Sentencia CC-057-17 — Registro 8941
Resumen
En segunda instancia se dictó sentencia revocando la del A-quo de la siguiente manera, el Tribunal revocara la sentencia apelada y dictará la que estime procedente, misma que deberá leerse así: primero: declarar sin lugar la demanda ordinaria de nulidad de un contrato de compraventa del instrumento público.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Que del estudio del primer motivo de casación que compete esta Sala arguye: Lo alegado por el casacionista consistente en “carencia del acápite hechos probados en la sentencia impugnada”, no es motivo suficiente para la admisibilidad del mismo; el Doctor Antonio Salas Carceller[1] establece categóricamente que en ocasiones se denuncia en el recurso extraordinario la falta de consignación por la sentencia impugnada de una relación de “hechos probados”. No obstante, no parece una exigencia formal necesaria para las sentencias civiles. Es de hacer notar como dato de especial relevancia, la elocución del artículo 200 numeral 2 inciso b) del Código Procesal Civil, según el cual en los antecedentes de hecho se consignarán los hechos probados en su caso. Esta expresión puede ser entendida en el sentido de que, en el supuesto de que la sentencia formule tal relación porque los hubiese, ésta debe figurar en los antecedentes de hecho y no en otro lugar. La realidad es que la mayoría de las sentencias contienen un relato diferenciado de hechos probados y, si lo contienen, suele aparecer en la fundamentación jurídica, como en el caso de autos que se encuentra en la “MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA”; lo normal es que los hechos considerado como probados se reflejan en la sentencia, no teniendo que fijar todos los hechos controvertidos sino únicamente los ineludibles para resolver los temas objeto del debate. Hay que recordar que la sentencia como documento expresa las pretensiones del proceso, su probanza y decisión del caso. Por lo tanto, la falta de inclusión de un acápite en los antecedentes de hecho bajo la denominación “hechos probados” no es motivo suficiente por si solo para considerar inepta una sentencia ya que es una situación de orden material y no de fondo tal como lo hace ver el recurrente, es por ello que no justificó la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. (ver sentencias CC103-15, CC35-17, CC47-17)”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
” Esta Sala de lo Civil ha examinado los argumentos del impetrante en cuanto a su segundo motivo de casación y lo ha confrontado con el numeral 2) del artículo 721 del Código Procesal Civil que establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, requisitos que en opinión de esta Sala de lo Civil, han sido observados por el casacionista toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad y precisión el motivo en examen, la falta de aplicación de las normas que considera infringida; así las cosas, no es posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el Código Procesal Civil en tanto se han cumplido por el censor las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, mismo que no resulta infundado, por lo que es procedente admitir a trámite el recurso de casación en su segundo motivo a efecto de examinar el motivo planteado y exponer oportunamente las razones que pueden dar lugar a que el recurso prospere o no en el fondo.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
” Esta Sala de lo Civil ha examinado los argumentos del impetrante en cuanto a su tercer motivo de casación y lo ha confrontado con el numeral 2) del artículo 721 del Código Procesal Civil que establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, requisitos que en opinión de esta Sala de lo Civil, han sido observados por el casacionista toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad y precisión el motivo en examen, la falta de aplicación de las normas que considera infringida; así las cosas, no es posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el Código Procesal Civil en tanto se han cumplido por el censor las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, mismo que no resulta infundado, por lo que es procedente admitir a trámite el recurso de casación en su tercer motivo a efecto de examinar el motivo planteado y exponer oportunamente las razones que pueden dar lugar a que el recurso prospere o no en el fondo.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “Esta Sala de lo Civil ha examinado los argumentos del impetrante en cuanto a su cuarto motivo de casación y lo ha confrontado con el numeral 2) del artículo 721 del Código Procesal Civil que establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, requisitos que en opinión de esta Sala de lo Civil, han sido observados por el casacionista toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad y precisión el motivo en examen, la falta de aplicación de las normas que considera infringida; así las cosas, no es posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el Código Procesal Civil en tanto se han cumplido por el censor las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, mismo que no resulta infundado, por lo que es procedente admitir a trámite el recurso de casación en su cuarto motivo a efecto de examinar el motivo planteado y exponer oportunamente las razones que pueden dar lugar a que el recurso prospere o no en el fondo.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
S.C 57-2017
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes marzo del año dos mil diecinueve, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO designada ponente la tercera para el conocimiento y redacción del presente fallo, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: La sociedad AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA, S.A. DE C.V., representada en juicio por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor FERNANDO JOSE BENDAÑA BOGRAN, representado en juicio por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA.
OBJETO DEL PROCESO: “SE PRESENTA DEMANDA PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA DE UN CONTRATO DE COMPRA-VENTA, DEL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LO CONTIENE Y DE SU INSCRIPCION REGISTRAL MEDIANTE EL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO”, promovida en fecha dieciséis de marzo del año dos mil once, ante el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ en su condición de representante procesal del señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA, como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra el señor FERNANDO JOSE BENDAÑA BOGRAN, quien es mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Agrónomo y con domicilio en la colonia San José del Pedregal, de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Que en fecha tres de septiembre del año dos mil trece, el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: 1) DECLARAR HA LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL INSTRUMENTO PUBLICO QUE LO CONTIENE Y SU INSCRIPCION REGISTRAL Promovida por el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, como apoderado legal de la parte demandante EMPRESA MERCANTIL AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA S.A. DE C.V., representada ésta por el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad mencionada, y actualmente representada a través del señor JACOBO GABRIEL KATTAN SALEM, por su condición de Ejecutor Especial de los Acuerdos del Consejo de Administración de la mencionada entidad mercantil contra el señor FERNANDO JOSE BENDAÑA BOGRAN; todos de generales expresadas en el preámbulo del presente fallo.- 2) Nulidad Absoluta del Instrumento numero Ciento Cinco, de fecha Catorce de Noviembre del año dos mil diez, ante los oficios del Abogado Saúl Muñoz Orellana, y por ende Nulidad de su inscripción registral en el Instituto de la Propiedad de esta ciudad, bajo número diecinueve (19) del tomo mil quinientos (1500).- 3) SE CONDENA EN COSTAS; 4) Contra la presente Sentencia cabe el recurso de Apelación, el que deberá ser interpuesto dentro de los diez días siguientes a la notificación de este Fallo.- NOTIFIQUISE.”
SEGUNDO: Que en fecha veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia revocando la del A-quo de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA en su condición de apoderado judicial del señor FERNANDO JOSE BENDAÑA BOGRAN, contra la sentencia definitiva de fecha tres de septiembre de dos mil trece (F 185), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, en la demanda ordinaria de nulidad de un contrato de compraventa, del instrumento publico que lo contiene y de su inscripción registral, promovida por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA S.A. DE C.V. contra el señor FERNANDO JOSE BENDAÑA BOGRAN.- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha tres de septiembre de dos mil trece (F 185), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, y siendo que conforme al articulo 715.4 del Código Procesal Civil, que comprende el alcance de la decisión de la apelación, determinando que si se apreciare alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el Tribunal revocara la sentencia apelada y dictara la que estime procedente, misma que deberá leerse así: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la demanda ordinaria de nulidad de un contrato de compraventa del instrumento publico que lo contiene numero ciento cinco, de fecha catorce de noviembre de dos mil diez, ante los oficios del notario, abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA y su inscripción registral en el Instituto de la Propiedad bajo el numero diecinueve del tomo mil quinientos, promovida por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, como apoderado legal de la parte demandante empresa mercantil AGRO-INDUSTRIAL CUMAYAPA S.A. DE C.V. representada esta por el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA como presidente del Consejo de Administración de la sociedad mencionada y actualmente representada a través del señor JACOBO GABRIEL KATTAN SALEM, por su condición de ejecutor especial de los acuerdos del Consejo de Administración de la mencionada entidad mercantil contra el señor FERNANDO JOSE BENDAÑA BOGRAN.- 2) SIN COSTAS en primera instancia.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y que al estar firme, con la certificación de estilo se devuelva al Juzgado de su Procedencia para su cumplimiento.- Es ponente Abogado Clemente Jesús Gamez Peralta, Magistrado Presidente por Ley.- SIN COSTAS en segunda instancia.- NOTIFIQUESE.”
TERCERO: El representante procesal de la sociedad AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA, S.A. DE C.V., abogado JORGE TORRES HENRÍQUEZ, presentó en fecha veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo.
CUARTO: El representante procesal del señor FERNANDO JOSE BENDAÑA BOGRAN, abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, presentó en fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha siete de abril del año dos mil diecisiete, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha seis de junio del año dos mil diecisiete, tenerlo por personado como recurrido dentro del plazo concedido y por precluído el plazo dejado de utilizar por parte del abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, como recurrente.
