Sentencia CC-048-18 — Registro 9261
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “3.1. Respecto de lo expuesto en el Primer Motivo, la Sala encuentra que el mismo no aprueba el examen de admisibilidad, ello se desprende así por la inadecuada técnica casacional con la que se plantea el motivo, así tenemos que el impetrante incurre en varios errores recursivos a saber: a) Equivoca el precepto autorizante del motivo que invoca, ello porque bajo la egida del artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, referido a la forma y contenido de la sentencia, pretende que la Sala haga revisión sobre la probable vulneración de normas sustantivas del Código de Familia, al respecto resulta oportuno señalar que si la pretensión del recurrente discurría en tal sentido, entonces el precepto autorizante que debió de haber invocado es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que posibilita el poder impugnar la aplicación e interpretación de normas sustantivas; b) Señala que tanto la primera como la segunda instancia han apreciado erróneamente un medio de prueba, cual es la escritura pública de un bien inmueble, por lo que ambas instancias con ello, provocan la no aplicación de los artículos que se estiman vulnerados. Sobre lo anterior la Sala tiene a bien ilustrar al impetrante que incurre en doble error, por una parte, pretende que la Sala haga revisión sobre un medio de prueba, con lo cual de conformidad a la técnica casacional violenta la intangibilidad de los hechos acreditados. Relacionado con lo anteriormente expuesto, el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, se refiere a la exclusión de la revisión probatoria, y manda que por medio de la casación no se inste la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia. Seguidamente, el artículo 720.2 del mismo Código, establece como excepción a esta regla general, la vía procesal que ofrece el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, mediante el cual el recurrente en casación puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia, a efecto de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Yerra el impetrante, cuando en la exposición del motivo se refiere a la vulneración cometida tanto por el tribunal de primera como de segunda instancia, con lo cual olvida que no se puede impugnar en casación las sentencias proferidas en primera instancia, por estarle vedado su conocimiento a la Sala, al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de Apelaciones; c) Plantea el motivo sin la debida separación y claridad con la que debía hacerlo, ello porque señala que el tribunal de alzada en el fallo proferido ha dejado de aplicar los artículos 68, 70, 70B 1 y 3, 70C; en relación con los artículos 2, 14, 40, 64, 227.4, 236 y 252 numerales 2 y 3 del Código de Familia reformado; lo que se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente y jurisprudencialmente se ha dejado establecido lo siguiente: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”; al hacer cita el recurrente de varias normas jurídicas de carácter sustantivo mismas que difieren en rango y protección recursiva, equivoca el planteamiento del motivo, ello porque devenía en exponer el mismo de forma separada para cada uno de los artículos que estimaba vulnerados, es decir en motivos distintos, y así cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el recurso impetrado la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “4.1. Llevado a cabo el estudio del Segundo Motivo planteado, encuentra la Sala que el mismo no resulta de recepción, ello porque el recurrente incurre nuevamente en los mismos errores del planteamiento del primer motivo, mismos que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta a la necesaria separación y claridad con la que debe dejar expuesto el motivo, ello porque el recurrente estima en forma conjunta y sin hacer la separación debida que se han infringido por falta de aplicación los artículos: 2, 14, 40, 64 y 252 numerales 2 y 3 del Código de Familia, artículo 68 del citado texto legal por interpretación errónea, y el artículo 200 del Código Procesal Civil; sobre lo cual es preciso señalar que el casacionista devenía en la obligación de exponer en motivos separados la vulneración de cada una de las normas que cita, debiendo también precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) El recurrente hace cita indiscriminada de preceptos que estima vulnerados, razón por la cual era deber del mismo haberlas planteado de forma separada, cada una de ellas en motivos distintos