Sentencia CC-048-17 — Registro 8738
Resumen
En primera instancia se declaró sin lugar la demanda por la vía del proceso ordinario para que se declare la rescisión y revocación de un contrato de donación entre vivos contentivo en escritura pública, confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “QUINTO: El artículo 7 en sus numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, establece que: 1. “El Proceso Civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas”. 2. “Las normas contenidas en este código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso…”. SEXTO: El artículo 200.1 literal c) del Código Procesal Civil, establece en cuanto al contenido formal de la sentencia que: “En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. Requisito que en opinión de este Tribunal ha sido cumplido por el Tribunal de Apelaciones.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 221 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO Y RINA AUXILIADORA ALVARADO, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la sentencia del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES: El señor MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA, representado en juicio por el abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ como recurrente; siendo recurridas la señora KARLA YESENIA RODRIGUEZ CALIX y la sociedad mercantil denominada COMERCIALIZADORA SANTOS RODRIGUEZ, S. de R.L. de C.V., (COSARO), demandada por vía de Litis consorcio pasivo necesario, representadas en juicio por la abogada DILCIA MARINA HERNANDEZ MONTIEL. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO, PARA QUE SE DECLARE LA RESCISION Y REVOCACION DE UN CONTRATO DE DONACION ENTRE VIVOS CONTENTIVO EN ESCRITURA PUBLICA, POR MORA E INGRATITUD DE LA DONATARIA.- RESTITUCION DEL DOMINIO”, promovida en veinticinco de septiembre de dos mil quince, ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, por el abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, actuando en su condición de representante procesal del señor MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA, quien es mayor de edad, soltero, Licenciado en Mercadeo, hondureño y con domicilio en el departamento de Yoro, contra la señora KARLA YESENIA RODRIGUEZ CALIX, mayor de edad, casada, comerciante, hondureña y con domicilio en el departamento de Yoro, y ampliando dicha demanda, por declaración de litis consorcio pasivo necesario, contra la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA SANTOS RODRIGUEZ, S. de R.L. de C.V. (COSARO). I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “Falla: 1) Declarando SIN LUGAR La Demanda Por La Vía Del Proceso Ordinario Para Que Se Declare La Rescisión Y Revocación De Un Contrato De Donación Entre Vivos Contentivo En Escritura Pública, Por Mora E Ingratitud Restitución Del Dominio, promovida por el Abogado RAMÓN EDGARDO IRULA RODRÍGUEZ, en su condición de Apoderado Judicial del señor MARIO RICARDO FÚNEZ FERRERA, contra la señora KARLA YESENIA RODRÍGUEZ CALIX y contra la SOCIEDAD MERCANTIL COMERCIALIZADORA (COSARO) representado por la Abogada DILCIA MARINA HERNÁNDEZ MONTIEL. 2) CON COSTAS. 3) Y MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno contra el presente fallo, quede este firme. La presente sentencia se emite a la fecha en virtud de la recarga de trabajo que impera en el juzgado siendo este seccional, que conoce diversidad de materias entre ellas penal, aunado a ello por el periodo vacacional del mes de julio del presente año (2016), donde la suscrita se incorporó a sus labores en fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciséis (2016). NOTIFIQUESE A LAS PARTES LA PRESENTE SENTENCIA DEFINITIVA.-” SEGUNDO: En fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del A-quo, fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en contra la sentencia definitiva de fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, en la Demanda de Rescisión y Revocación de un contrato de Donación, promovido por el Abogado Irula Rodríguez, en su condición de apoderado judicial del señor MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA en contra de la señora KARLA YESENIA RODRIGUEZ CALlX y la sociedad mercantil denominada COMERCIALlZADORA SANTOS RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V. (COSARO). SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, venido en apelación.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y que al estar firme, con la certificación de estilo se devuelva al Juzgado de su Procedencia para su cumplimiento.- Es ponente la Abogada María Teresa Bográn, Magistrada Propietaria.- CON COSTAS. NOTIFIQUESE.-” TERCERO: Que esta Sala de lo Civil, en auto de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, admitió el segundo motivo de casación interpuesto y formalizado por el abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición ya indicada, señalando el día trece de febrero de dos mil diecinueve, a las nueve de la mañana para la votación y fallo. CUARTO: El recurrente en su segundo motivo de casación, único que le fue admitido, viene invocando la infracción del artículo 200.1. 