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Sentencia CC-105-19 — Registro 11880

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda ordinaria de cobro de dinero por ejercicio de acción causal de un título valor acumulación eventual de acción de enriquecimiento desestimando la excepción material de prescripción y la demanda tramitada. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “4.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Sobre lo expuesto por el recurrente en el Primer Motivo, la Sala considera que no ha seguido una correcta técnica casacional al momento de plantear el mismo, falencias de la técnica recursiva que tienen que ver con la falta de separación y claridad del motivo, ello porque por una parte señala que el tribunal de alzada vulnera la normativa sustantiva del artículo 473 del Código de Comercio, por falta de aplicación, y por otro lado alega en el mismo motivo, que el tribunal de alzada, en el fallo recurrido ha hecho una interpretación errónea del artículo 474 del referido código; sobre lo anterior es preciso recordar que tratándose de la interposición del recurso de casación, indefectiblemente el impetrante devenía en plantear de manera separada, en motivos distintos, la probable vulneración de los dos artículos que cita como vulnerados; al no hacerlo así, falta a la suficiente separación y claridad con la que debe plantear el motivo; en relación con lo anterior es necesario recordar que en un mismo motivo no se podrá argüir por una parte la falta de aplicación y también la interpretación errónea de distintas normas, esto porque tanto la falta de aplicación y la interpretación errónea son supuestos diferentes, el primero de ellos, supone que el juzgador no ha hecho aplicación de una norma, que el recurrente estima ha debido de aplicarse en el fallo dictado; por su parte la mala interpretación o interpretación errónea “Consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que tiene.” . La técnica recursiva exige que quien alegue la aplicación indebida de una norma, deberá señalar también cuál es la que el juzgador debió de haber aplicado; dicho lo anterior se aprecia también que el recurrente no ha precisado y justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en forma separada para cada uno de los artículos, respecto de la resolución impugnada, tal y como lo señala el artículo 721.2 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “5.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. De lo argüido por el recurrente en el Segundo Motivo expuesto, la Sala estima que dada la mala técnica casacional con la que se plantea el mismo, consecuentemente hace que no sea admitido, así tenemos que se incurre en varias falencias, a saber: a) Falta de claridad en el motivo, ello porque plantea que el iudex ad-quem en el fallo proferido, ha interpretado de manera errada el artículo 475 del Código de Comercio, y tal interpretación errada es contradictoria a la norma fundamental del artículo 304 de la Constitución de la República, aunado a que margina (no hace aplicación) del artículo 19 del Código Civil; respecto de tal planteamiento es menester dejar señalado, que el recurrente devenía en hacer separación necesaria de cada una de las normas que estima vulneradas en motivos distintos, al no hacerlo así, no cumple con los requisitos que señala el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) El impetrante hace referencia del artículo 304 de la Constitución de la Republica, mismo del que dice, que la interpretación errada que hace la segunda instancia del artículo 475 del Código de Comercio lo contraria (vulnera), respecto de lo anterior la Sala tiene a bien ilustrar que sobre la probable vulneración de normas constitucionales es menester aclarar que, quien pretenda tal, deberá de hacer invocación en primer lugar del Precepto Autorizante del Motivo, esto es lo dispuesto por el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, mismo que posibilita el poder interponer recurso de casación por la posible vulneración de normas que supongan la nulidad o produjeren indefensión; y en segundo lugar deberá plantear el motivo con la debida separación y claridad, señalando también la incidencia de tal vulneración en el sentido de la sentencia recurrida. Cabe apuntar que, respecto de la vulneración de artículos constitucionales, los dos supuestos en que cabra alegar tal cosa, será respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías. 6. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del recurrente, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los motivos de casación expuesto, la causa prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora Jenny Loris Diek Munguía, representada en juicio por el abogado Rafael Eduardo Murillo Coto, como recurrente; siendo recurrida la sociedad mercantil denominada ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES, S.A. de C.V., representada en juicio por el abogado Saúl Muñoz Orellana. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE COBRO DE DINERO POR EJERCICIO DE ACCION CAUSAL DE UN TITULO VALOR ACUMULACION EVENTUAL DE ACCION DE ENRIQUECIMIENTO”, promovida en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por el abogado Rafael Eduardo Murillo Coto, actuando en su condición de representante procesal de la señora Jenny Loris Diek Munguía, contra la sociedad mercantil denominada ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES, S.A. de C.V. (ACEYCO S.A.), a través de su representante legal el señor Salomón López Ayala, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha 11 de febrero de 2019, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO el fallo dictado por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortés, el día 15 de noviembre de 2018, fallo de la primera instancia, que en su parte dispositiva señala los siguiente: (Sic) “FALLA: 1) DESESTIMAR la excepción material de PRESCRIPCION opuesta por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA en su condición de apoderado judicial de la sociedad ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V. (ACEYCO S.A. DE CV.), por las razones expuestas en los fundamentos de derecho. 2) DESESTIMAR demanda tramitada mediante el proceso declarativo ordinario, promovida por el abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, quien actúa en su condición de apoderado judicial de la señora JENNY LORIS DIEK MUNGUIA, contra la sociedad ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V. (ACEYCO S.A. DE C.V.), a través de su representante legal, el señor SALOMON LOPEZ AYALA, para el cobro de dinero por ejercicio de la acción causal de un título valor, por la razones expuestas en los fundamentos de derecho. 3) DESESTIMAR la acción de enriquecimiento por la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL LEMPIRAS (L 6,315,000.00), más intereses, por las razones expuestas en los fundamentos de derecho 4) SE ABSUELVE a la sociedad ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V. (ACEYCO S.A. DE C.V.) del pago SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL LEMPIRAS (L 6,315,000.00) en virtud de haberse desestimado la demanda de mérito en todas sus pretensiones.