Sentencia CC-62-17 — Registro 10556
Resumen
En primera instancia se declara con lugar la demanda de Oposición a una Solicitud de Herencia Testamentaria, en segunda instancia se revoca la declarando sin lugar la tacha interpuesta y declara sin lugar la demanda de Oposición a una Solicitud de Herencia Testamentaria.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "Respuesta de la Sala de lo Civil. El artículo 721 del Código Procesal Civil, establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en consecuencia, atendiendo a las formalidades previstas para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, esta Sala de lo Civil considera necesario recordar que ha venido sosteniendo que: “debida separación y claridad para efectos del recurso de casación es una forma de exponer una o varias causales de casación autorizadas por la ley, de manera tal que permita identificar con precisión la norma que el recurrente entiende como infringida razonando porque considera se ha producido la infracción que ha incidido en el sentido en que se pronunció el fallo impugnado, independientemente si el impetrante ha expuesto sus motivos en párrafos numerados o no, en tanto no afecte el entendimiento para su admisión y posterior examen de fondo”, por lo tanto, esta Sala de lo Civil es de la opinión que los requisitos mínimos de admisibilidad, han sido observados por el casacionista, toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad cual es la norma infringida y el concepto de la infracción, no siendo posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el Código Procesal Civil en tanto se han cumplido por el censor las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, por lo que es procedente admitir a trámite el recurso de casación en su cuarto motivo."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes abril del año dos mil diecinueve, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: Los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES, JERONIMO GOMEZ PAREDES, en su condición personal y como representante legal de la señora LILIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES, representados en juicio por el abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA como recurrente; siendo recurridos los señores APARICIO GOMEZ PAREDES, PEDRO JOSUE y ROGER JERONIMO ambos de apellidos OSORTO GOMEZ y ENRIQUE MAURICIO GOMEZ TEJEDA, representados en juicio por el abogado SANTIAGO HUMBERTO VASQUEZ DOMINGUEZ.
OBJETO DEL PROCESO: "OPOSICION A LA SOLICITUD DE HERENCIA TESTAMENTARIA”, promovida en fecha trece de mayo de dos mil quince, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES, JERONIMO GOMEZ PAREDES, en su condición personal y como representante legal de la señora LILIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES, contra los señores APARICIO GOMEZ PAREDES, PEDRO JOSUE y ROGER JERONIMO ambos de apellidos OSORTO GOMEZ y ENRIQUE MAURICIO GOMEZ TEJEDA.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: En fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: "FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR la tacha interpuesta por el abogado SANTIAGO HUMBERTO VÁSQUEZ DOMINGUEZ en su condición de apoderado legal de la parte demandada contra el perito privado doctor DENNIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA propuesto por el abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA en su condición de apoderado legal de la parte opositora y demandante.- 2) DECLARA CON LUGAR la demanda de Oposición a una Solicitud de Herencia Testamentaria interpuesta por los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES, JERONIMO GOMEZ PAREDES, LlLIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES como parte opositora y demandante contra los señores APARICIO GOMEZ PAREDES, PEDRO JOSUE OSORTO GOMEZ, ROGER JERONIMO OSORTO GOMEZ, JOSE ENRIQUE GOMEZ PAREDES y ENRIQUE MAURICIO GOMEZ TEJADA como parte demandada.- 3) SE CONDENA al pago de las COSTAS causadas a los señores APARICIO GOMEZ PAREDES, PEDRO JOSUE OSORTO GOMEZ, ROGER JERONIMO OSORTO GOMEZ, JOSE ENRIQUE GOMEZ PAREDES y ÉNRIQUE MAURICIO GOMEZ TEJADA como parte demandada. Esta Sentencia admite el recurso de Apelación el que deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación ante este mismo Juzgado por escrito expresando los agravios que le causa la misma.- Así LO FALLO, FIRMO Y SELLO EL JUEZ ANTE EL SECRETARIO DEL DESPACHO QUE DA FE.- NOTIFIQUESE".
SEGUNDO: En fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dicto sentencia REVOCANDO la del A-quo, fallando de la siguiente manera: "PARTE DISPOSITIVA En consecuencia esta Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, por unanimidad de votos FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado SANTIAGO HUMBERTO VASQUEZ PADILLA en su condición de apoderado de los señores APARICIO GOMEZ PAREDES, PEDRO JOSUE OSORTO GOMEZ, ROGER JERONIMO OSORTO GOMEZ y ENRIQUE MAURICIO GOMEZ TEJEDA, contra la sentencia definitiva de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la oposición a la solicitud de declaratoria de herencia testamentaria, opuesta en su contra por los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES, JERONIMO GOMEZ PAREDES quien actúa por sí y como representante legal de la señora LlLIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, dictando la misma en base a lo expuesto en la motivación fáctica y jurídica del presente Fallo, debiendo leerse la parte resolutiva de la misma así: 1) DECLARANDO SIN LUGAR la tacha interpuesta por el Abogado SANTIAGO HUMBERTO VASQUEZ DOMINGUEZ en su condición de apoderado legal de la parte demandada contra el perito privado doctor DENNIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA propuesto por el abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA en su condición de apoderado legal de la parte opositora y demandante.- 2) DECLARAR SIN LUGAR la demanda de Oposición a una Solicitud de Herencia Testamentaria interpuesta por los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES, JERONIMO GOMEZ PAREDES, LlLIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES como parte opositora y demandante contra los señores APARICIO GOMEZ PAREDES, PEDRO JOSUE OSORTO GOMEZ, ROGER JERONIMO OSORTO GOMEZ y ENRIQUE MAURICIO GOMEZ TEJADA como parte demandada. 3) SIN COSTAS en primera instanciaTERCERO: SIN COSTAS en segunda instancia. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las parles y que al estar firme, con la certificaron de estilo se devuelva al Juzgado de su Procedencia para su cumplimiento.- Es ponente la abogada María Teresa Bogran, Magistrada Propietaria de este Tribunal de Alzada. NOTIFIQUESE."
TERCERO: El abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, actuando en su condición de representante procesal de los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES y JERONIMO GOMEZ PAREDES en su condición personal y como representante legal de la señora LlLIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES, en fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo.
CUARTO: El representante procesal de los señores APARICIO GOMEZ PAREDES, PEDRO JOSUE y ROGER JERONIMO ambos de apellidos OSORTO GOMEZ y ENRIQUE MAURICIO GOMEZ TEJEDA, abogado SANTIAGO HUMBERTO VASQUEZ DOMINGUEZ, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados SANTIAGO HUMBERTO VASQUEZ DOMINGUEZ y FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas diecinueve y veinte de abril de dos mil diecisiete, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, tenerlos por personados dentro del plazo concedido.
SEXTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACION: INFRACCION QUE SUSTENTA ESTE MOTIVO: ES LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 200.2.C) DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL EN RELACION AL ARTÍCULO 207.1 DEL MISMO CODIGO. SE IMPUGNA LA MOTIVACION INSUFICIENTE EN LA SENTENCIA EMITIDA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EN OBSERVANCIA AL CONTENIDO FORMAL DE LOS REQUISITOS INTERNOS QUE DEBEN TENER LAS SENTENCIAS, YA QUE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS LEGALES DEL FALLO RECURRDIDO SON INSUFICIENTES PARA PROFERIR UNA SENTENCIA DECLARATIVA, QUE DEJE EN CLARO Y SIN DUDA ALGUNA EL AMPARO LEGAL DE LA DECISION JUDICIAL. LA CAUSAL RECURSIVA que aplica para denunciar la norma infringida es la contenida en el articulo 719.1.c del Código Procesal Civil que consiste en la forma y contenido de la sentencia, vinculándolo con el articulo 720.2 por el cual se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida para revisar su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, ya que el utilizado fue determinante para darle un sentido equivocado al fallo. FUNDAMENTO DEL MOTIVO. NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: en la sentencia impugnada se denuncia la infracción a la norma contenida en el articulo 200.2.c) del Código Procesal Civil que ordena claramente que en los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. En el presente caso la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula en la sentencia de fecha 13 de febrero del año 2017, misma que ahora se recurre; no da a conocer con suficiencia, racionalidad y carácter lógico las razones y fundamentos legales del fallo que la hacen emitir el fallo de la misma ni hace expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.- a) EN CUANTO A LAS RAZONES: El Ad Quem no se preocupa en motivar adecuadamente las razones que sustentan su fallo a la luz de los medios de prueba que han permitido acreditar como ciertas o falsas las afirmaciones de hecho alegadas en contradicción conforme a la legislación vigente[1]. Estos cuatro elementos (legislación, suficiencia, racionalidad y carácter lógico) no se pueden disgregar en diferentes motivos, ya que juntos acreditan que la motivación fáctica y jurídica de la sentencia presenta MOTIVACION INSUFICIENTE para determinar de manera clara y precisa las razones que llevan al Ad Quem a la convicción absoluta resolutiva, ya que en con una burda fundamentación fáctica y jurídica en dicha sentencia (se reduce a solo UNA HOJA que a su vez contiene seis numerales), no precisa ni analiza con exhaustividad las razones concretas y detalladas que indujeron al juzgador para determinar como ciertos los agravios de la parte demandada y desestimar a su vez los hechos de la parte demandante. Note esa Honorable Corte Suprema de Justicia que los numerales que comprenden la motivación fáctica y jurídica no tienen esencia jurídica ya que en tan solo una hoja se LIMITAN en: EN EL PRIMERO: es un simple relato de acontecimientos sucedidos en el proceso, carente de motivación. EN EL SEGUNDO: Al igual que en el primero es un relato de actuaciones procesales y enumeración de pruebas e igual que al anterior carece de motivación alguna. EN EL TERCERO: igual que los demás es carente de motivación ya se limita ha establece el objeto del debate. EN EL CUARTO: también es carente de motivación ya que el mismo se reduce en establecer que es valoración probatoria, sin que proceda hacerlo conforme lo establece la ley en el articulo 245 del Código Procesal Civil; es decir los trascribe pero no los profundiza. EN EL QUINTO: Se limita a establecer de manera sucinta el contenido del dictamen pericial propuesto por la parte demandante opositora y el oficio presentado por el perito de la parte demandada. NO RAZONA NI VALORA la veracidad, congruencia, profesionalismo, técnicas utilizadas, descripción patológica de la causante. Las razones que la inducen a desestimar el Principio Dispositivo del proceso LIMITANDO TODA SU ARGUMENTACION FÁCTICA en la siguiente frase : “ESTA ALZADA AL ESTUDIAR LOS DOS DICTAMENES, LE DA VALIDEZ A LO EXPRESADO POR EL PERITO OFICIAL, EN VIRTUD DE SER SU ESPECIALIDAD LA PSIQUIATRIA, SU EXPERIENCIA PROFESIONAL Y EL QUE EN VIRTUD DE NO SER REMUNERADO POR NINGUNA DE LAS PARTES, SE ESTIMA QUE ES MAS OBJETIVO Y MERECE LA CREDIBILIDAD DEL CASO” . Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo trascrito en negrita ES LA TOTALIDAD de la motivación fáctica y jurídica de la sentencia. DICHO MAS CLARAMENTE, EL JUZGADOR NO FUE CLARO NI PRECISO EN ESTIMAR Y DESESTIMAR LO HECHOS Y PRUEBAS DEL PROCESO, SE LIMITO A DECIDIR UNA CONTROVERSIA LEGAL EN SOLO 5 RENGLONES. A ESO SE LE LLAMA DEFICIENCIA TECNICA O EN EL PEOR DE LOS CASOS, ARBITRARIEDAD. Esto es atentatorio con el contenido formal de la sentencia (articulo 200.2.c del CPC), a lo dispuesto en el principio de valoración probatoria y debida motivación[2]. b) EN CUANTO A LA FUNDAMENTACION.