SEXTO: Que el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de la siguiente manera: “5.1 MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE NORMAS PROCESALES. PRIMER MOTIVO: POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción del Art. 200.2 literal b), del Código Procesal Civil, o sea, en las partes que dicen: “…2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: …b. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados... los hechos probados en su caso (el subrayado es mío). La infracción procesal señalada se produjo en la sentencia por infracción de normas procesales que regulan su forma y contenido; son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, o sea, al elaborarla. El Art. 200 del Código Procesal Civil, en el numeral 2, preceptúa “en particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente” y al final de la letra b), exige como parte de los antecedentes de hecho, la declaración de “hechos probados”, frase ésta que se subrayó en el enunciado del motivo para indicar donde se efectuó la infracción procesal. Al leer detenidamente la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto, pues la Corte recurrida la omitió. Es una práctica viciosa en muchas Cortes de Apelaciones que declaran con lugar los recursos de apelación y, desde luego, revocan el fallo de primera instancia, omiten hacer la declaración de hechos probados creyéndola innecesaria, cuando ninguna norma del CPC prescribe desobligarse de tal exigencia; esta brecha de arbitrariedad afecta el debido proceso y dado que en nuestra regulación de la casación ya no existen las impugnaciones por infracciones de error de derecho y de hecho, esto de alguna manera posibilita la distorsión, mutilación o tergiversación de las pruebas, o la no atribución o disminución del valor probatorio que les corresponde. Para evitar esta arbitrariedad la declaración de hechos probados es trascendental y obligatoria en los casos donde se practicó prueba y especialmente para un tribunal de alzada que revoca el fallo de primera instancia, por haber llegado a una conclusión distinta con el mismo material probatorio. La declaración de hechos probados es un requisito formal de la estructura de la sentencia, cuya exigencia se colige también claramente del Art. 715.3 del Código Procesal Civil y su omisión dificulta ostensiblemente el desarrollo de la impugnación tanto por infracción de normas procesales como de normas materiales; tal omisión se ha dado en el presente caso porque la Corte recurrida al hacer los pronunciamientos del fallo, restó total y absoluta importancia a la declaración de hechos probados que al revocar el fallo apelado estaba obligado a hacer, o sea, a reformular los que el juez declaró en primera instancia. Se constata esta infracción al contrastar lo que se afirma en este motivo y los antecedentes de hecho de la sentencia ahora impugnada. La incidencia de esta infracción es obvia porque la estructura de la sentencia sólo puede omitir la declaración de hechos probados, cuando se trate de un asunto de mero derecho o en caso de los tribunales de alzada que confirman el fallo apelado. Este motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil, en su Art. 719.1.c) Causales del Recurso, en la parte que dice: “...c) La forma y contenido de la sentencia”. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto la infracción de omitir en la sentencia impugnada la declaración de los hechos probados, permitió a la Corte recurrida que arbitrariamente distorsionara, tergiversara y mutilara el material probatorio, y, consecuentemente, disminuyó, complicó y frustró el derecho al recurso perjudicado el planteamiento de los recursos devolutivos. DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA.- Como la infracción denunciada fue cometida al estructurarse la sentencia impugnada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia, y en cuanto al requisito de subsanación, no se aplicó porque como se señala, la infracción de la norma procesal se dio al dictarse el fallo hoy impugnado imposibilitando tal actitud procesal de denuncia previa, como lo observa el articulo 700 del Código Procesal Civil.- Además de la fundamentación expuesta en el contenido de este motivo de Casación, el mismo encuentra su fundamento en la reiterada Jurisprudencia o Doctrina Legal establecida por esta Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante los siguientes fallos: 1) Sentencia del 9 de Septiembre del 2013, dictada en el Expediente CC-235-2012; 2) Sentencia del 25 de Enero del 2013, dictada en el Expediente CC-38-2012; 3) Sentencia del 21 de mayo del 2014, dictada en el Expediente CC-222-2013, 4) Sentencia de fecha 11 de junio del 2013, dictada en el Expediente SC-127-201; 5) Sentencia del 30 de agosto del 2012, dictada en el Expediente CC-52-201l. Los datos precisos de las partes intervinientes y Tribunales de procedencia se desconocen por los aspectos de privacidad de los datos observado por la Secretaria de esta Honorable Corte Suprema de Justicia. 5.2.- SE IMPUGNA LA APLICACIÓN DE NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. SEGUNDO MOTIVO: Impugno la aplicación de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, causal del recurso configurada por la violación o falta de aplicación de las normas de Derecho objetivo contenidas en los artículos 23, 731 y 732 del Código de Comercio, en relación con el Art. 1892 párrafos primero y segundo, del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.2, que establece que: “igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. EXPLICACION DEL MOTIVO. Las normas de derecho citadas como infringidas textualmente dicen: El artículo 646 segundo párrafo del Código de Comercio dice: “...La trasmisión y gravamen de sus elementos inmuebles se regirá por las normas del derecho Común.”. Dicho Código de Comercio asimismo preceptúa: “Articulo 23. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes a su finalidad, salvo los que expresamente establezca la ley o los estatutos.”. También dicho Código de Comercio dice: “Artículo 731. El poder de representación deriva de la ley o de la voluntad del interesado.”. Por último, el Código de Comercio en su artículo 732 prescribe: “Si el representante actúa en nombre o en interés del representado, dentro de los límites de sus facultades, los efectos del negocio jurídico se producirán entre el representado y la otra parte.”. Por su parte el citado Art. 1892 párrafos primero y segundo del Código Civil, dice: “El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración. Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso…”. La parte toral de la demanda se resume en que, después de haber revisado la inscripción registral donde consta el lote de mayor cabida del cual se desprenden dos lotes remanentes, asiento número CATORCE (14) del tomo CIENTO VEINTE (120) del Registro de la Propiedad de El Progreso, Yoro, relativo al inmueble objeto de la compraventa cuya nulidad se pretende, aseveré al final de la página “5” de la demanda: “…Contestando en la revisión de dicho asiento que en el mismo instrumento CIENTO CINCO (105) referido, no se relaciona ni hace constar que el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA, estuviera facultado por el Consejo de Administración para el otorgamiento de contratos como el contenido en tal instrumento...” -refiriéndome al número CIENTO CINCO (105) de compraventa autorizado ante los oficios del Notario SAUL MUÑOZ ORELLANA, en esta ciudad de San Pedro Sula, el día catorce de noviembre de dos mil diez, otorgado por el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA, como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA, S.A. de C.V.- agregando: “. . . Tal como lo requiera la cláusula décima parte final de la escritura constitutiva de la sociedad que represento en relación con la Cláusula Décimo Séptima, que contiene los Estatutos de la misma, específicamente en los artículos Décimo y Décimo Cuarto (10 y 14), mismos que se encuentran contenidos en la Escritura Constitutiva, constatando además que el valor de la venta del terreno, según el instrumento referido, era por la ridícula y subvaluada suma de CINCO MIL LEMPIRAS, según resulta del testimonio del instrumento público que se relaciona en este capítulo...”. Los socios fundadores son: Guillermo Bendaña Meza (padre del demandado), María Elena Bográn de Bendaña (QDDG, madre del demandado), Guillermo Antonio Bendaña Bográn (hermano del demandado), Fernando José Bendaña Bográn (el mismo demandado), Janeth Bendaña de Penabad, también conocida como Jeannette Isabel Bendaña Bográn de Penabad (hermana del demandado), María Elena Bendaña de Rivera (hermana del demandado) y Claudia María Bendaña de Kattan (hermana del demandado); o sea, es una empresa familiar que en la CLÁUSULA DÉCIMA de la escritura social dispone: “... otorgar al Consejo de Administración poder pleno y general de administración y dominio con amplias facultades para realizar todos aquellos actos propios de sus atribuciones, de acuerdo con la finalidad de la sociedad, para el otorgamiento de toda clase de poderes; para la ejecución de actos como la enajenación, transacción, constitución de prendas e hipotecas y cualesquiera otros, que por ser de riguroso dominio necesitan mandato expreso según la ley...”; luego en la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA, contentiva de los Estatutos de la Sociedad, se estipuló en el artículo DÉCIMO: “. . . La compañía será administrada, regulada y representada, con arreglo a estos estatutos, por un Consejo de Administración compuesto por cinco o siete miembros propietarios, según lo decide la Asamblea General de Socios; habrán dos suplentes; podrá realizar actos de riguroso dominio y aquellos conducentes a ejercitar los fines de la sociedad de conformidad con lo que prescribe los presentes estatutos y además tendrá las facultades y atribuciones siguientes: a)...b)…c) Ejercer ampliamente la administración de los bienes y negocios sociales; d)…e)…f)..h) Adquirir, así como enajenar, gravar y contratar sobre toda clase de bienes muebles e inmuebles, con cualquier persona y entidad mediante los pactos y condiciones que estime conveniente...”; igualmente, el artículo Décimo Cuarto, relativo a las atribuciones del Presidente del Consejo de Administración, se instituyó en el literal h): “FIRMAR POR LA SOCIEDAD EN AQUELLOS NEGOCIOS APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LOS ESTATUTOS...” (esto en mayúsculas es propio). La Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, en la sentencia definitiva de fecha 23 de Enero del año dos mil diecisiete (2017), que en esta fecha se recurre en casación, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el juzgado de primera instancia con fecha tres de Septiembre del 2013 y revoca ésta, se refiere a la escritura social con la expresión de “acta constitutiva” de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, y llega a la misma conclusión del suscrito, sobre que la dirección y administración estarán a cargo de un Consejo de Administración, con facultades y poderes para realizar los actos conducentes a los fines de la sociedad que la ley o los estatutos no atribuyan a otro órgano de la sociedad, también la representación de la sociedad, judicial y extrajudicial y actuará por medio de su presidente, que al tiempo de la suscripción del contrato de compraventa cuya nulidad se pide, la ostentaba el señor Guillermo Bendaña Meza, pero difiere con nuestro criterio, en cuanto se determina que el Consejo de Administración tendrá pleno poder y general de administración y dominio, con amplias facultades para realizar todos aquellos actos propios de sus atribuciones y para la ejecución de actos como enajenación, transacción, constitución de prendas e hipotecas y cualesquiera otros, que por ser actos de riguroso dominio necesitan mandato expreso conforme al artículo 1892 del Código Civil y concluye que “. . . resulta indispensable determinar el concepto y alcance legal de los estatutos contenidos en la escritura constitutiva de la sociedad demandante, es decir a quienes aplica y en qué sentido...”. En el numeral CUARTO de la sentencia recurrida, después de definir qué se entiende por estatutos, citando el Art. 210 del Código de Comercio, subrayando que las irregularidades en el funcionamiento de este (refiriéndose al Consejo de administración) no serán oponibles a terceros de buena fe, pero no la relaciona con el contenido del Art. 23 deI Código de Comercio y erróneamente concluye que “... de ninguna manera podrá exigirse el cumplimiento de los referidos estatutos a terceras personas, pues estos tienen ese alcance, ya que son normas de regulación interna de una sociedad...”. A continuación la recurrida sentencia se dedica a transcribir el texto de los Arts. 1539,1552,1573 y 1586 todos del Código Civil, y concluye el tribunal de alzada “…En el caso que nos ocupa, con las pruebas aportadas al juicio no ha sido posible acreditar que efectivamente el contrato de compraventa número ciento cinco (105) este viciado porque no se cumplió un requisito exigido por el reglamento interno de la sociedad, que lo constituye los estatutos contenidos en la escritura constituida de la sociedad, que se refiere a la autorización con que debía contar el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA para suscribir contratos en representación de la sociedad AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA, S.A. de C.V.; sin embargo el obligado en dicha cláusula es precisamente el Presidente del Consejo de Administración, es decir el señor Guillermo Bendaña Meza, por lo que de ninguna manera podría exigírsele el cumplimiento de la misma a una tercera persona, o bien al Notario que autorizó la compraventa... “, afirmando luego: “...se entiende que el obligado es el mismo Presidente en su carácter personal, lo que conlleva una sanción administrativa dentro de la misma sociedad... pero de ninguna manera podría entenderse que tal incumplimiento implique la nulidad de un contrato de compraventa que reúne los requisitos generales de validez conforme a la legislación civil nacional aplicable. Asimismo, finaliza la Corte de apelaciones recurrida “...el señor Fernando José Bendaña Bográn también forme parte de los socios fundadores de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., la exigencia del requisito de la autorización para ejecutar actos de riguroso dominio, no era responsabilidad suya, pues aún y cuando conoce el reglamento interno que regula la sociedad a la que pertenece, dicha obligación recaía sobre el Presidente del Consejo, cargo que no recae sobre el demandado y más aún como ya se ha mencionado la inobservancia o incumplimiento de dicha estipulación estatutaria no constituye un vicio en el contrato que acarre nulidad, pues en una norma de carácter privado...”