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Sentencia CC-19-19 — Registro 13983

Resumen

En segunda instancia se declara parcialmente con lugar la demanda de pago por vía de repetición, declarando sin lugar la excepción material condena a los recurridos al pago de la cantidad de un millón ciento noventa y ocho mil novecientos cuarenta y siete lempiras con cincuenta y cinco centavos (lps. 1,198,947.55) más el pago del interés legal del 6°/o anual, calculado desde la fecha de presentación de la demanda hasta que se cumpla la obligación correspondiente, en concepto de que el estado de Honduras fue condenado a cancelar esa cantidad por concepto de intereses por actuaciones de incumplimiento del ordenamiento jurídico de fuerza legal en el desempeño de sus funciones.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. En la impugnación interpuesta por la abogada DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO en su condición supra indicada, se denuncian actos de indefensión por no cumplir la sentencia impetrada los requisitos que establece la ley. Después de un minucioso estudio del recurso interpuesto, confrontándolo con la sentencia impetrada que confirma la dictada por el A Quo, la Sala de lo Civil observa serias irregularidades que vulneran el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la coherencia resolutiva. Lo anterior se afirma porque en la sentencia dictada en primera instancia y confirmada por el Tribunal Ad Quem se evidencia una absoluta indefensión para ambas partes del proceso por inobservar tanto los principios generales como los requisitos internos que deben contener las sentencias. Dicha afirmación se sustenta en que el Órgano Jurisdiccional no ha observado ni salvaguardado el cumplimiento de las garantías dispuestas en las normas adjetivas y constitucionales que garantizan la tutela efectiva del proceso. Entre ellas se encuentra la inobservancia que por obligación tiene el Órgano Jurisdiccional en que la resolución proferida sea congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, por no establecer las razones fácticas y jurídicas que han llevado al juzgador a la convicción de su fallo. La sentencia impetrada tampoco vincula las normas aplicadas con las pruebas evacuadas en concordancia con el debate establecido, limitándose únicamente a la transcripción literal de artículos, creando con ello una decisión sin sustento, en contraposición con lo establecido en los artículos 1.2; 7.1 y 2; 10.2; 13.3 todos del Código Procesal Civil, en adelante CPC. Estos principios sustentan las normas establecidas en los artículos 206.1.3, 207.1.2., 208.2 y 480.1 del CPC, que obliga que en las sentencias deben considerarse todos los puntos objeto del litigio con su debida separación, con una debida motivación en la cual se expresen los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración probatoria, así como a la aplicación e interpretación de las normas empleadas, las cuales deben ajustarse a las reglas de la lógica y de la razón. Por todo lo antes expuesto es menester que la sentencia venida a esta jurisdicción se dicte con los requisitos antes expuestos, ya sea condenando o absolviendo al demandado, con total claridad, precisión y exhaustividad con especial pronunciamiento sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, requisitos que el juzgador ha omitido. 2. Las irregularidades establecidas en el numeral anterior obligan a los tribunales de alzada ordenar la corrección de dichas carencias con el propósito que las partes puedan saber los razonamientos fácticos y jurídicos con total precisión por los cuales se ha proferido el fallo del proceso, y con ello los intervinientes en el proceso se vean posibilitados a impugnar la resolución judicial que cause directa o indirectamente un perjuicio en los términos de ley, tal como lo establecen los artículos 14, 690, 705 y 716 del CPC. 3. El artículo 303 de la Constitución de la República establece en su parte conducente que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes. El artículo 304 constitucional establece en su parte conducente que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos; lo cual es un llamado a velar para que toda resolución sea dictada al amparo del debido proceso (artículo 90 párrafo primero constitucional.)”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “4. Sumado a lo anterior, el Estado de Honduras reconoce como derecho positivo las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este tema, entre ellas se establece que: Sic “los órganos del poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex-officio, entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales pertinentes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control debe ejercerse siempre, sin considerar otros supuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones”.[1][i]También establece: Sic “En otras palabras, el poder judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana”[2]. Continúa: Sic “El deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso.[3]” En cuanto a la motivación de las sentencias se refiere: Sic “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática[4]”; en cuanto a la argumentación se refiere: Sic “la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión de manera clara a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad”.[5] Sigue diciendo: Sic “es imprescindible en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, la motivación proporciona a las partes la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[6]”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “5. La sentencia impetrada fue dictada al amparo del Código Procesal Civil, razón por la cual el Iudex Ad Quem está obligado en redactar su sentencia respetando las garantías de orden convencional, constitucional y procedimental, así como los requisitos y lineamientos procesales contenidos en los artículos 200, 206, 207 y 208[7] del CPC. 6. Que la casacionista en su argumentación sostiene que el Ad Quem es falto de claridad, precisión y exhaustividad en su motivación, ignorándose por completo el razonamiento en dicho fallo, omisión que esta Sala confirma de la lectura misma de la sentencia recurrida y la considera carente de suficiencia, racionalidad y criterio lógico. 