- Vistos los fundamentos de derecho empleados por el juzgador para resolver el asunto controvertido, vemos que SOLAMENTE hace uso de las siguientes normas jurídicas: 1) Artículo 1555 del Código Civil, que trata de la capacidad absoluta y relativa; 2) Artículo 980 del Código Civil que trata de las causas de inhabilidad. 3) Artículo 315 del Código Procesal Civil que habla del Peritaje como medio de prueba; 4) Artículo 318 del Código Procesal Civil que únicamente habla de la carga de la prueba pericial. Y eso es todo. La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula a proferido sentencia, REVOCANDO (dictando nueva sentencia) la dictada por el A Quo, sin sustentar que normas legales emplea para tal decisión. Esto afecta directamente al derecho de defensa y no justifica las razones para considerar el fallo, por lo cual para esta representación, resulta IMPOSIBLE impugnar la debida aplicación o interpretación de normas que no se expresaron en la sentencia. El Ad Quem ha dictado sentencia sin leyes. La INCIDENCIA DE LA RESOLUCION es que se ha dictado sentencia sin motivación suficiente y carente de fundamentación jurídica adecuada para determinar y dejar en claro cuales fueron las reglas de la sana critica, las del conocimiento, el criterio humano y la explicación razonamiento lógico que utilizó el Ad Quem para estimar el recurso, lo que resulta en MOTIVACIÓN INSUFICIENTE, por lo tanto es imposible para esta representación legal y a cualquier otro ser humano saber los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho en que se basa la convicción del juzgador . La incidencia o agravio resultante de la infracción es la arbitrariedad cometida por el Ad Quem que impide perfeccionar un derecho de defensa. LINEA JURISPRUDENCIA HONDUREÑA. Sentencia 03-2013 dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION NORMA DE DERECHO INFRINGIDA. FUNDAMENTO DEL MOTIVO: ES LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 200.2.C) DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL EN RELACION AL ARTÍCULO 207.1 DEL MISMO CODIGO. SE IMPUGNA LA MOTIVACION INSUFICIENTE EN LA SENTENCIA EMITIDA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EN OBSERVANCIA AL CONTENIDO FORMAL DE LOS REQUISITOS INTERNOS QUE DEBEN TENER LAS SENTENCIAS, YA QUE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS LEGALES DEL FALLO RECURRIDO SON INSUFICIENTES PARA PROFERIR UNA SENTENCIA DECLARATIVA, QUE DEJE EN CLARO Y SIN DUDA ALGUNA EL AMPARO LEGAL DE LA DECISION JUDICIAL LA CAUSAL RECURSIVA que aplica para denunciar la norma infringida es la contenida en el articulo 719.1.c del Código Procesal Civil que consiste en la forma y contenido de la sentencia, vinculándolo con el articulo 720.2 por el cual se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida para revisar su racionalidad y carácter lógico, ya que el utilizado fue determinante para darle un sentido equivocado al fallo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Nuestra legislación adjetiva establece: “Valoración del dictamen pericial. El juzgado o tribunal valorará los dictámenes periciales de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado”[3]. La sentencia recurrida se limita en sustentar su convicción en diciendo: “ESTA ALZADA AL ESTUDIAR LOS DOS DICTAMENES, LE DA VALIDEZ A LO EXPRESADO POR EL PERITO OFICIAL, EN VIRTUD DE SER SU ESPECIALIDAD LA PSIQUIATRIA, SU EXPERIENCIA PROFESIONAL Y EL QUE EN VIRTUD DE NO SER REMUNERADO POR NINGUNA DE LAS PARTES, SE ESTIMA QUE ES MAS OBJETIVO Y MERECE LA CREDIBILIDAD DEL CASO” . Como se acreditara fácilmente en el presente recurso solo existe un dictamen pericial. Como puede apreciarse claramente la Sentencia no establece las consideraciones fácticas y jurídicas que expliquen razonadamente por que las rama de la Psiquiatría se sobrepone a la Especialidad de la Medicina Forense[4] (falta de motivación) en el caso de autos; tampoco considera las razones para establecer que la experiencia profesional del perito Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA se sobrepone a la del perito Doctor DENNIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA; tampoco hace un análisis comparativo al oficio del primero con el dictamen del segundo para fundamentar la certeza de uno y la incredibilidad hacia el otro. Nace la pregunta ¿en que se basa el Ad Quem para proferir sentencia? El Ad Quem no se pronunció sobre el dictamen pericial para establecer de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomando en consideración la razón de ciencia, tal como lo establece la ley. La razón de ciencia del Doctor Castro Bobadilla es acreditada, como consta en autos con las siguientes credenciales: 1. Doctor en Medicina. 2. Post Grado Especialista en Medicina Legal.- 3. Post grado como Especialista en Derechos Humanos.- 4. Abogado.- Asimismo ha publicado Tres obras diferentes.- Su trayectoria profesional es de Profesor de Postgrado Ciencias Forenses; Profesor Titular medicina forense; Perito Forense en la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos; ex Director de Medicina Forense de Honduras; Ex Asesor de Dirección de Medicina Forense y fundador del Instituto Forense de la República de El Salvador; Consultor Técnico de la Corte Suprema de Justicia por 30 años; Perito Forense en diversos lugares, tales como la República de Costa Rica, Baja California en Estados Unidos, del Distrito Sur del Estado de Florida en Estados Unidos, de la Corte Suprema de Guatemala, Secretario de Salud; Condecoraciones tales como Premio Nacional de Ciencias Jose Cecilio del Valle. Pericias galardonadas por las Universidades de Puerto Rico, La Habana, Universidad Católica de Chile, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Montevideo, Universidad de Miami de Florida, etc. La única credencial del otro Perito, Doctor Alfredo Leonardo Sosa es la de ser jefe de departamento del Ministerio Público. Existe un abismo enorme entre las credenciales del Perito Doctor Dennis Castro Bobadilla y el perito Doctor Alfredo Leonardo Sosa y sin embargo la Corte de Apelaciones el único pronunciamiento que hace entre el Dictamen rendido por ambos es que el segundo es un perito oficial. Esta falencia es motivo de nulidad tal como lo expresa literalmente la ley y el derecho convencional[5]. La INCIDENCIA DE LA RESOLUCION es que se considera que la sentencia recurrida carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, ya que por las omisiones antes señaladas son determinantes para considerar que el fallo debe ser diferente, debiendo confirmar la sentencia de primera instancia y desestimar el recurso de apelación. Por esta razón la sentencia recurrida esta plagada de sin sentidos. Aunque la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula NO HIZO OBSERVACION ALGUNA, esta representación legal se permite en aportar un análisis comparativo del dictamen pericial presentado por la parte demandante y el simple oficio presentado por la parte demandada, de la siguiente manera: BREVE ANALISIS DEL UNICO DICTAMEN aportado al proceso POR LA PARTE DEMANDANTE para dar a conocer los elementos que no se valoraron en la sentencia los cuales son: 1) la Sana Crítica, 2) el conocimiento, 3) el criterio humano, 4) las normas que rigen el razonamiento lógico 5) tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran. Es oportuno recordar que la señora BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES, se encontraba fallecida al momento en que se elaboró el Dictamen Privado y el oficio por el Perito Oficial. EL DICTAMEN medico presentado por mis representados es emitido por el doctor DENNIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA se encuentra sustentado y soportado por los expedientes médicos del Hospital que atendió a la causante, sus análisis laboratoriales y estudios de gabinete que INDICAN: “Que la causante fue ingresada al Hospital del valle el día 04 de julio de 2014 por presentar debilidad respiratoria, con cianosis[6], malestar general, hiporexia[7], antecedentes de cáncer de hígado, cáncer en tiroides, con l presencia de derrame pleural y anemia secundaria. Al momento de ingreso se internada en la Unidad de Cuidados Intensivos por el Deterioro Hemodinamico con hipotensión y taquipnea[8] . Luego de DIEZ DIAS ingresada, egreso de la unidad hospitalaria con los siguientes diagnósticos: 1. Tumor en mediastino Tumor metastásico al mediastino. 2. Tromboembolia pulmonar[9]. 3. Hiporcoagulabilidad sanguínea. 4. Evento Vascular Cerebral Isquémico Izquierdo. 5. Infarto del Miocardio. 6. Derrame Pleural. 7. Paresia Branquio Crural derecha[10]. La paciente fue manejada por 13 especialidades médicas[11]. En las hojas del expediente medico hospitalario se encuentra lo siguiente historial: a) no existe comunicación verbal anotada, b) no existe comunicación con ella, c) se reporta que tiene afasia global, el medico tratante opina que puede entender algunas cosas, d) se describe lucida y obedece órdenes sencillas, e) se describe la necesidad de que daba ser asistida por familiar o enfermera, f) sin lograr comunicación con ella, con presencia de cuadro anémico, g) no se logra comunicación con ella, se le encuentra estable, h) entiende ordenes simples, pero no emite lenguaje, i) se aplica morfina por dolor, j) No deglute, k) se le realizan estímulos de conciencia (cognitivos), entre 154 anotaciones sobre su poca respuesta al tratamiento. El dictamen consta de 21 paginas, con estudios sobre los cuadros clínicos presentados en los expedientes elaborados por el Hospital del Valle; así también cuenta con resultados de laboratorio exámenes radiológicos y Tomografías con lo que en suma el perito comenta que la paciente logro estabilizarse a la gravedad de su ingreso, el cáncer siguió su evolución y complicaciones progresivas. La señora Gómez Paredes era incapaz de valerse por si misma, necesitaba los cuidados médicos y de enfermería las 24 horas del día.- La enfermedad base progresa sin detenimiento a causa de los cuidados paliativos y no curativos.- La evolución del cáncer en estas etapas es con componente mental de naturaleza depresiva como coadyuvante. En esta etapa se encontraba con una Discapacidad Física y Mental, comprobable por la necesidad de consultar con sus avales. Aunque de apariencia similar, los hemisferios cerebrales se especializan en funciones diferentes, Una de las más conocidas es la especialización del hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas como lenguaje verbal. La comprensión de los aspectos no verbales del lenguaje y de la prosodia (fonética y el ritmo e este se encuentran localizados en el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo también se encarga de controlar la motricidad de los miembros de la mitad del cuerpo derecho.- Hacemos referencia el estudio Investigating The Process of Dying se examino de manera sistemática los signos físicos del cáncer, entre los diez signos físicos importantes, hubo tres signos tempranos y siete tardíos. Entre ellos están: -Disminución del grado de conciencia, -Disminución del estado funcional, -disfagia para líquidos. Además se confirma con apoyo fotográfico la incapacidad de la causante para el uso de lado derecho del cuerpo. LA CAPACIDAD MEDICOLEGAL DE TESTAR y EL CONSENTIMIENTO…en esta materia hay un punto de partida: capacidad para qué, con diferentes requisitos según los actos jurídicos que implican aspectos médicos legales. Y su corolario: si capacidad es la posibilidad de prestar consentimiento. Si hay algunas circunstancias que lo impiden procede la incapacitación, es decir, la alteración de la capacidad jurídica de obrar. Hay circunstancias “que impiden a la persona gobernarse por si misma”. Por lo tanto, estas alteraciones producirán la incapacitación y alterarán o suprimirán la posibilidad de prestar consentimiento”. ANALISIS DEL OFICIO OF-EM-200-2016-CRMF firmado por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA de fecha 11/03/16, dirigido al Juez de Letras Civil Sección Judicial, el cual dice: “… para dar respuesta a lo solicitado por su persona: “si es posible determinar con certeza si al momento preciso de otorgar testamento de fecha 13 de enero del 2015, la señora BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES (Q.D.D.G.) SE ENCONTRABA INCAPACITADA MENTALMENTE” al hacer una revisión de éste, no se encuentra ninguna valoración psiquiatrica ni por psicología; en el tiempo especifico que usted determina (13 de enero de 2015), no encuentro documentación médica que justifique su valoración, por lo que, lo que usted solicita, no se puede determinar (determinar con certeza su capacidad mental), con la documentación enviada.”