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Sentencia CC-141-18 — Registro 13130

Resumen

En segunda instancia se declaró no ha lugar el recurso de apelación en la demanda ordinaria civil de pago, confirma la sentencia definitiva dictada por el juzgado de letras. Con costas en esta instancia para la parte demandante y recurrente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “6. Se agrega que el allanamiento puede realizarse en diferentes momentos procesales, siendo estos, antes de la primera audiencia o dentro de la celebración de la misma audiencia; esta distinción es de importancia ya que solo cuando se realiza antes del inicio de la primera audiencia no procede la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie que existe mala fe (220.1 CPC). 7. In examine, el allanamiento no se dirige a las pretensiones incoadas, sino al incidente de prescripción de acciones, y se resalta que éste se realizó una vez iniciada la primera audiencia (preliminar) por tanto la parte allanada se encuentra en la obligación de resarcir los costos procesales ocasionados a su contraparte hasta el momento de la resolución que pone fin a la cuestión incidental, atendiendo el momento procesal en que se verificó la misma y la tarifa correspondiente tiene que calcularse según lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico. 8. Establecido es que en el incidente in comento, es aplicable el Principio del Vencimiento y este será únicamente en cuanto a la excepción de prescripción de acciones; por tanto resulta determinante establecer el momento procesal en que el proceso llega a su terminación con la finalidad de cuantificar la condena en costas pertinente a la primera partida económica (artículo 218.2.a del Código Procesal Civil); para ello es menester avocarse a lo establecido en el Arancel del Profesional del Derecho vigente al momento de incoarse la demanda, que reza: “ARTÍCULO 39.- CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE PROCESOS: Si el proceso no llegare a su término por desistimiento, renuncia de derecho, deserción o por cualquier otro motivo, los honorarios se fijarán de acuerdo con las siguientes normas: a. Por la presentación de la demanda o contestación, corresponde una tercera parte de los honorarios totales. b. Otra tercera parte al terminarse la fase conclusiva; y c. La tercera parte final al quedar firme la sentencia ya sea de primera o de segunda instancia…” 9. Por las razones expuestas, resulta cierto que el allanamiento se realizó después de contestada la demanda y antes de la fase conclusiva, por lo que el recurrente ha sido agraviado cuando el Iudex A Quo dicta erróneamente sentencia definitiva como acto resolutivo para resolver la incidencia y por ende finalizar el proceso de manera anticipada, cuando el tipo de resolución adecuada es mediante auto definitivo (artículo 193 numeral 2 inciso b del CPC), por tanto, es aplicable en la partida económica contenida en el artículo 218 numeral 1 inciso a) del Código Procesal Civil, determinar la condena en costas pertinente a honorarios profesionales devengados según lo estipulado en el Arancel supra indicado, la condena en una tercera parte de lo que se hubiese computado en caso de vencimiento total en primera instancia, en virtud que el proceso no llegó a una fase de conclusiones (artículos 39 inciso b del Arancel del Profesional del Derecho y 473 del CPC). Las partidas subsecuentes serán satisfechas según su debida acreditación siguiendo el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “3. En esta jurisdicción el alcance recursivo radica en dos puntos centrales, siendo el primero si la forma de terminación del proceso es mediante auto definitivo o sentencia definitiva; y el segundo si en el presente proceso aplica o no el principio de vencimiento a causa del allanamiento a la excepción de prescripción. 4. La prescripción de acciones generalmente se deduce como acción o como excepción al momento de contestar la demanda y se desarrolla en la primera audiencia. En el presente caso fue deducida como excepción, por tanto la afirmación del Iudex Ad Quem cuando establece: “…qué es procedente confirmar la condena en costas pues efectivamente el demandante le fue rechazada su pretensión de derecho material y por ende vencidas sobre las mismas a través de la excepción planteada de prescripción…” es ajena a la lógica jurídica, ya que la premisa mayor establece que si la pretensión material fue RECHAZADA no es posible considerar la premisa menor que establece “por ende vencidas”, por ser contradictorias entre sí, ya que si fueron rechazadas no pueden ser vencidas por la falta de formación de debate contradictorio. Centrándose al recurso de casación y limitado a su alcance peticionado que se encuentra definido en el numeral 3 de la Fundamentación Jurídica de esta sentencia recurrida; analizado los antecedentes procesales se determina que, si se produjo infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, por tanto, el vencimiento aplica únicamente al incidente. 