Sentencia CC-182-16 — Registro 8480
Resumen
En primera instancia se estima la Demanda de Proceso Declarativo Ordinario de Nulidad de un Titulo Dominical de una Donación de un bien inmueble inscrito bajo el número de matrícula 319303, asiento 2, se decreta la nulidad del título dominical y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “4.- De lo argüido por el recurrente en el Primer Motivo, la Sala estima que dada la mala técnica casacional con la que se plantea, consecuentemente esto hace que no sea de conocimiento el mismo, así tenemos que éste incurre en varias falencias, a saber: I.- Invoca como preceptos autorizantes del motivo dos artículos, esto es el 719.1 literal c) y el 720.2 del Código Procesal Civil; al respecto es necesario apuntar que tratándose de la interposición del recurso de casación, dado el carácter formalista del mismo, se hace necesario entonces por parte de quien lo interpone, hacer la invocación de cualquiera de los precepto autorizantes ya señalados en el artículo 719 del Código Procesal Civil, esto es, solo podrá invocar para cada motivo uno de los preceptuados en el citado artículo; ahora bien lo que no se puede hacer es invocar uno de tales supuestos e invocar también en forma conjunta, otro artículo como precepto autorizante distinto de los ya establecidos en el supra citado artículo. El recurrente invoca el artículo 720.2 del Código Procesal Civil como precepto autorizante, cuando esta disposición solo se complementa con lo dispuesto en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, esto es para impugnar la aplicación e interpretación de normas procesales sobre la forma y contenido de la sentencia, y se pretenda el control de la motivación fáctica de la misma a fin de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante en un sentido diferente del fallo; se podrá hacer entonces relación del referido artículo 720.2 del Código Procesal Civil, haciendo invocación del artículo 719.1 literal c) del citado código, como precepto autorizante; no hacerlo así concita la carencia de claridad en el motivo expuesto y consecuentemente no se observa lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
... “6.- La forma en que se plantea el Segundo Motivo, por parte del recurrente, no resulta ser la adecuada en cuanto a la formalidad que se exige para la técnica de casación, ello porque incurre en los mismos errores de técnica casacional cometidos en el primero de los motivos, esto es, se vuelve reiterativo en cuanto a la falta de claridad, separación y precisión que se debe observar en el escrito de interposición del recurso; lo que lo torna confuso en su manifestación; así tenemos que él impetrante no tiene claro lo siguiente: I.- Ha invocado como precepto autorizantes lo dispuesto por el artículo 719.1 literales b), c) y numeral 2 del Código Procesal Civil, con ello el recurrente provoca que el motivo sea confuso, ello porque no se sabe a ciencia cierta, si lo que pretende al impugnar la sentencia del ad-quem, es porque tal sentencia ha transgredido los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjere indefensión, o pretende impugnar del Tribunal de Alzada en cuanto a la forma y contenido de la sentencia; o intenta impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Es menester ilustrar al respecto que ya taxativamente el artículo 719 del Código Procesal Civil, deja establecido los preceptos autorizante o causales para la interposición de los motivos de casación, esto es, cuatro posibles causales para su interposición, las del numeral uno están referidas en sus tres literales a normas procesales y la causal del numeral dos a la impugnación de normas de fondo, en ese sentido lo que no se puede pretender cuando se plantea el motivo es invocar de forma conjunta tales causales, porque ello concita la falta de claridad, separación y precisión del motivo; y II.- Nuevamente, al igual que lo plantea en el primer motivo, el recurrente hace cita de varias normas de carácter sustantivo, procesal e incluso constitucional, las cuales alega se han vulnerado por parte del Tribunal de Alzada en el fallo proferido, al respecto la Sala nuevamente reitera en afirmar que no se puede hacer cita en forma conjunta de varias normas, mismas que difieren en rango y protección recursiva en un solo motivo, puesto que ello provoca la falta de claridad y separación en el motivo.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, la Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO Y RINA AUXILIADORA ALVARADO, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor MIGUEL ÁNGEL REYES MAJANO, representado en juicio por el abogado JOHNNY OMAR ARGUETA CLAROS como recurrente; siendo recurridas las señoras SAGRARIO, DINORA, JAMILETTE Y EMMA todas de apellidos REYES MAJANO, representadas en juicio por el abogado RUBÉN DARÍO MATEO GALÁN. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA EN PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD DE UN TITULO DOMINICAL, LA MATRIZ QUE LE DIO ORIGEN AL MISMO, EL ACTO REGISTRAL DERIVADO DE ESTE.- POR VIA DE ACUMULACION”, promovida en fecha 30 de septiembre de 2014, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por la abogada ROSIBEL ESTRADA ALVARADO, actuando en su condición de representante procesal de las señoras SAGRARIO, DINORA Y EMMA todas de apellidos REYES MAJANO, mayores de edad, hondureñas y con domicilio temporal en los Estados Unidos de América, contra el señor MIGUEL ÁNGEL REYES MAJANO, mayor de edad, soltero, técnico, hondureño y con domicilio en el Departamento de Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha 30 de mayo de 2016, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha 04 de abril de 2016, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el a-quo, fallo de la primera instancia que en su parte dispositiva señalaba lo siguiente: “FALLA: 1.-) ESTIMANDO la Demanda de Proceso Declarativo Ordinario de Nulidad de un Titulo Dominical referente al instrumento público número cien (100) de fecha diez de octubre del dos mil trece contentivo de una Donación de un bien inmueble inscrito bajo el número de matrícula 319303, asiento 2, la matriz que le dio origen al mismo, el acto registral derivado de este, mas las costas del proceso, contra Miguel Ángel Reyes Majano, todos de generales conocidas. 2.-) DECRETA la NULIDAD de un Tituló Dominical referente al Instrumento Público, número cien (100) de fecha diez de octubre del dos mil trece, contentivo de una Donación de un bien inmueble inscrito bajo el número de matrícula 319303, asiento 2, la matriz que le dio origen al mismo, el acto registral derivado de este. 3.-) Con costas para el demandado. 4.-) Y MANDA: Que este fallo quede firme si dentro del término legal no se interpone recurso alguno. Esta sentencia es susceptible de recurso de apelación, pudiendo interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación. Se dicta hasta este momento por el principio de Ética Judicial (Declaración de Campeche), periodo de vacaciones por la Semana Santa. Redacto Abg. Msc. Therlyn Ventura Mejía de Mendoza. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El abogado Johnny Omar Argueta Claros, en su condición de representante procesal del señor Miguel Ángel Reyes Majano, en fecha 30 de junio de 2016, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha 30 de mayo de 2016, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha 22 de julio de 2016, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de las señoras Sagrario, Dinora, Jamilette y Emma todas de apellidos Reyes Majano, abogado Rubén Darío Mateo Galán, presentó en fecha 04 de agosto de 2016, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, los abogados Rubén Darío Mateo Galán y Johnny Omar Argueta Claros, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas 12 y 15 de agosto de 2016, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha 26 de septiembre de 2016, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: (Sic) “MOTIVOS DE CASACION A) PRIMER MOTIVO: INFRACCION DE NORMA PROCESAL. Se impugna la sentencia combatida por la infracción del artículo 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia, o sea, su forma y contenido, en cuanto a la motivación fáctica. Con este motivo se demuestra que la motivación fáctica de la sentencia impugnada es claramente insuficiente, pues, carece de racionalidad y de lógica, la cual llevo al Tribunal de Alzada a emitir un fallo en base al mismo criterio erróneo empleado por la primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719.1 literales c) y 720 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Prescribe el ARTÍCULO 207. MOTIVACIÓN 1.- Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a Ia aplicación e interpretación del derecho. 2.- La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el presente caso, como lo repito, se ha producido una infracción de la norma procesal antes trascrita, que regula los requisitos internos, su forma y contenido de la sentencia impugnada, en cuanto a la motivación, porque como lo expongo a continuación, los razonamientos de la misma empleados para estimar la nulidad alegada por la contraparte, es decir su fundamento factico, es ilógico irracional y arbitrario, ya que se base en el mismo criterio del fallo de la primera instancia cuya motivación fáctica y jurídicas es completamente ilógica y arbitraria. Esta motivación defectuosa se evidencia de la manera siguiente: El numeral PRIMERO de la MOTIVACION FACTICA de la sentencia combatida, dice: MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA: PRIMERO: El juicio que nos ocupa es una demanda civil de nulidad de una escritura pública de donación.- El objeto del debate en el presente proceso se contrae a determinar cómo pretensión principal, si la señora María Irma Majano Valladares, se encontraba imposibilitada para firmar al momento del otorgamiento del instrumento público de donación el cual es impugnado por las demandantes y si el mismo se realizo de conformidad con las formalidades que manda la ley.- En el escrito de apelación consta como principal agravio la valoración de la prueba aportada en el juicio. De la lectura de la sentencia dictada se observa que juez tuvo por probados los hechos siguientes: Que tanto las demandantes como el demandado fueron declarados herederos universales testamentarios de la señora María Irma Majano Valladares, quien falleció en fecha ocho de diciembre del año dos mil trece, que tenía como antecedentes enfermedades crónicas como diabetes y alzhéimer, producto del alzhéimer tenía perdida de la memoria, que en fecha 10 de octubre del año 2013, la señora María Irma Majano Valladares, da en donación al señor Miguel Ángel Reyes Majano, una propiedad ubicada en la colonia Trejo de esta ciudad, inscrita con el número 66, del tomo trescientos ochenta y dos, fecha en la cual la señora María Irma Majano Valladares, se encontraba con demencia avanzada y que la firma que consta en dicho documento no tiene secuencia y no coincide con la firma que usaba la causante en sus actos. SEGUNDO: En su fallo la juez analizo cada uno de los medios de prueba según los hechos debatidos, tomando en consideración el momento de la valoración los relacionados con la tutela judicial que se pretende obtener. Es así que consta en la sentencia dictada, la prueba pericial dactiloscópica, que demuestra los varios intentos que realizo la señora María Irma Majano Valladares, al momento de firmar, existen varios dictámenes medios que acreditan el estado de salud, siendo una de las causas diagnosticadas el alzhéimer en etapa avanzada, en efecto el dictamen emitido por la doctora Nice Unice Ramírez, es discordante, al establecer que el certificado de la clínica de Miami no es claro, pero la juez en la sentencia hace referencia que la descarta con el certificado médico 104674 emitido por el doctor José Rolando Machado, agregado a ello las declaraciones testificales de las testigos Wendy Yamileth Elvir Almendarez y Reina Ondina Almendarez Flores, personas que cuidaban a la señora María Irma Majano Valladares, declaraciones a las que la juez dio credibilidad, como lo hacer ver en la sentencia, de la lectura del certificado médico del hospital de Miami, no se lee contradictorio con respecto al emitido por el doctor Machado Erazo, en cuanto a los medios técnicos la juez expone en la sentencia los motivos por los que no los toma en consideración y en cuanto al peritaje que no se cumplió con lo estipulado en los artículos 326, 331 y 332, no se observan que estas disposiciones hayan sido incumplidas. El principio de inmediación es uno de los principios que rigen los actos procesales, donde el sentenciador tiene el contacto personal con los elementos subjetivos y objetivos que conformar el proceso, es de las pruebas presenciadas que extrae su convencimiento y haya entrado por lo tanto en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con los objetos del juicio, de forma de apreciarlas declaraciones de tales personas y las condiciones de los sitios y cosas litigiosas. TERCERO: En la sentencia se leen los fundamentos de derecho, que la juez estimo para la procedencia de la nulidad del instrumento público cuestionado, relativo a la donación, al considerar la omisión en dicho acto lo estipulado en el artículo 1552 numeral 1 del Código Civil, relacionado con el artículo 1554 del mismo cuerpo legal. Conclusión a la cual llego luego del análisis de los medios de prueba allegados al juicio, teniendo como probado La incapacidad de la señora consecuencia de la enfermedad de alzhéimer, quien firmó el documento dos meses antes de su muerte a favor del demandado. El artículo 509 del Código Civil, establece que ninguna persona será tenida por demente, sino es previamente declarada por el juez con pleno conocimiento de causa. Pero también el artículo 518 párrafo segundo dice que los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción civil serán válidos, a menos de probarse que el que los ejecuto o celebro estaba entonces demente.- CUARTO: En base a lo antes expuesto y tomando en consideración los alcances del recurso de apelación dispuestos en el artículo 715 del Código Procesal Civil, no encontrándose infracción en la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de normas legales en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, este tribunal es del parecer confirmar la sentencia apelada. 1.- EXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LA LEGITIMACION EN CAUSA ACTIVA. a.) El ad-quem dice que en este caso la juez de primera instancia tuvo por probados que tanto las demandantes como el demandado fueron declarados herederos universales testamentarios de la señora María Irma Majano Valladares, quien falleció en fecha ocho de diciembre del año dos mil trece, que tenía como antecedes enfermedades crónicas como la diabetes, y alzhéimer producto de ello tenia perdida de la memoria en donde da en donación al demandado una propiedad ubicada en la colonia Trejo de la ciudad de San Pedro SuIa, en fecha diez de octubre del año 2013, fecha en que la señora María Irma Majano Valladares, se encontraba con demencia avanzada y que la firma que consta en el instrumento público de donación no tiene secuencia y no coincide con la firma que usaba la causante en sus actos. Vemos que en este primer párrafo de la sentencia el órgano ad-quen hace un resumen pero no un síntesis de la sentencia de la juzgadora ni mucho menos hace referencia a las prueba que sirvieron para extinguir el verdadero objeto del debate y objeto de proceso en el juicio tal como lo preceptúa el artículo 10 del Código Procesal Civil, en su numeral 1, en donde claramente se logra observar que el órgano ad-quen no entiende el verdadero fin que tenían las pruebas propuestas en base al rechazo del objeto del proceso, tal como lo hizo el órgano a-quo el ad-quen no hace referencia a los elementos probatorios de fijación de los términos del debate en el presente juicio, INCLUSO EN EL PARRAFO SEGUNDO EL ORGANO AD-QUEN HACE MENCION DE UNA PRUEBA PERICIAL DACTILOSCOPICA QUE NUNCA FUE OBJETO DE PRACTICA. SIN EMBARGO EL AD-QUEN DICE QUE CON ESA PRUEBA SE TIENE POR PROBADO QUE NO FIRMO LA DONANTE, y se expresa esto, ya que en el párrafo primero de la sentencia del ad-quen expresa “es un hecho que fue probado”, cuando realmente lo que sucedió procesalmente es que es un HECHO NO CONTROVERTIDO, EL UNICO HECHO CONTROVERTIDO ES SI LA DONANTE DE FORMA CONSENSUAL DONO AL DONATARIO EL BIEN PARA DETERMINAR SU NULIDAD, por consiguiente no está sujeto a prueba, por no ser la controversia del juicio, la ley procesal estipula que los únicos hechos que están sujetos a prueba son los hechos controvertidos, infringiéndose el artículo 228 del Código Procesal Civil, uno de los fines de la prueba es acreditar las afirmaciones de hecho alegadas que sean CONTROVERTIDAS, con la única razón de convencer al juez de la verdad o certeza, aunado a esto según el artículo 234 del Código Procesal Civil, expresa” que la prueba recaerá sobre los hechos que guardan relación con la tutela judicial que se pretende obtener en el proceso” es por tal razón que lo señalo dentro de los motivos de Casación según el artículo 235 del Código Procesal Civil, están exentos de prueba los hechos no controvertidos, sobre los que exista plena conformidad de las partes, por tales motivos el órgano ad-quen infringe las normas procesales al establecer que se tiene por probado todos estos hechos sin mencionar con que pruebas se tiene acreditada dichos elementos del juicio, en síntesis el órgano ad-quen deja de expresar hechos que si son objeto de controversia como la situación de que la donante si firmo ante el Notario autorizante de forma consensual y NUNCA FUE DECLARADA DEMENTE PREVIAMENTE COMO LO MANDA LA LEY Y QUE TAMPOCO ESTA COMPRENDIDA SU NULIDAD DENTRO DE LAS CAUSAS PARA DECLARAR LA NULIDAD DE UNA DONACION SEGÚN EL CODIGO CIVIL. según el artículo 245 en su numeral 2 del Código Procesal Civil, “la valoración de los distintos medios de prueba deberá de deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos de la sentencia, BAJO LA SANCION DE NULIDAD, de acuerdo al artículo 7 del Código Procesal Civil, cada proceso se desarrollara según las disposiciones del Código Procesal, de acuerdo a la Constitución de la República, de igual manera según este mismo artículo en su numeral 2 expresa LA RESOLUCION DEL ORGANO JURISDICCIONAL QUE PONGA FIN AL PROCESO HA DE SER CONGRUENTE CON LA PETICION DEL ACTOR Y CON LO OPUESTO POR EL DEMANDADO TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS APLICABLES Y LAS PRUEBAS EVACUADAS”. Con las pruebas denominadas y que sirvieron para extinguir los hechos alegados son: a.-) La certificación medica serie M003573, del Oftalmólogo Arnaldo Gámez Chacón, del Centro Oftalmológico Santa Lucia, donde indica que la señora María Irma Majano, respondió afirmativamente a todas las interrogantes de su examen físico y reconoció bien las letras de SNELEN, misma prueba que se competa con la factura número 1000004057, donde la donante compro sus lentes dos meses antes de fallecer. b.-) La certificación medica odontológica número 00669 de la Odontóloga Lucy María Ponce Oliva, en donde consta que la donante asistía a tratamientos odontológicos, desde año dos mil once, realizándose tratamientos de obturaciones dentales y profilaxis, así como revisiones médicas cada Seis meses recalcando que la paciente María Irma Majano, mostro lucidez y cooperación a los materiales y medicamentos usados en cada tratamiento, la certificación medica número 3571, del Médico de cabecera Carlos Evelio Jerezano López, donde Certifica que la señora María Irma Majano Valladares, esta lucida, consiente en tres esferas, (sabia como se llama, donde estaba, que día era); hasta el momento de ser intervenida quirúrgicamente, se lee claramente de que la donante no tiene ninguna demencia, lo que contradice totalmente lo expresado por el ad-quem en su sentencia. c.-) Instrumento Público de donación número 100, de fecha diez de octubre del año dos mil trece y que por ser un documento público y fehaciente el mismo no pudo ser impugnado suficientemente y que según el artículo 1552 del Código Civil dicho instrumento contiene todos los elementos como ser el consentimiento, el objeto y la causa. d.-) Prueba pericial caligráfica, en donde concluye el perito oficial que por estar ya fallecida la donante señora María Irma Majano Valladares, tuvo que usar documentos que en vida ella firmo, pero concluye que muy pocos documentos le proporcionaron y que con esos documentos no le fue posible asociar la confección de la firma, por ser antiguos y no recientes, para compararlo con el instrumento en cuestión, solo le pusieron documentos antiguos de la donante y cuando todos sabemos que la firma de cualquier persona con el pasar del tiempo puede cambiar los rasgos, pero la prueba pericial dactiloscópica que sí pudo ser asertiva en primera instancia. Y QUE FUE ADMITIDA POR LA A-QUO EN PRIMERA INSTANCIA EN LA AUDIENCIA DE PROPOSICION DE MEDIOS DE PRUEBA, PERO QUE DESPUES SORPRENDENTEMENTE DECIDE EN EL DESARROLLO DEL JUICIO NO PRACTICARLA, cuando era la prueba idónea porque se encuentra estampada la huella de la donante en el instrumento número 100 de escritura de donación a favor del señor demandado. e.-) La prueba pericial caligráfica fue aportada al juicio posteriormente a la audiencia de alegatos finales, nunca en base a la contradicción se permitió hacer observaciones, aclaraciones o críticas al dictamen o traer al perito a estrados para hacer una exposición completa de su dictamen emitido, es decir sin haberse terminado de evacuar toda la prueba y dejando en total indefensión y falta al debido proceso, como garantía Constitucional-procesal, se citó a las partes para oír sentencia. f.-) La certificación medica numero 003571 donde expresa que la donante se mostró lucida, consiente en tres esferas, es decir sabia como se llamaba, donde estaba y que día era. g.-) Las certificaciones números 027334 y 00357 donde se expresa que la donante respondió afirmativamente al examen y reconoció bien las letras SNELEN, evaluación realizada en fecha 08 de octubre del año Dos Mil Trece, dos meses antes de su fallecimiento. h.-) El informe médico de la Doctora Nicia Eunice Ramírez, quien es NEOROLOGA, nombrada como perito médico, y cuyo cargo fue aceptado PARA REFERIRSE AL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE CLINICO DEL HOSPITAL HEALT DE MIAMI, que concluye lo siguiente: que a la donante NUNCA SE LE DIAGNOSTICO DEMENCIA, que no encontró exámenes clínicos, resonancias magnéticas, u otros estudios de valoración que indicaran lo contrarió y establece que en un estudio de mini mental test clínico la donante María Irma Majano Valladares, saco 25 puntos lo que significa que estaba bien y con un Neurólogo intacto, a la vez se establece que la donante nunca fue tratada en el Hospital de Miami por demencia y que únicamente se le trato por su cáncer de Linfoma Malt. Con todos estos documentos y medios de prueba se logra extinguir o desvirtuar el derecho reclamado mediante la acción de nulidad por la parte actora, en donde da lugar a que como lo mande la ley procesal civil a que los hechos permanezcan inciertos, y que cuando los hechos permanecen inciertos el órgano decisor debe rechazarlos. I.-) Las fotografías presentadas como medio de prueba documental, en donde se observa que la donante realiza actividades COTIDIANAS DE FORMA NORMAL Y NO COMO UNA DEMENTE.J.- La prueba de audio de llamadas telefónicas en donde hay un intercambio de palabras, en donde una de las personas es la donante señora María Irma Majano Valladares, SOSTENIENDO UNA CONVERSACION CON SUS HIJAS CINCO Días ANTES DE SU FALLECIEMIENTO. k.-) La prueba testifical propuesta por esta representación, en la cual los testigos propuestos, son testigos que presenciaron el acto solemne en donde la donante estampo su firma y huella donando el bien a favor del demandado Miguel Ángel Reyes Majano. b) El ad-quen infringe el artículo 207 del Código Procesal Civil, ya transcrito cuando en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia combatida deje de haber los razonamientos de los hechos del ordenamiento jurídico, lo que a su vez lo conduzcan hacer una apreciación y valoración de la prueba documental descrita en los anteriores literales que extinguen y desvirtúan que el acto de donación si se cumplió y se llevó a cabo con todas las solemnidades que la ley establece, y que según los artículos Para que no sea procedente y sea nulo la donación entre vivos es necesario que se presenten los siguientes aspectos legales del Código Civil nuestro “Artículo 1297 Tienen capacidad para hacer y aceptar donaciones, los que pueden contratar, salvo los casos en que expresamente las leyes dispusieren lo contrario. Artículo 1298 No puede hacerse una donación entre vivos a persona que no existe en el momento de la donación Artículo 1300. Es nula la donación hecha al guardador del donante, antes que el guardador haya exhibido las cuentas de la guarda y pagado el saldo que hubiese en su contra. Artículo 1301. La donación entre vivos no se presume, sino en los casos que expresamente hayan previsto las leyes. Artículo 1302. No dona el que repudia una herencia, legado o donación, o deja de cumplir la condición a que está subordinado un derecho eventual, aunque así lo haga con el objeto de beneficiar a un tercero, según lo que manda la ley el donatario no se encuentra comprendido en ninguno de esas prohibiciones que hace la ley en donde la donación podría considerarse nula es un error del órgano ad-quen o Corte de Apelaciones que basada en apreciaciones aisladas resolver una cuestión litigiosa en base a pareceres de la misma arbitrarios ya que siendo esta un litigio que debió resolver a puro derecho. Según el artículo 228 Código Procesal Civil, “a través de los medios de prueba las partes acreditan las afirmaciones de hecho alegadas que sean controvertidas, convenzan al juez o tribunal de la verdad o certeza de un hecho, o lo verifican como cierto a los efectos del proceso”. Según el artículo 200 Código Procesal Civil, que habla del contenido formal de las sentencias, y artículo 206 Código Procesal Civil, establece la claridad, precisión y exhaustividad, en donde en su numeral 1.- las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, así como son de aplicación el numeral 2 y 3 de este mismo artículo. En síntesis, el órgano de segunda ¡instancia no señala que medio o medios de prueba sirvieron para dar por probado este hecho, creando una incertidumbre el órgano colegiado o Corte de Apelaciones Civil, provocando a la vez una inseguridad jurídica con este tipo de resoluciones al dar por cierto un hecho donde no se expresa el fundamento o prueba que le sirvió para darlo por probado de forma contundente. c.-) Establece el procesalista en Derecho civil y tema de Oralidad, MICHELE TARUFFO, lo siguiente “la justificación que sigue rigurosos cánones de racionalidad es más completa, pero también más simple y lineal”, es en relación a la forma de motivar la resoluciones finales o sentencias a manera de que las mismas en base a una lógica de la razón, en base a verdaderos razonamientos jurídicos el juzgador sea asertivo, distinto a lo que ha pasado en el caso concreto que nos ocupa en el presente recurso de Casación. De hecho una verdadera justificación lógica o una sentencia que carezca de suficiente motivación y justificación lógica de la materia debe ser objeto de nulidad o reforma en su totalidad. Del análisis que nos ocupa podemos concluir que la Corte de Apelaciones Civil, no tomo en cuenta la prueba que sirvió para poder extinguir el objeto de debate que es: si era nulo o no la donación otorgada porque la misma carecía del elemento de ser un acto consensual, cuando realmente si se presenta el acto consensual en el instrumento número 100 de donación a favor de mi patrocinado. El mayor y evidente grave error que comete el Ad-quen en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia combatida es considerar o razonar que el documento o instrumento de donación carecía del elemento consensual donde afirma en su motivación que la donante estaba demente pero si lo vemos que la contraprueba señalada en el numeral 1 literal a, b, c, d, e, f y h pág. 3, de este recurso es que no los valora el Ad-quen siendo documentos que no está dentro de los actos de nulidad previsto en la donación según el Código Civil que sea nulo, es decir no solo basta que las demandantes lo aleguen sino que deben probar fehacientemente el hecho permaneciendo los hechos inciertos con la prueba opuesta en la presente acción. d.-) Podemos concluir honorables Magistrados que en el presente caso no se dan los presupuestos de nulidad exigidos y regulados en los artículos 1297, 1298, 1300, 1301, 1302, todos del Código Civil, que solo en este tipo de casos cabe declarar la nulidad de la donación según la ley sustantiva que nos corresponde aplicar, en donde la donante en plena capacidad para otorgar o celebrar este tipo de actos lo ejecuto a favor del donatario, siendo el instrumento público un documento que por ser fehaciente es considerado legítimo, por tal razón el órgano Ad-quen de una forma ilegal, absurda, arbitraria, irracional, e ilógica y tratando de llevar el asunto o negocio jurídico contrario a lo racional y que no corresponde a los más elementales criterios de la lógica, incurriendo en la infracción señalada y que se refleja en la sentencia que hoy se recurre. Honorable Tribunal, habiendo establecido con claridad y precisión la infracción de la norma procesal cometida por el Ad-quen al dictarse la sentencia recurrida corresponde en derecho admitir y estimar el presente motivo de casación. B) DEL SEGUNDO MOTIVO: INFRACCION DE NORMAS QUE RESUELVEN EL FONDO DEL LITIGIO. Se impugna la falta de aplicación de los artículos 509, 510,511, 512, 514, 515, (no consta la inscripción de la declaratoria de la demencia en el Registro de las Personas (RNP), previamente decretada por un Juzgado de Familia, porque nunca fue previamente decretada para que surta efectos), 1297,1298,1300, 1301, 1302, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, todos del Código Civil, así como los artículos 207, 321, 322, 333 en su numeral 3, 705 y 715 numeral 4 del Código Procesal Civil, que NO fueron empleados para la solución del fondo del litigio y que dicen: DEL CODIGO CIVIL, Artículo 509.- Ninguna persona será tenida por demente, para los efectos que en este Código se determinan, sin que la demencia no sea previamente declarada por el Juez, con pleno conocimiento de causa. Lo que se diga del demente se entiende del loco y del imbécil. Artículo 510. El mayor de edad que se halle en un estado habitual de demencia, deberá ser privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos. La curaduría del demente puede ser testamentaria, legítima o dativa. Artículo 511. El padre de familia o el tutor, al llegar el demente a la mayor edad, deberá precisamente provocar el juicio de interdicción. Artículo 512. Podrán asimismo provocar la interdicción del demente: 1o.- El cónyuge. 2o.- Los parientes del demente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 30.- El representante del Ministerio Público. 4o.- El respectivo Cónsul, si el demente fuese extranjero. 5o.- Cualquier persona del pueblo, cuando el loco se encuentre en estado de furor. Artículo 513. La declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino después de un examen de facultativos, entre los cuales figurará el médico forense. Artículo 514. Mientras se decida la causa, podrá el Juez, a virtud de los informes verbales de los parientes o de otras personas, y oídas las explicaciones del supuesto demente, decretar la interdicción provisional. Artículo 515. Los decretos de interdicción provisional y definitiva deberán inscribirse en el Registro Civil y notificarse al público por tres avisos consecutivos en el periódico oficial del Gobierno o del departamento, si lo hubiere, y por carteles que se fijarán en tres, a lo menos, de los parajes más frecuentados del lugar de la residencia del Juez y del domicilio del demente. Artículo 1297. Tienen capacidad para hacer y aceptar donaciones, los que pueden contratar, salvo los casos en que expresamente las leyes dispusieren lo contrario. Artículo 1298. No puede hacerse una donación entre vivos a persona que no existe en el momento de la donación. Artículo 1300. Es nula la donación hecha al guardador del donante, antes que el guardador haya exhibido las cuentas de la guarda y pagado el saldo que hubiese en su contra. Artículo 1301. La donación entre vivos no se presume, sino en los casos que expresamente hayan previsto las leyes. Artículo 1302. No dona el que repudia una herencia, legado o donación, o deja de cumplir la condición a que está subordinado un derecho eventual, aunque así lo haga con el objeto de beneficiar a un tercero, según lo que manda la ley el donatario no se encuentra comprendido en ninguno de esas prohibiciones que hace la ley en donde la donación podría considerarse nula. DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Artículo 207: 1.- Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho. 2.- La motivación deberá de incidir en” los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón. Artículo 715: numeral 4.- Si se apreciara alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal REVOCARA la sentencia apelada y dictara lo que estime procedente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido, en el artículo 719.1 literal b), e) y numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: De la lectura de la sentencia combatida se desprende que el Ad-quem hace suyos los juicios emitidos por el órgano A-quo, para confirmarla en todo su sentido, con infracción de las normas materiales antes transcritas por falta de aplicación de las mismas para resolver el fondo del litigio.- De las normas sustantivas antes transcritas, la donación siempre será otorgada válidamente en base a dichas normas sustantivas ya que el Notario autorizante lo hizo como lo ordena el Código Civil, encontrándose tasadas ya cuales son los presupuestos sustantivos para que una donación sea nula del análisis de esos artículos vemos que no se encuentra comprendida la donación objeto de juicio de nulidad como acción personal contra mi defendido, de igual forma en el caso que se encontrase demente la otorgante de la donación la misma nunca fue así declarada previamente ante juez competente, la juez civil no es la competente por materia para declarar una demencia así como también para que la misma pueda ser alegada DICHA DEMENCIA EN TODO CASO DEBIO SER INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA PERSONAS PARA QUE SURTA EFECTOS, en síntesis, no existe ni se presentó como prueba la inscripción de tal demencia en el Registro respectivo, se cumple con los elementos de todo contrato como ser el CONSENTIMIENTO, el objeto y la causa según el artículo 1552 del Código Civil, con esto el Ad-quem afecte grandemente las garantías de mi defendido según el artículo 81 y 89 de nuestra Constitución de la República de Honduras, así como de sus derechos procesales como norma de orden público de que ha sido despojado en la sentencia impugnada de forma extraordinaria. Basada la resolución del Ad-quem en una prueba pericial DACTILOSCOPICA. que nunca fue objeto de practica en primera instancia pero sin lugar a dudas la menciona en el segundo párrafo de la motivación fáctica y jurídica, con esto denotando que nunca entendió los motivos por los que se impugno vía apelación dicha sentencia combatida Honorables Magistrados de la Sala Civil, siendo que la MOTIVACION EN BASE AL ARTICULO 207 es y tiene en el derecho moderno rango constitucional, comete el Ad-quem ese grave error material, afectando con todo esto el derecho del demandado así como también despojándolo y quitándole el derecho al dominio y posesión que ya posee sobre dicho bien obtenido vía donación de su progenitora. SE SOLICITA SE DECRETE DE OFICIO NULIDAD DE ACTUACIONES. EXPLICACION DEL MOTIVO DE NULIDAD. Las nulidades absolutas deben ser observadas por cualquier juzgador en cualquier instancia o recurso en forma oficiosa aun cuando no hayan sido alegadas por ninguna de las partes y máxime si la violación se produce en el momento de la sentencia (ver el artículo 214.2 CPC). De conformidad con el artículo 212.4 del CPC los actos procesales serán nulos cuando se prescindan de normas esenciales de procedimiento siempre que por esa causa se haya producido indefensión. De conformidad con el artículo 245 del CPC “la valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución”. De conformidad con la doctrina siguiendo al actor Montero Aroca, en su libro de prueba en el proceso civil, la valoración de la prueba comprende 2 actividades mentales del juzgador que son: 1.-) La interpretación que consiste en fijar lo que el testigo dijo, lo que el documento se deduce y lo que el perito concluye y 2.-) la valoración consiste en determinar el valor concreto que debe atribuirse al medio de prueba apreciado en la aprobación de la certeza. De la simple lectura de esta sentencia combatida se infiere la falta de apreciación y valoración de la prueba de mi representado, al grado que le produce indefensión al no poder deducir de manera clara y terminantes de los fundamentos facticos y jurídicos de la misma cual fue la valoración de los distintos medios de prueba, situación que acarrea nulidad de la sentencia. Esto se ve observado desde el momento mismo que el Ad-quem, al dictar la sentencia recurrida deja de deducir en manera alguna la valoración de los distintos medios de prueba aportados por mi representado en el juicio, según la fundamentación fáctica y jurídica de la sentencia combatida, prueba útiles, determinantes y pertinentes con las que se logra extinguir y desvirtuar la nulidad reclamada vía acción personal la parte demandante, lo que conllevo al juzgador a dictar una sentencia nula. DECIMO: El abogado Rubén Darío Mateo Galán, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: (Sic) “lo confuso del mismo, lo anterior sin duda alguna vuelve inepto tal recurso y lo vuelve incluso inadmisible, como paso a explicarlo motivo por motivo. A LOS MOTIVOS 1.-) AL PRIMER MOTIVO: Que el recurrente ampara el primer motivo del Recurso e invoca como precepto infringido el artículo 207 numero 1 y 2 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia, su forma y contenido ,visto lo anterior y del estudio y análisis del motivo ahora invocado resulta evidente la confusión del recurrente en principio porque se limita a señalar que impugna únicamente la parte del fallo dictado por esta Honorable Corte, que relacionado con la motivación fáctica y jurídica introducida y por el mismo alegada se limita a sustentar este MOTIVO únicamente con una relación histórica del juicio en primera instancia y considerar la prueba de una y otra parte pero por sobre todo a cuestionar la valoración apropiada, objetiva y armónica aplicada por el Juez instructor, obviando que la sentencia de primera instancia y la sentencia dictada por esta Corte, ambas resultan ser claras, precisas, exhaustivas, congruentes y armónicas con la prueba de cargo y descargo.-Resultando así que ambas sentencias son congruentes tanto en la forma como en el fondo y parte resolutiva, consta, efectivamente que ambas sentencias se encuentran debidamente motivadas, son objetivas y por tanto esta Corte sin más dilación ha confirmado la sentencia de primera instancia simple y llanamente por ser ambas el resultado de los hechos sometidos a juicio a los hechos probados resultado de la probanza propuesta, admitida y evacuada en su oportunidad, a razón de lo anterior el precepto autorizante alegado por el recurrente o sea artículo 719 numeral 1 letra c y 720 numeral 2 del Código Procesal Civil, no franquean la procedencia del recurso por lo que ahora es procedente rechazar ahora tanto el motivo de Casación como el precepto autorizante, y aún más la indebida explicación de la infracción, ya que la sentencia dictada por esta Corte se ajusta a lo que disponen los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. 2.-) AL SEGUNDO MOTIVO; que el recurrente ampara su SEGUNDO MOTIVO de Casación, alegando a mansalva la falta de aplicación de una serie de artículos del Código Civil y otros del Código Procesal Civil, podemos ver ahora y de manera reiterada que el impetrante se vuelve reiterativo al hacer una valoración parcial e interesada de la prueba ya valorada, invoca como precepto autorizante el artículo 719 (1) letra (b) ,c y numeral 2 del Código Procesal Civil procediendo a explicar con pobreza de criterio y contradictoria tal motivo, con ello únicamente ratifica lo confuso de su argumento y la improcedencia del Recurso. Honorable Corte, para los efectos de una comprensión moderna y establecer la diferencia entre LOCURA y DEMENCIA, inserto ahora los conceptos de cada una de ellas; DEMENCIA: Pérdida o debilitamiento de las facultades mentales, generalmente grave y progresivo, debido a la edad o a una enfermedad, que se caracteriza por alteraciones de la memoria y la razón y trastornos en la conducta.- LOCURA: Acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria. La demencia no es locura, pese a que mucha gente cree firmemente que la demencia es la locura. Sin embargo por concepto social son la misma cosa, la locura es la utilización popular que la sociedad le ha dado a un trastorno mental, en éste afán de etiquetar a una persona o conducta.- Básicamente podríamos decir que, la demencia es la incapacidad de reproducir, contener y/o almacenar nuevos conocimientos, y la locura es más bien, padecer algún tipo de patología psicológica, aunque para ser apegados a la psicología moderna y conceptual; el término “locura”; ya no se utiliza para denominar a los pacientes; más bien se usan términos como trastornos mentales en los cuales hay una vasta categorización. Vistos los conceptos modernos relacionados es imperativo establecer que la difunta “donante”, ante la sobrada prueba documental consistente en historiales y dictámenes médicos indubitados emitidos por autoridades médicas calificadas de Estados Unidos de América (Universidad de Miami), médicos y hospitales hondureños, testigos y aun mas con la misma prueba pericial dactiloscópica PROPUESTA POR LA MISMA PARTE DEMANDADA debidamente evacuada por perito oficial, quedo probado que dicha “donante” padecía de la enfermedad del ALZHEIMER EN UNA ETAPA AVANZADA, enfermedad conocida vulgarmente como DEMENCIA SENIL, caracterizada por ser una enfermedad NEURONEGENERATIVA propia en personas de edad avanzada, que se manifiesta corno deterioro COGNOSITIVO DE TRASTARNOS CONDUCTUALES Y POR SOBRETODO QUE SE CARACTERIZA EN SU FORMA TIPICA POR PERDIDA DE LA MEMORIA INMEDIATA Y DE OTRAS CAPACIDADES MENTALES, A MEDIDA QUE SE MUEREN LAS CELULAS NERVIOSAS Y SE ATROFIAN DIFERENTES ZONAS DEL CEREBRO.- Este padecimiento PROBADO más allá de toda duda, demuestra que LA CAPACIDAD mental de la “donante” en todo momento o sea antes o durante la firma del atestado impugnado vía nulidad, ESTUVO AUSENTE (entiéndase que no es locura) por tanto su aptitud para ser sujeto de una relación jurídica o para ejercer por sí misma sus derechos no le permitían DISCERNIR o sea distinguir el bien del mal, la buena o mala fe del donatario, véase que en la contestación de la demanda se ACEPTA el hecho de que la “donante” al momento de firmar el documento UNICAMENTE “BALBUCEABA”, conductas esta que es propia de una persona que no goza de su plena y absoluta capacidad mental como bien se explicó, LA DE DISCERNIR.- Así el DICTAMEN e historial Médico emitido por el Sistema de Salud de la Facultad de la Universidad de Miami, U Health Miller, en consonancia con el dictamen del neurólogo ROLANDO MACHADO, quien en su parte CONCLUYENTE establece: “SE CONCLUYE QUE DE ACUERDO A LOS DICTAMENES MEDICOS DE REFERENCIA, LA PACIENTE ES UN INDIVIDUO DESDE EL PUNTO DE VISTA NEUROLOGICO COMO PERSONA QUE NO CONSIGUE DISCERNIR LA SIGNIFICACION DE SU ACTOS, LOS ALCANCES DE SU CONDUCTA.” Dictámenes Médicos del Hospital del Valle y otros, así como la del Perito Calígrafo dejan clara constancia y evidencia de lo correcto del fallo de primera instancia, así como el emitido por esta Corte en su confirmación.- Para efectos de tener una mayor comprensión y para definir lo aceptado por la parte demandada respecto a que la “donante” únicamente “balbuceada” y hacía gestos al momento de firmar el apócrifo documento público y para poder entender de manera sencilla este concepto, inserto ahora el concepto médico y clínico de lo que significa balbucear: “BALBUCEAR: HABLAR CON DIFICULTAD, ELIMINANDO SONIDOS O CAMBIANDOLOS DE LUGAR, EN ESPECIAL COMO LO HACEN LOS NINOS PEQUEÑOS CUANDO ESTAN APREHENDIENDO A HABLAR”.- Esto significa simple y llanamente que la persona sin ninguna duda TIENE LA MENTALIDAD DE UN NIÑO.- Esto desde luego y de acuerdo a los avances de la medicina moderna, del hecho de que la demanda de nulidad se promovió después de fallecida la “donante” a razón de que fue hasta después de que esta falleciera y se conociera la existencia del apócrifo documento, cuando del “donatario” al pretender tomar posesión del inmueble objeto de “donación” no lo lograra y se vio obligado a presentar el atestado del caso ahora anulado, que es precisamente cuando las demandante se enteran y sorprenden ya que la ULTIMA VOLUNTAD de la difunta se plasmó en sendo testamento autorizado con muchos años de anterioridad cuando la fallecida gozaba de su plena y absoluta capacidad mental, así lo hace costa dicho testamento y en la cual aquella dispone instituir no solo a las demandantes como herederas testamentarias de todos sus bienes derechos, acciones y obligaciones sino que también al demandado MIGUEL ANGEL REYES MAJANO, hecho conocido por el demandado de referencia. Por lo anterior Honorable Corte, es preciso rechazar como ahora se rechaza el Recurso de Casación ahora promovido por improcedente en toda su extensión, esto por no cumplir con los requisitos legales y formales como ya se ha señalado. RESPECTO A LA NULIDAD OFICIOSA SOLICITADA Honorable Corte, la solicitud de nulidad al igual que los motivos de Casación, sus explicaciones y fundamentos son simple y llanamente improcedentes, resulta contradictorio que se aleguen motivos de Casación por una parte y nulidad por otra ALEGANDO básicamente los mismos HECHOS Y MOTIVOS, de su simple lectura se establece lo contradictorio y excluyente de lo peticionado en este acápite; Como igual resulta improcedente el alegato de que se causa indefensión extremo este absurdo por lo ya explicado como por el hecho de que consta de autos que el demandado en todo momento hiso uso de los mecanismos legales desde la notificación y contestación de la demanda, de haber presentado pruebas, admitírseles y evacuarlas a su favor, pero más aún se desvanece su pretensión por el simple hecho de que a la fecha está haciendo uso de todos los recursos que le faculta la ley. - SE RECHAZA.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación[1], el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia Civil se atribuye a la Sala de lo Civil[2]; tiene claramente definidos dos fines expresos[3], el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte nuestra normativa procesal civil conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley[4], y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia únicamente podrá ser interpuesto contra las resoluciones expresamente previstas por la ley y por los motivos taxativamente establecidos en ella. 3.- De lo expuesto en el recurso de casación por el recurrente abogado Johnny Omar Argueta Claros, en su condición de representante procesal del señor Miguel Ángel Reyes Majano; esta Sala deja relacionado sucintamente los alegatos planteados, ello en virtud de que los mismos aparecen citados literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. El impetrante expone el Primer Motivo de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de mayo del año 2016, por la Corte de Apelaciones Civil, de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; arguyendo que la misma vulnera el contenido del artículo 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia, o sea, su forma y contenido, en cuanto a la motivación fáctica. Invoca como preceptos autorizantes lo dispuesto en los artículos 719.1 literal c) y 720.2 del Código Procesal Civil. En sustento de su tesis impugnatoria, señala que en el caso de autos se ha producido la infracción de la citada norma procesal, que regula los requisitos internos, la forma y contenido de la sentencia, ello porque los razonamientos empleados para estimar la nulidad alegada por la contraparte, es decir su fundamento factico, resultan ilógicos, irracionales y arbitrarios, ya que se basa en el mismo criterio del fallo de la primera instancia cuya motivación fáctica y jurídica es completamente ilógica y arbitraria. En ese sentido el impetrante señala que tal motivación defectuosa se evidencia en los numerales Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de la Motivación Fáctica de la sentencia impugnada, para lo cual hace cita textual de los artículos infringidos y expone a continuación que: a) El ad quem al afirmar que en el caso de autos, la juez de primera instancia tuvo por probados que tanto las demandantes como el demandado fueron declarados herederos universales testamentarios de la señora María Irma Majano Valladares, quien falleció en fecha 08 de diciembre del año 2013, quien tenía tenia perdida de la memoria al padecer de alzhéimer además de sufrir de diabetes; persona ésta que dio en donación al demandado una propiedad ubicada en la colonia Trejo de la ciudad de San Pedro SuIa, en fecha 10 de octubre del año 2013, fecha para la cual la referida señora María Irma Majano Valladares, se encontraba con demencia avanzada, por lo que la firma que consta en el instrumento público de donación del referido inmueble, no tiene secuencia y no coincide con la firma que usaba la causante en sus actos. Dice el recurrente que lo que hace el Tribunal de Alzada es un resumen, pero no una síntesis de la sentencia de la juzgadora de primera instancia, por lo que esa instancia no hace referencia a las pruebas que sirvieron para extinguir el verdadero objeto del debate y objeto de proceso en el juicio tal como lo preceptúa el artículo 10.1 del Código Procesal Civil; por lo que se evidencia que no se hace referencia a los elementos probatorios de fijación de los términos del debate en el juicio, ya que en el párrafo segundo del fallo se hace mención de una prueba pericial dactiloscópica que nunca fue objeto de práctica, sin embargo el ad quem dice que con esa prueba se tiene por probado que la donante no firmo la escritura de donación, y se expresa esto, ya que realmente lo que sucedió procesalmente es que es un hecho no controvertido, y el único hecho controvertido es si la donante de forma consensual dono al donatario el bien para determinar su nulidad, y que al respecto la ley procesal estipula que los únicos hechos que están sujetos a prueba son los hechos controvertidos, con lo cual se ha infringido el artículo 228 del Código Procesal Civil, en cuanto que uno de los fines de la prueba es acreditar las afirmaciones de hecho alegadas que sean controvertidas, con la única razón de convencer al juez de la verdad o certeza, y que aunado a lo anterior el artículo 234.1 del citado código expresa: “La prueba recaerá sobre los hechos que guardan relación con la tutela judicial que se pretende obtener en el proceso”, que es por tal razón que se señala dentro del motivo de Casación, lo que preceptúa el artículo 235 del Código Procesal Civil, en cuanto que están exentos de prueba los hechos no controvertidos, sobre los que exista plena conformidad de las partes; que es por tales motivos es que el órgano de alzada ha infringido las normas procesales, al dejar de expresar hechos que si son objeto de controversia como lo es la situación de que la donante sí firmo ante el notario autorizante de forma consensual y que nunca fue declarada demente previamente como lo manda la ley, y que tampoco está comprendida dentro de las causas para declarar la nulidad de una donación según el Código Civil. Cita el impetrante los artículos 7.1 y 245.2 del Código Procesal Civil, el primero de ellos referido a que: “El proceso civil se desarrollara según las disposiciones del Código Procesal, de acuerdo a la Constitución de la República, …”; y el segundo que establece: “La valoración de los distintos medios de prueba deberá de deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución.”; a continuación el recurrente cita los medios prueba, con los cuales asegura han servido para extinguir los hechos alegados, medios de prueba referidos a lo siguiente: I.- Certificación medica serie M003573, expedida por el oftalmólogo Arnaldo Gámez Chacón, del Centro Oftalmológico Santa Lucia, que acredita que la señora María Irma Majano, respondió afirmativamente a todas las interrogantes de su examen físico y reconoció bien las letras de SNELEN, prueba que se complementa con la factura número 1000004057, de compra por parte de la donante de sus lentes dos meses antes de fallecer, II.- Certificación medica odontológica número 00669 de la Odontóloga Lucy María Ponce Oliva, que acredita que la donante asistía a tratamientos odontológicos cada seis meses desde el año 2011, recalcando la referida doctora que la paciente María Irma Majano, mostro lucidez y cooperación en cada tratamiento; III.- Certificación medica número 3571, del médico de cabecera Carlos Evelio Jerezano López, donde Certifica que la señora María Irma Majano Valladares esta lucida, consiente en tres esferas, hasta el momento de ser intervenida quirúrgicamente, y que la donante no tiene ninguna demencia; con lo que se contradice totalmente lo expresado por el ad- quem en su sentencia. IV.- Instrumento público de Donación número 100, de fecha 10 de octubre del año 2013, mismo que por ser un documento público y fehaciente, el mismo no pudo ser impugnado suficientemente, y que al tenor del artículo 1552 del Código Civil contiene todos los elementos como ser el consentimiento, el objeto y la causa; V.- Prueba pericial caligráfica, mediante la cual se concluye que por estar ya fallecida la donante señora María Irma Majano Valladares, se tuvo que usar documentos que en vida ella firmo, pero que al ser muy pocos los documentos proporcionados, no le fue posible asociar la confección de la firma, por ser antiguos y no recientes, para hacer comparación con el instrumento en cuestión; y que en cuanto a la prueba pericial dactiloscópica que sí pudo ser asertiva en primera instancia y que fue admitida por él a-quo en primera instancia en la audiencia de proposición de medios de prueba, sorprendentemente se decide en el desarrollo del juicio no practicarla, medio de prueba que resultaba idóneo porque se encuentra estampada la huella de la donante en el instrumento número 100 de escritura de donación a favor del señor demandado; VI.- Que respecto de la prueba pericial caligráfica, fue aportada al juicio posteriormente a la audiencia de alegatos finales, y nunca en base a la contradicción se permitió hacer observaciones, aclaraciones o críticas al dictamen o traer al perito a estrados para hacer una exposición completa de su dictamen emitido, dejando en total indefensión y falta al debido proceso, como garantía Constitucional-procesal; VII.- El informe de la nombrada como perito médico, la neuróloga Nicia Eunice Ramírez, quien al referirse al contenido del expediente clínico del Hospital Healt de Miami, concluye que a la donante nunca se le diagnostico demencia, y que no encontró exámenes clínicos, resonancias magnéticas, u otros estudios de valoración que indicaran lo contrarió y establece que la donante nunca fue tratada en el Hospital de Miami por demencia y que únicamente se le trato por su cáncer de Linfoma Malt. Dice el recurrente que con tales documentos se logra extinguir o desvirtuar el derecho reclamado mediante la acción de nulidad por la parte actora; VIII.- Fotografías presentadas como medio de prueba documental, en donde se observa que la donante realiza actividades cotidianas de forma normal y no como una demente; IX.- Prueba de audio de llamadas telefónicas en donde una de las personas es la donante señora María Irma Majano Valladares, sosteniendo una conversación con sus hijas cinco días antes de su fallecimiento; X.- Prueba testifical propuesta por esta representación, en la cual los testigos presenciaron el acto solemne en donde la donante estampo su firma y huella donando el bien a favor del demandado Miguel Ángel Reyes Majano; b.-) Que el ad quem infringe el artículo 207 del Código Procesal Civil, cuando en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia impugnada deja de hacer los razonamientos de los hechos del ordenamiento jurídico, que lo conduzcan hacer una apreciación y valoración de la prueba documental aportadas, y por las cuales se establece que el acto de donación sí se cumplió y se llevó a cabo con todas las solemnidades que la ley establece; y que para que sea nula la donación llevada a cabo es necesario que se presenten los aspectos legales que preceptúan los artículos 1297, 1298, 1300, 1301, 1302 del Código Civil; y lo dispuesto por los artículos 200, 206 numerales 1, 2 y 3; y 228 del Código Procesal Civil. Que en síntesis el órgano de segunda instancia no señala que medio o medios de prueba sirvieron para dar por probado los hechos, provocando inseguridad jurídica con este tipo de resoluciones al dar por cierto un hecho donde no se expresa el fundamento o prueba que le sirvió para darlo por probado de forma contundente; c.-) Cita el recurrente al procesalista en derecho civil y tema de Oralidad, Michelle Taruffo, en lo siguiente “la justificación que sigue rigurosos cánones de racionalidad es más completa, pero también más simple y lineal”, en relación a la forma de motivar la resoluciones finales o sentencias a manera de que las mismas en base a una lógica de la razón, el juzgador sea asertivo; situación que dice es distinta a lo que pasa en el caso concreto que nos ocupa; por lo que se estima que la sentencia que carezca de suficiente motivación y justificación lógica debe ser objeto de nulidad o reforma en su totalidad. Que el evidente y grave error que comete el ad-quem en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia que se recurre, es considerar o razonar que el documento o instrumento de donación carecía del elemento consensual, cuando afirma que la donante estaba demente, pero la contraprueba ya señalada en este recurso, no ha sido valorada por la Corte de Apelaciones, siendo estos documentos que no están dentro de los actos de nulidad previsto en la donación según el Código Civil, es decir no solo basta que las demandantes lo aleguen sino que deben probar fehacientemente el hecho, permaneciendo los hechos inciertos con la prueba opuesta y; d.-) Se concluye que en el caso de autos, no se dan los presupuestos de nulidad exigidos y regulados en los artículos 1297, 1298, 1300, 1301, 1302 del Código Civil, y que en el caso de merito la donante en plena capacidad para otorgar o celebrar este tipo de actos lo ejecuto a favor del donatario en instrumento público, documento que por ser fehaciente es considerado legítimo, por tal razón el órgano ad-quem de forma ilegal, absurda, arbitraria, irracional, e ilógica y tratando de llevar el asunto o negocio jurídico contrario a lo racional han incurrido en la infracción señalada y que se refleja en la sentencia que hoy se recurre. 4.- De lo argüido por el recurrente en el Primer Motivo, la Sala estima que dada la mala técnica casacional con la que se plantea, consecuentemente esto hace que no sea de conocimiento el mismo, así tenemos que éste incurre en varias falencias, a saber: I.- Invoca como preceptos autorizantes del motivo dos artículos, esto es el 719.1 literal c) y el 720.2 del Código Procesal Civil; al respecto es necesario apuntar que tratándose de la interposición del recurso de casación, dado el carácter formalista del mismo, se hace necesario entonces por parte de quien lo interpone, hacer la invocación de cualquiera de los precepto autorizantes ya señalados en el artículo 719 del Código Procesal Civil, esto es, solo podrá invocar para cada motivo uno de los preceptuados en el citado artículo; ahora bien lo que no se puede hacer es invocar uno de tales supuestos e invocar también en forma conjunta, otro artículo como precepto autorizante distinto de los ya establecidos en el supra citado artículo. El recurrente invoca el artículo 720.2 del Código Procesal Civil como precepto autorizante, cuando esta disposición solo se complementa con lo dispuesto en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, esto es para impugnar la aplicación e interpretación de normas procesales sobre la forma y contenido de la sentencia, y se pretenda el control de la motivación fáctica de la misma a fin de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante en un sentido diferente del fallo; se podrá hacer entonces relación del referido artículo 720.2 del Código Procesal Civil, haciendo invocación del artículo 719.1 literal c) del citado código, como precepto autorizante; no hacerlo así concita la carencia de claridad en el motivo expuesto y consecuentemente no se observa lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. II.- Se señala también en este primer motivo, bajo el pretendido precepto autorizante del artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, la vulneración de los artículos 1297, 1298, 1300, 1301, 1302 del Código Civil, esto es de normas sustantivas “in iudicando in iure”, con lo cual se obvia que la probable vulneración de normas sustantivas encuentra su vía de impugnación en materia casacional a través de lo que dispone el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, amén de lo anterior es menester recordar que cuando se invoca la vulneración de normas sustantivas el recurrente deviene en el deber de citar cada uno de los artículos que estime vulnerados con la debida claridad en motivos separados y no hacerlo de manera conjunta tal y lo planteado en el presente motivo; III.- Señala el recurrente que el Tribunal de Alzada en el fallo proferido vulnera los artículos 1297, 1298, 1300, 1301, 1302 del Código Civil; y lo dispuesto por los artículos 7.1, 200, 206.1, 2 y 3; 207.1 y 2, 228 y 245.2 del Código Procesal Civil; entiende la Sala que el recurrente estima que la segunda instancia no ha hecho aplicación en el fallo referido de la citada normativa. Sobre tal asunto se observa que el impetrante hace cita de una manera indistinta de preceptos legales, es lo que se conoce doctrinalmente como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que ha quedado establecido en el sentido de que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[5]. En este Primer motivo, al hacerse cita de varias normas jurídicas de carácter adjetivo y sustantivo, mismas que difieren en rango y protección recursiva, razón para estimar que el recurrente debió de haberlas planteado en forma separada cada una de ellas en motivos distintos, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, que establece: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el presente motivo la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.