO 720 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL SOLICITO EL CONTROL DE LA MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA. Honorable Sala de lo Civil, el contenido del numeral 2 del artículo 720 del Código Procesal Civil, nos ampara para solicitar en el presente Recurso el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo.- Par ello, debido al contenido de las sentencias en la que tanto el A-quo como Ad-quem omiten determinaciones fundamentales para edificar su fallo, pido la revisión y control de la motivación fáctica, por no incluir normas precisas y aplicables al caso concreto, por la razón siguiente: En el numeral NOVENO del acápite FUNDAMENTACION JURIDICA Y MOTIVACION del fallo dictada por el Ad-quem, hace aplicación del artículo 799 del Código Civil, que habla sobre la servidumbre predial o simplemente servidumbre, sin que tenga relación con la pretensión de fondo, ya que no hay ni ha existido gravamen impuesto a los predios de mis poderdantes, y de forma abusiva, parcial y alejado del principio legal, les concede el derecho de posesión del predio en el cual se usa para el acarreo de agua potable, simplemente porque han estado gozando por cincuenta y tres años, el derecho, sin que para ello, se esté probado su derecho, y como condición sine quanom para, que ello se dé, es la tramitación ante la autoridad respectiva del derecho de posesión por prescripción adquisitiva, situación que no se ha dado, ni tampoco se acredito estar en trámite el mismo, o bien pudo la parte demandada contravenir o contrademandar el derecho por la vía de prescripción, pero ello no se dio, SI NO LA AYUDA POR PARTE DEL MAGISTRADO PONENTE Ahora bien honorable Sala de lo Civil, podéis observaros, que la falta de suficiencia o presunción y carácter lógico de su aplicación en lo fallado, incide en ambas sentencias dictadas en primera y segunda instancia, ya que la parte actora ha logrado probar sus hechos de forma fehaciente y que el ad-quem, confunden con la interpretación del artículo 858 del código Civil, coma si la figura de la Servidumbre no requiere una serie de solemnidades para que surta efectos, tal es el caso de su inscripción en el registro correspondiente como tantas veces se ha referido en este Recurso. Por lo anterior, mas parece, que no es necesario o no lo fue, para las instancias anteriores la aplicación normativa, mas parece una parcialidad, sin que podamos demostrarlo, pero con el accionar de ambos, tanto el Juzgado de primera instancia y el Tribunal de segunda instancia, nos franquea a que solicitemos el control de la motivación fáctica y si asiste la razón, podáis pronunciarse en aplicación a la sana critica del sistema jurídico.” SEXTO: El abogado Rigoberto Emilio Córdova, se pronuncia sobre la formalización del recurso de casación, hecho por la contraparte, de la siguiente manera: (Sic) “MOTIVO DE CASACIÓN. UNICO MOTIVO. Infracción por la falta de aplicación del artículo 206 numeral 1 y 3 del código procesal civil que regula los requisitos internos de la sentencia en relaciona a su contenido en cuanto a la exhaustividad. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del recurso, el artículo 719, numeral 1 literal c del Código procesal civil. DISPOCISION CUVA INFRACCION SUSTENTA EL MOTIVO la disposición cuya infracción sustenta el motivo según el recurrente lo constituye el artículo 206 numeral 1 y 3, del Código Civil que regula los requisitos internos de la sentencia en relación a su contenido en cuanto a la exhaustividad. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Según el recurrente impugna el apartado pronunciado por la honorable Corte de Apelaciones en su sentencia del 10 de mayo del 2019, denominada PARTE RESOLUTIVA, en su PRONUNCIAMIENTO mismo que reza, Resuelve. PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR: El Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado PEDRO ANTONIO NUNEZ VELASQUEZ, contra la Sentencia Definitiva de fecha 21 de junio del 2017, dictada por el juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en LA DEMANDA MEDIANTE PROCESO ABREVIADO, la pretensión de derecho de servidumbre, promovida por el Abogado IVAN ANDARA SANCHEZ, en su calidad de representante procesal ANASTACIO OSORTO, conocida también como ANASTACIA OSORTO viuda de CORRALES, VICTOR CORRALES OSORTO, JUAN PABLO CORRALES ALVAREZ y Otros, contra el PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, a través de su representante Legal GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ.- SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución recurrida, sin perjuicio de las acciones que pueden interponer el recurrente por el incumplimiento al convenio de cesión parcial de derecho de agua. FUNDAMENTOS DE MOTIVO: El recurrente lo desarrolla de la siguiente manera, establece, que el artículo 206 en su numeral 1 y 3 del Código Procesal Civil dispone: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. 1) Las sentencias deben de ser clara, precisa y exhaustiva.... 