Sentencia CC-88-18 — Registro 10557
Resumen
En segunda instancia se confirmó la sentencia que falló de la siguiente manera: declarando no ha lugar las excepciones materiales de caducidad, de falta de legitimación, la de falta de derecho interpuesta por la parte demandada. Declarando con lugar la demanda interpuesta por la vía del proceso declarativo ordinario de impugnación por nulidad de una asamblea societaria al tener vicios consistentes en haberse violentado los requisitos esenciales para la celebración de las asambleas generales extraordinarias y afirmar la convocatoria y presencia de quien no la hizo y no participo en ella.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "76.1. Al igual que el Segundo Motivo expuesto, el recurrente nuevamente en el Tercer Motivo, incurre en errores de planteamiento del motivo; así tenemos que reitera en señalar que el fallo proferido en segunda instancia erra al hacer aplicación errónea del artículo 1586 del Código Civil, lo anterior supone también ser contrario a lo dispuesto por el artículo 43 del Código Civil. Al igual que la respuesta que se ha dado en el motivo anterior, la Sala reitera en manifestar al recurrente, que el mismo carece de la suficiente precisión y claridad, ello porque no precisa como el tribunal de alzada atropella el artículo 43 del Código Civil, en cuanto el mismo no se aplicó, se aplicó indebidamente, o se interpretó erróneamente, amen de precisar y justificar en todo momento la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada. No hacerlo así, contradice lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. 7. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación que nos ocupa en sus tres motivos, tal y lo contemplado en las causales previstas en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización…,”.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2.a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: Reynaldo Antonio Hernández como Coordinador, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación; en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor LUIS RAMÓN MALOFF RAMOS, en su condición de Administrador de la sociedad mercantil INVERSIONES TURÍSTICAS ROYAL AMERICANA, S.A. representada en juicio por el abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO; como recurrente siendo recurrido el señor HENRY ADONIS SÁNCHEZ MENA, Comisario de Inversiones Turísticas Royal Americana, S.A., representado en juicio por el abogado JOSÉ RAMÓN OSORIO MURILLO. OBJETO DEL PROCESO: “SE INTERPONE MEDIANTE PROCEDIMIENTO ORDINARIO DEMANDA DE IMPUGNACION POR NULIDAD DE UNA ASAMBLEA SOCIETARIA AL TENER VICIOS LA MISMA CONSISTENTES EN HABERSE VIOLENTADO LOS REQUISITOS ESCENCIALES PARA LA CELEBRACION DE LAS ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS Y AFIRMAR LA CONVOCATORIA Y PRESENCIA DE QUIEN NO LA HIZO Y NO PARTICIPO EN ELLA,” promovida en fecha 30 de junio del año 2016, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el abogado José Ramón Osorio Murillo en su condición de representante procesal del señor Henry Adonis Sánchez Mena mayor de edad, casado, Contador Público, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, quien actúa en su carácter de Comisario de la sociedad mercantil Inversiones Turísticas Royal Americana, S.A., contra el señor Luis Ramón Maloff Ramos, mayor de edad, hondureño, soltero, Licenciado en Administración de Empresas y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de Administrador de la Sociedad Inversiones Turísticas Royal Americana, S.A. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha 13 de diciembre del año 2017, la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia por mayoría CONFIRMANDO la dictada en fecha 26 de julio del año 2017, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que falló de la siguiente manera: (Sic) “FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR LAS EXCEPCIONES MATERIALES DE CADUCIDAD, DE FALTA DE LEGITIMACION LA DE FALTA DE DERECHO interpuestas por el abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO quien actúa en su condición de apoderado legal de la empresa mercantil denominada INDUSTRIAS TURISTICAS ROYAL AMERICANA S.A. a través de su representante legal el señor NICOLAS MALOFF FLEFIL parte demandada. 2) DECLARANDO CON LUGAR la demanda interpuesta por la vía del proceso declarativo ordinario de Impugnación por Nulidad de una Asamblea Societaria al tener vicios consistentes en haberse violentado los requisitos esenciales para la celebración de las asambleas generales extraordinarias y afirmar la convocatoria y presencia de quien no la hizo y no participo en ella, interpuesta por el abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, actuando en su condición de apoderado legal del señor HENRY ADONIS SANCHEZ MENA, quien ostenta el cargo de comisario de Ia sociedad mercantil denominada INVERSIONES TURISTICAS ROYAL AMERICANA S.A. 3) En consecuencia, SE DECRETA LA NULIDAD del acta número Siete (07) de fecha nueve (09) de junio del año dos mil quince (2015) que se encuentra en los libros de la sociedad INVERSIONES TURISTICAS ROYAL AMERICANA S.A. y los acuerdos sociales adoptados en dicha asamblea extraordinaria de socios de dicha sociedad mercantil, líbrese atento Oficio a la sociedad mercantil antes mencionada para que proceda a anular la mencionada acta del libro de actas de la sociedad mercantil INVERSIONES TURISTICAS ROYAL AMERICANA S.A. 4) Así mismo, SE DECRETA LA NULIDAD del Instrumento Público número novecientos ochenta y cuatro (984) otorgado en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil quince (2015) en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, ante los oficios del notario Pedro Rendón Pineda, mediante la cual el señor NICOLAS MALOFF FLEFIL, como ejecutor de acuerdos nombrado en la asamblea extraordinaria de socios de fecha nueve (09) de junio del año dos mil quince (2015), protocoliza el acta número siete (7) de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil INVERSIONÉS TURISTICAS ROYAL AMERICANA S.A, para lo cual SE ORDENA que se libre atento mandamiento al registro mercantil adscrito al Instituto de la Propiedad de esta ciudad para que proceda a anular el asiento número 47041 inscrito bajo la matrícula 51319, así mismo, que se libre atento oficio al notario Pedro Rendón Pineda, para que proceda anular de su protocolo corriente del año dos mil quince (2015) el Instrumento Público número novecientos ochenta y cuatro (984) de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil quince (2015) mediante el cual se protocolizo el acta número siete (7) de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES TURISTICAS ROYAL AMERICANA S.A celebrada el nueve (09) de junio del año dos mil quince (2015) en la ciudad de San Pedro Sula Cortes, Cortés y su primera copia, librada en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil quince (2015) fecha de su otorgamiento.- CON COSTAS.- Que se notifique la presente resolución a los representantes legales de las partes.- Y MANDA: Que si dentro del término legal de diez (10) días hábiles contados desde el siguiente día hábil de su notificación no se presenta recurso alguno contra el presente fallo, de acuerdo a lo establecido en los artículos ciento noventa y cinco (195), ciento noventa y seis (196), ciento noventa y siete numeral dos (197.2), setecientos siete (707) y setecientos nueve (709) del Código Procesal Civil; se libren las respectivas certificaciones y de igual forma librar el mandamiento ordenado al Registro Mercantil, y los oficios a la empresa mercantil INVERSIONES TURISTICAS ROYAL AMERICANA S.A y al notario PEDRO RENDON PINEDA, para que se cumpla con lo ordenado en el presente fallo.