7. Respecto al alcance del derecho a doble instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que debe tratarse de un “examen integral o íntegro” de la decisión recurrida. Por su parte el derecho convencional establece que debe entenderse: “para que éste (el fallo) sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una posible condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria”.[8] (Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentada. Pag.244). Esto no convierte a la Sala de lo Civil en un ente de revisión per se, pero no la desliga de su obligación, como tribunal superior, en tutelar el respeto al debido proceso. 8. El artículo 211 del Código Procesal Civil, demanda del juzgador que declare la nulidad o anulabilidad de los actos procesales que se realizan con incumplimiento de los requisitos contemplados en la ley. Por su parte el artículo 214.1.2. del mismo código facultan al juzgador para que ex officio declare la nulidad de actos procesales que impliquen ausencia de requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, todo ello en concordancia con lo que establece el artículo 701. 3 que literalmente dice: “No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente” 9. Se considera adecuada “Hic Et Nunc” la causal de nulidad prevista en el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, que dispone que los actos procesales son nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se haya producido indefensión. 10. Por las razones expuestas, la Sala de lo Civil, ante su deber de vigilar y hacer uso de los mecanismos legales necesarios para enmendar todos aquellos casos que llegan a su conocimiento y que adolecen de errores que violentan los cimientos del Estado de Derecho, tal como sucede en el presente caso; se ve obligada en la imperiosa necesidad de enmendar el cause jurisprudencial declarando la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 23 de enero del año 2018, la cual confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 26 de junio del año 2017, por carencia absoluta de requisitos internos de la sentencia, al hacer suya la dictada por el iudex A Quo, causando indefensión para las partes del proceso."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designado ponente el tercero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la abogada DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO; y los señores MARCIO ALVARADO ENAMORADO y ERNESTO GALEAS MARTINEZ, representados en juicio por los abogados IVIS ADALID ESCOBAR MARTINEZ y EVA FABIOLA CASTRO MÁRQUEZ, ambos como recurrentes-recurridos. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE PAGO POR VIA DE REPETICION”, promovida en fecha 14 de mayo de 2013, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por la abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, actuando en su condición de Procuradora General de la República de Honduras, como representante legal del ESTADO DE HONDURAS, contra los señores ERNESTO GALEAS MARTINEZ y MARCIO ALVARADO ENAMORADO, ambos mayores de edad, casados y de este domicilio. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha 23 de enero de 2018, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada en fecha 26 de junio de 2017, por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, que falló de la siguiente manera: “FALLA: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA DE PAGO POR VIA DE REPETICION, promovida por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, actuando en su condición de Procuradora General de la República, en contra de los señores: ERNESTO GALEAS MARTINEZ, y MARCIO ALVARADO ENAMORADO.- 2) DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCION MATERIAL, presentada por el Abogado IVIS ADALID ESCOBAR MARTINEZ, en su condición de Representante Procesal del señor ERNESTO GALEAS MARTINEZ y la presentada por la Abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, en su condición de Representante Legal del señor MARCIO ALVARADO ENAMORADO, en el escrito de contestación de la demanda.- 3) CONDENA a los señores: ERNESTO GALEAS MARTINEZ y MARCIO ALVARADO ENAMORADO al pago de la cantidad de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (LPS. 1,198,947.55) más el pago del interés legal del 6°/o anual, calculado desde la fecha de presentación de la Demanda hasta que se cumpla la obligación correspondiente, en concepto de que el Estado de Honduras fue condenado a cancelar esa cantidad por concepto de intereses por actuaciones de incumplimiento del ordenamiento jurídico de fuerza legal en el desempeño de sus funciones.- 4) ABSOLVIENDO a los señores: ERNESTO GALEAS MARTINEZ y MARCIO ALVARADO ENAMORADO a la cancelación de la cantidad de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (LPS.9,991,228.17), en virtud que dicha cantidad el Estado de Honduras canceló al Abogado DARIO ORLANDO ROVELO RODRIGUEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR REPRESENTACIÓN JUDICIAL AL ESTADO DE HONDURAS, los cuales siempre reclamó en legal y debida forma y, cuya obligación fue constituida previa y únicamente por el Estado de Honduras, constituyéndose dicha obligación anteriormente a la intervención de los actos por incumplimiento del ordenamiento jurídico de fuerza legal de los demandados. 5) SIN COSTAS. 6) CONTRA ESTA SENTENCIA PROCEDE El RECURSO DE APELACIÓN. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: La abogada DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO, actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en fecha 12 de septiembre de 2018, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 23 de enero de 2018, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: Los abogados IVIS ADALID ESCOBAR MARTINEZ y EVA FABIOLA CASTRO MÁRQUEZ, actuando en su condición de representantes procesales de los señores MARCIO ALVARADO ENAMORADO y ERNESTO GALEAS MARTINEZ, en fecha 12 de septiembre de 2018, presentaron escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 23 de enero de 2018, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de los Recurrentes y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: Los abogados IVIS ADALID ESCOBAR MARTINEZ y EVA FABIOLA CASTRO MÁRQUEZ, actuando en su condición de representantes procesales de los señores MARCIO ALVARADO ENAMORADO y ERNESTO GALEAS MARTINEZ, presentaron escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciados a los recurrentes-recurridos. QUINTO: La abogada DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO, actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciada a la recurrente-recurrida, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. SEXTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los abogados DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO, IVIS ADALID ESCOBAR MARTINEZ y EVA FABIOLA CASTRO MÁRQUEZ, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fecha 08 de enero del 2019, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha 20 de febrero de 2019, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEPTIMO: Que la abogada DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Se impugna la interpretación errónea del artículo 207.2 del Código Procesal Civil que regula la motivación de las sentencias. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 inciso c) causales del recurso del Código Procesal Civil, en la parte que dice c) La forma y contenido de la sentencia. DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA: Contener la sentencia infracción de actos procesales en la FORMA de la Sentencia. Como el error denunciado fue cometido al estructurarse la sentencia impugnada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia, y en cuanto al requisito de subsanación, no se aplicó porque como manifestamos la infracción de las normas procesales se dio al dictarse el fallo hoy impugnado. NORMAS INFRINGIDAS: Infracción del artículo “ARTICULO 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: C) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. “ARTICULO 207. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Honorables Magistrados, el Código Procesal Civil mediante el literal c) del artículo 719.1 trata de los errores producidos en la sentencia por infracción en la votación y fallos de los litigios, en el contenido formal de las resoluciones y especialmente en el contenido formal de las sentencias, por lo que, de ese modo se puede impugnar por la falta de claridad y separación de los pronunciamientos del fallo que tengan relevancia, la falta de congruencia de la sentencia, falta de liquidez de la condena pecuniaria si se hubiera pedido la condena líquida, infracción del deber de invariabilidad de la sentencia y excesos inadmisibles en cuanto a aclaraciones y rectificaciones y, en general, cuantas infracciones invaliden la sentencia teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que a regulen como la falta de motivación o la motivación insuficiente. En el presente caso se señala las infracciones de las normas procesales que regulan la forma de la sentencia, produciéndose en la misma sentencia, o sea, son vicios internos que producen o manifiestan ci estructurar la sentencia, es decir que su elaboración, en general se incurrieron en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulen como la falta de motivación o la motivación insuficiente. EXPLICACION DEL MOTIVO: Se impugna la interpretación errónea de los artículos 200 en relación con el 207.2 del Código Procesal Civil, que afecta la forma de la sentencia. El artículo 200 del Código Procesal Civil, entre otros requisitos exige el numeral 1, que las sentencias serán siempre motivadas, y se determina la motivación de acuerdo con el concepto y alcance que se establece en el artículo 207 de ese mismo cuerpo legal. En el fallo impugnado la motivación de este es insuficiente, porque no existen razonamientos facticos y jurídicos sobre los presupuestos en que funda su sentencia el Tribunal requerido. Existe insuficiencia en la motivación, pues a exigua que existe en la sentencia verdaderamente no incide en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, tanto considerados individualmente como en su conjunto, como lo exige el artículo 207.2 del Código Procesal Civil. Con fecha 26 de junio del año 2017 el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán dicto sentencia que en su parte resolutiva dice: “1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA DE PAGO POR VIA DE REPETICION, promovida por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, actuando en su condición de Procuradora General de la República, en contra de los señores ERNESTO GALEAS MARTINEZ, y MARCIO ALVARADO ENAMORADO.- 2) DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN MATERIAL, presentada por el Abogado IVIS ADALID ESCOBAR MARTINEZ, en su condición de Representante Procesal del señor ERNESTO GALEAS MARTINEZ y la presentada por la Abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, en su condición de Representante Legal del señor MARCIO ALVARADO ENAMORADO, en el escrito de contestación de la demanda.- 3) CONDENA a los señores: ERNESTO GALEAS MARTINEZ y MARCIO ALVARADO ENAMORADO al pago de la cantidad de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (LPS. 1,198,947.55) más el pago del interés legal del 6% anual, calculado desde la fecha de presentación de la Demanda hasta que se cumpla la obligación correspondiente, en concepto de que el Estado de Honduras fue condenado a cancelar esa cantidad por concepto de intereses por actuaciones de incumplimiento del ordenamiento jurídico de fuerza legal en el desempeño de sus funciones.- 4) ABSOLVIENDO a los señores ERNESTO GALEAS MARTINEZ Y MARCIO ALVARADO ENAMORADO a la cancelación de la cantidad de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (L.9,991,228.17) en virtud de que dicha cantidad el Estado de Honduras canceló al abogado DARlO ORLANDO ROVELO RODRIGUEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR REPRESENTACION JUDICIAL AL ESTADO DE HONDURAS, los cuales siempre reclamó en legal y debida forma, y cuya obligación fue constituida previa y únicamente por el Estado de Honduras, constituyéndose dicha obligación anteriormente a la intervención de los actos por incumplimiento del ordenamiento jurídico de fuerza legal de los demandados.- 5) SIN COSTAS.- 6) CONTRA ESTA SENTENCIA PROCEDE EL RECURSO DE APELACION.- NOTIFIQUESE.” Con fecha 23 de enero de 2018 ¡a Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dicto sentencia en los términos siguientes: “Falla: PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.