y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el presente motivo la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; c) El recurrente, bajo la tutela del precepto autorizante invocado como lo es el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil; normativa que prevé como causal de casación, el impugnar “a la forma y contenido de la sentencia.”; en ese sentido pretende que la Sala se pronuncie sobre la posible vulneración de los artículos 2, 14, 40, 64, 68 y 252 numerales 2 y 3 del Código de Familia, que resultan ser normas sustantivas, siendo necesario ilustrar al recurrente que si su pretensión se encaminaba a impugnar la posible transgresión de normas in iudicando in iure (sustantivas), devenía entonces en invocar como precepto autorizante lo dispuesto por el artículo 719.2 del citado código, esto es que se podrá impugnar en vía de casación “…la aplicación e interpretación de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.”; d) El recurrente al cuestionar el razonamiento esgrimido para la valorización del medio de prueba documental referente a un bien inmueble, ha invocado para ello como fundamento del motivo el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, mismo que no relaciona con lo dispuesto por el artículo 720.2 de la citada norma procesal, esto es en cuanto a la pretensión de impugnar la motivación fáctica de la sentencia, a fin de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente al fallo; en cuyo caso indefectiblemente tendrá que hacerse relación del citado artículo; y e) El recurrente al cuestionar el razonamiento esgrimido por la primera instancia y por el Tribunal de Alzada respecto del medio de prueba documental referente a un bien inmueble, incurre en un doble error, por una parte no se puede impugnar en casación las sentencias proferidas en primera instancia, ello por estarle vedado su conocimiento a la Sala, al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de apelaciones; y por otra parte tenemos la exclusión de la revisión probatoria en casación, ello de acuerdo con lo señalado por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, que establece que por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 5. La defectuosa estructuración del recurso de casación sub-júdice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización…”.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación; en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora MARLEN XIOMARA RAPALO GÓMEZ, representada en juicio por el abogado MERLÍN BONILLA CRUZ; en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor DAVID YOEL MATUTE ROSALES representado en juicio por la abogada DELMY GRACIELA RIVERA GUEVARA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ABREVIADO NO DISPOSITIVO”, promovida en fecha 29 de octubre del año 2014, en el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, por la señora Marlen Xiomara Rapalo Gómez mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y con domicilio en El Progreso, Departamento de Yoro, contra el señor David Yoel Matute Rosales mayor de edad, casado, constructor, hondureño, y con domicilio en El Progreso, Departamento de Yoro. I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Que en fecha 26 de octubre del año 2017, la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada en fecha 26 de abril del año 2016, por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, misma que en su parte dispositiva señala lo siguiente: (Sic) “RESUELVE: PRIMERO DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA DE DIVORCIO promovida por la señora MARLEN XIOMARA RAPALO GOMEZ, en contra del señor DAVID YOEL MATUTE ROSALES, ambos de generales conocidas en el preámbulo de la presente Sentencia. SEGUNDO: Se declara DISUELTO el vínculo Matrimonial que une a los señores MARLEN XIOMARA RAPALO GOMEZ y DAVID YOEL MATUTE ROSALES, que contrajeron en fecha trece (13) de noviembre del año mil tres (2003) en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro, según acta número 0281, ubicada a folio 54 del tomo 39 del año 2003. TERCERO: Que este Suscrita no se pronuncia sobre la partirá potestad, guarda y cuidado, régimen de comunicación y alimentos en virtud de no existir hijos en el matrimonio. CUARTO: En cuanto a la liquidación del bien inmueble se Declara No Ha Lugar el mismo. QUINTO: Que la presente Sentencia Definitiva se notifique a la mayor brevedad posible a las partes, sin el plazo de notificación, exceda los tres días desde que la misma fue dictada. Asimismo, notificar mediante edictos a la