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Sentencia CC-155-18 — Registro 14227

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar las excepciones de falta de legitimación de la parte demandante y falta de legitimación de la parte demandada, se declara sin lugar la excepción de falta de legitimación de la parte demandante, tercero: se declara sin lugar la demanda ordinaria de pago por vía de repetición.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Esta Sala de lo Civil viene reiterando la naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 exp. S.C. 236-2012, 18-03-2014 exp. S.C. 003-2013 y 06-05-2014 exp. S.C. 135-2013).”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “5.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que las recurrentes infringen los requisitos fundamentales para la interposición del recurso extraordinario de casación inobservando la debida técnica casacional, a saber: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización, en virtud de que las recurrentes no cumplieron con su obligación de fundamentar el motivo con la debida separación y claridad porque la causal elegida está destinada para solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo, sin embargo las impetrantes se han limitado a señalar que la sentencia tiene una motivación defectuosa, olvidándose que el control de la motivación fáctica de la sentencia comprende varios supuestos que han de exponerse por separado, uno de ellos es la existencia, que implica en principio revisar si existe o no la motivación, el segundo caso nos habla de la suficiencia lo que supone ya la existencia de la motivación fáctica pero lo que se revisa acá es si la motivación fáctica empleada es suficiente para arribar a determinada conclusión y finalmente la racionalidad y carácter lógico, en donde ha de examinarse el ejercicio intelectivo utilizado por el juzgador determinando si ha sido guiado por los postulados de la lógica. Esta separación para realizar el control fáctico, no ha sido utilizada por las impetrantes faltando consecuentemente a la claridad que permita entender cómo se produce la infracción denunciada, por lo tanto, concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil en relación con el artículo 721 del mismo instrumento legal. 6. Conforme lo establece el artículo 8 del Decreto 266-2013 contentivo de la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia del Gobierno, el Estado está exento de ser condenado en costas en los procesos judiciales en que interviene.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente el último para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El ESTADO DE HONDURAS representado en juicio por las abogadas DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO e ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ, en su condición de recurrentes; siendo recurrido el señor JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ representado en juicio por el abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR y la abogada MARIA AUDELINA GARCIA MONTANO, actuando como representante procesal del señor MARCO TULIO CARTAGENA SANTOS. OBJETO DEL PROCESO: “SE INTERPONE DEMANDA DE PAGO POR VÍA DE REPETICION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO”, promovida en fecha seis de enero del año dos mil dieciséis, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA y por ende representante legal del ESTADO DE HONDURAS, contra los señores JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ, quien fungió como Ministro Director del Instituto Nacional Agrario y MARCO TULIO CARTAGENA SANTOS, quien fue el Vice Ministro Director del Instituto Nacional Agrario, ambos mayores de edad, casados, hondureños y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha tres de abril del año dos mil dieciocho, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada en fecha siete de septiembre del año dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, mismo que dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “PRIMERO: SE DECLARA SIN LUGAR las excepciones de Falta de Legitimación de la Parte Demandante y Falta de Legitimación de la Parte Demandada, interpuestas por el Demandado JOSÉ FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ.- SEGUNDO: SE DECLARA SIN LUGAR la excepción de Falta de Legitimación de la Parte Demandante, interpuesta por el Demandado MARCO TULIO CARTAGENA SANTOS. TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria de pago por vía de repetición. Medidas cautelares de embargo de prohibición general de disponer o de celebrar actos y contratos sobre bienes especificados, promovida por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República y por ende, Representante Legal del Estado de Honduras, en contra de los Señores JOSÉ FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ y MARCO TULIO CARTAGENA SANTOS, todos de generales expresadas en el preámbulo de la sentencia, por no haberse probado en juicio que los Demandados en el ejercicio de funciones como Ministro Director y Sub Director del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) hayan incurrido en culpa o dolo, como se relaciono en los fundamentos de derecho.- CUARTO: SE ABSUELVE a los demandados Señores JOSÉ FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ y MARCO TULIO CARTAGENA SANTOS, de la acción deducida en su contra.- QUINTO: Sin costas en virtud del principio del vencimiento, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, de ser el caso.- SEXTO: Que proceda la Secretaria del Despacho a la notificación y registro de la presente sentencia e indique a las partes en juicio que contra la presente sentencia cabe Recurso de Apelación ante la Corte Primera de Apelaciones, que deberá interponerse y formalizarse dentro del plazo de diez (10) días contados al día siguiente a la notificación de la misma, cumpliendo los requisitos del artículo 709 del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: Las representantes procesales del ESTADO DE HONDURAS, abogadas DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO e ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ, presentaron en fecha quince de mayo del año dos mil dieciocho, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha tres de abril del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por parte de las Recurrentes y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal del señor JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ, abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR, presentó en fecha cuatro de junio del año dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: La representante procesal del señor MARCO TULIO CARTAGENA SANTOS abogada MARIA AUDELINA GARCIA MONTANO, presentó en fecha cinco de junio del año dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ, MARIA AUDELINA GARCIA MONTANO y FRANCISCO TICAS AGUILAR en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas trece y dieciocho de junio del año dos mil dieciocho, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha veintinueve de agosto del año dos mil dieciocho, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Las abogadas DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO e ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ, plantean su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACION MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación del artículo 207 del Código Procesal Civil que regula la motivación de las sentencias. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719.1 inciso c) y 720 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Con este motivo se pretende demostrar que el control fáctico de la motivación en la sentencia impugnada carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógico lo cual llevó al tribunal de alzada a emitir un fallo con una motivación defectuosa con un sentido diferente del fallo que debió dictarse y de ninguna manera se está atacando la prueba, sino que con ella evidenciar esa motivación defectuosa y ésta procede cuando dicha motivación resulta ilógica, absurda, contradictoria, ininteligible, que resulta de la falta de aplicación del artículo 207 del Código Procesal Civil. El artículo 207 del Código Procesal Civil prescribe: ARTÍCULO 207. MOTIVACION 1. Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Pasamos a explicar la motivación defectuosa: Con fecha 7 de septiembre del año 2017 el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán dicto sentencia que en su parte resolutiva dice: “PRIMERO: SE DECLARA SIN LUGAR las excepciones de falta de legitimación de la parte demandante y falta de legitimación de la parte demandada, interpuesta por el demandado JOSÉ FRANCISCO FUNES RODRÍGUEZ.- SEGUNDO: SE DECLARA SIN LUGAR la excepción de Falta de Legitimación de la parte demandante, interpuesta por el demandado MARCO TULIO CARTAGENA SANTOS. TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria de pago por vía de repetición. Medidas cautelares de embargo de prohibición general de disponer o de celebrar actos y contratos sobre bienes especificados, promovida por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurado General de la República y por ende, Representante Legal del Estado de Honduras, en contra de los Señores JOSÉ FRANCISCO FUNES RODRÍGUEZ y MARCO TULIO CARTAGEA SANTOS, todos de generales expresadas en el preámbulo de la sentencia, por no haberse probado en juicio que los Demandados en el ejercicio de funciones como Ministro Director y Sub Director del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) hayan incurrido en culpa o dolo, como se relacionó en los fundamentos de derecho.- CUARTO: SE ABSUELVE a los demandados Señores JOSÉ FRANCISCO FUNES RODRÍGUEZ y MARCO TULIO CARTAGEA SANTOS, de la acción deducida en su contra.