- SEGUNDO: Con firmar la sentencia definitiva de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecisiete (2017) dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la DEMANDA DE PAGO POR VIA DE REPETICION promovida por la abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la Repúblico contra los señores ERNESTO GALEAS MARTINEZ Y MARCIO ALVARADO ENAMORADO. SIN COSTAS Y MANDA...” La Corte recurrida motiva esta sentencia entre otros en los siguientes fundamentos de derecho: “OCTAVO: El Aquo, en fecha 26 de junio del año 2017, dictó una nueva sentencia, la cual sin embargo, al igual que la anterior, también ha sido recurrida en apelación ante nuestra instancia por los intervinientes en el proceso en tal sentido, y dando respuesta al citado recurso, de entrada estimamos que la falta de explicación advertimos carecía la sentencia de fecha 26 de agosto del año 2015, fue suplica en la nueva sentencia en tanto en cuanto en primer lugar, en el fallo mismo se aclaran complementariamente cada uno de los pronunciamientos que contiene; y en segundo lugar, de la lectura del resto de los argumentos de hecho y de derecho que comprende la resolución recurrida, podemos establecer que aquellos pronunciamientos derivan de la relación de todo lo actuado y aportado por cada una de las partes intervinientes en el caso en que se han visto involucrados.., por lo que debe confirmarse la sentencia del Aquo, por estar debidamente motivada y determinada la cuantía en perjuicio del erario del Estado de Honduras, aunado a que la entidad pública del Estado ha sido condenada por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a reparar los antijurídicos causados a un particular (en este caso el no pago de los honorarios a tiempo) y que en la sentencia se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario (en este caso está determinada y es parte de los medios probatorios). DECIMO: ... B) además de todo, asimismo hemos podido apreciar que la sentencia reúne todos los requisitos internos y formales que debe reunir esta clase de resoluciones conforme lo disponen los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, por lo cual no consideramos, que se haya prescindido de los mismos en su emisión.” En primer lugar, la corte sancionadora señala que la sentencia recurrida ya fue suplida y aclarada complementariamente en sus pronunciamientos conforme a lo actuado y aportado por cada una de las partes intervinientes en el juicio, no siendo del todo correcta esta apreciación en virtud de que en primera instancia se dejó establecido conforme a la documentación aportada, que el Estado de Honduras fue condenado al pago total de L.11,190,175.55. Obviando el documento presentado y que corresponde a las sentencias del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo emitidas en fechas 14 de noviembre de 2007 y 27 de marzo de 2008 respectivamente, en la demanda ordinaria número 074-07 del citado Juzgado de Letras, y que fueron aportadas a este juicio de repetición, donde señala claramente la cantidad que fue condenado el Estado; todo en virtud de haberse anulado el acto administrativo por no estar emitido conforme a ordenamiento jurídico vigente, y reconociendo la situación jurídica individualizada entre otros, que consistía en la condena al pago por la cantidad de L.11,190,175.55, mismo que fue debidamente cancelado por mi representado según consta en el documento de ejecución de gastos, presentado como medio probatorio en la demanda de repetición. En este sentido y siguiendo con el análisis de la sentencia hoy recurrida, vemos que existe un error en la interpretación de las normas procesales al motivar dicha sentencia, ya que no desarrolla la exigencia que establecen los artículos 200 y 208 al no haberse llevado a cabo un razonamiento lógico en el fallo impugnado, en virtud de que existe un documento donde se señala el pago total que fue condenado al Estado de Honduras; pago que fue obligatoriamente cancelado, y que resultó de las actuaciones negligentes en que incurrieron los hoy demandados señores Ernesto Gáleas Martínez y Marcio Alvarado Enamorado al haber actuado fuera del ordenamiento jurídico al cual estaban sujetos como funcionarios públicos, tal y como lo dejo establecido el A-Quo en la sentencia recurrida. Dicho pago dio como consecuencia un menoscabo al Estado de Honduras, perjudicándolo en su patrimonio al pagar una millonaria cantidad de dinero; en este sentido los funcionarios demandados debieron considerar actuar con la debida diligencia en las funciones a ellos encomendadas, obviando prever lo que era previsible y con ello adoptar las providencias necesarias y evitar un resultado dañoso. ¿En este mismo orden de ideas, nos preguntamos, como es que esta corte exime a los demandados de la responsabilidad total del pago y con ello desestimar el recurso de apelación? Resulta algo ilógico y erróneo las razones utilizadas por parte de este Tribunal de Alzada, ya que, habiendo una clara responsabilidad por parte de los funcionarios, lo lógico es condenarlos al pago total que el Estado de Honduras efectuó por dicho comportamiento, siendo estos los requisitos indispensables para solicitar la acción de repetición, como derecho constitucional que ostenta el Estado para poder repetir y solicitar lo que injustamente fue pagado y erogado de las arcas públicas. Aunado a lo anterior es preciso señalar que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en materia de Derecho, ya que no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar porque una norma legal debe de regir un caso concreto. Ahora bien, ordena el artículo 207 del Código Procesal que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 200 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación COMPLETA se traduce en el vicio in procedendo por insuficiente motivación, y la falta de una motivación EXPRESA se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia. En el caso particular al haber la Corte de Apelaciones confirmado la Sentencia dictada por el A-Quo, sin una debida fundamentación jurídica, ya que la sentencia recurrida solo hace cita de las normas legales, sin ninguna explicación del porqué éstas están vinculadas al caso concreto hace incurrir al Sentenciador en el Motivo Procesal invocado, y por ende hace procedente la admisión del presente Motivo de Casación, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. SEGUNDO MOTIVO: Se impugna la interpretación errónea del artículo 207. 1 del Código Procesal Civil que regula la motivación de las sentencias. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 inciso c) causales del recurso del Código Procesal Civil, en la parte que dice c) La forma y contenido de la sentencia. EXPLICACION DEL MOTIVO: Con este motivo se impugna la interpretación errónea de los artículos 200 en relación con el 207.1 del Código Procesal Civil, que afecta a forma de la sentencia. El artículo 200 del Código Procesal Civil, entre otros requisitos exige el numeral 1, que las sentencias serán siempre motivadas, y se determina la motivación de acuerdo con el concepto y alcance que se establece en el artículo 207 de ese mismo cuerpo legal. En el fallo impugnado la motivación de este es insuficiente, porque no existen razonamientos facticos y jurídicos sobre los presupuestos en que funda su sentencia el Tribunal requerido. Existe insuficiencia en la motivación, pues la exigua que existe en la sentencia verdaderamente no incide en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, como lo exige el artículo 207.1 del Código Procesal Civil. Todo lo anterior es en vista de que en el juicio contencioso administrativo como en el juicio civil de repetición, se acreditó que los funcionarios demandados, no se encontraban legitimados para emitir el acto administrativo que dicho sea de paso fue anulado y trajo como consecuencia a interposición de una demanda de pago de honorarios y una sentencia de condena; ya que en ella se estableció (sentencia del juzgado contencioso administrativo de fecha 14 de noviembre del año 2007 considerando 13) que fue un error por parte del funcionario público, el haber resuelto un reclamo administrativo violentando el debido proceso, pues emitió un acto carente de requisitos intrínsecos, razón por la cual se anuló el acto administrativo. En este sentido, al no tener las atribuciones y facultades de ley para este tipo de actuaciones, se le consideró al funcionario con falta de legitimidad y por lo tanto el señor Ernesto Gáleas Martínez quien fungía como Sub Secretario de Estado en los despachos de Transporte y Vivienda, es considerado responsable ya que con sus actuaciones negligentes dio origen a que se promoviera una demanda contra el Estado y este se viera perjudicado económicamente por la condena sufrida. Por otra parte, el señor Marcio Alvarado Enamorado, quien era Director General de Carreteras, emitió un documento (oficio N° 2958-05) donde dio respuesta a una solicitud previamente hecha por el demandante para el pago de honorarios, y dicho oficio constituyo el reconocimiento de la deuda, no encontrándose legitimado para determinar dicho extremo. En consecuencia, esta Representación Legal procedió a entablar la presente acción de repetición apreciando la falta de responsabilidad de los funcionarios, la negligencia ay la poca observancia a las leyes que regían sus funciones, aunado a ello el pago que efectuó el Estado de Honduras. Por tales situaciones estimo que la sentencia carece de razonamientos facticos y jurídicos con los que hubo una falta de apreciación y valoración de pruebas, se obvió aplicar el artículo 207.1 señalado en la norma procesal vigente, tampoco existió una completa motivación fáctica de la sentencia, en vista de que no se tomaron en cuenta los argumentos antes descritos, con los cuales se acreditaba la responsabilidad de los funcionarios al haber perjudicado económicamente al Estado de Honduras. También existe una clara contradicción en la sentencia emitida por este Tribunal de Alzada al señalar que la misma se encuentra debidamente “motivada y determinada la cuantía en perjuicio del erario del Estado de Honduras, aunado a que la entidad pública del Estado ha sido condenada por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a reparar los antijurídicos causados a un particular...” tal apreciación se vuelve contradictoria en vista de que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha 27 de marzo de 2008, emitió sentencia condenando al pago de L.9,991,228.17 más interés legal, que en definitiva recayó en un pago total de L.11,19o,175.55 que fue el total pagado por el Estado de Honduras; en consecuencia este Tribunal de Alzada como el Tribunal A-Quo condenan a los ex funcionarios a una cantidad mínima o errónea y no a la que corresponde en su totalidad, según se dejó acreditado en la demanda. TERCER MOTIVO: Se impugna la interpretación errónea del artículo 324 de la Constitución de la República que regula el derecho del Estado de Honduras de ejercer la acción de repetición. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Honorables Magistrados, en este tercer motivo se impugna la interpretación errónea del artículo constitucional 324 que regula el derecho que tiene el Estado para ejercer la acción de repetición contra aquellos servidores públicos, que por culpa o dolo hayan infringido la ley en perjuicio de particulares, serán civil y solidariamente responsables junto con el Estado. En este sentido el Objetivo específico de la acción de repetición es la protección del patrimonio del Estado, los funcionarios están llamados a salvaguardar los intereses del Estado, siempre sujetos a la Ley. Es entendible que quien ha pagado algo está legitimado jurídicamente para cobrar lo pagado a quien originalmente fuere el obligado. Lo que se repite es el cobro y pago de aquello que ya se cobró y pagó. En consecuencia la corte sancionadora en fallo recurrido no interpretó de manera correcta el artículo constitucional en su totalidad en vista de que condena a los demandados solo a un pago parcial, al pago de los intereses que resultaban del capital de los honorarios que reclamo el abogado Darío Rovelo, por la defensa del Estado en una demanda interpuesta en La cantidad a la que fueron condenados parcialmente los ex funcionarios por el tribunal AQuo y confirmado por el de Alzada fue de L. 1,198,947.55, cuando lo que el Estado pagó en virtud de la condena sufrida a raíz de la negligencia y falta de responsabilidad de los servidores públicos hoy demandados por mi representado fue en su totalidad la cantidad de L.11,190,175.55. No siendo correcto haberlos absuelto de la responsabilidad y obligación del pago total a que estaban sujetos, en vista del derecho de repetición y la legitimidad que ostenta el Estado de Honduras, así como Ci deber de ellos de responder solidaria y totalmente ha dicho pago. Asimismo esta corte sancionadora también apreció que sí se cumplieron los presupuestos contenidos en el artículo 324 de nuestra carta magna; en su fundamento de derecho séptimo dice: “... considerando que el actuar