parte demandada, y posteriormente librar atento mandamiento al Registro Nacional de las Personas de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, y extiéndase la certificación de certificación de estilo correspondiente. En fundamento al artículo 18 del CPC, la presente sentencia se emite a la fecha en virtud de la recarga de trabajo que impera en el Juzgado, siendo este seccional que conoce diversidad de materias entre ellas penal que por su naturaleza es prioridad. NOTIFIQUESE”. SEGUNDO: El representante procesal de la señora Marlen Xiomara Rápalo Gómez, abogado Merlín Bonilla Cruz, presentó en fecha 5 de diciembre del año 2017, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 26 de octubre del año 2017, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha 6 de diciembre del año 2017, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: La abogada Delmi Graciela Rivera Guevara, representante procesal del señor David Yoel Matute Rosales, presentó en fecha 16 de enero del año 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.CUARTO: Recibidas las actuaciones en este Alto Tribunal, el abogado Merlín Bonilla Cruz, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha 29 de enero del año 2018, resolviéndose mediante proveído de fecha 26 de febrero del año 2018, tenerlo por personado como recurrente dentro del plazo concedido y por precluído el plazo dejado de utilizar por parte de la abogada Delmy Graciela Rivera Guevara, como recurrida. QUINTO: El abogado Merlín Bonilla Cruz, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: (Sic) “PRIMER MOTIVO: EXPRESION DEL PRIMERO MOTIVO: INFRACCION DIRECTA O FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY POR ERROR DE HECHO. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: Testimonio de Escritura Pública concerniente a un lote de terreno ubicado en la Urbanización Andalucía de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, identificado con el número cuatro (4) del bloque D de dicha urbanización, inscrito el dominio a favor del señor David Yoel Matute Rosales bajo Matrícula número: 1322442 Asiento número 1 del Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil de la Sección Registral de El Progreso, Departamento de Yoro, siendo éste un hecho aceptado por las partes, plenamente probado en autos y reconocido por la Juzgadora, más sin embargo tanto la Juez de Primera Instancia como el de Segunda Instancia, dejan de aplicar la norma que regula éste hecho como ser los Artículos 68, 70, 70-B Numerales 1 y 3, y 70-C del Código de Familia Reformado los que mandan que a falta de capitulaciones matrimoniales, el régimen económico por el cual se regirá el vínculo, será el de la sociedad de ganancial mediante el cual se hacen comunes para los cónyuges cada uno de los bienes muebles e inmuebles obtenidos a título oneroso, indistintamente por cualquiera de ellos durante el matrimonio cuales serán repartidos por la mitad en caso de disolverse el vínculo matrimonial, durante la tramitación del juicio quedó plenamente demostrado que tal bien inmueble fue adquirido por el demandado David Yoel Matute Rosales durante el matrimonio y por ende forma parte del caudal común, sin embargo los Tribunales tanto el A-quem dejaron de cumplir con la obligación que les impone la ley de sustantiva en el Artículo 252 Numeral 2°. Y 3°. Del Código de Familia de pronunciarse sobre la liquidación del patrimonio y de la pensión alimenticia que corresponde al cónyuge inocente, olvidando además su rol de vigilantes de los derechos de la mujer. Habiendo quedado manifiestamente evidenciado el error de hecho en que tanto el Tribunal A-quo como el Tribunal Ad-Quem han incurrido al omitir el pronunciamiento de la liquidación del patrimonio adquirido por los señores David Yoel Matute Rosales y Marlen Xiomara Rápalo Gómez, a pesar de ser este uno de los efectos de la terminación del matrimonio, lo que conlleva una violación al Principio de Tutela Judicial efectiva contenido en el Artículo 1°. de nuestra ley procesal civil, el cual se cumple cuando se obtiene una resolución de fondo fundada en derecho, en éste caso concreto, esto no ha existido ya que el Tribunal Sentenciador, en el fallo de la sentencia desconoce pronunciarse sobre lo solicitado en el apartado Cuarto, del Fallo del Juzgador de Primera Instancia, en donde se establece “En cuanto a la liquidación del bien inmueble se declara no ha lugar el mismo”, a pesar de haber sido específicamente ese el Motivo por el cual fue recurrida la sentencia de primera instancia, y ampliamente descrito