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Sentencia CC-170-19 — Registro 13133

Resumen

En segunda instancia se declaró con lugar el recurso de apelación en la demanda ordinaria de indemnización por daños y perjuicios derivada del incumplimiento de condiciones sobre un contrato privado de servicios de transportes decretando la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la sentencia definitiva.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “4. Que es del caso señalar que la decisión del Tribunal de Alzada proferida en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; resuelve declarar con lugar el recurso de apelación impetrado, a su vez decreta la nulidad del fallo proferido por el a quo; fallo del tribunal ad quem, contra el cual, en su momento procesal se ha interpuesto recurso de casación. 5. El Código Procesal Civil en su artículo 717 establece: “RESOLUCIONES RECURRIBLES. Sólo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, así como las sentencias que expresamente establezca este Código.” 6. En el caso sub iúdice se ha dictado por parte del ad-quem sentencia por la cual anula la sentencia proferida en primera instancia; la resolución del ad-quem No pone termino al pleito, haciendo imposible su continuación (artículo 717 del Código Procesal Civil); toda vez que su fallo anulatorio de lo dictado en primera instancia, únicamente conlleva que el a-quo pueda dictar una nueva sentencia, misma que sí, las partes lo estiman oportuno podrán impugnar mediante la interposición de los respectivos recursos de apelación; entendemos entonces que en el caso de autos, la sentencia del tribunal de alzada no supone ni mucho menos que se haya dado termino al pleito y que por ello pueda ser recurrida en vía casacional, tal y como erróneamente el impetrante del recurso de casación, lo ha creído. La Sala de lo Civil al examinar su competencia casacional, arriba a la conclusión de que no corresponde darle curso al recurso planteado en vista de que la resolución impugnada fue dictada por una Corte de Apelaciones en un juicio ordinario, fallo que no reúne el requisito insoslayable de definitividad. 7. Señalado lo anterior, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, devenía obligada de hacer valer el principio de aplicación de la norma procesal, substanciando siempre las actuaciones con arreglo a las normas procesales vigentes (véase artículo 21 del Código Procesal Civil); con lo cual no resulta congruente que dicho Tribunal haya dado trámite al recurso de casación como si la resolución proferida por esa instancia, y por la cual se anula la sentencia de primera instancia le pusiese termino al proceso; ello porque la negación de dicho recurso de casación, en este tipo de juicios se justifica plenamente por cuanto se trata de relaciones de derecho todavía susceptibles de seguir discutiéndose y sería ilógico llevarlas a una situación jurídica inmutable, como la que se origina en la decisión de casación. 8. Se hace la observación a la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, para que en lo sucesivo sea más cuidadosa en el estudio de las causas, en las que se interpone recurso de casación, a efecto de respetar el principio de economía procesal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de marzo del dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, siendo ponente el tercero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada ECONORED DE HONDURAS S.A., representada en juicio por el abogado DAVID ISRAEL DÍAZ HERNÁNDEZ, como recurrente; siendo recurrido el señor SANTOS FELIPE MARTÍNEZ, representado en juicio por el abogado NAIN JOSÉ PAZ SERRANO. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SOBRE UN CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE TRANSPORTES”, promovida en fecha 03 de agosto del año 2016, ante el Juzgado de Letras Civil de la Seccional Judicial de San Pedro Sula, Cortés, por el abogado Manuel de Jesús Girón Gómez, actuando en su condición de apoderado legal del señor Santos Felipe Martínez, quien es mayor de edad, casado, hondureño, transportista y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra la sociedad Econored de Honduras, S. A., representada legalmente por el señor Luis Carrasco, quien es mayor de edad, guatemalteco, Ejecutivo de Negocios y con domicilio en Ciudad de Guatemala, Guatemala. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha 29 de abril del año 2019, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: (Sic) “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de la parte demandante en contra de la sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete. SEGUNDO: DECRETANDO la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la sentencia definitiva de fecha Nueve de Noviembre del año Dos mil Diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes y demás actuaciones posteriores, en la demanda de indemnización de daños y perjuicios derivada en un incumplimiento de condiciones sobre un contrato privado de servicios de transporte, tramitada por la vía del proceso declarativo ordinario, promovida por el abogado MANUEL DE JESUS GIRON GOMEZ, en su condición de apoderado judicial del señor SANTOS FELIPE MARTINEZ, contra la sociedad ECONORED DE HONDURAS S.A. representada legalmente por el señor LUIS CARRASCO, para el pago de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS, (840,000.00), más los intereses y costas del juicio, debiendo el Juzgado de la primera instancia dictar nuevamente la sentencia que corresponde de conformidad a los lineamientos antes expuestos.- Y MANDA: Que con la certificación de la sentencia se remitan sus precedentes al Juzgado de su procedencia para los efectos consecuentes, previa notificación de la sentencia a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El abogado David Israel Díaz Hernández, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada ECONORED, S.A, en fecha 30 de mayo del año 2019, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 29 de abril del año 2019, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, resolviendo el ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo.TERCERO: El abogado Nain José Paz Serrano, actuando en su condición de representante procesal del señor Santos Felipe Martínez, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a este Alto Tribunal en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los abogados David Israel Díaz Hernández y Nain José Paz Serrano, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas 25 y 26 de julio del año 2019, resolviendo este tribunal, mediante proveído de fecha 27 de agosto del año dos 2019, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula Cortés, de la manera siguiente: (Sic) “EXPRESION DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN LA CASACION Fundamento el presente Recurso de Casación en los siguientes motivos: I) INFRACCIÓN PROCESAL 1) FALTA DE APLICACIÓN de los Artículo 203; 204; 205; 213; 214; y, 217 del Código Procesal Civil. 2) APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 212.4, eiusdem. II. INFRACIÓN DE LEY 1) FALTA DE APLICACIÓN Y VULNERACIÓN de los artículos 61; 80; 82; 90; 304; y, 320 de la Constitución de la República. Todo lo anterior infringido por parte de la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en la emisión del fallo objeto del presente recurso en relación a las causales que, a continuación, expreso de manera separada, clara y suficientemente motivada: PRIMERO: La primera causal se encuentra sustentada en que el tribunal de alzada está contraviniendo lo estipulado en los Artículos 203 y 204 del Código Procesal Civil, en relación con el Artículo 205 CPC (Falta de aplicación), en el sentido de que la contraparte recurrida omitió cumplimentar los prescrito en dicha normativa y el Tribunal Ad-Quem debió haber advertido que ese era el procedimiento a seguir por el demandante-reconvenido, ahora recurrido en casación, razón por la cual argumentos que el tribunal de alzada omitió aplicar dicha normativa, lo cual constituye en pleno motivo para la casación del fallo por evidente falta de aplicación de la normativa procesal relacionada, violentando con ello la aplicación del Artículo 90 de la Constitución de la Republica, del principio del debido proceso, en relación con los Artículos 3; 7; 10; 12; y, 13 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Al mismo tiempo, el Ad-Quem pretende anular completamente la sentencia, siendo que el Artículo 213 del código Procesal Civil (Falta de aplicación) manda que los actos procesales serán anulables siempre que no sea posible subsanarlos y, aun habiendo el Tribunal de Apelaciones, omitido la correcta aplicación de dicha normativa, se pretende ahora, no subsanar lo subsanable, sino anularlo todo, es decir anular toda la sentencia, sin tomar en cuenta que el fallo anulado no ha producido indefensión a ninguna de las partes y, además, acorde a la normativa adjetiva invocada, los actos procesales serán anulables siempre que no sea posible subsanarlos, todo lo anterior en perjuicio y agravio de diversos principios procesales y de la causa presentada, deviniendo en vulneración del principio constitucional y jurídico del debido proceso, contenido, además del Código Procesal Civil, en la Constitución de la República, específicamente en su Artículo 90. TERCERO: Por otra parte, la Honorable Corte de Apelaciones no ha aplicado en el Artículo 214 del Código Procesal Civil (falta de Aplicación), el Tribunal Ad-Quem pretende aplicar una nulidad