. Se observa que la Corte recurrida en el número SEGUNDO de la MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURIDICA, descarta la causal de nulidad radicada en el extremo de los supuestos engaños de que se trataba de una propiedad personal y que se hizo firmar al señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA, la tradición de dominio del inmueble haciéndolo incurrir en error, argumentando que los agravios expresados por el apelante se dirigen explícita y únicamente sobre el segundo motivo de nulidad incoado por la parte demandante, entonces, es obvio que dicho Tribunal se siente vinculado y sólo motiva su decisión en base a la falta de aprobación o autorización del Consejo de Administración de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., a su presidente de tal órgano societario para enajenar mediante la compraventa del inmueble de mérito. A pesar de que el alcance de las facultades de quien ostentaba la representación orgánica legal como Presidente del Consejo de Administración, es el fundamento de hecho de la pretensión, al no existir la aprobación por parte del Consejo de Administración en los términos establecidos por los estatutos, el suscrito recurrente enfatiza que el inmueble objeto de la compraventa cuya nulidad se pretende, es un elemento esencial de la empresa societaria Agro-Industrial Cuyamapa, pero su trasmisión y gravamen conforme al Art. 646 segundo párrafo del Código de Comercio cuya infracción se desarrolla en motivo aparte. Pasando al concepto de la representación y siendo mi representada una persona jurídica, que no puede actuar por sí misma, surge el concepto de “la representación”, el tipo o clase de ésta y a quién le corresponde en una sociedad mercantil, específicamente en una sociedad anónima, cómo se ejerce y los efectos de tal figura jurídica. Al respecto el Código de Comercio en su artículo 23 prescribe: “La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes a su finalidad, salvo los que expresamente establezca la ley o los estatutos” (el subrayado es mío); y en su artículo 731 dice: “El poder de representación deriva de la ley o de la voluntad del interesado”. Ambas normas de Derecho objetivo no fueron aplicadas en la sentencia recurrida, no obstante que la cuestión versa precisamente por el ejercicio de la representación y las facultades que ostentaba el Presidente del Consejo de Administración, en ocasión de la suscripción de la escritura pública, cuya nulidad se planteó. La aplicación del Art. 23 citado es indudable, porque es el que atribuye la representación legal de una sociedad, en este caso Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., al Consejo de Administración cuyo Presidente en el momento de la suscripción de la escritura pública N° 105 cuestionada de nulidad, era el Dr. Guillermo Bendaña Meza; asimismo, conforme al contenido del citado Art. 731 deI Código de Comercio, el poder de representación deriva de la Ley, en este caso específicamente del Art. 23 del mismo Código de Comercio; el cual en su artículo 732 manda: “Si el representante actúa en nombre o en interés del representado, dentro de los límites de sus facultades, los efectos del negocio jurídico se producirán entre el representado y la otra parte.”; sin embargo, en el caso concreto de la escritura pública N° 105 tildada de nula, para saber si el representante, o sea, el Presidente del Consejo de Administración, Dr. Guillermo Bendaña Meza, quien podía realizar todas las operaciones inherentes a la finalidad de Agro-Industrial Cuyamapa, en verdad actuó dentro de los límites de sus facultades, es necesario despejar si se daba algún “salvo” o “salvedad” prevista en ese mismo Art. 23, o sea, si expresamente la establece otra cosa o lo hacen los estatutos. Conforme al orden de ideas expuesto, el Código de Comercio en el Art. 23 ordena o manda observar el Derecho Común, o sea, el Código Civil, el cual en el primer párrafo de su Art. 1892 preceptúa que: “El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración”, norma aplicable supletoriamente por efecto del Art. 1 del Código de Comercio, y su contenido no difiere mucho del concepto “podrá realizar todas las operaciones inherentes a su finalidad” de aquel Art. 23 del Código de Comercio; y siendo incontrastable que mi representada no es una lotificadora ni desarrolladora de proyectos habitacionales, por ende, la venta de un remanente de terreno con un área superficial de “CUARENTA Y SIETE PUNTO, SIETE MIL QUINIENTOS, SESENTA Y OCHO HECTÁREAS, EQUIVALENTES A SESENTA Y OCHO PUNTO CUATRO MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MANZANAS, no es un acto inherente a la finalidad social y, por ende, tal contrato no es un acto de administración; no se trata del ejercicio de un mandato concebido en términos generales, comprendido en los actos de administración; por el contrario, atendiendo a la finalidad de dicha sociedad, es una trasmisión trascendental por lo que siendo inmueble tal elemento de la empresa societaria de mérito, debió observarse nuestro Derecho Común, o sea, el Código Civil, el cual en su Art. 1892 en su segundo párrafo, exige que “Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso”, esto mismo exigen los estatutos de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, en el Art. Décimo Cuarto, relativo a las atribuciones del Presidente del Consejo de Administración, el cual exige en el literal h): “…FIRMAR POR LA SOCIEDAD EN AQUELLOS NEGOCIOS APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LOS ESTATUTOS... “; esta norma estatutaria no la observó el tribunal no obstante que el Art. 23 del Código de Comercio, citado como infringido, establece como salvedad “…lo que expresamente establezcan la ley o los estatutos”, o sea, ordena observar lo dispuesto en los estatutos, o sea, la Corte recurrida escinde la íntima relación que existe entre este Art. 23 y lo que disponen los estatutos en cuanto a la aprobación del Consejo de Administración respecto a actos de enajenación o gravamen de inmuebles. Así, en este caso concreto la escritura constitutiva de mi representada, en su cláusula DÉCIMA, está conforme al Art. 23 del mismo Código de Comercio transcrito, porque se designa que un órgano colegiado administrara a mi representada, AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA, esto es, el Consejo de Administración, pero ese mismo artículo tiene una salvedad cuando dice: “salvo lo que expresamente establezca la ley o los estatutos”; entonces, para averiguar los alcances del ejercicio de las facultades y poderes que le corresponden a dicho órgano societario, habrá que despejar si alguna Ley impone una salvedad o bien son los estatutos que la establecen. En tal sentido se debe aplicar enseguida el Art. 731 del Código de Comercio, puesto que se trata de una representación orgánica, por tanto conforme al texto de este Art.: “El poder de representación deriva de la ley o de la voluntad del interesado”; en el caso de los órganos de administración de las sociedades anónimas, se establece que éstas pueden ser administradas por un administrador único o por un consejo de administración, por ende, aquel Art. 23 a los administradores les confiere la representación legal, judicial y extrajudicial de tales compañías; luego el mismo Código de Comercio en su artículo 732 manda: “Si el representante actúa en nombre o en interés del representado, dentro de los límites de sus facultades, los efectos del negocio jurídico se producirán entre el representado y la otra parte.” Al respecto, encontramos que los miembros del Consejo de Administración cuando van a ejercer las facultades que le corresponden a este órgano societario, en lo atinente a la trasmisión de un elemento inmueble de su empresa societaria, como lo es el inmueble en el sector de Chaiguapa, El Negrito, Yoro, conforme al Art. 646 segundo párrafo del Código de Comercio, tiene que observar lo prescrito por el Código Civil, que es el Derecho Común en nuestro país; a tal efecto, en primer lugar toca ahora determinar que el citado Art. 1892 párrafos primero y segundo del Código Civil dice: “El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración- Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso...”, disposición legal aplicable supletoriamente y por analogía a la representación legal orgánica societaria, según lo preceptuado en el Art. 1 del Código de Comercio. Queda evidenciado que la Corte recurrida incurrió en el yerro de no reconocer que efectivamente el contrato de compraventa número ciento cinco (105) está viciado porque no se cumplió un requisito exigido por el reglamento interno de la sociedad, que lo constituye los estatutos contenidos en la escritura constituida de la sociedad, que se refiere a la aprobación o autorización del Consejo de Administración con que debía contar el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA para suscribir el contrato del inmueble de mérito, en representación de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V.; contenido de la escritura pública de constitución y de los estatutos, que lo conocían los socios fundadores, o sea, el Dr. Guillermo Bendaña Meza, como Presidente del Consejo de Administración, así como el demandado Fernando José Bendaña Bográn, quien no tiene la calidad de tercero, por ende, están obligados a cumplir con el contenido de las normas legales, así como las de la escritura social y las estatutarias; del mismo modo, el Notario que autorizó la compraventa, también estaba obligado a conocer dicho contenido, porque siendo profesional del derecho, más bien está obligado a asesorar a las partes otorgantes de una escritura pública, para que un contrato de cualquier naturaleza, reúna los requisitos generales de validez y eficacia conforme al Código de Comercio y del Código Civil, sin perjuicio de otras disposiciones legales aplicables; por ende, dicho señor Guillermo Bendaña Meza en la fecha de suscripción del contrato ostentando el cargo de Presidente del Consejo de Administración, sin la autorización o aprobación de éste, no se encontraba legitimado para la trasmisión del dominio del susodicho inmueble; y el señor Fernando José Bendaña Bográn siendo parte de los socios fundadores de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., deben velar porque se cumpla con los requisitos de la autorización para ejecutar actos de riguroso dominio. Esta infracción trasciende directamente al fallo que se impugna en este recuso, e incide directamente en su contenido, ya que al no aplicar las disposiciones citadas como infringidas, provoca que se declare con lugar el recurso de apelación y se dicte la revocación de la sentencia de primera instancia, como ha ocurrido en autos, perjudicando a la empresa que represento en el sentido dejar al desamparo los bienes de la empresa, y conceder un Contrato de Compra-Venta que está viciado por faltar ese elemento esencial exigido para su validez, revocando una sentencia de primera instancia que fue dictada cumpliendo con los requisitos que la ley exige para su validez y efectividad. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto la sentencia al no aplicar el Art. 23 del Código de Comercio y demás, citados como infringidos en este motivo, no reconoce que las disposiciones legales que forman el conjunto armónico cuya infracción configuró este motivo, violando dichas disposiciones legales y decide injustamente declarar sin lugar la demanda, descartando la nulidad de la escritura pública de compraventa cuya nulidad constituye la principal pretensión en esta Litis. TERCER MOTIVO: Impugno la aplicación de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, causal del recurso configurada por la violación o falta de aplicación de las normas de Derecho objetivo contenidas en los artículos 646 segundo párrafo del Código de Comercio, en relación con 697 primer párrafo, 699 primer párrafo y 701, a su vez relacionados con el 1586 N° 2° en la parte que dice: “2.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene...”, también del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.2, que establece que: “igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. EXPLICACION DEL MOTIVO. Las normas de derecho citadas como infringidas textualmente dicen: El artículo 646 segundo párrafo del Código de Comercio dice: “...La trasmisión y gravamen de sus elementos inmuebles se regirá por las normas del derecho Común.”. El artículo 697 primer párrafo del Código Civil dice: “La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte, la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo...”. El artículo 699 primer párrafo del Código Civil dice: “Para que la tradición sea válida, debe ser hecha voluntariamente por el tradente, o por su representante...”