3) Cuando los puntos objetos de litigios hayan sido varios el Tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. En el caso que nos ocupa expresa el recurrente ocurre que la Corte de Apelaciones que conoce del recurso en su sentencia del 10 de mayo de) 2019, ha omitido pronunciamiento sobre los agravios planteados por el apelante, en razón que el A-Quo en su sentencia de techa 21 de junio del 2017, no hace una relación fática de las pretensiones, como se lo establece la norma contenida en el artículo 206 numeral 2 del código Procesal Civil. 2) El tribunal sin apartarse de la causa a pedir acudiendo a fundamento de hechos o fundamento distinto a lo que la parte haya querido hacer valer resolverá conforme a las normas aplicable al caso, aunque no hayan sido acertadamente citada o alegado por los litigantes, en este contexto el A-Quo teniendo la prueba documental devenía en el caso de no haber inscrito en el Registro Correspondiente el derecho real de servidumbre como lo exige el c6digo civil en el apartado del registro de la propiedad. PRONUNCIAMIENTO AL RECURSO DE CASACION EN CONSIDERACIÓN LO QUE DETERMINA EL ARTICULO 720 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. Sigue exponiendo el recurrente que el artículo 720, en su numeral 2 del Código Procesal Civil lo ampara para solicitar el presente Recurso de Casación por el control factico de la motivación fáctica de la sentencia. Pero la parte recurrida siempre le hace ver al recurrente, que antes de analizar el artículo 720 numeral 2, tuvo primero que haber analizado el artículo 717, del Código Procesal Civil, para ver y darse cuenta si esta sentencia emitida por la honorable Corte de Apelaciones promovida por una Demanda Vía Procedimiento Abreviado era de las recurribles, seguramente el Recurrente no ahondo bien en su análisis y en una forma ligera o motivado por alguna razón inexplicable llego a su conclusión de que la Sentencia era recurrible, pero este artículo 717 ya le establece que solo son recurribles las sentencias emitida por la Corte de Apelaciones en los casos de Proceso Ordinario, y aquellas Sentencias que expresamente establezca este código. Ya lo explicamos anteriormente que esta última parte o renglón que señale el artículo 717, se refiere a Sentencias que, si son de procedimiento abreviado, pero solamente en los casos de divorcio, y nulidad de matrimonio, tal como lo establece el artículo 654 del Código Procesal Civil, y el artículo 688 numeral 3 que también es Procedimiento Abreviado en las Tutelas Sumarias, pero cuando el motivo es contrario a la Sentencia dictada en supuestos semejantes solo en esos casos. Por lo anterior puntualizamos que el recurrente o casasionista no tiene la razón ni siquiera para recurrir esta sentencia por no ser objeto de admisibilidad, igualmente no llena con el tecnicismo o requisito exigido que debe emplearse en toda demanda de casación, igualmente nos pronunciamos en contraposición de la parte recurrente por cuanto alega que la Corte omitió desconocer el fundamento 799 del Código Civil que habla de la servidumbre predial o simplemente servidumbre sin que tenga relación de fondo. Por cuanto la Corte de Apelaciones si tomo en cuenta esos aspectos de los artículos como también los artículos 2312, 2315, del Código Civil. Donde establece que las servidumbre que deben inscribirse y constar al margen del asiento registral del inmueble, es precisamente cuando se trate de servidumbre voluntaria como lo señala el numeral 2 del artículo antes citado y no para las servidumbre legales que es el caso sub judice, y se da en todo caso y precisamente entre las partes que intervienen en la servidumbre que este caso fue la familia Corrales y la Comunidad entera de Orocuina la cual yo Represento por lo que no se desmerita que la ley lo reconozca como una servidumbre legal. Asimismo honorable Corte no se necesita decirlo en qué tipo de servidumbre estamos el recurrente solo debe escudriñar un poco más el Código Civil y entenderá que la ley ya establece específicamente los motivos perteneciente de diferentes tipo de servidumbre, en el caso nuestro es de mucho conocimiento el uso o utilidad ha sido para el uso público por muchos años, que incluso que hasta la familia Corrales goza de ese gran proyecto de agua que la Comunidad del Pueblo de Orocuina ha desarrollado, y a este tipo de servidumbre se le denomina servidumbres legales y el recurrente no puede pedir en ningún momento la complacencia de el a los Tribunales. Considerando que es la ley que se encarga de clasificar el tipo de servidumbre que se aplica al caso concreto, por lo que darle preponderancia, al cumplimiento de la voluntad de las partes es algo irrelevante puesto que al tipo de servidumbre a la cual aplicarla la primacía es a las voluntades que es la servidumbre voluntaria. Y el caso más concreto con el cual debe de declararse sin lugar el Recurso de Casación es porque si bien es cierto la fuente de agua se encuentra en terrenos que dicen ser legítimos de la familia Corrales. Pero que la corporación Municipal desde los años 1970 existen los libros de actas un acuerdo Municipal en los folios 423-426 punto 5, acta No 