del Estado se ejecuta a través de personas naturales, estas podrán declararse la acción de repetición que se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Publica para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares corno resultado de una condena... “, en este sentido, se aprecia el derecho del Estado y la obligación de os funcionarios, pero al emitir el fallo, en su parte dispositiva se aprecia la interpretación errónea al artículo constitucional, ya que solo se condenó a una determinada cantidad, a un pago parcial y no a la que el Estado pagó producto de la sentencia condenatoria, teniendo el derecho de repetición reconocido. En virtud de ello solicito a ustedes honorables Magistrados que habiendo una clara interpretación errónea del artículo 324 de la Constitución de la República, sin razón lógica de ello, sea admitido el presente motivo de casación interpuesto quedando precisada y justificada la incidencia de las infracciones en la resolución impugnada ya que perjudica a mi representado, por lo que los funcionarios deben ser condenados total de lo pagado, por el derecho de repetir del Estado de Honduras contra los servidores que infringieron la ley y por ende el perjuicio económicamente causado al Estado.” OCTAVO: Que los abogados IVIS ADALID ESCOBAR MARTINEZ y EVA FABIOLA CASTRO MÁRQUEZ, plantean su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. UNICO MOTIVO: Se establece que este motivo es por la infracción y violación del artículo 1367 del Código Civil el cual manda: ‘Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurre mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y a la falta de este convenio en el interés legal, el cual es de 6% anual”. Es imperativo señalar honorables magistrados en el considerando DECIMO PRIMERO de la sentencia fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras civil del departamento de Francisco Morazán, la Juez A-Quo realiza una transcripción de la parte resolutiva de la sentencia de fecha veintisiete de marzo del dos mil ocho dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en dicha sentencia se puede verificar que este Tribunal ordena el pago de la cantidad de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO LEMPIRAS CON 171100 (LPS.9,991,228.17) más el interés legal de 6% anual enlerdado desde la fecha del acto impugnado hasta que se cumple con las obligación correspondiente; este pago a intereses que fue condenado a pagar al Estado de Honduras como la misma sentencia señala está fundamentado en el artículo 1367 del Código Civil, siendo la obligación directa de pago de los honorarios a cargo de quien fue su mandante (El Estado) y no de los señores ERNESTO GALEASMARTINEZ y MARCIO ALVARADO ENAMORADO. obligación que nace de la ley en virtud que el mandato no es un contrato gratuito sino que oneroso tal como señala el artículo 1890 del Código Civil habiéndose prestado estos servicios profesionales a favor y en beneficio del Estado de Honduras y no de nuestros mandantes por tal razón es improcedente que se pretenda sean pagados por nuestro representados los intereses generados de una obligación directa del estado y más aún derivada de una sentencia emanada de un tribunal como lo es la Corte de Apelaciones de los Contencioso Administrativo, ya que ellos no fueron quienes contrataron al abogado Darío Orlando Rovelo Rodríguez para que actuara como abogado defensor del Estado, quien le dio el mandato de ley fue el mismo Estado a través de la Procuraduría General de la Republica. Honorables magistrados es improcedente atribuirles responsabilidad a mis mandantes de pagar la cantidad de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHOS CENTAVOS (LPS. 1,198,947.38), por concepto de intereses por actuaciones de incumplimiento del ordenamiento jurídico de fuerza legal en el desempeño de sus funciones. Que si bien es cierto se dio por parte de nuestros mandantes una respuesta mediante el oficio de fecha 30 de diciembre del 2005 a una petición a quien fue defensor del Estado por mandato otorgado por el Procurador General de la Republica, esta acto no fue considerado como un acto de responsabilidad por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, máxime que el texto de la nota solo se refiere a que no existe presupuesto alguno para pagar honorarios profesionales, o sea una respuesta cierta y lícita que en ningún momento constituyo un acto doloso o negligente, ya que si así hubiese sido, la sentencia de fecha veintisiete de marzo del dos mil ocho dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que reconoció el derecho a los honorarios a favor del abogado Darío Orlando Rovelo Rodríguez, lo hubiese declarado como tal o sea que la acción de mi demandante no fue determinante para Ci resulto de que se acusa, aparte de que ese acto o sea el oficio DGC No. 2958-05 de fecha 30 de diciembre del 2005 de la Dirección General de Carreteras, en ningún momento es o fue considerado ilegal en la sentencia que ordena el pago de los honorarios a favor del abogado Rovelo, por ende no se le puede deducir responsabilidad alguna. Por lo anterior estoy en la obligación de demostrarles a ustedes Honorables Magistrados mediante una simple operación aritmética que el valor de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (LPS. 1,198,94738), es el resultado de la condena de los intereses señalados en la sentencia de fecha veintisiete de marzo del dos mil ocho dictada por la Corte de Apelaciones de to Contencioso Administrativo, es decir que al multiplicar la cantidad de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 17/100 (LPS 9,991,228.l7) más el interés legal de 6% anual por dos años que fue el tiempo que espero el abogado Darío Orlando Rovelo Rodríguez, para que se le hiciera efectivo el pago de sus honorarios profesionales por defender al Estado de Honduras tal como se demuestra a continuación así: (LPS 9,991,228,l7) x 6% = L. 599,473.69 x 2 = L. 1, 198, 94738, por lo cual nos preguntamos de donde la juez de instancia justifica dicho valor el cual no es más que los intereses generados de la fecha quince (15) de noviembre del dos mil seis (2006) hasta la fecha en que se hizo efectivo el pago. Se ha confirmado erróneamente por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, una sentencia de la Juez A quo en la cual se declara que los demandados los señores ERNESTO GALES MARTINEZ y MARCIO ALVARADO