. El artículo 701 deI Código Civil dice: “Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere además, que éstos obren dentro de los límites de su mandato o de su representación legal”. No existe discusión en que en la compraventa cuya nulidad se pretende, fue suscrita por el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., al otorgar el instrumento CIENTO CINCO (105) referido, donde no se relaciona ni hace constar que el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA, estuviera facultado por el Consejo de Administración para el otorgamiento de contratos como el contenido en tal instrumento, autorizado ante los oficios del Notario SAUL MUÑOZ ORELLANA, en esta ciudad de San Pedro Sula, el día catorce de noviembre de dos mil diez, en este caso debió ser”…Tal como lo requiera la cláusula décima parte final de la escritura constitutiva de la sociedad que represento en relación con la Cláusula Décimo Séptima, que contiene los Estatutos de la misma, específicamente en los artículos Décimo y Décimo Cuarto (10 y 14), que también se encuentran contenidos en la Escritura Constitutiva, constatando además que el valor de la venta del terreno, según el instrumento referido, era por la ridícula y subvaluada suma de CINCO MIL LEMPIRAS, y en la CLÁUSULA DÉCIMA de la escritura social dispone: “…otorgar al Consejo de Administración poder pleno y general de administración y dominio con amplias facultades para realizar todos aquellos actos propios de sus atribuciones, de acuerdo con la finalidad de la sociedad, para el otorgamiento de toda clase de poderes; para la ejecución de actos como la enajenación, transacción, constitución de prendas e hipotecas y cualesquiera otros, que por ser de riguroso dominio necesitan mandato expreso según la ley... “; luego en la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA, contentiva de los Estatutos de la Sociedad, se estipuló en el artículo DÉCIMO que “...La compañía será administrada, regulada y representada, con arreglo a estos estatutos, por un Consejo de Administración compuesto por cinco o siete miembros propietarios, según lo decide la Asamblea General de Socios; habrán dos suplentes; podrá realizar actos de riguroso dominio y aquellos conducentes a ejercitar los fines de la sociedad de conformidad con lo que prescribe los presentes estatutos y además tendrá las facultades y atribuciones siguientes: a)... b). . .c) Ejercer ampliamente la administración de los bienes y negocios sociales; d)…e)…f)…g)… h) Adquirir, así como enajenar, gravar y contratar sobre toda clase de bienes muebles e inmuebles, con cualquier persona y entidad mediante los pactos y condiciones que estime conveniente...”; igualmente, en el artículo Décimo Cuarto, relativo a las atribuciones del Presidente del Consejo de Administración, se instituyó en el literal h): “FIRMAR POR LA SOCIEDAD EN AQUELLOS NEGOCIOS APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LOS ESTATUTOS...” (esto en mayúsculas es propio). El consejo de administración de mi representada en términos generales tiene pleno poder y general de administración y dominio con amplias facultades para realizar todos aquellos actos propios de sus atribuciones y para la ejecución de actos como enajenación, transacción, constitución de prendas e hipotecas y cualesquiera otros, pero la Corte recurrida acepta que no se cumplió con el requisito de previa aprobación por el Consejo de Administración, en este caso a su Presidente Guillermo Bendaña Meza, lo que se colige de los siguientes argumentos vertidos en la sentencia recurrida (NÚMERO CUARTO DE LA MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA) “… En el caso que nos ocupa, con las pruebas aportadas al juicio no ha sido posible acreditar que efectivamente el contrato de compraventa Número ciento cinco (105) este viciado porque no se cumplió un requisito exigido por el reglamento interno de la sociedad, que lo constituye los estatutos contenidos en la escritura constituida de la sociedad, que se refiere a la autorización con que debía contar el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA para suscribir contratos en representación de la sociedad AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA, S.A. de C.V.; sin embargo el obligado en dicha cláusula es precisamente el Presidente del Consejo de Administración, es decir el señor Guillermo Bendaña Meza, por lo que de ninguna manera podría exigírsele el cumplimiento de la misma a una tercera persona, o bien al Notario que autorizó la compraventa...”; asimismo, en el número SEXTO de dicha motivación, argumenta la Corte de Apelaciones recurrida “...el señor Fernando José Bendaña Bográn también forme parte de los socios fundadores de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., la exigencia del requisito de la autorización para ejecutar actos de riguroso dominio, no era responsabilidad suya, pues aún y cuando conoce el reglamento interno que regula la sociedad a la que pertenece, dicha obligación recaía sobre el Presidente del Consejo, cargo que no recae sobre el demandado y más aún como ya se ha mencionado la inobservancia o incumplimiento de dicha estipulación estatutaria no constituye un vicio en el contrato que acarre nulidad, pues en una norma de carácter privada...”. A pesar de que las facultades de quien ostentaba la representación orgánica legal como Presidente del Consejo de Administración, es el fundamento de hecho de la pretensión, al no existir la aprobación por parte del Consejo de Administración en los términos establecidos por los estatutos, el suscrito recurrente considera necesario primero dejar establecido que el inmueble objeto de la compraventa cuya nulidad se pretende, es un elemento esencial de la empresa societaria Agro-Industrial Cuyamapa, pero su trasmisión y gravamen conforme al citado Art. 646 segundo párrafo del Código de Comercio se regirá por las normas del Derecho Común, que es precisamente una norma sustantiva de Derecho objetivo que debió ser aplicada en el fallo recurrido, pero que el Tribunal de Alzada ignoró su existencia en nuestro ordenamiento jurídico y, por ende, la violó al dejar de aplicarla. La Ley que ordena en la trasmisión del remanente ubicado en el Negrito, Yoro, que es un elemento inmueble esencial de la empresa societaria de Agro-Industrial Cuyamapa, dada la finalidad de ésta, el ya citado Art. 646 segundo párrafo del Código de Comercio, manda observar el Derecho Común, o sea, el Código Civil, lo cual quiere decir que debe aplicarse artículos pertinentes sobre la tradición, el cual en su Art. 697 establece que es un modo de adquirir el dominio de las cosas, o sea que no basta en nuestro derecho el título, el contrato para el caso, para trasmitir o transferir el dominio del referido inmueble, para ello se necesitaba que la tradición, o sea, la entrega se efectuara por el dueño, en este caso, mi representada Agro-Industrial Cuyamapa, a Fernando José Bendaña Bográn, habiendo por una parte, la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo; pero faltando la aprobación expresa del Consejo de Administración de dicha sociedad a su Presidente, Guillermo Bendaña Meza, no se puede decir que existe facultad e intención de transferir el dominio. Asimismo, en el caso de la tradición hecha voluntariamente por el representante el primer párrafo del Art. 699 deI Código Civil, la tiene por válida, sin embargo, esta norma recién citada no opera sola, sino en conjunto con el Art. 701 del Código Civil, el cual requiere que el mandatario o representante obre dentro de los límites de su mandato o de su representación, según el caso. En este caso concreto, la Corte recurrida en los numerales CUARTO Y SEXTO de la motivación, reconoció que había una transgresión a lo establecido por los estatutos respecto a que, para enajenar, gravar o hipotecar bienes inmuebles, el Presidente del Consejo de Administración necesitaba la aprobación de este órgano societario, la cual nunca se dio, argumentando dicho tribunal de alzada “...como ya se ha mencionado la inobservancia o incumplimiento de dicha estipulación estatutaria no constituye un vicio en el contrato que acarre nulidad, pues en una norma de carácter privada...”, pero es evidente que esa inobservancia o incumplimiento afecta la tradición del bien inmueble de mérito, porque significa que el Dr. Guillermo Bendaña Meza no obró dentro de los límites de su representación orgánica, hecho suficiente para no tener por válida dicha tradición en los términos del Art. 701 del Código Civil, aplicable igual que los anteriormente citados, pero que la Corte recurrida desconoció su existencia en nuestro ordenamiento jurídico, o sea, en nuestro Derecho objetivo, por lo que es nula el instrumento público N° 105 autorizado en la ciudad de San Pedro Sula, el 14 de noviembre de 2010, por el Notario, abogado Saúl Muñoz Orellana, así como su inscripción registral, asiento N° 19 del tomo 1500 deI Registro de la Propiedad Inmueble de El Progreso, Yoro. Como consecuencia de la inaplicación de los artículos citados en la explicación anterior, el tribunal de alzada dejó de aplicar el Art. 1586 numeral 2 del Código Civil, pues en este caso no es válida la tradición realizada por el representante legal de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., porque no reúne los requisitos que el Código Civil establece para ese tipo de tradición, al no contar el Presidente del Consejo de Administración de dicha sociedad, con la respectiva aprobación o autorización expresa regulada en los estatutos de la entidad que represento, de esa manera se configura la invalidez, o sea, la nulidad de la tradición, cuya normativa en el Código Civil ha sido desconocida por el Tribunal de segunda instancia. Esta infracción trasciende directamente al fallo que se impugna en este recurso, e incide directamente en su contenido, ya que al no aplicar las disposiciones citadas como infringidas, provoca que se declare con lugar el recurso de apelación y se dicte la revocación de la sentencia de primera instancia, como ha ocurrido en autos, perjudicando a la empresa que represento en el sentido dejar al desamparo los bienes de la empresa, y conceder un Contrato de Compra-Venta que está viciado por faltar ese elemento esencial exigido para su validez, revocando una sentencia de primera instancia que fue dictada cumpliendo con los requisitos que la ley exige para su validez y efectividad. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto la sentencia al no aplicar las disposiciones citadas como infringidas atinentes a la tradición del dominio sobre bienes inmuebles y el 1586 N° 2° del Código Civil, no reconoce que las disposiciones legales que forman el conjunto armónico cuya infracción configuró este motivo, violando las mismas y decide injustamente declarar sin lugar la demanda, descartando la nulidad de la escritura pública de compraventa así como la de su inscripción registral, que es la principal pretensión en esta Litis. CUARTO MOTIVO: Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, causal del recurso configurada por la violación o falta de aplicación de las normas de Derecho objetivo contenidas en los artículos 1586 N° 2° en la parte que dice: “2.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene...” y 1589 en relación con el 1892 párrafos primero y segundo, los tres del Código Civil, que son normas de Derecho objetivo que debieron ser empleadas para la solución del fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.2, que establece que: “igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. EXPOSICION DEL MOTIVO. Las normas de derecho citadas como infringidas textualmente dicen: Articulo 1586 del Código Civil: “Hay nulidad absoluta en los actos o contratos:... 2.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. El Art. 1589 del Código Civil dice: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria”. El artículo 1892 del Código Civil establece: “El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración. Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso. Artículo que resulta aplicable en forma supletoria a las disposiciones del Código de Comercio para determinar las actuaciones, atribuciones y facultades del Consejo de Administración y su Presidente, en el sentido que, se establece de forma lógica” que el Presidente del Consejo de Administración de una entidad mercantil, si tendrá pleno poder para la ejecución de los actos de comercio y administrativos propios del giro de la empresa, pero respecto a las facultades para disponer de bienes o ejecutar actos de riguroso dominio, como todo mandatario o administrador, siempre requerirá mandato expreso, bien por la aplicación de esta norma de derecho (Art: 1892 Código Civil) cuya aplicación se ha omitido, como por la aplicación de lo dispuesto en los Estatutos de la entidad mercantil, siendo mediante estos últimos, que los socios de una entidad mercantil determinará la forma de convocatoria del consejo, lugar de reunión, requisitos para el levantamiento de acta, etc., es decir, que la representación social no es en forma Autoritaria, absoluta o sin control alguno, sino que, ya el Código de Comercio en dicho artículo, deja claro que corresponderá a los socios al establecer el Pacto Constitutivo y los estatutos, regular el funcionamiento del consejo de administración, de manera tal, que siempre en el ámbito de la Autonomía Legislativa que se le confiere a la Asamblea de Socios o Socios Contratantes de una Sociedad, pueden disponer y decretar reglas estatutarias o constitutivas para regular los diversos aspectos de la sociedad que le compete de acuerdo al mismo Código de Comercio según los artículos citados UT-SUPRA, reglas que como se ha venido manifestando SE CONVIERTEN EN LEY ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES (partes que incluyen lógicamente a los socios, siendo uno de los socios el Demandado FERNANDO JOSE BENDAÑA BOGRAN), y este requerimiento de mandato expreso o autorización del consejo de administración para ejecutar actos de riguroso dominio, se deriva también de la simple razón que el Código de Comercio no estipula autorización plena y absoluta al presidente del consejo de administración, y la inobservancia de la exigencia de Autorización del Consejo de Administración plasmado en los estatutos de la sociedad que represento, que es un requisito legal establecido en los estatutos, y en el inaplicado artículo 1892 del Código Civil, desembocan en la necesaria aplicación de lo estipulado en la otra norma de derecho inaplicada, que es el artículo 1586 numeral 2 deI Código Civil, pues atendiendo la naturaleza del contrato de compra-venta reprochado objeto del juicio de primera instancia, que es el típico acto de riguroso dominio, que no contó con la respectiva autorización o mandato expreso, tal como lo ordena el artículo 1892 del Código Civil citado y los estatutos de la entidad que represento, se configura esta causal de NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, la cual ha sido desconocida por el Tribunal Ad-Quem, por la FALTA DE APLICACION INTEGRADA DE LAS NORMAS DE DERECHO referidas y relacionadas en este motivo. Esta infracción o error aludido, trasciende directamente al fallo que se reprocha en este recuso, e incide directamente en el contenido del mismo, ya que al no aplicarlo, provoca que se dicte la revocación de la sentencia de primera instancia, como ha ocurrido en autos, perjudicando a la empresa que represento en el sentido dejar al desamparo los bienes de la empresa, y conceder un Contrato de Compra-Venta que está viciado por faltar ese elemento esencial exigido para su validez, revocando una sentencia de primera instancia que fue dictada cumpliendo todos los requisitos que la ley exige para su validez y efectividad. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto la sentencia al no aplicar los Arts. 1856 N° y 1589, en relación con el 1892 del Código Civil y demás, citados como infringidos en este motivo, no reconoce que las disposiciones legales que forman el conjunto armónico cuya infracción configura este motivo, viola dichas disposiciones legales y decide injustamente declarar sin lugar la demanda, descartando la nulidad de la escritura pública de compraventa y su inscripción registral cuya nulidad constituye la principal pretensión en esta Litis. 6º- CELEBRACIÓN DE LA VISTA El suscrito estima necesaria la celebración de la vista y oportunamente sea señalada”.