- 5) SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE (Artículo 219.1 del Código Procesal Civil). Y MANDA: Que, si dentro del término legal no se interpone recurso alguno contra el presente fallo, quede este firme. Esta Sentencia admite recurso de Apelación el que debe interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación ante este mismo juzgado por escrito expresando los agravios que le causa la misma, recurso que no suspenderá las actuaciones (Artículos 709 y 711 del Código Procesal Civil). NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El abogado Rafael Murillo Coto, actuando en su condición de representante procesal de la señora Jenny Loris Diek Munguía, en fecha 13 de marzo de 2019, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 11 de febrero de 2019, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: La sociedad mercantil denominada ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES, S.A. de C.V., a través de su representante procesal el abogado Saúl Muñoz Orellana, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en este Alto Tribunal, los abogados Saúl Muñoz Orellana y Rafael Eduardo Murillo Coto, en sus condiciones ya indicadas, presentaron respectivamente escritos de personamiento en fechas 10 y 30 de abril del 2019, resolviendo este tribunal, mediante proveído de fecha 05 de junio de 2019, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La parte recurrente plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: (Sic) “MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMERO- INDEBIDA INTREPRETACIÓN DE LAS NORMAS PARA RESOLVER EL FONDO DEL LITIGIO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 719 INCISO 2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL “Artículo 719 del Código Procesal Civil. CAUSALES DEL RECURSO. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” NORMA QUE SE HAN INTERPRETADO DE MANERA ERRADA- Art. 474 del CÓDIGO DE COMERCIO que se ha interpretado de manera marginada, sin tomar en cuenta las demás partes de la norma para armonizar sus disposiciones y complementar su sentido, como orden el Art. 19 del Código Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Según los antecedentes, el motivo esencial del sentido del fallo (ratio dicendi) constituye que se desestimó la acción causal principal en vista del siguiente silogismo de la recurrida “La acción causal no puede entenderse implícita en el título valor, pues prescrito éste las condiciones en él contenidas, la acción causal solamente solo puede ejercitarse como independiente al título, pues si ésta mantiene validez sin vínculo con aquél, de ahí que sea requerido para su ejercicio, la existencia del negocio fundamental y prueba autosuficiente y separa de éste, que conlleva fuerza jurídica por si, estableciendo las condiciones de exigibilidad de las obligaciones” (Numeral Tercero de la Fundamentación Fáctica y Jurídica de la Sentencia Impugnada, Folio 8 de la Pieza de Segunda Instancia). En tal criterio, la Corte recurrida ha malinterpretado el alcance del Artículo 474 del Código de Comercio, que ampara la acción causal del Título Valor, y han dejado de aplicar el Art. 473 del mismo Código. Los cito para perfecta claridad: “Articulo 2 473 Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos-valores, se regirán por las disposiciones de este Código, cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título. Articulo ° 474 Si de la relación que dio origen a la sesión y transmisión de un título-valor se deriva una acción, ésta subsistirá a pesar de aquéllas, a menos que se pruebe que hubo novación. Esa acción debe intentarse restituyendo el título al demandado, y no procederá sino después de que hubiere sido presentado inútilmente para sí aceptación, en caso de ser susceptible de ella, o para su pago. Para acrediten tales hechos, y salvo lo dispuesto en el párrafo que sigue, podrá suplirse el protesto por cualquier otro medio de prueba. El tenedor sólo podrá ejercer la acción causal si ha ejecutado los actos necesarios para que el demandado conserve las acciones que pudieran corresponderle en virtud del título.” El vicio de la sentencia recurrida yace en su premisa que la acción causal reviste como una que se ejerce de manera independiente y separada del título valor, sin vínculo con éste, lo cual es contrario la recta interpretación del Art. 474 del Código de Comercio. Para despejar la malsana interpretación ejercida por la recurrida, se debe entonces partir por observar que los dos artículos consecutivos citados del Código de Comercio, uno crea una categoría de actos y contratos que se ejercen junto al título (Art. 473 del Código de Comercio) y seguido el otro dicta sobre la acción causal (Art. 474 del Código de Comercio). Así, estos artículos colocados de manera consecutiva deben interpretarse al tenor del método sistemático, según dispone la norma “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de sus partes, de manera que haya entre todas las debida correspondencia y armonía”, Art. 19 del Código Civil. En tal sentido, se debe armonizar lo dispuesto por uno artículo y el otro que le sigue, de manera de que tengan ambos un significado y que sean coherentes entre sí. Bajo tal concepto, el que se halle una disposición que anuncia sobre las acciones que se ejercen junto al título serán regidas según éste código (Art. 473 del Código de Comercio) e inmediatamente seguido otra sobre la acción causal (Art. 474 del Código de Comercio), se armoniza para de manera de entenderse lo siguiente: El primer artículo es un preámbulo que enmarca una categoría de acciones, las que se deben ejercer junto al título. El siguiente artículo consiste en la primera especie de ésta categoría acciones, la acción causal. Lo anterior se confirma más aún si se toma en cuenta que el artículo Art. 474 del Código de Comercio que dispone la acción causal, a la vez exige restituir el título valor al demandado, cuestión que únicamente es viable si se acompaña éste como prueba documental anexada a la demanda que ejerce la acción en mención. (Ello ya que si se entrega al margen del juicio se corre el riesgo que el deudor lo tome mas no pague, cuestión que causaría que el acreedor pierda su derecho). Por tanto, queda confirmado que la acción causal es una especie de la categoría de acciones que ejercen necesariamente junto al título valor, categoría que la enuncia el Art. 473 del Código de Comercio. Y en el mismo sentido, se observa que el artículo sub siguiente, Art. 475 del Código de Comercio, menciona otra especie de acción que se ejerce junto al título, la acción de enriquecimiento. Por tanto, la interpretación sistemática de la ley armoniza que el Art. 473 del Código de Comercio introduce una categoría de derechos de actos y contratos que dieron lugar a emitir títulos valores que sólo se pueden ejercer junto a éste. Y luego el Artículo 474 y 475, ambos del Código de Comercio, establecen las dos especies dentro de ésta categoría, la acción causal y la acción de enriquecimiento, respectivamente. Por tanto, se concluye de manera tajante mediante una interpretación sistemática de la norma, que la acción causal es un tipo dentro de la categoría de acciones que deben ejercerse junto al título valor, es decir que no cabe ejercitarse de manera separada al mismo. Y la anterior recta interpretación es afrontada por la conclusión de la sentencia recurrida, “la acción causal solamente puede ejercitarse como independiente al título, pues si ésta mantiene validez sin vínculo con aquél, de ahí que sea requerido para su ejercicio, la existencia del negocio fundamental y prueba autosuficiente y separa de éste” según el tramo citado de la sentencia impugnada. De la lectura de éste tramo se entiendo que la Corte de Apelación impetrada ha ejercido interpretado de manera marginal del Art. 474 del Código de Comercio, sin armonizarlo con el Art. 473 del mismo Código de Comercio. Por tanto, queda exhibida una interpretación indebida de las