[12] FIN DEL OFICIO. Entre el Dictamen y el oficio encontramos lo siguiente: 1. El dictamen cuenta soportado con el estudio de expedientes médicos, Expedientes de la Fundación Teletón, fotografías, exámenes de laboratorio y resultado de tomografías y resonancias; el oficio solo del expediente médico.2.El dictamen acredita científicamente la falta de evolución y los grados de deterioro de la causante, el oficio no.3.En el proceso se encuentra soportado con las credenciales conocidas en juicio acredita las credenciales profesionales del doctor Dennis Armando Castro Bobadilla, galardonado con el Premio Nacional de Ciencias.- no se cuentan con las credenciales del doctor Alfredo Leonardo Sosa. 4. LA PARTE DEMANDANTE PRESENTO UN DICTAMEN MEDICO FORENSE con estudio minucioso del padecimiento, tratamiento, evolución y detrimento en la salud de la causante; la parte demandada solo presentó un oficio (no dictamen) de media pagina, no concluyente por carencia de estudio y elementos de valoración. De lo que se desprende que el doctor Castro Bobadilla hizo un estudio completo sobre el historial de la causante, con estudio clínico y de campo. El Doctor Sosa solo tuvo a la vista el expediente clínico del Hospital del Valle que contiene la información en el periodo de hospitalización de la señora BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES, o sea información del 4 al 14 de julio del 2014. 5. El DICTAMEN PERICIAL cuenta con suficiente razonamiento lógico, tomando en consideración la razón de ciencia, explicación científica y características de las enfermedades; el OFICIO no, simplemente se limita a expresar que no puede determinar con certeza la pericia que el Juzgado le ordenó hacer. (Respuesta abierta). Otro punto de suma importancia que debe considerar la Corte Suprema de Justicia es la fundamentación de la Corte de Apelaciones cuando afirma: “…LE DA VALIDEZ A LO EXPRESADO POR EL PERITO OFICIAL, EN VIRTUD DE SER SU ESPECIALIDAD LA PSIQUIATRIA, SU EXPERIENCIA PROFESIONAL Y EL QUE EN VIRTUD DE NO SER REMUNERADO POR NINGUNA DE LAS PARTES, SE ESTIMA QUE ES MAS OBJETIVO Y MERECE LA CREDIBILIDAD DEL CASO”. Esta sentencia atenta contra nuestro derecho vigente al desconocer que la ley adjetiva establece con toda claridad que la prueba pericial será propuesta por las partes que podrán optar entre aportar al proceso el dictamen de perito privado que posea los conocimientos correspondientes, o solicitar que se emita dictamen por perito oficial designado por el tribunal[13]. Una afirmación de esa clase desvalora la figura jurídica del perito privado y pone en peligro la seguridad jurídica en materia procesal civil. La INCIDENCIA DE LA RESOLUCION es que se ha dictado sentencia sin motivación suficiente y carente de fundamentación jurídica adecuada para determinar y dejar en claro cuales fueron las reglas de la sana critica, las del conocimiento, el criterio humano y la explicación razonamiento lógico que utilizó el Ad Quem para estimar el recurso, considerar como cierto un dictamen y desestimar al otro (piedra angular del proceso) lo que resulta en MOTIVACIÓN INSUFICIENTE, por lo tanto es imposible para esta representación legal y a cualquier otro ser humano saber los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho en que se basa la convicción del juzgador. La incidencia o agravio resultante de la infracción es la arbitrariedad cometida por el Ad Quem que impide perfeccionar un derecho de defensa. LINEA JURISPRUDENCIA HONDUREÑA. Sentencia 03-2013 dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil. TERCER MOTIVO DE CASACION NORMA DE DERECHO INFRINGIDA. FUNDAMENTO DEL MOTIVO: ES LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 200.2.C) DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL EN RELACION AL ARTÍCULO 207.1 DEL MISMO CÓDIGO. LA CAUSAL RECURSIVA que aplica para denunciar la norma infringida es la contenida en el articulo 719.1.c del Código Procesal Civil que consiste en la forma y contenido de la sentencia, vinculándolo con el articulo 720.2 que establece que sin embargo, y dentro del literal c) del apartado uno del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Código Procesal Civil establece: “Forma del dictamen. 1. Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia. Si no fuese posible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán, asimismo, acompañarse al dictamen los documentos que se estimen adecuados para su más acertada valoración”[14]. Inexplicablemente la Corte de Apelaciones se equivoca en su juzgamiento al dar categoría de Dictamen a un simple oficio firmado por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, presentado por la parte demandada, el cual es determinante para el fallo, ya que la sentencia recurrida en su motivación fáctica y jurídica establece en su numeral CINCO: “La parte demandada aporto medio de prueba pericial a fin de refutar el antes expuesto, dictamen extendido por el doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, medico psiquiátrico del Departamento de Evaluación Mental de Medicina Forense, quien le hizo saber al Juzgador, que para determinar con certeza si al momento proceso de otorgar el testamento de fecha 13 de enero del 2015, la señora BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES, se encontraba incapacitada mentalmente, cabe especificar: …Esta Alzada al estudiar los dos dictámenes, le da validez a lo expresado por el perito oficial, en virtud de ser su especialidad la psiquiatría, su experiencia profesional y el que en virtud de no ser remunerado por ninguna de las partes, se estima que es mas objetivo y merece toda la credibilidad del caso.” Todo ello sin ninguna motivación comparativa sobre el estado de ciencia y experiencia entre los peritos que elaboraron el Dictamen y el Oficio. Analizado el OFICIO OF-EM-200-2016-CRMF firmado por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA de fecha 11/03/16, dirigida al Juez de Letras Civil Sección Judicial, el cual dice literalmente: “… San pedro Sula, Cortés, 11 de marzo de 2016.- ABOGADO JOSE DANIEL AMAYA ALVAREZ.- JUZGADO DE LETRAS CIVIL SECCION JUDICIAL –SU OFICINA.- Estimado Abogado: Paso a comunicarle que recibí expediente clínico de la señora BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES (Q.D.D.G.) , esto a solicitud de esta unidad mediante oficio OF-EM-095-2016-CRMF, para dar respuesta a lo solicitado por su persona: “si es posible determinar con certeza si al momento preciso de otorgar testamento de fecha 13 de enero del 2015, la señora BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES (Q.D.D.G.) SE ENCONTRABA INCAPACITADA MENTALEMTNE” al hacer una revisión de éste, no se encuentra ninguna valoración psiquiatrita ni por psicología; en el tiempo especifico que usted determina (13 de enero de 2015), no encuentro documentación médica que justifique su valoración, por lo que, lo que usted solicita, no se puede determinar (determinar con certeza su capacidad mental), con la documentación enviada. Sin mas por el momento y agradeciendo su fina atención. Atentamente F.S. DR. ALFREDO LEONARDO SOSA Jefe Depto. Evaluación Mental Medicina Forense” Como puede apreciarse lo que presenta el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, no es ningún informe pericial ya que carece de los requisitos legales para ser considerado como tal[15], ya que no se encuentra acompañado de ningún documento, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia como tampoco cuenta con la aportación de indicaciones suficientes para sustentar una opinión profesional. Por lo tanto revisada el contenido de la sentencia esta se encuentra insuficiente motivada de manera fáctica por documentos que no existen (el mal llamado dictamen pericial del doctor Alfredo Leonardo Sosa, propuesto por la parte demandada) por lo cual la motivación es irracional y carente de lógica, siendo este error determinante de un sentido diferente al fallo, ya que la única prueba científica en el juicio es la que presentada por la parte demandante, consistente en un verdadero dictamen pericial, realizado por el Doctor DENNIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA. Esto más, el Dictamen Pericial del Doctor Castro Bobadilla es acorde con lo apuntado en el acta de emplazamiento que realizara el Receptor del Despacho, quien actuando como fedatario judicial, deja constancia de la imposibilidad de la señora BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES en comunicarse eficazmente. De no haberse cometido el error de confundir un simple oficio[16] como si se tratare de un dictamen pericial, el Ad Quem hubiese valorado adecuadamente los hechos con las pruebas presentadas, confirmando el fallo del A Quo. La INCIDENCIA DE LA RESOLUCION es que se ha dictado sentencia sin motivación suficiente y carente de fundamentación jurídica adecuada para determinar y dejar en claro cuales fueron las reglas de la sana critica, las del conocimiento, el criterio humano y la explicación razonamiento lógico que utilizó el Ad Quem para estimar el recurso, lo que resulta en MOTIVACIÓN INSUFICIENTE, por lo tanto es imposible para esta representación legal y a cualquier otro ser humano saber los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho en que se basa la convicción del juzgador . La incidencia o agravio resultante de la infracción es la arbitrariedad cometida por el Ad Quem que impide un derecho de defensa en motivar porque considera que el OFICIO OF-EM-200-2016-CRMF firmado por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA de fecha 11/03/16, dirigida al Juez de Letras Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, es un Dictamen Pericial, ya que de haberse interpretado según lo que es, un Oficio, su alcance y el fallo hubiese sido confirmando la sentencia dictada que fuera revocada. LINEA JURISPRUDENCIA HONDUREÑA. Sentencia 03-2013 dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil. CUARTO MOTIVO DE CASACION NORMA DE DERECHO INFRINGIDA. FUNDAMENTO DEL MOTIVO: ES LA APLICACIÓN INDEBIDA del articulo 986 del Código Civil que dice: “Artículo º 986 No son hábiles para testar: 1.- El impúber. 2.- El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. 3.- El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa. 4.- Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente. LA CAUSAL RECURSIVA que aplica para denunciar la norma infringida es la contenida en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil que establece que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio EXPLICACION DEL MOTIVO: El presente motivo se explica de la siguiente manera: La Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, en la motivación jurídica de la sentencia que hoy se impetra, en su escasa y carencia de claridad revoca la sentencia dictada en Primera instancia, aplicando indebidamente el articulo 986 del Código Civil, el cual trata sobre las inhabilidades para testar, siendo estas No son hábiles para testar: 1.- El impúber (la causante era mayor de edad) 2.- El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia (la causante no se encontraba en demencia) . 3.- El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa (la causante no estaba bajo estimulo externo de ninguna clase, tenia un derrame). 4.- Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente (se refiere a los sordo-mudos). Siendo que el debate es que la causante no podía testar por la afección cognoscitiva que le ocasionara un derrame cerebral, estas disposiciones legales no le son aplicables, por lo tanto se valoraron circunstancias que no eran objeto del proceso. La incidencia es que se ha revocado una sentencia aplicando disposiciones legales que no aplican al caso controvertido, volviendo nula la misma[17]. La INCIDENCIA DE LA RESOLUCION es que se ha dictado sentencia haciendo aplicación indebida de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, contenida en el articulo 986 del Código Civil, misma que al ser aplicada da una figura jurídica improcedente en el juicio que nos ocupa, ya que nadie ha alegado inhabilidad de la causante. La incidencia o agravio resultante de la infracción es la arbitrariedad cometida por el Ad Quem que impide perfeccionar un derecho de defensa. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA En acatamiento a los dispuesto en el artículo 721.3 del Código Procesal Civil, esta representación se pronuncia que es fundamental la celebración de la audiencia para una mejor resolución del presente recurso de casación.”