- Se resuelve en esta fecha en virtud de la excesiva carga procesal que impera momentáneamente en el Tribunal y debido a la falta de personal auxiliar (Artículo 201.2 CPC).- ASÍ LO FALLO, FIRMO Y SELLO EL JUEZ ANTE EL SECRETARIO DEL DESPACHO QUE DA FE.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El representante procesal de la sociedad mercantil Inversiones Turísticas Royal Americana, S.A., el abogado Rafael Eduardo Murillo Coto, presentó en fecha 12 de febrero del año 2018, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 13 de diciembre del año 2017, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha 13 de febrero del año 2018, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal del señor Henry Adonis Sánchez Mena, quien actúa en su carácter de Comisario de Inversiones Turísticas Royal Americana, S.A., abogado José Ramón Osorio Murillo, presentó en fecha 02 de marzo del año 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, el abogado José Ramón Osorio Murillo, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha 16 de marzo del año 2018, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha 16 de abril del año 2018, lo tuvo por personado dentro del plazo concedido, así mismo tuvo por precluido el plazo dejado de utilizar por el recurrente, abogado Rafael Eduardo Murillo Coto. QUINTO: El abogado Rafael Eduardo Murillo Coto, plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: (Sic) “PRIMERO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN. INFRACCIÓN DE NORMA PROCESAL QUE REGULA LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA- PRECEPTO AUTORIZANTE.- ART. 719 NUMERAL PRIMERO INCISO C DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL (CPC en adelante por sus iniciales). NORMA PROCESAL INFRACCIONADA. ARTÍCULO 206 INCISO 2 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO, 4, 11 y 12.5 DEL MISMO CUERPO NORMATIVO. Este vicio aparece por primera vez en la sentencia recurrida, y por tanto no es posible haber ejercido denuncia previa en la instancia en que se produce. El vicio denunciado consiste en que, en tres extremos distintos, la recurrida introduce en su sentencia hechos que no fueron alegados por las partes, ni en la demanda ni en la contestación, tampoco vía aclaración de la demanda ni alegación de hechos nuevos. Por tanto, la recurrida al resolver introduce hechos ajenos a los alegados por las partes, que no forman parte del objeto del proceso que se conoció en el juicio. Lo anterior conlleva infracción de las normas que regulan el contenido de la sentencia (Art. 206 inciso 2 del Código Procesal Civil), el principio de aportación de parte, que a su vez dispone que los hechos considerados al resolver son los alegados por las partes, Art. 11 del Código Procesal Civil, y que la no alteración del objeto del proceso, que se determina según el contenido de la demanda y contestación, al tenor del Artículo 429 inciso 1 del Código Procesal Civil, al tenor de lo que paso a explicar. Ante lo anterior, vale esclarecer cuáles hechos han sido introducidos de manera oficiosa por la recurrida, que son: A) “Si bien es cierto que el artículo 193 del Código de Comercio dispone que no anulará las asamblea cuando haya falta de convocatoria cuando esté representada la totalidad del capital social al votar y ningún accionista se oponga al acuerdo, no obstante la naturaleza incierta de la convocatoria de los socios, existe duda sobre la realización de la asamblea misma y que los socios hayan asistido a la asamblea, por tanto en el caso de marras no se comprende dentro dicha excepción, y así procede la nulidad de la misma” (fundamento de derecho cuarto de la sentencia recurrida) B) “el hecho de que el acta cuya nulidad se pide hace constar la presencia de Henry Adonis Sánchez, quien declara no haber estado presente, así como Nicolás Maloff, quien de conformidad del acta se encargó de redactar la misma, más manifestó no haber estado presente en la misma” (Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia Recurrida) Asentado lo anterior, mi argumento se perfecciona al señalar que el escrito de demanda, en sus cinco hechos, carece de alegato alguno en el sentido de negar que en efecto se celebró la asamblea extraordinaria de accionistas del 9 de Junio de 2015 de la sociedad demandada, ni tampoco que hayan concurrido a la misma todos los accionistas, como consta en el acta de la misma. Tampoco existe alegación alguna sobre la concurrencia o ausencia del comisario social (Henry Adonis) ni Nicolás Maloff, de hecho, éste siquiera es mencionado en la demanda. A su vez, la contestación de la demanda tampoco introduce argumento sobre alguno de los extremos en colación. Por tanto, ninguna de las partes alegó estos hechos, sin embargo, el Ad Quem DE OFICIO los argumenta y los utiliza para fundar el sentido de su fallo. Lo anterior constituye una infracción frontal a las normas que regulan el contenido de la sentencia, al tenor del código procesal civil que dispone. “Artículo 206.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1…. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.” Según lo antedicho, la recurrente de manera flagrante acude a hechos distintos a los alegados por las partes para motivar su decisión. Lo que a su vez conlleva violación del artículo según el principio de aportación de parte que rige el Código Procesal Civil, “1. Los hechos en que se deba fundar la resolución judicial de fondo se han de alegar por las partes en los momentos fijados por este Código. 2. Las pruebas que deban practicarse para la acreditación de los hechos controvertidos habrán de ser igualmente aportadas por las partes en el momento procesal dispuesto por este Código. 3. Queda prohibida la aportación al proceso del conocimiento privado del Juez, quien en ningún caso podrá intervenir de oficio en la fase de alegaciones o en la fase probatoria, salvo que este Código le reconozca expresamente tal facultad. (Artículo 11 del Código Procesal Civil)” en relación con el artículo 12 inciso 5 del mismo Código Procesal Civil.- “El Juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes” Así, ambos artículos vedan al juzgador apreciar hechos que no le han sido manifestados por las partes en la etapa de alegaciones, entiéndase demanda, contestación y alegaciones complementarias. Este concepto ha sido frontalmente violado por la recurrida, como se ha comprobado. Por tanto, se patente una infracción en ésta norma que regula la sentencia y al principio de aportación de parte que rigen el proceso civil, y ésta produce indefensión a la parte perjudicada, como explico en seguida. Lo anterior en virtud que la parte perjudicada por los hechos que de oficio aduce el juzgador en su sentencia carecen de oportunidad para refutarlos. Ello ya que cuando los hechos que se juzgan son los que se redactan en la demanda, el demandado ha gozado de plena oportunidad para ejercer su descargo, como ser contradecirlos como aportar prueba de su falsedad o inexactitud. Sin embargo, cuando en forma espuria los hechos a tomarse en cuenta son distintos a los descritos en la demanda, y aparecen por primera vez en la sentencia definitiva, entonces la parte cuya posición se ve desmeritada con tales hechos queda privada de la oportunidad de refutarlos. Ello a su vez porque una vez dictada sentencia no existe oportunidad de contra argumentación ni de incorporar prueba de descargo. Así, esta irregularidad procesal de apreciar hechos de oficio en etapa de sentencia priva la garantía procesal del demandado de contradecir cada extremo alegado en su contra, según