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Sentencia CC-12-20 — Registro 13143

Resumen

En segunda instancia se confirmó la sentencia que se declaró Sin lugar, la demanda vía proceso declarativo ordinario por incumplimiento de contrato para el pago de honorarios profesionales. - Se ordena a pagar a los demandados las costas del presente juicio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “1) Del examen de las presentes actuaciones resulta que la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, tuvo por presentado el escrito de interposición del recurso de casación interpuesto por el abogado ROMAYN ANDREE BACA VELASQUEZ, actuando en su condición de representante procesal de los señores JOSE ISRAEL BUSTAMANTE LOPEZ y SIMEON FIGUEROA CACHO, contra la sentencia dictada por ese mismo tribunal de alzada, en fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, sentencia que se pronunció dentro del denominado proceso declarativo ordinario por incumplimiento de contrato para el pago de honorarios profesionales, indemnización de daños y perjuicios. 2) Resulta notorio que a pesar que las partes han decidió tramitar el juicio bajo un proceso ordinario y aùn y cuando se ha incorporado una presunta indemnización por daños y perjuicios, del libelo del censor se observa que todo gira en torno al incumplimiento de un contrato de honorarios, de modo que no es posible entender que la acción judicial pueda tener cabida bajo el proceso ordinario cuando el reclamo de honorarios profesionales tiene un procedimiento especial establecido en el artìculo 89 del Còdigo Procesal Civil y cuyo procedimiento no admite recurso de casación, de tal manera que aunque las partes con la venia de las instancias hayan actuado bajo proceso ordinario, conociendo este Tribunal el procedimiento correcto no puede entrar a conocer el recurso de casación pues bajo el procedimiento acertado y en apego al 717 del Código Procesal Civil no reúne los requisitos de procedibilidad para ser conocido en casación, obviar tal norma, haría al tribunal entrar en competencias no autorizadas por la ley. 3) En virtud de lo cual la honorable Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, en estricta observancia a lo establecido por el artículo 717 del Código Procesal debió denegar la interposición del recurso de casación. 4) Al respecto debe aclararse que si bien es cierto, no existe un precepto legal en el Código Procesal Civil que de manera directa señale la facultad del ad quem para denegar la interposición del recurso de casación, así ha de entenderse por virtud de lo que señala el artículo 721 de dicho Código, al referirse que sólo dará trámite a los recursos que reúnan los dos requisitos siguientes: a) los formalizados en el plazo fijado por la ley, y b) los que se dirijan en contra de resoluciones que sean recurribles, refiriéndose obviamente en casación, o sea los que se encuentran de conformidad al artículo 717 mencionado. 5) De igual forma la facultad procesal de las cortes de apelaciones para rechazar de entrada, todo recurso de casación que no reúna los requisitos de procedibilidad mencionados en el numeral anterior, se obtiene de lo preceptuado por el artículo 730 del Código Procesal Civil, el cual se refiere claramente a: “la denegatoria del recurso de casación” dictada previamente por el tribunal de apelaciones respectivo y que da motivo posterior al reexamen de dicha decisión a través del medio de impugnación de queja. 6) En virtud de todo lo anteriormente expuesto, procedía que el ad quem en ejercicio de la facultad que la ley le concede, denegara en puertas el presente recurso, pues dicha facultad constituye también una obligación que la ley le impone para ser un tamiz o primer control a fin de evitar la entrada indiscriminada de recursos de casación sin requisitos de procedibilidad. 