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Sentencia CC-223-17 — Registro 9276

Resumen

En primera instancia se declaró parcialmente con lugar la "demanda a través del proceso ordinario la nulidad o anulabilidad de un instrumento público y su inscripción registral, consistente en la escritura pública. Medida cautelar de prohibición general de disponer o de celebrar actos y contratos sobre bienes específicos.Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “3.1. De lo argüido por el recurrente en el Primer Motivo expuesto, la Sala estima que dada la mala técnica casacional con la que se plantea el motivo, consecuentemente hace que no sea de recibo, ello porque él impetrante incurre en varias falencias, a saber: I.- Plantea que el iudex ad-quem en el fallo proferido; vulnera lo dispuesto en el artículo 207 en sus numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, y cita como Precepto Autorizante el artículo 719.1 literales b) y c) y 720.2 del Código Procesal Civil. Con ello no observa el cuidado que impone la debida técnica casacional, esto es en cuanto a la debida separación y claridad con que se debe plantear el motivo. Al respecto es menester señalar que al tenor de lo preceptuado por el artículo 721 del Código Procesal Civil, en el mismo se comprenden cinco formas procesales, todas ellas propias para la interposición y formalización de un recurso de Casación, así tenemos que el numeral dos (2) del citado artículo, establece requisitos elementales que debe observar todo escrito recursivo de casación, tales como ser: “... Todo ello se deberá fundamentar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada”. En ese sentido la Sala encuentra que el recurrente incurre en una doble falencia, en primer lugar cita como precepto autorizante el artículo 719.1 literales b) y c) y el artículo 720 del Código Procesal Civil, y de forma conjunta dentro de la egida del artículo 719 de la norma procesal civil invoca dos causales distintas del recurso, como son los ya referidos literales b) y c); en segundo lugar también cita como precepto autorizante el artículo 720 del citado texto legal, cuando tal norma no tiene tal categoría, lo que si puede suceder es que la misma quede comprendida en el literal c) del artículo 719.1 del Código Procesal Civil, esto es cuando se pretenda el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO, designado el segundo como ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada Cooperativa de Vivienda El Hogar Ltda., representada en juicio por el abogado Hermes Benigno Pineda Castro, como recurrente; siendo recurrida la Alcaldía Municipal del Distrito Central, representada en juicio por el abogado Wilmer Antonio Núñez Cabrera. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA A TRAVÈS DEL PROCESO ORDINARIO LA NULIDAD O ANULABILIDAD DE UN INSTRUMENTO PÙBLICO Y SU INSCRIPCION REGISTRAL, CONSISTENTE EN LA ESCRITURA PÙBLICA INSCRITA BAJO EL NO.-126, FOLIOS 110 AL 113, TOMO 303 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DE ESTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÀN Y SU INSCRIPCION POSTERIOR.- MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICION GENERAL DE DISPONER O DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS SOBRE BIENES ESPECIFICOS”, promovida en fecha 08 de mayo de 2015, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado Hugo Rafael Laínez Ochoa, actuando en su condición de representante procesal de la Municipalidad del Distrito Central, contra el señor Claudio Antonio Díaz Pineda, en su condición de Presidente de la Cooperativa de Vivienda “El Hogar Ltda.” I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha 18 de enero de 2017, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento del Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada en fecha 28 de junio de 2016, por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán; misma que falló de la siguiente manera: (Sic) “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR LA "DEMANDA A TRAVÉS DEL PROCESO ORDINARIO LA NULIDAD O ANULABILIDAD DE UN INSTRUMENTO PUBLICO Y SU INSCRIPCION REGISTRAL, CONSISTENTE EN LA ESCRITURA PUBLICA INSCRITA BAJO EL NUMERO 126 FOLIOS 110 AL 113, TOMO 303 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y SU INSCRIPCION POSTERIOR.- MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICION GENERAL DE DISPONER O DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS SOBRE BIENES ESPECIFICOS.- COSTAS.- PODER DE REPRESENTACION.-SUSTITUCION", promovida por el Abogado HUGO RAFAEL LAINEZ OCHOA, actuando en su condición de Representante Procesal de la Municipalidad del Distrito Central, en contra del señor: CLAUDIO ANTONIO DIAZ PINEDA.- SEGUNDO: DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCION MATERIAL, presentada por el Abogado SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN, en su condición de Representante Procesal de La COOPERATIVA DE VIVIENDA EL HOGAR, LIMITADA REPRESENTADA POR EL INGENIERO CLAUDIO ANTONIO DIAZ­ PINEDA, en el escrito de contestación de la demanda. TERCERO: CONDENA a la Nulidad Parcial de la Escritura Pública inscrita bajo el No. 126, folios 110 al 113, Tomo 303 del Registro de La Propiedad del Departamento de Francisco Morazán, por lo que, la COOPERATIVA DE VIVIENDA EL HOGAR, LIMITADA, por medio de su Representante Legal y a sus costas realice el traspaso de las áreas acordadas en el Acuerdo No. 133, en el Acta No. 19 de fecha miércoles 24 de mayo de mil novecientos setenta y dos a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, para dar cumplimiento a lo acordado.- TERCERO: SIN COSTAS.- Se dicta hasta la fecha en virtud del estudio del caso, por el exceso de trabajo que impera en el Juzgado.- NOTIFIQUESE. Contra esta sentencia procede el recurso de apelación. -” SEGUNDO: El abogado Hermes Benigno Pineda Castro, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad denominada Cooperativa de Vivienda El Hogar Ltda., en fecha 04 de septiembre de 2017, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 18 de enero del año 2017, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha 04 de septiembre de 2017, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, abogado Wilmer Antonio Núñez Cabrera, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados Hermes Benigno Pineda Castro y Wilmer Antonio Núñez Cabrera, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas 13 y 14 de noviembre de 2017, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La parte recurrente plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: (Sic) “MOTIVOS DE CASACION A) PRIMER MOTIVO: INFRACCION DE NORMA PROCESAL. Se impugna la sentencia combatida por la infracción del artículo 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia, o sea, su forma y contenido, en cuanto a la motivación fáctica. Con este motivo se demuestra que la motivación fáctica de la sentencia impugnada es claramente insuficiente, pues, carece de racionalidad y de lógica, la cual llevo al Tribunal de alzada a emitir un fallo en base al mismo criterio erróneo empleado por la primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719.1 literales b) y e) y 720 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Prescribe el ARTICULO 207.MOTIVACION 1.- Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. 2.- La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el presente caso, como lo repito, se ha producido una infracción de la norma procesal antes trascrita, que regula los requisitos internos, su forma y contenido de la sentencia impugnada, en cuanto a la motivación, porque como lo expongo a continuación, los razonamientos de la misma empleados para estimar la nulidad alegada por la contraparte, es decir su fundamento factico, es ilógico irracional y arbitrario, ya que se base en el mismo criterio del fallo de la primera instancia cuya motivación fáctica y jurídicas es completamente ilógica y arbitraria. Esta motivación defectuosa se evidencia de la manera siguiente: El numeral SEGUNDO de los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia combatida, dice MOTIVACION FACTICA y JURIDICA: SEGUNDO: vista y analizados los antecedentes de proceso, se logra determinar lo siguiente: A) que puntual y expresamente lo que se demanda es la NULIDAD O ANULABILlDAD DEL INSTRUMENTO PUBLICO Y SU INSCRIPCION REGISTRAL, CONSISTENTE EN LA ESCRITURA PUBLICA INSCRITA BAJO EL NUMERO 126, (sic), FOLIOS 110 AL 113, TOMO 303 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DE ESTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN y SU INSCRIPCION POSTERIOR B) Que la demanda es dirigida contra el señor Claudio Antonio Díaz Pineda, , mayor de edad, casado, con tarjeta de identidad número 0801-1948- 03057, en su condición de Presidente de la Cooperativa de vivienda el Hogar LTDA C) Que la única pretensión formulada por el demanda en el escrito de demanda está contenida en el numeral "5" de la parte de la misma que se refiere a la petición la cual literalmente versa sobre lo siguiente 5) declarar con lugar la presente demanda, decretando la nulidad o anulabilidad del testimonio de escritura pública arriba señalada y sus inscripciones posteriores D) Que en la audiencia preliminar celebrada por el A-quo, en fecha 14 de marzo del año 2016, en consonancia con la demanda únicamente se fijó como objeto del debate textualmente lo siguiente: la nulidad de un instrumento público, que contiene la compraventa entre la Cooperativa el hogar y Fehcovil.-E) Que resumidamente el demandado argumenta lo siguiente E. 1) Que mediante acuerdo municipal numero 113 contenido en el acta número 19 de fecha 24 de mayo del año 1972, a solicitud del señor Oscar Pinto Rossel, en calidad de Gerente de la Federación hondureña de cooperativas LTDA, (FEHCOVIL), se aprobó el proyecto de Urbanización de la Colonia el Hato de En medio.... Quedando plenamente establecido, en dicho acuerdo, específicamente en su parte resolutiva en su numeral 8) que la peticionara traspasara al Consejo Metropolitano (ahora Alcaldía Municipal del Distrito Central), los lotes para la escuela, deportes y centro comunal, que aparecen en el plano ... E.2) Que dicha obligación contenida en el numeral 8 del acuerdo Municipal arriba señalado, nunca fue cumplida por la Federación Hondureña de cooperativas LTDA (FEHCOVIL), ya que jamás traspaso a su representada la alcaldía Municipal del Distrito Central el área referida.- Que por el contrario manifiesta que en franco abuso y actuando de mala fé para evadir dicha obligación en el año 1974 mediante escritura pública suscrita ante los oficios del Notario Público Mario Bustillo R., cuyo dominio fue registrado bajo el número 126, folios 110 al 113, del tomo 303 del Registro de la Propiedad, de éste departamento de Francisco Morazán, traspaso todos sus derechos de propiedad incluyendo el área destinada al Consejo Metropolitano del Distrito Central, ahora Alcaldía Municipal del distrito Central, para la construcción de la escuela, deportes y centro comunal a favor de la Cooperativa de Vivienda el Hogar LTDA E.3) Que según el demandante, no admite discusión que el traspaso hecho por la Federación Hondureña de cooperativas LTDA (FEHCOPVIL), a favor de la Cooperativa de Vivienda El Hogar LTDA, del área total del terreno denominada Hato de En medio, dentro del cual está construida la Escuela Japón y jardín de Niños el hogar, área esta última que debió según él, traspasarse en su momento a favor de su representada, constituye un contrato que para su validez de acuerdo al Código Civil vigente artículos 1552, 1567 y 1586 numeral 1, debe reunir los siguientes elementos esenciales: a. Consentimiento de la parte b.- La capacidad de las mismas para comprar y vender c. La cosa vendida y el precio. SEGUNDO: En su fallo la juez analizo cada uno de los medios de prueba según los hechos debatidos, tomando en consideración el momento de la valoración los relacionados con la tutela judicial que se pretende obtener. Consta en autos que se aportó al proceso como medio de prueba documental público número 127 autorizada por el Notario Mario Bustillo Rosales el 19 de Diciembre del año 1974, que contiene el contrato de compraventa celebrado entre la Cooperativa el Hogar y FEHCOVIL y acuerdo de fecha 24 de Mayo de 1972, emitido por la Alcaldía del distrito Central que contiene la aprobación de un proyecto urbanístico denominado Hato de En medio a Fehcovil y 12 actas de asamblea general y de junta directiva celebradas por la Cooperativa el Hogar donde consta que la escuela el Japón y el kínder el Hogar son obras de la cooperativa el Hogar, con todo esto se trata, de que estamos ante un justo título de dominio de un bien o terreno ejidal no nacional como lo ha venido alegando el demandado tanto en primera instancia como en segunda instancia, por consiguiente también el mismo se encuentra sustentado en la norma sustantiva Código civil en su artículo 613, el cual el mismo recita lo siguiente "se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario", siendo oportuno mencionar que el artículo 614 de la misma norma sustantiva Código Civil en su artículo establece que la propiedad del suelo comprende las de las capas superiores y la del espacio superior dentro de los planos verticales levantados en los linderos de la finca, hasta donde lo exige el interés del propietario eh relación con el uso a que se le destine, sucede que con el instrumento público número 127 autorizada por el Notario Mario Bustillo Rosales el 19 de diciembre del año 1974, hubo una tradición según el artículo 697 del Código Civil, en la cual la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y que consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad o intención de adquirirlo, es decir Cooperativa el hogar LTDA es la actual poseedora y quien ostenta la titularidad dominical del bien objeto de demanda, que según el artículo 713 del propio Código Civil, la tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos, se efectuará por medio de un instrumento público en que el tradente exprese verificarla y el adquirente recibirla, es decir con todo esto estamos ante un título traslaticio de dominio como la venta realizada, habiendo buena fe, y que para que dicho contrato de compraventa tenga validez deben constar los tres elementos principales que debe contener todo tipo de contrato como ser el consentimiento, el objeto y la causa (artículo 1552 del Código Civil), de igual manera cita el artículo 741 del Código Civil "SI LA COSA ES DE AQUELLAS CUYA TRADICION DEBA HACERSE POR INSTRUMENTO PUBLICO, NADIE PODRA ADQUIRIR LA POSESION DE ELLA SINO POR ESTE MEDIO, situación a la cual el ente descentralizado como ser la Alcaldía del distrito central carece, siguiendo exponiendo la infinidad de preceptos infringidos por el AD-QUEM, según el artículo 743 del Código Civil para que cese la posesión que se tiene por instrumento público, es necesario un nuevo instrumento público en que el poseedor transfiera su derecho a otro, y dada la compatibilidad jurídica al caso concreto el artículo 273 del Código Procesal Civil en su apartado número uno, expresa lo siguiente: Que los documentos públicos hacen prueba en el proceso, y que según el artículo 271 del Código Procesal Civil en su numeral 2, los otorgados ante o por notario, son documentos públicos, nos referimos exactamente al instrumento público, en este caso dicho documento público del que trata el Código Civil y que es el único documento legitimo para hacer valer el dominio o posesión de una finca, es el expedido por el suscrito ministro de fe o notario denominado escritura pública y que ya ha sido incorporado en el respectivo protocolo, es decir un acta de acuerdo municipal número 133 en acta número 19 de 24 de mayo del año 1972, no es justo título de dominio ya que necesariamente debe existir un instrumento público para que la parte actora pueda reclamar la titularidad dominical del bien objeto de nulidad, situación este que se encuentra prescripta, siendo esto último un alegado hecho valer por medio del defecto material en su momento procesal oportuno y que la juzgadora de primera instancia no se pronunció en primer lugar sobre el mismo incidente material instaurado tal como lo ordena el artículo 417 del código procesal civil en su apartado segundo, que expresa "CUANDO LA CUESTION INCIDENTAL DEBE DECIDIRCE PREVIAMENTE A LA QUE CONSTITUYE EL OBJETO DEL PROCESO, SIN QUE SEA OBSTACULO PARA LA CONTINUACION DEL MISMO, SE RESOLVERA SOBRE ELLA EN LA SENTENCIA DE FORMA SEPARADA, es decir el a-quo y el ad-quem no se pronunció EN PRIMER LUGAR, sobre este aspecto del cual la AQUO infringe el artículo 7 y sobre todo el articulo 115 ambos del Código Procesal Civil, ya que los actos procesales que conforman el procedimiento civil deberán realizarse de acuerdo con las prescripciones del Código, de la ley orgánica de los tribunales y de la Constitución de la República, SIENDO NULAS O ANULABLES EN CASO CONTRARIO, debió la judicatura pronunciarse en primer lugar sobre el incidente o defecto material de prescripción de la acción de nulidad, está por ser de tipo personal o no real (demanda de nulidad), redactando su sentencia de forma errónea ya que entro en primer lugar al fondo del asunto debió decir si en primer lugar estimaba o no la prescripción de la acción para demandar la rescisión del contrato de compraventa.-EI principio de valoración de la prueba contenido en el artículo 13 comparado con el artículo 245 del propio Código Procesal Civil, que habla de que las judicaturas deben de excluir la arbitrariedad, ya que según el artículo 321 constitucional ningún funcionario tienen más facultades que las previstas en la Constitución y las leyes (principio de legalidad), en éste caso la ley procesal le ordena al juez que valoración le debe dar a una prueba fehaciente o instrumento público conocido como justo título de dominio, del cual carece el actor en el juicio y a diferencia de mi patrocinado o demandado que si contiene un título o justo título de dominio tal como lo ordena la ley sustantiva en su artículo 743 del Código Civil. TERCERO: Esta representación procesal demandada en calidad de impugnante expresa lo siguiente de acuerdo al pronunciamiento de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil, de Francisco Morazán lo siguiente: que la parte actora-demandante aduce que en base al acuerdo número 133 contenido en el acta número 19 de fecha 24 de mayo de 1972, existe una obligación, y que según dicho contraparte procede la aplicación de los artículos 1346 y 1348 del Código Civil, es decir alega el nacimiento de la obligación y que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben de cumplirse al tenor de los mismos, EN PRIMER LUGAR, no existe tal obligación entre las partes enfrentadas en este proceso, ya que la obligación la contrajo la Federación Hondureña de Cooperativas LTDA (FEHCOVIL), con la Alcaldía Municipal del Distrito Central, y NO la Cooperativa de Vivienda el hogar LTDA, según el artículo 59 del Código Procesal el mismo dispone cuales son los presupuestos para ser parte en el juicio, de las cuales una de esos presupuestos es tener legitimación, mismo presupuesto del cual carece la Municipalidad del Distrito Central, es decir la acción debió instaurarse contra la FEHCOVIL, y no contra la Cooperativa de Vivienda el Hogar LTDA, dispone también el código procesal civil como norma adjetiva en su artículo 64, la legitimación ordinaria o extraordinaria, y que incluso debió integrar en el juicio la judicatura de primera instancia sin embargo no lo hizo, con todo esto se incrementa las graves infracciones a las normas sustantivas y adjetivas, ya que la que hace la Corte de Apelaciones del Francisco Morazán, en utilizar una técnica jurídica arbitraria careciendo de justificación lógica dicho documento sentencia!. No debemos de olvidar que el Código Civil en su artículo 620 referente al Título 111 de los Bienes Nacionales párrafo segundo nos dice: Los mismos se extienden a cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares y en sus tierras, aunque cuando su uso sea público por permiso del dueño. CUARTO: En base a lo antes expuesto y tomando en consideración los alcances del recurso de apelación dispuestos en el artículo 715 del Código Procesal Civil, nos encontramos ante una infracción en la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de normas legales en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo. 1. EXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LA LEGITIMACION EN CAUSA ACTIVA a) El ad-quem dice en el párrafo segundo parte final de los fundamentos de derecho de la sentencia, para la validez de un contrato debe de existir consentimiento, objeto y causa, previsto esto en el artículo 1552 del código civil, es decir el contrato de compraventa a favor de mi mandante es un contrato perfecto, ya que se cumple el artículo 743 del Código Civil, ya que consta mediante una escritura pública, digo todo esto en el presente recurso de casación como medio de impugnación extraordinario, por los dispuesto en el artículo 1573 del Código Civil que de forma taxativa dice "LOS CONTRATOS SERAN OBLIGATORIOS, CUALQUIERA QUE SEA LA FORMA EN QUE SE HAYAN CELEBRADO, SIEMPRE QUE EN ELLOS CONCURRAN LAS CONDICIONES ESENCIALES PARA SU VALIDEZ, según el artículo 1574, "SI LA LEY EXIGIERE EL OTORGAMIENTO DE ESCRITURA U OTRA FORMA ESPECIAL PARA HACER EFECTIVAS LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE UN CONTRATO LOS CONTRATANTES PODRAN COMPELERSE RECIPROCAMENTE A LLENAR AQUELLA FORMA DESDE QUE HUBIESE INTERVENIDO EL CONSENTIMIENTO Y DEMAS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU VALIDEZ.- Por lo antes dicho retrospectivamente mi patrocinado o mandante si cumplió con lo estipulado por la ley, según el artículo primero del Código Civil, la ley manda, permite o prohíbe, consta que mediante instrumento público número 127 de fecha 19 de diciembre del año 1974, donde persiste la titularidad dominical según el artículo 613 del Código Civil, y que la misma contiene una tradición perfecta, distinto al derecho que reclama la parte actora ya que solo consta en un acta celebrada en 1972, situación está que nunca se perfecciono tal como lo manda el artículo 1574 del Código Civil, que incluso el mismo se encuentra prescrito el derecho que reclama el actor y que se alegó como oposición a la pretensión del actor por esta representación dicha prescripción está contemplada en el artículo 1593 del Código Civil, ya que la pretensión principal del actor es la nulidad de un contrato, y dicho plazo para pedirlo es de cuatro (4) años, para poder pedir su rescisión, siendo la rescisión conocida como la acción de nulidad de los contratos o negocios jurídicos y en derecho notarial como acción proforma, HAN PASADO MAS DE 40 AÑOS y dicha acción le prescribió al actor en fecha mayo de 1976, honorables Magistrados de la Sala de lo civil, estamos ya en el año 2017 y la judicatura de primera instancia y segunda instancia nunca se pronunciaron sobre la excepción o defecto material de prescripción alegado, y digo esto ya que en primer lugar la juez de primera instancia tuvo que haberse pronunciado ya que han pasado más de cuatro años y las demás pretensiones alegadas en base a la prescripción, tuvo que haber sido desestimadas en el juicio, hay una flagrante infracción a las normas sustantivas por el ad-guen, también contempladas en los articulo 1589 y 1590 del código civil, así como el artículo 1593 del mismo cuerpo sustantivo jurídico aplicable; y que por prescripción extraordinaria pasados los 20 años y en su posesión material y con escritura pública la parte demandada se debe de considerar dueña, y dársele ese derecho. Según el artículo 245 en su numeral 2 del Código Procesal Civil, "la valoración de los distintos medios de prueba deberá de deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos de la sentencia, BAJO LA SANCION DE NULIDAD, de acuerdo al artículo 7 del Código Procesal Civil, cada proceso se desarrollara según las disposiciones del código procesal, de acuerdo a la Constitución de la República, de igual manera según este mismo artículo en su numeral 2 expresa LA RESOLUCION DEL ORGANO JURISDICCIONAL QUE PONGA FIN AL PROCESO HA DE SER CONGRUENTE CON LA PETICION DEL ACTOR Y CON LO OPUESTO POR EL DEMANDADO, ……. TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS APLICABLES Y LAS PRUEBAS EVACUADAS. Con la pruebas denominadas documentales públicas y que sirvieron para extinguir los hechos alegados son: I.- Un instrumento público debidamente registrado ante el instituto de la Propiedad, mediante instrumento público número 127 del fecha 19 de diciembre del año 1974 II.- 12 actas de asamblea general y la junta directiva celebradas por la Cooperativa el Hogar donde consta que la escuela el Japón y el kínder el hogar son obras de la cooperativa el Hogar III.- Constancia de fecha 18 de marzo del año 2003, donde el director de la escuela el Japón reconoce el derecho de propiedad de la Cooperativa el hogar LTDA IV.- Resultado de estudio de investigación efectuado en fecha 12 de agosto del 2014, por el consejo nacional superior de cooperativas en donde se reconoce el derecho de propiedad de la cooperativa V.- Testimonio de escritura pública número 34 de fecha 2 de febrero del año 1996 donde se demuestran los actos de disposición y titularidad dominical de la Cooperativa el Hogar LTDA. VI.- Ocho (8) recibos de pagos de impuestos municipales de pago de impuesto de bienes inmuebles de los últimos ocho años, con esto se acredita el ánimo de dueño, en donde se ejerce el dominio y posesión del bien objeto de disputa VII.- Acta de comparecencia del representante de Cooperativa el hogar LTDA atendiéndola exigencia de la AMDC sobre el pago de bienes VIII.- Estado de cuenta emitido por la alcaldía del Distrito Central a cargo de cooperativa el hogar LTDA. Con todos estos documentos y medios de prueba se logra extinguir o desvirtuar el derecho reclamado mediante la acción de nulidad por la parte actora, en donde da lugar a que como lo manda la ley procesal civil a que los hechos permanezcan inciertos, y que cuando los hechos permanecen inciertos el órgano decisor debe rechazarlos. b) El ad-quen infringe el artículo 207 del Código Procesal Civil, ya transcrito cuando en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia combatida deje de hacer los razonamientos de los hechos del ordenamiento jurídico, lo que a su vez lo conduzcan hacer una apreciación y valoración de la prueba documental descrita en los anteriores literales, prueba documental fehaciente con una valoración ya tasada, que extinguen y desvirtúan que el acción de nulidad y que con la compraventa mediante instrumento número 127 del 19 de diciembre del año 1974, se cumplió y se llevó a cabo con todas las solemnidades que la ley establece, según el artículo 743 y 1574 del propio Código Civil y que según los artículos 1593 la misma acción ya está prescrita, incidente interpuesto en el escrito de contestación de la demanda y sustanciado en la audiencia preliminar, y que ARBITRARIAMENTE el ad-quen infringe, con todo esto en flagrante y grave violación a la garantía constitucional prevista en el artículo 103 de la Constitución de la República que trata del derecho a la propiedad privada, "El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones" es un error del órgano ad-quen o Corte de Apelaciones que basada en apreciaciones aisladas resolver una cuestión litigiosa en base a pareceres de la misma, arbitrarios ya que siendo ésta un litigio que debió resolver a puro derecho. Según el artículo 228 Código Procesal Civil, "a través de los medios de prueba las partes acreditan las afirmaciones de hecho alegadas que sean controvertidas, convenzan al juez o tribunal de la verdad o certeza de un hecho, o lo verifican como cierto a los efectos del proceso". Según el artículo 200 Código Procesal Civil que habla del contenido formal de la sentencia, y artículo 206 Código Procesal Civil establece la claridad, precisión y exhaustividad, en donde en su numeral 1.- las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, así como son de aplicación el numeral 2 y 3 de este mismo artículo. En síntesis el órgano de segunda instancia confirma un documento sentencial con un acta municipal, restándole valor probatorio, legítimo y fehaciente a un instrumento público número 127 de compraventa, creando inseguridad jurídica en el país y que según el artículo primero constitucional vivimos en un Estado de derecho, crea una incertidumbre el órgano colegiado o Corte Segunda de Apelaciones Civil, provocando insisto a la vez una inseguridad jurídica con este tipo de resoluciones al dar por cierto hechos de reclamo de una acción personal de nulidad YA PRESCRITA EN ESTRICTO DERECHO, donde no se expresa el fundamento o prueba que exige la ley sustantiva y adjetiva, para darlo por probado de forma contundente. c) Establece el procesalista en Derecho civil y tema de Oralidad, MICHELE TARUFFO, lo siguiente “ la justificación que sigue rigurosos cánones de racionalidad es más completa, pero también más simple y lineal" es en relación a la forma de motivar la resoluciones finales o sentencias a manera de que las mismas en base a una lógica de la razón, en base a verdaderos razonamientos jurídicos el Juzgador sea asertivo, distinto a lo que ha pasado en el caso concreto que nos ocupa en el presente recurso de Casación. De hecho, una verdadera justificación lógica o una sentencia que carezca de suficiente motivación y Justificación lógica de la materia debe ser objeto de nulidad o reforma en su totalidad y es un motivo de casación por ser violatoria del debido proceso. Del análisis que nos ocupa podemos concluir que la Corte de Apelaciones Civil no tomó en cuenta la prueba que sirvió para poder extinguir el objeto de debate que es: Si era nulo o no el instrumento público o escritura pública número 127 de fecha 19 de diciembre del año 1974 otorgada por FEHCOVIL a favor de Cooperativa el Hogar LTDA, porque la misma contiene los elementos de ser un acto consensual, cuando realmente si se presenta el acto consensual en el instrumento número 127 de compraventa a favor de mi patrocinado. El mayor y evidente grave error que comete el Ad-quen en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia combatida es considerar o razonar que el documento o instrumento de compraventa y que de forma absurda lo declara nulo parcialmente, ENIDITAMENTE, tanto el a-quo como el ad-quen no pueden hacer eso en una resolución en el caso particular un instrumento si es nulo es en su totalidad pero no de forma parcial, se infringe gravemente los artículos 613, 743, 1574, 1589, 1590 Y 1593 del código civil, los dejan de aplicar los juzgadores, se les olvida que el artículo 321 constitucional les fija límites, y que la motivación de la sentencia es para evitar los exabruptos de los mismos juzgadores para que no muestren sus arbitrariedades en la resoluciones definitivas que emitan al efecto, de este recurso es que no los valora el Ad-quen, siendo documento público de compraventa mediante escritura pública 127 de 19 de diciembre del año 1974, no está dentro de los actos de nulidad previsto en el artículo 1552, 1586 o 1587 del Código Civil, según el Código Civil para que sea nulo, ya que contienen todas las solemnidades exigidas por la ley, y que el dominio y posesión se ha venido ejerciendo desde hace más de 40 años por parte de la Cooperativa el hogar LTDA, es decir no solo basta que las demandantes lo aleguen sino que deben probar fehacientemente el hecho, permaneciendo los hechos extinguidos o desvirtuados con la prueba opuesta en la presente acción, quedo enervada la prueba del actor y los hechos deducidos en su escrito de demanda con la prueba legitima fehaciente e inimpugnable aportada por esta representación procesal. d) Podemos concluir honorables Magistrados que en el presente caso no se dan los presupuestos de nulidad exigidos y regulados en los artículos 1586, 1587, 1588 Y 1589, todos del Código Civil, que solo en este tipo de casos cabe declarar la nulidad de un acta o contrato, según la ley sustantiva que nos corresponde aplicar, en donde la vendedor (FEHCOVIL) en plena capacidad para otorgar o celebrar este tipo de actos lo ejecuto a favor de la Cooperativa el Hogar LTDA, materializándose mediante instrumento número 127 de fecha 19 de diciembre del año 1974, siendo un contrato perfecto y eficaz, por haberse cumplido las solemnidades exigidas en los artículos 743, 1594 del Código Civil, así como el artículo 14 de la ley del registro de la propiedad, ya que consta un folio real de inscripción, el artículo 14 dice lo siguiente "habrá tres clases de folios reales, que se denominaran a) folio real privado, en el que se inscribirán los títulos o instrumentos auténticos que se refieren los artículos 2312, 2325 Y 2349 del Código Civil, de manera que en el mismo se registren en orden sucesivo, y por fecha de presentación de los diversos títulos, las mutaciones de dominio, gravámenes y todo cuando se relacione con cada una de las fincas inscritas b) folio real ejidal, en el que se harán constar las transferencias y afectaciones de dominio útiles sobre bienes ejidales y c) folio real nacional, en la que se inscribirán todos los inmuebles fiscales y sus afecciones, siendo el instrumento público un documento que por ser fehaciente, el instrumento número 127 de 19 de diciembre del año 1974, es considerado legítimo, por tal razón el órgano Ad-quen de una forma ilegal, absurda, arbitraria, irracional, e ilógica y tratando de llevar el asunto o negocio jurídico contrario a lo racional y que no corresponde a los más elementales criterios de la lógica, incurriendo eh la infracción señalada y que se refleja en la sentencia que hoy se recurre, ya que el acto que reclaman el actor o representante de la alcaldía Municipal del Distrito central nunca se inscribió, y que para que el mismo surta efectos debe constar su registro, según el artículo 713 del Código Civil, en su párrafo segundo expresa lo siguiente "ESTE INSTRUMENTO PODRA SER EL MISMO ACTO O CONTRATO, Y,QUE PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS DEBERA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD", comparándolo con el párrafo segundo del artículo 697 del propio Código Civil que dice lo siguiente “lo que se dice del dominio se extiende a los otros derechos reales". Honorable Tribunal, habiendo establecido con claridad y precisión la infracción de la norma procesal cometida por el Ad-quen al dictarse la sentencia recurrida corresponde en derecho admitir y estimar el presente motivo de casación. B) DEL SEGUNDO MOTIVO: INFRACCION DE NORMAS QUE RESUELVEN EL FONDO DEL LITIGIO. Se impugna la falta de aplicación de los artículos 613, 614, 697, 709,713, 743, 1539, 1544, 1552, 1573, 1574, 1596, 1589,1590, 1593, 1605, 1610, 2309, 2310, 2311,2312,2313,2317,2323, TODOS DEL CODIGO CIVIL y artículo 14 DE LA LEY DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, (no consta la inscripción del acuerdo número 33 de acta 19 en el Registro de la propiedad, debido inscribirse, para que surta efectos), así como los artículos 207,321,322, 333 en su numeral 3, 705 Y 715 numeral 4 del código Procesal civil, que NO fueron empleados para la solución del fondo del litigio y que dicen: DEL CODIGO CIVIL Artículo 613: Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Artículo 614: La propiedad del suelo comprende la de las capas inferiores y la del espacio superior dentro de los planos verticales levantados en los linderos de la finca, hasta donde lo exige el interés del propietario en relación con el uso a que la destine. Artículo 620: Los puentes y caminos construidos a expensas de personas particulares en tierras que les pertenecen, no son bienes nacionales, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos. Lo mismo se extiende a cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares y en sus tierras, aun cuando su uso sea público, por permiso del dueño. Artículo: 697 La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y concite en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por una parte, la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del domino se extiende a los otros derechos reales. Artículo 709: Si el tridente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por el o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tridente sobre la cosa entregada. Pero si el tridente adquiere después el dominio, se entenderá haberse este transferido desde el momento de la tradición. Artículo °713 La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos, se efectuara por medio de un instrumento público en que el tridente exprese verificarla y el adquirente recibirla. Este instrumento podrá ser el m ismo del acto o contrato, y para que surta efecto contra terceros deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad. Artículo 743: Para que cese la posesión que se tiene por instrumento público, es necesario un nuevo instrumento público en que el poseedor transfiera su derecho a otro. Mientras esto no se verifica, el que se apodera de la cosa a que se refiere el instrumento, no adquiere la posesión de ella, ni pone fin a la posesión existente, salvo que por decreto judicial se transfiera a otro el derecho. Artículo 1539: Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Artículo 1544: El contrato es real, cuando para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne, cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil, y es consensual, cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Artículo 1552: No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1- Consentimiento de los contratantes. 2- Objeto cierto que sea materia del contrato. 3 - Causa de la obligación que se establezca. Artículo 1573: Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Artículo 1574: Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez. Artículo 1596: La nulidad absoluta, lo mismo que la relativa, declarada por sentencia firme, dan derecho a las partes para ser restituidas al mismo Estado en que se hallaban si no hubiese existido el acto o contrato nulo; siempre que la nulidad no sea por lo ilícito del objeto o de la causa, en cuyo caso no podrá repetirse lo que se ha dado o pagado a sabiendas. Artículo 1593: El plazo para pedir la rescisión, será de cuatro años, que se contarán: En el caso de violencia, desde que hubiere cesado. En los actos y contratos ejecutados o celebrados por el menor, desde que el padre, madre o guardador tuvieren conocimiento del acto o contrato, y a falta de ese conocimiento, desde que el menor tuviese habilidad legal para administrar sus bienes o hubiere cumplido veintiún años. En los demás casos, desde la fecha de la celebración del acto o contrato. Todo lo cual se entiende y se observara, cuando la ley no hubiere señalado especialmente otro plazo. Artículo 1605: Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo representé. Artículo 1610: La venta se perfeccionara entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. "Artículo 1630": Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe. si fuere mueble. Si fuere inmueble. la propiedad pertenecerá al adquiriente que antes la haya inscrito en el Registro. Cuando no haya inscripción. pertenecerá la propiedad a quien e buena fe sea primero en la posesión; y, faltando esta. a quien presente título de fecha más antigua. siempre que haya buena fe. Artículo 2309: El registro se hará en la oficina a que correspondan por su situación los bienes de que se trata. Si los bienes estuviesen situados en distintas demarcaciones, el registro se hará en cada una de ellas. Artículo 2310: Los títulos sujetos a registro no perjudican a terceros, sino desde Ia fecha de su inscripción. Se considera como tercero aquel que no ha sido parte de el acto o contrato a que se refiere la inscripción. El heredero se considera como una sola persona con su causante. Artículo 2311: La inscripción es el asiento que se hace en los libros del Registro, e los títulos sujetos a este requisito, con el objeto de que consten públicamente los actos y contratos consignados en dichos títulos, para los efectos que este Título determina. Es de dos clases: inscripción definitiva, que es la que produce efectos permanentes, e inscripción provisional, llamada también anotación preventiva. Artículo 2312: En el Registro de la Propiedad se inscribirán: 1o.- Los títulos o instrumentos en que se reconozca, transfiera, modifique o cancele el dominio o posesión sobre inmuebles. 2o.- Los títulos o instrumentos en que se constituyan, transfieran, reconozcan, modifiquen o cancelen derechos de usufructo, herencia, uso, habitación o servidumbre sobre inmuebles; y 3o.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, cuando deban hacerse valer contra tercero. Artículo 2313: Toda inscripción que se haga en el Registro, expresará las circunstancias siguientes: 1o.- La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los cuales afecte el derecho que debe inscribirse, y su medida superficial. También expresará su nombre y número si constaren del título. 2o.- La naturaleza, valor, extensión, condiciones y cargas de cualquiera especie del derecho que se inscribe. 3o.- La naturaleza extensión, condiciones y carga del derecho sobre el cual se constituye el que sea objeto de la inscripción. 4o.