5. Para una debida comprensión a lo dispuesto en el numeral anterior, se recuerda que el principio del vencimiento tiene diferentes variables que se deben distinguir para su debida aplicación y las cuales se encuentran condicionadas en la forma como finalice el proceso. Estas variables de vencimiento pueden ser: total, parcial, por allanamiento, por incidente, por recursos. En consecuencia: “Procede el vencimiento TOTAL en los procesos declarativos en la primera instancia cuando a una de las partes se le haya desestimado todas sus pretensiones (artículo 219.1 del Código Procesal Civil); procede el vencimiento PARCIAL cuando la estimación de la pretensión material NO ES ABSOLUTA por tanto cada parte se ve en la obligación de abonar las costas causadas por sus pretensiones no estimadas, debiendo ser abonadas bien por la mitad o bien por el monto de la cuantía pretendida (artículo 219.2 CPC). Procede el Principio de Vencimiento por INCIDENTE cuando se suscita una controversia ajena a las pretensiones deducidas, centrándose en cuestiones subyacentes que garantizan el debido proceso.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designada ponente la primera para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES: El señor MARCO TULIO ROSALES ROMERO, representado en juicio por el abogado ADÁN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO, en su condición de recurrente; siendo recurrida la sociedad XBALANQUE INVESTMENT COMPANY SOCIEDAD ANONIMA, representada en juicio por el abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA CIVIL PARA EL PAGO DE DINERO”, promovida en fecha 30 de junio del año 2017, ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, por el señor MARCO TULIO ROSALES ROMERO, mayor de edad, casado, empresario, hondureño y con domicilio en Midtown West End, Islas de la Bahía, contra el señor DENNIS MICHAEL BRACY, conocido también como DENNIS BRACY, mayor de edad, casado, constructor, de nacionalidad estadounidense y con domicilio en West Bay, Islas de la Bahía. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha 30 de junio del año 2017, el señor MARCO TULIO ROSALES ROMERO, actuando en su condición personal, demanda el pago de dinero por la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOLARES AMERICANOS ($2,625,000.00) o su equivalente en lempiras, en concepto de pago de comisión del 35% de las ganancias a generarse de la venta de condominios de un bien inmueble propiedad de la demandada XBALANQUE INVESTMENT COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGUNDO: Admitida a tramite la demanda en mención, se procedió a emplazar a la sociedad XBALANQUE INVESTMENT COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA, para que en el término legal procediera a dar contestación a la misma, quien rechazó todos los hechos e interpuso la EXCEPCIÓN MATERIAL DE FALTA DE DERECHO MATERIAL por no constar la obligación en contrato escrito; asimismo interpuso la EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION, sustentando la misma en que el término prescriptivo empezó a correr desde el día 20 de enero del año 2008, teniendo, según el artículo 2295 del Código Civil, dos años para reclamar, por tanto el demandante tenía como fecha fatal el 20 de enero del año 2010 para hacer el reclamo y demandar, sin embargo lo hizo hasta el 30 de junio del año 2017. Sustenta la presente excepción en los artículos 2295 y 2296 del Código Civil. TERCERO: En fecha 13 de septiembre del año 2017, el representante procesal de la parte demandante presentó escrito de DESISTIMIENTO de la acción deducida, por la cual el IUDEX A QUO, sustentando su resolución en el artículo 484.2 del Código Procesal Civil procedió dar traslado a la parte contraria quien se opuso a la misma, ordenándose por tanto la continuación del proceso. CUARTO: En fecha 28 de septiembre del año 2017, dio inicio la celebración de la audiencia preliminar con protestas previas del apoderado judicial de la parte demandante, denunciando falta de equipo técnico y que una de las partes no hablaba el idioma español, por tanto, el juzgado resolvió desestimar las mismas aduciendo que si bien es cierto, el Juzgado no cuenta con dicho equipo, la presencia de la Secretaria del despacho da fe judicial de todo lo actuado. En cuanto al problema de comunicación debido al idioma se nombró a un intérprete, quien, bajo juramento, procedió con su cometido, solventado en debida forma dichas objeciones. Siguiendo con su intervención, el representante legal de la parte demandante declaró: “No es correcto haber presentado una excepción material de falta de derecho material, ya que ello equivaldría a que la propia demanda sea el medio de prueba cuando el legislador se refiere a la excepción material lo hace en