el Artículo 4 del Código Procesal Civil. Por tanto, queda patentado que el vicio procesal aquí desvelado causó indefensión. Finalmente, la incidencia del vicio en el sentido del fallo es manifiesta de manera expresa en la propia sentencia recurrida, ya que la misma decreta los hechos que aprecia de oficio dentro de sus fundamentos de derecho como causales para resolver con lugar la pretensión de anular el acuerdo societario adoptado en la asamblea de accionistas en cuestión. Ello en tanto, primeramente, según el fundamento de derecho, en su tramo citado en el principio de éste recurso, la sentencia recurrida alega que en virtud de su duda incorporada de oficio en cuanto a la veracidad de si asistió la totalidad de los accionistas a la asamblea, entonces no aplica la excepción contemplado el artículo 193 inciso II del Código de Comercio, que dicta que la falta de convocatoria no causa nulidad de la misma si todos los socios asisten a la misma. Por tanto, el elemento fáctico oficioso fue determinante para el sentido del fallo. Segundo, en virtud de sus alegatos de oficio sobre la ausencia de Henry Sánchez y Nicolás Maloff en la asamblea, entonces funda otros motivos de nulidad “insubsanables” según el fundamento quinto de la sentencia, y que por tanto confluyen para determinar el sentido del fallo en favor de la anulación de la asamblea de accionistas. Así, en efecto el vicio procesal incide en el fallo dictado en la sentencia recurrida. SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN.- ERROR EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO.- PRECEPTO AUTORIZANTE.- ART. 719 NUMERAL 2 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL POR INFRACCIÓN DEL ARTICULO 193 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. El vicio del error en la aplicación del derecho (que no se confunde con su interpretación indebida) consiste en que la recurrida aplicó la norma civil ordinaria en lugar de la mercantil especial para la solución de una materia de carácter mercantil por excelencia, como ser la impugnación de acuerdos societarios de una sociedad anónima. Eso causó a su vez que apreciaran causales de nulidad empleados en contratos civiles en general (Art. 1586 del Código Civil) a pesar que éstos son expresamente excluidos de las causas de nulidad de acuerdos societarios (Art. 193 del Código de Comercio). Por tanto, concurre de manera patentada un error de aplicación del derecho empleado para resolver el fondo del litigio, al dejar de aplicar la norma especial sobre la general, como pasa a explicar. Para otorgar un debido contexto, es recalcar que se impugna de nula una asamblea extraordinaria de accionistas en que concurre la totalidad de los socios, por que faltó la convocatoria previa a la celebración de la misma que exige el estatuto social. Asimismo, es menester recalcar que la acción ejercida por la demandante es una impugnación de acuerdo societario por ser contrario a la ley, Art. 502 inciso 1, (como bien lo determina la recurrida) y así el actor debía acreditar que el acuerdo impugnado viola la norma vigente. Sin embargo, la violación de estatuto societario no causa la procedencia de ésta acción, ya que la impugnación ante ésta clase de pretensiones es una acción distinta (impugnación de acuerdo anulable) cuyos plazos de caducidad hubiesen vencido antes de la demanda. Por tanto, el tema de infracción de estatutos es ajeno al objeto de la pretensión, lo cual se centra en una supuesta infracción de ley, materia que paso a abordar enseguida. A) APLICACIÓN INCORRECTA DE LAS NORMAS PARA SOLUCIONAR EL LITIGIO. Ante la faltó la convocatoria de los socios para que asistan a la asamblea, la recurrida aduce que se viola la cláusula Vigésima Segunda de la Escritura de Constitución Social, en el artículo 12 de los estatutos societarios, que exigen la publicación de la convocatoria en diario de circulación nacional con antelación de 15 días previos a la asamblea (fol. 21. Y aduce que ésta violación de estatutos configura en la norma de acción de nulidad de contratos civiles, que dicta a su vez que una causal de nulidad es la falta de las formalidades que exige la ley para cierto acto, Art. 1586 del Código Civil. Por tanto, entendió que el haber violado es estatuto societario (Artículo 12, fol. 21) concurre el supuesto de nulidad de incumplir las formalidades legales prescritas para cierto acto y así determina nula de la asamblea impugnada. Está aplicación del derecho empleado por el voto en mayoría de la recurrida atropella el artículo 43 y 44 del Código Civil, que a su vez contempla que la derogación tácita parcial de una ley anterior por una nueva, en el sentido que la regulación nueva (especial) que regule la misma materia que la norma anterior la deroga en toda disposición que se contradigan, cuestión que paso a demostrar. B) APLICACIÓN DEBIDA DEL DERECHO PARA SOLUCIONAR EL FONDO DEL LITIGIO En tal sentido, el yerro de la recurrida fue subsumir el hecho de “falta de convocatoria” a las normas del código civil, que la falta de las formalidades legales contempladas para cierto acto es causa de su nulidad (Art. 1586 del Código Civil). Sin embargo, el yerro radica en que ésta disposición se halla derogada parcial y tácitamente para materia de las nulidades acuerdos societarios, en virtud que existe una norma posterior y especial que dicta una regulación divergente, según el Art. 193 del Código de Comercio (Posterior al Código Civil y específico en su regulación de las causas de nulidad de Asambleas de Accionistas de Sociedades Anónimas). Por tanto, ésta norma posterior y especial debe será aplicado sobre la anterior genérica, por imperativo del artículo 43 del Código Civil, cuestión que fue desatendido por la recurrida. En tal sentido, la normativa mercantil considera causales de nulidad supuestos específicos (Art. 193 del Código de Comercio), en lugar de una anulación genérica “cuando falta requisitos de ley para ciertos actos”, como ocurría en la regulación civil, Art. 1586 inciso 2 del Código Civil. Y en particular en cuanto a la causal invocada por la demandante y acogido por la recurrida, la falta de convocatoria de los socios a la asamblea de accionistas, según los artículos 177-179 del Código de Comercio (que regulan la manera de realizarse dicha convocatoria), ésta norma especial contempla una excepción: Salvo que al momento de votación estuviere representada la totalidad de las acciones y ningún accionista se oponga a la adopción del acuerdo. En el caso presente, es un punto fáctico que fue libre de controversia el que el cien por ciento del capital social fue representado en la asamblea impugnada y que los accionistas aprobaron cada acuerdo por unanimidad (ni la demanda o contestación contradicen éste hecho que consta en el acta de la asamblea en mención). Por tanto, concurre el supuesto de salvedad de la nulidad de un acuerdo societario, según lo expresamente contemplado en la norma mercantil especial para las causas de nulidad de acuerdo societario, Art. 193 del Código de Comercio. Y así, para resolver la materia de nulidad de acuerdo de asamblea ordinaria de sociedad anónima, débase aplicar la norma mercantil citada (Art. 193 Código de Comercio) y su supuesto de salvedad especialmente contemplado para la falta de convocatoria de una asamblea de accionistas, por sobre la disposición anterior y general del código civil que de manera genérica profería como causa de nulidad “cuando falta requisitos de ley para ciertos actos”, Art. 1586 inciso 2 del Código Civil. (Esto es debidamente apreciado en el Numeral Quinto Inciso E del Voto Particular de la Magistrada de Apelación Bogran de Quesada) En