2 literal c) del Código Procesal Civil, señalando que este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1 c) por remisión que hace el 720.2 del mismo código, argumentando fundamentalmente que: “La sentencia impugnada no cumple con el Art. 200.1 y .2 literal c) del Código Procesal Civil en relación con el Art. 207.2. del mismo Código, porque la adecuada motivación al estructurar la sentencia, conlleva para el órgano jurisdiccional la obligación de pronunciarse sin tergiversar los hechos. Sorprendentemente en el caso de autos, la Corte recurrida argumentó “...2) La donataria Rodríguez Calix canceló el gravamen hipotecario que pesaba sobre los bienes donados, pagando lo adeudado por el donante al banco Bac Honduras; 3) Si bien es cierto donó dichos inmuebles a la sociedad Comercializadora Santos Rodríguez, S. de R. l. de C.V., lo hizo respetando las condiciones a ella impuestas, y estas condiciones fueron aceptadas por COSARO y las ha cumplido. …5) El señor Juan Francisco Santos García, en su condición personal, se obligo con el señor Mario Ricardo Fúnez a pagarle la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS, quien no es parte en este juicio, y no lo hizo a nombre de la donataria como aduce el apelante; 6) La señora Karla Yesenia Rodríguez Cálix y la sociedad COSARO, en ningún momento han incumplido las obligaciones impuestas por el donante …” (ver hecho SEXTO de la motivación fáctica y jurídica de la sentencia); esta tergiversación del tribunal de alzada cae por su propio peso, porque en principio, fue el donante Fúnez Ferrera quien canceló los gravámenes a Bac Honduras, por lo que dicha institución bancaria procedió a entregarle su correspondiente finiquito de solvencia.- La donataria Rodríguez Cálix, jamás respetó las condiciones a ella impuestas en la donación original, pues para comenzar no le otorgó la primera opción de compra a CHEVRON HONDURAS, S.A., tampoco canceló personalmente los gravámenes hipotecarios y mucho menos honró la cantidad pactada al donante Mario Ricardo Fúnez Ferrera (L.5,253,534.10), una vez que se inscribiera la donación.- El señor Juan Francisco Santos García, siempre actuó a nombre y en representación de la señora Karla Yesenia Rodríguez Cálix y la sociedad COSARO como socio fundador, pero arbitrariamente el tribunal de alzada descartó toda esta información. Queda demostrada que la sentencia tiene el vicio interno de haberse consignado argumentación irracional y contra el carácter lógico de los efectos de la suscripción de la donación y documentos de merito, ya que el tribunal de alzada actuó distorsionando principios de derecho civil, puesto que la misma llevaba consigo, la obligación por parte de la donataria y ahora demandada, de realizar unas cargas (el pago de L.5,253,534.10 a favor del donatario), como efectivamente lo expresa la Corte recurrida en el hecho Sexto numeral 1) de las motivación fáctica al reconocer que la donación es de “categoría onerosa”, sólo para luego contradecirse al manifestar que la donataria …”en ningún momento ha incumplido con las obligaciones impuestas por el donante”. QUINTO: La abogada DILCIA MARINA HERNANDEZ MONTIEL, al momento de pronunciarse sobre la formalización del recurso de casación en lo que respecta al segundo motivo, manifestó lo siguiente: “Expone el recurrente, como segundo motivo de casación ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA, INFRACCION DEL ARTICULO 200 NUMERALES 1 Y 2 del CPC, referido al contenido formal de las sentencias, señala en este apartado que el tribunal de alzada TERGIVERSA hechos y contenidos, lo que es ante todo punto de vista una falsedad, pues el fallo del tribunal de segunda instancia está basado en lo que el mismo recurrente proclama la PACTA SUN SERVANDA contenida en el artículo 1348 Código Civil a la cual nos adherimos en su aplicación al caso de autos, pues el señor JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA, no es parte del contrato de donación demandado en rescisión y revocación y el compromiso adquirido con el señor MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA, este lo hace a título personal, como la literalidad del documento en que se adquirió dicha deuda señala, de lo que bien se puntualiza que no es objeto de debate ni controversia en el juicio de autos, como tampoco los demás epítetos reclamados en su escrito casacionista en este rubro, intenta introducir como elemento de agravio en esta instancia el daño al patrimonio de su tutelado, cuando la donación que se pretendió invalidar fue VOLUNTARIA PURA PERFECTA E IRREVOCABLE como en autos consta, por lo tanto son reiterativos los alegatos de hecho de los que se vale el recurrente en esta instancia lo cual no es pertinente ni valido en este recurso”. SEXTO: Este Tribunal de casación al examinar la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, observa que el tribunal de apelaciones ha hecho una valoración probatoria racional y lógica, en tanto que las conclusiones a las que arribó parten de hechos debidamente acreditados, así ha tenido por probado que la deuda hipotecada ha sido cancelada, de igual manera, si bien es cierto existe una restricción en las donaciones para no vender, hipotecar, traspasar, arrendar o de cualquier modo enajenar los inmuebles y sus mejoras objeto de la donación, a una persona natural o jurídica que se dedique a la importación, distribución o venta de combustible u otros derivados del petróleo que no sean de la marca TEXACO, durante un período de diez años, igualmente cierto es que dicha restricción está condicionada en función de la actividad comercial a que se dedique el adquirente y no en función de una persona en particular, la condición es que quien adquiera debe seguir distribuyendo los mismos productos y no de otras marcas, no teniendo nada que ver con la persona del adquirente, excepto si se tratare de una venta, en cuyo caso si existe la condición de dar preferencia a CHEVRON DE HONDURAS, para adquirir, sin embargo al tratarse de una donación, no aplica el derecho preferente a favor