SEPTIMO: Que el abogado SANTIAGO HUMBERTO VASQUEZ DOMINGUEZ plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: "SOBRE LOS INFUNDADOS MOTIVOS DE CASACION INVOCADOS POR LA PARTE RECURRENTE. La parte recurrente alega aparentemente cuatro motivos de casación: En el primero invocando una supuesta inobservancia del Articulo 200.2 letra C, (es decir una supuesta ausencia de fundamentación jurídica en la sentencia recurrida) con relación al artículo 207.1 del Código Procesal Civil por parte del Tribunal de Segunda Instancia a la hora de dictar sentencia, incurriendo según el impetrante en motivación insuficiente. Sin embargo cuando se examina la desprolija argumentación de este motivo se constata con claridad que lo que ilegalmente pretende el infundado recurrente es una nueva valoración de la prueba lo que está prohibido por la norma procesal de orden público. En el Segundo invocando una supuesta inobservancia del Articulo 200.2 letra C, (es decir una supuesta ausencia de fundamentación jurídica en la sentencia recurrida) con relación al artículo 207.1 del Código Procesal Civil por parte del Tribunal de Segunda Instancia a la hora de dictar sentencia, incurriendo según el impetrante en motivación insuficiente. Sin embargo cuando se examina la desprolija argumentación de este motivo se constata con claridad que lo que ilegalmente pretende el infundado recurrente es una nueva valoración de la prueba lo que está prohibido por la norma procesal de orden público. En el tercero Invocando una supuesta inobservancia del articulo 200.2 letra C, (es decir una supuesta ausencia de fundamentación jurídica en la sentencia recurrida) con relación al artículo 207.1 y 720.2 del Código Procesal Civil (que se refiere a racionalidad y logicidad del fallo o conclusión a partir de una incólume valoración de la prueba) por parte del Tribunal de Segunda Instancia a la hora de dictar sentencia. Sin embargo cuando se examina la desprolija argumentación de este motivo se constata con claridad que lo que ilegalmente pretende el infundado recurrente es una nueva valoración de la prueba lo que está prohibido por la norma procesal de orden público. En el cuarto y último motivo, invoca que el Honorable Tribunal de Apelación no debió aplicar como norma sustantiva el artículo 986 del Código Civil que se refiere a las inhabilidades para otorgar un testamento, sin embargo no argumenta cuál es entonces la norma infringida y cual debió aplicarse, careciendo así de causa de pedir este supuesto motivo de casación, lo que lo vuelve inadmisible e improcedente de conformidad con la norma procesal de orden público. Eximia Corte Suprema de Justicia basta leer la sentencia del Tribunal de Apelación para apreciar que la misma reúne todos los requisitos externos así como los internos de acuerdo a la norma procesal, por lo tanto se rechazan los infundados supuestos motivos de casación del impetrante. Al iniciar esta rúbrica dijimos que el recurrente en apariencia alega cuatro motivos de casación, pero en realidad examinando el escrito de casación y el resumen de tales motivos fácilmente podemos apreciar que solo son dos: 1) Una supuesta inobservancia del articulo 200.2 letra C por ausencia de fundamentación jurídica en la sentencia recurrida con relación al artículo 207.1 del Código Procesal Civil por parte del Tribunal de Segunda Instancia a la hora de dictar sentencia, incurriendo según el recurrente en motivación insuficiente. En dicho motivo la parte recurrente apartándose de la rúbrica del mismo e incurriendo en un manifiesto error de derecho pretende que se revisen los hechos, la interpretación y la incólume valoración de la prueba, lo cual está prohibido por normas de orden público, y es causal de inadmisión del extraordinario recurso de casación. 2) Que no se debió aplicar el artículo 986 del Código Civil que se refiere a las inhabilidades para otorgar un testamento. El examinar el infundado motivo es evidente que el mismo carece de una causa de pedir, se limita a exponer de manera incoherente y desatinada que esta disposición de derecho sustantivo no es aplicable a este proceso para resolver sobre el fondo del asunto, (sin justificar cual es la norma infringida y aplicable entonces); argumento que como se dijo antes resulta un imposible por cuanto la norma material que regula quienes son inhábiles para testar es precisamente el artículo 986 del Código Civil (vinculado con el 1551 del mismo estatuto legal que se refiere a las incapacidades absolutas y relativas), De lo anterior se desprende que también por esta causal desacertadamente invocada, este recurso de casación debe ser inadmitido por incumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos en Código Procesal Civil para su interposición y formalización puesto que no indica cual sería la norma aplicable infringida del Código Civil (solo se limita a decir que no se debe aplicar el artículo 986 del mismo Código) y por ende tampoco puede afirmarse que precisa cual sería la supuesta incidencia en sentido de la resolución, puesto que en cuanto a ese punto el recurrente solo se limita a decir que hubo arbitrariedad por el Tribunal de Apelación sin cuestionar la interpretación que de dicha norma hace el mismo y sin argumentar cual sería la norma infringida y aplicable en lugar del artículo 986 del Código Civil; asimismo este infundado motivo también denota una falta de relación de las normas de derecho citadas como infringidas con las cuestiones debatidas. Así las cosas este motivo deberá ser inadmitido de conformidad a los artículos 723 2 letra a) con relación al 721.2 del Código Procesal Civil. CAUSAS DE INADMISION DEL RECURSO DE CASACION 1) PRETENSION DE QUE SE REVISE LA INTERPRETACION Y VALORACION DE LAS PRUEBAS. Al examinar los primeros tres supuestos motivos del escrito de recurso de casación podemos apreciar eximio Tribunal de Casación que el infundado recurrente en puridad lo que pretende manifiestamente un examen de la interpretación y valoración de la prueba, lo que es violatorio del articulo 723.2 a) del Código Procesal Civil que establece dicha prohibición como motivo de inadmisión. Lo anterior también se puede constatar con la simple lectura de otros acápites de dicho escrito de interposición de este recurso y que anteceden a la exposición de los infundados motivos de casación, tales acápites son o se titulan “antecedentes, derecho a tutelar, motivación fáctica y jurídica que induce a la parte dispositiva de la sentencia recurrida” los cuales se impugnan y rechazan por intranscendentes y violatorios de la técnica casacional, de la forma que debe tener escrito de interposición y formalización del recurso de casación la cual viene dada por el articulo 721 del Código Procesal Civil lo cual constituye otra causal de inadmisión de este recurso y así pedimos sea declarado a Vos Honorable Tribunal de casación. Retomando el contenido desarrollado por el infundado recurrente en los acápites epigrafíados o nominados motivos de casación (los tres primeros motivos). Se puede apreciar de acuerdo a la desprolija argumentación desarrollada por el infundado recurrente en todos estos apartados, que lo que hace son alegatos de instancia, y que lo que cuestiona en realidad es la interpretación y valoración de las pruebas, pretendiendo un nuevo examen de interpretación y valoración de las mismas lo cual no es admisible en el marco del extraordinario recurso de casación y, así pedimos sea declarado por este eximio Tribunal de casación. Sabemos que la interpretación de la prueba consiste en el resultado que se desprende de la misma (verbigracia a que conclusión llega un perito, que es lo que realmente dice un documento, fijar lo que el testigo afirma); y la valoración de la prueba significa que el Juzgador a partir del resultado atribuye el valor concreto a la prueba para tener por demostrado un hecho con certeza, lo que comporta una decisión sobre su credibilidad, se trata de decidir por ejemplo si el perito es creíble y sus razonamientos están apoyados en la lógica (esto lo explica el Profesor de Derecho Procesal JUAN MONTERO AROCA en su obra La Prueba en el Proceso Civil, Tercera Edición, Editorial Civitas páginas 417 y 418) Dicha función de volver a interpretar y valorar la prueba no es posible en la casación por cuanto es una función jurisdiccional que solo es dable o posible en la instancia: primera y segunda; mas no en el extraordinario recurso de casación esto con asidero en los artículos 720.1 y 723.2 letra a) del Código Procesal Civil. Por cuanto siendo esta la pretensión del infundado recurrente se vuelve inadmisible e improcedente su recurso y, así pedimos sea declarado al Honorable Tribunal de casación. En concreto el infundado recurrente en forma ilegal pretende revisar la interpretación y valoración de la prueba argumentando: En el motivo denominado primero (ver página 15 resaltando en negrillas el escrito de interposición de este recurso) cuestiona o ataca que el Honorable Tribunal de Segunda Instancia le haya dado más credibilidad al perito oficial que al privado, en virtud de que el oficial es un especialista de la psiquiatría, especialidad medica requerida para este caso en concreto, con más experiencia en su área médica, y que por no ser pagado por las partes, el Tribunal de Apelación lo considero más objetivo y le mereció mayor credibilidad del caso. El recurrente le reprocha esta interpretación y valoración de la prueba pericial a la Segunda Instancia pretendiendo por ende una distinta en el recurso de casación como si se tratase de una tercera instancia lo que sin duda no lo permite la norma procesal que es de orden público. En el Denominado motivo segundo (ver página 16 a la 22 del escrito de interposición de este recurso) vuelve a cuestionar la interpretación y valoración que de la prueba pericial hace el Tribunal de Apelación haciendo alegatos de instancia criticando inútil e infructuosamente el hecho de que dicho Tribunal le dio mayor credibilidad al perito oficial que al privado teniendo en cuenta de que el perito oficial es un especialista de la psiquiatría, especialidad médica requerida para este caso en concreto ( dictaminar sobre el sano juicio de una persona), con más experiencia en su área, y que por no ser pagado por las partes el Tribunal de Apelación lo considero más objetivo y le mereció mayor credibilidad del caso. Como si esta fuese una tercera instancia cuestiona extemporánea e infundadamente la forma del dictamen pericial oficial que está basado en los mismos expedientes clínicos que se basó el privado tal y como consta en el acta judicial de entrega de documentos de fecha 29 de febrero del 2016 (folio 488) llevada a cabo dicha entrega por orden del Juez de la causa mediante auto de fecha 15 de febrero del 2016 (folio 476); que la pericia oficial es una prueba que no fue objetada ni impugnada por la contraparte en el momento procesal oportuno, es decir en la audiencia preliminar y fue evacuada sin ninguna objeción en la audiencia probatoria de fecha 05 de abril del 2016, bajo la fórmula “por evacuado el dictamen de perito oficial también propuesto por la parte demandada y presentado dicho informe en fecha 11 de marzo del 2016, (folio 519 vuelto) por el Juez de Primera Instancia; referente a la prueba de pericia oficial de nuestros representados se pronunció inclusive la Honorable Sala de lo Constitucional del más Alto Tribunal de Justicia de la Republica conociendo en consulta por un amparo de la contraparte denegado mediante sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula por tratarse de asuntos de mera legalidad que debió alegarse en el momento procesal oportuno, confirmando dicha Sala de lo Constitucional tal resolución mediante sentencia de fecha 05 de agosto del 2016 (expediente A.C.C 268-2016 05 de agosto del 2016, anexo certificación). Como puede verse todos estos son alegatos de instancia través de los cuales el impetrante de forma errónea pretende una nueva valoración de la prueba lo cual es prohibido por la norma procesal de orden público, volviéndose inadmisible este supuesto motivo y así pedimos sea declarado por este Alto Tribunal de Casación. En el denominado motivo tercero (ver páginas 23 a la 26) insiste en cuestionar y atacar la interpretación y valoración que de la prueba pericial hace el tribunal de Segunda Instancia lo cual está vedado para el extraordinario recurso de casación. Vuelve el recurrente en forma cansina a referirse a que porque el Tribunal de Apelación le dio más credibilidad al perito oficial que al privado, en virtud de que el oficial es un especialista de la psiquiatría, especialidad médica requerida para este caso en concreto, con más experiencia en su área, y que por no ser pagado por las partes el Tribunal de Apelación lo considero más objetivo y le mereció mayor credibilidad del caso, y como si esta fuese una tercera instancia cuestiona de manera intrascendente, infundada y extemporánea la forma del dictamen pericial oficial una prueba basada en los mismos documentos que la del privado, prueba pericial oficial que no fue objetada ni impugnada en el momento procesal oportuno y que se evacuo por el Juzgador de primera instancia en la audiencia probatoria sin ningún cuestionamiento legal de la parte contraria tal y como consta en autos, y así fue explicado por esta representación en el párrafo anterior. Visto lo anterior vemos como el recurrente ha realizado o convertido su escrito de interposición de casación en un alegato de instancia (como si la casación fuese una tercera instancia) pretendiendo encubrir o revestir con otros títulos o nomenclaturas sus motivos de casación, sin embargo en puridad la conducta del impugnante se trata de una manifiesta pretensión de volver a interpretar y valorar la prueba lo cual constituye un desacierto jurídico y está vedado o prohibido por la norma procesal y es causal de inadmisión de este recurso y, así pedimos sea decretado por este Alto Tribunal de casación. Es necesario expresar que de acuerdo con la norma procesal (artículo 720.2 del CPC) lo que tuvo que hacer el recurrente en este supuesto motivo es argumentar y acreditar incoherencia o discordancia lógica e irracional entre el incólume resultado de la interpretación y valoración de la prueba llevada a cabo por el Tribunal de Apelación y la conclusión a la que este llega, es decir, si es o no adecuada la solución jurídica dada por dicho órgano de decisión al caso concreto; o expuesto de otra manera si la conclusión del Tribunal de Segunda Instancia plasmada en la parte dispositiva de su sentencia es un consecuencia lógica y concordante con el resultado de la interpretación y valoración de la prueba llevada a cabo por el Tribunal de Apelación. Ahora bien es natural que el recurrente no ataque la logicidad y razonabilidad del iter lógico seguido por el Tribunal de Segunda Instancia a partir del resultado de la apreciación de la prueba para arribar a sus conclusiones resolutivas puesto que la solución jurídica dada es abrumadoramente acertada, lógica y razonable. Así las cosas es absolutamente claro que el recurrente con su escrito de interposición del recurso casación pretende una nueva interpretación y valoración de la prueba como si se tratara de una tercera instancia el recurso extraordinario de casación lo cual no corresponde con la regulación procesal de la casación, violenta normas de orden público y es causal de inadmisión del mismo como antes se ha dicho, y así pedimos a este Eximio Tribunal de Casación sea declarado inadmisible este recurso de casación conforme los artículos 720.1 y 723 2.a) del Código Procesal Civil. 