virtud de lo anterior, se patenta de manera tajante el vicio en que incurre la recurrida, aplica la norma civil y sus disposiciones genéricas en cuanto a la nulidad de por falta de requisitos legales, en lugar de las norma mercantil que regula de manera específica sobre la materia, la nulidad por causa de falta de convocatoria de una asamblea de accionistas de sociedad anónima. Por tanto, a partir de una recta aplicación del derecho vigente para solucionar el conflicto, la recurrida debió dictar con lugar la apelación y revocar la sentencia de primera instancia, y proceder a dictar sentencia definitiva en que se decrete sin lugar la demanda, con lugar la excepción de falta de derecho para demandar, con costas. TERCER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN. ERROR EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. - PRECEPTO AUTORIZANTE. - ART. 719 NUMERAL 2 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL POR INFRACCIÓN DEL ARTICULO 193 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Por otra parte, la recurrida aplica como causas de nulidad hechos que de ninguna manera pueden anular una asamblea general de accionistas por no estar contemplados en los supuestos de nulidad de los acuerdos societarios, Art. 193 del Código de Comercio. Y error deriva de la misma falsa premisa de aplicar la norma civil genérica (Art. 1586 del Código Civil) en lugar de la mercantil especial, y por tanto aplica la primera cuyo estándar determina que toda falta de requisito legal para cierto acto conlleva su nulidad. Así, subsumen los hechos a ésta norma civil en vez de los supuestos correctos de nulidad de ésta materia, los determinados en el artículo 193 del Código de Comercio, lo que hubiese conllevado a que determinen que los mismos no causan nulidad alguna, como enseguida desarrollo. Por tanto, éste vicio regresa al mismo yerro del segundo motivo, aplicar la norma civil genérica anterior en lugar de la norma mercantil especial y posterior, lo que es contrario al artículo 43 del Código Civil (como se explica de manera ahondada en el segundo motivo de casación). A) INCORRECTA APLICACIÓN DEL DERECHO APLICABLE PARA RESOLVER EL LITIGIO El primer dato que la sentencia recurrida figura como causal de nulidad de manera indebida consiste en que “consta en la demanda el hecho que en el acta cuya nulidad se pide se hace constar la presencia de Henry Adonis Sánchez Mena en su condición de Comisario, más el declara no haber estado presente en la asamblea” (fundamento de derecho Cinco de la Sentencia Recurrida), así califica tal hecho como un vicio “insubsanable” que conlleva nulidad. En siguiente causal falso de nulidad que la sentencia recurrida aduce constituye en que, al entender de la recurrida, en el acta consta que el señor Nicolás Maloff se encargó de redactar la misma y consta en el pie su aceptación de sus funciones, más luego éste declaró no haber asistido a tal asamblea. (Fundamento de Derecho Quinto). Por tanto, la recurrida estima que ambas supuestas irregularidades, la falta del comisario y del secretario del consejo de administración en la asamblea de accionistas se subsumen en falta de requisitos que la norma contempla para el acto de la asamblea, y entonces causan la nulidad del acto según el artículo 1586 del Código de Comercio. B) CORRECTA APLICACIÓN DEL DERECHO PARA SOLUCIONAR EL LITIGIO. De ejercerse una aplicación correcta del derecho para solucionar el litigio es que el derecho especial aplicable para la solución del conflicto consistente entonces se tendrá que éste consiste en el Art. 193 inciso II del Código de Comercio y no el artículo 1586 del Código Civil. En tal sentido, la asistencia que es necesaria para la validez de una asamblea de accionistas celebrada sin previa convocatoria es la de los accionistas y también del presidente y secretario de la asamblea Art. 191 del Código de Comercio, (Quien normalmente son electos de los mismos accionistas presentes, como ocurrió en el caso presente). En virtud de lo anterior, cualquier controversia sobre la presencia de personas en la asamblea de accionistas que carecen alguna de las calidades dichas están privadas de causar la nulidad de la misma. Por tanto, las posibles dudas sobre la presencia del Comisario de la sociedad (Henry Sánchez), y de Nicolás Maloff, quien no es socio ni secretario de la asamblea de accionistas impugnada, es una controversia que no incide sobre los requisitos de validez de la asamblea de accionistas, y por tanto carecen la potencia de causar su nulidad, ya que no se subsumen en los supuestos de nulidad del artículo 193 del Código de Comercio. Y para ahondar en lo anterior, esclarezco que fue Maritza Meza quien firma el acta como secretaria de la asamblea extraordinaria de accionistas, según consta en el acta (fol. 36-39), en ejercicio de la facultad que gozan los accionistas de nombrar secretaria para una asamblea, artículo 184 Párrafo Segundo del Código de Comercio. Por tanto, es ella quien estuvo presente, redactó el acta y la firma junto con el presidente, al tenor del artículo 191 del Código de Comercio. Sin embargo, lo que confundió al voto de mayoría de la recurrida es el hecho que los accionistas nombran a Maloff como secretario del consejo de administración (acuerdo adoptado entre los accionistas y sin la presencia de Maloff), más no secretario de la asamblea. Sin embargo, al confusamente pensar que Maloff era quien aparece como secretario de la asamblea (es decir quien redacta el acta), entonces estima contradictoria que él haya declarado no haber estado presente en la asamblea. Sin embargo, recalco que la secretaria de la asamblea, que estaba presente y levanta el acta respectiva, es Maritza Meza. Por su parte, al ser nombrado en la misma asamblea como secretario del consejo de administración, Maloff únicamente participa al firmar la certificación del acta de la asamblea, es decir da fe que una copia del acta es fiel a su original. Así tal acto no conlleva haber presenciado la asamblea, más únicamente haber tenido a la vista el acta original. Por tanto, hay coherencia perfecta entre lo documentado y el que Maloff haya declarado no haber asistido a la asamblea en cuestión. Esto es apreciado correctamente por el voto particular de la recurrida, en su Numeral Quinto, inciso F. Habiendo ejercido ésta oportuna aclaración, se tiene que la recurrida ha fijado indebidamente como causas de nulidad puntos de controversia sobre ausencia en la asamblea impugnada del comisario y el secretario del consejo de administración de la sociedad demandada, al subsumir tal supuesto en la disposición que de manera genérica determina que la ausencia de una formalidad legal para cierto acto conlleva su nulidad, al tenor del artículo 1586 del Código Civil. Sin embargo, habiendo asentado que la correcta aplicación del derecho en materia de nulidad de asambleas de accionistas es según el artículo 193 del Código de Comercio, se determina que estos factores aquí examinados no son supuestos de nulidad, y por tanto nunca debieron haberse subsumido como tales. Por tanto, una correcta aplicación del derecho conlleva la desestimación de la pretensión de la demanda y la estimación de la excepción de falta de derecho.” SEPTIMO: El abogado José Ramón Osorio Murillo, plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación hecho por la contraparte, para lo cual señala lo siguiente: (Sic) “SE CONTESTAN LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION. Con las muestras de mi respeto al más Alto Tribunal de Justicia de nuestro País, considero prudente manifestar a ustedes que la aplicación e interpretación de las Normas jurídicas