relación al género y las excepciones vienen como consecuencia del mismo o lo que es lo mismo la especie; el género es el marco, la especie es donde se desprende cada excepción, así lo dice el artículo 434.2 en donde establece que la contestación de la demanda habrán de negarse o admitirse los hechos aducidos por el actor…; en relación a la excepción material de prescripción, si se encuentra bien planteada y en tal sentido con instrucciones precisas de mi representado me allano, con el objeto de que no hay necesidad de la apertura de pruebas y debiendo finalizar el proceso sin audiencia probatoria de acuerdo al artículo 464 del código procesal civil; debiendo en consecuencia el Tribunal dictar auto definitivo sin sentencia contradictoria de conformidad al artículo 481 del código antes mencionado”. En uso de la palabra, el apoderado demandado se pronunció: “…sin duda alguna es evidente que la parte demandante abuso del derecho de acción cómo lo manda el artículo 6.3 del Código Procesal Civil no sólo con la demanda que interpusiera sino con los diferentes actos en que se han desarrollado en la presente audiencia buscando dilaciones en el proceso y solicitó que se continúe con el proceso hasta emitir sentencia con el efecto y petición del especial condena en costas porque a este momento a mí representado con el solo haber interpuesto la demanda le ha ocasionado un perjuicio que lo obligó a contratar un abogado, hacer viajes de Estados Unidos a Honduras en vista que viven en el extranjero, a pagar los costos del abogado de los traslados y estadía en la ciudad de Roatán por qué los mismos no son de esta localidad, pretender que con un allanamiento no haya condena en costas es permitir el abuso del derecho qué habla el artículo 6.3 antes referido por tanto se declare sin lugar la presente demanda con especial condena costas”. Siendo escuchadas ambas partes, el juez ordenó que se le explicará al señor Marco Tulio Rosales las repercusiones del allanamiento solicitado por su abogado quién manifestó que efectivamente él ha instruido a su representante procesal para tal efecto y que está de acuerdo de su participación y se allana al defecto material de prescripción. Una vez escuchada la declaración de la parte demandante, el juez resuelve que siendo utilizada una forma anticipada de terminación del proceso sin necesidad de sentencia contradictoria como es el allanamiento, se vuelve innecesaria la continuación del proceso y agrega que va a dictar auto definitivo con el cual pondrá fin al proceso dentro del plazo de 5 días hábiles. QUINTO: En fecha 12 de octubre del año 2017, el Iudex A Quo incumplió al auto dictado oralmente dentro de la audiencia preliminar, procediendo a dictar SENTENCIA DEFINITIVA bajo los siguientes términos: “FALLA: PRIMERO: Declarar con lugar la excepción material de prescripción impetrada por el abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES apoderado legal de la parte demandada la sociedad XBALANQUE INVESTMENT COMPANY SOCIEDAD ANONIMA, en la demanda ordinaria para el pago de dinero por la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOLARES AMERICANOS($2,625,000.00) o su equivalente en lempiras en concepto de pago de comisión del 35% de la ganancias a generarse de la venta de condominios de un bien inmueble propiedad de la sociedad XBALANQUE INVESTMENT COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA, promovida en contra de esta, por el señor MARCO TULIO ROSALES ROMERO. SEGUNDO: Declara sin lugar la demanda ordinaria para el pago de dinero por la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOLARES AMERICANOS ($ 2,625,000.00) o su equivalente en lempiras en concepto de pago de comisión del 35% de las ganancias a generarse de la venta de condominios de un bien inmueble propiedad de la sociedad XBALANQUE INVESTMENT COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA, promovida en contra de esta, por el señor MARCO TULIO ROSALES ROMERO TERCERO: Se Condena a la parte demandante el señor MARCO TULIO ROSALES ROMERO al pago de las costas.- MANDA: Que la secretaria notifique a las partes del presente fallo haciéndoles saber que el mismo es susceptible del Recurso de Apelación. CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.” SEXTO: El representante legal de la parte demandante presentó escrito solicitando aclaración y corrección de resolución la cual fue resuelta sin lugar. Se interpuso recurso de apelación ante la sentencia de primera instancia. SEPTIMO: La sentencia de fecha 8 de marzo del año 2018, dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, resuelve el recurso de apelación de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación impetrado por el recurrente contra la sentencia de fecha doce de octubre del año dos mil diecisiete dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía; En la demanda Ordinaria Civil de Pago Interpuesta por el señor MARCO TULIO ROSALES ROMERO contra el señor DENNIS MICHAEL BRACY representante legal y ADMINISTRADOR UNICO de la empresa mercantil XBALANQUE INVESTMENT COMPANY, S.A. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán Islas de la Bahía de fecha doce de octubre del dos mil diecisiete en la demanda Ordinaria Civil de Pago, Interpuesta por el señor MARCO TULIO ROSALES ROMERO contra el señor DENNIS MICHAEL BRACY representante legal y ADMINISTRADOR UNICO de la empresa mercantil XBALANQUE INVESTMENT COMPANY, S.A. Conforme los razonamientos expuestos por este Ad-quem. TERCERO: Con costas en esta instancia para la parte demandante y recurrente.- MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme la presente resolución y con certificación de esta se devuelva la primera pieza de autos al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinente. NOTIFIQUESE.” OCTAVO: El representante procesal de la parte demandante procedió a interponer recurso de casación contra la sentencia dictada por el Iudex Ad Quem, misma que motivó de la siguiente manera: “MOTIVO ÚNICO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Infracción por violación o falta de aplicación del Artículo 193.2 literal b) del Código Procesal Civil. PRINCIPIO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido dentro del Articulo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil. En cuanto declara que son causales del recurso de casación y se podrá impugnar la aplicación de los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad, para los efectos del Artículo 700.1 del CPC, por la existencia de un defecto en la aplicación de normas procesales que produzcan nulidad y que el recurrente acreditó en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN El precepto de orden adjetivo que se invoca como infringido para el efecto del presente motivo de Casación, es decir el Artículo 193.2 literal b), del Código Procesal Civil que literalmente prescribe: Artículo 193.2 literal b).- RESOLUCIONES JUDICIALES. -… “…También revestirán la forma de auto las resoluciones que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria.” El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Al no haberse dictado el AUTO DEFINITIVO como el juez de la instancia había convocado a las partes en la AUDIENCIA PRELIMINAR, misma que adquirió firmeza al notificarse en estrados y no impugnarse por las partes; y por el contrario, aplicó dictando arbitrariamente una SENTENCIA DEFINITIVA; misma que fue confirmada por el Ad Quem; causó perjuicio a mi representado MARCO TULIO ROSALES ROMERO, ya que se le condenó en COSTAS, sin configurarse el principio del vencimiento total. Es así como impugno la aplicación de esa norma procesal aplicada en el iter procesal sobre actos y garantías procesales y su infracción supone la nulidad de actuaciones procesales. Se trata de errores relativos a la observancia de normas legales que regulan la producción de los actos procesales, durante el iter procesal, es decir que, esta clase de motivo tiene lugar por los errores cometidos por el Tribunal de Alzada antes de la emisión de la sentencia impugnada, siempre y cuando su infracción supone la nulidad de las actuaciones procesales. Siendo el proceso el medio, el instrumento o mecanismo a través del cual el Estado de Honduras conforme al Artículo 1 de la Constitución de la Republica garantiza el GOCE DE LA JUSTICIA, entonces se impone el control del más alto Tribunal de Justicia Hondureño para establecer si se trata de un debido proceso, que se ha desarrollado bajo la dirección y control de Juez competente, de acuerdo con la Ley y las formalidades que la misma Ley establece. Pero en este caso concreto no ha acontecido así, ya que siendo el propio Juez que está obligado a preservar la igualdad de las partes en el proceso en cuanto se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la Republica y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad, y que se dicte con imparcialidad una resolución de fondo justa y motivada. ESTE MISMO JUEZ que por disposición de la Ley tiene la dirección del proceso, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Republica y este Código, quien está facultado para controlar de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, así como la inexistencia de motivos de nulidad, VIOLENTA EL DEBIDO PROCESO cuando cita en la AUDIENCIA PRELIMINAR para dictar una resolución denominada AUTO DEFINITIVO en el plazo de 5 días, misma que es notificada en estrados y consentida por las partes; y termina APLICANDO de forma arbitraria al dictar una SENTENCIA DEFINITIVA en el plazo de 10 días, para de esa manera justificar la CONDENA EN COSTAS en contra de mi representado MARCO TULIO ROSALES ROMERO sin haberse configurado el principio del vencimiento total. Queda así precisada y justificada la aplicación de los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la