2) FALTA DE RELACION DE LAS NORMAS DE DERECHO CITADAS COMO INFRINGIDAS CON LAS CUESTIONES DEBATIDAS Y FALTA DE FUNDAMENTACION. El Honorable Tribunal de casación al examinar el supuesto motivo de casación denominando según el recurrente “cuarto motivo de casación, norma de derecho infringida, fundamento del motivo, ES LA APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 986 del Código Civil” argumentando el recurrente que esta normativa no es aplicable por no subsumirse este caso en dicha norma puesto que no ha alegado la inhabilidad para testar; sin embargo el recurrente no cumple con su obligación de causalidad jurídica es decir no indicar en que norma del Código Civil se debe encuadrar este caso lo cual constituye una preparación defectuosa del recurso que acarrea inadmisión de la casación conforme al artículo 723.2 letra a). El Eximio Tribunal de Casación constatara que el recurrente no hace una debida relación de esta norma de derecho de sustantivo con la cuestión debatida en el proceso que consistió en que la parte opositora asumió la carga de probar con certeza que la causante de un testamento solemne abierto estaba incapacitada legalmente por no estar en su sano juicio para hacerlo al justo momento de su otorgamiento que fue el 13 de enero del 2015, de manera tal que este motivo carece de causa de pedir. Esta falta de relación y de causa de pedir hacen inadmisible este recurso conforme el artículo 723. 2 letra a) y, así pedimos sea decretado. Por otro lado hay que destacar que el recurrente ha fijado como motivo de casación la no aplicabilidad del articulo 986 (de las inhabilidades para testar) del Código Civil al caso concreto, pero sin decir cuál es la norma sustantiva aplicable en lugar de esta, lo cual también constituye otra causal de inadmisión de esta casación por falta de indicación y argumentación del derecho sustantivo aplicable al caso; o bien una falta de fundamentación legal del recurso violando el artículo 721.2 del Código Procesal Civil lo cual también implica inadmisión; además de seguir incurriendo en falta de relación de las normas citadas como infringidas con las cuestiones debatidas lo cual también es causal de inadmisión de este recurso conforme al artículo 723.2 letra a) del Código Procesal Civil, y, así pedimos al Honorable Tribunal de Casación sea decretado. SE IMPUGNAN O RECHAZAN POR INEXISTENTES LOS MOTIVOS DE CASACION DEL RECURRENTE. DE LA INEXISTENCIA DEL PRIMER MOTIVO: Este primer motivo consiste en una supuesta inobservancia del Articulo 200.2 letra C, (es decir una supuesta ausencia de fundamentación jurídica en la sentencia recurrida) con relación al artículo 207.1 del Código Procesal Civil por parte del Tribunal de Segunda Instancia a la hora de dictar sentencia, incurriendo según el recurrente en motivación insuficiente. Lo anterior no es cierto veamos por qué: Este primer motivo es inadmisible como antes se expuso, puesto que lo que pretende el infundado recurrente en casación es una revisión del factum probatorio, de la incólume valoración de la prueba, lo cual está vedado por la norma procesal; en el mismo en forma desprolija y desacertada el infundado recurrente dice que la sentencia objeto de esta casación tiene una motivación insuficiente, que no ofrece las razones y fundamentos legales del fallo, se dedica a cuestionar la valoración de la prueba que hace el Tribunal de Segunda Instancia haciendo una transcripción parcial o a su conveniencia de la misma así: “esta alzada al estudiar los dos dictámenes le da validez a lo expresado por el perito oficial, en virtud de ser su especialidad la psiquiatría, su experiencia profesional, y el que en virtud de no ser remunerado por ninguna de las partes , se estima que es más objetivo y merece la credibilidad del caso” lo anterior Honorable Tribunal de Casación naturalmente significa que el recurrente reconoce la existencia de dicha motivación fáctica y jurídica de la sentencia, lo que tiene que decir también la parte recurrente y no lo hace es simplemente que la misma no se adapta a sus intereses y por eso no le gusta, NOTE el Honorable Tribunal de casación que la parte recurrente no tilda de falsa o aparente la motivación del Tribunal A Quo, ; también podemos apreciar en puridad como el infundado recurrente pretende contra la ley una nueva valoración de la prueba como si esta fuese una tercera instancia lo cual no procede dada la naturaleza extraordinaria del recurso de casación. El infundado recurrente también acepta que la sentencia que cuestiona tiene en efecto una fundamentación legal al citar los artículos 1555 que establece la presunción legal de que todas las personas son legalmente capaces y que son absolutamente incapaces los dementes, impúberes, y sordomudos que no puedan darse a entender por escrito y finalmente indica quienes son relativamente incapaces, 980 que define lo que es un testamento, omitiendo de mala fe el recurrente referirse al artículo 986 como parte de dicha fundamentación legal de acuerdo al contenido de la sentencia, dicho artículo establece las inhabilidades para testar no estando comprendida la causante en ninguna de ellas tal como lo ha dejado sentado con precisión y contundencia el Tribunal de alzada) todos del Código Civil; 315 que habla de la procedencia de la prueba pericial, 318 que se refieren a la aportación de dictámenes privados, omitiendo de mala fe el recurrente referirse o citar como parte de la fundamentación jurídica de la sentencia a los artículos 238 numerales 1 y 3 que regulan la carga y distribución de la prueba que engloban las consecuencias jurídicas de la falta o insuficiencia de prueba que consiste en la desestimación de las pretensiones del actor tal y como lo ha establecido con contundencia en la motivación fáctica de la sentencia La Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula. Por lo antes expuesto resulta infundado e improcedente este falso motivo de casación y para reafirmar esta circunstancia cabe agregar lo siguiente: de la simple lectura de la sentencia del Tribunal de segunda instancia es evidente que la misma contiene una amplia y suficiente expresión de la fundamentación jurídica y de las cuestiones controvertidas que inicia con una síntesis de la expresión de agravios y contestación a los mismos De conformidad con el artículo 207 del Código Procesal Civil se puede apreciar como el Honorable Tribunal de Apelación en la sentencia recurrida específicamente en el numeral cuarto del apartado titulado “motivación fáctica y jurídica” expresa con una motivación fundada la normativa aplicable a este caso concreto haciendo una relación y explicación de dicha normativa estableciendo lo siguiente: que de conformidad al artículo 1555 del Código Civil toda persona es legalmente capaz (preeminencia de la capacidad legal de las personas), indicando quienes son incapaces absolutos(dementes, impúberes y sordomudos que no puedan darse a entender por escrito) y los incapaces relativos (menores adultos y los que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo, por sentencia ejecutoriada). A su vez el artículo 980 del citado Código nos define lo que es un testamento y el artículo 986 el mismo Código Civil señala las cuatro causas por las cuales una persona es inhábil para testar (impúber, el que se hallare en interdicción por causa de demencia, el que no estuviese en su sano juicio por ebriedad u otra causa al momento de disponer de sus bienes, y el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente) estas causas para poderlas estimar deben ser acreditadas con medios de prueba idóneos, adecuados para ello. Para poder establecer con certeza estas causas, con excepción el de ser impúber, es necesario tal y como expresa el apelante, la existencia de una sentencia firme que establezca que el otorgante del testamento es un incapaz, o por un perito con conocimientos específicos en la rama de la psiquiatría, que determine la incapacidad del testador al momento que se realice el acto de testar. La prueba a proponer debe ser relacionada con el objeto del proceso y encaminada el conocimiento de los hechos, convenciendo al Juzgador de la exactitud, de la certeza de los datos alegados. El artículo 315 del CPC nos señala que la pericia es procedente cuando, para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o para adquirir certeza sobre ello, se requieren conocimientos científicos, artísticos, técnicos, tecnológicos, prácticos u otros análogos, en virtud de carecer el Juzgador de ellos. El conocimiento científico se adquiere a través del estudio de una rama especifica del conocimiento humano, como por ejemplo un médico, quienes podrán ser peritos para ayudar al Juez a dictar una resolución acertada; no puede obviarse que la rama de la medicina tiene especialidades, expertos en materias determinadas, hecho este que deber ser considerado por el Juzgador al emitir su fallo. Las conclusiones que brinde el dictamen pericial, deben conducir al Juez a valorar los hechos alegados por las partes y a adquirir certeza de los mismos, entendiéndose certeza como ausencia total de duda. Debe analizarse además a quien le corresponde la carga de la prueba, disponiendo el artículo 238 del Código Procesal Civil las reglas a seguir para su distribución, preceptuando en sus numerales 1 y 3: “ corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención” … cuando al momento de dictar sentencia o resolución definitiva, el Tribunal considerase dudosos los hechos relevantes para su decisión desestimara las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos y otros la carga de probar los hechos que fundamentando sus pretensiones permanezcan inciertos. Asimismo en lo concerniente a la motivación fáctica el Honorable Tribunal A Quo realiza una valoración motivada de la prueba conforme a las reglas de la lógica, la razón y las máximas de la experiencia. En este apartado el Órgano Jurisdiccional de Apelación desarrolla un proceso de inferencia o razonamiento inductivo (silogismo lógico procesal) valorando como prueba relevante para su decisión los dictámenes periciales contradictorios aportados por las partes (prueba científica), tanto el de la parte demandante opositora que fue un peritaje privado (admitido ilícitamente por extemporáneo tal y como fue objetado a lo largo del proceso) y el de la parte demandada (nuestros representados) un peritaje oficial a cargo del Jefe de Psiquiatría forense de Ministerio Publico de San Pedro Sula, que es un tercero imparcial para los efectos del proceso (que nunca fue objetado ni impugnado a lo largo del proceso por lo que cualquier argumento al respecto está de más por extemporáneo e improcedente) concediéndole el Tribunal de Apelación credibilidad al perito oficial por las siguientes razones (transcripción literal de la valoración hecha en la sentencia por el Tribunal de Segunda Instancia): El peritaje privado lo realizo el Doctor DENIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA, medico con especialidad en medicina forense cuyo dictamen está basado en el Historial médico de la Señora GOMEZ PAREDES en el Hospital del Valle así como en el expediente médico de la misma en el centro médico TELETON, concluyo que la Señora no contaba con comunicación verbal después de la fecha de ingreso al Hospital (04 de julio del 2014) presentando una disminución del grado de conciencia y de su estado funcional con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo impedían su participación plena y efectiva en la sociedad , provocando una incapacidad de entender o superar barreras o bien de gobernarse asimismo. Continua su valoración el Tribunal Aquo, diciendo que la parte demandada aporto medio de prueba pericial a fin de refutar lo antes expuesto, dictamen extendido por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, medico psiquiátrico del Departamento de Evaluación Mental del Departamento de Medicina Forense quien le hizo saber al Juzgador , que para determinar con certeza si al momento preciso de otorgar el testamento de fecha 13 de enero del 2015, la Señora BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES se encontraba incapacitada mentalmente, cabe especificar: que el estado mental de las personas puede fluctuar y que el examen mental para determinar las funciones cognitivas de la causante tales como la conciencia, la atención, la memoria, la orientación, la sensopercepcion, la conducta motora, el pensamiento al afecto, la auto comprensión y el juicio, se realiza a personas vivas, ya que para cada una de ellas hay pruebas específicas; es necesario copia de expedientes clínicos de médicos tratantes, siendo imprescindible el del médico psiquiatra que la evaluó, ya que es esta especialidad la única que puede establecer la capacidad mental