en el recurso de Apelación.. SEGUNDO MOTIVO: Norma sustantiva de orden nacional infringida: Artículos 68 del Código de Familia Reformado. PRECEPTOS DEJADOS DE APLICAR: Artículos 200 Código Procesal Civil, 2, 14, 40, 64, 252 Numerales 2 y 3 del Código de Familia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 literal c) del Código Procesal Civil. EXPRESION DE SEGUNDO MOTIVO: INTERPRETACION ERRONEA DE PRECEPTO LEGAL. Siendo la familia la base de toda sociedad, todos tenemos el deber ineludible de protegerla, obligación que la Juez de Primera Instancia, pretende desconocer, ya que si bien es cierto aplicó el Artículo 68 del Código de Familia, no le atribuyó el sentido y el alcance que tiene, ya que éste precepto le señala que en caso de no haberse celebrado capitulaciones matrimoniales, el régimen económico que regirá el vínculo matrimonial del cual se está solicitando su terminación, será el de la sociedad de ganancial, señalando en los artículos subsiguientes o sea en los preceptos 70, 70-B Numerales 1 y 3, 70-C todos del Código de Familia las pautas a seguirse para la liquidación del patrimonio, tal como en el presente caso, el bien inmueble obtenido por los cónyuges David Yoel Matute Rosales y Marlen Xiomara Rápalo Gómez, quedó demostrado en el juicio que éste había sido adquirido durante el matrimonio por el demandado David Yoel Matute Rosales, imponiéndole la Ley Procesal Civil en el Artículo 200 el deber de pronunciarse sobre la liquidación del patrimonio y la pensión alimenticia que le corresponde como cónyuge inocente, en la sentencia definitiva que dictó en el juicio de divorcio sometido a su conocimiento, extremo éste que omitió hacer, prescindiendo los Tribuales a que he hecho referencia, con la obligación de cumplir con los presupuestos que toda sentencia debe cumplir como ser claridad, precisión, exhaustividad, motivación y congruencia. LO QUE SE PIDE QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA RESUELVA EN EL PRESENTE RECURSO El Recurso de Casación tiene como fin la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional, SOLICITO A LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y tornando en consideración los Artículos 2, 14, 40, 64, 68, 70, 70-B, 70-C, 72, 236 y 252 del Código de Familia; 1 y 8 de La Ley de Igualdad de Oportunidades Para la Mujer; SE REVOQUE PARCIALMENTE LA SENTENCIA de Fecha veintiséis (26) de Octubre del año dos mil diecisiete (2017), proferida por la Corte de Apelaciones Civil, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, con respeto al apartado cuarto de la Motivación Fáctica; por no haber tomado consideración el agravio expresado con respecto al Inmueble que ha sido pretensión en el proceso, razón suficiente para que SE DECLARE CON LUGAR EL PRESENTE RECURSO.” SEXTO: La abogada Delmy Graciela Rivera Guevara, plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la contraparte, y lo hace expresando lo siguiente: (Sic) “SOBRE LOS MOTIVOS DE CASACION SOBRE EL MOTIVO PRIMERO: Manifiesta el impetrante que ha existido una infracción directa o falta de aplicación por error de hecho. Conforme a este motivo, el impetrante manifiesta que existe una infracción directa o falta de aplicación de la ley por error de hecho y manifiesta que el precepto autorizante es el contenido en el artículo 719 literal C del código procesal civil, sí analizamos la literalidad del referido artículo, las causales del recurso de casación y específicamente el numeral C, que manifiesta el casacionista, podemos decir lo siguiente: Que el contenido del inciso C, se refiere a la forma y contenido de la sentencia y dicho inciso en ningún momento se refiere a la infracción directa o falta de aplicación de la ley por error de hecho; ya que en el apartado tercero se pone de manifiesto que se produzca una vulneración de los requisitos formales de la sentencia, cuyo contenido se encuentra en el artículo 200 del código procesal civil, los cuales se especifican en tres apartados del precitado articulo y de igual manera los requisitos de su contenido que se encuentran del articulo 206 al 208 del código procesal civil que son sobre todos el artículo 206 que trata sobre la calidad, precisión y exhaustividad y el artículo 207 que trata sobre la motivación, es así honorables magistrados que bajo esos parámetros deberá el casacionista alegar sus motivos de casación y no como erróneamente lo hace al manifestar en la expresión de su primer motivo bajo el sub título de prueba erróneamente apreciada, con lo cual falta a la debida técnica recursiva, en virtud que