absoluta sobre una sentencia por la supuesta omisión de un requisito no indispensable para alcanzar el fin procesal que es la sentencia definitiva, argumentando, además, que se ha producido indefensión el cual nos permitimos profundizar más adelante; ya hemos relacionado que el acto procesal por el cual el apelante debió hacer hecho valer su supuesto reclamo en el momento Procesal oportuno, contenido en el Artículo 213 del Código Procesal civil, en relación con los artículos 204 y 205, eiusdem, a efectos de la corrección de resoluciones emitidas por el Honorable despacho Judicial de Primera Instancia; sin embargo, el Honorable Tribunal Ad-Quem, tal como lo hemos manifestado, obvió tomar en cuenta dicho procedimiento para emitir su fallo, asimismo, obvió considerar que, doctrinalmente, la nulidad no es subsanable, y la anulabilidad sí lo es. La nulidad conlleva la no existencia de efecto alguno, en la anulabilidad los efectos se producen en tanto que el acto anulable no sea atacado. La principal diferencia es que la nulidad puede ser alegada por cualquier sujeto y puede determinarse de oficio, y la anulabilidad requiere que un sujeto invoque esa acción estando este facultado para proceder a confirmar o ejercer la acción de anulabilidad, por lo que no encontramos ante la anulabilidad de un acto procesal que supuestamente ha violentado un derecho, sin embargo, no deja la poción al Tribuna A-Quo de subsanar el supuesto acto vulnerante, sino que, a su vez, vulnera el derecho obtenido por esta representación Procesal mediante la anulación absoluta de la sentencia por la supuesta anulabilidad de un acto que procesalmente no constituye requisito indispensable, que no ha causado indefensión, cuya supuesta anulabilidad no se ha hecho valer por la contraparte por medio de los recursos establecidos en la ley, en debido tiempo y forma, que es subsanable y que, en definitiva, no constituye prueba concluyente en el juicio de mérito. CUARTO: En el mismo sentido, la Corte de Apelaciones no observa en su fallo lo preceptuado por el Artículo 217 del Código Procesal Civil (Falta de aplicación), infringiendo así el principio de conservación de los actos, afectando la totalidad de la sentencia, tanto en la demanda como en la reconvención y convirtiéndose en un fallo plus petitorio. El apelante, ahora recurrido en casación, ha alegado indefensión y el Honorable Juzgador Ad-Quem ha querido ver cierta su alegación sin tener en cuenta que por indefensión constitucionalmente relevante sólo puede entenderse la situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, el órgano judicial en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privado o limitando bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, bien de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción, produciendo un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa. QUINTO: Finalmente, esa Honorable Sala debe observar el completo incumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 212 CPC (Aplicación indebida), que prescribe de manera clara y expresa los explícitos motivos de nulidad de los actos procesales, por lo que el Juzgador debe atenerse a lo estipulado en los Artículos 13.1; 245.1; 268.2; 293; 303.1; 307.1 a; y, 311 del Código Procesal Civil. En tal sentido, podría proceder la anulabilidad de una parte de la sentencia, es decir, que el Juzgador A-Quo se manifieste sobre la tacha, aunque la comparecencia y declaración del testigo está justificada y fundamentada en la normativa anteriormente relacionada, pero, de todas formas, la aplicabilidad de la normativa por la supuesta omisión parcial producida por el Juzgador A Quo en su sentencia definitiva no implica la anulabilidad de las demás partes o, de la totalidad de dicha sentencia, tal como lo expresa el Artículo 217, eiusden. SEXTO: Con respecto a los fundamentos que la Corte de Apelaciones utiliza para su fallo, atacando la forma en como el Juzgador A-Quo sentenció, se ha basado en los Artículos 200 del Código Procesal Civil (Aplicación indebida) pues el Artículo 200.b no manifiesta expresamente que deban relacionarse expresamente las tachas en la sentencia emitida; 208, 211 (aplicación indebida de manera parcial) y, 212.4, eiusdem, por lo que argumentos que dicha fundamentación se encuentra subsumida en la figura legal denominada aplicación indebida, y, además, manifestamos que NO SE PRODUJO INDEFENSIÓN ALGUNA, tal como lo hemos expresado anteriormente, en la emisión de la sentencia definitiva de primera instancia, puesto que, para que hubiese existido la indefensión la causal del apelante, ahora recurrido en casación, tendría que haber sido adecuada y relativa a la observancia de las normas legales que regulan la producción de los actos durante el iter procesal que