de un individuo. Dicho expediente debe tener examen mental detallado en las diferentes visitas, y no de no existir dicho expediente no se puede determinar la capacidad mental de la causante al momento de testar. Esta alzada al estudiar los dos dictámenes le da validez a lo expresado por el perito oficial, en virtud de ser su especialidad la psiquiatría, su experiencia profesional y el que en virtud de no ser remunerado por ninguna de las partes, se estima es más objetivo y merece toda la credibilidad. Luego sigue explicando el eximio Tribunal de Apelación que la prueba allegada al proceso por la parte demandante, no fue suficiente ni la idónea para acreditar su pretensión, por cuanto no se pudo establecer con la misma, la certeza que al momento de emitir su testamento, la Señora BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES estaba incapacitada mentalmente para ello. Si bien es cierto el Doctor DENIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA es un médico forense de renombre y de experiencia, su especialidad no es la psiquiatría, no evaluó en vida a la Señora GOMEZ PAREDES, ni en la fecha en que ella testo, ni le realizo pruebas específicas para determinar las funciones cognitivas de la causante tales como la conciencia, la atención, la memoria, la orientación, la sensopercepcion, la conducta motora, el pensamiento, al afecto, la auto comprensión y el juicio. La demás prueba aportada por la parte actora no es tampoco determinante, ya que para establecer la capacidad o incapacidad de una persona debe contarse con conocimientos especiales. Conforme a lo dispuesto en nuestra normativa procesal, si el Tribunal considera dudosos los hechos relevantes para su decisión, desestimara las pretensiones del actor cuando le corresponda la carga de la prueba; en el presente caso no hay certeza de la incapacidad de la causante BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES al momento que testo. En virtud de lo antes expuesto eximio Tribunal de Casación está claro que la sentencia del Tribunal de Apelación explica las justificaciones jurídicas y probatorias de su sentencia, ofreciendo así una motivación suficiente, resultando la parte dispositiva de la misma ( declaración a lugar del recurso de apelación, sin lugar la demanda de oposición a una solicitud de herencia testamentaria interpuesta por mis representados) una consecuencia jurídica necesaria, absolutamente lógica y razonable con base en el resultado de la apreciación de la prueba y la norma aplicable al caso concreto, es decir eximio Tribunal en Derecho no cabía otra solución. Así las cosas Honorable Tribunal de Casación este infundado primer motivo de casación también deberán ser desestimado. DE LA INEXISTENCIA DEL SEGUNDO MOTIVO: Este segundo motivo (nótese eximio Tribunal que es el mismo o una repetición del primero) consiste en una supuesta inobservancia del Articulo 200.2 letra C, (es decir una supuesta ausencia de fundamentación jurídica en la sentencia recurrida) con relación al artículo 207.1 del Código Procesal Civil por parte del Tribunal de Segunda Instancia a la hora de dictar sentencia, incurriendo según el recurrente en motivación insuficiente. Lo anterior no es cierto veamos por qué: Este segundo motivo es inadmisible como antes de expuso, puesto que lo que pretende el infundado recurrente en casación es una revisión del factum probatorio lo cual está vedado por la norma procesal; es evidente la ilegal pretensión de revisar la valoración de la prueba en este extraordinario recurso de casación por parte del recurrente cuando este en el acápite denominado “explicación del motivo” dice lo siguiente: valoración del dictamen pericial. El Juzgado o Tribunal (de Apelación) valorara los dictámenes periciales de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas del sana critica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que ellos concurran y, en su caso las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre esta se hubieren practicado. Lo antes transcrito del escrito de casación del infundado recurrente es una clara causal de inadmisión de inadmisión de conformidad con el articulo 723 2. Letra a) del CPC, puesto que al cuestionar la intangible valoración probatoria hecha por la eximia Corte de Apelaciones de lo Civil pretende una nueva valoración del prueba como si el extraordinario recurso de casación fuera una tercera instancia; omite o pretende desconocer el recurrente que el proceso civil hondureño solo tiene dos instancias y que el Código Procesal Civil en su artículo 720 bajo la rúbrica de “exclusión de la revisión probatoria” prohíbe toda posibilidad de revisión probatoria en casación. Sin perjuicio de la improcedencia legal de este motivo, y tal y como lo plasmo esta representación en el acápite anterior de este escrito al rechazar por inexistente el primer motivo, reiteramos y hacemos mención de como el honorable Tribunal de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, en efecto hace una valoración correcta y motivada de la prueba pericial de la manera: El peritaje privado lo realizo el Doctor DENIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA, medico con especialidad en medicina forense cuyo dictamen está basado en el Historial médico de la Señora GOMEZ PAREDES en el Hospital del Valle así como en el expediente médico de la misma en el centro médico TELETON, concluyo que la Señora no contaba con comunicación verbal después de la fecha de ingreso al Hospital ( fecha de egreso:04 de julio del 2014) presentando una disminución del grado de conciencia y de su estado funcional con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo impedían su participación plena y efectiva en la sociedad , provocando una incapacidad de entender o superar barreras o bien de gobernarse asimismo. Continua su valoración el Tribunal de Apelación exteriorizando o explicando que la parte demandada aporto medio de prueba pericial a fin de refutar lo antes expuesto, dictamen extendido por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, medico psiquiátrico del Departamento de Evaluación Mental del Departamento de Medicina Forense quien le hizo saber al Juzgador, que para determinar con certeza si al momento preciso de otorgar el testamento de fecha 13 de enero del 2015, la Señora BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES se encontraba incapacitada mentalmente, cabe especificar: que el estado mental de las personas puede fluctuar y que el examen mental para determinar las funciones cognitivas de la causante tales como la conciencia, la atención, la memoria, la orientación, la sensopercepcion, la conducta motora, el pensamiento al afecto, la auto comprensión y el juicio, se realiza a personas vivas, ya que para cada una de ellas hay pruebas específicas; es necesario copia de expedientes clínicos de médicos tratantes, siendo imprescindible el del médico psiquiatra que la evaluó, ya que es esta especialidad la única que puede establecer la capacidad mental de un individuo. Dicho expediente debe tener examen mental detallado en las diferentes visitas, y no de no existir dicho expediente no se puede determinar la capacidad mental de la causante al momento de testar. Esta alzada al estudiar los dos dictámenes le da validez a lo expresado por el perito oficial, en virtud de ser su especialidad la psiquiatría, su experiencia profesional y el que en virtud de no ser remunerado por ninguna de las partes, se estima es más objetivo y merece toda la credibilidad. Luego sigue explicando el eximio Tribunal de Apelación que la prueba allegada al proceso por la parte demandante, no fue suficiente ni la idónea para acreditar su pretensión, por cuanto no se pudo establecer con la misma, la certeza que al momento de emitir su testamento, la Señora BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES estaba incapacitada mentalmente para ello. Si bien es cierto el Doctor DENIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA es un médico forense de renombre y de experiencia, su especialidad no es la psiquiatría, no evaluó en vida a la Señora GOMEZ PAREDES, ni en la fecha en que ella testo, ni le realizo pruebas específicas, para determinar las funciones cognitivas de la causante tales como la conciencia, la atención, la memoria, la orientación, la sensopercepcion, la conducta motora, el pensamiento, al afecto, la auto comprensión y el juicio. La demás prueba aportada por la parte actora no es tampoco determinante, ya que para establecer la capacidad o incapacidad de una persona debe contarse con conocimientos especiales. Conforme a lo dispuesto en nuestra normativa procesal, si el Tribunal considera dudosos los hechos relevantes para su decisión, desestimara las pretensiones del actor cuando le corresponda la carga de la prueba; en el presente caso no hay certeza de la incapacidad de la causante BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES al momento que testo. Todo lo antes dicho por el Tribunal A Quo, evidencia: Valoración de tales dictámenes, ponderación de los mismos teniendo en cuenta que el perito privado nunca evaluó en vida a la causante, que nunca le practico ningún examen o test con rigor científico para determinar si esta había perdido o no su sano juicio, que en los documentos en los cuales se basaron los dictámenes no hay ninguna evaluación psiquiátrica que certifique que la otorgante había perdido su sano juicio por lo que las conclusiones del perito privado son absurdas científicamente hablando; Que tal valoración se hizo conforme la sana critica denotando un acertado proceso de razonamiento que es conforme con la razón, lógica y máximas de la experiencia, haciendo ver que existen dos dictámenes periciales contradictorios y que por lo tanto solo uno puede ser cierto, dándole credibilidad al peritaje oficial por especialidad médica de este que es la psiquiatría y la experiencia en dicha rama médica y su ocupación o labor profesional, dicho de manera coloquial que es la actividad profesional diaria de dicho perito (lo cual es lógico, razonable, también es una conclusión sana en cuanto a la experiencia del hombre promedio y totalmente coherente con el sentido común), por las explicaciones que da, por su desvinculación con las partes y por su objetividad pues que es un tercero imparcial a los efectos de este proceso contrario al perito privado que está vinculado a una de las partes por la paga o remuneración, por lo que producto de tal ponderación de ambos dictámenes le parece más creíble conforme a la sana critica, razón suficiente y correcto entendimiento humano el peritaje oficial Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, medico psiquiátrico del Departamento de Evaluación Mental del Departamento de Medicina Forense; explicando que si bien es cierto el Doctor DENIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA es un médico forense de renombre y de experiencia, su especialidad no es la psiquiatría, que actuó bajo remuneración ( lo que es obvio y natural que le reste credibilidad frente a un perito oficial que no recibió paga y que cuenta con mayores acreditaciones científicas al cuanto al caso concreto) agrega que el Doctor CASTRO BOBADILLA no evaluó en vida a la Señora GOMEZ PAREDES, ni en la fecha en que ella testo, ni le realizo pruebas específicas para determinar las funciones cognitivas de la causante tales como la conciencia, la atención, la memoria, la orientación, la sensopercepcion, la conducta motora , el pensamiento, al afecto, la auto comprensión y el juicio (todo esto es razón de ciencia o sea explicación del porqué de alguna cosa). La demás prueba aportada por la parte actora no es tampoco determinante, ya que para establecer la capacidad o incapacidad de una persona debe contarse con conocimientos especiales. Conforme a lo dispuesto en nuestra normativa procesal, si el Tribunal considera dudosos los hechos relevantes para su decisión, desestimara las pretensiones del actor cuando le corresponda la carga de la prueba; en el presente caso no hay certeza de la incapacidad de la causante BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES al momento que testo que fue el 13 de enero del 2015. Así las cosas, está claro que el honorable tribunal de apelación ha explicado acertadamente en su sentencia las razones de su fallo o decisión y por lo tanto este motivo también tiene que ser desestimado por infundado improcedente, a través del cual el recurrente en puridad lo que pretende es revisar la valoración de la prueba lo que no está permitido en casación. Observe este Honorable Tribunal de Casación como el infundado recurrente en ningún momento a lo largo de este motivo y de los otros no construye una verdadera argumentación concluyente en la que reproche como ilógica e irracional la conclusión a la que llego al Tribunal de Apelación a partir de una incólume valoración de la prueba, es decir no reprocho el proceso de inferencia entre los hechos tenidos por demostrados y el fallo o parte dispositiva de la sentencia, lo cual viene a confirmar la contundencia y acierto del fallo de apelación y lo improcedente e inadmisible que resulta este recurso y, así pedimos sea decretado a este Honorable Tribunal de Casación. DE LA INEXISTENCIA DEL TERCERO MOTIVO: Este tercer motivo, es también una repetición de los dos anteriores , señala como infraccionado el articulo 200.2 letra c) del Código Procesal Civil en relación con el artículo 207.1 del mismo Código, la causal recursiva es la contenida en articulo 719.1 letra c) del CPC, que consiste en la forma y contenido de la sentencia vinculándolo con el articulo 720.2 letra c) referente a la revisión de la suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo. Lo anterior significa que el recurrente tendría que cuestionar y demostrar de manera necesaria que a partir de la incólume declaración de hechos probados efectuada en la sentencia de segunda instancia por el Tribunal de Apelación la solución jurídica dada en el fallo no es adecuada, y no lo ha efectuado ni acreditado así el infundado impetrante. Lo que realiza en este tercer motivo el infundado recurrente, al igual que en los dos anteriores es cuestionar la valoración