el artículo 720 del Código Procesal Civil, bajo la rúbrica de exclusión de la revisión probatorio en casación establece que por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos, ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia y sin embargo dentro del literal C del numeral 1 del artículo anterior se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo. En el apartado primero pone de manifiesto el hecho de que no puede ser objeto de casación los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas y en el apartado segundo pone de manifiesto un hecho concreto como ser el control de la motivación fáctica de la sentencia, por lo tanto como anteriormente lo manifesté el impetrante falta al principio de la debida técnica recursiva, en este caso al recurso de casación. AL SEGUNDO MOTIVO: El casacionista en este motivo expresa que hay interpretación errónea de precepto legal, habida cuenta que como anteriormente lo manifesté en el apartado anterior cuales son las causales del recurso que se encuentran contenidas en el artículo 719 del código procesal civil y esa causal de recurso de casación se encuentra en el numeral C como la forma y contenido de la sentencia, alegación que no la hace el recurrente en su supuesto motivo y hace una relación vaga a lo que son los requisitos formales de la sentencia que se encuentran contenidos en el artículo 200 del código procesal civil, que expresa; que en particular la relación de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a. El encabezamiento; deberá expresarse el nombre de las partes y cuando sea necesario la legitimación y representación, en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los profesionales del derecho que los hayan defendido y representado y el objeto del proceso. b. En los antecedentes de hecho, se consignarán con claridad y la concisión posible y en párrafos separados y numerados las pretensiones de la parte interesada, los hechos que la funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso. c. En los fundamentos de derecho se expresarán en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que hayan de dictarse con expresión concretas de las normas jurídicas aplicables al caso. d. El fallo contendrá numerado los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas, también desestimará en su caso la cantidad objeto de la condena. En tal sentido honorables magistrados, analizando la literalidad de dicho artículo comparado con el segundo motivo de casación impetrado por el casacionista basándose como precepto autorizante el artículo 719 literal C del Código Procesal Civil, podemos esgrimir que el sensor confunde la literalidad del articulo antes mencionado; ya que hace alusión a la falta de aplicación del artículo 68 del Código de Familia, específicamente a lo que refiere a la liquidación de bienes y de igual manera a lo que corresponde a la pensión alimenticia y la corte de apelaciones es precisa al manifestar que en la demanda no fue debatido lo que corresponde a la pensión alimenticia y de igual manera si manifiesta que no se le resolvió o dejó de aplicarse una norma de derecho para la solución de fondo de litigio, debió en su escrito de casación tener como precepto autorizante la infracción del artículo 719 en su numeral 2 del Código Procesal Civil, en el cual se pone de manifiesto que se puede impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho que se establece para solución sobre el fondo de litigio, por lo que considero que este motivo de casación está mal planteado y en definitiva deberá ser declarado inadmisible por no ajustarse a las normas de acuerdo a lo prescrito por el artículo 721 del código procesal civil. SOBRE EL TRÁMITE DE LA ADMISIÓN SOLICITO QUE EL MISMO SE DECLARE INADMISIBLE. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 723 del código procesal civil bajo la rúbrica tramite de admisión, que establece que recibido el expediente la corte suprema de justicia, deberá decidir en los diez días siguientes sobre la admisión a trámite del recurso y solo podrán inadmitirlo: a. Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citado como infringido con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valorización de las pruebas. b. Carencia manifiesta de fundamento del recurso o haberse desestimado en el fondo otros recursos iguales. En el caso que nos ocupa el casacionista incumple con las exigencias y requisitos establecidos para el escrito de interposición y formalización, el legislador indica que se produzca en la formalización que es un momento que coincide con la presentación del escrito de interposición, es necesario indicar que se produce cuando se trata de sustituir el criterio de la corte de apelaciones sobre la valorización de la prueba o cuando se alegan artículos de generalidad conceptual o que los artículos no tengan relación con las cuestiones debatidas, situación que ocurre en autos donde el impetrante no toma en cuenta lo preceptuado por el artículo 723 del Código Procesal Civil por lo que solicito se declare inadmisible el presente recurso.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3. De lo expuesto por el recurrente abogado Merlín Bonilla Cruz, en el Primer Motivo, la Sala hace resumen del mismo, ello en virtud de que el mismo aparece citado literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. Expone el impetrante que la sentencia dictada el día 26 de octubre del año 2017, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ha supuesto la infracción por falta de aplicación de los artículos 68, 70, 70B 1 y 3, 70C; en relación con los artículos 2, 14, 40, 64, 227.4, 236 y 252 numerales 2 y 3 del Código de Familia reformado; invoca como precepto autorizante del motivo el artículo 719 literal c) del Código Procesal Civil que señala: “1. se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan. c) La forma y contenido de la sentencia.”. En sustento de su impugnación sostiene que esa representación procesal ha presentado como prueba documental en el juicio “El testimonio de Escritura Pública concerniente a un lote de terreno ubicado en la Urbanización Andalucía de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, identificado con el número cuatro (4) del bloque D de dicha urbanización, inscrito el dominio a favor del señor David Yoel Matute Rosales bajo Matrícula número: 1322442 Asiento número 1 del Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil de la Sección Registral de El Progreso, Departamento de Yoro, siendo éste un hecho aceptado por las partes,”; no obstante lo cual tanto la Juez de Primera Instancia como el de Segunda Instancia, dejan de aplicar los artículos 68, 70, 70B numerales 1, 3 y 70C del Código de Familia Reformado, mismas que versan sobre que a falta de capitulaciones matrimoniales, el régimen económico por el cual se regirá el vínculo, será el de la sociedad de ganancial mediante el cual se hacen comunes para los cónyuges cada uno de los bienes muebles e inmuebles obtenidos a título oneroso, indistintamente por cualquiera de ellos durante el matrimonio, los que serán repartidos por la mitad en caso de disolverse el vínculo matrimonial; dice el recurrente que en el juicio quedó plenamente demostrado que el bien inmueble fue adquirido por el demandado durante el matrimonio, por lo que forma parte del caudal común, sin embargo ambos Tribunales dejaron de cumplir con la obligación que les impone la ley sustantiva en el artículo 252 numerales 2 y 3 del Código de Familia de pronunciarse sobre la liquidación del patrimonio y de la pensión alimenticia que corresponde al cónyuge inocente, olvidando además su rol de vigilantes de los derechos de la mujer. Que en el caso de autos ha quedado evidenciado el error de hecho en que tanto el tribunal a-quo como el tribunal ad-quem han incurrido al omitir tal pronunciamiento, lo que conlleva una violación al principio de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 1 del Código Procesal Civil, mismo que se cumple cuando se obtiene una resolución de fondo fundada en derecho, en el caso de autos no ha existido, ya que el Tribunal Sentenciador, en el fallo proferido desconoce pronunciarse sobre lo solicitado. 3.1. Respecto de lo expuesto en el Primer Motivo, la Sala encuentra que el mismo no aprueba el examen de admisibilidad, ello se desprende así por la inadecuada técnica casacional con la que se plantea el motivo, así tenemos que el impetrante incurre en varios errores recursivos a saber: a) Equivoca el precepto autorizante del motivo que invoca, ello porque bajo la egida del artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, referido a la forma y contenido de la sentencia, pretende que la Sala haga revisión sobre la probable vulneración de normas sustantivas del Código de Familia, al respecto resulta oportuno señalar que si la pretensión del recurrente discurría en tal sentido, entonces el precepto autorizante que debió de haber invocado es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que posibilita el poder impugnar la aplicación e interpretación de normas sustantivas; b) Señala que tanto la primera como la segunda