7) Finalmente, no habiendo dado cumplimiento el ad quem a su obligación, procede que la Sala de lo Civil ante la incuestionable falta de requisitos y exigencias establecidos en el artículo 717 citado, declare inadmisible in limine el presente recurso de casación, es decir sin entrar al análisis de los motivos que lo conforman, ello con fundamento en el literal (a) del artículo 723.1 del Código Procesal Civil; en consecuencia se declara firme de iure la sentencia recurrida, tal como lo manda el artículo 724.2 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores JOSE ISRAEL BUSTAMANTE LOPEZ y SIMEON FIGUEROA CACHO, representados en juicio por el abogado ROMAYN ANDREE BACA VELASQUEZ, como recurrente; siendo recurrida la señora IRENE ELMYRA CONNOR HYNDS, representada en juicio por el abogado JOSE ANGEL CARRANZA FLORES. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA VIA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES. INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, promovida en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, por los señores JOSE ISRAEL BUSTAMANTE LOPEZ, con domicilio en Roatán, Islas de la Bahía, y SIMEON FIGUEROA CACHO, abogado, con domicilio en El Progreso Yoro, ambos mayores de edad, hondureños, contra los señores IRENE ELMYRA CONNOR HYNDS, hondureña, y DENSMORE JAMES, marino, ambos mayores de edad, solteros, con domicilio en Roatán, Islas de la Bahía. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha dieciocho de septiembre del año dos mil diecinueve, la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, quién en fecha quince de junio del año dos mil dieciocho, falló de la siguiente manera: “PRIMERO: Declara Sin Lugar, la demanda via proceso declarativo ordinario por incumplimiento de contrato para el pago de honorarios profesionales.- Indemnización de daños y perjuicios, promovida por los señores Jose Israel Bustamante López y Simeón Figueroa Cacho; contra los señores Irene Elmyra Connor Hynds y Densmore James.- SEGUNDO: Se condena a los señores Jose Israel Bustamante López y Simeón Figueroa Cacho a pagar a los demandados Irene Elmyra Connor Hynds y Densmore James LAS COSTA del presente juicio.- TERCERO: Hace saber a las partes que contra la presente sentencia definitiva puede interponerse recurso de apelación, dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la notificación de la misma.- Y MANDA: Que si dentro del término Legal no se interpone recurso alguno, quede firme el presente fallo.-NOTIFIQUESE .” SEGUNDO: El abogado ROMAYN ANDREE BACA VELASQUEZ, actuando en su condición de representante procesal de los señores JOSE ISRAEL BUSTAMANTE LOPEZ y SIMEON FIGUEROA CACHO, en fecha tres de diciembre del año dos mil diecinueve, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El abogado JOSE ANGEL CARRANZA FLORES, actuando en su condición de representante procesal de la señora IRENE ELMYRA CONNOR HYNDS, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, el abogado JOSE ANGEL CARRANZA FLORES, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha dieciséis de enero del año dos mil veinte, resolviendo este Tribunal tenerlo por personado dentro del plazo concedido, y por precluido el plazo dejado de utilizar por parte del recurrente el abogado ROMAYN ANDREE BACA VELASQUEZ, actuando en su condición de representante procesal de los señores JOSE ISRAEL BUSTAMANTE LOPEZ y SIMEON FIGUEROA CACHO. QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO: La violación de la disposición contenida en el artículo 245 del Código Procesal Civil, referente a la valoración de la prueba PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 inciso B del Código Procesal Civil; impugnación de la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan:… b) Los Actos y Garantías Procesales Cuando Su Infracción Suponga La Nulidad O Produjera Indefensión EXPLICACION DE LA INFRACCION: Se deduce que tanto el Juzgador de primera instancia como el Tribunal de Alzada, de manera arbitraria se han rehusado a y valorar la prueba propuesta consistente en el CONTRATO PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES suscrito en fecha 25 de Julio del año 2014, entre los señores JOSE ISRAEL BUSTAMANTE LOPEZ Y SIMEON FIGUEROA CACHO con los señores IRENE ELMIRA CONNOR HYNDS y DENSMORE JAMES, y de la prueba INTERROGATORIO DE PARTE, las cuales se propusieron desde un inicio en el plan de la demanda; medios de prueba que fueron admitidos y evacuados, en el cual se deriva la pretensión deducida en juicio, condición jurídica que no fue apreciada por al Ad Quem. Lo que deviene en una violación que infringe principios del procedimiento y del