debió alegarse con estricto fundamento la indefensión con respecto de los errores referentes a la prueba, es decir, que la indefensión se produciría sobre casos tales como la admisión extemporánea de documentos, la admisión de pruebas ilícitas, denegación indebida de prueba, práctica viciosa de las mismas, errónea valoración de las pruebas legales, documentos públicos y privados o errónea valoración de las presunciones y, errónea aplicación de las reglas de distribución de la carga de la prueba, que, finalmente, no indujo al Juzgador a la emisión de su sentencia, por no ser esta concluyente, sin embargo, el Ad Quem omitió la aplicación de los Artículos relacionados en la primera parte de este acápite, es decir los Artículos 13.1; 245.1; 268.2; 293; 303.1; 307.1.a; y, 311 del Código Procesal Civil. SÉPTIMO: Además de lo anteriormente relacionado, tanto el demandante-apelante, ahora recurrido en casación, como el Honorable Tribunal Ad-Quem, saben que el testigo fue tachado para la reconvención, tal como se acredita en sendas acciones procesales generadas tanto por el apoderado judicial en la Audiencia de mérito, como en su escrito de apelación, como el Tribunal Ad- Quem lo relaciona en su fallo de apelación, y dicha tacha no comprende la demanda, pues el testigo no fue tachado para la misma por quien correspondía, es decir, la contraparte recurrida. Asimismo, el Juzgado A-Quo se ha atenido a lo prescrito en los Artículos 151 y 152 del Código Procesal Civil, lo cual ha obviado, de manera evidente, el Juzgador Ad-Quem, infringiendo con ello otra normativa procesal a más de la anteriormente relacionada. Finalmente, hacemos la aclaración que, como esta Honorable Alta Sala de Justicia podrá comprobar, la deposición testimonial no se ha constituido como prueba concluyente para que el Juzgador A-Quo haya fallado en sentencia definitiva. En todo caso, nos encontraríamos ante lo que la doctrina jurídica denomina del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión con un excesivo rigor formalista en la interpretación y aplicación e, incluso, no aplicación de otras normas y de los requisitos procesales que sí vulnera los principios jurídicos del debido proceso, de la igualdad de las partes, infringiendo, además, de la debida protección de las normas del ordenamiento jurídico, tal como lo hemos señalado en los acápites anteriores, como lo que se vulnera el precepto contenido en el Código Procesal Civil. OCTAVO: En conclusión, Honorables Magistrados de esa Alta Sala, con la infracción de la normativa adjetiva anteriormente relacionada se vulneran los preceptos constitucionales contenidos en los Artículos 61; 82; 90; 304; y, 320 de la Constitución de la República y los respectivos principios fundamentales ahí consignados. PRECEPTOS AUTORIZANTES El precepto para el presente recurso de casación se encuentra contenido en los Artículos 717; 719.1.c; y, 719.2 del Código Procesal Civil.” SEXTO: El abogado Nain José Paz Serrano, planteo pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación, hecho por la contraparte; de la siguiente manera: (Sic) “ANTECEDENTES PRIMERO: Lamentablemente el recurrente omite señalar en los antecedentes uno y dos la judicatura ante la cual se presentó la referida demanda principal, su contestación y la referida reconvención. SEGUNDO: Efectivamente el 9 de noviembre de 2017 el juzgado de letras de lo civil de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortes fallo desestimando la referida demanda principal y absolviendo a la demanda reconviniente sudjudice de toda responsabilidad económica, consideración que realizara sin ninguna clase de asidero la mentada reconvención y declarando el incumplimiento del contrato de servicios de transporte por parte de representación, a la vez que rescinde en forma ilegal e infundadamente en contrato de marras, pero sin ajustarse a la aplicación e interpretación que se requiere para dicha rescisión señalando los vicios legales para tal actuación, como son los vicios consagrados en el artículo 1556 del Código Civil. TERCERO: Efectivamente señores magistrados, en fecha 28 de noviembre de 2017 mi representado, el demandante y reconvenido, señor SANTOS FELIPE MARTINEZ, recurrió en apelación contra dicha sentencia y el 3 de abril de 2019 dicho recurso fue contestado por el apoderado contrario demandado y reconviniente. El 8 de abril de 2019 la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes en su parte dispositiva declaro y estimo con lugar la referida apelación, decretándose la nulidad absoluta de actuaciones a partir del proferimiento de la sentencia definitiva dictada por el A-Quo el nueve de noviembre de 2017, de tal suerte que como consecuencia se dicta abrogación procesal, el A-Quo de primera instancia deberá devolver