- QUINTO: Sin costas en virtud del principio del vencimiento, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, de ser el caso.- SEXTO: Que proceda la Secretaria del Despacho a la notificación y registro de la presente sentencia…” Con fecha 3 de abril de 2018 la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dicto sentencia en los términos siguientes: “FALLA: PRIMERO: Sin lugar el recurso de apelación.- SEGUNDO: Confirmando la sentencia recurrida.- TERCERO: Con costas, al apelante, en esta instancia.- Y MANDA…” La Corte recurrida motiva esta sentencia entre otros en los siguientes fundamentos de derecho: “QUINTO: … además para que el daño de lugar a la obligación de: cesar la conducta, restaurar el bien perjudicado y resarcir o reintegrar el derecho subjetivo lesionado, es necesario que el daño sea una consecuencia o efecto del hecho culposo.- En ese sentido, es indispensable establecer el nexo causal, es decir la relación entre la acción que determina un daño o la omisión de la acción y el daño propiamente dicho.- En otras palabras, el nexo causal es una relación causa-efecto que permite establecer los hechos susceptibles de ser considerados determinantes del daño y cuál de ellos, es el que ocasiono el perjuicio palpable.- Esta relación de causalidad es imprescindible para reclamar los daños causados al autor o responsable. Art. 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1400, 1401, 1412, 1422 del Código Civil... SEXTO: …En la demanda interpuesta se señala que el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO fue condenado por el mismo Juzgado de primera instancia que conoce de esta demanda, por la emisión de la resolución 123-2007 y que por ello, debe condenarse a los demandados, por ser solidariamente responsables con el INA; sin embargo, la responsabilidad solidaria no opera objetivamente y ante la falta de acreditación del nexo causal (culpa o negligencia) ampliamente descrito por la Juez Aquo en su sentencia, debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto, dado que de la resolución 123-2007, se deduce que el demandado MARCO TULIO CARTAGENA, se fundamentó para emitir la resolución en el informe de auditoría interna y en el dictamen de la División de Servicios Legales, que señalan respectivamente, que la mercadería no entró nunca al almacén del INA (que no fueron tachadas de falsedad o inexistencia ante el A quo), argumentos que a juicio de este tribunal, son suficientes para eximirle de la responsabilidad civil solidaria invocada en su contra…” Como lo hemos expresado al inicio de este motivo de casación, se pretende demostrar que el control fáctico de la motivación en la sentencia impugnada carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógico lo cual llevó al tribunal de alzada a emitir un fallo con una motivación defectuosa con un sentido diferente del fallo que debió dictarse y de ninguna manera se está atacando la prueba, sino que con ella evidenciar esa motivación defectuosa. En primer lugar, la corte sancionadora cuestiona la existencia de un nexo causal, es decir “la relación entre la acción que determina un daño o la omisión de la acción y el daño propiamente dicho. En otras palabras, el nexo causal es una relación causa-efecto que permite establecer los hechos susceptibles de ser considerados determinantes del daño y cuál de ellos, es el que ocasionó el perjuicio palpable”. La sentencia emitida en fecha 31 de agosto de 2011 en la demanda ordinaria de pago número 00617-2013 del Juzgado de Letras Civil de este departamento de Francisco Morazán, y que fue aportada a este juicio de repetición en la audiencia preliminar, declaró con lugar la demanda ordinaria de pago promovida por la señora GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, y lo condenó a pagar la cantidad de L. 1,123,515.20, expresando en uno de sus considerandos que “… quedó claramente establecido que el Instituto Nacional Agrario, recibió dicha mercadería a través de su departamento de Proveeduría General existiendo firma y sello, los cuales no son objeto de debate por lo que no tienen que ser probados, ni por la parte demandante, ni por este Tribunal, el cual es del parecer que si existe responsabilidad tanto civil como penal…” estableciendo de manera incuestionable la responsabilidad del funcionario mas cuanto que, ésta sentencia quedó firme, y no obstante que dicho documento fue tomado en consideración por el Ad quem, al confirmar la sentencia del A quo, de manera contradictoria expresó que no existe el nexo de causalidad, es decir, no observó dicho documento en su debido contexto. Esta sentencia que dictó la jurisdicción Civil es clara en cuanto a la responsabilidad del Instituto Nacional Agrario, pues el ex funcionario Marco Tulio Cartagena Santos al emitir una resolución sin haber indagado fehacientemente sobre el ingreso o no de la mercadería en cuestión, teniendo a la vista el expediente administrativo donde constaban las facturas con sellos y firmas del departamento de Proveeduría General de dicha institución, que con ello se acreditaba el ingreso y la existencia del producto en la misma, prefirió solo darle lectura a un dictamen que revisar el procedimiento debido en esa instancia o haber efectuado una denuncia ante el órgano competente para una mejor investigación sobre el ingreso o no de la mercadería y poder eximirse de responsabilidades. En este sentido y siguiendo con el análisis de la sentencia hoy recurrida, vemos que la motivación de esta es defectuosa por contradictoria ya que existe un documento donde se establecen las responsabilidades de los funcionarios o de la misma institución que ellos dirigían, en tal virtud y a pesar de haberse presentado el documento declarativo de responsabilidad por parte del INA, y que tuvo como consecuencia el haber incurrido en una culpa manifiesta por parte de los funcionarios, con lo que resultó un menoscabo al Estado de Honduras, perjudicándolo en su patrimonio ya que tuvo que pagar una millonaria cantidad de dinero; por lo que en todo momento el señor Marco Tulio Cartagena debió considerar actuar con la debida diligencia en las funciones a él encomendadas, sin embargo obvio prever lo que era previsible y con ello adoptar las providencias necesarias y evitar un resultado dañoso. En este mismo orden de ideas, nos preguntamos, ¿cómo es que la Corte recurrida invoca la teoría de la responsabilidad objetiva para eximir al demandado de responsabilidad ante la falta de acreditación de un nexo causal, y con ello desestimar el recurso de apelación? Resulta algo ilógico y absurdo este razonamiento del Tribunal de Alzada, ya que la responsabilidad quedó declarada en la sentencia del Juzgado Civil de la demanda ordinaria de pago que se originó, por haberse declarado sin lugar el reclamo administrativo; asimismo con esto queda acreditado el nexo causal (culpa o negligencia) de los funcionarios del INA al haberse determinado la responsabilidad en que incurrieron, así como la deuda contraída por dicha institución. Expresa también el Tribunal Ad quem que “el demandante no determina con precisión el tipo de culpa que alega al demandado, no siendo correcto que el autor dejara dicha determinación al Juez”, pues bien, este grado de responsabilidad señalada en el Código Civil con respecto a la culpa o negligencia del deudor, consiste precisamente en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación, y que debe ser determinada por el Juzgador, en virtud de los argumentos y de haberse acreditado la responsabilidad civil en que incurrieron los demandados, pues la negligencia operada por estos conllevó a que el Estado de Honduras se viera afectado económicamente. El tratadista argentino Guillermo A. Borda, en su Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, dice. “Es necesario dejar bien claro que la alusión que nuestro Código hace a las circunstancias de personas, no implica sentar un criterio subjetivo de apreciación de la culpa. En modo alguno significa que el juez haya de tomar en cuenta la persona misma del deudor e indagar si, de acuerdo a su carácter, modalidad y cuidado que ella pone habitualmente en sus propios negocios, puede o no juzgarse culpable. El principio de que el juez debe resolver el problema teniendo para ello en cuenta cómo habría actuado una persona diligente. Para ello, no podrá dejar de considerar las circunstancias de personas; por ejemplo, se exigirá mayor diligencia y cuidado en la administración de una medicina a un médico que a un enfermero, y a éste que a una persona ignorante; el compromiso de que la construcción sea hecha conforme a las reglas del arte tiene un significado más riguroso tratándose de un arquitecto o un ingeniero, que de un maestro mayor de obras o un albañil. Pero la conducta de todas estas personas (médico, enfermera, arquitecto, maestro mayor de obra) debe ser juzgada dentro de cada categoría según un criterio uniforme, es decir, objetivo.” Editorial Perrot, Buenos Aires, 4ª edición, pag. 102. Y hacemos esta referencia con el propósito de dejar en claro que la gradación de la culpa le corresponde al juzgador no a la parte, en este caso al Estado de Honduras, pues a esta parte procesal le corresponde evidenciar la culpa en que ha incurrido el ex funcionario para determinar su responsabilidad. Por otra parte, en el hecho QUINTO de la demanda se dejó en claro el grado de responsabilidad de los ex funcionarios demandados, en efecto, allí se expresó que JOSE FRANCISCO FUNEZ RODRIGUEZ no actuó con la debida diligencia en la función a él encomendada, pues emitió la resolución correspondiente, señaló que la mercadería no ingresó al almacén de proveeduría del INA. Sumado a ello, al realizar un juicio de reproche sobre su diligencia, nos encontramos con que el demandado no fue diligente porque