normas, ya que la recurrida emplea una interpretación marginada y trunca de la ley, en afrenta a lo dispuesto por el Art. 19 del Código Civil, que exige de manera yuxtapuesta, que el juzgador ejerza una interpretación armónica y contextual de cada segmento de la norma con los demás. Y tal interpretación viciada que aplicó la recurrida incidió de manera angular para determina el sentido del fallo de la sentencia impetrada. Ello ya que la recurrida fundó su silogismo en la premisa que la Acción causal es una que se ejerce de manera independiente y separada del título valor, y de tal idea deriva que entonces éste título valor no puede servir como prueba en la acción causal, ya que una acción separada requiera prueba separada y autónoma al título valor (pagaré). Es decir, el patrón racional que utilizó la impugnada es fácil de asimilar: Si la acción causal es independiente y se ejerce de manera separa del título, entonces la prueba de ésta acción también lo debe ser distinta e independiente del título valor. Y tal silogismo fue la idea que encausó el fallo en sentido de desestimar la acción causal, por estimar que el título valor era prueba inadecuada para sustentarla. De tal manera, de haber ejercido la recurrida una interpretación sistemática del Art. 474 en relación con 473, ambos del Código de Comercio, y de tal manera asentar la premisa correcta que la acción causal es una que se ejerce junto al título valor y no de manera separada, entonces hubiese allegado a otra conclusión opuesta sobre el caso. En lugar de estimar que la acción causal es separada al título valor y que requiere prueba separada a éste, más bien hubiese comprendido que es una acción que debe ejercer junto al título valor (pagaré), y por tanto éste constituye prueba no sólo admisible y valorable, sino que necesaria para la procedencia de la acción causal. Y en vista que tal documento fue aportado en el juicio (fol. 7) junto al cheque que acredita el desembolso del dinero prestado (fol. 5) a favor del demandado, se hubiese estimado la acción en lugar de su indebido rechazo. En vista de lo anterior, se ha interpretado de manera indebida el Art. 474 del Código de Comercio, y esto causó que se resolviera de manera indebida el fondo del asunto, es decir que se desestimara la acción causal al margen de la ley. Contrario a la viciada interpretación de la sentencia impugnada, la recta interpretación de la acción causal del Art. 474 del Código de Comercio, y en armonización del mismo con el Art. 473 del mismo código, es que la acción causal es una que se debe ejercer JUNTO AL TITULO VALOR. En virtud de tal premisa, entonces el titulo valor es prueba documental admisible y necesaria para valorar su contenido y acuerpar la procedencia de la acción. Y esto aunado con el hecho que la acción causal fue probada debidamente mediante el pagare (fol-7) con que se formalizo el préstamo que se cobra, y con el cheque (fol.5) que acredita el desembolso del monto prestado al demandado, entonces el resultado hubiese sido la estimación de la acción causal que constituye la pretensión principal de la demanda. En tal sentido, la anterior interpretación no es privativa de ésta parte. Primero y primordialmente, se cita una sentencia de la misma Corte de Apelación Civil de ésta ciudad que es aquí la autoridad impugnada. Ello ya que ésta, dos meses previo de haber dictado la sentencia aquí impugnada, dicta otra en sentido contrario en la cual dicta en el numeral segundo de su motivación fáctica y jurídica: “No obstante la parte demandante está ejerciendo derecho al pago de la prestación por vía ordinaria, acreditando acción causal tal y como lo estima la juez, lo que se acredita con recibo de pago no. 98681 de 29 de Abril del 2011, donde se hace constar la entrega de suma de dinero a la demandada, y con ello se acreditó la acción causal, por el que se suscribió el pagaré de la acción”1 Es decir, estamos ante condiciones emparejadas al caso presente, ya que en ambas presenta el título valor y se ejerce la acción cambiaria. En el caso presente ésta demandante acreditó el pagaré (fol. 7) y un cheque que prueba la entrega del dinero prestado (fol 5) por el demandante a favor del demandado, y en el caso de la sentencia citada, el demandante también se presentó el pagaré y ejerció la misma acción causal, con la única variación que, en lugar del cheque de desembolso del dinero prestado a favor del demandado, presentó un recibo para probar la entrega del dinero al demandado. Ante tal igualdad, es dispar que en el precedente citado la recurrida estimó que el recibo y el pagaré eran prueba suficiente para acreditar la acción causal, en el presente caso estimó que el pagaré y el cheque de desembolso no lo eran. Por tanto, la misma recurrida se ha apartado del al malsano argumento que aduce en el presente caso, que en la acción causal es separada al título y que ésta requiere prueba separada y distinta al mismo, ya que como se ve, en un caso bajo el mismo contexto estimó que el título y un documento de entrega de dinero era suficiente para acreditar un préstamo, que es la relación causal subyacente, y así estimar la acción causal. De igual manera, la doctrina autorizada interpreta la acción causal en el mismo sentido que éste recurrente y contrario al criterio de la sentencia impugnada. Pasaré a citar la doctrina autorizada que así también la determina: El jurista mexicano Luis Muñoz, citando un fallo de la Corte Suprema de éste país, cuyo derecho mercantil y doctrina de títulos valores es un precursor directo del nuestro, que, en su motivación fáctica jurídica, numeral segundo dicta: “La acción causal queda demostrada en su caso, con las letras de cambio exhibidas con la demanda y con la confesión del demandado, quien admite haberlas suscrito como promesa de pago. Las letras desempeñan en este caso, una función ordinaria de garantía de simples instrumentos de pago de las obligación fundamental”2 En el mismo sentido, el jurista mexicano Dávalos Mejía: el “Desde un punto de vista material, los títulos de crédito son prueba concreta de la existencia del derecho que en ellos aparece consignado. Es decir, contienen la confesión del deudor que debe dinero, o al menos que efectivamente originó una obligación”.3 Finalmente, el jurista Argentino Gómez Leo determina, “El objeto de la acción causal estará determinada por el estado de las obligaciones que surjan del negocio base. El juicio de conocimiento que inicie mediante la acción causal habrá libertad de medios probatorios, respecto del cual el pagaré será un medio probatorio más.”4 De tal manera, la interpretación que ésta parte estima como la correcta es la misma que es acogida por la doctrina autorizada en materia de Derecho Mercantil y en especial la doctrina de Títulos Valores, la proveniente de México. Al tenor de la misma, en vista que la acción causal es una que se debe ejercer JUNTO AL TITULO VALOR, entonces éste título valor es prueba documental suficiente y admisible de la acción causal, el contrato de préstamo (mutuo) que se pretende cobrar, que únicamente se puede desmeritar ante prueba en contrario al derecho pretendido. La recurrida diverge de ésta recta interpretación, y en su lugar aduce su errada y ya desacreditada tesitura: Que la acción causal es separada del título valor y que por tanto éste no puede figurar como prueba de la misma. Así, la corte de apelación recurrida se afronta no sólo a éste litigante, si no a la doctrina autorizada de la materia. En tal sentido, y bajo éste rectificada y corregida interpretación del Art. 474 del Código de Comercio y la