de la prueba, la incólume declaración de hechos probados, en puridad lo que pretende es una nueva valoración de la prueba cuestionando la llevada a cabo por el Tribunal A Quo lo que no procede tal y como lo determina el artículo 720.1 del Código Procesal Civil dada la naturaleza extraordinaria del recurso de casación. Es importante señalar que en este tercer motivo el infundado recurrente acepta que la sentencia del Tribunal Aquo está motivada y fundada de manera suficiente puesto que en el desarrollo de estos motivos ha transcrito (a su conveniencia) la misma, a su vez a reconocido saber porque dicho Tribunal fallo en determinado sentido, reconoce saber en qué normas y pruebas se apoyó para arribar a su conclusión, basta leer este y los anteriores motivos para corroborar lo aquí expuesto, que en síntesis es que el perito oficial es más idóneo y creíble explicando claramente porque; afirmando que las conclusiones del perito oficial son contundentes a reducen a lo absurdo las del perito privado que nunca evaluó en vida a la causante ni le hizo ninguna prueba científica requerida, que en los expedientes médicos que este baso no hay ningún dictamen de médico psiquiatra que haya certificado que la causante había perdido el sano juicio para el justo momento de otorgar el testamento; agrega que la especialidad médica del perito oficial es la específica para este caso en concreto y la del perito privado no, que es más objetivo el perito oficial por su desvinculación con las partes (pues es un tercero imparcial en el proceso) en cambio el privado no pues actúa bajo una remuneración, todas estas razones justifican fácticamente la decisión del Tribunal A Quo. Así las cosas, eximio Tribunal de casación todo lo alegado en este motivo se refiere a valoración probatoria, y deja en evidencia que lo pretende ilegalmente el recurrente es entrar a revisar los hechos probados de acuerdo a sus intereses, lo cual es prohibido en casación. Así las cosas Honorable Tribunal de Casación ante la abrumadora logicidad y racionalidad del fallo del Tribunal de Apelación, aceptada por el infundado recurrente que en ningún momento a lo largo de este motivo y de los otros construye una verdadera argumentación concluyente que reproche como ilógica e irracional la conclusión a la que llego al Tribunal de Apelación a partir de una incólume valoración de la prueba, es decir no reprocho el proceso de inferencia entre los hechos tenidos por demostrados y el fallo o parte dispositiva de la sentencia, lo cual viene a confirmar la contundencia y acierto del fallo de apelación y lo improcedente e inadmisible que resulta este recurso y, así pedimos sea decretado a este Honorable Tribunal de Casación. Es evidente el fraude de ley del recurrente en el desarrollo de este motivo pues pretendiendo una nueva valoración de la prueba ( lo cual sabemos está excluido y prohibido por la norma procesal) en lugar de explicar y fundar legalmente cual sería la irracionalidad e ilogicidad del fallo de segunda instancia, en total distorsión de la rúbrica de este motivo se dedica con alegatos de instancia a cuestionar la apreciación de la prueba hecha por Tribunal de Apelación, cuestiona extemporánea e ilegalmente la prueba pericial oficial que fue propuesta sin objeción ni impugnación alguna del hoy recurrente durante todo el desarrollo del proceso tal como consta en autos y como ut supra se expuso; dictamen que está basado en los mismos expedientes clínicos que en los que se basó el dictamen privado circunstancia que falsamente pretende desconocer la parte contraria en su ilegal e improcedente intención de valorar nuevamente la prueba como si este recurso de naturaleza extraordinaria fuera un tercera instancia desconociendo que el proceso civil hondureño solo tiene dos instancias y que en casación está excluida la valoración de la prueba, es decir no cabe entrar en los hechos, no cabe revisar la prueba, no caben alegatos de instancia. En consecuencia este tercer motivo es improcedente y, así pedimos sea decretado al eximio Tribunal de Casación. DE LA INEXISTENCIA DEL CUARTO MOTIVO: El Honorable Tribunal de casación al examinar el supuesto motivo de casación denominando según el recurrente “cuarto motivo de casación, norma de derecho infringida, fundamento del motivo, ES LA APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 986 del Código Civil” argumentando el recurrente que no esta normativa no es aplicable por subsumirse este caso en dicha norma puesto que ha alegado la inhabilidad para testar; sin embargo el recurrente no cumple con su obligación de causalidad jurídica al no indicar en que norma del Código Civil se debe encuadrar este caso lo cual constituye una preparación defectuosa del recurso que acarrea inadmisión de la casación conforme al artículo 723.2 letra a). Este eximio Tribunal de Casación podrá apreciar que el recurrente no señala ni fundamenta cual es la norma infringida, lo cual hace inadmisible e improcedente este motivo, tampoco hace una debida relación esta norma de derecho sustantivo con la cuestión debatida en el proceso que consistió en que la parte opositora asumió la carga de probar con certeza que la causante de un testamento solemne estaba incapacitada legalmente para hacerlo, es decir no estar en su sano juicio al justo momento de su otorgamiento que fue el 13 de enero del 2015. Por otro lado hay que destacar que el recurrente ha fijado como motivo de casación la no aplicabilidad al caso concreto del artículo 986 del Código Civil, pero omite decir el impetrante que el precisamente fundamento su oposición en los numerales 3 y 4 de dicho artículo (de las inhabilidades para testar); no obstante no expresa ni argumenta cuál es la norma sustantiva aplicable en lugar de esta, lo cual también constituye otra causal de inadmisión de esta casación por falta de indicación del derecho sustantivo aplicable al caso o bien una de fundamentación legal del recurso violando el artículo 721.2 del Código Procesal Civil lo cual también implica inadmisión; además de seguir incurriendo en falta de relación de las normas citadas como infringidas con las cuestiones debatidas lo cual también es causal de inadmisión de este recurso conforme al artículo 723.2 letra a) del Código Procesal Civil. El recurrente fija como causa de pedir de este supuesto motivo de casación el que el Tribunal de Apelación no debió aplicar el Articulo 986 del Código Civil para resolver sobre el fondo de este asunto; dicha norma sustantiva lo que establece es que son inhábiles: el impúber, el que se hallare en interdicción por causa de demencia, el que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa, todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente. Ahora bien el recurrente no indica ni argumenta cual sería entonces la norma infringida y cual la aplicable lo que hace inadmisible este recurso. Corresponde decir que el objeto del proceso y tema de debate en este juicio se subsume en lo que establece el artículo 986.3 que dice: son inhábiles para testar inhábiles para testar: el que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa y así lo dejo plasmado el Tribunal de Apelación en su sentencia. Lo anterior implica que para que la parte demandante hubiese podido triunfar en este asunto tuvo que haber demostrado plenamente la carencia de esa lucidez mental por parte del causante o testador al preciso momento de otorgar el testamento y, en sentido el Honorable Tribunal de Segunda Instancia ha sido muy claro y contundente al establecer que como resultado de la valoración de la prueba la parte demandante de oposición no fue capaz de demostrar su tesis, no fue capaz de crear certeza respecto de la misma y por ende aplicando la regla de juicio del artículo 238.3 del Código Procesal Civil ha desestimado la demanda de oposición como en Derecho corresponde, dando a su vez preeminencia a la presunción legal de capacidad legal de las personas establecida en el artículo 1555 del Código Civil. En consecuencia este supuesto motivo de casación es improcedente y así pedimos a este eximio Tribunal de casación sea decretado. Finalmente si dicho artículo 986 del Código Civil no es aplicable según el recurrente, este debió argumentar cual es la norma aplicable y porque al fondo del asunto y como ha sido infringida, desarrollando así la causa de pedir de su supuesto motivo de casación, sin embargo no lo hizo lo cual es causal de inadmisión de este motivo y lo hace improcedente; Reiteramos el recurrente no desarrolla una causa de pedir en el supuesto motivo de casación que alega, no señala ni argumenta cual es la norma sustantiva infraccionada tal y como manda el artículo 721.2 del CPC, lo cual también es causal de inadmisión e improcedencia de este supuesto motivo y, así pedimos sea declarado por este Honorable Tribunal de Casación.”
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 SC 236-2012, 18-03-2014 SC 003-2013 y 06-05-2014 SC 135-2013).
De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia.
Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso.
DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA EN SU PRIMER MOTIVO. El recurrente en su primer motivo alega que la infracción que sustenta este motivo es la norma contenida en el artículo 200. 2c) del Código Procesal Civil en relación al artículo 207.1 del mismo código, manifestando que se impugna la motivación insuficiente en la sentencia emitida por la honorable corte de apelaciones, en observancia al contenido formal de los requisitos internos que deben tener las sentencias, ya que las razones y fundamentos legales del fallo recurrido son insuficientes para proferir una sentencia declarativa que deje en claro y sin duda alguna el amparo legal de la decisión judicial. La causal recursiva es la contenida en el artículo 719. 1.c del Código Procesal Civil, vinculándolo con el artículo 720.2 del mismo cuerpo legal, por el cual se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida para revisar su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, ya que el utilizado fue determinante para darle un sentido equivocado al fallo. Se resume la explicación del motivo de casación en la forma siguiente: “a) Se denuncia la infracción del artículo 200.2. c) del Código Procesal Civil que ordena que en los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. En el presente caso la Corte de Apelaciones, no da a conocer con suficiencia, racionalidad y carácter lógico las razones y fundamentos legales del fallo que la hacen emitir el fallo de la misma ni hace expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. b) Note esa honorable Corte Suprema de Justicia que los numerales que comprenden la motivación fáctica y jurídica no tienen esencia jurídica ya que se limitan: en el primero a un simple relato de acontecimientos sucedidos en el proceso, carente de motivación. En el segundo, al igual que en el primero es un relato de actuaciones procesales y enumeración de pruebas e igual que el anterior carece de motivación. En el tercero, igual que los demás es carente de motivación ya que se limita a establecer el objeto del debate. El cuarto es carente de motivación ya que se reduce a establecer que es valoración probatoria, sin que proceda hacerlo conforme lo establece el artículo 245 del Código Procesal Civil. En el quinto se limita a establecer de manera suscinta el contenido del dictamen pericial propuesto por la parte demandante opositora y el oficio presentado por el perito de la parte demandada. No razona ni valora la veracidad, congruencia, profesionalismo, técnicas utilizadas, descripción patológica de la causante. Las razones que la inducen a desestimar el Principio Dispositivo del proceso limitando toda su argumentación fáctica en la siguiente frase: “Esta alzada al estudiar los dos dictámenes, le da validez a lo expresado por el perito oficial, en virtud de ser su especialidad la psiquiatría, su experiencia profesional y el que en virtud de no ser remunerado por ninguna de las partes, se estima que es mas objetivo y merece la credibilidad del caso”. El Juzgador no fue claro ni preciso en estimar y desestimar los hechos y pruebas del proceso, se limitó a decidir una controversia legal en solo cinco renglones. c) En cuanto a la fundamentación, vemos que solamente hace uso de los artículos 1555, 980 del Código Civil, 315 y 318 del Código Procesal Civil y eso es todo. La corte de apelaciones ha dictado sentencia sin sustentar que normas legales emplea para tal decisión, afectando directamente al derecho de defensa y no justifica las razones para considerar el fallo. Respuesta de la Sala de lo Civil. El artículo 721 del Código Procesal Civil, establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en consecuencia, atendiendo a las formalidades previstas para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, esta Sala de lo Civil considera necesario recordar que ha venido sosteniendo que: “debida separación y claridad para efectos del recurso de casación es una forma de exponer una o varias causales de casación autorizadas por la ley, de manera tal que permita identificar con precisión la norma que el recurrente entiende como infringida razonando porque considera se ha producido la infracción que ha incidido en el sentido en que se pronunció el fallo impugnado, independientemente si el impetrante ha expuesto sus motivos en párrafos numerados o no, en tanto no afecte el entendimiento para su admisión y posterior examen de fondo”, por lo tanto, esta Sala de lo Civil es de la opinión que los requisitos mínimos de admisibilidad, han sido observados por el casacionista, toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad y precisión el motivo de casación, la norma infringida y el concepto de la infracción del precepto en virtud de haber cuestionado la omisión de los razonamientos fácticos de la sentencia en armonía con la causal elegida. Vistas así las cosas, no es posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el Código Procesal Civil en tanto se han cumplido por el censor las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, por lo que es procedente admitir a trámite el recurso de casación en su primer motivo.