proceso. Mis poderdantes en sus obligaciones derivadas del contrato objeto de cumplimiento, se comprometían a realizar gestiones administrativas a fin de conocer la situación jurídica de lo bienes inmuebles a favor de la parte demandada, sin establecer de forma explícita y concreta algún beneficio que se pudiera obtener de la gestión administrativa. Asimismo, de los medios de prueba interrogatorio de parte y testificales, se dedujo que efectivamente mis comitentes realizaron gestiones administrativas ante el Instituto de la Propiedad de Islas de la Bahía, e investigaciones In situ ante este órgano de propiedad. Es claro que la obligación de hacer por parte de los señores JOSE ISRAEL BUSTAMANTE LOPEZ Y SIMEON FIGUEROA CACHO, fue efectuada de forma personal y a favor de los señores IRENE ELMIRA CONNOR HYNDS y DENSMORE JAMES, y que producto de esas gestiones administrativas, se tuvo la certeza que los demandados tenían propiedades inscritas a favor en el Instituto de la Propiedad. Asimismo, por gestión administrativa es cualquier actividad que por parte de una persona a favor de otra realiza, independientemente de que exista un beneficio o resultado positivo o negativo, el mero hecho de realizar y efectuar de forma personal la gestión es suficiente, para cumplir con la condición de hacer al tenor de lo establecido en el Contrato para el pago de honorarios profesionales. Tal como consta en el proceso y respetando el principio dispositivo y aportación de parte, la parte demandante propuso tanto en el escrito de plan de demanda como de manera oral en la audiencia preliminar los medios de prueba, los cuales fueron admitidos y evacuados. Que a criterio de esta representación procesal, se acreditaron los presupuestos procesales, para la veracidad de los hechos controvertidos SEGUNDO MOTIVO: La violación de la disposición contenida en el artículo 1539 del Código Civil, referente a la definición de Contrato. Articulo °1539 Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casacón está comprendido el articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil; en lo concerniente a la impugnación de la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Artículo 719. CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional, y la adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio EXPLICACION DE LA INFRACCION: Se colige Honorable Corte Suprema de Justicia en que tanto los señores JOSE ISRAEL BUSTAMANTE LOPEZ Y SIMEON FIGUEROA CACHO, y los señores IRENE ELMIRA CONNOR HYNDS y DENSMORE, suscribieron un Contrato para el pago de honorarios Profesionales, tal como lo establece la sentencia recurrida en su acápite Séptimo, en la Motivación Fáctica Jurídica, y que así mismo se estipula que actuaciones realizaron personalmente mis representados a favor de los demandados, las cuales entre otras se encontraban: solicitar certificación integra de asiento solicitada por el abogado SIMERON FIGUEROA CACHO. Quien actuó en su condición de apoderado legal de la señora Elmira Connor Hynds, y que el AdQuo define la palabra Gestión a una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto y que es habitualmente de carácter administrativo. A partir de esta decisión tomada por el Juzgado de primer Instancia, no se valoró profundamente, racionalmente y objetivamente la prueba documental (Contrato para el pago de honorarios Profesionales, solicitud de certificación Integra, interrogatorio de partes), para establecer los alcances de las obligaciones reciprocas entre las partes que figuran en el contrato. Tal como es de su conocimiento Honorables Magistrados los Contratos, se encuentra de forma implícita, el principio de Pacta Sunt Servanda, y que lo establecido en los contratos en ley entre las partes. Es decir, la obligación de mis representados era únicamente hacer gestiones administrativas ante el Instituto de la Propiedad, a favor de los demandados, obligación que se cumplió a cabalidad, en virtud que no había alguna condición resolutiva o suspensiva en el contrato, y que el mismo contrato era claro en las obligaciones tanto de dar y hacer. En ningún momento mis representados se comprometieron a efectuar diligencias administrativas específicas y con detalles, la obligación de mis representados