a dictar la respectiva sentencia de fondo. Pronunciamiento con relación a las causales motivadoras del presente recurso de casación. INFRACCION PROCESAL UNO: se rechaza falta de los artículos 203, 204, 205 213, 214, y 217 del Código Procesal Civil por cuanto no costa en la respectiva segunda pieza contentiva del referido recurso de apelación que la Corte A-Quo acusada, haya variado su relación hoy acusada con este recurso, y por consiguiente tampoco aclaro algún concepto oscuro ni ningún error material del que pudiese adolecer; tampoco se aclaró ni corrigió dicha resolución ni de oficio ni a petición del Ministerio Publico, por no ser parte este último en dicho juicio, jamás se tramito nada con el citado artículo 204 del Código Procesal Civil, tampoco se subsano mediante auto en los mismos plazos y por el mismo procedimiento establecido (204) Código Procesal Civil) ni tampoco por ninguna de las demás causales expresadas en el citado artículo 205 Código Procesal Civil; de tal suerte que no se verifico ninguna subsanación afín al profirimiento de la sentencia de segunda instancia, actualmente acusada completamente ni se denegó completar dicha resolución; tampoco ni por asomo se anuló ningún acto procesal acaecido en esa segunda instancia, tampoco se ensayaron ninguno de los medios autorizados por el artículo 214 del Código Procesal Civil para lograr la nulidad o anulación previas a la emisión de la sentencia de segunda instancia objeto del actual recurso. Y de igual manera resulta absurdo e inaplicable alguna infracción al artículo 217 del Código Procesal Civil. Por consiguiente al resultar inaplicables e inútiles la invocación de todas y cada una de dichas disposiciones legales puede servir de sustanciación en pro o beneficio del actual recurso de casación. En otros términos, más sencillos al no haberse pronunciado dichas infracciones, tampoco puede venir alegando el recurrente su falta de aplicación. En relación a la aplicación indebida del articulo 212 numeral 4 del Código Procesal civil, su simple invocación puede servir para sustentarlo como uno de los causales del presente recurso, como la esgrimida en el artículo 719 numeral 1 inciso b del Código Procesal civil, ya que, debido a esos errores derivados del puño y letra del recurrente, se puede demostrar la vulneración a cualquier norma esencial del procedimiento ni mucho menos que debido a ello se ha producido indefensión alguna en perjuicio del actual casacionista, ósea, no se ha producido ninguna infracción procesal por falta de aplicación o aplicación indebida de dichas normas con el proferimiento de la sentencia de aplicación nada que ver. INFRACCION DE LEY En cuanto a la falta de aplicación y vulneración de los artículos 61, 80, 82, 90, 304, 320 de la Constitución de la República, los mismos no solo resultan inaplicables a que la Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortes no ha sentenciado dicho recurso en detrimento alguno del artículo 61 Constitucional, inclusive haberle permitido a ambas partes sin remilgos de ninguna clase, los mismos derechos, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal ocupadas por su orden por ambas partes, tampoco le ha restringido a ambas partes presentar y hacer peticiones , ni tampoco se ha restringido el derecho al debido proceso así como el libre acceso a los tribunales d conformidad a la ley. El proceso se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en los artículos 7, 9, 10 y 12 del Código Procesal Civil. Las demás disposiciones citadas pertenecen a la Constitución de la República. Resultando también inaplicables y por ende oníricamente vulnerables ni el articulo 304 y 320 constitucionales por la sencilla razón que ni siquiera se ha discutido esos extremos e caso de autos. CON RELACION A LAS CUASALES INVOCADAS PRIMERO: Al no ser aplicables como ya se demostró anteriormente los citados artículos 203, 204 y 205 del Código Procesal Civil, tampoco se puede ni debe alegar su infracción ya que los presupuestos previstos en los mismos, jamás se produjeron durante la sustanciación del mencionado recurso de apelación y por lo tanto no se ha violado de ninguna manera el derecho al debido proceso. SEGUNDO: Durante la tramitación de dicha apelación, tampoco resulta visible que los actos procesales que el recurrente afirma son anulables siempre que sean imposibles subsanarlos, resulta más que evidente que el mismo recurrente al no haberlos impugnado dentro de los plazos legales y en la norma prevista en los artículos 211, 214, 215 y 416 todos del Código procesal Civil y sin ajustarse a la oficiosidad fijada por el artículo 215 numeral 2 adjetivo civil, en armonio y correspondencia con él artículo 1589 del Código Civil, mas bien dio por bueno todo lo actuado y quedando sanado al tiempo de la firmeza de la resolución previa del recurso de apelación sometido al actual substanciación del recurso de casación. TERCERO: Como se hizo ver anteriormente que como consecuencia de dicha conformidad de parte de la actual recurrente con relación a la nulidad solo por el visto, resulta totalmente impertinente la falta de aplicación del citado artículo 214 del Código Procesal Civil, ya que la corte de apelaciones sentenciadora goza de la facultad oficiosa pregonada por los artículos 215 numeral 2 del código Procesal Civil y 1589 del Código Civil y sin haberse producido para nada ninguna indefensión y por lo tanto la corte de apelaciones no ha obviado ningún requisito no indispensable para proferir su sentencia definitiva y al hacer dicho recurrente remisión al artículo 213 Código Procesal Civil está contradiciéndose, ya que el también si fuese el caso. Tampoco impugno vía anulabilidad la sentencia de marras. Ósea tampoco dicha contraparte hizo uso en su momento oportuno del derecho de impugnar los actos procesales anteriores al pronunciamiento de dicha sentencia. Es necesario resaltar que se haya prescindido del uso de normas esenciales en el procedimiento que le hayan dejado indefenso o como se dice amarrado de pies sin manos ya que la nulidad de actuaciones si es subsanable como lo autoriza el citado artículo 215 del Código Procesal Civil. Puede afirmarse con toda vehemencia que la interposición y formalización de este recurso constituye un verdadero galimatías, ya que por un lado nos dice que la nulidad no es subsanable, en total desconocimiento de lo establecido en los artículos 211 y 215 procesal civiles, y que la anulabilidad si lo es en total flagrancia del artículo 213 numeral 2 del Código Procesal Civil. Es necesario aclararle al recurrente que solo se aclara las oscuridades y se corrigen los errores materiales y aritméticos perfectamente legalmente pueden ser aclarados aun de oficio. Siendo importante señalar que el actual recurrente no probo para nada los extremos de su reconvención. Es necesario recordar el derecho de instancia autorizado por el artículo 9 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales, son ejercidos a instancia de parte y excepcionalmente también de oficio como se desprende los citados artículos 211 y 213 del código procesal civil. Finalmente, y como consecuencia de ese galimatías creado por la contraparte y llamándose confusión le ha servido para establecer el cauce de su indefensión, aclarándole que es totalmente falso que mi representación no ha hecho valer los recursos establecidos en la ley para subsanar dichos errores, entonces que significa para el recurrente la interposición del recurso de apelación que dio origen a la presente casación. CUARTO: Con la formulación de esta causal creemos que la recurrente no solo pretende ignorar y por lo tanto violar la independencia de los poderes públicos en Honduras patrocinada por los artículos 4 y protegida por el artículo 64 ambos constituyentes. Supletoriamente se invoca en prode dicha independencia el artículo 11 de la ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales, por lo cual la Corte de Apelaciones de lo Civil recurrida ha hecho uso y como consecuencia de las diversas infracciones procesales relacionadas en el fallo en su fallo como de la facultad que le otorga el artículo 715 del Código Procesal Civil. tomando en cuenta que la finalidad de la apelación es lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto en las normas legales que rige los actos y garantías del proceso, tal como lo proclama el artículo 705 del Código Procesal Civil, por lo tanto, no se trata de la afectación de la totalidad de la sentencia sometida a esta casación, y por lo tanto no es un fallo plus petitorio. Aunque lo invoca, pero no lo demuestra en su imaginario recurso de casación, la recurrente no demostró concretamente que parte del proceso se había impedido el libre ejercicio del derecho de defensa. Infringiéndose de lo anterior que tampoco ha demostrado en que pasaje del proceso se le han visto de menos sus prensiones y que el fallo de marras sea desigualitario y por consiguiente tampoco se ha violado para nada el principio dispositivo regulado por el artículo 10 del Código Procesal Civil y muestra de lo anterior es que no se le ha restringido para nada su derecho para interponer y formalizar casación subjudice. QUINTO: Contradiciéndose por enésima vez pero sin demostrarlo, invoca en forma genérica la circunstancia que produce las clases y causas de los actos nulos, de tal modo que no tiene esta causal la precisión y determinación para ser considerada como una de las causales del presente recurso, ya que al hacerlo de forma generalizada, no precisa si el produjo la nulidad ante un tribunal con falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional, o por falta de competencia territorial cuando esta venga imperativamente fijada o si esos actos se hubieran realizado con violencia e intimidación, etc., etc. y este error le impide como pretende en la petición de su recurso de casación hacer uso correcto de la subsanación fijada en el inciso tercero de esta casación. Por consiguiente y debido a ese error e impresión de su parte en cuanto al señalamiento de las causas de nulidad, fijada por el citado artículo 212 del Código Procesal Civil, tampoco obliga al juzgado atenerse a lo estipulado en el artículo 13 inciso 1 del Código Procesal Civil que atañe en la valoración de la prueba y cuya valoración e prohibido por la exclusión pergeñada por el artículo 720 del Código procesal Civil , por consiguiente y debido a esa prohibición de valoración probatoria cabe aplicarse el artículo 245 numeral 1, ya que el recurso de casación no es para examinar ni valorar prueba alguna. Por esa misma razón tampoco cabe aplicarse la valoración del artículo 268 numeral 2 mientras los artículos 293, 303 numeral 1, 307 numeral 1 a) ni el 311 todos procesales civiles caben mencionarse ni aplicarse ara la resolución de este recurso debido a la prohibición esgrimida en el artículo 720 numeral 1 deI Código Procesal CIVIL. Por consiguiente y debido a ese impedimento, tampoco cabe aplicarse el artículo 217 del Código Procesal Civil. SEXTO: Evidentemente el recurrente en total violación de la interpretación contraída del artículo 17 deI código civil, tergiversa e interpreta erróneamente los artículos 208, 211, 212 numeral 4 del Código Procesal Civil, ya que tratándose de una tacha de un incidente acaecido durante la práctica de dicha prueba, ya el artículo 313 deI Código Procesal Civil establece el momento procesal en que se puede formular la misma hasta que comience la audiencia probatoria del juicio ordinario y que es ahí donde debe resolverse, bien para autorizar la participación del testigo en la celebración de la audiencia evacuándose el respectivo medio probatorio o impidiéndole y excluyéndose como tal en el proceso debido a ese lamentable error tampoco la recurrente puede sostener y comprobar que se le ha dejado en completa indefensión. No se hacen ninguna clase de acotaciones al resto de este número por la prohibición anteriormente señalada y demostrada del artículo 720 deI Código Procesal Civil. SEPTIMO: Las invocaciones realizadas en esta causal acerca de las imaginarias violaciones a los artículos 151 y 152 deI Código Procesal Civil, ya que alude y pone en duda la fe judicial del secretario en cuanto a la realización en las actuaciones procesales por sí o por mediante registro y en cuanto a la documentación de actas procesales , no escritos, disposiciones que al no seguirse a los fines de la casación y a sus causales , resultan inaplicables y no podrán ser invocados, aplicados e interpretados por la resolución de este recurso y por consiguiente al no existir ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, causa indefensión alguna en perjuicio del recurrente. OCTAVO: En la conclusión que hace el recurrente también su fundamentación esta totaImente alejada a las pretensiones contenidas en el presente juicio, es decir en lo absoluto tiene que ver con el contenido de los autos.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Sala de lo Civil ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3. La sentencia que se recurre es la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, el día 29 de abril del año 2019, mediante la cual esa alzada decidiendo en apelación sobre la sentencia proferida por el a-quo en fecha 09 de noviembre de 2017, en “La Demanda Ordinaria de Indemnización por daños y Perjuicios derivada del incumplimiento de condiciones sobre un contrato privado de servicios de transporte”, promovida por el abogado Manuel de Jesús Girón Gómez, en su condición de representante procesal del señor Santos Felipe Martínez, fallo del ad-quem que como ya se dejó señalado en los antecedentes de este auto, en la parte dispositiva, ha dejado señalado lo siguiente: (Sic) “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de la parte demandante en contra de la sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete. SEGUNDO: DECRETANDO la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la sentencia definitiva de fecha Nueve de Noviembre del año Dos mil Diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés y demás actuaciones posteriores, en la demanda de indemnización de daños y perjuicios derivada en un incumplimiento de condiciones sobre un contrato privado de servicios de transporte, tramitada por la vía del proceso declarativo ordinario, promovida por el abogado MANUEL DE JESUS GIRON GOMEZ, en su condición de apoderado judicial del señor SANTOS FELIPE MARTINEZ, contra la sociedad ECONORED DE HONDURAS S.A. representada legalmente por el señor LUIS CARRASCO, para el pago de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS, (840,000.00), más los intereses y costas del juicio, debiendo el Juzgado de la primera instancia dictar nuevamente la sentencia que corresponde de conformidad a los lineamientos antes expuestos.