60, en donde el Alcalde Municipal don Julio Dimas Laínez, hizo del conocimiento a los demás 11 miembros Regidores Corporativos, el oficio No 248, de fecha 27 de junio de 1970, el oficio girado por el gobernador Departamental de ese entonces donde le pide "que proteja la zona de nacimiento de agua potable de orocuina que le sirve a toda la población en virtud que el señor Leandro Corrales (hoy ya difunto), intento construir una pila de Recolección de agua en dicho terreno ejidal, y que pertenece a los ejidos del Municipio de Orocuina, ya que dicha zona (ojo de agua), es de utilidad pública, y no se le debe permitir la mencionada construcción de pila" es por ello que la Corporación Municipal por mayoría de voto ACORDO DECLARAR ZONA VEDADA, (prohibida) el lugar de nacimiento de toma de agua,, y su red de distribución que conduce al pueblo de Orocuina por ser servicio de utilidad Pública. Este acuerdo a un sigue firme y nunca de los jamases ha sido anulado, reformado o derogado. De lo anterior se desprende que la Demanda de Procedimiento Abreviado de Suspensión Definitiva de servidumbre de agua nunca debió haberse admitido, porque el acuerdo Corporativo antes referido, todavía está vigente y sigue vigente, y la ley local o sea municipal tiene carácter de ley, tal como lo establece el artículo 626 del Código Civil que establece “Que todos los bienes nacionales de uso público, estarán sujetos a las disposiciones del Código Civil, y a las ordenanzas generales o locales, que sobre la materia se promulgue". Por su lado el artículo 414 del Código Procesal Civil claramente establece que los jueces rechazaran de oficios todas aquellas demandas cuando no se hayan agotado el procedimiento administrativo. Es por ello que seguimos sosteniendo que los demandantes ni siquiera se personaron a la Alcaldía Municipal de Orocuina a investigar cómo estaba la situación jurídica de la servidumbre de agua, y no de no haberlo hecho, y tampoco de haber agotado el trámite Administrativo, como requisito previo para presentar demanda en consecuencia desde ahí era inadmisible. Igualmente, el artículo 623 del código civil establece “Que los ríos y todas las aguas que corren por causas naturales, son bienes nacionales de uso público, excepto, los que nacen y mueren en una misma heredad". “Con la inspección ocular o inspección personal que el señor juez hizo en el lugar de los hechos quedo claramente acreditado que el ojo de agua o vertiente hace una especie de riachuelo, atraviesa toda la heredad de la familia Corrales, traspasa otra heredares de dueños distintos e incluso ya forma como una quebrada pasando por el Centro del Pueblo de Orocuina, y esa inspección la hizo constatar el juez en su fallo final, o sea en la sentencia, y fue la razón fundamental para que declara sin lugar la petitoria de la parte demandante, pero también se constató con la misma inspección que de las dos pilas gemelas de distribución sale un pegue de agua de 2 pulgadas luego va reduciéndose a 1 pulgada hasta llegar con el diámetro de media pulgada que es no grifo normal de llave, hasta llegar a la casa de la familia don Leandro Corrales, y no sé si fue con alguna intensión o accidentalmente pero una de los familiares abrió el grifo de la llave de la cocina de la familia Corrales, y todos quedamos sorprendidos de la fuerza y potencia que tenía en abastecer de agua, ese grifo o cañería que sobra y basta para su quehaceres personales y domésticos e inclusive hasta para regadíos si quisieran utilizarla para siembro de cultivo de hortaliza o cualquier otro tipo de cultivo. Otras de las razones por las cuales se declara sin lugar la pretensión de la parte demandante apelante y hoy recurrente, es porque el terreno original en donde se reputa que son dueños ellos del ojo de agua es un terreno de 64 manzanas pero que mediante instrumento No 445, y ante los oficios del Abogado Fredy Omar Pinel, se hizo una remedida, y de 64 manzanas paso hacer la cavidad a 134.76 de manzanas ensanchándose más de la mitad de lo que realmente ellos eran duelo, en donde la ley tampoco lo permitía porque en ese entonces solo se permitía ensancharse en remedida el 20% y el 20% de 64 manzanas solo son 12.8 mz, y al sumar 12.08 mz mas 64.00 suman 76.8 mz, significa que el restante de manzana ensanchada no tienen asidero jurídico hasta de instrumento es nulo por lo que mi representado se han reservado el derecho para interponer demanda de nulidad de ese instrumento de remedida. Es por todo lo anterior expuesto que PEDIMOS a la Honorable Corte de Apelaciones o a su defecto a la honorable Corte Suprema de Justicia sala de lo Civil, que declare NO AL LUGAR el presente RECURSO DE CASACION interpuesto por la parte recurrente y sobresea las presentes diligencias imponiéndoles las Costas Procesales y Personales que en derecho correspondan.