empleadas para resolver el fondo del asunto, son directamente proporcionales al objeto del juicio, tal y como a continuación procedo a rebatir los argumentos expuestos en el Recurso desarrollado por el recurrente, haciendo especial mención que el voto particular emitido por la Honorable Señora Magistrada Abogada MARIA TERESA BOGRAN ZELAYA, se distancia de lo que es en si el proceso y así mismo se divorcia de la doctrina mercantil universalmente aceptada, pues incluso acompañe la misma en la contestación del recurso de apelación, la cual a su vez me sirvió de orientación al impetrar la demanda (Derecho Mercantil, contrato societario y derechos individuales de los accionistas Laureano E. Gutiérrez Falla.) SE CONTESTA PRIMER MOTIVO: El primer motivo de casación va orientado, a que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones viola el artículo 206 inciso 2, del Código Procesal Civil en relación al artículo 4, 11 y 12.5, del mismo cuerpo normativo. Notase Honorable Corte Suprema de Justicia, que el impetrante se refiere a la Sentencia pronunciada por el Juez A-quo, olvidándose que para que una casación se pueda estudiar o analizar los extremos alegados en ella se requiere de un tecnicismo previo, pues tuvo que haberse reproducido esa infracción que aduce de índole procesal en el Recurso de Apelación, extremo que invito a esta Honorable Corte Suprema de Justicia que con una simple lectura a la parte del fallo hoy recurrido dictado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, el 13 de diciembre del 2017, en la parte denominada “síntesis de la expresión de agravios” el impetrante no alego el extremo que desarrolla como primer motivo de su Recurso de Casación, tal y como ustedes lo pueden ver comparando ambos escritos, pues en el presente caso el acta de Asamblea General de Accionistas es nula por no haberse seguido los Estatutos Societarios y su respectivas solemnidades, pues basta ver los medios de prueba, las etapas del proceso, los documentos aportados oportunamente, para concluir que tanto el fallo de primera instancia, como el emitido por la Corte de Apelaciones Civil, que confirma el fallo cumplen los presupuestos jurídicos autorizantes en cuanto al debido proceso, contradicción, igualdad, legalidad procesal y formas, oportunidad, principio dispositivo, aportación de parte, facultades procesales (12.3.5), criterios de valoración de prueba, contenido formal de la sentencia, claridad, precisión y exhaustividad, motivación y congruencia, con lo que acredito a ustedes Honorables Magistrados que lo alegado por el recurrente Y NO REPRODUCIDO ESTE PRIMER MOTIVO EXPUESTO, PREVIAMENTE EN APELACION NO TIENE SENTIDO ALGUNO, PUES NO DEBE OLVIDAR EL IMPETRANTE QUE EN LA INSTANCIA PROCESAL PERTINENTE, SE FIJO EL OBJETO DEL JUICIO. SIN PROTESTA ALGUNA POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO, RAZON POR LA CUAL DEBE SER DESESTIMADO EL PRIMER MOTIVO DE CASACION, ya que ambas sentencias proferidas son conforme a derecho- SE CONTESTA SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Alega el impetrante infracción al artículo 193 del Código de Comercio y entiendo que el realiza una crítica en el sentido, que los impartidores de justicia aplican el Código Civil, en vez del artículo 193 del Código de Comercio y que por ello existe un error en la aplicación del derecho empleado para resolver el fondo del litigio……..Resulta Honorable Corte: Que las Sociedades Anónimas se rigen por sus estatutos societarios, y los socios deben obediencia obligatoria a lo establecido en los mismos, pues toda conducta atinente a realizar actos CONTRARIO A LAS SOLEMNIDADES ESTABLECIDAS EN LOS MISMOS TRAEN LA NULIDAD DEL ACTO, esto por una parte y por otra POR DISPOSICION DEL ARTICULO 746 DEL CODIGO DE COMERCIO, ESTABLECE…QUE LA NULIDAD Y ANULABILIDAD DE LOS CONTRATOS MERCANTILES SE REGIRA POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES POR EL CODIGO CIVIL…,es por ello que el Juzgador supletoriamente se remite al artículo 1586, del Código Civil, inciso dos (2), donde establece claramente cuando hay nulidad’ absoluta de los actos y contratos; En otro orden de ideas el Recurrente no debe olvidar que los acuerdos de una asamblea son nulos en aplicación al artículo 195 inciso 1, del Código de Comercio que establece en síntesis, que los socios pueden pedir la nulidad de acuerdo con las Asambleas además de lo establecido en el artículo 193.2 del Código de Comercio, también cuando se demande infracción o violación dé cláusulas de la escritura social o preceptos legales infringidos esto en relación al artículo 177, 178, 179, 180, 194, 197, en relación al 746, del mismo ordenamiento jurídico, por lo tanto en cuanto a lo expuesto en el preámbulo y el inciso a) y b), del presente motivo, no tiene sentido para que sea estimado por este alto Tribunal de Justicia y esto lo explico en tres incisos concretos y sencillos: a) Todo conflicto en una sociedad mercantil anónima se aplica en primera instancia los Estatutos Societarios y todo acto contrario a los mismos o a sus solemnidades exigidas trae la nulidad del acto o del contrato. b) Los artículos 193 y en especial el 195.1, legitiman nuestra demanda de nulidad por infracción a los estatutos y por la utilización delictiva de la figura del comisario societario señor: HENRY SANCHEZ MENA, haciéndolo ver como que el convoco a esa Asamblea y compareció a la celebración de la misma siendo esto falso, pues de haber sido cierto, la parte demandada tenía que haber acreditado las convocatorias de la asamblea general de socios tal y como lo exige los artículos 12 y 14, de los estatutos. c) El artículo 746 del Código de Comercio es el precepto jurídico autorizante que da el carácter supletorio a la aplicación del Código Civil, y por ello el artículo 1586 inciso 2, de este ordenamiento jurídico sentencia lo siguiente: CAPITULO V DE LA NULIDAD Y RESCISION DE LOS CONTRATOS CODIGO CIVIL Artículo º 1586 Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 2 - cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o Estado de la persona que en ellos interviene. Así mismo de acuerdo del artículo 12 y 14 de los estatutos societarios en relación al 174, faculta al Comisario a convocar a Asamblea previa las formalidades contenidas en los mismos, es por ello que en clara concordancia con lo expuesto en estas normas precitadas la nulidad de los actos jurídicos está legitimado entre otros el comisario en aplicación al artículo 506 inciso 1 del Código Procesal Civil, y la prescripción de la nulidad de los acuerdos es de un año QUEDANDO EXCLUIDOS DE ESTE TERMINO, AQUELLO ACUERDOS QUE POR SU CAUSA Y CONTENIDO RESULTEN CONTRARIOS AL ORDEN PUBLICO, ES DECIR CUYA CREACION DE ESE ACTO O DOCUMENTO CONLLEVE ACCIONES SANCIONADAS POR LA LEY COMO SUCEDIÓ EN EL PRESENTE CASO, DONDE UTILIZARON FRAUDULENTAMENTE EL NOMBRE DEL COMISARIO, Y POR ELLO EL ACTUO COMO DEMANDANTE EN EL PRESENTE JUICIO; ASI MISMO LA DEMANDA DE NULIDAD FUE INTERPUESTA ANTES DE CUMPLIRSE EL AÑO (ARTICULO 505.2 DELC.P.C) Y 194 DEL CODIGO DE COMERCIO. Del simple análisis del fallo hoy impugnado, la Corte de Apelaciones en la motivación fáctica y jurídica incisos del tercero al séptimo, comparte nuestros criterios aplicados al caso en concreto y el voto particular de ese fallo, se divorcia del objeto del proceso y de las normas jurídicas aplicadas al caso en concreto. SE CONTESTA TERCER AGRAVIO: Honorable Corte Suprema de Justicia, el objeto del juicio radica en determinar la procedencia o no de la nulidad de un acta societaria que contiene una asamblea extraordinaria de socios de INVERSIONES TURÍSTICAS ROYAL AMERICANA en virtud que la misma no fue convocada por el señor Henry Adonis Sánchez Mena y en la misma se afirma que en la convocatoria no reúne las solemnidades que indican los estatutos de la referida sociedad así también se exige la nulidad del acto de protocolización del acta antes referida.