acción causal de los títulos valores, entonces el resultado del análisis de éste juicio es que en vista que la acción causal es una que se debe ejercer JUNTO AL TITULO VALOR y no de manera separada a éste, entonces título valor es prueba adecuada y necesaria para acreditar la pretensión de la acción causal y sustentarla. Al haberse incorporado éste, y además el documento que acredita la entrega del monto prestado a favor del demandado, no hay justificación para rechazar la acción causal. Ello aunado a que, por otra parte, se desestimó la única excepción material ejercida por el demandado, la acción de prescripción. Por tanto, la recta interpretación del derecho encausa el juicio hacia un resultado único posible, la estimación de la demanda, tanto en su pretensión de capital como intereses. Por tanto, procede que vuestra Honorable Corte de Casación primero dicte auto que admita éste motivo de recurso de casación en vista de haberse argumentado según el motivo, un error en el derecho de fondo empleado para resolver el fondo del asunto. Y una vez admitido y evacuada la audiencia de trámite, dictar sentencia que manda a casar la sentencia impugnada, y en su lugar dicte una que estime la demanda, tanto en su pretensión principal como en su pretensión accesoria de intereses, a manera que dicte un fallo que estime la acción causal debidamente deducida por el demandante, según fallo : “PRIMERO.- Desestimar la excepción material de prescripción opuesta por ACEYCO SA. DE C.V. SEGUNDO- Estimar la demanda de ordinaria de pago ejercida por JENNY LORIS DILK MUNGUIA contra ACEYCO SA. DE C.V. TERCERO- Se condena a ACEYCO SA. DE C.V. al pago de SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL LEMPIRAS (L6,315,000.00) a favor de por JENNY LORIS DIEK MUNGUIA más los intereses al 7% anual desde la firmeza y hasta el efectivo pago. CUARTO- Al estimarse la pretensión principal de la acción causal, procede absolver al demandado de la pretensión acumulada de manera eventual de Acción de Enriquecimiento. Con costas”. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. - INDEBIDA INTREPRETACIÓN DE LAS NORMAS PARA RESOLVER EL FONDO DEL LITIGIO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 719 INCISO 2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL “Artículo 719 del Código Procesal Civil. CAUSALES DEL RECURSO. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” NORMA QUE SE HAN INTERPRETADO DE MANERA ERRADA- Art. 475 del CÓDIGO DE COMERCIO que se ha interpretado de manera errónea, y contradictoria a la norma fundamental del Art. 304 de la Constitución de la República. DESARROLLO DEL MOTIVO Como se ha mencionado en el antecedente segundo de éste escrito, en éste proceso además de la acción causal del título valor, también se acumuló de manera eventual la acción de enriquecimiento, al amparo del Art. 98 del Código Procesal Civil. En tanto, ésta procede cuando al carecer la acción causal o cambiaria, se puede exigir al emisor por la cuantía que sufrió daño el tenedor de la letra de cambio, Art. 475 código de comercio, el que a su vez dicta “Extinguida por caducidad o prescripción la acción cambiara contra el emisor, el tenedor del título valor que carezca acción causal contra éste, y de acción cambiaria contra los demás signatarios, puede exigir al emisor la suma que se haya enriquecido en su daño. Esta acción prescribe en un año contado desde el día que caducó o prescribió la cambiaria.” La mala interpretación de la acción de enriquecimiento (Art. 475 del Código de Comercio) objeto de este motivo de casación se manifiesta en que la Corte de Apelación recurrida ejerce el siguiente silogismo” En tal sentido, como dispuso la juez en la sentencia recurrida, uno de los requisitos de la norma mercantil para la procedencia de esta acción, es carecer tanto la acción causal como la cambiarla. En el caso presente, se está solicitando en primer término a causal, se deduce porque considera la posibilidad de procedencia del mismo, porque existe a posibilidad de ejercitar el mismo, por tanto, no se carece de la misma. Por otra parte, no se aportó prueba que acredite el enriquecimiento o empobrecimiento de las partes” (Numeral Sexto, Fundamentación Fáctica Jurídica de la Sentencia recurrida, que corre a folio 9 de la Pieza de la Corte de Apelación). La cita de la sentencia recurrida arranca con una primera apreciación que es certera, la acción de enriquecimiento procede cuando el demandante poseedor del título carece de acción cambiaria contra los demás signatarios o acción causal contra el emisor, Art. 475 del Código de Comercio. Por tanto, la acción de enriquecimiento es una obligación con condición suspensiva, (Art. 1376 del Código Civil), en tanto procede únicamente cuando se verifique que el tenedor del título valor carezca de acción causal contra el librador del título valor. Sin embargo, el vicio analítico de la recurrida yace al interpretar la manera en que se debe determinar la condición suspensiva en mención y que condiciona la procedencia de la acción enriquecimiento, la condición que el tenedor del título (demandante) carezca de acción causal. En tanto, la recurrida estima que éste supuesto se determina por el mero hecho que el demandante haya apreciado la acción causal como posible, como lo razón en éste tramo “Se está solicitando en primer término la causal, se deduce porque considera imposibilidad de procedencia del mismo, porque existe la posibilidad de ejercitar el mismo, por tanto, no se carece de la misma.” Llevando ésta premisa a sus últimas consecuencias, se tiene que si el peticente pensó que gozaba la acción causal y la incoó, entonces se debe CONCLUIR que efectivamente gozaba ésta acción causal y entonces se descarta el supuesto de “carencia de acción causal” necesario para incoar la acción de enriquecimiento. Sin embargo, la anterior es una interpretación de la acción de enriquecimiento (Art. 475 del Código de Comercio) contradictoria los principios Constitucionales de nuestro poder judicial, por tanto, carece de una recta interpretación sistemática, y así también margina el Art. 19 del Código Civil. Ello ya que quien ejerce la potestad para determinar si una acción ejercida efectivamente la ostentaba (la gozaba) el peticente, consiste en el órgano jurisdiccional (Art. 304 de la Constitución), pronunciamiento que manifiesta hasta el fallo de su sentencia (Art. 207 del Código Procesal Civil). En virtud de lo anterior, las apreciaciones subjetivas del demandante que adopta la sentencia impugnada como premisa, “se está solicitando en primer término la causal, se deduce porque considera la posibilidad de procedencia del mismo” no es la manera que la Constitución establece para determinar si una acción efectivamente se goza. Al contrario, la manera que se estima cualquier la certeza de cualquier alegación, es mediante el pronunciamiento definitivo del órgano jurisdiccional. Por tanto, siendo que la condición para acceder a la acción de enriquecimiento está supeditada a verificar que el tenedor del título valor (demandante) carezca de acción causal, y aunado que ésta acción causal se ejerció como acción principal en acumulación eventual de acciones (Art. 98 del Código Procesal Civil), entonces la manera de determinar si el demandante gozaba o carecía de ésta acción es atenerse a lo que pronunció el Órgano jurisdiccional respecto a la misma. Y así, atendiendo a ésta, se puede determinar si se verifica la carencia de acción causal necesaria para acceder a al de enriquecimiento. Por tanto, la carencia de acción causal será conforme el juez pronuncia sobre