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1. El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3. Del examen de las presentes actuaciones, resulta que la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en forma equivocada, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del abogado Pedro Antonio Núñez Velásquez, contra la sentencia dictada por ese mismo tribunal de alzada en fecha 10 de mayo de 2019; ello en relación con la “Demanda Mediante Proceso Abreviado. La Pretensión de Suspensión de Derecho de Servidumbre”, promovida por el abogado Ivan Daniel Andara Sánchez, en su condición de apoderado legal de los señores Anastacia Osorto conocida también como Anastacia Osorto Viuda de Corrales, Víctor Noel Corrales Osorto, Juan Pablo Corrales Álvarez, Reina Calixta Corrales Osorto, Santos Cleotilde Corrales Osorto, Martha Erminda Corrales Osorto, Vilma Del Carmen Corrales Osorto, Alba Austreberta Corrales Osorto, Leandro Antonio Corrales Osorto y Elvia Avigail Corrales Osorto; demanda que se interpuso en contra del Patronato Pro Mejoramiento de Orocuina, a través de su representante legal el señor Guillermo Rene Osorto. 4. Como resultado de dicho estudio es evidente que el caso sub examine no cumple los requisitos que el artículo 717 del Código Procesal Civil[1] exige para ser objeto de casación. En este sentido basta señalar que el tipo de demanda objeto de estudio corresponde al proceso abreviado y no al ordinario, como lo contempla el artículo antes señalado. 5. En virtud de lo cual la honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en estricta observancia a lo establecido por el citado artículo 717 del Código Procesal Civil no debió dar curso a la interposición del presente recurso de casación. 6. Al respecto debe aclararse que si bien es cierto, no existe un precepto legal en el Código Procesal Civil que de manera directa señale la facultad del ad quem para denegar la interposición del recurso de casación, así ha de entenderse por virtud de lo que señala el artículo 721 de dicho Código, al referirse que sólo dará trámite a los recursos que reúnan los dos requisitos siguientes: a) Los formalizados en el plazo fijado por la ley, y b) Los que se dirijan en contra de resoluciones que sean recurribles, refiriéndose obviamente en casación, o sea los que se encuentran de conformidad al artículo 717 mencionado. 7. De igual forma la facultad procesal de las Cortes de Apelaciones para rechazar de entrada, todo recurso de casación que no reúna los requisitos de procedibilidad mencionados en el numeral anterior, se obtiene de lo preceptuado por el artículo 730 del Código Procesal Civil, el cual se refiere claramente a: “…que deniegue la interposición del recurso de … casación” dictada previamente por el tribunal de apelaciones respectivo y que da motivo posterior al reexamen de dicha decisión a través del medio de impugnación de queja. 8. En virtud de lo todo lo anteriormente expuesto, procedía que el ad quem en ejercicio de la facultad que la ley le concede, declarara inadmisible en puertas el presente recurso, pues dicha facultad constituye también una obligación que la ley le impone para ser un tamiz o primer control a fin de evitar la entrada indiscriminada de recursos de casación sin requisitos de procedibilidad. 9. Finalmente, no habiendo dado cumplimiento el ad quem a su obligación, procede que la Sala de lo Civil ante la incuestionable falta de requisitos y exigencias establecidos en el citado artículo 717 procesal, declare inadmisible in limine el presente recurso de casación, es decir sin entrar al análisis de los motivos que lo conforman, ello con fundamento en el artículo 723.1 literal a) del Código Procesal Civil; en consecuencia se declara firme de iure la sentencia recurrida, tal como lo manda el artículo 724.2 del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA. Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, pronunciándose por unanimidad de votos en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 704, 717, 718, 721, 723.1 a), 724.2 y 730 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: I. LA INADMISIÓN IN LIMINE del recurso de casación formalizado por el abogado Pedro Antonio Núñez Velásquez, actuando en su condición de representante procesal de los señores Anastacia Osorto conocida también como Anastacia Osorto Viuda de Corrales, Juan Pablo Corrales Álvarez, Víctor Noel, Reina Calixta, Santos Cleotilde, Martha Erminda, Vilma Del Carmen, Alba Austreberta, Leandro Antonio y Elvia Avigail todos de apellidos Corrales Osorto. II. FIRME la sentencia recurrida, dictada el día 10 de mayo de 2019, por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en el expediente de apelación número C-007-18, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0601-2016-1747 del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca. III. SIN COSTAS. Y MANDA. Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de este auto al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado Wilfredo Méndez Romero. NOTIFIQUESE.

FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha cuatro de febrero del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 208=2019.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1]Vid. Jurisprudencia de la Sala: S.C. números 52-2012, 205-2012; 42-2013, 43-2013 y 60-2013.