era general y clara. - Por lo cual la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, en la sentencia recurrida, consideramos Honorables Magistrados que no ha sido realizada de forma objetiva, motivada y razonada atendiendo a las normas que rigen el conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico.” SEXTO: El abogado JOSE ANGEL CARRANZA FLORES, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “I. Expone el Recurrente como PRIMER MOTIVO la violación de las disposiciones contenidas en el artículo 245 del Código Procesal Civil referente a la valoración de la prueba. Señalando como precepto autorizante parte el articulo 719 numeral 1 inciso B del Código Procesal Civil, en lo referente a lo establecido en el literal B) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga nulidad o produjera indefensión. Sobre este Primer Motivo, es importante establecer lo siguiente: 1. Es un absurdo e inclusive irresponsable la afirmación del Recurrente, al afirmar que tanto el Juzgador de Primera Instancia como el Tribunal de Alzada, de manera arbitraria se han rehusado a valorar la prueba propuesta refiriéndose exclusivamente al Contrato para el Pago de Honorarios Profesionales; cuando en ambas instancias tal y como quedo debidamente establecido en ambos fallos, este contrato fue suficientemente analizado, y no solo ese apartado probatorio si no que toda la carga probatoria que fue propuesta, admitida y evacuada en el presente Juicio; y en ambas Sentencias Definitivas, en todo y cada uno de sus considerandos, es suficientemente clara, concisa, precisa, ya que tanto el Juzgado A-quo como el Tribunal A- quem realizan un análisis claro, preciso y objetivo de todos y cada uno de los elementos de pruebas que oportunamente fueron sometido al estudio y análisis conforme a las reglas del conocimiento, la sana crítica y del criterio humano, establecidos en nuestro Ordenamiento Jurídico Procesal, por lo que cuestionar esa valoración realizada y más aún decir que de manera arbitraria se han rehusado a valorar ese Contrato, es cuestionar el imparcial proceder y dudar de la capacidad jurídica y analítica tanto del A-quo como del A-quem; lo anterior lógicamente por no ser ese fallo acorde a sus propios intereses y de sus clientes, olvidando el Recurrente la obligatoriedad del Demandante en el demostrar en juicio todos y cada uno de sus hechos alegados; y, en autos es más que evidente que el hecho de intentar que el A-quo condenara a mi Representada a cumplir lo pactado en un contrato privado, sin haber realizados las Gestiones Administrativas a que se comprometieron en el mismo, cuando no cumplieron con su compromiso, es intentar que se falle a su favor, mediante una sentencia que sería desde todo punto de vista y análisis legal, contrario a derecho; igual situación ocurrió ante el Tribunal de Alzada, cuando en su fallo y que está ampliamente argumentado denegó el Recurso de Apelación y confirmo la Sentencia Definitiva Impugnada. 2.- Nos pronunciamos en total desacuerdo a la apreciación errónea por parte recurrente, ya que el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Alzada, jamás diezmo o menoscabo la valía probatoria, muy al contrario, como se dijo anteriormente, de cada una de las pruebas ofertadas, realizo un análisis de conformidad a las reglas establecidas por nuestro Ordenamiento Jurídico Procesal, hecho este que es más que evidente y quedo plenamente plasmado en el fallo objeto de este Recurso.- En los argumentos desarrollados la parte Recurrente, se limita a realizar una narrativa de una de las pruebas (Contrato Privado de Honorarios Profesionales) de que formaron los hechos controvertidos en el proceso, y su apreciación y análisis responde a su punto de vista personal, y no a la verdad de los hechos; por lo que decir que el Tribunal de Primera y Segunda Instancia de manera arbitraria se ha rehusado a valorar la prueba propuesta; esta afirmación irresponsable, está totalmente alejada a la verdad; véase que cada una de las pruebas se hizo una análisis completo y si del mismo análisis el Tribunal considero que no le daban valor jurídico a alguna de las pruebas, las razones y fundamentaciones quedaron claramente establecidas en ambas Sentencias Definitivas dictada oportunamente. II.