SEPTIMO: Que el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “SE CONTESTAN MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: El sensor alega Infracción del artículo 200 numeral dos literal c) del Código Procesal Civil, respecto a los requisitos que debe de contener la Sentencia, como ser: En los antecedentes de hecho se consignaran, con claridad y concisión posible y en párrafo separados y numerados…. Los hechos probados en su caso. e invoca como precepto autorizante el Artículo 719.1.c del Código del Procesal Civil, en la parte que dice: “……..Contenido de la Sentencia”.- Y a continuación transcribe el contenido de dichas disposiciones invocadas y alega de que el Tribunal Ad quen omitió los omitió los hechos, en caso, y a continuación hace una exposición como alegatos de instancia, Honorables Magistrados la Corte recurrida hizo un análisis de los antecedentes del hecho como una síntesis de la Expresión de Agravios y contestación de los mismos y en forma separada consignó la motivación fáctica y jurídica y a continuación la parte dispositiva de la Sentencia, y analizó el elenco probatorio y comprobó que el Juez A-quo había aplicado e interpretado erróneamente las normas que rigen el acto y garantía del proceso, por lo que, interpretó correctamente la norma que aplicó en su Sentencia el Juez A-quo.- El Tribunal de Segunda Instancia deberá emitir su Sentencia solamente en relación a los Agravios expresados por el recurrente y en su caso la prueba practicada y en dicha motivación el Tribunal hace un razonamiento fáctico y jurídico que lo lleva al convencimiento para revocar la Sentencia apelada.- En la Sentencia impugnada, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, hace una motivación fáctica y jurídica de los hechos que la llevaron a su convencimiento para revocar el fallo recurrido, por lo que debe declararse inadmisible este motivo por contener alegatos de instancia y no ser claro ni preciso en la infracción que supuestamente alega. Y en el desarrollo de motivo involucran otros artículos que no fueron estructurados en el motivo, volviendo pobre y oscuro este motivo. SEGUNDO MOTIVO: El impugnante alega violación por falta de aplicación de los Artículos 23, 731 y 732 del Código de Comercio, en relación con el Artículo 1892 párrafo primero y segundo del Código Civil, invocando como precepto autorizante el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, y al explicar la violación transcribe el contenido de los Artículos 23, 731 y, 732 del Código de Comercio; y, 1892 del Código Civil, y a continuación alega la parte toral de la demanda y, transcribe la Cláusula Décima y Décimo Séptima de los Estatutos de la Sociedad AGROINDUSTRIAL CUYAMAPA, S.A. DE C.V., y transcribe la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, como si fueran éstos, alegatos de instancia, desconociendo el Sensor que el Recurso de Casación está sujeto a ciertas formalidades y debe ser claro, preciso y congruente, evitando hacer alegatos de instancia, asimismo el Sensor en su extenso desarrollo del presente motivo desarrolla o transcribe contenidos de otros artículos que no menciona en la estructuración del cargo. TERCER MOTIVO: El recurrente invoca violación por falta de aplicación de los Artículos 646 párrafo segundo en relación con el Artículo 697 primer párrafo, 699 primer párrafo y 701 a su vez relacionado con el Artículo 686.2 en la parte que dice ….. también del Código Civil, invocando como Precepto Autorizante el Artículo 719.2 sin precisar a que Código pertenece, en la forma que está estructurado este motivo carece de precisión, pues no indica a que Código pertenecen los Artículos 697, 699 y 701, deficiencia que carece este motivo por no ser claro en su estructuración y al pretender explicar el motivo el Sensor vuelve a repetir los mismos argumentos y consideraciones que alegó en el Segundo Motivo, volviendo confuso y desconcertante el Motivo de Casación que es igual al anterior, por lo cual debe de rechazarse tanto el Segundo Motivo como el presente, por no tener claridad. CUARTO MOTIVO: El sensor alega infracción del Artículo 1586 número dos, en relación con los Artículos 1589 y 1892 párrafo primero y segundo ambos del Código Civil e invoca como precepto autorizante el Artículo 719.2.- En la exposición de motivos transcribe el contenido de ocho artículos alegando que no fueron aplicados al caso de autos y alega que dichas disposiciones son supletorias al Código de Comercio para determinar atribuciones y facultades del Consejo de Administración e introduce contenido de los Estatutos que suponemos es de la Sociedad demandante, lo mismo habla de Pacto Constitutivo, Asamblea de Socios que pueden disponer y decretar reglas estatutarias y constitutivas e invoca el Código de Comercio, existiendo un completo divorcio entre la infracción y las normas adjetivas que fueron citadas, creando una completa confusión de normas sustantivas o derecho material y normas adjetivas de procedimiento y también involucra otros artículos del Código Civil que no fueron estructurados, siendo evidente que el presente Recurso no reúne los requisitos de Ley, pues las normas de derecho cuya infracción invoca el sustentante en estos motivos no tienen claridad ni mucho menos incidencia de infracción en el sentido de la Resolución impugnada. El Censor confunde las atribuciones del Presidente del Consejo de Administración de una Empresa Mercantil que están estatuidos en los Estatutos con lo que se refiere el mandato regulado en el Artículo 1892 del Código Civil y en su extensa explicación habla del típico acto de riguroso dominio que no contó con la respectiva autorización o mandato expreso que hablan los Estatutos de la entidad demandante.- La infracción de Estatutos, Mandatos o Preceptos de una Sociedad Mercantil solo regula a la Junta Directiva, las Asambleas ya sean Ordinarias o Extraordinarios, pero nunca dichos Estatutos dan lugar al Recurso de Casación por no constituir una norma sustantiva de carácter nacional o adjetiva, por lo cual deberá declararse inadmisible este motivo por no ser claro ni preciso. Esta causal invocada por el recurrente debe referirse concretamente a la infracción cometida por el tribunal en la aplicación de la norma jurídica material para resolver el fondo del proceso y en ningún momento a la infracción de normas procesales. El tribunal de primera instancia al emitir la resolución sobre el fondo del litigio lo hace en base a una norma completamente improcedente, inaplicable o en su caso, interpretada en forma indebida. Las normas jurídicas comprenden la Constitución de la República, los Tratados Internacionales, la ley general, la ley especial. El recurso de casación tiene como finalidad analizar, estudiar y dictaminar si se produjo infracción procesal o de ley, la parte recurrente no podrá exigir que la Sala de lo Civil se pronuncie sobre la pertinencia o procedencia de los hechos comparativamente con la valoración de la prueba, bien por la admisión o inadmisión de la misma, o en su caso, el criterio adoptado por el tribunal de primera instancia en su derecho de libre apreciación de la prueba. Este derecho y petición solamente es procedente ante la Corte de Apelaciones. El recurso de casación debe ir motivado, siguiendo los principios de la identidad, congruencia, razonamiento y lógica jurídica. La motivación se hace en forma separada, debiendo justificar el alcance de la infracción cometida en relación a la sentencia recurrida. Así como el recurrente debe ser claro en motivar su recurso basado en la infracción de ley.- En la forma que están redactados los cuatros motivos de casación invocados por el Censor, carecen de claridad y propiedad y de todo tecnicismo legal, por lo que procede que se declaren inadmisibles, con imposición de costas, Es de aclarar Señores Magistrados de la Sala Civil, que la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, había dictado sentencia en este caso en fecha 12 de enero del año 2015, la cual fue declarada Nula, por inobservancia de lo dispuesto en el artículo 200.2 inciso c) del Código Procesal Civil, es decir este Tribunal envió el expediente para el Ad quem dictara sentencia tomando en cuenta las observaciones hechas oportunamente, lo cual realizo en la sentencia que actualmente está impugnado en recurrente nuevamente.”
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo Código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia.
2.- DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION. POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. “Infracción del Art. 200.2 literal b), del Código Procesal Civil, o sea, en las partes que dicen: “…2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: …b. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, los hechos probados en su caso (el subrayado es mío). La infracción procesal señalada se produjo en la sentencia por infracción de normas procesales que regulan su forma y contenido; son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, o sea, al elaborarla. El Art. 200 del Código Procesal Civil, en el numeral 2, preceptúa “en particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente” y al final de la letra b), exige como parte de los antecedentes de hecho, la declaración de “hechos probados”, frase ésta que se subrayó en el enunciado del motivo para indicar donde se efectuó la infracción procesal. Al leer detenidamente la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto, pues la Corte recurrida la omitió. Es una práctica viciosa en muchas Cortes de Apelaciones que declaran con lugar los recursos de apelación y, desde luego, revocan el fallo de primera instancia, omiten hacer la declaración de hechos probados creyéndola innecesaria, cuando ninguna norma del CPC prescribe desobligarse de tal exigencia; esta brecha de arbitrariedad afecta el debido proceso y dado que en nuestra regulación de la casación ya no existen las impugnaciones por infracciones de error de derecho y de hecho, esto de alguna manera posibilita la distorsión, mutilación o tergiversación de las pruebas, o la no atribución o disminución del valor probatorio que les corresponde. Para evitar esta arbitrariedad la declaración de hechos probados es trascendental y obligatoria en los casos donde se practicó prueba y especialmente para un tribunal de alzada que revoca el fallo de primera instancia, por haber llegado a una conclusión distinta con el mismo material probatorio. La declaración de hechos probados es un requisito formal de la estructura de la sentencia, cuya exigencia se colige también claramente del Art. 715.3 del Código Procesal Civil y su omisión dificulta ostensiblemente el desarrollo de la impugnación tanto por infracción de normas procesales como de normas materiales; tal omisión se ha dado en el presente caso porque la Corte recurrida al hacer los pronunciamientos del fallo, restó total y absoluta importancia a la declaración de hechos probados que al revocar el fallo apelado estaba obligado a hacer, o sea, a reformular los que el juez declaró en primera instancia. Se constata esta infracción al contrastar lo que se afirma en este motivo y los antecedentes de hecho de la sentencia ahora impugnada. La incidencia de esta infracción es obvia porque la estructura de la sentencia sólo puede omitir la declaración de hechos probados, cuando se trate de un asunto de mero derecho o en caso de los tribunales de alzada que confirman el fallo apelado. Este motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil, en su Art. 719.1.c) Causales del Recurso, en la parte que dice: “...c) La forma y contenido de la sentencia”. Que del estudio del primer motivo de casación que compete esta Sala arguye: Lo alegado por el casacionista consistente en “carencia del acápite hechos probados en la sentencia impugnada”, no es motivo suficiente para la admisibilidad del mismo; el Doctor Antonio Salas Carceller[1] establece categóricamente que en ocasiones se denuncia en el recurso extraordinario la falta de consignación por la sentencia impugnada de una relación de “hechos probados”. No obstante, no parece una exigencia formal necesaria para las sentencias civiles. Es de hacer notar como dato de especial relevancia, la elocución del artículo 200 numeral 2 inciso b) del Código Procesal Civil, según el cual en los antecedentes de hecho se consignarán los hechos probados en su caso. Esta expresión puede ser entendida en el sentido de que, en el supuesto de que la sentencia formule tal relación porque los hubiese, ésta debe figurar en los antecedentes de hecho y no en otro lugar. La realidad es que la mayoría de las sentencias contienen un relato diferenciado de hechos probados y, si lo contienen, suele aparecer en la fundamentación jurídica, como en el caso de autos que se encuentra en la “MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA”; lo normal es que los hechos considerado como probados se reflejan en la sentencia, no teniendo que fijar todos los hechos controvertidos sino únicamente los ineludibles para resolver los temas objeto del debate. Hay que recordar que la sentencia como documento expresa las pretensiones del proceso, su probanza y decisión del caso. Por lo tanto, la falta de inclusión de un acápite en los antecedentes de hecho bajo la denominación “hechos probados” no es motivo suficiente por si solo para considerar inepta una sentencia ya que es una situación de orden material y no de fondo tal como lo hace ver el recurrente, es por ello que no justificó la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. (ver sentencias CC103-15, CC35-17, CC47-17)