obvio prever lo que era previsible y con ello adoptar las providencias necesarias para evitar un daño. Ello porque no indagó fehacientemente en lo ocurrido, las facturas tenían firma y sello de recibido del departamento de Proveeduría pudiéndose establecer quién era la persona titular de dicha firma y requeriría para escuchar su explicación al respecto; lo cual no realizó, a pesar que esto le hubiera permitido arribar a una decisión más acertada. Aunado a ello este Tribunal de Alzada expone que es suficiente y valora los “razonamientos fácticos y jurídicos que utilizó el señor Marco Tulio Cartagena para emitir la resolución 123-2007” (sin analizarlos dado que es un asunto de cosa juzgada); evidenciando que no respeta lo que señaló el Juzgado Civil en su sentencia, puesto que pone en duda lo que este señala en la misma. ¿Los analiza o no los analiza? Resulta incuestionable que la motivación de la sentencia impetrada es defectuosa, la lógica nos dice que si el mismo Tribunal de Apelaciones expresa que no puede analizar las resoluciones dictadas en la vía administrativa y que después la jurisdicción Civil declara la responsabilidad en que incurre el INA, debe sujetarse entonces a lo que en ella se indica, es decir, que hubo culpa porque el órgano administrativo no llevó a cabo un debido proceso y emitió una resolución que no fue apegada a derecho. El razonamiento del Juzgador de segunda instancia es deficiente, ilógico y contradictorio porque dice que “a criterio del Tribunal, son suficientes para eximirle de responsabilidad civil invocada en su contra.” Si se admitiera por un momento la responsabilidad objetiva, esta misma habría operado a favor del ESTADO DE HONDURAS puesto que si así como se dice, que el funcionario utilizó razonamientos fácticos y jurídicos en sus resoluciones, es decir, que obró en cumplimiento de la ley, el ESTADO DE HONDURAS no debió ser condenado, no obstante, el Juzgado de Letras Civil declaró lo contrario, consideró que si hubo responsabilidad del ESTADO DE HONDURAS por medio del Instituto Nacional Agrario, luego en este proceso, el mismo Juzgado declara, en forma contradictoria, lo contrario. En este orden de ideas huelga decir que la responsabilidad sin culpa no opera pues la culpa del ex funcionario es manifiesta. En los términos que la sentencia recurrida ha sido dictada se evidencia sin mayor estudio que la Corte Sentenciadora ha dejado de aplicar el artículo 207 del Código Procesal Civil habida cuenta que muestra una contradicción y falta de lógica al cuestionar la existencia de un nexo causal, contradiciendo el documento que acredita la responsabilidad de los funcionarios del Instituto Nacional Agrario, mas no confirmar la culpa o negligencia de los funcionarios del INA. De ahí entonces, que siendo evidente y manifiesta la motivación defectuosa de la sentencia recurrida por falta de aplicación del Artículo 207 del Código Procesal Civil, que llevó al Tribunal a emitir un fallo en sentido diferente al que debió dictarse, a contrario sensu, de no adolecer la sentencia de una motivación defectuosa el resultado habría sido la revocación de la sentencia de primera instancia.” SEPTIMO: El abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACIÓN. Antes de pronunciamos sobre este motivo único formulado por las recurrentes, estimamos oportuno hacer las reflexiones pertinentes sobre este especial recurso, y para ello, hemos tenido en consideración la EXPOSICION DE MOTIVOS de nuestro Código Procesal Civil, porque estimamos que en esa fracción de todo cuerpo legal, el legislador plasma su espíritu, y por ello transcribimos: “ Por ello, el recurso de casación se regula como un recurso en derecho, un recurso para revisar únicamente cuestiones de derecho. Se excluye tajantemente del ámbito de la casación de la posibilidad de que puedan revisarse, ni siquiera de forma limitada, la fijación de los hechos y la valoración de la prueba resultante de la primera y segunda instancia. La casación no es una tercera instancia y sólo puede dar lugar a una revisión del juicio de derecho efectuado en las dos instancias, pero nunca a la revisión del juicio de hecho, que deviene intocable una vez formulada la sentencia de apelación. Sin embargo, desde el momento en que es posible distinguir lo que es la decisión sobre el juicio de hecho de lo que es la justificación o motivación de dicha decisión, la casación permite al amparo del Código efectuar un control de la motivación fáctica de la resolución siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Este control no puede conducir a cambiar la decisión sobre el juicio de hecho sino a establecer si existe una justificación o motivación suficiente y que responda a las reglas de la razón y de la lógica” Sobre la base anterior, nos vemos forzados, a sostener lo siguiente: Las recurrentes señalan que “ se impugna la falta de ejecución del Articulo 207 de Código Procesal Civil que regula la motivación de las sentencias, que tal motivo tiene como PRECEPTO AUTORIZANTE, los Artículos 719.1 inciso c) y 720 del Código Procesal Civil. Igualmente es un hecho claro que las mismas impugnantes, tratan de explicar su ataque con la siguiente EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: “Con este motivo-dicen- se pretende demostrar que el control fáctico de la motivación en la sentencia impugnada carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógico lo cual llevo al tribunal de sentencia a emitir un fallo con una motivación defectuosa con un sentido diferente del fallo que debió dictarse y de ninguna manera se está atacando la prueba, sino que con ella evidenciar esta motivación defectuosa y esta procede cuando dicha motivación del artículo 207 del Código Procesal Civil. EL ARTÍCULO 207 del Código Procesal Civil Prescribe: ARTÍCULO 207, MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho. 2. La motivación deberá indicar los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito considerados individualmente en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Pasamos a explicar la motivación. Con fecha 7 de septiembre del año 2017 el juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán dictó sentencia en su parte resolutiva dice: “PRIMERO SE DECLARA SIN LUGAR las excepciones de falta de legitimación de la parte demandante y falta de legitimación de la parte demandada, interpuesta por el demandado JOSE FRANCISCO FUNEZ RODRIGUEZ. SEGUNDO: SE DECLARA SIN LUGAR la excepción de falta de legitimación de la parte demandante, interpuesta por el demandado MARCO TULIO CARTAGENA SANTOS.- TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria de pago por vía de repetición medidas cautelares de embargo de prohibición general de disponer o de celebrar actos y contratos sobre bienes especificados promovida por el abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA, en su condición de procurador General de la República y por ende, representante Legal del Estado de Honduras, en contra de los señores JOSE FRANCISCO FUNEZ RODRIGUEZ y MARCO TULIO CARTAGENA SANTOS, todos de Generales expresadas en preámbulo de la sentencia, por no haberse aprobado en juicio que los demandados en el ejercicio de funciones como Ministro Director y Sub Director del Instituto Nacional Agrario (INA) hayan incurrido en la culpa, dolo, como se relacionó en los fundamentos de derecho. CUARTO: ABSUELVE a los demandados señores JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ y MARCO TULIO CARATAGENA SANTOS, de acción deducida en su contra. QUINTO: sin costas en virtud del principio del vencimiento debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, de ser el caso SEXTO: que procedan la secretaria del despacho a la notificación y registro de la presente sentencia”. Con fecha 03 de abril del 2018 a la corte primera de apelaciones de lo civil del Departamento de Francisco Morazán, Dictó Sentencia en los términos siguientes: FALLA: PRIMERO: sin lugar el recurso de apelación. SEGUNDO: confirmando la sentencia recurrida TERCERO: con costas, al apelante en esta instancia Y MANDA….” La corte recurrida motiva esta sentencia entre otros, en los siguientes fundamentos de derecho: QUINTO:… Además para que el daño de lugar a la obligación de: cesar la conducta, restaurar el bien perjudicado y o integrar el derecho subjetivo lesionado es necesario que el daño sea una consecuencia o efecto del hecho culposo en ese sentido, es indispensable establecer el nexo causal, es decir la relación entre la acción que determina un daño o la omisión de la acción y el daño propiamente, dicho en otros palabras, el nexo causal es una relación causa-efecto que permite establecer los hechos susceptibles de ser considerados determinantes del daño y cuál de ellos, es el que ocasionó el perjuicio palpable.