instancia han apreciado erróneamente un medio de prueba, cual es la escritura pública de un bien inmueble, por lo que ambas instancias con ello, provocan la no aplicación de los artículos que se estiman vulnerados. Sobre lo anterior la Sala tiene a bien ilustrar al impetrante que incurre en doble error, por una parte, pretende que la Sala haga revisión sobre un medio de prueba, con lo cual de conformidad a la técnica casacional violenta la intangibilidad de los hechos acreditados. Relacionado con lo anteriormente expuesto, el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, se refiere a la exclusión de la revisión probatoria, y manda que por medio de la casación no se inste la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia. Seguidamente, el artículo 720.2 del mismo Código, establece como excepción a esta regla general, la vía procesal que ofrece el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, mediante el cual el recurrente en casación puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia, a efecto de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Yerra el impetrante, cuando en la exposición del motivo se refiere a la vulneración cometida tanto por el tribunal de primera como de segunda instancia, con lo cual olvida que no se puede impugnar en casación las sentencias proferidas en primera instancia, por estarle vedado su conocimiento a la Sala, al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de Apelaciones; c) Plantea el motivo sin la debida separación y claridad con la que debía hacerlo, ello porque señala que el tribunal de alzada en el fallo proferido ha dejado de aplicar los artículos 68, 70, 70B 1 y 3, 70C; en relación con los artículos 2, 14, 40, 64, 227.4, 236 y 252 numerales 2 y 3 del Código de Familia reformado; lo que se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente y jurisprudencialmente se ha dejado establecido lo siguiente: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[1]; al hacer cita el recurrente de varias normas jurídicas de carácter sustantivo mismas que difieren en rango y protección recursiva, equivoca el planteamiento del motivo, ello porque devenía en exponer el mismo de forma separada para cada uno de los artículos que estimaba vulnerados, es decir en motivos distintos, y así cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el recurso impetrado la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.[2] 4. Plantea el recurrente un Segundo Motivo de casación, teniendo como precepto autorizante el artículo 719 literal c) del Código Procesal Civil. Estima como normas infringidas por falta de aplicación los artículos: 2, 14, 40, 64 y 252 numerales 2 y 3 del Código de Familia, artículo 68 del citado texto legal por interpretación errónea, y el artículo 200 del Código Procesal Civil. En sustento de su impugnación casacional, el recurrente en primer lugar hace mención sobre la importancia de la familia y la obligación que deviene para toda sociedad de protegerla; pero arguye que el caso de autos tal obligación es desconocida por la primera instancia, porque si bien es cierto hizo aplicación del artículo 68 del Código de Familia, también lo es que no le atribuyo el sentido y alcance que tiene tal artículo, ello porque al disponer el mismo que a falta de capitulaciones matrimoniales, el régimen económico que regirá el vínculo matrimonial será el de la sociedad ganancial señalado en los artículos 70, 70-B numerales 1 y 3 y 70-C del Código de Familia; y en el caso de autos el bien inmueble ha sido adquirido durante el matrimonio Matute-Rápalo, por lo que al juzgador le impone el artículo 200 del Código Procesal Civil, el deber de pronunciarse sobre la liquidación del patrimonio y la pensión alimenticia que le corresponde como cónyuge inocente a la señora Marlen Xiomara Rápalo Gómez, extremo este sobre el cual los dos tribunales han omitido referirse, con lo cual faltan a los presupuestos de toda sentencia, esto es en cuanto que las mismas deben ser claras, precisas, exhaustivas, motivadas y congruentes. 