- Expone en Recurrente como SEGUNDO MOTIVO La violación de la disposición contenida en el artículo 1539 del Código Civil, referente a la definición de Contrato. Señalando como precepto autorizante el articulo 709 numeral 2 del Código Procesal Civil; en lo concerniente a la impugnación de la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Sobre este motivo argumenta la parte Recurrente, que no se valoró profundamente, racionalmente y objetivamente la prueba documental (Contrato Privado para el Pago de Honorarios Profesionales), estableciendo conceptualizaciones que establece el Código Civil, realizando exposiciones e interpretaciones como se enuncio anteriormente de acuerdo a su conveniencia, y no al alcance real y objetivo de la Ley, tal y como lo dejo suficientemente establecido en su Sentencia el Tribunal A-quem, por lo consideramos es una redundancia del recurrente del anterior Motivo de casación, ya que al carecer de argumentación legal sólida y real para establecer un sustento legal creíble a su pretensión, se ha limitado a repetir y repetir que sus Representados si cumplieron con las obligaciones del Contrato, pero como reiteramos, tanto el A-quo como el A- quem, en su fallo fue suficientemente claro y preciso en su análisis, al considerar que los Demandantes o realizaron ningún actos que se pudiera considerar como una Gestión Administrativa, y consecuentemente que beneficiara a la parte demandada; pero solo para recapitular lo ya expuesto en ambos Fallos; sería importante encontrar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué beneficio obtuvo la Demandada al habérsele solicitado una certificación de su título de Propiedad ante el Instituto de la Propiedad?.- ¿Sufrió alguna modificación con esa solicitud de certificación la propiedad de mi Representada?- ¿Podría considerarse una gestión administrativa la simple solicitud de Certificación ante el Instituto de la Propiedad? ¿Se puede decir que es proporcional el cobro de UN ACRE de terreno por ese solo hecho de peticionar ante el instituto de la Propiedad una Certificación, misma que puede ser solicitada por cualquier persona?; juzguen ustedes Honorables Magistrados, ya que ese fue el objeto de debate de este Juicio, y que el señor Juez de Primera Instancia conocedor de la causa en forma justa, dentro del marco Legal de sus atribuciones, y sin vulnerar ningún derecho de las partes, declaro SIN LUGAR esta Demanda y que fue oportunamente Confirmada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de la Ciudad de La Ceiba Departamento de Atlántida y que es Objeto del presente Recurso de Casación. Por todo lo anteriormente expuesto es que consideramos que la parte Recurrente, no le asiste una base jurídica fundamentalmente sólida que permita a ese máximo Honorable Tribunal de Justicia establecer en forma fehaciente que el Fallo Dictado en Primera y Segunda Instancia, no haya sido debidamente valorada la actividad probatoria.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1) Del examen de las presentes actuaciones resulta que la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, tuvo por presentado el escrito de interposición del recurso de casación interpuesto por el abogado ROMAYN ANDREE BACA VELASQUEZ, actuando en su condición de representante procesal de los señores JOSE ISRAEL BUSTAMANTE LOPEZ y SIMEON FIGUEROA CACHO, contra la sentencia dictada por ese mismo tribunal de alzada, en fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, sentencia que se pronunció dentro del denominado proceso declarativo ordinario por incumplimiento de contrato para el pago de honorarios profesionales, indemnización de daños y perjuicios. 