- tal y como lo hemos expuesto los estatutos deben ser cumplidos a cabalidad por los socios y en el caso que nos ocupa en el artículo 12 y 14 establece claramente las solemnidades a que está sometida la convocatoria a Asamblea General los cuales están en plena concordancia con los artículos 173, 174 del Código de Comercio por ello el artículo 193 que de manera acomodaticia el recurrente invoca, establece claramente cuando es nulo el acuerdo de una Asamblea y en el inciso dos de este precepto jurídico autorizante, establece que es nula cuando infrinja el artículo 177 178 y 179 del Código de Comercio referente a la convocatoria, el cual está en plena armonía con los artículos 12 y 14 de los estatutos; es decir tal y como la Corte de Apelaciones lo dejo establecido en su fallo, para la realización de una Asamblea sea Ordinaria o Extraordinaria debe cumplirse las solemnidades para su convocatoria (ver inciso cuarto) motivación fáctica y jurídica del fallo recurrido. Por lo tanto la nulidad del acta de una Asamblea Extraordinaria celebrada en fecha 9 de junio del 2015, protocolizada ante los oficios del notario Pedro Rendón Pineda inscrita bajo matricula 51319 de fecha 30 de junio del 2015, es nula porque el comisario no realizo tal convocatoria para la celebración de la referida asamblea, siendo esta su responsabilidad conforme al Código de Comercio y a los estatutos referidos así como las pruebas aportadas al proceso, pues tal y como sentencia la Corte de Apelaciones la parte demandada no aporto ninguna prueba suficiente para acreditar que la convocatoria a esa asamblea cuya nulidad se solicita se haya convocado con todas las solemnidades antes referidas, En otro orden de ideas concluyo la contestación de este tercer agravio, con el correcto criterio aplicado por la Corte de Apelaciones con voto favorable de dos de sus integrantes y un voto particular, y es tan válido estos criterios que de manera respetuosa transcribo literalmente parte de los mismos esgrimidos en la motivación fáctica jurídica. ……” QUINTO: Como primero agravio se establece que el juez dejo de aplicar el artículo 502.2 del Código procesal Civil que define los tipos de acciones nulidad, anulabilidad, impugnación de acuerdos societario y aplico indebidamente las causas de nulidad del artículo 1586 en relación a los artículos 1346 al 1348 del Código Civil. - En tal sentido, resulta necesario. avocamos al contenido del artículo 1 del título primero de los estatutos de la sociedad demandada el cual manda que la misma se regirá por su escritura social, por los estatutos, por las disposiciones del Código de Comercio y por la legislación especial y general de la Republica.- Dicha disposición relacionada con el artículo 194 del Código de Comercio y el cual determina que la acción de nulidad de acuerdos de las asambleas se regirá por las disposiciones del derecho común, pero prescribirá en un año contado desde la fecha del registro del acuerdo si debe inscribirse en el comercio y a la vez relacionado con el artículo 746 del mismo cuerpo legal establece que la nulidad y la anulabilidad de los contratos mercantiles se regirá por las disposiciones aplicables del Código Civil, si bien en los contratos plurilaterales en los que las partes persiguen un fin común, la nulidad o anulabilidad que afecte a las obligaciones de una de las partes no se supondrá la del contrato, salvo que la realización del fin perseguido resulte imposible sin aquellas.- Dispuesto lo anterior se entiende que en cuanto al tema de las nulidades debe aplicarse en defecto las disposiciones del Código Civil.- Si bien es cierto que el artículo 502 del código Procesal Civil establece que podrán ser impugnados los acuerdos de las juntas, asambleas y consejos que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros los intereses de la sociedad.- También en su numeral segundo establece que son nulos los acuerdos contrarios a la ley.- Los demás acuerdos antes mencionados serán anulables.- En tal sentido se establece el derecho de impugnar, por cualquier titular de un derecho legítimo el acuerdo adoptado por una sociedad mercantil una cooperativa o por cualquier órgano colegiado que sea contrario a lo regulado en la escritura social, estatutos o artículos de constitución. Los acuerdos o resoluciones adoptadas contrarias a la ley serán objeto de impugnación para su nulidad. Por el efecto que se produce, se separan los acuerdos nulos y anulables. Los actos nulos y contrarios a la Ley carecen de valor. La anulabilidad del acuerdo consiste en que, si bien es cierto se ha adoptado violando normas del órgano colegiado, sociedad o cooperativa, el acto es considerado como válido y eficaz mientras no recaiga sobre el mismo sentencia que lo declare nulo y puede ser revalidado por persona legitimada para hacerlo; sin embargo en el caso que nos ocupa, además de que la convocatoria de la asamblea no se realizó ajustándose a las exigencias enmarcadas en la ley y a los estatutos es decir que esta tuvo lugar contrariando la ley lo cual en consonancia con el precepto antes descrito es objeto de nulidad, también consta en el escrito de demanda que se denunciaron otro tipo de actuaciones que no son susceptibles de subsanar, como el hecho de que en el acta cuya nulidad se pide, se hace constar la presencia tanto del señor HENRY ADONIS SANCHEZ MENA, quien en su condición de comisario del Consejo de Administración de la sociedad, incoo la demanda de mérito en cumplimiento al artículo décimo octavo de los estatutos, precisamente porque declara no haber estado presente aun y cuando en el acta consta su presencia, así como la presencia del señor NICOLAS MAL0FF FLEFIL en su condición de secretario, quien de conformidad al acta en mención se encargó de redactar la misma y de dar lectura a esta, constando al pie del acta su firma de aceptación de las funciones que realizo en dicha asamblea resultando dichos extremos completamente contradictorios con la declaración rendida por el señor MAL 0FF FLEFIL en el interrogatorio de parte, quien manifestó no estar presente en la audiencia y si bien en sus declaraciones expone que la señora MARITZA GUEVARA en su función de secretaria fue quien en efecto asistió y levanto el acta correspondiente, y que el solo se limitó a suscribió el certificado del acta, dichos extremos no constan en juicio porque no lo probo como devenía obligado a hacerlo, porque se concluye que el acta de mérito no es susceptible de una anulabilidad como lo pretende la parte demandada sino de una nulidad… Considero por nuestra parte, que cada uno de los extremos alegados por el recurrente son incapaces de revertir el fallo, pues solo tenía que haber demostrado que ese acto cuya nulidad se pretende era legitimo en consonancia con los estatutos y demostrar oportunamente que el demandante convoco a esa asamblea, extremos imposibles de haber podido cubrir en las instancias pertinentes por dos motivos: 1) es contrario a las solemnidades estatutarias 2) el demandante jamás convoco a esa asamblea- por lo tanto un acto inexistente por ser contrario a derecho es NULO.