NULIDAD de la sentencia impugnada, misma que condena en costas, perjudicando a mi representado el señor MARCO TULIO ROSALES ROMERO. SE HIZO LO NECESARIO PARA QUE EL JUEZ A QUO Y EL AD QUEM SUBSANARAN CONFORME EL ARTÍCULO 700.1 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Art.700.1: Cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación de normas procesales que produzcan nulidad, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación. La normativa anterior la explico de la siguiente manera: En cuanto al requisito de intento de subsanación solicité como representante procesal y judicial del demandante se aclarara y corrigiera la resolución, tanto en la primera instancia como en la segunda instancia por no haberse aplicado correctamente lo que manda la norma procesal en cuanto que, pretendimos sanear el procedimiento mediante la solicitud de aclaración y corrección de conformidad a lo que manda el Artículo 204.1 y .3 del Código Procesal Civil. Art. 204.1. “Las aclaraciones a que se refiere el Artículo anterior podrán hacerse de oficio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte...” Art.204.3. “Los errores materiales manifiestos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento, incluso de oficio” La Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba Departamento de Atlántida en su sentencia de fecha ocho (08) de marzo del dos mil dieciocho (2018), no tomó en cuenta la solicitud de aclaración y corrección, que evitaría la nulidad de dicha sentencia y la CONDENA EN COSTAS. Más bien confirmó la sentencia del A Quo, justificando la violación de normas procesales que desnaturalizan el DEBIDO PROCESO, aun y cuando el recurrente realizó la referida denuncia de quebrantamiento de forma de los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad bajo los parámetros establecidos en el Artículo 700.1 del Código Procesal Civil, antes transcrito. Es así que para la adecuada defensa de los derechos e intereses legítimos de mi representado, señalamos la violación de los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad en la primera instancia en que se produjo y que, reprodujo la denuncia ante el tribunal Ad quem, que no tomó en consideración dicho alegato, a pesar que el recurrente expuso su dimensión legal y constitucional, por lo que el Ad quem estaba llamado a pronunciarse en su sentencia sobre la existencia de la infracción de normas de derecho procesal o de quebrantamiento de forma que da como consecuencia una nulidad de la resolución dictada. Lo anterior evidencia que se ha llevado a cabo un procedimiento no acatando las formalidades que establece la ley, al margen de lo que manda el Artículo 7.1 siempre del mismo Código manda como principio de LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS, que, Las formalidades previstas en él, son imperativas.” NOVENO: El representante procesal de la parte demandada plantea su pronunciamiento de la siguiente manera: “MOTIVOS DE FORMA POR LAS CUALES DEBE DECLARARSE INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACION IMPRETADO. PRIMERO: como primer motivo para que se declare la inadmisión del recurso por motivos de forma, establecemos que desde la forma en que el recurrente establece el alcance de la impugnación, vuelve al juego de palabras contradictorias cuando expresa que se case la sentencia recurrida y se dicte nueva sentencia anulando la impugnada, pero este no establece en qué consistirá ese alcance directo pues lo que pide es se dicte una nueva sentencia, desde ya reconoce el recurrente que la sentencia emitida por la Honorable Corte de apelaciones, ya que obviamente obedece a una sentencia emitida por el A-Quo, por lo que desde ya si este pide se dicte nueva sentencia anulando la impugnada ¿a dónde está el motivo de la casación? cuando lo que supuestamente pide es un auto definitivo. SEGUNDO: Honorables Magistrados comete un gran yerro el recurrente cuando al expresar la síntesis de agravios supuestamente citadas en el momento histórico por el Ad-Quem, este hace juicios de valor y expresa que el A-Quo no puede emitir juicios a priori y que ha violado el artículo 111 párrafo 1 de la ley de Organizaciones de los Tribunales, cuando si hacemos una síntesis de los agravios solo debía el recurrente constreñirse específicamente a decir en qué consistía la expresión de agravios y no a cuestionar la misma ya que para eso son los motivos de los preceptos autorizantes y los motivos jurídicos que le autorizan la casación, pero no el venir a cuestionar la síntesis de agravios que expresan, ya que no estamos en un recurso de apelación, segundo gran yerro que comete el recurrente por lo cual debe desde ya inadmitirse dicho recurso. TERCERO: Otro motivo de forma para que se declare inadmisible el presente recurso de Casación es que el recurrente explica como precepto autorizante que se infringió y violo la aplicación del artículo 193.2 literal b) y que el principio autorizante es el artículo 719.1 del Código Procesal Civil con solo revisar los autos del expediente claramente podemos ver que el recurrente dice que ha denunciado los defectos procesales que suponen la nulidad de la infracción en base al artículo 719. 