ENAMORADO, actuaron fuera del mareo de funciones que le atribuye la ley, sin embargo la condena pagada al señor Darío Orlando Rovelo, obedeció al pago de honorarios profesionales derivados de un servicio prestado y provocada por la misma PGR, por tanto, es evidente que la obligación de pago no fue causada por un acto de los demandados, sino que fue causada por mandato de la ley a raíz de un servicio prestado tal como estipulan los artículos 70 párrafo tercero de la Constitución de la Republica y 1890 del Código Civil. Contrario hubiese sido si acción de repetición estuviera amparada sobre la base de sentencias que fueron dictadas por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en casos que si son objeto de responsabilidad civil solidaria y con cargo a una eventual acción de repetición, ya que su naturaleza con lleva a actos y acciones llevadas a cabo por funcionarios públicos que infringiendo la ley causaron perjuicio a particulares y esos perjuicios tuvieron que ser resarcidos por el Estado, pero la diferencia entre estos fallos que ha sido acreditados en el juicio y los fallos que sirven de soporte a la demanda, es que estos disponen una condena de daños y perjuicios que proviene directamente de los actos ejecutados por los servidores públicos o sea que el nexo de causalidad que da lugar a la condena de daños y perjuicios reconocidos en esos fallos proviene o esta derivada del comportamiento de los servidores y en el caso que nos ocupa esa condena esta derivada de la obligación directa y exclusiva de pago que tiene el Estado para quien le ha prestado un servicio. De lo anterior se concluye que tanto el Juzgado de Letras de lo Civil y la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, desconocieron al momento preferir sus fallos el contenido de los artículos 1367 del código civil y_121 y 122 numeral 3) de la Ley Orgánica del Presupuesto los cuales limitan a los servidores públicos a comprometer gastos y ordenar pagos sin créditos suficientes para realizarlos o contraviniendo lo dispuesto en la referida ley o en el presupuesto correspondiente al momento de haber dado respuesta a la solicitud realizada por el ahogado Darío Orlando Rovelo Rodríguez quien actuaba como defensor del Estado, por mandato del mismo Estado a través de la Procuraduría General de la República. Como he repetido, la obligación directa de pago de los honorarios es a cargo de quien fue su mandante (El Estado), y por ende el pago de los intereses están a cargo del mismo y no de los señores ERNESTO GALEAS MARTINEZ y MARCIO ALVARADO ENAMORADO, dado que el Estado tenía la obligación de pago inmediata contra entrega del resultado favorable que el abogado Darío Orlando Rovelo obtuvo en su desempeño como Abogado que actúo en representación del Estado de Honduras tal como manda el artículo 1367 del Código Civil: “Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurre mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y a la falta de este convenio en el interés legal, el cual es el 6% anual”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. En la impugnación interpuesta por la abogada DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO en su condición supra indicada, se denuncian actos de indefensión por no cumplir la sentencia impetrada los requisitos que establece la ley. Después de un minucioso estudio del recurso interpuesto, confrontándolo con la sentencia impetrada que confirma la dictada por el A Quo, la Sala de lo Civil observa serias irregularidades que vulneran el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la coherencia resolutiva. Lo anterior se afirma porque en la sentencia dictada en primera instancia y confirmada por el Tribunal Ad Quem se evidencia una absoluta indefensión para ambas partes del proceso por inobservar tanto los principios generales como los requisitos internos que deben contener las sentencias. Dicha afirmación se sustenta en que el Órgano Jurisdiccional no ha observado ni salvaguardado el cumplimiento de las garantías dispuestas en las normas adjetivas y constitucionales que garantizan la tutela efectiva del proceso. Entre ellas se encuentra la inobservancia que por obligación tiene el Órgano Jurisdiccional en que la resolución proferida sea congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, por no establecer las razones fácticas y jurídicas que han llevado al juzgador a la convicción de su fallo. La sentencia impetrada tampoco vincula las normas aplicadas con las pruebas evacuadas en concordancia con el debate establecido, limitándose únicamente a la transcripción literal de artículos, creando con ello una decisión sin sustento, en contraposición con lo establecido en los artículos 1.2; 7.1 y 2; 10.2; 13.3 todos del Código Procesal Civil, en adelante CPC. Estos principios sustentan las normas establecidas en los artículos 206.1.3, 207.1.2., 208.2 y 480.1 del CPC, que obliga que en las sentencias deben considerarse todos los puntos objeto del litigio con su debida separación, con una debida motivación en la cual se expresen los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración probatoria, así como a la aplicación e interpretación de las normas empleadas, las cuales deben ajustarse a las reglas de la lógica y de la razón. Por todo lo antes expuesto es menester que la sentencia venida a esta jurisdicción se dicte con los requisitos antes expuestos, ya sea condenando o absolviendo al demandado, con total claridad, precisión y exhaustividad con especial pronunciamiento sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, requisitos que el juzgador ha omitido. 2. Las irregularidades establecidas en el numeral anterior obligan a los tribunales de alzada ordenar la corrección de dichas carencias con el propósito que las partes puedan saber los razonamientos fácticos y jurídicos con total precisión por los cuales se ha proferido el fallo del proceso, y con ello los intervinientes en el proceso se vean posibilitados a impugnar la resolución judicial que cause directa o indirectamente un perjuicio en los términos de ley, tal como lo establecen los artículos 14, 690, 705 y 716 del CPC. 3. El artículo 303 de la Constitución de la República establece en su parte conducente que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes. El artículo 304 constitucional establece en su parte conducente que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos; lo cual es un llamado a velar para que toda resolución sea dictada al amparo del debido proceso (artículo 90 párrafo primero constitucional.) 