- Esta relación de casualidad es imprescindible para reclamar los daños causados al autor o responsable. Art. 1363, 1364,1365,1366, 1367, 1368, 1401,1412,1422 del código civil… SEXTO: … En la demanda interpuesta se señala que el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, fue condenado por el mismo Juzgado de primera instancia que conoce de esta demanda, por la emisión de la resolución 123-2007 y por ello, debe condenarse a los demandados, por ser solidariamente responsables con el INA; Sin embargo, la responsabilidad solidaria no opera objetivamente y ante la falta de acreditación del nexo causal (culpa o negligencia) ampliamente descrito por la juez A quo en su sentencia, debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto, dado que de la resolución 123-2007, se deduce que el demandado, MARCO TULIO CARTAGENA, se fundamentó para emitir la resolución en el informe de auditoría interna y el dictamen de la División de Servicios Legales, que señala respectivamente, que la mercadería no entró nunca al almacén del INA, (que no fueron tachadas de falsedad o inexistencia ante el Aquo), argumentos que a juicio de este tribunal son suficientes para eximirle de la responsabilidad civil solidaria invocada en su contra…” Como lo hemos expresado al inicio de este motivo de casación, se pretende demostrar que el control factico de la motivación en la sentencia impugnada carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógico lo cual llevó al Tribunal de alzada a emitir un fallo con una motivación defectuosa con un sentido diferente del fallo que debió dictarse y de ninguna manera se está atacando la prueba, y que con ello evidenciar esa motivación defectuosa. En primer lugar, La Corte sancionadora cuestiona la existencia de un nexo causal, es decir “la relación entre la acción que determina un daño o la omisión de la acción y del daño propiamente dicho. En otras palabras, el nexo causal es una relación causa-efecto que permite establecer los hechos susceptibles de ser considerados determinantes del daño y cuál de ellos, es el que ocasionó el perjuicio palpable”. La sentencia emitida en fecha 31 de Agosto del 2011 en la demanda ordinaria de pago numero 00617-2013 del juzgado de letras civil de este departamento de Francisco Morazán, que fue aportada a este juicio en audiencia preliminar, declaró con lugar la demanda ordinaria de pago promovida por la señora GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO, en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, y lo condenó a pagar la cantidad de Lps.1,123,515.20, expresando en uno de sus considerados que “… quedó claramente establecido que el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, recibió dicha mercadería a través de su departamento de Proveeduría General existiendo firma y sello, los cuales no son objeto de debate por lo que no tienen que ser probados, ni por la parte demandante, ni por este tribunal, el cual es el de parecer que existe responsabilidad tanto civil como penal…” estableciendo de manera incuestionable la responsabilidad del funcionario más cuando que, esta sentencia quedó firme, y no obstante que dicho documento fue tomado en consideración por el Ad quem, al confirmar la sentencia del Adquo, de manera contraria expresó que no existe el nexo de causalidad, es decir no observo dicho documento en su debido contexto. Esta sentencia que dictó la jurisdicción civil es clara en cuanto a la responsabilidad del INA, pues el ex funcionario Marco Tulio Cartagena Santos al emitir una resolución sin haber indagado fehacientemente sobre el ingreso o no a la mercadería en cuestión, teniendo a la vista el expediente administrativo donde consta la factura con Sellos y firmas del departamento de Proveeduría General de dicha Institución, que con ello se acreditaba el ingreso y la existencia del producto en la misma, prefirió solo darle lectura a un dictamen que revisar el procedimiento debido en esa instancia o haber efectuado una denuncia ante el órgano competente para una mejor investigación sobre el ingreso o no de la mercadería y poder eximirse de responsabilidades.- En este sentido y siguiendo con el análisis de la sentencia hoy recurrida, vemos que la motivación de esta es defectuosa por contradictoria ya que existe un documento donde se establecen las responsabilidades de los funcionarios o de la misma institución que ellos dirigían, en tal virtud y a pesar de haberse presentado el documento declarativo de responsabilidad por parte del INA, y que tuvo como consecuencia el haber incurrido en una culpa manifiesta por parte de los funcionarios, con lo que resultó un menoscabo al Estado de Honduras, perjudicándolo en su patrimonio ya que tuvo que pagar una millonaria cantidad de dinero, por lo que en todo momento el señor Marco Tulio Cartagena debió considerar actuar con la debida diligencia en las funciones a él encomendadas, sin embargo obvió prever lo que era previsible y con ello adoptar las providencias necesarias y evitar un resultado dañoso.- En este mismo orden de ideas, nos preguntamos ¿ Cómo es que la Corte recurrida invoca la teoría de la responsabilidad objetiva para eximir al demandado de responsabilidad ante la falta de acreditación de un nexo casual y con ello desestimar el recurso de apelación? Resulta algo ilógico y absurdo este razonamiento del Tribunal de Alzada, ya que la responsabilidad quedó declarada en la sentencia del Juzgado Civil de la demanda ordinaria de pago que se originó, por haberse declarado sin lugar el reclamo administrativo, asimismo con esto queda acreditado el nexo causal (culpa o negligencia) de los funcionarios del INA al haberse determinado la responsabilidad en que incurrieron, así como la deuda contraída por dicha Institución. Expresa también el Tribunal Ad que “el demandante no determina con precisión el tipo de culpa que alega al demandado, no siendo correcto que el autor dejara dicha determinación al Juez”, pues bien, este grado de responsabilidad señalada en el Código Civil con respecto a la culpa o negligencia del deudor, consiste precisamente en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación, y que debe ser determinada por el Juzgador, en virtud de los argumentos y de haberse acreditado la responsabilidad civil en que incurrieron los demandados, pues la negligencia operada por estos conllevó a que el Estado de Honduras se viera afectado económicamente.- El tratadista argentino Guillermo A. Borda, en su Tratado de Derecho Civil, Obligaciones dicen: Es necesario dejar bien claro que la alusión que nuestro Código hace a las circunstancias de personas, no implica sentar un criterio subjetivo de apreciación de la culpa.- En modo alguno significa que el juez haya de tomar en cuenta la persona misma del deudor e indagar si, de acuerdo a su carácter, modalidad y cuidado que ella pone habitualmente en sus propios negocios, puede o no juzgarse culpable.- El principio de que el juez debe resolver el problema teniendo para ello en cuenta como habría actuando una persona diligente.- Para ello, no podrá dejar de considerar las circunstancias de personas por ejemplo, se exigirá mayor diligencia y cuidado en la administración de una medicina aun medico que a un enfermo, y a este que a una persona ignorante, el compromiso de que la construcción sea hecha conforme a las reglas del arte tiene un significado más riguroso tratándose de un arquitecto o un ingeniero, que de un maestro mayor de obras o un albañil.- Pero la conducta de todas estas personas (medico, enfermera, arquitecto, maestro mayor de obra) debe ser juzgada dentro de cada categoría según un criterio uniforme, es decir objetivo”.- Editorial Perrot, Buenos Aires, 4³ edición, pag, 102.- Y hacemos esta referencia con el propósito de dejar en claro que la graduación de la culpa le corresponde al juzgador no a la parte en que ha incurrido el ex funcionario para determinar su responsabilidad.- Por otra parte en el hecho QUINTO de la demanda se dejó en claro el grado de responsabilidad de los ex funcionarios demandados, en efecto, allí se expreso que JOSE FRANCISCO FUNEZ RODRIGUEZ no actuó con la debida diligencia en la función a él encomendada, pues emitió la resolución correspondiente, señaló que la mercadería no ingreso al almacén de proveeduría del INA.- Sumando a ello, al realizar un juicio de reproche sobre su diligencia, nos encontramos con que el demandado no fue diligente porque obvió prever lo que era previsible y con ello adoptar las providencias necesarias para evitar un daño.- Ello porque no indagó fehacientemente en lo ocurrido, las facturas tenían firma y sello de recibido del departamento de Proveeduría pudiéndose establecer quién era la persona titular de dicha firma y requeriría para escuchar su explicación al respecto, lo cual no realizó, a pesar que esto le hubiera permitido arribar a una decisión más acertada.- Aunado a ello este Tribunal de Alzada expone que es suficiente y valora “razonamientos físicos y jurídicos que utilizo el señor Marco Tulio Cartagena para emitir la resolución 123-2007” ( sin analizarlos dado que es un asunto de cosa juzgada); evidenciado que no respeta lo que señaló el Juzgado Civil en su sentencia, puesto que pone en duda lo que este señala en la misma.- ¿Los analiza o no los analiza? Resulta incuestionable que la motivación de la sentencia impetrada es defectuosa, la lógica nos dice que si el mismo Tribunal de Apelaciones expresa que no puede analizar las resoluciones dictadas en la vía administrativa y que después la jurisdicción Civil declara la responsabilidad en que incurre el INA, debe sujetarse entonces a lo que en ella se indica, es decir, que hubo culpa porque el órgano administrativo no llevó a cabo un debido proceso y emitió una resolución que no fue apegada a derecho.- El razonamiento del Juzgador de segunda instancia es deficiente, ilógico y contradictorio porque dice que “a criterio del Tribunal, son suficientes para eximirle de responsabilidad civil invocada en su contra.” Si se admitiera por un momento la responsabilidad objetiva, esta misma habría operado a favor del Estado de Honduras puesto que si así como se dice que el funcionario utilizó razonamientos facticos y jurídicos en sus resoluciones, es decir, que obró en cumplimiento de la ley, El Estado de Honduras no debió ser condenado, no obstante, el Juzgado de Letras Civil declaró lo contrario, consideró que si hubo responsabilidad del Estado Honduras, por medio del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, luego en este proceso, el mismo Juzgado declara, en forma contradictoria, lo contrario.