3.- DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. “SE IMPUGNA LA APLICACIÓN DE NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO… causal del recurso configurada por la violación o falta de aplicación de las normas de Derecho objetivo contenidas en los artículos 23, 731 y 732 del Código de Comercio, en relación con el Art. 1892 párrafos primero y segundo, del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.2, que establece que: “igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. EXPLICACION DEL MOTIVO. Las normas de derecho citadas como infringidas textualmente dicen: El artículo 646 segundo párrafo del Código de Comercio dice: “...La trasmisión y gravamen de sus elementos inmuebles se regirá por las normas del derecho Común.”. Dicho Código de Comercio asimismo preceptúa: “Articulo 23. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes a su finalidad, salvo los que expresamente establezca la ley o los estatutos.”. También dicho Código de Comercio dice: “Artículo 731. El poder de representación deriva de la ley o de la voluntad del interesado.”. Por último, el Código de Comercio en su artículo 732 prescribe: “Si el representante actúa en nombre o en interés del representado, dentro de los límites de sus facultades, los efectos del negocio jurídico se producirán entre el representado y la otra parte.”. Por su parte el citado Art. 1892 párrafos primero y segundo del Código Civil, dice: “El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración. Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso…”. La parte toral de la demanda se resume en que, después de haber revisado la inscripción registral donde consta el lote de mayor cabida del cual se desprenden dos lotes remanentes, asiento número CATORCE (14) del tomo CIENTO VEINTE (120) del Registro de la Propiedad de El Progreso, Yoro, relativo al inmueble objeto de la compraventa cuya nulidad se pretende, aseveré al final de la página “5” de la demanda: “…Contestando en la revisión de dicho asiento que en el mismo instrumento CIENTO CINCO (105) referido, no se relaciona ni hace constar que el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA, estuviera facultado por el Consejo de Administración para el otorgamiento de contratos como el contenido en tal instrumento...” -refiriéndome al número CIENTO CINCO (105) de compraventa autorizado ante los oficios del Notario SAUL MUÑOZ ORELLANA, en esta ciudad de San Pedro Sula, el día catorce de noviembre de dos mil diez, otorgado por el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA, como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA, S.A. de C.V.- agregando: “... Tal como lo requiera la cláusula décima parte final de la escritura constitutiva de la sociedad que represento en relación con la Cláusula Décimo Séptima, que contiene los Estatutos de la misma, específicamente en los artículos Décimo y Décimo Cuarto (10 y 14), mismos que se encuentran contenidos en la Escritura Constitutiva, constatando además que el valor de la venta del terreno, según el instrumento referido, era por la ridícula y subvaluada suma de CINCO MIL LEMPIRAS, según resulta del testimonio del instrumento público que se relaciona en este capítulo...”. Los socios fundadores son: Guillermo Bendaña Meza (padre del demandado), María Elena Bográn de Bendaña (QDDG, madre del demandado), Guillermo Antonio Bendaña Bográn (hermano del demandado), Fernando José Bendaña Bográn (el mismo demandado), Janeth Bendaña de Penabad, también conocida como Jeannette Isabel Bendaña Bográn de Penabad (hermana del demandado), María Elena Bendaña de Rivera (hermana del demandado) y Claudia María Bendaña de Kattan (hermana del demandado); o sea, es una empresa familiar que en la CLÁUSULA DÉCIMA de la escritura social dispone: “... otorgar al Consejo de Administración poder pleno y general de administración y dominio con amplias facultades para realizar todos aquellos actos propios de sus atribuciones, de acuerdo con la finalidad de la sociedad, para el otorgamiento de toda clase de poderes; para la ejecución de actos como la enajenación, transacción, constitución de prendas e hipotecas y cualesquiera otros, que por ser de riguroso dominio necesitan mandato expreso según la ley...”; luego en la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA, contentiva de los Estatutos de la Sociedad, se estipuló en el artículo DÉCIMO: “. . . La compañía será administrada, regulada y representada, con arreglo a estos estatutos, por un Consejo de Administración compuesto por cinco o siete miembros propietarios, según lo decide la Asamblea General de Socios; habrán dos suplentes; podrá realizar actos de riguroso dominio y aquellos conducentes a ejercitar los fines de la sociedad de conformidad con lo que prescribe los presentes estatutos y además tendrá las facultades y atribuciones siguientes: a)...b)…c) Ejercer ampliamente la administración de los bienes y negocios sociales; d)…e)…f)..h) Adquirir, así como enajenar, gravar y contratar sobre toda clase de bienes muebles e inmuebles, con cualquier persona y entidad mediante los pactos y condiciones que estime conveniente...”; igualmente, el artículo Décimo Cuarto, relativo a las atribuciones del Presidente del Consejo de Administración, se instituyó en el literal h): “FIRMAR POR LA SOCIEDAD EN AQUELLOS NEGOCIOS APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LOS ESTATUTOS...” (esto en mayúsculas es propio). La Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, en la sentencia definitiva de fecha 23 de Enero del año dos mil diecisiete (2017), que en esta fecha se recurre en casación, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el juzgado de primera instancia con fecha tres de septiembre del 2013 y revoca ésta, se refiere a la escritura social con la expresión de “acta constitutiva” de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, y llega a la misma conclusión del suscrito, sobre que la dirección y administración estarán a cargo de un Consejo de Administración, con facultades y poderes para realizar los actos conducentes a los fines de la sociedad que la ley o los estatutos no atribuyan a otro órgano de la sociedad, también la representación de la sociedad, judicial y extrajudicial y actuará por medio de su presidente, que al tiempo de la suscripción del contrato de compraventa cuya nulidad se pide, la ostentaba el señor Guillermo Bendaña Meza, pero difiere con nuestro criterio, en cuanto se determina que el Consejo de Administración tendrá pleno poder y general de administración y dominio, con amplias facultades para realizar todos aquellos actos propios de sus atribuciones y para la ejecución de actos como enajenación, transacción, constitución de prendas e hipotecas y cualesquiera otros, que por ser actos de riguroso dominio necesitan mandato expreso conforme al artículo 1892 del Código Civil y concluye que “. . . resulta indispensable determinar el concepto y alcance legal de los estatutos contenidos en la escritura constitutiva de la sociedad demandante, es decir a quienes aplica y en qué sentido...”. En el numeral CUARTO de la sentencia recurrida, después de definir qué se entiende por estatutos, citando el Art. 210 del Código de Comercio, subrayando que las irregularidades en el funcionamiento de este (refiriéndose al Consejo de administración) no serán oponibles a terceros de buena fe, pero no la relaciona con el contenido del Art. 23 deI Código de Comercio y erróneamente concluye que “...de ninguna manera podrá exigirse el cumplimiento de los referidos estatutos a terceras personas, pues estos tienen ese alcance, ya que son normas de regulación interna de una sociedad...”. A continuación la recurrida sentencia se dedica a transcribir el texto de los Arts. 1539, 1552, 1573 y 1586 todos del Código Civil, y concluye el tribunal de alzada “…En el caso que nos ocupa, con las pruebas aportadas al juicio no ha sido posible acreditar que efectivamente el contrato de compraventa número ciento cinco (105) este viciado porque no se cumplió un requisito exigido por el reglamento interno de la sociedad, que lo constituye los estatutos contenidos en la escritura constituida de la sociedad, que se refiere a la autorización con que debía contar el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA para suscribir contratos en representación de la sociedad AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA, S.A. de C.V.; sin embargo el obligado en dicha cláusula es precisamente el Presidente del Consejo de Administración, es decir el señor Guillermo Bendaña Meza, por lo que de ninguna manera podría exigírsele el cumplimiento de la misma a una tercera persona, o bien al Notario que autorizó la compraventa... “, afirmando luego: “...se entiende que el obligado es el mismo Presidente en su carácter personal, lo que conlleva una sanción administrativa dentro de la misma sociedad... pero de ninguna manera podría entenderse que tal incumplimiento implique la nulidad de un contrato de compraventa que reúne los requisitos generales de validez conforme a la legislación civil nacional aplicable. Asimismo, finaliza la Corte de apelaciones recurrida “...el señor Fernando José Bendaña Bográn también forma parte de los socios fundadores de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., la exigencia del requisito de la autorización para ejecutar actos de riguroso dominio, no era responsabilidad suya, pues aún y cuando conoce el reglamento interno que regula la sociedad a la que pertenece, dicha obligación recaía sobre el Presidente del Consejo, cargo que no recae sobre el demandado y más aún como ya se ha mencionado la inobservancia o incumplimiento de dicha estipulación estatutaria no constituye un vicio en el contrato que acarre nulidad, pues es una norma de carácter privado...”. Se observa que la Corte recurrida en el número SEGUNDO de la MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURIDICA, descarta la causal de nulidad radicada en el extremo de los supuestos engaños de que se trataba de una propiedad personal y que se hizo firmar al señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA, la tradición de dominio del inmueble haciéndolo incurrir en error, argumentando que los agravios expresados por el apelante se dirigen explícita y únicamente sobre el segundo motivo de nulidad incoado por la parte demandante, entonces, es obvio que dicho Tribunal se siente vinculado y sólo motiva su decisión en base a la falta de aprobación o autorización del Consejo de Administración de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., a su presidente de tal órgano societario para enajenar mediante la compraventa del inmueble de mérito. A pesar de que el alcance de las facultades de quien ostentaba la representación orgánica legal como Presidente del Consejo de Administración, es el fundamento de hecho de la pretensión, al no existir la aprobación por parte del Consejo de Administración en los términos establecidos por los estatutos, el suscrito recurrente enfatiza que el inmueble objeto de la compraventa cuya nulidad se pretende, es un elemento esencial de la empresa societaria Agro-Industrial Cuyamapa, pero su trasmisión y gravamen conforme al Art. 646 segundo párrafo del Código de Comercio cuya infracción se desarrolla en motivo aparte. Pasando al concepto de la representación y siendo mi representada una persona jurídica, que no puede actuar por sí misma, surge el concepto de “la representación”, el tipo o clase de ésta y a quién le corresponde en una sociedad mercantil, específicamente en una sociedad anónima, cómo se ejerce y los efectos de tal figura jurídica. Al respecto el Código de Comercio en su artículo 23 prescribe: “La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes a su finalidad, salvo los que expresamente establezca la ley o los estatutos” (el subrayado es mío); y en su artículo 731 dice: “El poder de representación deriva de la ley o de la voluntad del interesado”. Ambas normas de Derecho objetivo no fueron aplicadas en la sentencia recurrida, no obstante que la cuestión versa precisamente por el ejercicio de la representación y las facultades que ostentaba el Presidente del Consejo de Administración, en ocasión de la suscripción de la escritura pública, cuya nulidad se planteó. La aplicación del Art. 23 citado es indudable, porque es el que atribuye la representación legal de una sociedad, en este caso Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., al Consejo de Administración cuyo Presidente en el momento de la suscripción de la escritura pública N° 105 cuestionada de nulidad, era el Dr. Guillermo Bendaña Meza; asimismo, conforme al contenido del citado Art. 731 deI Código de Comercio, el poder de representación deriva de la Ley, en este caso específicamente del Art. 23 del mismo Código de Comercio; el cual en su artículo 732 manda: “Si el representante actúa en nombre o en interés del representado, dentro de los límites de sus facultades, los efectos del negocio jurídico se producirán entre el representado y la otra parte.”; sin embargo, en el caso concreto de la escritura pública N° 105 tildada de nula, para saber si el representante, o sea, el Presidente del Consejo de Administración, Dr. Guillermo Bendaña Meza, quien podía realizar todas las operaciones inherentes a la finalidad de Agro-Industrial Cuyamapa, en verdad actuó dentro de los límites de sus facultades, es necesario despejar si se daba algún “salvo” o “salvedad” prevista en ese mismo Art. 23, o sea, si expresamente la establece otra cosa o lo hacen los estatutos. Conforme al orden de ideas expuesto, el Código de Comercio en el Art. 23 ordena o manda observar el Derecho Común, o sea, el Código Civil, el cual en el primer párrafo de su Art. 1892 preceptúa que: “El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración”, norma