la misma, y la sentencia impugnada ha definido que éste demandante CARECE DE ACCÍÓN CAUSAL, ya que la ha desestimado. Y lo anterior no puede ser desvirtuado por el hecho que el demandante meramente ejerció la acción, ya que quien determina si ésta efectivamente se gozaba o carecía es el órgano jurisdiccional. Habido lo anterior, la recta interpretación del Art. 475 sobre la acción de enriquecimiento, es que la determinación sobre la condición suspensiva del mismo, si se carece la acción causal, se debe definir según el órgano jurisdiccional se pronuncia al respecto del misma. Así, rechazar cualquier noción que la mera creencia de una parte en que gozaba de dicha acción basta para verificar que se goza de la misma, más se tiene que estar a lo pronunciado y definido por el juez. Bajo tal sentido, la recta interpretación de la acción de enriquecimiento y como verificar su procedencia (Art. 475 del Código de Comercio) hubiese variado el sentido del fallo sobre ésta acción de enriquecimiento. Ello en vista que el principal óbice que adujo la recurrida para su desestimación constituyó su malsano argumento que el mero pensar del demandante que gozaba la acción causal basta para descartar la acción de enriquecimiento, en lugar de determinar que el demandante/tenedor en efecto carece de la acción causal, ya que su misma sentencia la desestimó. Por tanto, el causal principal para rechazar dicha acción de enriquecimiento se hubiese desvanecido bajo una correcta interpretación del Art. 475 del Código de Comercio. Y complementario a ello, se ha acreditado a folio 5 un cheque mediante el cual mi representado desembolso la cantidad prestada en concepto de muto al demandado, sin que haya prueba en contrario que niegue o desvanezca tal desembolso. Así, queda probado el enriquecimiento del demandado y el daño del demandante, de manera simple y llana. Por tanto, en caso de desestimarse el primer motivo, se debe revocar el fallo en sus dos numerales, y en lugar dictar uno que dicte: “PRIMERO. - Desestimar la excepción material de prescripción opuesta por ACEUCO S.A. DE C.V. SEGUNDO-Desestimar la demanda de ordinaria de pago ejercida por JENNY LORIS DIEK MUNGUIA contra ACEYCO S.A. DE C.V. TERCERO- Estimar la pretensión eventual de Acción de Enriquecimiento. CUARTO- Se condena a ACEYCO SA. DE C.V. al pago de SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL LEMPIRAS (L.6,315,000.00) a favor de por JENNY LORIS DIEK MUNGUIA más los intereses al 7% anual desde la firmeza y hasta el efectivo pago. Con costas”. ANEXOS DE DOCTRINA CITADA EN EL CUERPO DEL ESCRITO PRIMERO- Sentencia de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, de fecha 6 de diciembre del 2018, en el expediente 222-18. SEGUNDO- Cita de la Obra Títulos de Crédito, Dávalos Mejía. TERCERO- Cita de la Obra El Pagaré, Gómez Leo. CUARTO- Cita de Derecho mercantil, Tomo III, Muñoz, Luis AUDIENCIA Una vez admitidos los dos motivos de casación interpuestos por éste recurrente, solicito se convoque para celebrar audiencia para exposición sucinta de los motivos de éste recurso. Lo anterior en virtud que éste recurrente lo estima necesario para la mejor y expedito conocimiento de los mismos, al amparo del Art. 72 1.3 del Código Procesal Civil.” SEXTO: Que el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: (Sic) “SE CONTESTAN MOTIVOS DE CASACION PRIMERO: INDEBIDA INTERPRETACION DE LAS NORMAS PARA RESOLVER EL FONDO DEL LITIGIO. PRECEPTO AUTORIZANTE. ART.719 INCISO 2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. El Casacionista expresa la norma que dice se interpretó de manera errada e invoca el Artículo 474 del Código de Comercio y 19 del Código Civil. Al pretender explicar el motivo el recurrente transcribe otros artículos que no fueron invocadas en la estructuración del motivo, creando una contusión que vuelve oscuro el motivo el cual debe caracterizarse por su claridad y precisión.- El Artículo 474 que invoca el impugnante y que dice que fue interpretado de manera errada por la Corte recurrida es bien claro al respecto y no admite duda, pues solo toca al legislador interpretar la Ley de un modo generalmente obligatorio y no podrá atribuírsele a la Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intensión del legislador, en consecuencia el Articulo 474 del Código de Comercio es claro y terminante y no se le puede dar otra interpretación que la que resulte de sus propios términos, siendo evidente que la interpretación subjetiva del impugnante no tiene ninguna validez ni eficacia jurídica, pues esta es una acción causal y debió haberse acompañado el documento originarios o negocio jurídico que dio lugar a la emisión del pagaré, que en este caso perdió su eficacia jurídica por haberse extinguido por prescrito en virtud de haber transcurrido más de tres años después de su vencimiento, en consecuencia se rechaza el primer motivo. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: INDEBIDA INTERPRETACION DE LAS NORMAS PARA RESOLVER EL FONDO DEL LITIGIO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 719 INCISO 2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. Norma que dice el impugnante que se ha interpretado de manera errónea y contradictoria a la norma fundamental del Art. 304 de la Constitución de la Republica. Al pretender desarrollar el motivo el impugnante involucra el Art. 98 del Código Procesal Civil: Art 1376 del Código Civil; Art. 19 del Código Civil; Art 207 del Código Procesal Civil. El Artículo 475 del Código de Comercio fue aplicado correctamente en la Sentencia y debidamente interpretado, dicho precepto es claro y no admite duda en cuanto al contenido y su significado, pues al efecto me permito transcribirlo: “Articulo 475. Extinguida por caducidad o por prescripción la acción cambiaria contra el emisor, el tenedor del título valor que carezca de acción causal contra este, y de acción cambiaria o causal contra los demás signatarios, puede exigir al emisor la suma de que se haya enriquecido en su daño.- Esta acción prescribe en un año contado desde el día que caduco o prescribió la acción cambiaria”, la Acción Causal debió fundamentarse en el documento o negocio jurídico fundamental que dio origen a la — emisión del Pagaré, por lo que el demandante no probó absolutamente nada sobre la acción causal, ya que la carga de la prueba corresponde al actor y al demandado reconviniente que tienen que probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención. Se rechazan los anexos de doctrina citados por el impugnante, pues constituye doctrina tres Sentencia definitivas y firmes sobre una causa, donde existe identidad de cosas y pretensiones, pues las citas que hace alusión, son simples opiniones de sus actores. Por todo lo expuesto a la Honorable Corte.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3. De lo expuesto por el abogado recurrente Rafael Eduardo Murillo Coto, en el escrito de interposición del recurso de casación, la Sala de lo Civil en forma sucinta resume los alegatos planteados en cada uno de los motivos expuestos, ello porque en los antecedentes de este auto aparecen citados literalmente. 