- En este orden de ideas huelga decir que la responsabilidad sin culpa no opera pues la culpa del ex funcionario es manifiesta. En los términos que la sentencia recurrida ha sido dictada se evidencia sin mayor estudio que la Corte Sentenciadora ha dejado de aplicar el artículo 207 del Código Procesal Civil habida cuenta que muestra una contradicción y falta de lógica al cuestionar la existencia de un nexo causal, habiéndose contradiciendo el documento que acredita la responsabilidad de los funcionarios del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, mas no confirmar la culpa o negligencia de los funcionarios del INA.- De ahí entonces, que siendo evidente y manifiesta la motivación defectuosa de la sentencia recurrida por falta de aplicación del artículo 207 del Código Procesal Civil, que llevó el Tribunal a emitir un fallo en sentido diferente al que debió dictarse, a contrario sensu, de no adolecer la sentencia de una motivación defectuosa el resultado habría sido la revocación de la sentencia de primera instancia”. NUESTRO PRONUNCIAMIENTO. Basta leer la explicación que consignan en su recurso las recurrentes, para concluir. QUE TRATA DE DESQUICIAR EL JUICIO DE HECHO A QUE ARRIBO EL AD QUEM. QUE EL RECURSO CARECE DE LA TECNICA EXIGIDA EN ESTA CLASE DE RECURSOS, QUE NO ES CLARO NI PRECISO, QUE NO ESPECIFICA EL MODO DE VIOLACION DE LA LEY NI PROCESAL NI SUSTANTIVA Y QUE INCURRE EN ALEGATOS DE INSTANCIA. TRATA DE DESQUICIAR EL JUICIO DE HECHO A QUE ARRIBO EL AD QUEM. El legislador en la EXPOSICION DE MOTIVOS del Código Procesal Civil, sostiene: “Se excluye tajantemente del ámbito de la casación de la posibilidad de que puedan revisarse, ni siquiera de forma limitada, la fijación de los hechos y la valoración de la prueba resultante de la primera y segunda instancia”. Basta leer la explicación del motivo que consignan las censoras en su recurso, para concluir que su pretensión, es ni más ni menos, que el Honorable Tribunal Supremo, de por establecido (por probado) el hecho de la existencia del nexo causal, que ni el a quo ni el ad quem en su juicio de hecho tuvieron por acreditado y todavía más, las recurrentes pretenden que ambos tribunales intervinientes, tuvieron que apreciar de manera distinta a como lo hicieron la prueba a que se refieren, o sea que pretenden obtener del Tribunal Supremo que desconozca el juicio de hecho de ambos tribunales inferiores, agrediendo así la competencia e independencia de éstos. NO ES CLARO NI PRECISO. Las recurrentes atacan el fallo por lo dispuesto en el literal “c) la forma y contenido de la sentencia”. Pero resulta que la FORMA de la sentencia está regulada por el artículo 200 del Código Procesal Civil y no se invoca como violado. Asimismo, el CONTENIDO de la sentencia está regulada por los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil y solo invoca como violado el 206. NO ESPECIFICAN EL MODO DE VIOLACION DE LA LEY: Alega “ FALTA DE EJECUCION DEL ARTICULO 207 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL”. La Ley se viola (modos o formas de violarla): FALTA DE APLICACIÓN, APLICACIÓN INDEBIDA e INTERPRETACION ERRONEA; no existe FALTA DE EJECUCION. El artículo 719.1 del Código Procesal Civil solo autoriza la impugnación por la APLICACIÓN e INTERPRETACION”; y en la APLICACIÓN esta la “FALTA DE APLICACIÓN” y la “APLICACIÓN INDEBIDA” pero no “FALTA DE EJECUCION”. Igualmente, no especifican las recurrentes si es una violación directa o indirecta de las normas aplicadas en la decisión de fondo del asunto. Siempre que se trate de una violación indirecta de la ley, esta solo puede ser violada por APLICACIÓN INDEBIDA, pero nunca por FALTA DE APLICACIÓN Aunado a lo anterior las recurrentes, en su esfuerzo increíble de hacer ver la existencia de hechos que no probaron, INCURREN EN ALEGATOS DE INSTANCIA al TRATAR DE DESQUICIAR EL JUICIO DE HECHO A QUE ARRIBO EL AD QUEM TAL COMO SE EXPLICO CON ANTERIORIDAD. Por todo lo anterior, es un hecho que el recurso bajo examen, no es de recibo, y así debe declararse, por no cumplir la técnica de este especial recurso de derecho en su único motivo, por los múltiples defectos de que adolece, condenando en costas a la parte recurrente.” OCTAVO: La abogada MARIA AUDELINA GARCIA MONTANO, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACIÓN. Antes de pronunciarnos sobre este motivo único formulado por las recurrentes, estimamos oportuno hacer las reflexiones pertinentes sobre este especial recurso, y para ello, hemos tenido en consideración la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de nuestro Código Procesal Civil, porque estimamos que en esa fracción de todo cuerpo legal, el legislador plasma su espíritu, y por ello transcribimos: “Por ello, el recurso de casación se regula como un recurso en derecho, un recurso para revisar únicamente cuestiones de derecho. Se excluye tajantemente del ámbito de la casación de la posibilidad de que puedan revisarse, ni siquiera de forma limitada, la fijación de los hechos y la valoración de la prueba resultante de la primera y segunda instancia. La casación no es una tercera instancia y sólo puede dar lugar a una revisión del juicio de derecho efectuado en las dos instancias, pero nunca a la revisión del juicio de hecho, que deviene intocable una vez formulada la sentencia de apelación. Sin embargo, desde el momento en que es posible distinguir lo que es la decisión sobre el juicio de hecho de lo que es la justificación o motivación de dicha decisión, la casación permite al amparo del Código efectuar un control de la motivación fáctica de la resolución siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Este control no puede conducir a cambiar la decisión sobre el juicio de hecho sino a establecer si existe una justificación o motivación suficiente que responda a las reglas de la razón y de, la lógica”. Sobre la base anterior, nos vemos forzados, a sostener lo siguiente: Las recurrentes señalan que “se impugna la falta de ejecución del Artículo 207 de Código Procesal Civil que regula la motivación de las sentencias, que tal motivo tiene como PRECEPTO AUTORIZANTE, los Artículos 719.1 inciso c) y 720 del Código Procesal Civil. Igualmente es un hecho claro que las mismas impugnantes, tratan de explicar su ataque con la siguiente EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: “Con este motivo -dicen-, se pretende demostrar que el control fáctico de la motivación en la sentencia impugnada carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógico lo cual llevo al tribunal de sentencia a emitir un fallo con una motivación defectuosa con un sentido diferente del fallo que debió dictarse y de ninguna manera se está atacando la prueba, sino que con ella evidenciar esta motivación defectuosa y esta procede cuando dicha motivación del artículo 207 del Código Procesal Civil. EL ARTÍCULO 207 del Código Procesal Civil Prescribe: ARTICULO 207, MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias e motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas así como a la aplicación e interpretación del derecho. 2. La motivación deberá indicar los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito considerados individualmente en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Pasamos a explicar la motivación. Con fecha 7 de septiembre del año 2017 el juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán dicto sentencia en su parte resolutiva dice: “PRIMERO SE DECLARA SIN LUGAR las excepciones de falta de legitimación de la parte demandante y falta de legitimación de la parte demandada, interpuesta por el demandado JOSE FRANCISCO FUNEZ RODRÍGUEZ. SEGUNDO: SE DECLARA SIN LUGAR la excepción de falta de legitimación de la parte demandante, interpuesta por el demandado MARCO TULIO CARTAGENA SANTOS.- TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria de pago por vía de repetición medidas cautelares de embargo de prohibición general de disponer o de celebrar actos y contratos sobre bienes especificados promovida por el abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA, en su condición de procurador General de la República y por ende, representante Legal del Estado de Honduras, en contra de los señores JOSÉ FRANCISCO FUNEZ RODRIGUEZ y MARCO TULIO CARTAGENA SANTOS, todos de Generales expresadas en preámbulo de la sentencia, por no haberse aprobado en juicio que los demandados en el ejercicio de funciones como Ministro Director y Sub Director del Instituto Nacional Agrario (INA) hayan incurrido en la culpa, dolo, como se relacionó en los fundamentos de derecho. CUARTO: ABSUELVE a los demandados señores JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ y MARCO TULIO CARTAGENA SANTOS, de acción deducida en su contra. QUINTO: sin costas en virtud del principio del vencimiento debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, de ser el caso SEXTO: que procedan la secretaria del despacho a la notificación y registro de la presente sentencia”. Con fecha 03 de abril del 2018 a la corte primera de apelaciones de lo civil del Departamento de Francisco Morazán, Dictó Sentencia en los términos siguientes: FALLA: PRIMERO: sin lugar el recurso de apelación. SEGUNDO: confirmando la sentencia recurrida. TERCERO: con costas, al apelante en esta instancia y MANDA... “. La corte recurrida motiva esta sentencia entre otros, en los siguientes fundamentos de derecho: QUINTO:.. Además para que el daño dé lugar a la obligación de: cesar la conducta, restaurar el bien perjudicado y o integrar el derecho subjetivo lesionado es necesario que el daño sea una consecuencia o efecto del hecho culposo en ese sentido, es indispensable establecer el nexo causal, es decir la relación entre la acción que determina un daño o la omisión de la acción y el daño propiamente, dicho en otros palabras, el nexo causal es una relación causa-efecto que permite establecer los hechos susceptibles de ser considerados determinantes del daño y cuál de ellos, es el que ocasionó el perjuicio palpable.