1 del Código Procesal Civil, podemos claramente observar que en ningún momento el recurrente ha denunciado ningún motivo de nulidad, en la primera instancia, ante el A-Quo lo que solicito fue la aclaración de la sentencia, esa no es una denuncia de nulidad obviamente porque el A-Quo no puede anular su propia sentencia, pero cuando este interpone el recurso de apelación en ningún momento interpone o denuncia la existencia de motivos de nulidad por infracción de una norma legal o aplicación ilegal de una norma, ni tampoco estableció ninguna violación a una garantía procesal porque obviamente no existe, no podrá cambiarse nunca Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Civil, que no existe ni obra en autos que el recurrente haya denunciado la existencia motivos de nulidad, y siendo su momento procesal oportuno la interposición del recurso de reposición ante el A-Quo, era ahí donde tenía que denunciar cualquier tipo de nulidad y claramente en este proceso no existe, lo que el impetró en aquel momento histórico fue la expresión de agravios, los cuales fueron contestados y declarados sin lugar por el Ad-Quem por no proceder conforme a Derecho dichos agravios. CUARTO: Honorables Magistrados otro motivo para que en aplicación a lo que manda el artículo 720 del Código Procesal Civil este Honorable Tribunal Superior de la Sala de lo Civil declare inadmisible el recurso de casación por la franca violación al artículo 720 del Código Procesal Civil, ya que el recurrente establece y hace juicios de valor sobre la motivación e interpretación que ha hecho el Ad-Quem y de igual manera ha hecho el A-Quo sobre la imposición de costas cuando este lo que ha venido a pedir que se case es una infracción al artículo 193.2 literal b) del Código Procesal Civil por lo que desde ya existe una contradicción, en virtud de que está cuestionando los motivos por los cuales se condenó en costas al demandado versus se declare casada la sentencia por infringirse el articulo 193.2 literal b), gran yerro del recurrente que demuestra una simple razón, no sabe interponer un recurso de casación porque no existen motivos de infracción Honorables Magistrados, ya que cuando se interpone un recurso de casación no puede caber cuestiones de agravios si no establecer las razones directas de una violación clara a una norma pero no hacer cuestionamientos de una norma y establecer preceptos autorizantes de otra ya que estamos ante un recurso extraordinario totalmente formalista y solemne. QUINTO: El recurrente transcribe y cita que el concepto de la infracción violada es el articulo 193.2 literal b) del Código Procesal Civil, exigiendo que la presente sentencia definitiva debe revestir la forma de auto definitivo porque concluyó antes de su tramitación ordinaria, señalamos en autos del expediente de mérito que en la audiencia preliminar de fecha 28 de septiembre del año 2017, claramente la parte recurrente invocó los artículos 464 y 481 del Código Procesal Civil, exigiendo como pretensión que se emitiera resolución definitiva por haberse allanado a una excepción material de fondo que solo puede ser conocida en sentencia definitiva, la palabra auto definitivo es usada posteriormente por el recurrente de forma maliciosa y el hecho de que el A-Quo haya dicho que emitiría una resolución definitiva no significaba que este iba a transgredir a la norma emitiendo un auto cuando en el objeto del proceso en todo momento lo que se invoco fue la terminación del proceso por un allanamiento o una excepción material que solo puede resuelta en sentencia definitiva, y específicamente hablamos sobre la excepción material de fondo de prescripción la cual solo puede detener el juez a través de una sentencia definitiva, es un gran error del recurrente venir ahora a decir que hay una infracción al artículo 193.2 literal b) cuando este nunca fue citado y exigido por el recurrente en la audiencia preliminar de fecha 28 de septiembre del año 2017, podemos ver que el hizo uso del artículo 464 del Código Procesal Civil, que establece como puede determinar un proceso de audiencia en procedimiento ordinario con sentencia definitiva sin una audiencia probatoria, nada tiene que ver este argumento jurídico utilizado por el recurrente en aquel momento histórico para invocar ahora una norma legal distinta como ser el artículo 193.2 literal b) del Código Procesal Civil, gran error cometido por el recurrente y más aún podemos ser enfáticos, no puede entonces decir que se violentó el articulo 193.2 literal b) del Código Procesal Civil sin establecer porque motivos debía prescindirse de los articulo 464 y 481 del Código Procesal Civil y aplicarse de forma antojadiza el articulo 193.2 literal b) del Código Procesal Civil el cual nunca fue aplicado por el recurrente en el proceso ordinario ante el A-Quo.” DECIMO: Esta Sala de lo Civil, mediante auto motivado de fecha 14 de enero del 2021, dio admisibilidad al recurso de casación considerando que se encuentra conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 721 del Código Procesal Civil, que establece los requisitos mínimos del escrito de interposición del recurso de casación. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación se caracteriza por su función reguladora de la norma jurídica. Persigue dos fines enmarcados en la ley: la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y la unificación de la jurisprudencia nacional. 2. El alcance resolutivo se encuentra establecido en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, y consiste en confrontar los motivos que fueron admitidos por este Alto Tribunal con la sentencia recurrida y en caso de estimación se apegara a lo dispuesto en el artículo 727.3 del Código Procesal Civil, que establece que si se apreciara la existencia de infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, la Corte Suprema de Justicia ordenará reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiera producido la falta.

  1. En esta jurisdicción el alcance recursivo radica en dos puntos centrales, siendo el primero si la forma de terminación del proceso es mediante auto definitivo o sentencia definitiva; y el segundo si en el presente proceso aplica o no el principio de vencimiento a causa del allanamiento a la excepción de prescripción. 4. La prescripción de acciones generalmente se deduce como acción o como excepción al momento de contestar la demanda y se desarrolla en la primera audiencia. En el presente caso fue deducida como excepción, por tanto la afirmación del Iudex Ad Quem cuando establece: “…qué es procedente confirmar la condena en costas pues efectivamente el demandante le fue rechazada su pretensión de derecho material y por ende vencidas sobre las mismas a través de la excepción planteada de prescripción…” es ajena a la lógica jurídica, ya que la premisa mayor establece que si la pretensión material fue RECHAZADA no es posible considerar la premisa menor que establece “por ende vencidas”, por ser contradictorias entre sí, ya que si fueron rechazadas no pueden ser vencidas por la falta de formación de debate contradictorio. Centrándose al recurso de casación y limitado a su alcance peticionado que se encuentra definido en el numeral 3 de la Fundamentación Jurídica de esta sentencia recurrida; analizado los antecedentes procesales se determina que, si se produjo infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, por tanto, el vencimiento aplica únicamente al incidente. 5. Para una debida comprensión a lo dispuesto en el numeral anterior, se recuerda que el principio del vencimiento tiene diferentes variables que se deben distinguir para su debida aplicación y las cuales se encuentran condicionadas en la forma como finalice el proceso. Estas variables de vencimiento pueden ser: total, parcial, por allanamiento, por incidente, por recursos. En consecuencia: “Procede el vencimiento TOTAL en los procesos declarativos en la primera instancia cuando a una de las partes se le haya desestimado todas sus pretensiones (artículo 219.1 del Código Procesal Civil); procede el vencimiento PARCIAL cuando la estimación de la pretensión material NO ES ABSOLUTA por tanto cada parte se ve en la obligación de abonar las costas causadas por sus pretensiones no estimadas, debiendo ser abonadas bien por la mitad o bien por el monto de la cuantía pretendida (artículo 219.2 CPC). Procede el Principio de Vencimiento por INCIDENTE cuando se suscita una controversia ajena a las pretensiones deducidas, centrándose en cuestiones subyacentes que garantizan el debido proceso.”[1] 6. Se agrega que el allanamiento puede realizarse en diferentes momentos procesales, siendo estos, antes de la primera audiencia o dentro de la celebración de la misma audiencia; esta distinción es de importancia ya que solo cuando se realiza antes del inicio de la primera audiencia no procede la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie que existe mala fe (220.1 CPC). 