4. Sumado a lo anterior, el Estado de Honduras reconoce como derecho positivo las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este tema, entre ellas se establece que: Sic “los órganos del poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex-officio, entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales pertinentes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control debe ejercerse siempre, sin considerar otros supuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones”.[1][i]También establece: Sic “En otras palabras, el poder judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana”[2]. Continúa: Sic “El deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso.[3]” En cuanto a la motivación de las sentencias se refiere: Sic “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática[4]”; en cuanto a la argumentación se refiere: Sic “la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión de manera clara a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad”.[5] Sigue diciendo: Sic “es imprescindible en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, la motivación proporciona a las partes la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[6].5. La sentencia impetrada fue dictada al amparo del Código Procesal Civil, razón por la cual el Iudex Ad Quem está obligado en redactar su sentencia respetando las garantías de orden convencional, constitucional y procedimental, así como los requisitos y lineamientos procesales contenidos en los artículos 200, 206, 207 y 208[7] del CPC. 6. Que la casacionista en su argumentación sostiene que el Ad Quem es falto de claridad, precisión y exhaustividad en su motivación, ignorándose por completo el razonamiento en dicho fallo, omisión que esta Sala confirma de la lectura misma de la sentencia recurrida y la considera carente de suficiencia, racionalidad y criterio lógico. 7. Respecto al alcance del derecho a doble instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que debe tratarse de un “examen integral o íntegro” de la decisión recurrida. Por su parte el derecho convencional establece que debe entenderse: “para que éste (el fallo) sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una posible condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria”.[8] (Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentada. Pag.244). Esto no convierte a la Sala de lo Civil en un ente de revisión per se, pero no la desliga de su obligación, como tribunal superior, en tutelar el respeto al debido proceso. 8. El artículo 211 del Código Procesal Civil, demanda del juzgador que declare la nulidad o anulabilidad de los actos procesales que se realizan con incumplimiento de los requisitos contemplados en la ley. Por su parte el artículo 214.1.2. del mismo código facultan al juzgador para que ex officio declare la nulidad de actos procesales que impliquen ausencia de requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, todo ello en concordancia con lo que establece el artículo 701. 3 que literalmente dice: “No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente” 9. Se considera adecuada “Hic Et Nunc” la causal de nulidad prevista en el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, que dispone que los actos procesales son nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se haya producido indefensión. 10. Por las razones expuestas, la Sala de lo Civil, ante su deber de vigilar y hacer uso de los mecanismos legales necesarios para enmendar todos aquellos casos que llegan a su conocimiento y que adolecen de errores que violentan los cimientos del Estado de Derecho, tal como sucede en el presente caso; se ve obligada en la imperiosa necesidad de enmendar el cause jurisprudencial declarando la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 23 de enero del año 2018, la cual confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 26 de junio del año 2017, por carencia absoluta de requisitos internos de la sentencia, al hacer suya la dictada por el iudex A Quo, causando indefensión para las partes del proceso. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 701, 703, 704, 716, 717, 718, 719, 720, 721.2, 723.2 literal a) y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y DECLARA: 1. LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha 23 de enero de 2018. 2. Que la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, proceda a volver a dictar sentencia bajo las observaciones anunciadas. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte de su procedencia para los efectos consecuentes, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto ­­­­­­­­­­­­­­­­el Magistrado Wilfredo Méndez Romero. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 19=2019.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Corte IDH. Caso “Trabajadores Cesados del Congreso” (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones Preliminares,

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párrs. 128 y 129

[2] Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 123.

[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela

[4] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, op. cit., párr.

77; Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 141, y Caso Palma Mendoza y otros vs. Ecuador, op. cit., párr. 100.

[5] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, op. cit., párr. 122, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr.

[6] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, op. cit., párr.

78, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 148.

[7]Ver Resoluciones contenidas en los Expedientes No.237-2012 de fecha 02 de diciembre del año 2013; No.159-2013 de fecha 06 de mayo del año 2014; No. 22-2013 de fecha 27 de mayo del año 2014; No. 178-2013 de fecha 27 de mayo del año 2014; No.227-2013 de fecha 04 de junio del año 2014; No.181-2013 de fecha 30 de julio del año 2014; y No. 222-2014 de fecha 12 de mayo del año 2015.

[8] Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, op. cit., párr. 165, y Caso Mohamed vs. Argentina, op. cit., párr. 97.

Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, op. cit., párr. 89, y Caso Mohamed vs. Argentina, op. cit., párr. 97.

[i]