- El nombre, apellido, profesión y domicilio del que transmita o constituye el derecho que ha de inscribirse y las mismas designaciones de la persona a cuyo favor se haga la inscripción. Si no fueren personas naturales, se hará constar el nombre oficial de la corporación o el colectivo de los interesados. 5o.- La clase de título que se inscribe y su fecha. 6o.- El nombre y apellido del Cartulario que autorizo el título que haya de inscribirse; y 7o.- La fecha de la presentación de título al Registro, con expresión de la hora. La naturaleza de los inmuebles se determinará expresando si son rústicos o urbanos; y la de los derechos, con el nombre que se dé. Artículo 2317: Inscrita una propiedad inmueble, se entenderán también inscritas las edificaciones que en ella se hicieren; pero el propietario tendrá la obligación de presentar una minuta en que expresará la naturaleza de la obra, su extensión y valor en que la estimare, y el Registrador tomará razón de ella al margen de la inscripción de la propiedad primitiva. Artículo 2323: Las escrituras públicas de actos o contratos que deban inscribirse, expresaran las mismas circunstancias que se han indicado para el registro. DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Artículo 207: 1.- las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho. 2.- la motivación deberá de incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón. Artículo 715: numeral 4.- si se apreciara alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal REVOCARA la sentencia apelada y dictara lo que estime procedente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 literal b), c) y numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: De la lectura de la sentencia combatida se desprende que el Ad-quem hace suyos los juicios emitidos por el órgano Aquo, para confirmarla en todo su sentido, con infracción de las normas materiales antes transcritas por falta de aplicación de las mismas para resolver el fondo del litigio de las normas sustantivas antes transcritas, digo esto por los dispuesto en el artículo 1630 del Código Civil que literalmente expresa: Artículo 1630 si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere mueble. Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquiriente que antes la haya inscrito en el Registro. Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien e buena fe sea primero en la posesión; y, faltando esta, a quien presente título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe, la compraventa siempre será otorgada válidamente en base a dichas normas sustantivas ya que el Notario autorizante lo hizo como lo ordena el código Civil, encontrándose tasados ya este tipo de documentos legítimos. los cuales son los presupuestos sustantivos para su validez, por ser perfecto y eficaz, por consiguiente no procede el elemento jurídico de la nulidad, DICHO ACTO RECLAMADO POR EL ACTOR, EN TODO CASO DEBIO SER INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SITUACION YA PRESCRITA, EL ACTA MUNICIPAL QUE SE LE QUIERE DAR CALIDAD DE TITULO YA PERDIO VALIDEZ EN VISTA QUE HAY UN TITULO QUE NO PODEMOS OBVIAR TODO PARA QUE SURTA EFECTOS, en síntesis, no existe ni se presentó como prueba la inscripción en el Registro respectivo, se cumple con los elementos de todo contrato como ser el CONSENTIMIENTO, el objeto y la causa según el artículo 1552 del Código Civil, con esto el Ad-quem afecta grandemente las garantías de mi defendió según el artículo 81 y 89 de nuestra Constitución de la República de Honduras, así como de sus derechos procesales como norma de orden público de que ha sido despojado en la sentencia impugnada de forma extraordinaria.- Basado en la resolución del Ad-quem por ser arbitraria, y siendo que la MOTIVACION EN BASE AL ARTICULO 207 es y tiene en el derecho moderno rango constitucional, comete el Ad-quem ese grave error material, afectando con todo esto el derecho del demandado así como también despojándolo y quitándole el derecho al dominio y posesión que ya posee sobre dicho bien obtenido vía compraventa, debidamente inscrita en el registro, motivo este en donde le es reconociendo su derecho real a la sociedad Cooperativa el Hogar LTDA. SE SOLICITA SE DECRETE DE OFICIO NULIDAD DE ACTUACIONES.- EXPLICACION DEL MOTIVO DE NULIDAD. Las nulidades absolutas deben ser observadas por cualquier juzgador en cualquier instancia o recurso en forma oficiosa aun o cuando no hayan sido alegadas por ninguna de las partes y máxime si la violación se produce en el momento de la sentencia (ver el artículo 214.2 CPC). De conformidad con el artículo 212.4 del CPC los actos procesales serán nulos cuando se prescindan de normas esenciales de procedimiento siempre que por esa causa se haya producido indefensión. De conformidad con el artículo 245 del CPC "la valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución". De conformidad con la doctrina siguiendo al actor Montero Aroca, en su libro de prueba en el proceso civil, la valoración de la prueba comprende 2 actividades mentales del juzgador que son: 1) la interpretación que consiste en fijar lo que el testigo dijo, lo que el documento se deduce y lo que el perito concluye y 2) la valoración consiste en determinar el valor concreto que debe atribuirse al medio e prueba apreciado en la aprobación de la certeza. De la simple lectura de esta sentencia combatida se infiere la falta de apreciación valoración de la prueba de mi representado, al grado que le produce indefensión al no poder deducir de manera clara y terminantes de los fundamentos facticos y jurídicos de la misma cual fue la valoración de los distintos medios de prueba, situación que acarrea nulidad de la sentencia. Esto se ve observado desde el momento mismo que el Ad-quem, al dictar la sentencia recurrida deja de deducir en manera alguna la valoración de los distintos medios de prueba aportados por mi representado en el juicio, según la fundamentación fáctica y jurídica de la sentencia combatida, prueba útiles, determinantes y pertinentes con las que se logra extinguir y desvirtuar la nulidad reclamada vía acción personal la parte demandante, lo que conllevo al juzgador a dictar una sentencia nula.” SEXTO: El abogado Wilmer Antonio Núñez Cabrera, plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la contraparte, de la siguiente manera: (Sic) “I.A LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMERA CAUSAL O MOTIVO En su primer motivo, el impetrante denuncia la infracción por falta de motivación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, ya que los razonamientos empleados para estimar la nulidad alegada por la contraparte, es decir su fundamento factico carece de racionalidad y lógica. El recurrente desarrolla el concepto de la infracción, denunciando en primer término, que el AQUO infringe el artículo 7 y sobre todo el artículo 115 ambos del Código Procesal Civil, ya que los actos procesales que conforman el procedimiento civil deberán realizarse de acuerdo con las prescripciones del código, de la ley orgánica de los tribunales y de la Constitución de la República, siendo nulas o anulables en caso contrario, ya que la judicatura debió pronunciarse en primer lugar sobre el incidente o defecto material de prescripción de la acción de nulidad esta por ser de tipo personal o no real, redactando su sentencia de forma errónea al entrar en primer lugar al fondo del asunto, debió decir si en primer lugar estimaba o no la prescripción de la acción para demandar la recisión del contrato de compraventa así mismo que el principio de valoración de la prueba contenido en el artículo 13 comparado con el artículo 245 del propio Código Procesal Civil, que habla de que las judicaturas deben excluir la arbitrariedad, ya que según el artículo 321 constitucional ningún funcionario tiene más facultades que las previstas en la constitución y las leyes, en este caso la ley procesal le ordena al juez que valoración le debe dar a una prueba fehaciente o instrumento público conocido como justo título de dominio, del cual carece el actor y a diferencia de su patrocinado que si contiene un título o justo título de dominio tal y como lo ordena la ley sustantiva en su artículo 743 de Código Civil, en tal sentido lo que hace la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, es utilizar una técnica jurídica arbitraria careciendo de justificación lógica dicho documento sentencia, y que en base a lo antes expuesto y tomando en consideración los alcances del recurso de apelación dispuestos en el artículo 715 del Código Procesal Civil , nos encontramos ante una infracción en aplicación e interpretación tanto de la normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de normas legales en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión del fondo . Partiendo de lo antes expuesto, es preciso citar el artículo 723 numeral 2 , literal a) del Código Procesal Civil, norma que prescribe que se podrá inadmitir el motivo en caso de concurrir “incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este código para el escrito de interposición y formalización, entre las que comprende la falta de relación de las normas de derechos citados como infringidos con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas.” En tal sentido, el motivo ha de ser inadmitido por las razones siguientes: a).- Falta de Separación y claridad de las infracciones. El artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil, desarrolla las exigencias y requisitos del Recurso, de la siguiente forma: “En este escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundamentar con la suficiente separación y claridad precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.” El recurrente no singulariza con la debida precisión el tipo de infracción que supuestamente adolece la sentencia, al establecer, que ante la sentencia que impugna se está ante una infracción en la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de normas legales en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo. La casación es una función atribuida a un órgano judicial supremo con el objeto de anular sentencias que contienen errores de derecho que son susceptibles de impugnación por medios ordinarios. De lo expuesto se establece que el motivo que se contesta, es impreciso ya que no es claro, el examen que realiza sobre la supuesta infracción no es concluyente al no especificar en forma separada en qué consiste el vicio, por lo que en este tipo de recursos no puede considerarse como instancias más del proceso, ya que lo que se juzga es la sentencia frente a la ley y por las causas y razones que legalmente se aduzcan. Cuando se impugna una sentencia mediante recurso de casación, el impetrante debe estar claro, si lo hace atacando el fondo del litigio, o sea que la sentencia impugnada adolece de aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea. Y si el ataque a la sentencia es por forma debe de respetar las hipótesis que establece el artículo 719 numeral 1, letra c) y desarrollar por separado la hipótesis que establece el numeral 2 del artículo 720 del Código Procesal Civil, es decir, si su impugnación debe atenerse a que la misma se sustente en el control de la motivación fáctica, esa como primera hipótesis, si hay suficiencia, segunda hipótesis, racionalidad, tercera hipótesis y carácter lógico, cuarta hipótesis, todas esas hipótesis deben ser singularizadas por separado, extremos esos que no se observan en el motivo que se contesta, específicamente en donde desarrolla el mismo, pues basta leer el mismo para enterarse que el recurrente hace alegatos propios de instancia, mismo que no se permiten en el recurso de casación. En estos términos se pronuncian los juristas, Juan Montero Aroca y José Flors Maties1, quienes argumentan: “nada impide que las infracciones legales sean varias y que, consiguientemente, el recurso tenga varios motivos, tantos como infracciones se quiera denunciar”1 así mismo, el acuerdo de la Sala Civil del Tribunal Supremo Español de fecha 30 de diciembre de 2011, sobre criterios de admisión de recursos de casación contienen su apartado I una enumeración de las causas por las que no resulta admisible el recurso, entre las que se encuentran: “La acumulación de Infracciones, La cita de Preceptos Genéricos, o la Cita de Preceptos Heterogéneos, en un mismo motivo”. Posteriormente, el mismo acuerdo, en su apartado IV establece: “Cabe, sin embargo, alegar diversas infracciones o vulneraciones que tengan la misma naturaleza. Por ello, para lograr la debida claridad, por razones de congruencia y contradicción procesal, tanto si se alega más de una infracción o vulneración de la misma naturaleza, como si se alegan varias de distinta naturaleza, cada una de ellas debe ser formuladas en un motivo distinto y todos deben ser enumerados correlativamente” 2. Por lo anterior, el motivo ha de ser inadmitido. b).- Incongruencia entre las normas denunciadas como infringidas y el desarrollo de la fundamentación del motivo. Pese a que el recurrente indica como infringido el artículo 207 del Código Procesal Civil, que se refiere a la motivación fáctica y jurídica de la sentencia, al momento de desarrollar la fundamentación del motivo, también se refiere a la claridad, precisión y exhaustividad, comprendida en el artículo 206 del Código Procesal Civil . De este modo, el recurrente no solo deja infringe la debida técnica recursiva al no separar las infracciones en motivos distintos, si no que desarrolla infracciones no expresadas en el motivo, por lo que es procedente declarar la inadmisión del mismo. SEGUNDA CAUSAL O MOTIVO. El impetrante aduce que la sentencia impugnada adolece del vicio de falta de aplicación de los artículos: 613, 614, 697, 709, 713, 743, 1539, 1544, 1552, 1573, 1574, 1596, 1589, 1590, 1593, 1605, 1610 1 MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATIES, José, El recurso de casación civil, 2aed, tirant lo Blanch, valencia, 2012, pags. 553 y 553. 2 MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATIES, José, Op.cit., pags. 652,653 y 659 ,2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2317, 2323, todos del Código Civil, 14 de la Ley del Registro de la Propiedad, así como 207, 321, 322, 333 en su numeral 3, 705 y 705 numeral 4 del Código Procesal que no fueron empleados para la solución del fondo del litigio. Y cuando explica la supuesta infracción establece que de la lectura de la sentencia combatida se desprende que el Ad-Quem hace suyos los juicios emitidos por el órgano Aquo, para confirmarla en todo su sentido , afectando con todo esto el derecho del demandado así como también despojándolo y quitándole el derecho al dominio y posesión que ya posee sobre el bien obtenido vía compraventa debidamente inscrita en el registro, motivo este en donde le es reconocido su derecho real a la sociedad cooperativa el Hogar LTDA. Lo expuesto por el recurrente carece totalmente de fundamento por cuanto la sentencia emitida por la corte segunda de apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en su motivación dice textualmente: “CONSIDERANDO QUINTO: Que del análisis de los reseñados hechos u demás actuaciones procesales y judiciales incluyendo lo argumentado por cada una de las partes en el presente recurso de apelación , pudimos establecer lo siguiente: A)- Que la demanda fue presentada ante el Juzgado de primera instancia el 8 de mayo del año 2015. B)-Que la escritura de compraventa cuya nulidad se solicita, fue otorgada el 19 de diciembre del año 1974, en la cual traspasaron todos los derechos de propiedad incluyendo el área destinada al consejo metropolitano del distrito central, ahora alcaldía municipal del distrito central para la construcción de escuela, deportes y centro comunal a favor de la cooperativa de vivienda “EL HOGAR”, Ltda. C)-Que lo que se demanda expresa y puntualmente es únicamente la nulidad o anulabilidad del testimonio de una escritura pública y sus inscripciones posteriores. D)- Que el juicio giro en torno al referido traspaso al Consejo Metropolitano del Distrito Central, de los lotes para Escuela, Deportes y Centro Comunal que como obligación de conformidad a la cláusula “8” del ACUERDO N0-133 del 24 de mayo del año 1972, traído a colación por el demandante en el presente juicio le correspondía a la “FEDERACION HONDUREÑA DE COOPERATIVAS LTDA (FEHCOVIL), quien a su vez traspaso a la COOPERATIVA DE VIVIENDA EL HOGAR LIMITADA.- E) Que la “ESCRITURA PUBLICA” de que se trata y sus inscripciones son NULAS , debido a que la misma no cumple con los requisitos señalados en el artículo 1552,1573 en relación al 1586 del Código civil, por tratarse de un predio en donde está construida la Escuela República de El Japón y en atención a lo contenido en el acta número 19 del 24 de mayo de 1972, dicha área pertenece a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, teniendo la obligación la federación Hondureña de Cooperativas FEHCOVIL, de realizar el respectivo traspaso y actualmente la cooperativa de vivienda “El Hogar” Limitada, continua incumpliendo lo dispuesto en el acta número 19, anteriormente referida, en consecuencia, el contrato de escritura pública número 34, registrada bajo el número 93 del tomo 2397, en el cual se inscribe a favor de la Cooperativa El Hogar, los derechos de propiedad del predio denominado Hato de En medio, incluyendo el área en donde se encuentra construida la escuela pública “El Japón” y jardín de niños “El Hogar”, adoleciendo este traspaso a favor de la Cooperativa de un vicio de nulidad , debido a que el lugar donde se encuentra la Escuela, es propiedad de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, siendo indebidamente inscrito ese predio a favor de la Cooperativa El Hogar, pues no se respetó lo dispuesto en el acta de fecha 24 de mayo de 1972, encontrándose obligado a cumplir dicho acuerdo, en base a lo estipulado en el artículo 1539 del Código Civil. CONSIDERANDO SEXTO: El demandante, alego respecto a la nulidad solicitada, lo siguiente: Que la “ESCRITURA DE COMPRAVENTA” otorgada por la “FEDERACION HONDUREÑA DE COOPERATIVAS LTDA (FEHCOVIL)” a favor de la COOPERATIVA DE VIVIENDA EL HOGAR LTDA, e inscrita bajo el número 126 del tomo 303 del Registro de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazán, no reunía los requisitos esenciales para su validez como ser: a)- Consentimiento de las partes b)- La capacidad de las mismas para comprar y vender c)- La cosa vendida. Que el demandante enuncio y desarrollo los citados requisitos, LOGRO ACREDITAR LA FALTA DEL REQUISITO ESENCIAL PARA SU VALIDEZ, ya que, la cosa vendida, es para nosotros, ilícita aun cuando es determinada, se trata de un bien nacional de uso público (artículo 617 del Código Civil). En el caso que nos ocupa, debe apreciarse la nulidad de un instrumento público, inscrito bajo el número 126 del tomo 303 del Instituto de la Propiedad, ya que dicha nulidad absoluta es la sanción legal impuesta a los actos celebrados con omisión de un requisito exigido en consideración a su naturaleza o especie; y en base a lo estipulado en el artículo 1586 del Código Civil, hay nulidad absoluta de los actos y contratos en los casos siguientes : 1.- Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia, lo que sucede cuando :a) falta la voluntad de su supuesto autor en los actos unilaterales o el consentimiento en los bilaterales …b) Falta el objeto o hay objeto ilícito; c) Falta la causa o hay causa ilícita. Además de lo anterior, el artículo 1599 del Código Civil, establece los efectos de la nulidad, una vez pronunciada, no se limitan o reducen a los contratantes, sino que alcanzan también a los terceros que derivan su derecho de la persona que adquirió la cosa en virtud del contrato nulo. Cuando se anula un contrato de compraventa, el efecto que se produce entre las partes es el de considerar que jamás se ha celebrado el contrato y el volver a las partes al estado en que se encontraban antes de su celebración. CONSIDERANDO SEPTIMO: El artículo 1346 del Código Civil establece:” Las obligaciones nacen de la Ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia.” El artículo 1546 del mismo cuerpo legal, refiere: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley o la costumbre pertenecen a ella”. Asimismo, el artículo 1539 del Código Civil, señala que “Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa“. Como puede observarse la corte recurrida en su sentencia aplica adecuadamente el hecho a lo que lo subsume, es decir, si existió el acta número 19 de fecha 24 de mayo de 1972, donde se establece que el área donde funciona la escuela república el Japón pertenece a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, teniendo la obligación la FEDERACION HONDUREÑA DE COOPERATIVAS FEHCOVIL, de realizar el respectivo traspaso, lo que actualmente la Cooperativa de Vivienda el Hogar Limitada, continua incumpliendo, por lo que dicho contrato adolece de un vicio de nulidad, faltando al respecto un requisito esencial para su validez (la cosa vendida es ilícita por tratarse de un bien de uso público artículo 617 del Código Civil, mismo que no está dentro del comercio de los hombres ), ya que la legítima propietaria es mi representada, siendo indebidamente inscrito a favor de la Cooperativa el Hogar Limitada, al no respetarse lo establecido en el acta antes aludida tal y como lo establece el artículo 1539 del Código Civil, por lo que procede su nulidad, en ese sentido la norma aplicada por la corte recurrida en su sentencia está conforme a derecho, por cuanto no existe ninguna omisión en la sentencia impetrada ya que esta causal “FALTA DE APLICACIÓN, se da cuando frente a una situación fáctica perfectamente determinada, el juzgador no observa (ignora) un precepto legal sustancial que concretamente regula la situación planteada, es decir, omite aplicarlo”. En consecuencia, argumentar que la sentencia adolece del vicio de falta de aplicación, es desconocer el contenido de la sentencia misma. No está de más agregar que aparte de los errores cometidos anteriormente por el impetrante, en el desarrollo de la supuesta infracción, vuelve a cometer nuevamente el hierro de hacer alegatos propios de instancia. Por lo expuesto el presente motivo es impreciso, falto de claridad, incongruente y confuso, por lo que en aplicación de las normas que regulan el recurso de casación, el mismo debe ser declarado SIN LUGAR. Asimismo, resulta pertinente mencionar que en la sentencia de segunda instancia no se requiere una valoración pormenorizada de cada medio de prueba, ya que, como señala Juan Montero Aroca y José Flors Maties, “la doctrina jurisprudencial admite la motivación por remisión e incluso que determinadas pretensiones puedan considerarse implícitamente rechazadas a la vista del conjunto de los fundamentos de la sentencia.”3 II. AL MOTIVO DE NULIDAD. De forma manifiestamente improcedente, y ante la inadecuada técnica recursiva planteada en los motivos, el censor pretende la nulidad de la sentencia impugnada, señalando que la misma vulnera los requisitos de falta de motivación fáctica y jurídica de la sentencia que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, lo que le produce indefensión. Dicha nulidad no puede prosperar, en primer lugar, debido a que las infracciones a las que se refiere debieron haber sido adecuadamente planteadas en el Recurso de casación, como motivos integrantes del mismo, y no a través de la nulidad. En segundo lugar, debido a que la nulidad Planteada no es más que el desarrollo de la valoración probatoria subjetiva del impetrante. El mismo confunde lo que es la falta de motivación fáctica y jurídica de la sentencia, con su apreciación y valoración personal de la prueba, que no 3 MONTERO AROCA, Juan, y FLORS MATIES, José, op. Cit., pag.194 Asimismo, vid, sentencias de la sala Civil del Tribunal Supremo Español de fechas 16 de marzo de 2010, 16 de septiembre de 2010. Necesariamente ha de coincidir con la del Tribunal. En la sentencia recurrida, se deduce claramente la valoración otorgada a los medios de prueba, dando solución a todos los puntos discutidos en el Recurso de Apelación. Asimismo, resulta pertinente mencionar que en la sentencia de segunda instancia, no se requiere una valoración pormenorizada de cada medio de prueba, ya que, como señala Juan Montero Aroca y José Flores Maties, “la doctrina jurisprudencial admite la motivación por remisión e incluso que determinadas pretensiones puedan considerarse implícitamente rechazadas a la vista del conjunto de los fundamentos de la sentencia.”4 En tal sentido, la nulidad planteada ha de ser desestimada. III. IMPROCEDENCIA A LA DECLARACION DEL RECURSO DE CASACION. HONORABLES SEÑORES MAGISTRADOS: Según el numeral 1) del artículo 716 del Código Procesal Civil, “el Recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional; y, de acuerdo al numeral 2) del mismo precepto legal en referencia, las normas sobre recurso de casación deberá aplicarse e interpretarse en la forma más favorable a la finalidad de unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas “y siendo que existe suficiente, invariable y recurrente jurisprudencia nacional en el sentido que los escritos de interposición y formalización de los recursos de casación no deben hacerse alegatos de instancia como los que está haciendo el recurrente en el caso que nos ocupa, al pretender que mediante el recurso interpuesto se le aprecie y valore prueba, y se le revisen hechos que solamente pueden apreciarse, valorarse y revisarse mediante las 4MONTERO AROCA, Juan, y FLORS MATIES, José, op.Cit., pag.194 Asimismo, vid, sentencias de la sala Civil del Tribunal Supremo Español de fechas 16 de marzo de 2010, 16 de septiembre de 2010. Instancias y recursos ordinarios instituidos para ello. Haciendo improcedente la declaración del alcance del recurso de casación por no haber violación a las reglas procesales durante la sustanciación del juicio, porque la sentencia recurrida se encuentra de conformidad a derecho, porque la segunda instancia al dictar la misma, se juzgó dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición. Por lo tanto, confiamos en que el recurso de casación objeto del presente pronunciamiento habrá de ser inadmitido en todos y cada uno de sus confusos y mal pretendidos motivos, por plantearse en la explicación de los mismos alegatos que no procede invocarse en un recurso de casación. - En tal situación es procedente declarar la firmeza de la resolución recurrida, imponiéndole condena en costas al recurrente en aplicación del artículo 724.2 del Código Procesal Civil.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación[1], el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia Civil es competencia de la Sala de lo Civil[2]; tiene claramente definidos dos fines expresos[3], el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte nuestra normativa procesal civil conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley[4], y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, únicamente podrá ser interpuesto contra las resoluciones expresamente previstas por la ley y por los motivos taxativamente establecidos en ella. 3.- De la prolija exposición hecha por el recurrente abogado Hermes Benigno Pineda Castro, en su condición de representante procesal de la sociedad denominada Cooperativa de Vivienda El Hogar Ltda., esta Sala resume los alegatos planteados, ello en virtud de que los mismos aparecen citados literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. El impetrante expone el Primer Motivo, aduciendo que el fallo proferido por la segunda instancia supone la vulneración del artículo 207.1 y 2 del Código Procesal Civil, que preceptúa: “MOTIVACION 1.- Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. 2.- La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.”, invoca como Precepto Autorizante del motivo el artículo 719.1 literales b) y c), y 720.2 del Código Procesal Civil. En sustento de su impugnación señala que el fallo de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, ha transgredido el artículo 207 del Código Procesal Civil, en cuanto a su motivación, ello porque su fundamento factico, es ilógico irracional y arbitrario, ya que se basa en el mismo criterio del fallo de la primera instancia cuya motivación fáctica y jurídica es completamente ilógica y arbitraria. Así tenemos que el recurrente expone lo siguiente: A) Cita literalmente de los Fundamentos de Derecho, del fallo el numeral Segundo de la sentencia que dice lo siguiente: “SEGUNDO: vista y analizados los antecedentes de proceso, se logra determinar lo siguiente: A) que puntual y expresamente lo que se demanda es la NULIDAD O ANULABILlDAD DEL INSTRUMENTO PUBLICO Y SU INSCRIPCION REGISTRAL, CONSISTENTE EN LA ESCRITURA PUBLICA INSCRITA BAJO EL NUMERO 126, (sic), FOLIOS 110 AL 113, TOMO 303 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DE ESTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN y SU INSCRIPCION POSTERIOR B) Que la demanda es dirigida contra el señor Claudio Antonio Díaz Pineda, mayor de edad, casado, con tarjeta de identidad número 0801-1948-03057, en su condición de Presidente de la Cooperativa de vivienda el Hogar LTDA C) Que la única pretensión formulada por el demandante en el escrito de demanda está contenida en el numeral "5" de la parte de la misma que se refiere a la petición la cual literalmente versa sobre lo siguiente 5) declarar con lugar la presente demanda, decretando la nulidad o anulabilidad del testimonio de escritura pública arriba señalada y sus inscripciones posteriores. D) Que en la audiencia preliminar celebrada por el A-quo, en fecha 14 de marzo del año 2016, en consonancia con la demanda únicamente se fijó como objeto del debate textualmente lo siguiente: la nulidad de un instrumento público, que contiene la compraventa entre la Cooperativa El Hogar y Fehcovil.- E) Que resumidamente el demandante argumenta lo siguiente E. 1) Que mediante acuerdo municipal numero 113 contenido en el acta número 19 de fecha 24 de mayo del año 1972, a solicitud del señor Oscar Pinto Rossel, en calidad de Gerente de la Federación Hondureña de Cooperativas LTDA, (FEHCOVIL), se aprobó el proyecto de Urbanización de la Colonia el Hato de En medio.... Quedando plenamente establecido, en dicho acuerdo, específicamente en su parte resolutiva en su numeral 8) que la peticionaria traspasara al Consejo Metropolitano (ahora Alcaldía Municipal del Distrito Central), los lotes para la escuela, deportes y centro comunal, que aparecen en el plano ... E. 2) Que dicha obligación contenida en el numeral 8 del acuerdo Municipal arriba señalado, nunca fue cumplida por la Federación Hondureña de Cooperativas LTDA (FEHCOVIL), ya que jamás traspaso a su representada la Alcaldía Municipal del Distrito Central el área referida.- Que por el contrario manifiesta que en franco abuso y actuando de mala fe para evadir dicha obligación en el año 1974 mediante escritura pública suscrita ante los oficios del Notario Público Mario Bustillo R., cuyo dominio fue registrado bajo el número 126, folios 110 al 113, del tomo 303 del Registro de la Propiedad, de éste departamento de Francisco Morazán, traspaso todos sus derechos de propiedad incluyendo el área destinada al Consejo Metropolitano del Distrito Central, ahora Alcaldía Municipal del Distrito Central, para la construcción de la escuela, deportes y centro comunal a favor de la Cooperativa de Vivienda el Hogar LTDA E. 3) Que según el demandante, no admite discusión que el traspaso hecho por la Federación Hondureña de Cooperativas LTDA (FEHCOVIL), a favor de la Cooperativa de Vivienda El Hogar LTDA, del área total del terreno denominada Hato de en medio, dentro del cual está construida la Escuela Japón y jardín de Niños El Hogar, área esta última que debió según él, traspasarse en su momento a favor de su representada, constituye un contrato que para su validez de acuerdo al Código Civil vigente artículos 1552, 1567 y 1586 numeral 1, debe reunir los siguientes elementos esenciales: a. Consentimiento de la parte, b. La capacidad de las mismas para comprar y vender c. La cosa vendida y el precio.”; B) A continuación el recurrente hace referencia que consta en autos que se aportó al proceso como medio de prueba documentales los siguientes: I.- Instrumento público número 127 autorizado por el Notario Mario Bustillo Rosales el 19 de diciembre del año 1974, que contiene el contrato de compraventa celebrado entre la Cooperativa el Hogar y FEHCOVIL, II.- El Acuerdo de fecha 24 de Mayo de 1972, emitido por la Alcaldía del Distrito Central que contiene la aprobación de un proyecto urbanístico denominado Hato de Enmedio a Fehcovil, y III.- Doce (12) actas de Asamblea General y de Junta Directiva celebradas por la Cooperativa el Hogar donde consta que la escuela el Japón y el kínder El Hogar son obras de la Cooperativa El Hogar. Medios de prueba con los cuales, dice se constata que estamos ante un justo título de dominio de un bien o terreno ejidal no nacional como lo ha venido alegando el demandado tanto en primera instancia como en segunda instancia. C.- La juez en su fallo analizo cada uno de los medios de prueba según los hechos debatidos, tomando en consideración el momento de la valoración los relacionados con la tutela judicial que se pretende obtener, D.- Que lo anterior tiene sustento jurídico en el artículo 613 del Código Civil, mismo que dice lo siguiente "Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario", siendo oportuno mencionar que el artículo 614 del citado código establece: “La propiedad del suelo comprende las de las capas superiores y la del espacio superior dentro de los planos verticales levantados en los linderos de la finca, hasta donde lo exige el interés del propietario en relación con el uso a que se le destine.”; que respecto del referido medio de prueba consistente en el instrumento público número 127 autorizado por el notario Mario Bustillo Rosales, se tiene que hubo una tradición, al tenor de lo preceptuado por el artículo 697 del Código Civil, siendo la tradición un modo de adquirir el dominio de las cosas, que consiste en la entrega que el dueño hace de ella a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad o intención de adquirirlo, por lo que se tiene que en el caso de autos la Cooperativa El Hogar Ltda., es la actual poseedora y quien ostenta la titularidad dominical del bien objeto de demanda; y que al tenor del artículo 713 del Código Civil, la tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos, se efectuará por medio de un instrumento público en que el tradente exprese verificarla y el adquirente recibirla, es decir que en el caso de autos existe un título traslaticio de dominio, mismo que reúne los tres elementos principales que debe contener todo tipo de contrato como ser el consentimiento, el objeto y la causa (artículo 1552 del Código Civil), y que de igual manera el artículo 741 del Código Civil señala: "Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por instrumento público, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio”, que también el fallo del tribunal ad-quem, infringe el artículo 743 del Código Civil, en cuanto que para que cese la posesión que se tiene por instrumento público, es necesario un nuevo instrumento público en que el poseedor transfiera su derecho a otro, y dada la compatibilidad jurídica al caso concreto, el artículo 273.1 del Código Procesal Civil expresa: “Los documentos públicos hacen prueba...” y por su parte el artículo 271.2 de la citada normativa procesal civil, respecto de los que constituyen documentos públicos a efecto del proceso, señala que lo son: “Los otorgados ante o por notario….”, esto es que se trata de un instrumento público, en el caso de autos el documento público legitimo para hacer valer el dominio o posesión de una finca, es el expedido por el suscrito Notario denominado escritura pública, mismo que ya ha sido incorporado en el respectivo protocolo; es decir que el acuerdo municipal número 133 en acta número 19 del veinticuatro de mayo del año mil novecientos setenta y dos, no es justo título de dominio ya que necesariamente debe existir un instrumento público para que la parte actora pueda reclamar la titularidad dominical del bien objeto de nulidad, situación está que se encuentra prescripta, siendo esto último alegado en su momento procesal oportuno y que la juzgadora de primera instancia no se pronunció sobre el incidente material instaurado, tal como lo ordena el artículo 417.2 del Código Procesal Civil que expresa: "Cuando la cuestión incidental debe decidirse previamente a la que constituye el objeto del proceso, sin que sea obstáculo para la continuación del mismo, se resolverá sobre ella en la sentencia de forma separada.”, es decir que tanto el a-quo y el ad-quem no se pronunciaron sobre este aspecto con lo cual se infringe también lo preceptuado en el artículo 7 y sobre todo el artículo 115 ambos del Código Procesal Civil, ya que los actos deberán realizarse de acuerdo con las prescripciones del código, de la ley orgánica de los tribunales y de la Constitución de la República, siendo nulas o anulables en caso contrario, razón por la cual se estima que la judicatura debió pronunciarse en primer lugar sobre el incidente o defecto material de prescripción de la acción de nulidad, está por ser de tipo personal o no real (demanda de nulidad), pero lo que ha hecho es redactar la sentencia de forma errónea, ya que entro en primer lugar al fondo del asunto, cuando lo que debió decir es si estimaba o no la prescripción de la acción para demandar la rescisión del contrato de compraventa. Al respecto el principio de valoración de la prueba contenido en el artículo 13 comparado con el artículo 245 del propio Código Procesal Civil, habla que las judicaturas deben de excluir la arbitrariedad, y el artículo 321 constitucional, señala que ningún funcionario tiene más facultades que las previstas en la Constitución y las leyes (principio de legalidad); en éste caso la ley procesal le ordena al juez que valoración le debe dar a una prueba fehaciente o instrumento público conocido como justo título de dominio, del cual carece el actor en el juicio y a diferencia de mi patrocinado o demandado que si contiene un título o justo título de dominio. E.- Que se impugna el pronunciamiento de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil, de Francisco Morazán, en razón de lo siguiente: a) La parte actora-demandante aduce que en base al acuerdo número 133 contenido en el acta número 19 de fecha 24 de mayo de 1972, existe una obligación, por lo que cabe la aplicación de los artículos 1346 y 1348 del Código Civil, es decir que alega el nacimiento de la obligación y que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben de cumplirse al tenor de los mismos; b) En el caso de autos, no existe tal obligación entre las partes, ya que la obligación la contrajo la Federación Hondureña de Cooperativas Ltda. (FEHCOVIL), con la Alcaldía Municipal del Distrito Central, y no con la Cooperativa de Vivienda El Hogar Ltda., por lo que al tenor de lo preceptuado por el artículo 59 del Código Procesal Civil, que dispone los presupuestos para ser parte en el juicio, uno de los cuales es tener legitimación, presupuesto este del que carece la Municipalidad del Distrito Central, es decir la acción debió instaurarse contra la FEHCOVIL, y no contra la Cooperativa de Vivienda el Hogar Ltda., que también el artículo 64 del Código Procesal Civil dispone la legitimación ordinaria o extraordinaria, por lo que incluso debió integrar en el juicio, sin embargo la judicatura de primera instancia no lo hizo; razón para estimar que se incrementa las graves infracciones a normas sustantivas y adjetivas, ya que lo que hace la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, es utilizar una técnica jurídica arbitraria careciendo de justificación lógica la sentencia. Que tampoco se debe de olvidar que el Código Civil en su artículo 620 referente a los Bienes Nacionales párrafo segundo señala: “….Los mismo se extiende a cualquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares y en sus tierras, aun y cuando su uso sea público, por permiso del dueño.”; F.- Que tomando en consideración los alcances del recurso de apelación dispuestos en el artículo 715 del Código Procesal Civil, nos encontramos ante la infracción en la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de normas legales en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo. Ello porque en el caso de autos: a) El contrato de compraventa a favor de su mandante es un contrato perfecto, ya que cumple lo preceptuado por el artículo 743 del Código Civil, al constar mediante una escritura pública, amén de cumplir con lo señalado por los artículos 1573 y 1574 del citado código; b) Su mandante si cumplió con lo estipulado por la ley, según el artículo primero del Código Civil, por constar mediante instrumento público número 127 de fecha diecinueve de diciembre del año mil novecientos setenta y cuatro, donde persiste su titularidad dominical según lo dispuesto por el artículo 613 del Código Civil, ello distinto al derecho que reclama la parte actora ya que la misma solo hace constar una acta celebrada en el año de mil novecientos setenta y dos, situación está que nunca se perfecciono tal como lo manda el artículo 1574 del Código Civil, ya que incluso se encuentra prescrito el derecho que reclama el actor, y que se alegó como oposición a la pretensión del actor por esa representación, dicha prescripción está contemplada en el artículo 1593 del Código Civil, ya que la pretensión principal del actor es la nulidad de un contrato, y dicho plazo para pedirlo es de cuatro (4) años, para poder pedir su rescisión, siendo la rescisión conocida como la acción de nulidad de los contratos o negocios jurídicos y en derecho notarial como acción proforma, han pasado más de cuarenta (40) años, y dicha acción le prescribió al actor en el mes de mayo de mil novecientos setenta y seis; prescripción sobre la cual la primera y segunda instancia nunca se pronunciaron por lo que se suscita una flagrante infracción a las normas sustantivas contemplada en los artículos 1589, 1590 y 1593 del Código Civil por parte del tribunal ad-quem, ya que por la prescripción extraordinaria, pasados los veinte (20) años estando en posesión material y con una escritura pública, a la parte demandada en el caso de autos se le debe de considerar dueña, y dársele ese derecho. Que al tenor de lo preceptuado por el artículo 245.2 del Código Procesal Civil, "La valoración de los distintos medios de prueba deberá de deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución.” G.- Que con los medios de prueba documentales aportados al proceso por parte de esa representación procesal, y que están referidos a lo siguiente: a) Instrumento Público número 127 del fecha 19 de diciembre del año 1974, debidamente registrado en el hoy denominado Instituto de la Propiedad; b) Doce (12) Actas de Asamblea General y de Junta Directiva de la Cooperativa el Hogar, donde consta que la escuela el Japón y el kínder El Hogar son obras de la dicha cooperativa; c) Constancia de fecha 18 de marzo del año 2003, donde el Director de la Escuela el Japón reconoce el derecho de propiedad de la Cooperativa el Hogar Ltda., d) Resultado de estudio de investigación efectuado en fecha 12 de agosto del 2014, por el Consejo Nacional Superior de Cooperativas en donde se reconoce el derecho de propiedad de la cooperativa, e) Testimonio de escritura pública número 34 de fecha 2 de febrero del año 1996 donde se demuestran los actos de disposición y titularidad dominical de la Cooperativa El Hogar Ltda., f) Ocho (8) recibos de pagos de impuestos municipales de pago de impuesto de bienes inmuebles de los últimos ocho años, con esto se acredita el ánimo de dueño, en donde se ejerce el dominio y posesión del bien objeto de disputa, g) Acta de comparecencia del representante de la Cooperativa el Hogar Ltda., atendiéndola exigencia de la AMDC sobre el pago de bienes y h) Estado de cuenta emitido por la alcaldía del Distrito Central a cargo de la Cooperativa El Hogar Ltda. Medios de prueba con los cuales se desvirtúa el derecho reclamado mediante la acción de nulidad por la parte actora. El ad-quem infringe el artículo 207 del Código Procesal Civil, cuando en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia deja de hacer los razonamientos de los hechos del ordenamiento jurídico, lo que a su vez lo conduzca hacer una apreciación y valoración de la prueba documental fehaciente, con una valoración ya tasada. H.- Igualmente el tribunal de alzada con el fallo proferido infringe la garantía constitucional prevista en el artículo 103 de la Constitución de la República que señala: "El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones", ello porque ha resuelto basada en apreciaciones aisladas y en pareceres arbitrarios, cuestión litigiosa que debió resolver a puro derecho. Cita el recurrente los artículos 200, 206.1 y 2, y 228 del Código Procesal Civil, y aduce que el órgano de segunda instancia ha confirmado una sentencia de primera instancia, basado para ello en un acta municipal, restándole valor probatorio a la prueba documental aportada por esa representación con lo cual provoca inseguridad jurídica al dar por cierto hechos de reclamo de una acción personal de nulidad ya prescrita en estricto derecho, y donde no se expresa el fundamento o prueba que exige la ley sustantiva y adjetiva, para darlo por probado de forma contundente. I.- El recurrente cita al procesalista en derecho civil y tema de oralidad, Michele Taruffo, de quien dice ha dicho lo siguiente “La justificación que sigue rigurosos cánones de racionalidad es más completa, pero también más simple y lineal.”; para luego aducir que respecto de la motivación de los fallos se deberá hacer en base a una lógica de la razón, a verdaderos razonamientos jurídicos por parte del Juzgador asertivo; contrario a lo sucedido en el caso de autos, donde el fallo proferido por el tribunal de alzada al carecer de suficiente motivación y justificación lógica de la materia, debe ser objeto de nulidad o reforma en su totalidad y es un motivo de casación por ser violatoria del debido proceso., y J.- En conclusión señala el recurrente que la Corte de Apelaciones Civil no tomó en cuenta prueba que sirvió para poder extinguir el objeto de debate por lo que el mayor y evidente error que comete el ad-quem en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia es considerar o razonar sobre el instrumento de compraventa y de forma absurda lo declara nulo parcialmente; situación está que tanto el a-quo como el ad-quem no pueden hacer, ya que la decisión de nulidad sobre un instrumento público debe ser en su totalidad pero no de forma parcial; con lo cual ambas instancias infringen gravemente por falta de aplicación los artículos 613, 743, 1574, 1589, 1590 y 1593 del Código Civil, y olvidan lo preceptuado por el artículo 321 constitucional que les fija límites, y porque en el presente caso no se dan los presupuestos de nulidad exigidos y regulados en los artículos 1586, 1587, 1588 y 1589 del Código Civil, por ello que tribunal ad-quem de forma ilegal, absurda, arbitraria, irracional, e ilógica ha incurrido en las infracciones señaladas, amén de que el acto reclamado por el representante de la Alcaldía Municipal del Distrito Central nunca se inscribió, y que para que el mismo surta efectos debe constar su registro, según lo preceptúa el artículo 713 del Código Civil, que en su párrafo segundo expresa lo siguiente "Este instrumento podrá ser el mismo acto o contrato, y, que para que surta efectos contra terceros deberá inscribirse en el registro de la propiedad", mismo que se relaciona con el párrafo segundo del artículo 697 del citado Código Civil que dice: “Lo que se dice del dominio se extiende a los otros derechos reales". Razones para estimar que habiéndose establecido con claridad y precisión la infracción de la norma procesal cometida por el ad-quem al dictarse la sentencia recurrida corresponde en derecho admitir y estimar el motivo de casación. 3.1. De lo argüido por el recurrente en el Primer Motivo expuesto, la Sala estima que dada la mala técnica casacional con la que se plantea el motivo, consecuentemente hace que no sea de recibo, ello porque él impetrante incurre en varias falencias, a saber: I.- Plantea que el iudex ad-quem en el fallo proferido; vulnera lo dispuesto en el artículo 207 en sus numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, y cita como Precepto Autorizante el artículo 719.1 literales b) y c) y 720.2 del Código Procesal Civil. Con ello no observa el cuidado que impone la debida técnica casacional, esto es en cuanto a la debida separación y claridad con que se debe plantear el motivo. Al respecto es menester señalar que al tenor de lo preceptuado por el artículo 721 del Código Procesal Civil, en el mismo se comprenden cinco formas procesales, todas ellas propias para la interposición y formalización de un recurso de Casación, así tenemos que el numeral dos (2) del citado artículo, establece requisitos elementales que debe observar todo escrito recursivo de casación, tales como ser: “... Todo ello se deberá fundamentar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada”. En ese sentido la Sala encuentra que el recurrente incurre en una doble falencia, en primer lugar cita como precepto autorizante el artículo 719.1 literales b) y c) y el artículo 720 del Código Procesal Civil, y de forma conjunta dentro de la egida del artículo 719 de la norma procesal civil invoca dos causales distintas del recurso, como son los ya referidos literales b) y c); en segundo lugar también cita como precepto autorizante el artículo 720 del citado texto legal, cuando tal norma no tiene tal categoría, lo que si puede suceder es que la misma quede comprendida en el literal c) del artículo 719.1 del Código Procesal Civil, esto es cuando se pretenda el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico. II.- Por otro lado tenemos que él impetrante estima la infracción en forma conjunta en el fallo recurrido, de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 207 Código Procesal Civil, con lo cual falta a la debida separación necesaria de los numerales uno y dos del referido artículo para plantear su vulneración, esto es que por parte del mismo debió de haberse esbozado tales numerales de forma separada en motivos distintos; al no hacerlo así provocan que el formalismo de la técnica casacional se vea vulnerado y provoca su inadmisión al tenor de preceptuado por el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. III.- Arguye el impetrante que la infracción del artículo 207 del Código Procesal Civil, tiene que ver con la valoración que el iudex ad-quem ha hecho de diferentes medios de prueba documentales aportados por su representada, razón por la cual el tribunal de alzada en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia deja de hacer los razonamientos de los hechos del ordenamiento jurídico, que a su vez lo conduzcan hacer una apreciación y valoración de la prueba documental fehaciente, con una valoración ya tasada. Argumentos respecto de los cuales esta Sala tiene a bien señalar que se incurre en error al pretender que se revise la interpretación y valoración de las pruebas apreciadas por ad-quem, ello debido a la exclusión de la revisión probatoria en casación, tal y lo dispuesto por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil que establece: “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia.”; IV.- Aunado a lo anterior resulta nuevamente notorio la falta de separación, claridad y precisión del motivo cuando el recurrente arguye la probable vulneración de normas procesales (in procedendo), y sustantivas (in iudicando in jure), respecto de las normas sustantivas hace cita de los artículos 613, 743, 1574, 1589, 1590 y 1593 del Código Civil y, así mismo conjuntamente hace también cita y estima vulnerados los artículos 7, 115 y 207.1 y 2 del Código Procesal Civil. Es preciso recordar que tratándose de la interposición del recurso de casación y dado el carácter formalista del mismo, ineludiblemente el impetrante, si estimaba que el fallo proferido por el tribunal de alzada vulneraba normativa procesal y sustantiva, devenía entonces en invocar tal vulneración, en primer lugar haciendo cita de cualquiera de las causales de casación que señala el artículo 719 del Código Procesal Civil, y en segundo lugar tenía que hacerlo de manera separada para cada uno de los artículos que estimaba vulnerados, es decir en motivos distintos para normas procesales y normas sustantivas; al no hacerlo así, no da cumplimiento al deber de fundamentar con la suficiente separación y claridad, justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, tal y como lo señala el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; V.- Pretende que bajo la egida del precepto autorizante invocado, se revise por parte de la Sala la posible vulneración del artículo 103 de la Constitución de la República. El Código Procesal Civil establece que el recurso de casación tiene como fin la protección de las normas del ordenamiento jurídico, con procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. Por otro lado, la Ley de Justicia Constitucional es clara en su artículo primero al establecer que su objeto es “… desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional…”. Razón jurídica para estimar que la Sala de lo Civil está vedada para conocer sobre la probable infracción de un derecho constitucional; a menos que el recurrente en el motivo que expone, impugne la aplicación e interpretación de normas procesales que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjere indefensión, en cuyo caso, si así fuese, el recurrente, podrá hacer relación de la norma constitucional que estima vulnerada con la norma o normas procesales vulneradas en la sentencia de segunda instancia; y VI.- El impetrante no solo cuestiona la sentencia dictada por el ad-quem, sin que también el fallo dictado por el a-quo arguyendo que el mismo infringe el articulo 7 y sobre todo el articulo 115 ambos del Código Procesal Civil, por lo que dice, tal sentencia es errónea, ya que resuelve el fondo del asunto, cuando en primer lugar debió pronunciarse si estimaba o no la prescripción de la acción para demandar la rescisión del contrato de compraventa; amen de ello señala que la decisión de nulidad de un instrumento público debe ser en su totalidad, pero no de forma parcial; con lo cual ambas instancias infringen gravemente por falta de aplicación los artículos 613, 743, 1574, 1589, 1590 y 1593 del Código Civil, y olvidan lo preceptuado por el artículo 321 constitucional que les fija límites. De lo expuesto, tenemos que el impetrante, si bien es cierto que señala que la sentencia que se impugna en esta vía de casación es la proferida por el tribunal de alzada; también lo es que hace cita y cuestiona en esta vía de casación la sentencia dictada en primera instancia; con lo cual incurre en el error de pretender impugnar en casación la sentencia proferida en primera instancia, asunto este que le está vedado su conocimiento a la Sala, al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que “solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de apelaciones”; con tal cuestionamiento el recurrente omite de manera absoluta la correcta técnica y fundamentación casacional, mismas que son de rigurosa observancia y cumplimiento al

tenor de lo que dispone el artículo 723.2 literal a), en relación al artículo 721.2, todos del

Código Procesal Civil. 4. Plantea el recurrente un Segundo Motivo de casación, teniendo como precepto autorizante el artículo 719.1 literales b) y c) y numeral 2 del Código Procesal Civil. Estima como normas infringidas por falta de aplicación los artículos: 613, 614, 697, 709, 713, 743, 1539, 1544, 1552, 1573, 1574, 1596, 1589, 1590, 1593, 1605, 1610, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2317 y 2323 del Código Civil; artículo 14 de la Ley del Registro de la Propiedad, así como los artículos 207, 321, 322, 333.3, 705 y 715.4 del Código Procesal Civil. En sustento de su impugnación casacional, el recurrente hace en primer lugar cita literal de los veinticuatro (24) artículos del Código Civil que estima se han vulnerado; y también hace lo mismo con los artículos 207 en sus dos numerales y 715.4 ambos del Código Procesal Civil. Los puntos planteados en explicación del motivo se resumen en lo siguiente: a) Que de la lectura de la sentencia se desprende que el ad-quem hace suyos los juicios emitidos por el a-quo para confirmar la sentencia de primera instancia, ello con la infracción de las normas materiales citadas por falta de aplicación de las mismas para resolver el fondo del litigio; b) Que de las normas sustantivas citadas como infringidas, se tienen que ver en relación con lo dispuesto en el artículo 1630 del Código Civil que dice: “Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere mueble. Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquiriente que antes la haya inscrito en el Registro. Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien e buena fe sea primero en la posesión; y, faltando esta, a quien presente título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe.”, que la compraventa siempre será otorgada válidamente en base a dichas normas sustantivas, por lo que el Notario autorizante, en el caso de autos lo hizo como lo ordena el código civil, por lo tanto dicho instrumento público se encuentra tasado como un documento legítimo, al reunir los presupuestos sustantivos para su validez, por ser perfecto y eficaz, por consiguiente no procede el elemento jurídico de la nulidad en su contra; c) Que el acto reclamado por el actor, en todo caso debió ser inscrito en el registro de la propiedad, situación ya prescrita, pretendiéndose que al acta municipal se le quiera dar calidad de título, mismo que ya perdió validez; y en vista que hay un título no se puede obviar para que surta efectos, que en síntesis, no existe ni se presentó como prueba la inscripción en el registro respectivo, en cambio se cumple con los elementos de todo contrato como ser el consentimiento, el objeto y la causa según el artículo 1552 del Código Civil; con su sentencia el ad-quem afecta grandemente las garantías de su representada, esto es los artículos 81 y 89 de la Constitución de la República, así como de sus derechos procesales como norma de orden público de que ha sido despojado en la sentencia impugnada de forma extraordinaria; y d) Que el fallo del tribunal de segunda instancia deviene en ser arbitrario, y siendo que la motivación en base al artículo 207 del Código Procesal Civil, tiene en el derecho moderno rango constitucional, el ad-quem comete ese grave error material, afectando con todo esto el derecho del demandado así como también despojándolo y quitándole el derecho al dominio y posesión que ya posee sobre dicho bien obtenido vía compraventa, debidamente inscrita en el registro, en donde le es reconociendo su derecho real a la sociedad Cooperativa el Hogar Ltda. 4.1. Respecto de los argumentos expuestos por el recurrente en el Segundo Motivo, la Sala encuentra que los mismos no pasan el examen de admisibilidad, ello se estila así, ya que se ha incurrido en errores básicos de la técnica de casación, y que tiene que ver con lo siguiente: I.- Ha invocado como precepto autorizante del motivo el artículo 719 del Código Procesal Civil casi en su totalidad, al respecto es menester señalar que tal articulo está compuesto por varias causales para recurrir en casación, así tenemos que las que se encuentran bajo el número uno del mismo, son las que regulan las normas procesales, mismas que se subdividen en tres supuestos en los literales a), b) y c); en cambio el numeral dos del referido artículo contempla el supuesto de impugnación en cuanto a la aplicación e interpretación de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del asunto (normas sustantivas); ahora bien, lo que no se puede hacer por quien pretenda impugnar en vía casacional es tener como precepto autorizante de un solo motivo, dos o más causales del mismo artículo, toda vez que los supuestos de impugnación en esta vía son distintos; II.- Resulta notoria la falta de separación, claridad y precisión, puesto que el recurrente bajo la egida del precepto autorizante invocado, incluye en un mismo motivo la probable vulneración de normas sustantivas (in iudicando in jure), y la de normas procesales (in procedendo); respecto de las normas sustantivas hace cita de los artículos 613, 614, 697, 709, 713, 743, 1539, 1544, 1552, 1573, 1574, 1596, 1589, 1590, 1593, 1605, 1610, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2317 y 2323 del Código Civil, y el artículo 14 de la Ley del Registro de la Propiedad. Así mismo el impetrante junto con las ya citadas normas sustantivas, hace también cita de la infracción de los artículos 207, 321, 322, 333.3, 705 y 715.4 del Código Procesal Civil. Con lo anteriormente señalado, se observa que el recurrente hace cita de una manera indiscriminada de preceptos legales, en lo que se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente ha quedado establecido: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[5]. En el motivo se hace cita de varias normas jurídicas de carácter adjetivo y sustantivo, mismas que difieren en rango y protección recursiva, siendo deber del impetrante haberlas planteado en forma separada cada una de ellas en motivos distintos, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.[6] Aparte de lo anterior, es preciso recordar que tratándose de la interposición del recurso de casación y dado el carácter formalista del mismo, indefectiblemente el impetrante, si estimaba que el fallo proferido por el tribunal de alzada vulneraba normativa procesal y sustantiva, devenía entonces en forma separada hacerlo para cada uno de los artículos que estimaba infringidos, tanto procesales como sustantivos, haciendo para ello la invocación del precepto autorizante correspondiente, preceptuados taxativamente dentro del artículo 719 del Código Procesal Civil; al no hacerlo así tampoco da cumplimiento al deber de fundamentar con la suficiente separación y claridad, justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, tal y como lo señala el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; y III.- Plantea la vulneración por parte del tribunal de segunda instancia, en la sentencia que dictara de los derechos individuales consagrados en los artículos 81 y 89 de la Constitución de la República, respecto de tales vulneraciones la Sala ha dejado sentada su posición[7] y nuevamente la reitera, en el sentido de que nuestra normativa procesal civil en su artículo 716.1 establece que el Recurso de Casación tiene como fin la protección de las normas del ordenamiento jurídico, con procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. Por otro lado, la Ley Sobre Justicia Constitucional es clara en su artículo primero al establecer que su objeto es “… desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional…”. Señalado lo anterior la Sala de lo Civil está vedada para conocer sobre la probable infracción de un derecho constitucional; a menos que el recurrente en el motivo que expone impugne la aplicación e interpretación de normas procesales que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjere indefensión, en cuyo caso, si así fuese, el recurrente, podrá hacer relación de la norma constitucional que estima vulnerada con la norma o normas procesales vulneradas en la sentencia de segunda instancia. 5. Finalmente el recurrente plantea un Acápite, en el cual solicita se decrete de oficio nulidad de actuaciones. En explicación de lo que él denomina Motivo de Nulidad; hace cita de varios artículos procesales, y respecto de las nulidades dice que las mismas “deben ser observadas por cualquier juzgador en cualquier instancia o recurso en forma oficiosa aun o cuando no hayan sido alegadas por ninguna de las partes y máxime si la violación se produce en el momento de la sentencia”; ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 214.2 del Código Procesal Civil, y que de conformidad con el artículo 212.4 del citado texto legal “los actos procesales serán nulos cuando se prescindan de normas esenciales de procedimiento siempre que por esa causa se haya producido indefensión.”; finalmente cita el artículo 245 del mismo código que expresa lo siguiente "la valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución". A continuación, el recurrente apunta que de acuerdo con el criterio doctrinal del jurista Montero Aroca, en su libro de Prueba en el Proceso Civil, la valoración de la prueba comprende dos actividades mentales del juzgador que son: 1) La interpretación que consiste en fijar lo que el testigo dijo, lo que el documento se deduce y lo que el perito concluye y 2) La valoración consiste en determinar el valor concreto que debe atribuirse al medio de prueba apreciado en la aprobación de la certeza. Dice que de la simple lectura de la sentencia impugnada en esta vía casacional se infiere la falta de valoración de la prueba de su representada, ello porque en el fallo proferido no se puede deducir de manera clara y terminante los fundamentos facticos y jurídicos del mismo, situación con la cual se le causa indefensión a su representada, y acarrea consecuentemente la nulidad de la sentencia. 5.1. Los argumentos planteados en el acápite denominado “Motivo de Nulidad” no resultan de recibo, ello por varias razones a saber: El recurrente se limita a citar textualmente el contenido de los artículos 212.4, 214.2 y 245 del Código Procesal Civil, sin que explique a la Sala porque los referidos artículos han sido vulnerados por el tribunal de alzada en su fallo, luego hace cita del jurista Montero Aroca, y finalmente señala que de la lectura de la sentencia impugnada, se infiere la falta de valoración de los medios de prueba de su representada, concita que tal fallo le causa indefensión, y acarrea consecuentemente la nulidad del mismo. Al respecto es menester señalar que el recurrente al pretender mediante el recurso de casación, que la Sala decrete nulidad de la sentencia impugnada, equivoca la vía a seguir, ello porque si su pretensión se encaminaba a plantear una probable vulneración de normas procesales, devenía entonces en impugnar la sentencia del ad-quem en un motivo de casación invocando el precepto autorizante del articulo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil, esto es que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de normas procesales que regulan: Los actos y garantías cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión.”; al no hacerlo así inobserva el citado artículo. 6. En conclusión, la Sala de lo Civil toma la determinación de inadmitir los motivos alegados, ello por la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante en esta fase procedimental y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE Y DECLARA: I. LA INADMISIÓN del recurso de casación en los dos motivos interpuestos y sin lugar la nulidad planteada por el abogado Hermes Benigno Pineda Castro, en su condición de representante procesal de la sociedad denominada Cooperativa de Vivienda El Hogar Ltda.; contra la sentencia dictada en fecha 18 de enero del año 2017, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda Ordinara de Nulidad o Anulabilidad de un Instrumento Público y su Inscripción Registral, promovida ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado Hugo Rafael Laínez Ochoa, en su condición de representante procesal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, contra la Cooperativa de Vivienda El Hogar Ltda., por medio de su Presidente el señor Claudio Antonio Díaz Pineda. II. FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el día 18 de enero del año 2017, en el expediente de apelación número 03951-2015, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2015-03951-CPCO del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. III. CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente. Y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado Wilfredo Méndez Romero. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil diecinueve; Certificación del auto de fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 223=2017.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Artículo 313.5 de la Constitución de la República

[2] Artículo 718 del Código Procesal Civil.

[3] Artículo 716 del Código Procesal Civil,

[4] Artículo 61 de la Constitución de la República.

[5]1 Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thompson Reuters ARAZANDI. Pag. 64 y ss.

[6] Resoluciones 192-2012 de fecha 13-2013 de fecha 3 de junio del año 2014; 215-2014 de fecha 25 de agosto 2015.

[7] Vid. auto de fecha dos de diciembre de dos mil trece. Expediente S.C. 084-12.