4.1. Llevado a cabo el estudio del Segundo Motivo planteado, encuentra la Sala que el mismo no resulta de recepción, ello porque el recurrente incurre nuevamente en los mismos errores del planteamiento del primer motivo, mismos que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta a la necesaria separación y claridad con la que debe dejar expuesto el motivo, ello porque el recurrente estima en forma conjunta y sin hacer la separación debida que se han infringido por falta de aplicación los artículos: 2, 14, 40, 64 y 252 numerales 2 y 3 del Código de Familia, artículo 68 del citado texto legal por interpretación errónea, y el artículo 200 del Código Procesal Civil; sobre lo cual es preciso señalar que el casacionista devenía en la obligación de exponer en motivos separados la vulneración de cada una de las normas que cita, debiendo también precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) El recurrente hace cita indiscriminada de preceptos que estima vulnerados, razón por la cual era deber del mismo haberlas planteado de forma separada, cada una de ellas en motivos distintos y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el presente motivo la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; c) El recurrente, bajo la tutela del precepto autorizante invocado como lo es el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil; normativa que prevé como causal de casación, el impugnar “a la forma y contenido de la sentencia.”; en ese sentido pretende que la Sala se pronuncie sobre la posible vulneración de los artículos 2, 14, 40, 64, 68 y 252 numerales 2 y 3 del Código de Familia, que resultan ser normas sustantivas, siendo necesario ilustrar al recurrente que si su pretensión se encaminaba a impugnar la posible transgresión de normas in iudicando in iure (sustantivas), devenía entonces en invocar como precepto autorizante lo dispuesto por el artículo 719.2 del citado código, esto es que se podrá impugnar en vía de casación “…la aplicación e interpretación de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.”; d) El recurrente al cuestionar el razonamiento esgrimido para la valorización del medio de prueba documental referente a un bien inmueble, ha invocado para ello como fundamento del motivo el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, mismo que no relaciona con lo dispuesto por el artículo 720.2 de la citada norma procesal, esto es en cuanto a la pretensión de impugnar la motivación fáctica de la sentencia, a fin de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente al fallo; en cuyo caso indefectiblemente tendrá que hacerse relación del citado artículo; y e) El recurrente al cuestionar el razonamiento esgrimido por la primera instancia y por el Tribunal de Alzada respecto del medio de prueba documental referente a un bien inmueble, incurre en un doble error, por una parte no se puede impugnar en casación las sentencias proferidas en primera instancia, ello por estarle vedado su conocimiento a la Sala, al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de apelaciones; y por otra parte tenemos la exclusión de la revisión probatoria en casación, ello de acuerdo con lo señalado por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, que establece que por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 5. La defectuosa estructuración del recurso de casación sub-júdice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización…”. III. PARTE DISPOSITIVA La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose con base a la motivación jurídica expuesta y aplicando lo dispuesto en los artículos 82, 90 párrafo primero, 303 párrafo primero, 304, 313 numeral 14); 316 párrafo primero de la Constitución de la República; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721.2, 722, 723.2 literal a) y 724.2 del Código Procesal Civil; profiere por unanimidad de votos el presente auto irrecurrible y resuelve: I. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación en sus dos motivos, promovido por el abogado MERLÍN BONILLA CRUZ, en su condición de representante procesal de la señora MARLEN XIOMARA RÁPALO GÓMEZ, contra la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha 26 de octubre del año 2017. II. FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 26 de octubre del año 2017, en el expediente de apelación número 156-17 C.V., originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 156-17 del Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro. III. CONDENA EN COSTAS al recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, para los efectos legales consecuentes. Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve; Certificación del auto de fecha nueve de octubre del año dos mil diecinueve, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 48=2018.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1]5 Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thompson Reuters ARAZANDI. Pag. 64 y ss.
[2] Resoluciones 192-2012 de fecha 13-2013 de fecha 3 de junio del año 2014; 215-2014 de fecha 25 de agosto 2015.