5.- DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA EN SU SEGUNDO MOTIVO. El recurrente en su segundo motivo alega que la infracción que sustenta este motivo es la norma contenida en el artículo 200. 2. c) del Código Procesal Civil en relación al artículo 207.1 del mismo código, manifestando que se impugna la motivación insuficiente en la sentencia emitida por la honorable corte de apelaciones, en observancia al contenido formal de los requisitos internos que deben tener las sentencias, ya que las razones y fundamentos legales del fallo recurrido son insuficientes para proferir una sentencia declarativa que deje en claro y sin duda alguna el amparo legal de la decisión judicial. La causal recursiva es la contenida en el artículo 719. 1.c del Código Procesal Civil, vinculándolo con el artículo 720.2 del mismo cuerpo legal, por el cual se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida para revisar su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, ya que el utilizado fue determinante para darle un sentido equivocado al fallo. Se resume la explicación del motivo de casación en la forma siguiente: “En su explicación del motivo, el impetrante argumenta que la legislación adjetiva establece que el juzgado o tribunal valorará los dictámenes periciales de manera razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano; así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado”, agrega que “la sentencia recurrida se limita en sustentar su convicción diciendo que… al estudiar los dos dictámenes, le da validez a lo expresado por el perito oficial, en virtud de ser su especialidad la psiquiatría, su experiencia profesional y el que en virtud de no ser remunerado por ninguna de las partes, se estima que es mas objetivo y merece la credibilidad del caso”. Continúa afirmando que “la sentencia no establece las consideraciones fácticas y jurídicas que explique razonadamente por que la rama de la psiquiatría se sobrepone a la especialidad de la Medicina Forense, tampoco considera las razones para establecer que la experiencia profesional del perito doctor ALFREDO LEONARDO SOSA se sobrepone a la del perito doctor DENIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA. El adquen no se pronunció sobre el dictamen pericial para establecer de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomando en consideración la razón de ciencia, tal como lo establece la ley”
Respuesta de la Sala de lo Civil. El artículo 721 del Código Procesal Civil, establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en consecuencia, atendiendo a las formalidades previstas para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, esta Sala considera necesario recordar que ha venido sosteniendo que: “debida separación y claridad para efectos del recurso de casación es una forma de exponer una o varias causales de casación autorizadas por la ley, de manera tal que permita identificar con precisión la norma que el recurrente entiende como infringida razonando porque considera se ha producido la infracción que ha incidido en el sentido en que se pronunció el fallo impugnado, independientemente si el impetrante ha expuesto sus motivos en párrafos numerados o no, en tanto no afecte el entendimiento para su admisión y posterior examen de fondo”, por lo tanto, esta Sala es de la opinión que los requisitos mínimos de admisibilidad han sido observados por el casacionista, toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad y precisión el motivo de casación, la norma infringida y el concepto de la infracción del precepto en virtud de haber sido capaz de cuestionar la omisión de los razonamientos fácticos de la sentencia en armonía con la causal elegida. Vistas así las cosas, no es posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el Código Procesal Civil en tanto se han cumplido por el censor las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, por lo que es procedente admitir a trámite el recurso de casación en su segundo motivo.
DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA EN SU TERCER MOTIVO. El recurrente en su tercer motivo alega que la infracción que sustenta este motivo es la norma contenida en el artículo 200. 2. c) del Código Procesal Civil en relación al artículo 207.1 del mismo código, manifestando que la causal recursiva es la contenida en el artículo 719.1.c del Código Procesal Civil, vinculándolo con el artículo 720.2 del mismo cuerpo legal, que establece que sin embargo, y dentro del literal c) del apartado uno del artículo anterior, se podrá solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida para revisar su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuere determinante de un sentido diferente del fallo. Se resume la explicación del motivo de casación en la forma siguiente: “En su explicación del motivo, el impetrante argumenta que los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia. Si no fuese posible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán, asimismo, acompañarse al dictamen los documentos que se estimen adecuados para su mas acertada valoración”. Agrega que “la corte de apelaciones se equivoca en su juzgamiento al dar categoría de dictamen a un simple oficio firmado por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, presentado por la parte demandada, el cual es determinante para el fallo, ya que la sentencia recurrida en su motivación fáctica y jurídica establece en su numeral cinco: la parte demandada aporto medio de prueba pericial a fin de refutar el antes expuesto, dictamen extendido por el doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, médico psiquiátrico del departamento de Evaluación Mental de Medicina Forense, quien hizo saber al juzgador, que para determinar con certeza si al momento de otorgar el testamento de fecha 13 de enero de 2015, la señora BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES, se encontraba incapacitada mentalmente, cabe especificar… esta alzada al estudiar los dos dictámenes, le da validez a lo expresado por el perito oficial, en virtud de ser su especialidad la psiquiatría, su experiencia profesional y el que en virtud de no ser remunerado por ninguna de las partes, se estima que es mas objetivo y merece la credibilidad del caso”. Continúa afirmando que “todo ello sin ninguna motivación comparativa sobre el estado de ciencia y experiencia entre los peritos que elaboraron el dictamen y el oficio”. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que el recurrente incurre en falta de claridad al elaborar el motivo de casación en virtud de que la causal que viene abordando es la que permite dentro de la forma y contenido de la sentencia solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia pare revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo, sin embargo al abordar la explicación lo que ataca es la forma en que se evacuó la prueba pericial de la parte demandada, arguyendo que no reúne la forma exigida por la ley, sin ofrecer mayores explicaciones acerca del control de la motivación fáctica que es el propósito de la causal elegida, concurriendo así en una causal de inadmisión del motivo en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.
DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA EN SU CUARTO MOTIVO. El recurrente en su cuarto motivo alega la infracción por aplicación indebida del artículo 986 del Código Civil, señalando como causal la contenida en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil que establece que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Se resume la explicación del motivo de casación en la forma siguiente: “En su explicación del motivo, el impetrante argumenta que la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, en la motivación jurídica de la sentencia aplica indebidamente el artículo 986 del Código Civil, el cual trata sobre las inhabilidades para testar, siendo estas: 1. El impúber (la causante era mayor de edad) 2. El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia (la causante no se encontraba en demencia) 3. El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa (la causante no estaba bajo estímulo externo de ninguna clase, tenía un derrame) 4. Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente (se refiere a los sordos mudos). Siendo que el debate es que la causante no podía testar por la afección cognoscitiva que le ocasionara un derrame cerebral, estas disposiciones no le son aplicables, por lo tanto se valoraron circunstancias que no eran objeto del proceso. La incidencia es que se ha revocado una sentencia aplicando disposiciones legales que no aplican al caso controvertido…” Respuesta de la Sala de lo Civil. El artículo 721 del Código Procesal Civil, establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en consecuencia, atendiendo a las formalidades previstas para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, esta Sala de lo Civil considera necesario recordar que ha venido sosteniendo que: “debida separación y claridad para efectos del recurso de casación es una forma de exponer una o varias causales de casación autorizadas por la ley, de manera tal que permita identificar con precisión la norma que el recurrente entiende como infringida razonando porque considera se ha producido la infracción que ha incidido en el sentido en que se pronunció el fallo impugnado, independientemente si el impetrante ha expuesto sus motivos en párrafos numerados o no, en tanto no afecte el entendimiento para su admisión y posterior examen de fondo”, por lo tanto, esta Sala de lo Civil es de la opinión que los requisitos mínimos de admisibilidad, han sido observados por el casacionista, toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad cual es la norma infringida y el concepto de la infracción, no siendo posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el Código Procesal Civil en tanto se han cumplido por el censor las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, por lo que es procedente admitir a trámite el recurso de casación en su cuarto motivo.
III. PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 a), 724, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La admisión del recurso de casación en sus motivos primero, segundo y cuarto, interpuesto y formalizado por el abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA en la condición con que actúa. 2) La inadmisión del tercer motivo de casación interpuesto y formalizado por el abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA en la condición con que actúa. 3) Considerando necesaria la celebración de audiencia de vista para una mejor decisión, señálese la misma para el día miércoles ocho de mayo de dos mil diecinueve, a las diez de la mañana, en el Salón de Prensa del Poder Judicial. Redactó el Magistrado Reynaldo Antonio Hernández. NOTIFIQUESE.
REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ
MAGISTRADO COORDINADOR
WILFREDO MENDEZ ROMERO
MAGISTRADO
RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO
MAGISTRADA
[1] Artículo 228 Código Procesal Civil
[2] Infracción a los artículos 13 Y 245.1.2 del CPC Y 8 de la Convención Americana sobre derechos Humanos.
[3] Artículo 335.1 Del Código Procesal Civil.
[4] “Campo común, terreno de dos, es la Medicina Forense. Ciencia Hibrida –en su aplicación, si no en sus bases teóricas- que permite utilizar los principios y enseñanzas de la medicina en la resolución o esclarecimiento de múltiples problemas judiciales y pone al jurista en aptitud para prestar o solucionar las cuestiones de esa índole que se le presentan en la práctica profesional” MEDICINA FORENSE, Mora, Carlos Federico, primer tomo, tercera edición, editorial Porrua.
[5] Articulo 245.2 del Código Procesal Civil; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos
[6] Cianosis: color azulado de la piel por falta de oxigenación.
[7] Aumento de la cantidad de oxigeno distribuido en los tejidos por la sangre en la unidad de tiempo.
[8] Aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales.
[9] Es una situación clínico- patológica desencadenada por la obstrucción arterial pulmonar por causa de un trombo desarrollado in situ o de otro material procedente del sistema venoso.
[10] Ausencia de movimiento voluntario, la parálisis parcial o suave, descrita generalmente como debilidad del músculo.
[11] Informe Medico del Hospital del Valle del 5 de agosto de 2014.
[12] Como hecho de nueva noticia se tiene que el doctor ALFREDO LEONARDO SOSA trabaja como medico Psiquiatra en el Hospital donde fue tratada la causante. http://www.hospitaldelvalle.com/rol_especialistas_hdv_Diciembre_2015.pdf
[13] Artículo 315.2 del Código Procesal Civil.
[14] Artículo 324 del Código Procesal Civil.”.
[15] Artículos 324 y 327 del Código Procesal Civil. Código Procesal Civil Comentado, editado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
[16] Conforme el artículo 251 del Código Procesal Civil, los oficios NO SON MEDIOS DE PRUEBA.
[17] Artículo 200 del Código Procesal Civil y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos