Sentencia CC-169-17 — Registro 9256
Resumen
En primera instancia se declaró admisible la demanda de nulidad de acta de declaración de posesión se declara la nulidad del acta de posesión, como dueños del inmueble. Confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “5.- Analizado el presente proceso, se hace evidente que se ha dado una mala dirección procesal por parte de ambas instancias en la demanda de Nulidad de un Acta de Declaración de Posesión que nos ocupa (artículos 12.1 y 2 Código Procesal Civil). Sin embargo, el error jurisdiccional no ha lesionado el derecho de las partes ya que se encuentra acreditado que los derechos fundamentales de petición y defensa, al igual que rectores del proceso, incluyendo los de contradicción, dispositivo, oralidad, inmediación y doble instancia no se han visto vulnerados, por lo que en beneficio de ellas es procedente buscar la economía procesal para evitar causar perjuicio en cuanto a la temporalidad en la respuesta de justicia. 6.- No habiendo dado cumplimiento el ad quem a su obligación de hacer valer el Principio de Aplicación de la Norma Procesal, substanciando siempre las actuaciones con arreglo a las normas procesales vigentes; ello porque el Tribunal de Alzada, en esa etapa procesal ha errado al darle trámite al Recurso de Casación como si se tratara de un juicio ordinario; procede por tanto que la Sala de lo Civil ante la incuestionable falta de requisitos y exigencias establecidos en el artículo 717 del Código Procesal Civil, declare inadmisible in limine el presente recurso de casación, es decir sin entrar al análisis de los motivos que lo conforman, ello con fundamento en el artículo 723.2 literal a) del citado código. 7.- La Sala de lo Civil insta a la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, para que en lo sucesivo sea más diligente en el estudio de las causas sometidas a su conocimiento.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes mayo del año dos mil diecinueve, la Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO, el segundo designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en el recurso de casación impetrado, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores MARÍA DE LA CRUZ REYES RODRÍGUEZ, ARMANDO VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, EMILIO VASQUEZ RODRÍGUEZ, SELIN VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Y SIMONA VASQUEZ RODRÍGUEZ, representados en juicio por el abogado ESTIBEN OSMAN FERRERA SARAVIA como recurrente; siendo recurrido el señor JUAN MARTIN RODRÍGUEZ, representado en juicio por la abogada ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE NULIDAD DE ACTA DE DECLARACION DE POSESION”, promovida en fecha 11 de agosto de 2014, ante el Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, departamento de Intibucá, por la abogada ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA, actuando en su condición de representante procesal del señor JUAN MARTIN RODRIGUEZ, mayor de edad, hondureño y con domicilio en Estados Unidos de Norteamérica, contra los señores MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, ARMANDO VASQUEZ RODRIGUEZ, EMILIO VASQUEZ RODRIGUEZ, SELIN VASQUEZ RODRIGUEZ y SIMONA VASQUEZ RODRIGUEZ, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la Aldea de Quiraguira, Municipio de Masaguara el departamento de Intibucá. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha 05 de enero de 2017, el Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, departamento de Intibucá, dictó sentencia, misma que en su parte dispositiva señala lo siguiente: (Sic) “FALLO En vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal FALLA: PRIMERO: DECLARANDO «ADMISIBLE» LA DEMANDA DE NULIDAD DE ACTA DE DECLARACION DE POSESION presentada ante este despacho en fecha 11 de agosto del año 2014, por la Abogada ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA, en representación del señor JUAN MARTIN RODRIGUEZ, contra los señores MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, ARMANDO VASQUEZ RODRIGUEZ, EMILIO VASQUEZ RODRIGUEZ, SELIN VASQUEZ RODRIGUEZ, Y SIMONA VASQUEZ RODRIGUEZ, contra los señores MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, ARMANDO VASQUEZ RODRIGUEZ, EMELIO VASQUEZ RODRIGUEZ, SELIN VASQUEZ RODRIGUEZ, Y SIMONA VASQUEZ RODRIGUEZ, quienes son mayores de edad, hondureños, originarios y residentes en la aldea de Quiraguira, del Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá. SEGUNDO: Se declara LA NULIDAD DEL ACTA DE POSESION, que ostentan los señores MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, ARMANDO VASQUEZ RODRIGUEZ, EMILIO VASQUEZ RODRIGUEZ, SELIN VASQUEZ RODRIGUEZ, Y SIMONA VASQUEZ RODRIGUEZ, como dueños del inmueble ubicados en el lugar conocido como Agua Zarca, jurisdicción de Quiraguira, Departamento de Intibucá, el cual consta de más o menos tres manzanas, con las colindancias siguientes: AL NORTE: con propiedad del señor Antonio Aguilar López, y con el señor ADOLFO MORALES, carretera de por medio, AL SUR: con el señor MIGUEL ACOSTA MALDONADO, quebrada de por medio, y al OESTE: con el señor GERARDO FIGUEROA MONTOYA, quebrada de por medio TERCERO: Que la Secretaria del Despacho extienda certificación integra a la parte interesada y a cualquier otro que lo solicite para impugnar en juicio correspondiente, si pudiere causarle perjuicio, y se archiven las diligencias sin más trámite, si no se interpusiere recurso alguno contra el presente fallo. CUARTO: Contra la presente resolución procede el Recurso de Apelación ante este Juzgado, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución que se impugne.- SIN COSTAS. NOTIFIQUESE DE ESTE FALLO.” SEGUNDO: Que en fecha 08 de junio de 2017, la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó sentencia CONFIRMANDO la del a-quo, fallando de la siguiente manera: (Sic) “FALLAMOS. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, por unanimidad de votos, estimamos lo siguiente PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN que ha planteado el ABOGADO ESTIBEN OSMAN FERRERA SARAVIA QUIEN ACTUA COMO RECURRENTE EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA EN LA DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UNA DECLARACION DE POSESION. QUE POR LA VIA DEL PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO LE HA PROMOVIDO EL SEÑOR JUAN MARTIN RODRIGUEZ CONTRA LOS SEÑORES MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, ARMANDO VASQUEZ RODRIGUEZ, EMILIO VASQUEZ RODRIGUEZ, SELIN VASQUEZ RODRIGUEZ Y SIMONA VASQUEZ RODRIGUEZ, RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE EN SU PARTE DISPOSITIVA FALLA PRIMERO: declarando ADMISIBLE la demanda DE NULIDAD DE UNA DECLARACION DE POSESION. QUE POR LA VIA DEL PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO LE HA PROMOVIDO EL SEÑOR JUAN MARTIN RODRIGUEZ CONTRA LOS SEÑORES MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, ARMANDO VASQUEZ RODRIGUEZ, EMILIO VASQUEZ RODRIGUEZ, SELIN VASQUEZ RODRIGUEZ Y SIMONA VASQUEZ RODRIGUEZ.- SEGUNDO: se DECLARA LA NULIDAD DEL ACTA DE POSESION, QUE OSTENTAN LOS SEÑORES MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, ARMANDO VASQUEZ RODRIGUEZ, EMILIO VASQUEZ RODRIGUEZ, SELIN VASQUEZ RODRIGUEZ Y SIMONA VASQUEZ RODRIGUEZ como dueños del inmueble ubicados en el lugar conocido como Agua Zarca, jurisdicción de Quiraguira, departamento de Intibucá, el cual consta de más o menos tres manzanas, con las colindancias siguientes: AL NORTE con propiedad de ANTONIO AGUILAR LÓPEZ, y el señor ADOLFO MORALES, carretera de por medio, AL SUR: con el señor MIGUEL ACOSTA MALDONADO, quebrada de por medio, AL OESTE: con el señor GERARDO FIGUEROA MONTOYA, quebrada de por medio.. TERCERO: …. CUARTO… .- SEGUNDO: CONFIRMAMOS LA SENTENCIA DEFINITIVA, relacionada con el numeral primero de esta parte dispositiva.- MANDA: Que sean debidamente notificadas las partes, y que se les haga saber que el presente fallo pone fin al pleito, cabe contra el mismo recurso de casación, por lo que una vez firme se remítanse las diligencias al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE.” TERCERO: El abogado Estiben Osman Ferrera Saravia, actuando en su condición de representante procesal de los señores María de la Cruz Reyes Rodríguez, Armando Vásquez Rodríguez, Emilio Vásquez Rodríguez, Selin Vásquez Rodríguez y Simona Vásquez Rodríguez, en fecha 27 de julio de 2017, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 08 de junio de 2017, dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha 31 de julio de 2017, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: La representante procesal del señor Juan Martin Rodríguez, abogada Alicia Joaquina Flores Zelaya, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, se personaron los abogados Estiben Osman Ferrera Saravia y Alicia Joaquina Flores Zelaya, en sus condiciones ya indicadas, presentando escritos de personamiento en fechas 29 de agosto y 06 de septiembre de 2017, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha 13 de septiembre de 2017, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, de la siguiente manera: (Sic) “MOTIVOS DE CASACIÓN IMPUGNANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE NORMAS PROCESALES Y DE NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. PRIMER MOTIVO: POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción del Art. 200.2 literal b), del Código Procesal Civil, o sea, en las partes que dicen: “...2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: ...b. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, los hechos probados en su caso (el subrayado es mío). La infracción procesal señalada se produjo en la sentencia por infracción de normas procesales que regulan su forma y contenido; son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, o sea, al elaborarla. El Art. 200 del Código Procesal Civil, en el numeral 2, preceptúa “en particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente” y al final de la letra b), exige como parte de los antecedentes de hecho, la declaración de “los hechos probados”, frase ésta que se subrayó en el enunciado del motivo para indicar donde se efectuó la infracción procesal. Al leer detenidamente la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto, pues la Corte recurrida la omitió. Es una práctica viciosa en muchas Cortes de Apelaciones que declaran con O SIN lugar los recursos de apelación y, desde luego, omiten hacer la declaración de hechos probados creyéndola innecesaria, cuando ninguna norma del CPC prescribe desobligarse de tal exigencia y la creen innecesaria; esta brecha de arbitrariedad afecta el debido proceso y dado que en nuestra regulación de la casación ya no existen las impugnaciones por infracciones de error de derecho y de hecho, esto de alguna manera posibilita la distorsión, mutilación o tergiversación de las pruebas, o la no atribución o disminución del valor probatorio que les corresponde. Para evitar esta arbitrariedad la declaración de hechos probados es trascendental y obligatoria en los casos donde se practicó prueba y especialmente para un tribunal de alzada que revoca el fallo de primera instancia, por haber llegado a una conclusión distinta con el mismo material probatorio. La declaración de hechos probados es un requisito formal de la estructura de la sentencia, cuya exigencia se colige también claramente del Art. 715.3 del Código Procesal Civil y su omisión dificulta ostensiblemente el desarrollo de la impugnación tanto por infracción de normas procesales como de normas materiales; tal omisión se ha dado en el presente caso porque la Corte recurrida al hacer los pronunciamientos del fallo, restó total y absoluta importancia a la declaración de hechos probados que al confirmar el fallo apelado estaba obligado a hacer, o sea, a reformular o confirmar por que el juez nunca declaró en primera instancia. Además, la sentencia debe contener la declaración de hechos probados, porque esta fijación es parte esencial de la expresión de los razonamientos fácticos, los que junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la aplicación e interpretación del Derecho; pero en este caso concreto la Corte recurrida argumentó su fallo de forma inconclusa, de todo lo cual, y tal como se denuncia, el a-quo debió proceder fielmente fijando la declaración de hechos probados. Y siendo esta controversia uno de los supuestos en que la estructura de la sentencia, conforme al Art. 200.2 letra b) del CPC, encuadra en la hipótesis jurídica “en su caso”, puesto que en el presente caso la sentencia del Juzgado de Primera Instancia al emitir su fallo, no declaró los hechos probados en esa instancia, por ende, sí era necesaria y obligatoria la fijación o declaración de “hechos probados”, en el fallo emitido por el Ad quem. Al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo, afectando el debido proceso porque no cumple con una importante formalidad en los antecedentes de hecho establecidos en la ley procesal, incurriendo en irracionalidad y arbitrariedad. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mis representados. Este motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil, en su Art. 719.1.c) Causales del Recurso, en la parte que dice: “...c) La forma y contenido de la sentencia”. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto como la sentencia de la Corte recurrida carece de hechos probados, tal omisión o infracción disminuye, complica y dificulta sensiblemente la impugnación y, por ende, el derecho al presente recurso de casación; también disminuye el derecho de defensa de los perjudicados en el planteamiento de los recursos devolutivos. SEGUNDO MOTIVO: IMPUGNANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. Infracción de ley material por aplicación indebida del Art. 1630 del Código Civil, al haber sido empleado en la solución del fondo del litigio. Artículo del Código Civil, dice: “si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella como buena fe, si fuere mueble. Si fuera inmueble la propiedad pertenecerá al adquirente que antes le haya inscrito en el Registro. Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesión y faltando está a quien presente título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe”. El cinco (05) de enero de 2017, el Juzgado de Letras Primero del departamento de Intibucá, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR, la demanda de nulidad de acta de declaración de posesión presentada por el señor JUAN MARTIN RODRIGUEZ, contra los SEÑORES MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, ARMANDO VASQUEZ RODRIGUEZ, EMILIO VASQUEZ RODRIGUEZ, SELIN VASQUEZ RODRIGUEZ, Y SIMONA VASQUEZ RODRIGUEZ y FALLA: primero: Declarando admisible la demanda de nulidad de acta de declaración de posesión presentada ante este despacho en fecha 11 de agosto del años 2014, por la abogada ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA, en representación del señor JUAN MARTIN RODRIGUEZ, contra los SEÑORES MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, ARMANDO VASQUEZ RODRIGUEZ, EMILIO VASQUEZ RODRIGUEZ, SELIN VASQUEZ RODRIGUEZ, Y SIMONA VASQUEZ RODRIGUEZ, quienes son mayores de edad, hondureños, originarios y residentes en la aldea de Quiraguira, del Municipio de Masaguara, departamento de Intibucá.- SEGUNDO: Se declara la nulidad del acta de posesión que ostentan los señores MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, ARMANDO VASQUEZ RODRIGUEZ, EMILIO VASQUEZ RODRIGUEZ, SELIN VASQUEZ RODRIGUEZ, Y SIMONA VASQUEZ RODRIGUEZ, como dueños del inmueble ubicado en el lugar conocido como Agua Zarca jurisdicción de Quiraguira, departamento de Intibucá, el cual consta de más o menos tres manzanas, con las colindancia siguientes: AL NORTE con propiedad de Antonio Aguilar López, y el señor ADOLFO MORALES, carretera de por medio AL SUR: con el señor MIGUEL ACOSTA MALDONADO, quebrada de por medio, AL OESTE con el señor GERARDO FIGUEROA MONTOYA, quebrada de por medio.- TERCERO: Que la secretaria del Despacho extienda certificación integra a la parte interesada y a cualquier otro que lo solicite para impugnar en juicio correspondiente si pudiere causarle perjuicio y se archiven diligencias sin más trámite sino se interpusiere recurso alguno contra el presente fallo. CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de apelación ante este Juzgado dentro del plazo de diez días contando desde el día siguiente a la notificación de la resolución que se impugne. SIN COSTAS.- En la motivación de la sentencia dictada por el Tribunal recurrido, en el primer fundamento jurídico, como repetimos se fundamenta en el artículo 1630 del código civil, relacionando con el artículo 1596 del mismo cuerpo legal, esta segunda norma establece la nulidad absoluta, pero el artículo primero o sea el 1630, tal y como se describe en la norma establece de forma clara, cuando una cosa se ha vendido dos veces, en el escenario que sea un bien mueble, cosa que no ocurre en autos, y si cuando es de un bien inmueble, establece precisamente cuando se adquiere con documento debidamente inscrito, y con documento que no se encuentra inscrito en el Registro respectivo, cabe destacar que este escenario es precisamente el que se utiliza como fundamento del fondo del litigio, pues cabe destacar que la posesión del inmueble es la que se transfiere con este tipo de documentos, y no precisamente el dominio, en segundo lugar, se decide la juez por un medio de prueba que ella trae al proceso, tomando la declaración a la que supuestamente tenía la posesión del inmueble, decimos esto porque no existe prueba alguno en el proceso que ella es quien ostenta esa posesión, y como vera Honorable Tribunal el documento que presenta el demandante lo suscribe otra persona que no es la señora MARIA CRUZ REYES RODRIGUEZ, ( a quien la Juez llamo para tomarle declaración) o sea la persona que supuestamente también vendió, pero es simple vean el documento que presenta la parte demandante, si es efectivamente se trata de la misma persona, la respuesta es no, quien le vende al demandante los supuestos derechos de posesión es el señor JOAQUIN INESTROZA, además dentro de la pretensión de la parte demandante lo que busca es la nulidad de una documentos o una declaración de posesión, que realiza la señora MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, conocida también como MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, como observara honorable Tribunal en el libelo de la demanda no se pretende bajo su acción provocar quien tiene o la posesión de inmueble, sino si el documento tiene o no validez. Este motivo se haya comprendido en el “Art. 719. Causales del Recurso…2. Igualmente se podrá impugnar la aplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, del Código Procesal Civil. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto, el tribunal de alzada al no entenderlo según la norma señalada como infringida, en la sentencia impugnada agravia a mis representados, por no reconocer que les causó perjuicio porque les atribuye una causal de nulidad a un documento que contiene todos y cada uno de los requisitos que establece la Ley.- TERCER MOTIVO: IMPUGNANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. Infracción de ley material aplicación indebida, al haber sido empleado en la solución del fondo del litigio el siguiente artículo: 212. 2 del Código Procesal Civil. Artículo 212 del Código procesal Civil: “Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1) …2) cuando se produzca con falta de competencia territorial cuando esta venga fijada imperativamente.” En el SEGUNDO fundamento jurídico de la sentencia, en su motivación la Corte recurrida argumenta que existe “… Lo que implica que, el consentimiento del acto por la vía señalada por la Ley, ya sea por silencio o aceptación del mismo produce la confirmación del acto o su sanación como lo advierte el articulo 212 numeral 2 del código procesal civil”, afirmando más adelante “…sin embargo entiende este Tribunal y siguiendo la lectura de la normativa referente a la admisibilidad de la prueba señala el numeral 3 del artículo 240 del código de comento, ¨la admisión de un medio de prueba es irrecurrible¨ por ende no cabe la figura de protesto, como acto posterior a la decisión de la reposición como ocurre en el caso de la admisibilidad de prueba que si resulta recurrible en apelación diferida¨ ; sin embargo la propia Corte de Apelación señala que efectivamente esta parte recurrente tiene toda la razón al argumentar que existe violación al debido proceso, pero que por un tecnicismo de la apreciación del recurso el mismo no se recibe como agravio, olvidando la Honorable Corte de Apelaciones que su control Convencional está obligado a la aplicación de los convenios y tratados internacionales que están sobre la aplicación de la norma secundaria como lo es el código procesal civil. Este motivo se haya comprendido en el “Art. 719 del Código Procesal Civil, Causales del Recurso…1, inciso b. Igualmente se podrá impugnar la aplicación o interpretación de las normas procesales que regulen: b) los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: Este caso concreto, el tribunal de alzada al no entenderlo según las normas señaladas como infringidas, en la sentencia impugnada agravia a mis representados, porque reconoce que existe el vicio, pero aun así no lo decreta. CUARTO MOTIVO: IMPUGNANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. Infracción de ley material por violación o falta de aplicación de los Arts. 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, al no haberse empleado en la solución del fondo del litigio por la Honorable Corte de Apelaciones y la Juzgadora de primera Instancia. Artículo 25. Protección Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. En el SEGUNDO de la motivación de la sentencia de la Honorable Corte de Apelaciones, esta admite expresamente que efectivamente el Juzgador al momento de incorporar medios de prueba al proceso DISPOTIVO, que estaba conociendo, llegando a evacuar ese medio de prueba a otro Tribunal, y que no existía legalmente la posibilidad de impugnar o protestar la decisión, y este medio de prueba es la piedra angular para la emisión del fallos de la Honorable Juez de Primera instancia, lo cual precisamente en el argumento esgrimido es que al no haberse realizado la respectiva protesta o no haberse pronunciado se sanea la actuación, como si estuviésemos en los casos contemplados en artículo 213 del código procesal civil, que regula a anulabilidad, efectivamente la violación al derecho de defensa es evidente, por lo tanto debió haberse pronunciado sobre la misma, pero la Honorable Corte argumenta que bajo un tecnicismo del recurso no es admisible dicho agravio, contradiciendo el derecho a la protección judicial efectiva que esta deviene en observar. Este motivo se haya comprendido en artículo 719, numeral 1, inciso b del código procesal civil. Igualmente se podrá impugnar la aplicación o interpretación de las normas procesales que regulen: b) los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: Este caso concreto, el tribunal de alzada al no entenderlo según las normas señaladas como infringidas, en la sentencia impugnada agravia a mis representados, porque reconoce que existe el vicio, pero aun así no decreta la nulidad de la actuación respectiva. QUINTO MOTIVO: IMPUGNANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. Infracción de ley material por violación o falta de aplicación de los Arts. 245 del Código procesal Civil, al no haberse empleado en la solución del fondo del litigio. El Art. 245 citado dice: La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a la reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a la normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este código u otro ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca.- 2.- la valoración de los distintos medios de prueba deberán deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de la nulidad de la resolución. En el TERCERO de los fundamentos jurídicos de la sentencia impugnada argumenta aludiendo ¨en el caso de los antecedentes de estudio la señora Maria de la Cruz Reyes Rodríguez, no es de su propiedad, sino que era de Lupe Vasquez, que no sabe a quién se lo vendió Guadalupe, que a la interrogante ¿Si ha firmado algún documento de venta de este terreno usted? Contesta: Solo llego Juan y me dijo que pusiera la huella, yo no voy a meter las manos, yo vengo porque ellos me trajeron…….. como se aprecia entonces a las reglas de la valoración de la prueba se asienta como cierto el hecho que la posesión le asistía a Juan Martin Rodríguez, y que la señora MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ le ha firmado un documento de traspaso de propiedad, resultando impertinente el argumento de violación de sana critica, argumentado por el recurrente.- Veamos vuelve el Tribunal de alzada a hacer uso del tecnicismo procesal recursivo, y va más allá, al admitir que existe varios métodos de valoración de medios de prueba, y en ese asedio de valoración de esta prueba (piedra angular del proceso) es que se reconoce que: 1) el propietario es el señor Juan Martin Rodríguez; 2) que la propiedad era del señor LUPE O GUADALUPE VASQUEZ, esto obvia pronunciarse, porque el afán es reconocer lo que no se pide, en el libelo de la demanda no se acciona para reconocer un derecho, sino para anular un documento, en vista de lo cual va mas allá al pronunciar que el propietario, lo cual tampoco se discute, si lo que se discute es la NULIDAD DE UN DOCUMENTO, consistente en una acta, razón por la cual en el afán de argumentar un fallo que no se ajusta precisamente a lo solicitado por la parte demandante. O sea si ya le había traspasado como argumenta en su fallo de primera y segunda instancia la señora MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, en que condición lo hizo si ella misma manifiesta (para valor a su declaración total, no fuera de contexto) es que esa propiedad pertenece al señor GUADALUPE O LUPE VASQUEZ. O sea que tipo de valoración realizan. Este motivo se haya comprendido en el “Art. 719. Causales del Recurso…2. Igualmente se podrá impugnar la aplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, del Código Procesal Civil. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto, el tribunal de alzada al no entenderlo según las normas señaladas como infringidas, en la sentencia impugnada agravia a mis representados, pues no expresa los motivos concretos que se han violentado o infringido en el documento que señala y decreta la nulidad, en este caso ´DECLARACION DE POSESION DE UN INMUEBLE¨ a sabiendas cual es el requisito que este acto, ya que no es un contrato, si viola la normativa legal para hacerlo ineficaz, cual es esa normativa.” SEPTIMO: La abogada Alicia Joaquina Flores Zelaya, plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: (Sic) “CONTESTACION DE LA IMPUGNACION SUBJETIVA DEL RECURRENTE Pese a que por las razones de forma expuestas, no es posible acoger el recurso nos pronunciamos sobre los motivos de agravio desarrollados: PRIMER AGRAVIO: alega el recurrente en su primer motivo la supuesta concurrencia de errores producidos en la sentencia por manifestar que no contiene el pronunciamiento de hechos probados es decir según el recurrente por infracción del artículo 200.2 literal b) del Código Procesal Civil. El motivo expresado en el numeral no encuentra sustento veamos las razones: A. En principio, como es sabido las alegaciones de las partes, en virtud del principio dispositivo y aportación de parte (artículo 10 y 11 CPC) son las que marcan el objeto del proceso, en ese mismo sentido en segunda instancia cuando el tribunal ad quem (Corte de Apelaciones) conoce del recurso de apelación, ha de resolver sobre los puntos que las partes han formulado sus alegaciones es por ello que el recurrente formaliza el recurso en el que expresara los agravios que le causa la resolución (Artículo 709 CPC) y el recurrido se le concede el termino para que conteste los agravios (artículo 711 CPC) sobre la base de dichas alegaciones resuelve el Tribunal de segunda instancia. En ese sentido el recurrente centro sus alegaciones 1) En principio la recurrente en el numeral primero se remite hacer referencia a la prueba ordenada para mejor proveer. 2) Afirma que no se respetan las reglas de la sana crítica. 3) Afirma que no se respetan las reglas de la sana crítica, en concreto de la experiencia en la valoración del medio de prueba de acta de declaración de posesión. 4) Afirma la falta de valoración de los medios de pruebas B. Ninguno de los argumentos del recurso de apelación, fueron centrados a la revisión o cuestionamiento de la declaración de hechos probados en la sentencia de primera instancia, entonces resulta paradójico que centre la argumentación de todo el recurso como lo expresa en el numeral dos del escrito del recurso de casación, en dicho extremo, y fundamente igualmente su agravio primero en argumentos que no fueron objeto del recurso, pues además procesalmente no pidió en el recurso de apelación ni solicito conforme a sus alegaciones cual era el alcance pretendido de su recurso de segunda instancia, y sobre el cual pretendía se le resolviera. C. En el desarrollo del motivo hace referencia el recurrente, “que la corte argumento su fallo de manera inconclusa de todo lo cual, y tal como se denuncia, el a-quo debió proceder fielmente fijando la declaración de hechos probados”. Ante dicha argumentación hemos de entender que el recurrente considera que no hubo un pronunciamiento al respecto de los hechos probados, el cual como hechos dicho anteriormente no fue objeto del recurso de apelación, pero por otra parte, el Código Procesal Civil, como herramienta previa, es que según la regla recursiva prevista en el la Ley, los errores omisivos deben intentarse su previa subsanación por las herramientas procesales previstas, y para tal efecto el artículo 205 del mismo Código establece que en caso de que se considere defectuosa u omisiva una resolución, debe pedirse su subsanación, por la herramienta prevista en dicho artículo. Cabe mencionar también que el Juzgado de Primera instancia cumplió con todos los requisitos al dictar la sentencia respectiva. D. Agregado a lo anterior según lo dispone el artículo 720 del CPC, por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de la prueba contenidas en las sentencias de primera instancia, es decir que no se puede solicitar a través del recurso de casación, la fijación de hechos probados, como se pretende por esta vía, incorrectamente, ante un argumento que no fue del recurso de apelación, pero además argumenta en ese sentido que el motivo se haya comprendido en el artículo 719.c del ya referido CPC, sin embargo hierra en el sentido del motivo, ya que lo que puede ser objeto del recurso, es precisamente el control de la motivación fáctica (que esta explicita en la sentencia) es decir solamente la existencia, motivación, suficiencia racionalidad, y carácter lógico, que es acorde al fallo, no la construcción de hechos probados o la determinación de una motivación acorde a sus pretensiones, al analizar el motivo en referencia queda claro que finalmente el recurrente no justifica la incidencia de la supuesta motivación en el fallo, pues en ninguna de las partes, justifica que cuando formalizo el recurso haya hecho alegación alguna al respecto, pero además no justifica que el perjuicio causado puesto que en el recurso de apelación, nunca argumento en ese sentido, pero por otra parte la sentencia de primera instancia cumple con todos requisitos previstos en la Ley. PRETENSION: En vista que ninguno de los argumentos de la parte recurrente, encuentra sustento de hecho o de derecho alguno, solicitamos sea desestimado el motivo, por no cumplir con los requisitos procesales para su fundamentación, además por no estar justificados sus argumentos. SEGUNDO AGRAVIO: alega el recurrente en su segundo motivo la supuesta aplicación indebida del artículo 1630 del Código Civil, manifestando la impugnación en la aplicación e interpretación de las normas para la solución del fondo del litigio. Los argumentos expuestos carecen de sustento fáctico y de motivación, y no es congruente en relación a lo que es objeto del recurso de casación. El objeto impugnable del recurso de casación, y en concreto en el caso que nos ocupa, lo es, la sentencia que resuelve el recurso de apelación dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, conforme lo establece el artículo 717 del Código Procesal Civil. En la exposición del segundo agravio, la parte recurrente señala como parte de su formalización del agravio, que constituye su argumentación la incidencia de la sentencia dictada en fecha 5 de enero de 2017, por el Juzgado Primero de Letras de Intibucá, a través de la cual se dicta un pronunciamiento a tras de la cual se estima la demanda ordinaria de un acta de declaración de posesión a través de la cual pretende apoderarse la parte demandada de un inmueble. Es decir, sigue errando en la formulación del recurso pues argumenta que diciente de la sentencia de primera instancia, que fue la resolución recurrida a través del recurso de apelación, y ahora resulta argumentando aplicación indebida de una norma sustantiva que no constituye de incidencia en la resolución del asunto, puesto que lo que se ha hecho es la declaración de NULIDAD ABSOLUTA DE UN DOCUMENTO PRIVADO que es precisamente el acta de declaración de posesión de un inmueble, en consecuencia la motivación jurídica y fáctica hecha en primera y segunda instancia es la correcta toda vez que el artículo aplicable a la solución del asunto lo es precisamente el que en la Ley sustantiva es decir 1586 del Código Civil, justifica que ante la concurrencia de un motivo de nulidad el documento sea declarado absolutamente nulo, como así lo dice la sentencia. Por otra parte La Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, con criterio apegado a derecho hace la motivación se refiere en el numeral segundo a la consideración con respecto al documento privado de la parte demandante, con respecto a la declaración de la señora MARIA DE CRUZ REYES RODRIGUEZ también conocida como MA. DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Diligencia que fue ejecutada conforme a la Ley, y se le concedió a las partes facultades inmediación, concentración a las partes, de las partes, y se adoptó sin protesto alguno, y ante el interrogatorio dejo claramente establecido que ella imprimió la huella digital en el documento a favor de la parte que represento, (cabe destacar que no es objeto del juicio pues la nulidad está dirigida al acta de posesión de un inmueble a través de la cual han pretendido en juicio la parte demandada establecer su derecho sobre el inmueble propiedad de mi representado). De manera tal que resulta fácticamente justificable los argumentos de los Órganos Jurisdiccionales que han conocido del litigio, que cabe destacar, ha sido la nulidad del documento privado con el que la parte demandada y ahora recurrente ha pretendido justificar su posesión sobre el inmueble es decir el fundamento jurídico relativo a la nulidad (1586 del Código Civil) es a través del cual se resuelve el asunto, congruente como se ha dicho con el pronunciamiento que estima la demanda. Y afirma que el documento declarado nulo es a favor de MARIA DE CRUZ REYES RODRIGUEZ también conocida como MA. DE LA CRUZ RODRIGUEZ, cuando en el mismo documento se puede constatar que mediante un acto unilateral traspasa el bien sin cumplir los requisitos de ley a favor de DOMITILA REYES, es decir traspasando el bien a dos personas diferentes, documento con el cual afecto la posesión de mi representado. Ahora bien, la parte recurrente un intento errado por justificar su motivo, refiere valoración errónea del tribunal conforme la prueba evacuada en juicio, concretamente se refiere a la prueba de interrogatorio de parte y el documento que presenta la parte demandante, cuestión de índole procesal, ya que la valoración de la prueba solo puede ser cuestionada en relación a la suficiente, racionalidad, y carácter lógico de la motivación de la prueba, que es tema estrictamente procesal, sin embargo utiliza la valoración de la prueba para alegar sobre el documento de la parte demandante, que no es objeto del juicio, puesto que lo que se ha declarado nulo, es el documento privado (acta de declaración de posesión) que es el documento utilizado por la parte demandada, y que como se ha dicho su correcta valoración (motivo procesal no de fondo) ha sido coherente y respetuosa de la reglas de valoración previstas en el CPC y contenida en las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia. Que el argumento de la impugnación de las normas de fondo explicada en el presente recurso, no cumple los requisitos de formulación de la casación, no solamente porque se aduce aplicación indebida de un artículo del Código Civil, nunca explica porque fue aplicado indebidamente en el fallo, y cuál es entonces la consecuencia jurídica que debió establecerse en la sentencia conforme su debida apreciación jurídica que aduce, pero su argumentación está justificando según su parecer incorrecta valoración de prueba, y además de ello, el sentido de la argumentación no justifica su incidencia en el fallo cuestionado, el reproche está dirigido a la sentencia de primera instancia, cuando más que claro está el objeto recursivo del recurso de casación, lo es la sentencia de segunda instancia es decir de la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, de la cual no explica en todo el motivo, el sentido en que fue interpretado erróneamente las normas sustantivas empleadas en la solución del asunto. Cabe mencionar que aduce como agravio, que, al estimarse la demanda, se le causa perjuicio, lo cual es erróneo porque las sentencias han sido debidamente motivadas fáctica y jurídicamente, porque según su errado criterio el documento de la parte que representa, contiene los requisitos establecidos en la ley, cuando la argumentación del recurso se centra a pretender desvirtuar el documento de la parte demandante, y no a justificar el supuesto e inexistente motivo. PRETENSION: En vista que ninguno de los argumentos de la parte recurrente, encuentra sustento de hecho o de derecho alguno, solicitamos sea desestimado el motivo, por no cumplir con los requisitos procesales para su reproducción, pero además por no estar justificados sus argumentos. TERCER AGRAVIO: Alega el recurrente en su tercer motivo la supuesta aplicación indebida de normas de derecho empleada para la solución del fondo del litigio, y afirma que la aplicación del fondo del litigio está contenida en el artículo 212.2 del Código Procesal Civil. El recurrente, como ocurrió también en el recurso de apelación que interpuso, confunde las normas jurídicas procesales y las que sirven para decidir el fondo del asunto, en el presente recurso confunde un MOTIVO DE FONDO, es decir dice que se infringe una norma para decidir el fondo del asunto, pero la norma que dice que fue aplicada indebidamente es una norma procesal es decir solo viable para argumentar un MOTIVO PROCESAL. Y la contradicción se hace más evidente cuando al justificar el motivo del recurso establece que la causa del recurso está justificada en la impugnación de la interpretación de normas procesales (actos y garantías infringidas que producen indefensión”. No explica en su argumentación a que actuación procesal se refiere como supuestamente violatoria del debido proceso, solamente refiere el artículo 212, 240 del Código Procesal Civil, deja en evidencia que en la argumentación del motivo no existe claridad ni suficiencia en lo que pretende justificar, sin embargo si es de hacer referencia que el debido proceso implica que las partes hagan uso de las herramientas previstas en la Ley procesal confirme las reglas establecidas en la Ley y que el Juez como garante del proceso verifique y garantice su debido cumplimiento. No puede alegarse aplicación de convenios o tratados internacionales sin que las partes, cumplan por si con lo establecido en la Ley. En concreto conforme los argumentos del recurso de apelación, la parte recurrente cuestiono que se haya ordenado una diligencia para mejor proveer, que es la única actuación que cuestiono, el medio de prueba de interrogatorio de parte de MARIA DE LA CRUZ REYES, por ello refiero a dicha diligencia: En principio es de considerar que según la regla recursiva prevista en el artículo 700 que establece como regla la “PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES.
- Cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación. 2. Asimismo deberá acreditar que hizo lo posible para su subsanación en el caso de que la naturaleza del defecto la admitiera.” En el caso en concreto se puede verificar que el agravio que ahora se denuncia fue consentido en audiencia de fecha 19 de octubre de 2016, en la cual la Juez dictó la resolución, ambas partes es decir, los representantes procesales de parte demandante y demandada, nos manifestamos entendidos, es decir, siendo el momento procesal oportuno adquirió firmeza la resolución, sin que la parte que ahora denuncia dicha resolución interpusiera en ese momento PROTESTO, por lo tanto en principio se trata de una resolución firme que no puede ser objeto de reproducción en segunda instancia, pues consta que no fue protestada la resolución en primera instancia, por lo tanto no procede el recurso de apelación de conformidad al artículo 230 numeral 3 del Código Procesal Civil, y bien lo declaro la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua en su resolución. Que las reglas recursivas están previstas en la Ley, por lo ta nto queda en evidencia que la argumentación del recurrente no incide en el fallo cuestionado, menos con la argumentación expuesta, por lo que sigue siendo apegada a derecho la desestimación de los motivos del recurso planteados por la parte recurrente. PRETENSION: En vista que ninguno de los argumentos de la parte recurrente además de poco coherentes, y contradictorios, no encuentra sustento de hecho o de derecho alguno, solicitamos sea desestimado el motivo, por no cumplir con los requisitos procesales para la formalización del recurso de casación. CUARTO AGRAVIO: alega el recurrente en su tercer motivo la supuesta impugnación a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleados para la solución, y afirma que existe violación al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero en el motivo que aduce dice que es la violación de norma procesal. El recurrente, como en el motivo anterior, vuelve a confundir un MOTIVO DE FONDO, es decir dice que se infringe una norma para decidir el fondo del asunto, pero argumenta violación de una garantía que no es norma de fondo si no garantía para el proceso. EL artículo referido a la Protección judicial, en nada resulta congruente con la explicación del motivo, en ese sentido siguiendo las reglas procesales, el recurrente ha tenido y se le ha garantizado la posibilidad de interponer recurso de apelación, recurso de casación, y hasta este momento procesal se le ha dado una respuesta fundada en derecho, que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de las resoluciones judiciales, no significa que se le haya causado perjuicio o dejado en desprotección judicial. Vuelve a referirse a los argumentos del recurso de apelación, la parte recurrente cuestiono que se haya ordenado una diligencia para mejor proveer, el medio de prueba de interrogatorio de parte de MARIA DE LA CRUZ REYES, se reitera los antes dichos, es de considerar que según la regla recursiva prevista en el artículo 700 que establece como regla la “PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES.
- Cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación. 2. Asimismo deberá acreditar que hizo lo posible para su subsanación en el caso de que la naturaleza del defecto la admitiera.” En el caso en concreto se puede verificar que el agravio que ahora se denuncia fue consentido en audiencia de fecha 19 de octubre de 2016, en la cual la Juez dictó la resolución, ambas partes es decir, los representantes procesales de parte demandante y demandada, nos manifestamos entendidos, es decir, siendo el momento procesal oportuno adquirió firmeza la resolución, sin que la parte que ahora denuncia dicha resolución interpusiera en ese momento PROTESTO, por lo tanto en principio se trata de una resolución firme que no puede ser objeto de reproducción en segunda instancia, pues consta que no fue protestada la resolución en primera instancia, por lo tanto no procede el recurso de apelación de conformidad al artículo 230 numeral 3 del Código Procesal Civil. Reglas previstas en la Ley, y que no cumplió, entonces no puede argumentar que no se le protegió judicialmente cuando por la parte que representa no se hicieron uso de las herramientas procesales previstas en la Ley, siendo en consecuencia sus argumentos insostenibles legalmente, pues no demuestra perjuicio o indefensión alguna. Cabe mencionar que la casación es un recurso extraordinario, no puede seguir insistiendo en esta etapa en una nueva valoración de la prueba. PRETENSION: En vista que ninguno de los argumentos de la parte recurrente encuentra sustento, solicitamos sea desestimado el motivo. QUINTO AGRAVIO: Alega el recurrente en su tercer motivo la supuesta impugnación a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleados para la solución del fondo del litigio, y afirma que existe violación al artículo 245 del Código Procesal Civil y que la causal esta prevista en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. Como ocurre al igual en los motivos anteriores el recurrente considera que por la falta de aplicación de una norma procesal que considera infringida se ha resuelto el fondo del asunto incorrectamente por parte del Tribunal y hace alusión que no se ha aplicado al artículo 245 del Código Procesal Civil. Conforme la Ley anterior, se venía a determinar el valor de las pruebas, siendo una valoración tasada para el Juez, ahora la Ley procesal atiende un nuevo lineamiento de valorar la prueba, siendo la sana crítica o valoración libre, a través de la cual el Juez valora la prueba según su convicción rigiéndose por otras reglas, pero sin permitir que llegue a generarse un sistema arbitrario, sin razonamiento alguno. El sistema de valoración de las reglas de la sana critica, Es en la sentencia, donde el Juez debe emitir un juicio de valor de forma clara, precisa y circunstanciada, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. Existe un sustento probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios conocidos en juicio para los efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en la sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, porque un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Cabe aclarar cómo se ha mencionado que ese reproche es estrictamente procesal, ya que NO SON NORMAS QUE RESUELVEN EL FONDO DEL ASUNTO, son normas que disponen las reglas a las que se somete el Juez al valorar cada uno de los elementos probatorios. Dicho lo anterior, se acredita de manera convincente lo erróneo del motivo, pues su argumentación va centrada en un supuesto vicio iudicando, no un vicio in procedendo, que sería lo que corresponde confirme la norma que aduce infringida. Si bien es cierto, no se coincide con la argumentación del recurso, sigue el recurrente insistiendo en esta instancia, y vulnerando lo establecido en el artículo 720 del CPC, pretendiendo una nueva valoración de la prueba en concreto del interrogatorio de parte de MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, y hace referencia a lo que interpreta la parte de sus manifestaciones, Los argumentos de la parte recurrente se limita a adversar la resolución judicial, pero en ninguno de los motivos demuestra con sus argumentos que parte de la motivación vulnera la motivación fáctica y la regla infringida es decir la fundamentación intelectiva. Por otra parte afirma que el acta notarial de posesión, demuestra sin lugar a dudas que la propietaria del inmueble es MARIA DE LA CRUZ REYES RODRIGUEZ, sin embargo a través de un acto unilateral el documento (que no cumple con los requisitos del contrato ni tampoco los requisitos de una donación) fue efectuado a favor de DOMITILA VASQUEZ, por lo cual sus mismos argumentos carecen de sentido, ya que el traspaso, que no cuenta con consentimiento, causa, no surte efecto legal, además de que por un acto previo como propietaria ya había vendido a tercera persona, en consecuencia de dos ventas de un mismo objeto ya el artículo 1630 del Código Civil, establece las reglas. Contrario a su afirmación, la Juez A-Quo, en su motivación de hecho y de derecho contenido en la sentencia, fundamente las razones por las cuales el documento cuya nulidad se ha solicitado, y conforme la prueba del juicio demuestra que es así, es procedente declarar la nulidad del acta notarial creada unilateralmente para sustentar los actos violentos de despojo y tratar de obtener dominio pleno del inmueble que en forma quieta, pacífica y no interrumpida había poseído mi representado, lo cual también es exteriorizado por la Juez A-Quo en su sentencia y confirmado en segunda instancia por haber sido dictado de conformidad a la Ley. PRETENSION: En vista que ninguno de los argumentos de la parte casacionista, encuentra sustento, y además de que el agravio alegado que es procesal, no corresponde con la precisión que efectúa, por lo tanto, no procede su estimación, además de que la conclusión del fallo se encuentra apegado a derecho. PRETENSION: Por lo antes expuesto la parte que represento considera que los motivos deben de ser desestimados, y en consecuencia se deberá dictar resolución mediante la cual se declare que no acoge el recurso, confirmando la sentencia recurrida, en principio pidiendo sea desestimado el recurso por los motivos procesales aducidos, y de manera alternativa que se proceda a revisar el fondo del recurso, que de igual manera no puede tener acogida, solicitando igualmente el pronunciamiento en costas del presente recurso.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación es esencialmente formalista, por lo que indefectiblemente en su formulación debe sujetarse a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, y que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3.- Señalado lo anterior, la Sala estima necesario recordar que nuestra legislación procesal civil vigente, establece las demandas que se conocerán y decidirán por su materia a través de las disposiciones pertinentes al proceso ordinario, tal y lo contemplado en el artículo 399 del Código Procesal Civil; por su parte el artículo 717 del citado Código, señala que: “Sólo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario así como las sentencias que expresamente establezca este Código.”; de la última parte del citado artículo tenemos que esas otras sentencias a las que se refiere son las que claramente se dejan delimitadas por el artículo 654 del mismo y que deja señalado que cabra el recurso extraordinario de casación en los procesos de divorcio, nulidad de matrimonio y la tutela sumaria; NO encontrando entre tales las referidas a Pretensiones Posesorias. En el caso de autos el señor Juan Martin Rodríguez, entabló demanda ordinaria de Nulidad de Acta de Declaración de Posesión en contra de los señores María de la Cruz Reyes Rodríguez, también conocida como María de la Cruz Rodríguez, los señores Armando Vásquez Rodríguez, Emilio Vásquez Rodríguez, Selin Vásquez Rodríguez y Simona Vásquez Rodríguez, en fecha 11 de agosto de 2014. En ese sentido tenemos que la demanda de Nulidad de Acta de Declaración de Posesión que se interpuso, no debió de haberse tramitado por la vía del proceso ordinario en ninguna de sus etapas; ello en razón de que el procedimiento señalado para este tipo de pretensiones, es el que se lleva a cabo mediante el proceso abreviado (Vid. artículo 597 del Código Procesal Civil), razón por la cual no es susceptible a tutela jurídica efectiva haciendo uso de la vía del recurso extraordinario de Casación. 4.- Las normas sobre la clase de proceso por el que habrá de sustanciarse una pretensión tiene carácter imperativo y podrán ser apreciadas de oficio por el juez, tal y lo señalado por el artículo 403.1 del Código Procesal Civil. Por lo que es obligación para el ad quem, tutelar las reglas del debido proceso, debiendo adecuar cada pretensión conforme a su procedimiento. 5.- Analizado el presente proceso, se hace evidente que se ha dado una mala dirección procesal por parte de ambas instancias en la demanda de Nulidad de un Acta de Declaración de Posesión que nos ocupa (artículos 12.1 y 2 Código Procesal Civil). Sin embargo, el error jurisdiccional no ha lesionado el derecho de las partes ya que se encuentra acreditado que los derechos fundamentales de petición y defensa, al igual que rectores del proceso, incluyendo los de contradicción, dispositivo, oralidad, inmediación y doble instancia no se han visto vulnerados, por lo que en beneficio de ellas es procedente buscar la economía procesal para evitar causar perjuicio en cuanto a la temporalidad en la respuesta de justicia. 6.- No habiendo dado cumplimiento el ad quem a su obligación de hacer valer el Principio de Aplicación de la Norma Procesal, substanciando siempre las actuaciones con arreglo a las normas procesales vigentes; ello porque el Tribunal de Alzada, en esa etapa procesal ha errado al darle trámite al Recurso de Casación como si se tratara de un juicio ordinario; procede por tanto que la Sala de lo Civil ante la incuestionable falta de requisitos y exigencias establecidos en el artículo 717 del Código Procesal Civil, declare inadmisible in limine el presente recurso de casación, es decir sin entrar al análisis de los motivos que lo conforman, ello con fundamento en el artículo 723.2 literal a) del citado código. 7.- La Sala de lo Civil insta a la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, para que en lo sucesivo sea más diligente en el estudio de las causas sometidas a su conocimiento. III. PARTE DISPOSITIVA La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Civil en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose con base a la motivación jurídica expuesta y aplicando lo dispuesto en los artículos 80, 82, 89 párrafo primero, 303, párrafo primero, 304, 313 numeral 14); 316 párrafo primero de la Constitución de la República; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 12.1 y 2, 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal b), 197, 199, 399, 403.1, 597, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721.2, 722, 723.2 literal a) y 724 del Código Procesal Civil; profiere por unanimidad de votos el presente auto irrecurrible y declara: I.- LA INADMISIÓN in limine del recurso de casación promovido por el abogado Estiben Osman Ferrera Saravia, en su condición de representante procesal de la señora María de la Cruz Reyes Rodríguez, conocida también como María de la Cruz Rodríguez, los señores Armando Vásquez Rodríguez, Emilio Vásquez Rodríguez, Selin Vásquez Rodríguez y Simona Vasquez Rodríguez; contra la sentencia dictada el día 08 de junio de 2017, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la DEMANDA DE NULIDAD DE ACTA DE DECLARACION DE POSESION, promovida por la abogada Alicia Joaquina Flores Zelaya, actuando en su condición de representante procesal del señor Juan Martin Rodríguez. II.- FIRME la sentencia recurrida dictada el 08 de junio de 2017, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, e identificada en el expediente de apelación bajo el número 1001-2014-00158, originado en los autos que conforman el expediente de primera instancia con número 1001-2014-00158 del Juzgado de Letras Primero del departamento de Intibucá. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil diecinueve; Certificación del auto de fecha dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 169=2017.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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