- Y MANDA: Que con la certificación de la sentencia se remitan sus precedentes al Juzgado de su procedencia para los efectos consecuentes, previa notificación de la sentencia a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE.” 4. Que es del caso señalar que la decisión del Tribunal de Alzada proferida en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; resuelve declarar con lugar el recurso de apelación impetrado, a su vez decreta la nulidad del fallo proferido por el a quo; fallo del tribunal ad quem, contra el cual, en su momento procesal se ha interpuesto recurso de casación. 5. El Código Procesal Civil en su artículo 717 establece: “RESOLUCIONES RECURRIBLES. Sólo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, así como las sentencias que expresamente establezca este Código.” 6. En el caso sub iúdice se ha dictado por parte del ad-quem sentencia por la cual anula la sentencia proferida en primera instancia; la resolución del ad-quem No pone termino al pleito, haciendo imposible su continuación (artículo 717 del Código Procesal Civil); toda vez que su fallo anulatorio de lo dictado en primera instancia, únicamente conlleva que el a-quo pueda dictar una nueva sentencia, misma que sí, las partes lo estiman oportuno podrán impugnar mediante la interposición de los respectivos recursos de apelación; entendemos entonces que en el caso de autos, la sentencia del tribunal de alzada no supone ni mucho menos que se haya dado termino al pleito y que por ello pueda ser recurrida en vía casacional, tal y como erróneamente el impetrante del recurso de casación, lo ha creído. La Sala de lo Civil al examinar su competencia casacional, arriba a la conclusión de que no corresponde darle curso al recurso planteado en vista de que la resolución impugnada fue dictada por una Corte de Apelaciones en un juicio ordinario, fallo que no reúne el requisito insoslayable de definitividad. 7. Señalado lo anterior, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, devenía obligada de hacer valer el principio de aplicación de la norma procesal, substanciando siempre las actuaciones con arreglo a las normas procesales vigentes (véase artículo 21 del Código Procesal Civil); con lo cual no resulta congruente que dicho Tribunal haya dado trámite al recurso de casación como si la resolución proferida por esa instancia, y por la cual se anula la sentencia de primera instancia le pusiese termino al proceso; ello porque la negación de dicho recurso de casación, en este tipo de juicios se justifica plenamente por cuanto se trata de relaciones de derecho todavía susceptibles de seguir discutiéndose y sería ilógico llevarlas a una situación jurídica inmutable, como la que se origina en la decisión de casación. 8. Se hace la observación a la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, para que en lo sucesivo sea más cuidadosa en el estudio de las causas, en las que se interpone recurso de casación, a efecto de respetar el principio de economía procesal. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 8, 21, 115.1., 129.1, 169, 170.5, 190.1, 191.1, 193.2 literal b), 197, 199, 424, 446.1 y 2, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723 y 724 del Código Procesal Civil, por unanimidad de votos emite auto irrecurrible y resuelve: I. LA INADMISIÓN IN LIMINE del recurso de casación interpuesto por el abogado David Israel Díaz Hernández, en su condición de representante procesal de la empresa mercantil denominada Econored de Honduras S.A. II. DECLARA FIRME la sentencia dictada en fecha 29 de abril del año 2019, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, en el expediente de apelación número 87-19-CV, que se origina en el de primera instancia bajo el número 0501-2016-02754 LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. III. SIN COSTAS a la parte recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este auto irrecurrible se remitan las actuaciones a la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, para los efectos consecuentes. Redacto el Magistrado Wilfredo Mendez Romero. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha once de marzo del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 170=2019.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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