4. En el Primer Motivo, bajo el precepto autorizante del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, señala el recurrente que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha 11 de febrero de 2019, ha supuesto la infracción por interpretación marginada del artículo 474 del Código de Comercio, que señala: “Si de la relación que dio origen a la sesión y transmisión de un título-valor se deriva una acción, ésta subsistirá a pesar de aquéllas, a menos que se pruebe que hubo novación”, en relación con lo dispuesto por el artículo 19 del Código Civil; señala también la no aplicación por parte del tribunal de alzada del artículo 473 del Código de Comercio, que estipula: “Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos-valores, se regirán por las disposiciones de este Código, cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título”, luego hace cita literal del artículo 475 del citado código. En sustento de sus alegatos impugnatorios aduce que el motivo esencial del fallo, lo constituye que se desestimó la acción causal principal en vista del siguiente silogismo “La acción causal no puede entenderse implícita en el título valor, pues prescrito éste las condiciones en él contenidas, la acción causal solamente solo puede ejercitarse como independiente al título, pues si ésta mantiene validez sin vínculo con aquél, de ahí que sea requerido para su ejercicio, la existencia del negocio fundamental y prueba autosuficiente y separa de éste, que conlleva fuerza jurídica por si, estableciendo las condiciones de exigibilidad de las obligaciones” ; con tal criterio la Corte recurrida ha malinterpretado el alcance del Artículo 474 del Código de Comercio, que ampara la acción causal del Título Valor, y han dejado de aplicar el artículo 473 del mismo Código. El vicio de la sentencia recurrida yace en su premisa que la acción causal reviste como una que se ejerce de manera independiente y separada del título valor, sin vínculo con éste, lo cual es contrario a la recta interpretación del artículo 474 del Código de Comercio. Para entender la malsana interpretación del tribunal de alzada, debe partir de observar que los dos artículos citados del Código de Comercio, uno crea una categoría de actos y contratos que se ejercen junto al título (art. 473 del Código de Comercio) y seguido el otro dicta sobre la acción causal (art. 474 del Código de Comercio). La lectura consecutiva de ambos artículos debe interpretarse al tenor del método sistemático, según dispone la norma “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de sus partes, de manera que haya entre todas las debida correspondencia y armonía”, (art. 19 del Código Civil). En tal sentido, se debe armonizar lo dispuesto por ambos artículos, que tengan un significado y que sean coherentes entre sí. Bajo tal concepto, las acciones que se ejercen junto al título serán regidas según éste código (artículo 473 del Código de Comercio) e inmediatamente seguido la acción causal (artículo 474 del Código de Comercio), esto es, el primer artículo es un preámbulo que enmarca una categoría de acciones, las que se deben ejercer junto al título. El siguiente artículo consiste en la primera especie de ésta categoría de acciones, la acción causal. Lo anterior se confirma más aún si se toma en cuenta que el artículo 474 del Código de Comercio que dispone la acción causal, a la vez exige restituir el título valor al demandado, cuestión que únicamente es viable si se acompaña éste como prueba documental anexada a la demanda que ejerce la acción en mención. (Ello ya que si se entrega al margen del juicio se corre el riesgo que el deudor lo tome mas no pague, cuestión que causaría que el acreedor pierda su derecho). En el mismo sentido, se observa que el artículo 475 del Código de Comercio, menciona otra especie de acción que se ejerce junto al título, la acción de enriquecimiento. Por lo anterior la interpretación sistemática de la ley armoniza que el artículo 473 del Código de Comercio introduce una categoría de derechos de actos y contratos que dieron lugar a emitir títulos valores que sólo se pueden ejercer junto a éste, y luego los artículos 474 y 475 del citado Código, establecen las dos especies dentro de ésta categoría, la acción causal y la acción de enriquecimiento, respectivamente. Se concluye mediante la interpretación sistemática de la norma, que la acción causal es un tipo dentro de la categoría de acciones que deben ejercerse junto al título valor, es decir que no cabe ejercitarse de manera separada al mismo; lo anterior confronta la conclusión de la sentencia recurrida, que dice: “la acción causal solamente puede ejercitarse como independiente al título, pues si ésta mantiene validez sin vínculo con aquél, de ahí que sea requerido para su ejercicio, la existencia del negocio fundamental y prueba autosuficiente y separa de éste”. De la lectura de lo anterior se entiendo que la Corte de Apelaciones ha interpretado de manera marginal el artículo 474 del Código de Comercio, sin armonizarlo con el artículo 473 del mismo Código de Comercio. Queda exhibida una interpretación indebida de las normas, ya que la recurrida emplea una interpretación marginada y truncada de la ley, en afrenta a lo dispuesto por el artículo 19 del Código Civil, que exige de manera yuxtapuesta, que el juzgador ejerza una interpretación armónica y contextual de cada segmento de la norma con los demás; tal interpretación viciada que aplicó la recurrida incidió de manera angular para determinar el sentido del fallo de la sentencia impetrada, el patrón racional que utilizó la Corte de Apelaciones es fácil de asimilar: Si la acción causal es independiente y se ejerce de manera separada del título, entonces la prueba de ésta acción también lo debe ser distinta e independiente del título valor. Tal idea que es la que encausó el fallo en sentido de desestimar la acción causal, por estimar que el título valor era prueba inadecuada para sustentarla. De tal manera, que, de haber ejercido la recurrida una interpretación sistemática de los referidos artículos del Código de Comercio, entonces hubiese allegado a otra conclusión opuesta sobre el caso, y en lugar de estimar que la acción causal es separada al título valor y que requiere prueba separada a éste, más bien hubiese comprendido que es una acción que debe ejercer junto al título valor (pagaré), y por tanto éste constituye prueba no sólo admisible y valorable, sino que necesaria para la procedencia de la acción causal. En el caso de autos la acción causal fue probada debidamente mediante el pagare aportado en el juicio (fol. 7) junto al cheque que acredita el desembolso del dinero prestado (fol. 5) a favor del demandado, por tanto, se hubiese estimado la acción en lugar de su indebido rechazo. Señala el recurrente que previo dos meses de haberse dictado la sentencia impugnada, la misma Corte de Apelación Civil de esa ciudad, dicto sentencia en sentido contrario en la cual en el numeral segundo de su motivación fáctica y jurídica señala lo siguiente: “No obstante la parte demandante está ejerciendo derecho al pago de la prestación por vía ordinaria, acreditando acción causal tal y como lo estima la juez, lo que se acredita con recibo de pago no. 98681 de 29 de Abril del 2011, donde se hace constar la entrega de suma de dinero a la demandada, y con ello se acreditó la acción causal, por el que se suscribió el pagaré de la acción”; es decir, que estamos ante condiciones emparejadas al presente caso, ya que en ambos se presenta el título valor y se ejerce la acción cambiaria. La similitud de ambos casos, se establece que ésta demandante acreditó el pagaré y un cheque que prueba la entrega del dinero prestado por el demandante a favor del demandado, y en el caso de la sentencia citada, el demandante también presentó el pagaré y ejerció la misma acción causal, con la única variación que, en lugar del cheque de desembolso del dinero prestado a favor del demandado, presentó un recibo para probar la entrega del dinero al demandado. Ante tal igualdad, es