aplicable supletoriamente por efecto del Art. 1 del Código de Comercio, y su contenido no difiere mucho del concepto “podrá realizar todas las operaciones inherentes a su finalidad” de aquel Art. 23 del Código de Comercio; y siendo incontrastable que mi representada no es una lotificadora ni desarrolladora de proyectos habitacionales, por ende, la venta de un remanente de terreno con un área superficial de “CUARENTA Y SIETE PUNTO, SIETE MIL QUINIENTOS, SESENTA Y OCHO HECTÁREAS, EQUIVALENTES A SESENTA Y OCHO PUNTO CUATRO MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MANZANAS, no es un acto inherente a la finalidad social y, por ende, tal contrato no es un acto de administración; no se trata del ejercicio de un mandato concebido en términos generales, comprendido en los actos de administración; por el contrario, atendiendo a la finalidad de dicha sociedad, es una trasmisión trascendental por lo que siendo inmueble tal elemento de la empresa societaria de mérito, debió observarse nuestro Derecho Común, o sea, el Código Civil, el cual en su Art. 1892 en su segundo párrafo, exige que “Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso”, esto mismo exigen los estatutos de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, en el Art. Décimo Cuarto, relativo a las atribuciones del Presidente del Consejo de Administración, el cual exige en el literal h): “…FIRMAR POR LA SOCIEDAD EN AQUELLOS NEGOCIOS APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LOS ESTATUTOS... “; esta norma estatutaria no la observó el tribunal no obstante que el Art. 23 del Código de Comercio, citado como infringido, establece como salvedad “…lo que expresamente establezcan la ley o los estatutos”, o sea, ordena observar lo dispuesto en los estatutos, o sea, la Corte recurrida esconde la íntima relación que existe entre este Art. 23 y lo que disponen los estatutos en cuanto a la aprobación del Consejo de Administración respecto a actos de enajenación o gravamen de inmuebles. Así, en este caso concreto la escritura constitutiva de mi representada, en su cláusula DÉCIMA, está conforme al Art. 23 del mismo Código de Comercio transcrito, porque se designa que un órgano colegiado administrara a mi representada, AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA, esto es, el Consejo de Administración, pero ese mismo artículo tiene una salvedad cuando dice: “salvo lo que expresamente establezca la ley o los estatutos”; entonces, para averiguar los alcances del ejercicio de las facultades y poderes que le corresponden a dicho órgano societario, habrá que despejar si alguna Ley impone una salvedad o bien son los estatutos que la establecen. En tal sentido se debe aplicar enseguida el Art. 731 del Código de Comercio, puesto que se trata de una representación orgánica, por tanto conforme al texto de este Art.: “El poder de representación deriva de la ley o de la voluntad del interesado”; en el caso de los órganos de administración de las sociedades anónimas, se establece que éstas pueden ser administradas por un administrador único o por un consejo de administración, por ende, aquel Art. 23 a los administradores les confiere la representación legal, judicial y extrajudicial de tales compañías; luego el mismo Código de Comercio en su artículo 732 manda: “Si el representante actúa en nombre o en interés del representado, dentro de los límites de sus facultades, los efectos del negocio jurídico se producirán entre el representado y la otra parte.” Al respecto, encontramos que los miembros del Consejo de Administración cuando van a ejercer las facultades que le corresponden a este órgano societario, en lo atinente a la trasmisión de un elemento inmueble de su empresa societaria, como lo es el inmueble en el sector de Chaiguapa, El Negrito, Yoro, conforme al Art. 646 segundo párrafo del Código de Comercio, tiene que observar lo prescrito por el Código Civil, que es el Derecho Común en nuestro país; a tal efecto, en primer lugar toca ahora determinar que el citado Art. 1892 párrafos primero y segundo del Código Civil dice: “El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración- Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso...”, disposición legal aplicable supletoriamente y por analogía a la representación legal orgánica societaria, según lo preceptuado en el Art. 1 del Código de Comercio. Queda evidenciado que la Corte recurrida incurrió en el yerro de no reconocer que efectivamente el contrato de compraventa número ciento cinco (105) está viciado porque no se cumplió un requisito exigido por el reglamento interno de la sociedad, que lo constituye los estatutos contenidos en la escritura constituida de la sociedad, que se refiere a la aprobación o autorización del Consejo de Administración con que debía contar el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA para suscribir el contrato del inmueble de mérito, en representación de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V.; contenido de la escritura pública de constitución y de los estatutos, que lo conocían los socios fundadores, o sea, el Dr. Guillermo Bendaña Meza, como Presidente del Consejo de Administración, así como el demandado Fernando José Bendaña Bográn, quien no tiene la calidad de tercero, por ende, están obligados a cumplir con el contenido de las normas legales, así como las de la escritura social y las estatutarias; del mismo modo, el Notario que autorizó la compraventa, también estaba obligado a conocer dicho contenido, porque siendo profesional del derecho, más bien está obligado a asesorar a las partes otorgantes de una escritura pública, para que un contrato de cualquier naturaleza, reúna los requisitos generales de validez y eficacia conforme al Código de Comercio y del Código Civil, sin perjuicio de otras disposiciones legales aplicables; por ende, dicho señor Guillermo Bendaña Meza en la fecha de suscripción del contrato ostentando el cargo de Presidente del Consejo de Administración, sin la autorización o aprobación de éste, no se encontraba legitimado para la trasmisión del dominio del susodicho inmueble; y el señor Fernando José Bendaña Bográn siendo parte de los socios fundadores de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., deben velar porque se cumpla con los requisitos de la autorización para ejecutar actos de riguroso dominio. Esta infracción trasciende directamente al fallo que se impugna en este recuso, e incide directamente en su contenido, ya que al no aplicar las disposiciones citadas como infringidas, provoca que se declare con lugar el recurso de apelación y se dicte la revocación de la sentencia de primera instancia, como ha ocurrido en autos, perjudicando a la empresa que represento en el sentido dejar al desamparo los bienes de la empresa, y conceder un Contrato de Compra-Venta que está viciado por faltar ese elemento esencial exigido para su validez, revocando una sentencia de primera instancia que fue dictada cumpliendo con los requisitos que la ley exige para su validez y efectividad.” Esta Sala de lo Civil ha examinado los argumentos del impetrante en cuanto a su segundo motivo de casación y lo ha confrontado con el numeral 2) del artículo 721 del Código Procesal Civil que establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, requisitos que en opinión de esta Sala de lo Civil, han sido observados por el casacionista toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad y precisión el motivo en examen, la falta de aplicación de las normas que considera infringida; así las cosas, no es posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el Código Procesal Civil en tanto se han cumplido por el censor las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, mismo que no resulta infundado, por lo que es procedente admitir a trámite el recurso de casación en su segundo motivo a efecto de examinar el motivo planteado y exponer oportunamente las razones que pueden dar lugar a que el recurso prospere o no en el fondo.
4.- DEL TERCER MOTIVO DE CASACION. “Impugno la aplicación de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, causal del recurso configurada por la violación o falta de aplicación de las normas de Derecho objetivo contenidas en los artículos 646 segundo párrafo del Código de Comercio, en relación con 697 primer párrafo, 699 primer párrafo y 701, a su vez relacionados con el 1586 N° 2° del Código Civil en la parte que dice: “2.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene...”, también del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.2, que establece que: “igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. EXPLICACION DEL MOTIVO. Las normas de derecho citadas como infringidas textualmente dicen: El artículo 646 segundo párrafo del Código de Comercio dice: “...La trasmisión y gravamen de sus elementos inmuebles se regirá por las normas del derecho Común.”. El artículo 697 primer párrafo del Código Civil dice: “La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por una parte, la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo...”. El artículo 699 primer párrafo del Código Civil dice: “Para que la tradición sea válida, debe ser hecha voluntariamente por el tradente, o por su representante...”. El artículo 701 deI Código Civil dice: “Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere, además, que éstos obren dentro de los límites de su mandato o de su representación legal”. No existe discusión en que en la compraventa cuya nulidad se pretende, fue suscrita por el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., al otorgar el instrumento CIENTO CINCO (105) referido, donde no se relaciona ni hace constar que el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA, estuviera facultado por el Consejo de Administración para el otorgamiento de contratos como el contenido en tal instrumento, autorizado ante los oficios del Notario SAUL MUÑOZ ORELLANA, en esta ciudad de San Pedro Sula, el día catorce de noviembre de dos mil diez, en este caso debió ser” …Tal como lo requiera la cláusula décima parte final de la escritura constitutiva de la sociedad que represento en relación con la Cláusula Décimo Séptima, que contiene los Estatutos de la misma, específicamente en los artículos Décimo y Décimo Cuarto (10 y 14), que también se encuentran contenidos en la Escritura Constitutiva, constatando además que el valor de la venta del terreno, según el instrumento referido, era por la ridícula y subvaluada suma de CINCO MIL LEMPIRAS, y en la CLÁUSULA DÉCIMA de la escritura social dispone: “…otorgar al Consejo de Administración poder pleno y general de administración y dominio con amplias facultades para realizar todos aquellos actos propios de sus atribuciones, de acuerdo con la finalidad de la sociedad, para el otorgamiento de toda clase de poderes; para la ejecución de actos como la enajenación, transacción, constitución de prendas e hipotecas y cualesquiera otros, que por ser de riguroso dominio necesitan mandato expreso según la ley... “; luego en la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA, contentiva de los Estatutos de la Sociedad, se estipuló en el artículo DÉCIMO que “...La compañía será administrada, regulada y representada, con arreglo a estos estatutos, por un Consejo de Administración compuesto por cinco o siete miembros propietarios, según lo decide la Asamblea General de Socios; habrán dos suplentes; podrá realizar actos de riguroso dominio y aquellos conducentes a ejercitar los fines de la sociedad de conformidad con lo que prescribe los presentes estatutos y además tendrá las facultades y atribuciones siguientes: a)... b). . .c) Ejercer ampliamente la administración de los bienes y negocios sociales; d)…e)…f)…g)… h) Adquirir, así como enajenar, gravar y contratar sobre toda clase de bienes muebles e inmuebles, con cualquier persona y entidad mediante los pactos y condiciones que estime conveniente...”; igualmente, en el artículo Décimo Cuarto, relativo a las atribuciones del Presidente del Consejo de Administración, se instituyó en el literal h): “FIRMAR POR LA SOCIEDAD EN AQUELLOS NEGOCIOS APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LOS ESTATUTOS...” (esto en mayúsculas es propio). El consejo de administración de mi representada en términos generales tiene pleno poder y general de administración y dominio con amplias facultades para realizar todos aquellos actos propios de sus atribuciones y para la ejecución de actos como enajenación, transacción, constitución de prendas e hipotecas y cualesquiera otros, pero la Corte recurrida acepta que no se cumplió con el requisito de previa aprobación por el Consejo de Administración, en este caso a su Presidente Guillermo Bendaña Meza, lo que se colige de los siguientes argumentos vertidos en la sentencia recurrida (NÚMERO CUARTO DE LA MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA) “… En el caso que nos ocupa, con las pruebas aportadas al juicio no ha sido posible acreditar que efectivamente el contrato de compraventa Número ciento cinco (105) este viciado porque no se cumplió un requisito exigido por el reglamento interno de la sociedad, que lo constituye los estatutos contenidos en la escritura constituida de la sociedad, que se refiere a la autorización con que debía contar el señor GUILLERMO BENDAÑA MEZA para suscribir contratos en representación de la sociedad AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA, S.A. de C.V.; sin embargo el obligado en dicha cláusula es precisamente el Presidente del Consejo de Administración, es decir el señor Guillermo Bendaña Meza, por lo que de ninguna manera podría exigírsele el cumplimiento de la misma a una tercera persona, o bien al Notario que autorizó la compraventa...”; asimismo, en el número SEXTO de dicha motivación, argumenta la Corte de Apelaciones recurrida “...el señor Fernando José Bendaña Bográn también forme parte de los socios fundadores de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., la exigencia del requisito de la autorización para ejecutar actos de riguroso dominio, no era responsabilidad suya, pues aún y cuando conoce el reglamento interno que regula la sociedad a la que pertenece, dicha obligación recaía sobre el Presidente del Consejo, cargo que no recae sobre el demandado y más aún como ya se ha mencionado la inobservancia o incumplimiento de dicha estipulación estatutaria no constituye un vicio en el contrato que acarree nulidad, pues en una norma de carácter privada...”