[6]., y IV.- Pretende el recurrente en este Primer motivo, que en sede casacional se inste la revisión de los hechos, o se interprete y valore la prueba contenida en la sentencia, ello en clara contravención de lo preceptuado por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. A esta regla general opone lo establecido en el artículo 720.2 del mismo código, al establecer que el casacionista puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo; razón por la cual es menester señalar que si la pretensión del casacionista estaba orientada a revisar la motivación fáctica de la sentencia del iudex ad-quem, debió de haberse conducido amen de lo señalado por el precepto autorizante invocado, la relación del mismo con lo dispuesto por el artículo 720.2., del citado Código Procesal Civil; situación que no ha ocurrido así, ya que como se ha dejado establecido en el iter de este auto, el recurrente ha invocado como preceptos autorizantes o causales del recurso el citado artículo. 5.- Expone el impetrante en el Segundo Motivo planteado, que el fallo proferido por el Tribunal de Alzada y que hoy impugna en vía de casación, supone la vulneración por falta de aplicación de los artículos 509, 510, 511, 512, 514, 515, 1297, 1298, 1300, 1301, 1302, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556 del Código Civil, así como los artículos 207, 321, 322, 333.3, 705 y 715.4 del Código Procesal Civil; a continuación cita textualmente el contenido de los primeros doce artículos invocados del Código Civil, para luego citar literalmente solo dos de los artículos del Código Procesal Civil, el 207 y 715.4. Invoca el impetrante como Precepto Autorizante el artículo 719.1 literal b), c) y numeral 2 del Código Procesal Civil. En explicación del motivo, aduce el abogado Johnny Omar Argueta Claros, que el Tribunal de Alzada en el fallo que ha proferido hace suyos los juicios emitidos por el juzgado a-quo, y confirma la sentencia dictada por este en todos su sentidos, con lo cual se producen la infracción de las normas materiales citadas por falta de aplicación de las mismas para resolver el fondo del litigio; señala que de las referidas normas se tiene que la donación siempre será otorgada válidamente, y que en ese sentido en el caso de autos el notario autorizante lo hizo como lo ordena el código civil, y que para que una donación sea nula al tenor del análisis de los artículos citados se colige que no se encuentra comprendida la donación objeto de juicio de nulidad como acción personal contra su representado, y que de igual forma, en el caso que la donante se encontrase demente la demencia nunca fue declarada previamente ante juez competente, por lo tanto la juez civil no es la competente por materia para declarar una demencia, y que en todo caso debió ser inscrito en el registro de la personas para que surta efectos. Que en síntesis, no existe ni se presentó como prueba la inscripción de tal demencia en el registro respectivo, con lo que no se cumple con los elementos de todo contrato como ser el consentimiento, el objeto y la causa según lo establece el Código Civil, y con ello el ad quem afecto en perjuicio de su representado las garantías constitucionales que preceptúan los artículos 81 y 89, así como de sus derechos procesales como norma de orden público de que se le ha despojado en la sentencia impugnada, ello porque el ad-quem basa su resolución en una prueba pericial dactiloscópica, que nunca fue objeto de practica en primera instancia, pero que la menciona en el segundo párrafo de la motivación fáctica y jurídica de su fallo, con lo cual la referida Corte denota que nunca entendió los motivos por los que se impugno vía apelación dicha sentencia, por tanto comete ese grave error material, al no hacer la motivación en base al artículo 207 del Código Procesal Civil. Finalmente el recurrente solicita se decrete de oficio nulidad de actuaciones e invoca para ello como fundamento jurídico lo dispuesto por los artículos 212.4, 214.2 y 245 del Código Procesal Civil, explica la solicitud de nulidad aduciendo que de la simple lectura de la sentencia recurrida, se infiere la falta de apreciación y valoración de la prueba aportada por esa representación procesal, al grado que le produce indefensión, ello porque esa instancia no pudo deducir de manera clara y terminante los fundamentos facticos y jurídicos, cual fue la valoración de los distintos medios de prueba, situación que acarrea nulidad de la sentencia. 6.- La forma en que se plantea el Segundo Motivo, por parte del recurrente, no resulta ser la adecuada en cuanto a la formalidad que se exige para la técnica de casación, ello porque incurre en los mismos errores de técnica casacional cometidos en el primero de los motivos, esto es, se vuelve reiterativo en cuanto a la falta de claridad, separación y precisión que se debe observar en el escrito de interposición del recurso; lo que lo torna confuso en su manifestación; así tenemos que él impetrante no tiene claro lo siguiente: I.- Ha invocado como precepto autorizantes lo dispuesto por el artículo 719.1 literales b), c) y numeral 2 del Código Procesal Civil, con ello el recurrente provoca que el motivo sea confuso, ello porque no se sabe a ciencia cierta, si lo que pretende al impugnar la sentencia del ad-quem, es porque tal sentencia ha transgredido los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjere indefensión, o pretende impugnar del Tribunal de Alzada en cuanto a la forma y contenido de la sentencia; o intenta impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Es menester ilustrar al respecto que ya taxativamente el artículo 719 del Código Procesal Civil, deja establecido los preceptos autorizante o causales para la interposición de los motivos de casación, esto es, cuatro posibles causales para su interposición, las del numeral uno están referidas en sus tres literales a normas procesales y la causal del numeral dos a la impugnación de normas de fondo, en ese sentido lo que no se puede pretender cuando se plantea el motivo es invocar de forma conjunta tales causales, porque ello concita la falta de claridad, separación y precisión del motivo; y II.- Nuevamente, al igual que lo plantea en el primer motivo, el recurrente hace cita de varias normas de carácter sustantivo, procesal e incluso constitucional, las cuales alega se han vulnerado por parte del Tribunal de Alzada en el fallo proferido, al respecto la Sala nuevamente reitera en afirmar que no se puede hacer cita en forma conjunta de varias normas, mismas que difieren en rango y protección recursiva en un solo motivo, puesto que ello provoca la falta de claridad y separación en el motivo. 7.- También la Sala estima que respecto de la nulidad planteada como acápite final por parte del recurrente, la misma no resulta procedente toda vez que, aun y cuando en virtud del control procesal que ejercen los órganos jurisdiccionales, podrá el Tribunal decretar nulidad de los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal lo preceptuado por el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, artículo este que el recurrente cita entre otros como fundamento de su petición; ahora bien, resulta ser cierto para la Sala, que bajo el argumento toral expuesto por el recurrente, referido a la falta de valoración de medios de prueba, no se puede pretender que la Sala proceda a decretar nulidad de actuaciones, ello porque no se observa que se dé ninguno de los presupuestos que señala el artículo 212 del citado Código. 8.- En conclusión, la Sala de lo Civil toma la determinación desestimatoria en los dos motivos alegados, ello por la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante en esta fase procedimental y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I.- LA INADMISIÓN del recurso de casación en sus dos motivos y el acápite de nulidad planteado por el abogado Johnny Omar Argueta Claros, en su condición de representante procesal del señor Miguel Ángel Reyes Majano. II.- FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el 30 de mayo de 2016, en el expediente de apelación número 89-16 C.V. originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2014-04655- LCO del Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. III.- CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente. Y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve; Certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 182=2016.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1] Artículo 313.5 de la Constitución de la República
[2] Artículo 718 del Código Procesal Civil.
[3] Artículo 716 del Código Procesal Civil,
[4] Artículo 61 de la Constitución de la República.
[5]1 Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thompson Reuters ARAZANDI. Pag. 64 y ss.
[6] Resoluciones 192-2012 de fecha 13-2013 de fecha 3 de junio del año 2014; 215-2014 de fecha 25 de agosto 2015.