de CHEVRON DE HONDURAS. Por otra parte, los derechos que emanen ante este incumplimiento solo podría exigirlos CHEVRON DE HONDURAS. El otro aspecto correctamente valorado por la Corte de Apelaciones es lo relativo a la supuesta obligación de la donataria de pagar L.5,253,534.10, una vez que se inscribiera la donación, considerando el Tribunal de Apelaciones atinadamente que ésta, al no ser una obligación contenida en la escritura de donación, no obliga a la donataria y al ser una tercera persona la que en un documento privado adquiere tal obligación a título personal, ello no vincula a la demandada, aunado a ello, no aparece en el documento privado que esta tercera persona haya adquirido la obligación en representación de la donataria, por otra parte, el recurrente tergiversa las afirmaciones del Tribunal de Apelaciones, pues si bien este estima que la donación es onerosa, la considera así porque conlleva el gravamen hipotecario no por la obligación de pagar L.5,253,534.10, que no está comprendida en el contrato de donación, por lo tanto la conclusión de que ello no obliga a la donataria, es racional y lógica, no siendo posible por lo tanto dar lugar al motivo de casación invocado. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: Conforme el artículo 718 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del recurso de casación. SEGUNDO: En garantía de la legitimidad de sus funciones y de los derechos de las partes, todo juez tiene la inexcusable obligación de emplear una debida motivación en todas las resoluciones que dicte en cumplimiento de su función jurisdiccional, por tal razón, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial es contundente al establecer como obligación para el juzgador la motivación de las decisiones que profiera, orientadas al buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, como la garantía de una resolución judicial justa, razón por la cual esta motivación debe expresar de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, que han sido aptas para justificar la resolución. (Artículos 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial) TERCERO: Por virtud del artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, y entre las garantías que tienen las partes se encuentra la de que su litigio sea resuelto en una sentencia debidamente motivada. CUARTO: El artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, entre las cuales sin duda se deriva el derecho a la motivación, así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar la motivación como una de las “debidas garantías” a que se refiere esta norma. La Corte ha sostenido: “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[1], de no ser así las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales pueden afectar derechos humanos, por ello las sentencias deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que como se dijo anteriormente la “motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. QUINTO: El artículo 7 en sus numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, establece que: 1. “El Proceso Civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas”. 2. “Las normas contenidas en este código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso…”. SEXTO: El artículo 200.1 literal c) del Código Procesal Civil, establece en cuanto al contenido formal de la sentencia que: “En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. Requisito que en opinión de este Tribunal ha sido cumplido por el Tribunal de Apelaciones. SEPTIMO: Como parte de los requisitos internos de la sentencia es necesario que la motivación de la sentencia deba incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón (véase artículo 207 del Código Procesal Civil), dicho ejercicio intelectivo ha sido satisfecho por la Corte de Apelaciones en tanto que ha partido el Juzgador de los hechos acreditados para elegir con la congruencia necesaria los elementos jurídicos que apoyan la decisión adoptada, valiéndose de los razonamientos y elementos lógicos que determinan la congruencia del fallo. OCTAVO: Conforme lo dispone el artículo 728.1 del Código Procesal Civil, si no se estimare procedente la casación por ningún motivo, la sentencia declarará no haber lugar al recurso. NOVENO: En aplicación del artículo 221 del Código Procesal Civil, cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso extraordinario de Casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el código en cuanto al principio de vencimiento. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 716, 717, 718, 719, 720, del Código Procesal Civil; profiere la presente SENTENCIA IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) No haber lugar al recurso de casación interpuesto y formalizado por el abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ en la condición con que actúa. 2) Se condena en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes por medio de sus representantes legalmente constituidos en el juicio, tras lo cual se ordena devolver las actuaciones a la correspondiente Corte de Apelaciones del lugar de su procedencia, con la certificación del presente fallo. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve; Certificación de la sentencia de fecha seis de marzo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 48=2017.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de Agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78. Citado por Karla I Quintana Osuna y Silvia Serrano Guzmán en su obra La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reflexiones Generales. P. 67 y 68