. A pesar de que las facultades de quien ostentaba la representación orgánica legal como Presidente del Consejo de Administración, es el fundamento de hecho de la pretensión, al no existir la aprobación por parte del Consejo de Administración en los términos establecidos por los estatutos, el suscrito recurrente considera necesario primero dejar establecido que el inmueble objeto de la compraventa cuya nulidad se pretende, es un elemento esencial de la empresa societaria Agro-Industrial Cuyamapa, pero su trasmisión y gravamen conforme al citado Art. 646 segundo párrafo del Código de Comercio se regirá por las normas del Derecho Común, que es precisamente una norma sustantiva de Derecho objetivo que debió ser aplicada en el fallo recurrido, pero que el Tribunal de Alzada ignoró su existencia en nuestro ordenamiento jurídico y, por ende, la violó al dejar de aplicarla. La Ley que ordena en la trasmisión del remanente ubicado en el Negrito, Yoro, que es un elemento inmueble esencial de la empresa societaria de Agro-Industrial Cuyamapa, dada la finalidad de ésta, el ya citado Art. 646 segundo párrafo del Código de Comercio, manda observar el Derecho Común, o sea, el Código Civil, lo cual quiere decir que debe aplicarse artículos pertinentes sobre la tradición, el cual en su Art. 697 establece que es un modo de adquirir el dominio de las cosas, o sea que no basta en nuestro derecho el título, el contrato para el caso, para trasmitir o transferir el dominio del referido inmueble, para ello se necesitaba que la tradición, o sea, la entrega se efectuara por el dueño, en este caso, mi representada Agro-Industrial Cuyamapa, a Fernando José Bendaña Bográn, habiendo por una parte, la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo; pero faltando la aprobación expresa del Consejo de Administración de dicha sociedad a su Presidente, Guillermo Bendaña Meza, no se puede decir que existe facultad e intención de transferir el dominio. Asimismo, en el caso de la tradición hecha voluntariamente por el representante el primer párrafo del Art. 699 deI Código Civil, la tiene por válida, sin embargo, esta norma recién citada no opera sola, sino en conjunto con el Art. 701 del Código Civil, el cual requiere que el mandatario o representante obre dentro de los límites de su mandato o de su representación, según el caso. En este caso concreto, la Corte recurrida en los numerales CUARTO Y SEXTO de la motivación, reconoció que había una transgresión a lo establecido por los estatutos respecto a que, para enajenar, gravar o hipotecar bienes inmuebles, el Presidente del Consejo de Administración necesitaba la aprobación de este órgano societario, la cual nunca se dio, argumentando dicho tribunal de alzada “...como ya se ha mencionado la inobservancia o incumplimiento de dicha estipulación estatutaria no constituye un vicio en el contrato que acarre nulidad, pues es una norma de carácter privada...”, pero es evidente que esa inobservancia o incumplimiento afecta la tradición del bien inmueble de mérito, porque significa que el Dr. Guillermo Bendaña Meza no obró dentro de los límites de su representación orgánica, hecho suficiente para no tener por válida dicha tradición en los términos del Art. 701 del Código Civil, aplicable igual que los anteriormente citados, pero que la Corte recurrida desconoció su existencia en nuestro ordenamiento jurídico, o sea, en nuestro Derecho objetivo, por lo que es nula el instrumento público N° 105 autorizado en la ciudad de San Pedro Sula, el 14 de noviembre de 2010, por el Notario, abogado Saúl Muñoz Orellana, así como su inscripción registral, asiento N° 19 del tomo 1500 deI Registro de la Propiedad Inmueble de El Progreso, Yoro. Como consecuencia de la inaplicación de los artículos citados en la explicación anterior, el tribunal de alzada dejó de aplicar el Art. 1586 numeral 2 del Código Civil, pues en este caso no es válida la tradición realizada por el representante legal de la sociedad Agro-Industrial Cuyamapa, S.A. de C.V., porque no reúne los requisitos que el Código Civil establece para ese tipo de tradición, al no contar el Presidente del Consejo de Administración de dicha sociedad, con la respectiva aprobación o autorización expresa regulada en los estatutos de la entidad que represento, de esa manera se configura la invalidez, o sea, la nulidad de la tradición, cuya normativa en el Código Civil ha sido desconocida por el Tribunal de segunda instancia. Esta infracción trasciende directamente al fallo que se impugna en este recurso, e incide directamente en su contenido, ya que al no aplicar las disposiciones citadas como infringidas, provoca que se declare con lugar el recurso de apelación y se dicte la revocación de la sentencia de primera instancia, como ha ocurrido en autos, perjudicando a la empresa que represento en el sentido dejar al desamparo los bienes de la empresa, y conceder un Contrato de Compra-Venta que está viciado por faltar ese elemento esencial exigido para su validez, revocando una sentencia de primera instancia que fue dictada cumpliendo con los requisitos que la ley exige para su validez y efectividad.” Esta Sala de lo Civil ha examinado los argumentos del impetrante en cuanto a su tercer motivo de casación y lo ha confrontado con el numeral 2) del artículo 721 del Código Procesal Civil que establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, requisitos que en opinión de esta Sala de lo Civil, han sido observados por el casacionista toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad y precisión el motivo en examen, la falta de aplicación de las normas que considera infringida; así las cosas, no es posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el Código Procesal Civil en tanto se han cumplido por el censor las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, mismo que no resulta infundado, por lo que es procedente admitir a trámite el recurso de casación en su tercer motivo a efecto de examinar el motivo planteado y exponer oportunamente las razones que pueden dar lugar a que el recurso prospere o no en el fondo.
5.- DEL CUARTO MOTIVO. “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, causal del recurso configurada por la violación o falta de aplicación de las normas de Derecho objetivo contenidas en los artículos 1586 N° 2° en la parte que dice: “2.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene...” y 1589 en relación con el 1892 párrafos primero y segundo, los tres del Código Civil, que son normas de Derecho objetivo que debieron ser empleadas para la solución del fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.2, que establece que: “igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. EXPOSICION DEL MOTIVO. Las normas de derecho citadas como infringidas textualmente dicen: Articulo 1586 del Código Civil: “Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 2.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. El Art. 1589 del Código Civil dice: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria”. El artículo 1892 segundo párrafo del Código Civil establece: “…. Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso…. Artículo que resulta aplicable en forma supletoria a las disposiciones del Código de Comercio para determinar las actuaciones, atribuciones y facultades del Consejo de Administración y su Presidente, en el sentido que, se establece de forma lógica” que el Presidente del Consejo de Administración de una entidad mercantil, si tendrá pleno poder para la ejecución de los actos de comercio y administrativos propios del giro de la empresa, pero respecto a las facultades para disponer de bienes o ejecutar actos de riguroso dominio, como todo mandatario o administrador, siempre requerirá mandato expreso, bien por la aplicación de esta norma de derecho (Art: 1892 Código Civil) cuya aplicación se ha omitido, como por la aplicación de lo dispuesto en los Estatutos de la entidad mercantil, siendo mediante estos últimos, que los socios de una entidad mercantil determinará la forma de convocatoria del consejo, lugar de reunión, requisitos para el levantamiento de acta, etc., es decir, que la representación social no es en forma Autoritaria, absoluta o sin control alguno, sino que, ya el Código de Comercio en dicho artículo, deja claro que corresponderá a los socios al establecer el Pacto Constitutivo y los estatutos, regular el funcionamiento del consejo de administración, de manera tal, que siempre en el ámbito de la Autonomía Legislativa que se le confiere a la Asamblea de Socios o Socios Contratantes de una Sociedad, pueden disponer y decretar reglas estatutarias o constitutivas para regular los diversos aspectos de la sociedad que le compete de acuerdo al mismo Código de Comercio según los artículos citados UT-SUPRA, reglas que como se ha venido manifestando SE CONVIERTEN EN LEY ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES (partes que incluyen lógicamente a los socios, siendo uno de los socios el Demandado FERNANDO JOSE BENDAÑA BOGRAN), y este requerimiento de mandato expreso o autorización del consejo de administración para ejecutar actos de riguroso dominio, se deriva también de la simple razón que el Código de Comercio no estipula autorización plena y absoluta al presidente del consejo de administración, y la inobservancia de la exigencia de Autorización del Consejo de Administración plasmado en los estatutos de la sociedad que represento, que es un requisito legal establecido en los estatutos, y en el inaplicado artículo 1892 del Código Civil, desembocan en la necesaria aplicación de lo estipulado en la otra norma de derecho inaplicada, que es el artículo 1586 numeral 2 deI Código Civil, pues atendiendo la naturaleza del contrato de compra-venta reprochado objeto del juicio de primera instancia, que es el típico acto de riguroso dominio, que no contó con la respectiva autorización o mandato expreso, tal como lo ordena el artículo 1892 del Código Civil citado y los estatutos de la entidad que represento, se configura la NULIDAD ABSOLUTA, la cual ha sido desconocida por el Tribunal Ad-Quem, por la FALTA DE APLICACION INTEGRADA DE LAS NORMAS DE DERECHO referidas y relacionadas en este motivo. Esta infracción o error aludido, trasciende directamente al fallo que se reprocha en este recuso, e incide directamente en el contenido del mismo, ya que al no aplicarlo, provoca que se dicte la revocación de la sentencia de primera instancia, como ha ocurrido en autos, perjudicando a la empresa que represento en el sentido dejar al desamparo los bienes de la empresa, y conceder un Contrato de Compra-Venta que está viciado por faltar ese elemento esencial exigido para su validez, revocando una sentencia de primera instancia que fue dictada cumpliendo todos los requisitos que la ley exige para su validez y efectividad.” Esta Sala de lo Civil ha examinado los argumentos del impetrante en cuanto a su cuarto motivo de casación y lo ha confrontado con el numeral 2) del artículo 721 del Código Procesal Civil que establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, requisitos que en opinión de esta Sala de lo Civil, han sido observados por el casacionista toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad y precisión el motivo en examen, la falta de aplicación de las normas que considera infringida; así las cosas, no es posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el Código Procesal Civil en tanto se han cumplido por el censor las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, mismo que no resulta infundado, por lo que es procedente admitir a trámite el recurso de casación en su cuarto motivo a efecto de examinar el motivo planteado y exponer oportunamente las razones que pueden dar lugar a que el recurso prospere o no en el fondo.
III. PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193, 197, 199, 716, 717, 718, 719 numeral 2), 721, 722, 723 numeral 2) literal a), 724 numeral 1), 725, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del primer motivo interpuesto y formalizado por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad AGRO-INDUSTRIAL CUYAMAPA, S.A. DE C.V. 2) La admisión a trámite del recurso de casación en su segundo, tercer y cuarto motivo interpuestos y formalizados por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, en su condición indicada. 3) Señálese audiencia de vista para el día jueves 4 de abril de 2019, a las 10:00 a.m. en el Salón de Prensa del Poder Judicial. Redactó la Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. NOTIFIQUESE.
REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ
MAGISTRADO COORDINADOR
WILFREDO MENDEZ ROMERO
MAGISTRADO
RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO
MAGISTRADA
[1] Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal Civil de los Recursos de Casación y Extraordinario por infracción Procesal. Edit. Arazandi. Pag30 ss.