2) Resulta notorio que a pesar que las partes han decidió tramitar el juicio bajo un proceso ordinario y aùn y cuando se ha incorporado una presunta indemnización por daños y perjuicios, del libelo del censor se observa que todo gira en torno al incumplimiento de un contrato de honorarios, de modo que no es posible entender que la acción judicial pueda tener cabida bajo el proceso ordinario cuando el reclamo de honorarios profesionales tiene un procedimiento especial establecido en el artìculo 89 del Còdigo Procesal Civil y cuyo procedimiento no admite recurso de casación, de tal manera que aunque las partes con la venia de las instancias hayan actuado bajo proceso ordinario, conociendo este Tribunal el procedimiento correcto no puede entrar a conocer el recurso de casación pues bajo el procedimiento acertado y en apego al 717 del Código Procesal Civil no reúne los requisitos de procedibilidad para ser conocido en casación, obviar tal norma, haría al tribunal entrar en competencias no autorizadas por la ley. 3) En virtud de lo cual la honorable Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, en estricta observancia a lo establecido por el artículo 717 del Código Procesal debió denegar la interposición del recurso de casación. 4) Al respecto debe aclararse que si bien es cierto, no existe un precepto legal en el Código Procesal Civil que de manera directa señale la facultad del ad quem para denegar la interposición del recurso de casación, así ha de entenderse por virtud de lo que señala el artículo 721 de dicho Código, al referirse que sólo dará trámite a los recursos que reúnan los dos requisitos siguientes: a) los formalizados en el plazo fijado por la ley, y b) los que se dirijan en contra de resoluciones que sean recurribles, refiriéndose obviamente en casación, o sea los que se encuentran de conformidad al artículo 717 mencionado. 5) De igual forma la facultad procesal de las cortes de apelaciones para rechazar de entrada, todo recurso de casación que no reúna los requisitos de procedibilidad mencionados en el numeral anterior, se obtiene de lo preceptuado por el artículo 730 del Código Procesal Civil, el cual se refiere claramente a: “la denegatoria del recurso de casación” dictada previamente por el tribunal de apelaciones respectivo y que da motivo posterior al reexamen de dicha decisión a través del medio de impugnación de queja. 6) En virtud de todo lo anteriormente expuesto, procedía que el ad quem en ejercicio de la facultad que la ley le concede, denegara en puertas el presente recurso, pues dicha facultad constituye también una obligación que la ley le impone para ser un tamiz o primer control a fin de evitar la entrada indiscriminada de recursos de casación sin requisitos de procedibilidad. 7) Finalmente, no habiendo dado cumplimiento el ad quem a su obligación, procede que la Sala de lo Civil ante la incuestionable falta de requisitos y exigencias establecidos en el artículo 717 citado, declare inadmisible in limine el presente recurso de casación, es decir sin entrar al análisis de los motivos que lo conforman, ello con fundamento en el literal (a) del artículo 723.1 del Código Procesal Civil; en consecuencia se declara firme de iure la sentencia recurrida, tal como lo manda el artículo 724.2 del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 717, 718, 721, 723, 724 y 932 reformado por Decreto 168-2009 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión in limine del escrito de recurso de casación y nulidad interpuesto y formalizado por el abogado ROMAYN ANDREE BACA VELASQUEZ, actuando en su condición de representante procesal de los señores JOSE ISRAEL BUSTAMANTE LOPEZ y SIMEON FIGUEROA CACHO. 2) Firme la resolución recurrida, dictada en fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlàntida, en el expediente de apelación número 1101-2019-00199, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 047-2017 del Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahìa. 3) Se hace la observación a la Corte de Apelaciones que en lo sucesivo deberá tener mayor cuidado al momento de examinar las resoluciones contra las cuales cabe recurso de casación a efecto de denegar aquellas que no procedan y así evitar a las partes gastos inútiles, igualmente se advierte a las instancias del cuidado que deben tener al momento de recibir las demandas y velar por la adecuación de los procesos cuando proceda. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de este auto al tribunal de su procedencia, previa notificación de esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. SIN COSTAS. Redactó el Magistrado Reynaldo Antonio Hernández. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 12=2020.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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