dispar que en el precedente citado la recurrida estimó que el recibo y el pagaré eran prueba suficiente para acreditar la acción causal, en el presente caso estimó que el pagaré y el cheque de desembolso no lo eran. La doctrina autorizada interpreta la acción causal en el mismo sentido que éste recurrente y contrario al criterio de la sentencia impugnada. Para el caso el jurista mexicano Luis Muñoz, citando un fallo de la Corte Suprema de ése país, cuyo derecho mercantil y doctrina de títulos valores es un precursor directo del nuestro, en su motivación fáctica jurídica, numeral segundo dicta: “La acción causal queda demostrada en su caso, con las letras de cambio exhibidas con la demanda y con la confesión del demandado, quien admite haberlas suscrito como promesa de pago. Las letras desempeñan en este caso, una función ordinaria de garantía de simples instrumentos de pago de las obligaciones fundamentales”; en el mismo sentido, el jurista mexicano Dávalos Mejía apunta: “Desde un punto de vista material, los títulos de crédito son prueba concreta de la existencia del derecho que en ellos aparece consignado. Es decir, contienen la confesión del deudor que debe dinero, o al menos que efectivamente originó una obligación”. Finalmente, el jurista argentino Gómez Leo determina: “El objeto de la acción causal estará determinada por el estado de las obligaciones que surjan del negocio base. El juicio de conocimiento que inicie mediante la acción causal habrá libertad de medios probatorios, respecto del cual el pagaré será un medio probatorio más”. La interpretación que ésta representación estima como correcta, es la misma que es acogida por la doctrina autorizada en materia de Derecho Mercantil y en especial la doctrina de Títulos Valores, proveniente de México; en cuanto que la acción causal es una que se debe ejercer Junto al Título Valor, entonces éste título valor es prueba documental suficiente y admisible de la acción causal, el contrato de préstamo (mutuo) que se pretende cobrar, que únicamente se puede desmeritar ante prueba en contrario al derecho pretendido. La recta interpretación del derecho encausa el juicio hacia un resultado único posible, la estimación de la demanda, tanto en su pretensión de capital como intereses. Por tanto, procede que se dicte auto que admita éste motivo de casación en vista de haberse argumentado según el motivo, un error en el derecho de fondo empleado para resolver el fondo del asunto. 4.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. Sobre lo expuesto por el recurrente en el Primer Motivo, la Sala considera que no ha seguido una correcta técnica casacional al momento de plantear el mismo, falencias de la técnica recursiva que tienen que ver con la falta de separación y claridad del motivo, ello porque por una parte señala que el tribunal de alzada vulnera la normativa sustantiva del artículo 473 del Código de Comercio, por falta de aplicación, y por otro lado alega en el mismo motivo, que el tribunal de alzada, en el fallo recurrido ha hecho una interpretación errónea del artículo 474 del referido código; sobre lo anterior es preciso recordar que tratándose de la interposición del recurso de casación, indefectiblemente el impetrante devenía en plantear de manera separada, en motivos distintos, la probable vulneración de los dos artículos que cita como vulnerados; al no hacerlo así, falta a la suficiente separación y claridad con la que debe plantear el motivo; en relación con lo anterior es necesario recordar que en un mismo motivo no se podrá argüir por una parte la falta de aplicación y también la interpretación errónea de distintas normas, esto porque tanto la falta de aplicación y la interpretación errónea son supuestos diferentes, el primero de ellos, supone que el juzgador no ha hecho aplicación de una norma, que el recurrente estima ha debido de aplicarse en el fallo dictado; por su parte la mala interpretación o interpretación errónea “Consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que tiene.”[1]. La técnica recursiva exige que quien alegue la aplicación indebida de una norma, deberá señalar también cuál es la que el juzgador debió de haber aplicado; dicho lo anterior se aprecia también que el recurrente no ha precisado y justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en forma separada para cada uno de los artículos, respecto de la resolución impugnada, tal y como lo señala el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. 5. Plantea el impetrante el Segundo Motivo, teniendo como Precepto Autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que señala: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.”; y arguye que la sentencia recurrida en casación ha interpretado de manera errada el artículo 475 del Código de Comercio, y es contradictoria a la norma fundamental del artículo 304 de la Constitución de la República. Rememora el recurrente que en el caso de autos además de la acción causal del título valor, también se acumuló de manera eventual la acción de enriquecimiento, al amparo del artículo 98 del Código Procesal Civil; ello porque la misma procede cuando al carecer la acción causal o cambiaria, se puede exigir al emisor por la cuantía que sufrió daño el tenedor de la letra de cambio, ello de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 475 del Código de Comercio, el que preceptúa: “Extinguida por caducidad o prescripción la acción cambiara contra el emisor, el tenedor del título valor que carezca acción causal contra éste, y de acción cambiaria contra los demás signatarios, puede exigir al emisor la suma que se haya enriquecido en su daño. Esta acción prescribe en un año contado desde el día que caducó o prescribió la cambiaria”. Señala el recurrente que la mala interpretación de la acción de enriquecimiento (Art. 475 del Código de Comercio) se manifiesta en que la Corte de Apelación recurrida ejerce el siguiente silogismo: “En tal sentido, como dispuso la juez en la sentencia recurrida, uno de los requisitos de la norma mercantil para la procedencia de esta acción, es carecer tanto la acción causal como la cambiarla. En el caso presente, se está solicitando en primer término a causal, se deduce porque considera la posibilidad de procedencia del mismo, porque existe la posibilidad de ejercitar el mismo, por tanto, no se carece de la misma. Por otra parte, no se aportó prueba que acredite el enriquecimiento o empobrecimiento de las partes” (Numeral Sexto, Fundamentación Fáctica Jurídica de la Sentencia recurrida, que corre a folio 9 de la Pieza de la Corte de Apelación). La cita de la sentencia recurrida arranca con una primera apreciación que es certera, la acción de enriquecimiento procede cuando el demandante poseedor del título carece de acción cambiaria contra los demás signatarios o acción causal contra el emisor, (Art. 475 del Código de Comercio), por tanto, la acción de enriquecimiento es una obligación con condición suspensiva, (Art. 1376 del Código Civil), en tanto procede únicamente cuando se verifique que el tenedor del título valor carezca de acción causal contra el librador del título valor. Sin embargo, el vicio analítico de la recurrida yace al interpretar la manera en que se debe determinar la condición suspensiva en mención y que condiciona la procedencia de la acción enriquecimiento, la condición que el tenedor del título (demandante) carezca de acción causal. En tanto, la recurrida estima que éste supuesto se determina por el mero hecho que el demandante haya apreciado la acción causal como posible, como lo razona: “Se está solicitando en