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3. Señalado lo anterior la Sala deviene en considerar entonces las razones expuestas tanto por el recurrente, como las expuestas por la parte recurrida, a fin de estimar si el recurso expuesto resulta admisible. De lo expuesto por el recurrente abogado Rafael Eduardo Murillo Coto, en los tres motivos del recurso, la Sala los deja sucintamente relacionados, ello en virtud de que los mismos aparecen citado textualmente en los antecedentes de hecho de este auto. 4. En el Primer Motivo, expone el impetrante que la sentencia de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ha supuesto la infracción del artículo 206.2 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 4, 11 y 12.5 del mismo cuerpo normativo. Invoca como Precepto Autorizante el artículo 719.1 c) del Código Procesal Civil. En sustento de su impugnación casacional señala que el vicio denunciado va sobre lo siguiente: a) La sentencia introduce hechos que no forman parte del proceso, ello porque no fueron alegados por las partes, tanto en la demanda interpuesta, como en la contestación de la misma, como tampoco por vía de aclaración de la demanda, ni alegación de hechos nuevos, lo cual lleva la vulneración del citado artículo 206.2 del Código Procesal Civil, en relación con el principio de aportación de partes que consagra el artículo 11 del citado Código, y la no alteración del objeto del proceso, una vez determinado en la demanda, contestación o reconvención, ello al tenor de lo preceptuado por el artículo 429.1 del mismo Código; b) Que los hechos introducidos de manera oficiosa por el recurrido en la sentencia son los siguientes: “Si bien es cierto que el artículo 193 del Código de Comercio dispone que no anulará las asamblea cuando haya falta de convocatoria cuando esté representada la totalidad del capital social al votar y ningún accionista se oponga al acuerdo, no obstante la naturaleza incierta de la convocatoria de los socios, existe duda sobre la realización de la asamblea misma y que los socios hayan asistido a la asamblea, por tanto en el caso de marras no se comprende dentro dicha excepción, y así procede la nulidad de la misma” (fundamento de derecho Cuarto de la sentencia recurrida), y “el hecho de que el acta cuya nulidad se pide hace constar la presencia de Henry Adonis Sánchez, quien declara no haber estado presente, así como Nicolás Maloff, quien de conformidad del acta se encargó de redactar la misma, más manifestó no haber estado presente en la misma” (Fundamento de Derecho Quinto de la sentencia recurrida); c) Que el argumento sostenido por esa representación procesal sobre lo anterior se perfecciona, ya que en el escrito de la demanda no ha habido alegato alguno en cuanto a negar que en efecto se celebró la asamblea extraordinaria de accionistas del día 09 de junio de 2015 de la sociedad demandada, como tampoco que hayan concurrido a la misma todos los accionistas, como consta en el acta de la misma. Que tampoco existe alegación alguna sobre la concurrencia o ausencia del comisario social (Henry Adonis) ni del señor Nicolás Maloff (éste ni siquiera es mencionado en la demanda). Que igual situación se da también con la contestación de la demanda, ya que en la misma no se introduce argumento sobre lo señalado de oficio por la Corte de Apelaciones. Todo lo cual constituye una infracción frontal a las normas que regulan el contenido de la sentencia, al tenor de lo preceptuado por el Código Procesal Civil en el artículo 206.2. “El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.”; En ese sentido el tribunal recurrido de manera flagrante acude a hechos distintos a los alegados por las partes para motivar su decisión, por lo que también vulnera el principio de aportación establecido en el artículo 11 del citado Código Procesal, artículos estos que vedan al juzgador apreciar hechos que no le han sido manifestados por las partes en la etapa de alegaciones, entiéndase demanda, contestación y alegaciones complementarias; d) Es patente la infracción de éstas normas que regulan la sentencia y el principio de aportación de parte que rigen el proceso civil, y consecuentemente produce indefensión, ya que veda a la parte perjudicada de refutar los hechos, que de oficio aduce el juzgador en su sentencia; y a su vez porque una vez dictada la sentencia no existe oportunidad de contra argumentar ni de incorporar prueba de descargo, también con ello se vulnera el artículo 4 del Código Procesal Civil al quedar patentado que el vicio procesal causó indefensión a su representada; y e) La incidencia del vicio en el sentido del fallo es manifiesta ya que aprecia de oficio, hechos no alegados dentro de los fundamentos de derecho de la misma, como causales para resolver con lugar la pretensión de anular el acuerdo societario adoptado en la asamblea de accionistas en cuestión. Entonces no aplica la excepción contemplada el artículo 193 inciso II del Código de Comercio, que dicta que la falta de convocatoria no causa nulidad de la misma si todos los socios asisten a la misma. Por tanto, el elemento fáctico oficioso fue determinante para el sentido del fallo. 4.1. La Sala de lo Civil estima que el planteamiento del Primer Motivo por parte del recurrente no aprueba el examen de admisibilidad, toda vez que se incurre en una indebida técnica casacional que básicamente tiene que ver con lo siguiente: La Sala encuentra que el recurrente bajo la egida del precepto autorizante invocado como lo es el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, referido a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, arguye la vulneración del artículo 206.2 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 4, 11 y 12.5 del mismo cuerpo normativo, pero no explica a la Sala en qué consiste la infracción del referido artículo; esto es, sí la referida vulneración es porque se aplicó indebidamente, no se aplicó, o por una mala interpretación del mismo, al respecto menester es recordar que si una disposición se considera vulnerada, necesariamente se deberá explicar en qué consiste la infracción de la misma, consecuentemente al no hacerlo así, el motivo no resulta con la suficiente precisión y claridad que exige la debida técnica casacional. Aunado a lo anterior la Sala encuentra que el recurrente reitera en señalar que la infracción de las normas citadas en la sentencia dictada provoca indefensión a su representada; con lo cual el mismo erra en la cita del precepto autorizante que debió de haber citado, pues si su pretensión se centraba en tal sentido debió haber invocado el motivo sustentado en lo que dispone el precepto autorizante del artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil; al no hacerlo así, el impetrante no observa el artículo 721.2 literal b) del citado código. 