7. In examine, el allanamiento no se dirige a las pretensiones incoadas, sino al incidente de prescripción de acciones, y se resalta que éste se realizó una vez iniciada la primera audiencia (preliminar) por tanto la parte allanada se encuentra en la obligación de resarcir los costos procesales ocasionados a su contraparte hasta el momento de la resolución que pone fin a la cuestión incidental, atendiendo el momento procesal en que se verificó la misma y la tarifa correspondiente tiene que calcularse según lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico. 8. Establecido es que en el incidente in comento, es aplicable el Principio del Vencimiento y este será únicamente en cuanto a la excepción de prescripción de acciones; por tanto resulta determinante establecer el momento procesal en que el proceso llega a su terminación con la finalidad de cuantificar la condena en costas pertinente a la primera partida económica (artículo 218.2.a del Código Procesal Civil); para ello es menester avocarse a lo establecido en el Arancel del Profesional del Derecho vigente al momento de incoarse la demanda, que reza: “ARTÍCULO 39.- CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE PROCESOS: Si el proceso no llegare a su término por desistimiento, renuncia de derecho, deserción o por cualquier otro motivo, los honorarios se fijarán de acuerdo con las siguientes normas: a. Por la presentación de la demanda o contestación, corresponde una tercera parte de los honorarios totales. b. Otra tercera parte al terminarse la fase conclusiva; y c. La tercera parte final al quedar firme la sentencia ya sea de primera o de segunda instancia…” 9. Por las razones expuestas, resulta cierto que el allanamiento se realizó después de contestada la demanda y antes de la fase conclusiva, por lo que el recurrente ha sido agraviado cuando el Iudex A Quo dicta erróneamente sentencia definitiva como acto resolutivo para resolver la incidencia y por ende finalizar el proceso de manera anticipada, cuando el tipo de resolución adecuada es mediante auto definitivo (artículo 193 numeral 2 inciso b del CPC), por tanto, es aplicable en la partida económica contenida en el artículo 218 numeral 1 inciso a) del Código Procesal Civil, determinar la condena en costas pertinente a honorarios profesionales devengados según lo estipulado en el Arancel supra indicado, la condena en una tercera parte de lo que se hubiese computado en caso de vencimiento total en primera instancia, en virtud que el proceso no llegó a una fase de conclusiones (artículos 39 inciso b del Arancel del Profesional del Derecho y 473 del CPC). Las partidas subsecuentes serán satisfechas según su debida acreditación siguiendo el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil. 10. Por todo lo antes expuesto, finalizar el proceso a causa de un incidente mediante la forma resolutiva de sentencia definitiva es contrario a derecho, agravado que dicha resolución contradice a otra resolución dictada con anterioridad, de manera oral, dentro de la audiencia preliminar que ordena, acertadamente, que el fallo se dictara mediante auto definitivo (artículos 115.2, 193.2.b 481.1 del Código Procesal Civil), que se limite a resolver la incidencia y su alcance jurídico. 11. Por el razonamiento anterior es criterio de esta Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que la sentencia impetrada lesiona intereses legítimos que deben ser debidamente tutelados, ya que resulta evidente que los costos procesales se detienen cuando el demandante incidentado se allanó al incidente promovido que puso fin al proceso. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 725.3, 726.1, 728.1 y 729 del Código Procesal Civil; 1548, 1377, 1390 del Código Civil, DICTA SENTENCIA IRRECURRIBLE y FALLA: PRIMERO: ESTIMAR el recurso de casación interpuesto y formalizado por el abogado JOSE TOMAS GUILLEN W., en su condición de representante procesal del señor MARCO TULIO ROSALES ROMERO, contra la sentencia dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 8 de marzo del año 2018. SEGUNDO: CASA la sentencia recurrida por existir infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, en consecuencia, se ordena a la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, reponer las actuaciones al momento y estado procesal inmediatamente anterior a aquel en que se produjo la falta recurrida, debiendo cumplirse con lo dispuesto en la resolución oral dictada en audiencia preliminar donde se sustentó la incidencia que permite la terminación anticipada del proceso pertinente a la DEMANDA ORDINARIA CIVIL PARA EL PAGO DE DINERO, promovida en fecha 30 de junio del año 2017, ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, por el señor MARCO TULIO ROSALES ROMERO contra el señor DENNIS MICHAEL BRACY, conocido también como DENNIS BRACY, ambos de generales conocidas. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes por medio de sus representantes legalmente constituidos en el juicio, tras lo cual se ordena devolver las actuaciones a la correspondiente Corte de Apelaciones con la certificación del presente fallo, para que disponga el curso que debe seguir conforme a la ley. Magistrada Ponente Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de junio del año dos mil veintiuno; Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 141=2018.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Diaz Llobregat, Jaume. Derecho Procesal Civil. - Ed. Bosch, 2003.