- Esta relación de casualidad es imprescindible para reclamar los daños causados al autor o responsable. Art. 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1400, 1401, 1412, 1422 del código civil... SEXTO: ... En la demanda interpuesta se señala que el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, fue condenado por el mismo Juzgado de primera instancia que conoce de esta demanda, por la emisión de la resolución 123-2007 y por ello, debe condenarse a los demandados, por ser solidariamente responsable con el INA; Sin embargo, la responsabilidad solidaria no opera objetivamente y ante la falta de acreditación del nexo causal (culpa o negligencia) ampliamente descrito por la juez A quo en su sentencia, debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto, dado que de la resolución 123-2007, se deduce que el demandado, MARCO TULIO CARTAGENA, se fundamentó para emitir la resolución en el informe de auditoría interna y el dictamen de la División de Servicios Legales, que señala respectivamente, que la mercadería no entró nunca al almacén del INA, (que no fueron tachadas de falsedad o inexistencia ante el Aquo), argumentos que a juicio de este tribunal son suficientes para eximirle de la responsabilidad civil solidaria invocada en su contra...” Como lo hemos expresado al inicio de este motivo de casación, se pretende demostrar que el control factico de la motivación en la sentencia impugnada carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógico lo cual llevó al Tribunal de alzada a emitir un fallo con una motivación defectuosa con un sentido diferente del fallo que debió dictarse y de ninguna manera se está atacando la prueba, y que con ello evidenciar esa motivación defectuosa. En primer lugar, La Corte sancionadora cuestiona la existencia de un nexo causal, es decir “la relación entre la acción que determina un daño o la omisión de la acción y del daño propiamente dicho. En otras palabras el nexo causal es una relación causa-efecto que permite establecer los hechos susceptibles de ser considerados determinantes del daño y cuál de ellos, es el que ocasionó el perjuicio palpable”. La sentencia emitida en fecha 31 de Agosto del 2011 en la demanda ordinaria de pago numero 00617-2013 del juzgado de letras civil de este departamento de Francisco Morazán, que fue aportada a este juicio en audiencia preliminar, declaró con lugar la demanda ordinaria de pago promovida por la señora GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO, en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, y lo condenó a pagar la cantidad de Lps. 1,123,515.20, expresando en uno de sus considerandos que “... quedó claramente establecido que el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, recibió dicha mercadería a través de su departamento de Proveeduría General existiendo firma y sello, los cuales no son objeto de debate por lo que no tienen que ser probados, ni por la parte demandante, ni por este tribunal, el cual es el de parecer que existe responsabilidad tanto civil como penal...” estableciendo de manera incuestionable la responsabilidad del funcionario más cuando que, esta sentencia quedó firme, y no obstante que dicho documento fue tomado en consideración por el Ad quem, al confirmar la sentencia del adquo, de manera contraria expresó que no existe el nexo de casualidad, es decir no observo dicho documento en su debido contexto. Esta sentencia que dictó la jurisdicción civil es clara en cuanto a la responsabilidad del INA, pues el ex funcionario Marco Tulio Cartagena Santos al emitir una resolución sin haber indagado fehacientemente sobre el ingreso o no a la mercadería en cuestión, teniendo a la vista el expediente administrativo donde consta la factura con Sellos y firmas del departamento de Proveeduría General de dicha Institución, que con ello se acreditaba el ingreso y la existencia del producto en la misma, prefirió solo darle lectura a un dictamen que revisar el procedimiento debido en esa instancia o haber efectuado una denuncia ante el órgano competente para una mejor investigación sobre el ingreso o no de la mercadería y poder eximirse de responsabilidades.- En este sentido y siguiendo con el análisis de la sentencia hoy recurrida, vemos que la motivación de esta es defectuosa por contradictoria ya que existe un documento donde se establecen las responsabilidades de los funcionarios o de la misma institución que ellos dirigían, en tal virtud y a pesar de haberse presentado el documento declarativo de responsabilidad por parte del INA, y que tuvo como consecuencia el haber incurrido en una culpa manifiesta por parte de los funcionarios, con lo que resultó un menoscabo al Estado de Honduras, perjudicándolo en su patrimonio ya que tuvo que pagar una millonaria cantidad de dinero, por lo que en todo momento el señor Marco Tulio Cartagena debió considerar actuar con la debida diligencia en las funciones a él encomendadas, sin embargo obvió prever lo que era previsible y con ello adoptar las providencias necesarias y evitar un resultado dañoso.- En este mismo orden de ideas, nos preguntamos ¿Cómo es que la Corte recurrida invoca la teoría de la responsabilidad objetiva para eximir al demandado de responsabilidad ante a falta de acreditación de un nexo casual con ello desestimar el recurso de apelación? Resulta algo ilógico y absurdo este razonamiento del Tribunal de Alzada, ya que la responsabilidad quedó declarada en la sentencia del Juzgado Civil de la demanda ordinaria de pago que se originó, por haberse declarado sin lugar el reclamo administrativo, asimismo con esto queda acreditado el nexo causal (culpa o negligencia) de los funcionarios del INA al haberse determinado la responsabilidad en que incurrieron, así como la deuda contraída por dicha Institución. Expresa también el Tribunal Ad que “el demandante no determina con precisión el tipo de culpa que alega al demandado, no siendo correcto que el autor dejara dicha determinación al Juez”, pues bien, este grado de responsabilidad señalada en el Código Civil con respecto a la culpa o negligencia del deudor, consiste precisamente en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación, y que debe ser determinada por el Juzgador, en virtud de los argumentos y de haberse acreditado la responsabilidad civil en que incurrieron los demandados, pues la negligencia operada por estos conllevó a que el Estado de Honduras se viera afectado económicamente.- El tratadista argentino Guillermo A.Borda, en su Tratado de Derecho Civil, Obligaciones dicen: Es necesario dejar bien claro que la alusión que nuestro Código hace a las circunstancias de personas, no implica sentar un criterio subjetivo de apreciación de la culpa.- En modo alguno significa que el juez haya de tomar en cuenta la persona misma del deudor e indagar si, de acuerdo a su carácter, modalidad y cuidado que ella pone habitualmente en sus propios negocios, puede o no juzgarse culpable.- El principio de que el juez debe resolver el problema teniendo para ello en cuenta como habría actuado una persona diligente.- Para ello, no podrá dejar de considerar las circunstancias de personas por ejemplo, se exigirá mayor diligencia y cuidado en la administración de una medicina a un medico que a un enfermo, y a este que a una persona ignorante, el compromiso de que la construcción sea hecha conformé a las reglas del arte tiene un significado más riguroso tratándose de un arquitecto o un ingeniero, que de un maestro mayor de obras o un albañil.- Pero la conducta de todas estas personas (médico, enfermera, arquitecto, maestro mayor de obra) debe ser juzgada dentro de cada categoría según un criterio uniforme, es decir objetivo”.- Editorial Perrot, Buenos Aires, 4ª edición, pag., 102.- Y hacemos esta referencia con el propósito de dejar en claro que la graduación de la culpa le corresponde al juzgador no a la parte en que ha incurrido el ex funcionario para determinar su responsabilidad.- Por otra parte en el hecho QUINTO de la demanda se dejó en claro el grado de responsabilidad de los ex funcionarios demandados, en efecto, allí se expreso que JOSE FRANCISCO FUNEZ RODRIGUEZ no actuó con la debida diligencia en la función a él encomendada, pues emitió la resolución correspondiente, señaló que la mercadería no ingresó al almacén de proveeduría del INA.- Sumado a ello, al realizar un juicio de reproche sobre su diligencia, nos encontramos con que el demandado no fue diligente porque obvió prever lo que era previsible y con ello adoptar las providencias necesarias para evitar un daño.- Ello porque no indagó fehacientemente en lo ocurrido, las facturas tenían firma y sello de recibido del departamento de Proveeduría pudiéndose establecer quién era la persona titular de dicha firma y requeriría para escuchar su explicación al respecto, lo cual no realizó, a pesar que esto le hubiera permitido arribar a una decisión más acertada.- Aunado a ello este Tribunal de Alzada expone que es suficiente y valora “razonamientos físicos y jurídicos que utilizo el señor Marco Tulio Cartagena para emitir la resolución 123- 2007” (sin analizarlos dado que es in asunto de cosa juzgada); evidenciando que no respeta lo que señaló el Juzgado Civil en su sentencia, puesto que pone en duda lo que este señala en la misma.- ¿Los analiza o no los analiza? Resulta incuestionable que la motivación de la sentencia impetrada es defectuosa, la lógica nos dice que si el mismo Tribunal de Apelaciones expresa que no puede analizar las resoluciones dictadas en la vía administrativa y que después la jurisdicción Civil declara la responsabilidad en que incurre el INA, debe sujetarse entonces a lo que en ella se indica, es decir, que hubo culpa porque el órgano administrativo no llevó a cabo un debido proceso y emitió una resolución que no fue apegada a derecho.