primer término la causal, se deduce porque considera imposibilidad de procedencia del mismo, porque existe la posibilidad de ejercitar el mismo, por tanto, no se carece de la misma.” Llevando ésta premisa a sus últimas consecuencias, se tiene que si el peticionario pensó que gozaba la acción causal y la incoó, entonces se debe concluir que efectivamente gozaba ésta acción causal y entonces se descarta el supuesto de “carencia de acción causal” necesario para incoar la acción de enriquecimiento. Lo anterior es una interpretación de la acción de enriquecimiento (Art. 475 del Código de Comercio) contradictoria a los principios constitucionales de nuestro poder judicial, por tanto, carece de una recta interpretación sistemática, y así también margina el artículo 19 del Código Civil. La potestad para determinar si una acción ejercida efectivamente la ostentaba (la gozaba) el peticionario, es por parte del órgano jurisdiccional (Art. 304 de la Constitución), pronunciamiento que manifiesta hasta en la sentencia (Art. 207 del Código Procesal Civil). En virtud de lo anterior, las apreciaciones subjetivas del demandante que adopta la sentencia impugnada como premisa, “se está solicitando en primer término la causal, se deduce porque considera la posibilidad de procedencia del mismo”, no es la manera que la Constitución establece para determinar si una acción efectivamente se goza. Por tanto, la condición para acceder a la acción de enriquecimiento está supeditada a verificar que el tenedor del título valor (demandante) carezca de acción causal, y aunado que ésta acción causal se ejerció como acción principal en acumulación eventual de acciones (Art. 98 del Código Procesal Civil), entonces la manera de determinar si el demandante gozaba o carecía de ésta acción es atenerse a lo que pronunció el órgano jurisdiccional respecto a la misma. Por tanto, la carencia de acción causal será conforme el juez pronuncia sobre la misma, y la sentencia impugnada ha definido que éste demandante Carece de Acción Causal, ya que la ha desestimado. Lo anterior no puede ser desvirtuado por el hecho que el demandante meramente ejerció la acción, ya que quien determina si ésta efectivamente se gozaba o carecía es el órgano jurisdiccional. La recta interpretación del artículo 475 del Código de Comercio, sobre la acción de enriquecimiento, es que la determinación sobre la condición suspensiva del mismo, si se carece la acción causal, se debe definir según el órgano jurisdiccional se pronuncia al respecto de la misma. Así, rechazar cualquier noción que la mera creencia de una parte en que gozaba de dicha acción basta para verificar que se goza de la misma, más se tiene que estar a lo pronunciado y definido por el juez. Bajo tal sentido, la recta interpretación de la acción de enriquecimiento y como verificar su procedencia (Art. 475 del Código de Comercio) hubiese variado el sentido del fallo sobre ésta acción de enriquecimiento. Ello en vista que el principal óbice que adujo la recurrida para su desestimación constituyó su malsano argumento que el mero pensar del demandante que gozaba la acción causal basta para descartar la acción de enriquecimiento, en lugar de determinar que el demandante/tenedor en efecto carece de la acción causal, ya que su misma sentencia la desestimó. Por tanto, la causal principal para rechazar dicha acción de enriquecimiento se hubiese desvanecido bajo una correcta interpretación del artículo 475 del Código de Comercio. Complementario a ello, se ha acreditado a folio 5 un cheque mediante el cual mi representado desembolso la cantidad prestada en concepto de mutuo al demandado, sin que haya prueba en contrario que niegue o desvanezca tal desembolso. Así, queda probado el enriquecimiento del demandado y el daño del demandante, de manera simple y llana. 5.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. De lo argüido por el recurrente en el Segundo Motivo expuesto, la Sala estima que dada la mala técnica casacional con la que se plantea el mismo, consecuentemente hace que no sea admitido, así tenemos que se incurre en varias falencias, a saber: a) Falta de claridad en el motivo, ello porque plantea que el iudex ad-quem en el fallo proferido, ha interpretado de manera errada el artículo 475 del Código de Comercio, y tal interpretación errada es contradictoria a la norma fundamental del artículo 304 de la Constitución de la República, aunado a que margina (no hace aplicación) del artículo 19 del Código Civil; respecto de tal planteamiento es menester dejar señalado, que el recurrente devenía en hacer separación necesaria de cada una de las normas que estima vulneradas en motivos distintos, al no hacerlo así, no cumple con los requisitos que señala el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) El impetrante hace referencia del artículo 304 de la Constitución de la Republica, mismo del que dice, que la interpretación errada que hace la segunda instancia del artículo 475 del Código de Comercio lo contraria (vulnera), respecto de lo anterior la Sala tiene a bien ilustrar que sobre la probable vulneración de normas constitucionales es menester aclarar que, quien pretenda tal, deberá de hacer invocación en primer lugar del Precepto Autorizante del Motivo, esto es lo dispuesto por el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, mismo que posibilita el poder interponer recurso de casación por la posible vulneración de normas que supongan la nulidad o produjeren indefensión; y en segundo lugar deberá plantear el motivo con la debida separación y claridad, señalando también la incidencia de tal vulneración en el sentido de la sentencia recurrida. Cabe apuntar que, respecto de la vulneración de artículos constitucionales, los dos supuestos en que cabra alegar tal cosa, será respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías. 6. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del recurrente, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los motivos de casación expuesto, la causa prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose con base a la motivación jurídica expuesta y aplicando lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303 párrafo primero, 304, 313 numeral 14); 316 párrafo primero de la Constitución de la República; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721.2, 722, 723.2 literales a y b), y 724 del Código Procesal Civil; profiere por unanimidad de votos el presente auto irrecurrible y declara: I. INADMISIBLE el recurso de casación en sus dos motivos interpuesto y formalizado por el abogado Rafael Eduardo Murillo Coto, en su condición de representante procesal de la señora Jenny Loris Diek Munguía, en contra de la sentencia definitiva dictada el día 11 de febrero del año 2019, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés. II. FIRME la sentencia recurrida dictada por el Tribunal de Alzada en fecha 11 de febrero del año 2019; e identificada en el expediente de apelación bajo el número 14-19-CV, originado en los autos que conforman el expediente número 0501-2017-04236-LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. III. CONDENA EN COSTAS a la parte recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, para los efectos legales consecuentes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veintiuno; Certificación del auto de fecha catorce de enero del año dos mil veintiuno, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 105=2019.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Pineda Rodríguez, Jaime. Monografía del Recurso de Casación. Pag. 15. Central Impresora.