5. Plantea el recurrente, el Segundo Motivo señalando que la sentencia impugnada ha vulnerado por falta de aplicación del artículo 193 del Código de Comercio. Cita como Precepto Autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que preceptúa como causal del recurso: “…2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”. En explicación del motivo señala que la sentencia impugnada perjudica a su representada, porque se ha hecho aplicación en la misma del artículo 1586 del Código Civil, que resulta ser una norma ordinaria en general referida a la nulidad absoluta de los actos y de los contratos en materia civil; con lo cual se ha dejado de aplicar la norma especial del código de comercio referido a la nulidad de los acuerdos de las asambleas, concurriendo por lo tanto un error en la aplicación del derecho para la solución del fondo del asunto. Aduce que en el caso de autos de lo que se trata la demanda es de la impugnación de nulidad de la asamblea extraordinaria de accionistas, ello porque faltó la convocatoria previa a la celebración de la misma, y las implicaciones del acuerdo societario; sin embargo, la violación del estatuto societario, no causa la procedencia de tal acción, por ser distinta la acción (impugnación de acuerdo anulable), cuyo plazo de caducidad hubiese vencido antes de la demanda. Por tanto, el tema de infracción de estatutos es ajeno al objeto de la pretensión. De los argumentos del fallo se establece que la falta de convocatoria de los socios para la asamblea extraordinaria, vulnera la cláusula vigésimo segunda de la escritura de constitución social, en cuanto se exige la publicación de la convocatoria con quince días de antelación en un diario de circulación nacional, aduciendo la alzada que en el caso de autos esa vulneración estatutaria configura en la norma de nulidad de contratos civiles, que establece la nulidad por falta de formalidades exigidas por la ley (artículo 1586 del Código Civil), tal aplicación de esa norma, atropella los artículos 43 y 44 del Código Civil. Incurre en error el tribunal sentenciador al subsumir el hecho en la falta de convocatoria a las normas del Código Civil, yerro que se acentúa puesto que el artículo aplicado (artículo 1586 del Código Civil), se haya derogado parcial y tácitamente para materia de nulidades de los acuerdos societarios, ello por existir la norma especial y posterior aplicable al caso, cual es el artículo 193 del Código de Comercio que por imperativo del artículo 43 del Código Civil, debió de ser aplicado, y por el supuesto de salvedad contemplado por la falta de convocatoria para una asamblea de accionistas. 5.1. Respecto al Segundo Motivo expuesto, la Sala encuentra que el mismo no concita su admisibilidad, toda vez que el recurrente incurre en una indebida técnica recursiva, falencias que tienen que ver con la falta de claridad y precisión del motivo, ello porque, si bien es cierto que argumenta que el fallo proferido ha supuesto la vulneración por falta de aplicación del artículo 193 del Código de Comercio, y a su vez señala el error en la aplicación del artículo 1586 del Código Civil para la solución del fondo del litigio; pero también lo es que aduce que la aplicación indebida del citado artículo del Código Civil atropella los artículos 43 y 44 de la normativa civil. Sobre lo anterior es menester señalar que el recurrente falta a la claridad y precisión del motivo expuesto, ya que señala el posible atropello (infracción) de los artículos 43 y 44 del Código Civil, todo lo cual concita que el recurrente indefectiblemente devenía en hacer separación en motivos distintos para cada uno de los referidos artículos, indicándole a la Sala si tal infracción se suscitaba, porque no se habían aplicado, o se habían aplicado indebidamente o en su caso si se habían interpretado erróneamente, amén de justificar a la Sala la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada. Al no hacerlo así supone que el recurrente no ha observado el contenido del artículo 721.2 del Código Procesal Civil. 6. En el Tercer Motivo planteado se expone por parte del impetrante, la vulneración del artículo 193 del Código de Comercio. Cita como Precepto Autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que preceptúa como causal del recurso: “…2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”. En explicación del motivo señala que la sentencia impugnada erra cuando parte de una falsa premisa y aplica la norma genérica civil (artículo 1586 del Código Civil), en lugar de aplicar la norma especial del Código de Comercio, misma que haberse aplicado hubiese conllevado que los requisitos ahí establecidos no causan nulidad alguna, error o vicio que ya se deja señalado en el segundo motivo del recurso. La incorrecta aplicación del derecho aplicable para resolver el litigio se da en la sentencia impugnada cuando la misma afirma que “el acta cuya nulidad se pide se hace constar la presencia de Henry Adonis Sánchez en su condición de Comisario, más el declara no haber estado presente en la asamblea”, calificando tal hecho como insubsanable que conlleva la nulidad (Fundamento de Derecho Quinto). La siguiente causal de nulidad para el referido tribunal de alzada, se da por el hecho de que en el acta consta que el señor Nicolás Maloff se encargó de redactar la misma y consta en el pie su aceptación de funciones, más luego este declara no haber asistido a la asamblea; y con todo lo anterior considera que ambos supuestos de irregularidades se subsumen en la falta de requisitos que la norma contempla para el acto de la asamblea causan nulidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1586 del Código Civil. Que, respecto de la correcta aplicación del derecho para solucionar el litigio, resulta que debió de haberse aplicado en el fallo dictado lo dispuesto por el artículo 193 inciso II del Código de Comercio, y no el artículo 1586 del Código Civil, ello en razón de que las dudas sobre la presencia o no de las referidas personas en dicha asamblea, es una controversia que no incide sobre los requisitos de validez de la misma, por lo que no se produce su nulidad al tenor de lo preceptuado por el citado artículo del Código de Comercio. Señala el impetrante que la aplicación errónea del referido artículo del Código Civil por parte de la segunda instancia en el fallo proferido, concita también el que se haya atropellado el artículo 43 del mismo código. 6.1. Al igual que el Segundo Motivo expuesto, el recurrente nuevamente en el Tercer Motivo, incurre en errores de planteamiento del motivo; así tenemos que reitera en señalar que el fallo proferido en segunda instancia erra al hacer aplicación errónea del artículo 1586 del Código Civil, lo anterior supone también ser contrario a lo dispuesto por el artículo 43 del Código Civil. Al igual que la respuesta que se ha dado en el motivo anterior, la Sala reitera en manifestar al recurrente, que el mismo carece de la suficiente precisión y claridad, ello porque no precisa como el tribunal de alzada atropella el artículo 43 del Código Civil, en cuanto el mismo no se aplicó, se aplicó indebidamente, o se interpretó erróneamente, amen de precisar y justificar en todo momento la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada. No hacerlo así, contradice lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. 7. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación que nos ocupa en sus tres motivos, tal y lo contemplado en las causales previstas en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización…,”. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 701, 703, 704, 716, 717, 718, 719, 720, 721.2, 723.2 literal a) y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y DECLARA: I.- LA INADMISIÓN de los tres motivos de casación formalizados por el abogado Rafael Eduardo Murillo Coto, en su condición de representante procesal del Luis Ramón Maloff Ramos, como Administrador de la sociedad mercantil denominada Inversiones Turísticas Royal Americana, S.A., contra la sentencia dictada en fecha 13 de diciembre de 2017, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula Departamento de Cortés. II.- FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el día 13 de diciembre de 2017, en el expediente de apelación número 146-17, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2016-02418-LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. III.- CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente. Y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil veinte; Certificación del auto de fecha veinte de noviembre del año dos mil diecinueve, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 88=2018.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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