- El razonamiento del Juzgador de segunda instancia, es deficiente, ilógico y contradictorio porque dice que “a criterio del Tribunal, son suficientes para eximirle de responsabilidad civil invocada en su contra.” Si se admitiera por un momento la responsabilidad objetiva, esta misma habría operado a favor del Estado de Honduras puesto que si así como se dice que el funcionario utilizó razonamientos facticos y jurídicos en sus resoluciones, es decir, que obró en cumplimiento de la ley, El Estado de Honduras no debió ser condenado, no obstante, el Juzgado de Letras Civil declaró lo contrario, consideró que si hubo responsabilidad del Estado Honduras, por medio del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, luego en este proceso, el mismo Juzgado declara, en forma contradictoria, lo contrario.- En este orden de ideas huelga decir que la responsabilidad sin culpa no opera pues la culpa del ex funcionario es manifiesta. En los términos que la sentencia recurrida ha sido dictada se evidencia sin mayor estudio que la Corte Sentenciadora ha dejado de aplicar el artículo 207 del Código Procesal Civil habida cuenta que muestra una contradicción y falta de lógica al cuestionar la existencia de un nexo causal, habiéndose contradiciendo el documento que acredita la responsabilidad de los funcionarios del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, mas no confirmar la culpa o negligencia de los funcionarios del INA.- De ahí entonces, que siendo evidente y manifiesta la motivación defectuosa de la sentencia recurrida por falta de aplicación del artículo 207 del Código Procesal Civil, que llevó el Tribunal a emitir un fallo en sentido diferente al que debió dictarse, a contrario sensu, de no adolecer la sentencia de una motivación defectuosa el resultado habría sido la revocación de la sentencia de primera instancia”. NUESTRO PRONUNCIAMIENTO. Basta leer la explicación que consignan en su recurso las recurrentes, para concluir: QUE TRATA DE DESQUICAR EL JUICIO DE HECHO A QUE ARRIBO EL AD QUEM, QUE EL RECURSO CARECE DE LA TECNICA EXIGIDA EN ESTA CLASE DE RECURSOS, QUE NO ES CLARO NI PRECISO, QUE NO ESPECIFICA EL MODO DE VIOLACION DE LA LEY NI PROCESAL NI SUSTANTIVA Y QUE INCURRE EN ALEGATOS DE INSTANCIA. TRATA DE DESQUICIAR EL JUICIO DE HECHO A QUE ARRIBO EL AD QUEM. El legislador en la EXPOSICION DE MOTIVOS del Código Procesal Civil, sostiene: “Se excluye tajantemente del ámbito de la casación de la posibilidad de que puedan revisarse, ni siquiera de forma limitada, la fijación de los hechos y la valoración de la prueba resultante de la primera y segunda instancia”. Basta leer la explicación del motivo que consignan las censoras en su recurso, para concluir que su pretensión, es ni más ni menos, que el Honorable Tribunal Supremo, de por establecido (por probado) el hecho de la existencia del nexo causal, que ni el a quo ni el ad quem en su juicio de hecho tuvieron por acreditado, y todavía más, las recurrentes pretenden que ambos tribunales intervinientes, tuvieron que apreciar de manera distinta a como lo hicieron la prueba a que se refieren, o sea que pretenden obtener del Tribunal Supremo que desconozca el juicio de hecho de ambos tribunales inferiores, agrediendo así la competencia e independencia de éstos. NO ES CLARO Nl PRECISO: Las recurrentes atacan el fallo por lo dispuesto en el literal “c) la forma y contenido de la sentencia”. Pero resulta que la FORMA de la sentencia está regulada por el artículo 200 deI Código Procesal Civil y no se invoca como violado. Asimismo, el CONTENIDO de la sentencia está regulada por los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil y solo invoca como violado el 206. NO ESPECIFICAN EL MODO DE VIOLACION DE LA LEY: Alega “FALTA DE EJECUCIÓN DEL ARTICULO 207 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL”. La Ley se viola (modos o formas de violarla): FALTA DE APLICACIÓN, APLICACIÓN INDEBIDA e INTERPRETAClON ERRONEA; no existe FALTA DE EJECUCION. El artículo 719.1 del Código Procesal Civil solo autoriza la impugnación por la “APLICACIÓN e INTERPRETACION”; y en la APLICACIÓN esta la “FALTA DE APLICACIÓN” y la “APLICACIÓN INDEBIDA” pero no “FALTA DE EJECUCION”. Igualmente no especifican las recurrentes si es una violación directa o indirecta de las normas aplicadas en la decisión de fondo del asunto. Siempre que se trate de una violación indirecta de la ley, esta solo puede ser violada por APLICACIÓN INDEBIDA, pero nunca por FALTA DE APLICACIÓN. Aunado a lo anterior las recurrentes, en su esfuerzo increíble de hacer ver la existencia de hechos que no probaron, INCURREN EN ALEGATOS DE INSTANCIA. Por todo lo anterior, es un hecho que el recurso bajo examen, no es de recibo, y así debe declararse, por no cumplir la técnica de este especial recurso de derecho en su único motivo, por los múltiples defectos de que adolece, condenando en costas a la parte recurrente.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Conforme el artículo 718 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del recurso de casación. 2. Esta Sala de lo Civil viene reiterando la naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 exp. S.C. 236-2012, 18-03-2014 exp. S.C. 003-2013 y 06-05-2014 exp. S.C. 135-2013). 3. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 4. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 5. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LAS ABOGADAS DULCE ALVARENGA ANDINO E ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ EN SU UNICO MOTIVO. Las recurrentes en su único motivo de casación manifiestan que impugnan la falta de aplicación del artículo 207 del Código Procesal Civil, señalando como precepto autorizante el artículo 719.1 inciso c) y 720 del mismo código. Al explicar el motivo, manifiestan básicamente lo siguiente: “Con este motivo se pretende demostrar que el control fáctico de la motivación en la sentencia impugnada carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógico lo cual llevó al tribunal de alzada a emitir un fallo con una motivación defectuosa con un sentido diferente del fallo que debió dictarse y de ninguna manera se está atacando la prueba, sino que con ella evidenciar esa motivación defectuosa y ésta procede cuando dicha motivación resulta ilógica, absurda, contradictoria, ininteligible, que resulta de la falta de aplicación del artículo 207 del Código Procesal Civil.. Pasamos a explicar la motivación defectuosa:… Como lo hemos expresado al inicio de este motivo de casación, se pretende demostrar que el control fáctico de la motivación en la sentencia impugnada carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógico lo cual llevó al tribunal de alzada a emitir un fallo con una motivación defectuosa con un sentido diferente del fallo que debió dictarse y de ninguna manera se está atacando la prueba, sino que con ella evidenciar esa motivación defectuosa. En primer lugar, la corte sancionadora cuestiona la existencia de un nexo causal, es decir “la relación entre la acción que determina un daño o la omisión de la acción y el daño propiamente dicho. En otras palabras, el nexo causal es una relación causa-efecto que permite establecer los hechos susceptibles de ser considerados determinantes del daño y cuál de ellos, es el que ocasionó el perjuicio palpable”. La sentencia emitida en fecha 31 de agosto de 2011 en la demanda ordinaria de pago número 00617-2013 del Juzgado de Letras Civil de este departamento de Francisco Morazán, y que fue aportada a este juicio de repetición en la audiencia preliminar, declaró con lugar la demanda ordinaria de pago promovida por la señora GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, y lo condenó a pagar la cantidad de L. 1,123,515.20, expresando en uno de sus considerandos que “… quedó claramente establecido que el Instituto Nacional Agrario, recibió dicha mercadería a través de su departamento de Proveeduría General existiendo firma y sello, los cuales no son objeto de debate por lo que no tienen que ser probados, ni por la parte demandante, ni por este Tribunal, el cual es del parecer que si existe responsabilidad tanto civil como penal…” estableciendo de manera incuestionable la responsabilidad del funcionario mas cuanto que, ésta sentencia quedó firme, y no obstante que dicho documento fue tomado en consideración por el Ad quem, al confirmar la sentencia del A quo, de manera contradictoria expresó que no existe el nexo de causalidad, es decir, no observó dicho documento en su debido contexto. Esta sentencia que dictó la jurisdicción civil es clara en cuanto a la responsabilidad del Instituto Nacional Agrario, pues el ex funcionario Marco Tulio Cartagena Santos al emitir una resolución sin haber indagado fehacientemente sobre el ingreso o no de la mercadería en cuestión, teniendo a la vista el expediente administrativo donde constaban las facturas con sellos y firmas del departamento de Proveeduría General de dicha institución, que con ello se acreditaba el ingreso y la existencia del producto en la misma, prefirió solo darle lectura a un dictamen que revisar el procedimiento debido en esa instancia o haber efectuado una denuncia ante el órgano competente para una mejor investigación sobre el ingreso o no de la mercadería y poder eximirse de responsabilidades. En este sentido y siguiendo con el análisis de la sentencia hoy recurrida, vemos que la motivación de esta es defectuosa por contradictoria ya que existe un documento donde se establecen las responsabilidades de los funcionarios o de la misma institución que ellos dirigían, en tal virtud y a pesar de haberse presentado el documento declarativo de responsabilidad por parte del INA, y que tuvo como consecuencia el haber incurrido en una culpa manifiesta por parte de los funcionarios, con lo que resultó un menoscabo al Estado de Honduras, perjudicándolo en su patrimonio ya que tuvo que pagar una millonaria cantidad de dinero; por lo que en todo momento el señor Marco Tulio Cartagena debió considerar actuar con la debida diligencia en las funciones a él encomendadas, sin embargo obvio prever lo que era previsible y con ello adoptar las providencias necesarias y evitar un resultado dañoso. En este mismo orden de ideas, nos preguntamos, ¿cómo es que la Corte recurrida invoca la teoría de la responsabilidad objetiva para eximir al demandado de responsabilidad ante la falta de acreditación de un nexo causal, y con ello desestimar el recurso de apelación? Resulta algo ilógico y absurdo este razonamiento del Tribunal de Alzada, ya que la responsabilidad quedó declarada en la sentencia del Juzgado Civil de la demanda ordinaria de pago que se originó, por haberse declarado sin lugar el reclamo administrativo; asimismo con esto queda acreditado el nexo causal (culpa o negligencia) de los funcionarios del INA al haberse determinado la responsabilidad en que incurrieron, así como la deuda contraída por dicha institución. Expresa también el Tribunal Ad quem que “el demandante no determina con precisión el tipo de culpa que alega al demandado, no siendo correcto que el autor dejara dicha determinación al Juez”, pues bien, este grado de responsabilidad señalada en el Código Civil con respecto a la culpa o negligencia del deudor, consiste precisamente en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación, y que debe ser determinada por el Juzgador, en virtud de los argumentos y de haberse acreditado la responsabilidad civil en que incurrieron los demandados, pues la negligencia operada por estos conllevó a que el Estado de Honduras se viera afectado económicamente. El tratadista argentino Guillermo A. Borda, en su Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, dice. “Es necesario dejar bien claro que la alusión que nuestro Código hace a las circunstancias de personas, no implica sentar un criterio subjetivo de apreciación de la culpa. En modo alguno significa que el juez haya de tomar en cuenta la persona misma del deudor e indagar si, de acuerdo a su carácter, modalidad y cuidado que ella pone habitualmente en sus propios negocios, puede o no juzgarse culpable. El principio de que el juez debe resolver el problema teniendo para ello en cuenta cómo habría actuado una persona diligente. Para ello, no podrá dejar de considerar las circunstancias de personas; por ejemplo, se exigirá mayor diligencia y cuidado en la administración de una medicina a un médico que a un enfermero, y a éste que a una persona ignorante; el compromiso de que la construcción sea hecha conforme a las reglas del arte tiene un significado más riguroso tratándose de un arquitecto o un ingeniero, que de un maestro mayor de obras o un albañil. Pero la conducta de todas estas personas (médico, enfermera, arquitecto, maestro mayor de obra) debe ser juzgada dentro de cada categoría según un criterio uniforme, es decir, objetivo.” Editorial Perrot, Buenos Aires, 4ª edición, pag. 102. Y hacemos esta referencia con el propósito de dejar en claro que la gradación de la culpa le corresponde al juzgador no a la parte, en este caso al Estado de Honduras, pues a esta parte procesal le corresponde evidenciar la culpa en que ha incurrido el ex funcionario para determinar su responsabilidad. Por otra parte, en el hecho QUINTO de la demanda se dejó en claro el grado de responsabilidad de los ex funcionarios demandados, en efecto, allí se expresó que JOSE FRANCISCO FUNEZ RODRIGUEZ no actuó con la debida diligencia en la función a él encomendada, pues emitió la resolución correspondiente, señaló que la mercadería no ingresó al almacén de proveeduría del INA. Sumado a ello, al realizar un juicio de reproche sobre su diligencia, nos encontramos con que el demandado no fue diligente porque obvio prever lo que era previsible y con ello adoptar las providencias necesarias para evitar un daño. Ello porque no indagó fehacientemente en lo ocurrido, las facturas tenían firma y sello de recibido del departamento de Proveeduría pudiéndose establecer quien era la persona titular de dicha firma y requeriría para escuchar su explicación al respecto; lo cual no realizó, a pesar que esto le hubiera permitido arribar a una decisión más acertada. Aunado a ello este Tribunal de Alzada expone que es suficiente y valora los “razonamientos fácticos y jurídicos que utilizó el señor Marco Tulio Cartagena para emitir la resolución 123-2007” (sin analizarlos dado que es un asunto de cosa juzgada); evidenciando que no respeta lo que señaló el Juzgado Civil en su sentencia, puesto que pone en duda lo que este señala en la misma. ¿Los analiza o no los analiza? Resulta incuestionable que la motivación de la sentencia impetrada es defectuosa, la lógica nos dice que si el mismo Tribunal de Apelaciones expresa que no puede analizar las resoluciones dictadas en la vía administrativa y que después la jurisdicción Civil declara la responsabilidad en que incurre el INA, debe sujetarse entonces a lo que en ella se indica, es decir, que hubo culpa porque el órgano administrativo no llevó a cabo un debido proceso y emitió una resolución que no fue apegada a derecho. El razonamiento del Juzgador de segunda instancia es deficiente, ilógico y contradictorio porque dice que “a criterio del Tribunal, son suficientes para eximirle de responsabilidad civil invocada en su contra.” Si se admitiera por un momento la responsabilidad objetiva, esta misma habría operado a favor del ESTADO DE HONDURAS puesto que si así como se dice, que el funcionario utilizó razonamientos fácticos y jurídicos en sus resoluciones, es decir, que obró en cumplimiento de la ley, el ESTADO DE HONDURAS no debió ser condenado, no obstante, el Juzgado de Letras Civil declaró lo contrario, consideró que si hubo responsabilidad del ESTADO DE HONDURAS por medio del Instituto Nacional Agrario, luego en este proceso, el mismo Juzgado declara, en forma contradictoria, lo contrario. En este orden de ideas huelga decir que la responsabilidad sin culpa no opera pues la culpa del ex funcionario es manifiesta. En los términos que la sentencia recurrida ha sido dictada se evidencia sin mayor estudio que la Corte Sentenciadora ha dejado de aplicar el artículo 207 del Código Procesal Civil habida cuenta que muestra una contradicción y falta de lógica al cuestionar la existencia de un nexo causal, contradiciendo el documento que acredita la responsabilidad de los funcionarios del Instituto Nacional Agrario, mas no confirmar la culpa o negligencia de los funcionarios del INA. De ahí entonces, que siendo evidente y manifiesta la motivación defectuosa de la sentencia recurrida por falta de aplicación del Artículo 207 del Código Procesal Civil, que llevó al Tribunal a emitir un fallo en sentido diferente al que debió dictarse, a contrario sensu, de no adolecer la sentencia de una motivación defectuosa el resultado habría sido la revocación de la sentencia de primera instancia.” 5.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que las recurrentes infringen los requisitos fundamentales para la interposición del recurso extraordinario de casación inobservando la debida técnica casacional, a saber: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización, en virtud de que las recurrentes no cumplieron con su obligación de fundamentar el motivo con la debida separación y claridad porque la causal elegida está destinada para solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo, sin embargo las impetrantes se han limitado a señalar que la sentencia tiene una motivación defectuosa, olvidándose que el control de la motivación fáctica de la sentencia comprende varios supuestos que han de exponerse por separado, uno de ellos es la existencia, que implica en principio revisar si existe o no la motivación, el segundo caso nos habla de la suficiencia lo que supone ya la existencia de la motivación fáctica pero lo que se revisa acá es si la motivación fáctica empleada es suficiente para arribar a determinada conclusión y finalmente la racionalidad y carácter lógico, en donde ha de examinarse el ejercicio intelectivo utilizado por el juzgador determinando si ha sido guiado por los postulados de la lógica. Esta separación para realizar el control fáctico, no ha sido utilizada por las impetrantes faltando consecuentemente a la claridad que permita entender cómo se produce la infracción denunciada, por lo tanto, concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil en relación con el artículo 721 del mismo instrumento legal. 6. Conforme lo establece el artículo 8 del Decreto 266-2013 contentivo de la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia del Gobierno, el Estado está exento de ser condenado en costas en los procesos judiciales en que interviene. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 a) y b), 724, 725 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: 1) La inadmisión del recurso de casación en su único motivo, interpuesto y formalizado por las abogadas DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO E ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ en la condición con que actúan. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada en fecha tres de abril de dos mil dieciocho, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el expediente de apelación número 0801-2016-00238- CPCO, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2016-00238- CPCO del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. 3) Sin condena en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha catorce de enero del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 155=2018.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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