Sentencia CC-94-16 — Registro 8147
Resumen
En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria de nulidad absoluta de un contrato de compraventa del instrumento publico que lo contiene y de su inscripción registral, así como sus notas marginales y demás ventas de cosa ajena que aparezcan en el tracto sucesivo, indemnización de daños y perjuicios: confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “De conformidad a lo expuesto encuentra esta Sala de Casación que el motivo en examen, adolece de los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, así: Cita como precepto autorizante el artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil en cuanto a la forma y contenido de la sentencia se refiere, no obstante, lo relaciona con un número indiscriminado de normas como infringidas como lo son los artículos “1499, 1522 y 1525 del Código Civil y 321 numeral 1 y 352 del Código de Procedimientos Civiles en relación a los artículos 913 y 273.1 del Código Procesal Civil”; lo cual resulta impropio porque en dichas normas se encuentran unas con carácter sustantivo y otras procesales, además de que todas y cada una de ellas se refieren a distintas situaciones jurídicas, las que debió desarrollar en motivos separados a efecto de no viciar la precisión y claridad del motivo señalado. Impugna el Recurrente en este motivo de casación el error de derecho en la apreciación de ciertos medios de prueba, cuando establecía como uno de los motivos de casación en el fondo, el error de derecho y el error de hecho en la apreciación de la prueba, puesto que sobre todo el primero, — el error de derecho — devenía forzosamente la infracción de leyes determinadoras del valor y oportunidad de la clase de prueba que se trate, es decir, referente a la infracción de normas sustantivas o de fondo, que el actual Código Procesal Civil permite también impugnar según el artículo 719.2, que sería la norma autorizante de este motivo y no el artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil que tiene relación con la forma y contenido de la sentencia que encontramos en los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. Finalmente, por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia, artículo 720 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “3.1 Respuesta de Sala Civil Estima esta Sala de Casación en cuanto al segundo motivo lo siguiente: Ampara el Recurrente su segundo motivo de casación en la causal prescrita en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil sobre la impugnación en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio y como normas infringidas los artículos 200.2 letra c y 208.1 del Código Procesal Civil, referentes al contenido formal de las sentencias, específicamente los fundamentos de derecho, y el artículo 208 como requisito interno de la sentencia y que a la congruencia se refiere, siendo estas normas de carácter procesal para las cuales ya la legislación procesal vigente taxativamente señala la causal apropiada para dicha infracción. Además de los defectos señalados, insta la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de las instancias. En base a lo que prescribe el artículo 723.2 letra a) del Código Procesal Civil, no procede la admisión a trámite del segundo motivo enunciado.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 letra a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
... "Esta Sala de lo Civil al examinar el tercer motivo de casación encuentra que el Impetrante erra al desarrollar el mismo, así: Mezcla de manera indiscriminada normas con carácter sustantivo y procesal, al señalar la infracción por falta de aplicación de los artículos 61.1 y 71 de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político relacionadas con los artículos 200.2 letra c y 206.1 del Código Procesal Civil que se refieren al contenido formal de las sentencia y a los requisitos internos de las mismas como ser la claridad, precisión y exhaustividad y como causal autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil que es referente a las normas empleadas para la solución del fondo del litigio. Al igual que en los anteriores motivos, insta la revisión de los hechos y la valoración probatoria en las instancias cuya restricción se encuentra consignada en el artículo 720. 1 del Código Procesal Civil. Es por lo antes señalado que procede inadmitir el tercer motivo de casación conforme el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, como Coordinadora y designada ponente de la presente resolución, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ llamado a integrar, por abstención justificada del Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor BENJAMIN MUNGUIA, representado en juicio por el abogado OMAR PEÑA ORELLANA, en su condición de recurrente; siendo recurridos LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA, representado en Juicio por el abogado JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO y la señora MARIA ENMA SARMIENTO representada en juicio por la Curador Ad-Litem, abogada SIRIA CELINA RODRIGUEZ DIAZ. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL INSTRUMENTO PUBLICO QUE LO CONTIENE Y DE SU INSCRIPCION REGISTRAL, ASI COMO SUS NOTAS MARGINALES Y DEMAS VENTAS DE COSA AJENA QUE APAREZCAN EN EL TRACTO SUCESIVO, INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS,” promovida en fecha treinta de abril del año dos mil ocho, ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, por el señor BENJAMIN MUNGUIA, mayor de edad, casado, comerciante, hondureño, con domicilio en La Ceiba, Departamento de Atlántida, representado en juicio por el abogado OMAR PEÑA ORELLANA, contra LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA, por medio del señor MILTON SIMON GONZALEZ, Doctor en Medicina y la señora MARIA ENMA SARMIENTO, ama de casa, ambos mayores de edad, casados, hondureños, con domicilio en La Ceiba, Departamento de Atlántida. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha tres de diciembre del año dos mil quince, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha quince de mayo del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del A-quo, misma que falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de una Escritura de Contrato de Compra-Venta, del Instrumento Publico que lo contiene y de su inscripción Registral; promovida por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA, por medio del señor MILTON SIMON GONZALEZ y MARIA ENMA SARMIENTO, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- SE ABSUELVE A LA PARTE DEMANDADA a la indemnización de daños y perjuicios, por la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L.2,500,000.00).- SIN COSTAS. RECURSO: Contra esta resolución cabe el Recurso de Apelación, el que deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación. Se resuelve hasta esta fecha en virtud del exceso de trabajo que impera en este tribunal. - NOTIFlQUESE.” SEGUNDO: El representante procesal del señor BENJAMIN MUNGUIA, abogado OMAR PEÑA ORELLANA, presentó en fecha cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha tres de diciembre del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba Departamento de Atlántida, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA, abogado MARLON JOEL MUNGUIA ROSALES, presentó en fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba Departamento de Atlántida, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, se resolvió mediante proveído de fecha diez de junio de dos mil diecisiete, tenía por personado el abogado JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO y por precluído el plazo concedido al abogado OMAR PEÑA ORELLNA. QUINTO: Que el abogado OMAR PEÑA ORELLANA, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO. Se impugna el fallo porque: … Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho… Artículo 207.1 del Código Procesal Civil. Acuso la sentencia de error de derecho en la apreciación de las pruebas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículos 719.1.c y 720.2 del Código Procesal Civil. DISPOSICIONES INFRINGIDAS… 1499, 1522 y 1525 del Código Civil y 321 numeral 1 y 352 del Código de Procedimientos Civiles en relación a los artículos 913 y 273.1 del Código Procesal Civil, que respectivamente prescriben: “Los documentos públicos hacen prueba, aún contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.”, “La prueba de inspección personal del Juez sólo será eficaz en cuanto claramente permita al Tribunal apreciar, por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el hecho que trate de averiguar.” Y “El valor de esta prueba y la forma en que haya de practicarse, son objeto de las disposiciones del Código de Procedimientos.”, “JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los juicios declarativos que se encontraren en primera instancia al entrar en vigencia éste Código, se continuarán tramitando hasta que recaiga sentencia o auto que le ponga fin a dicha instancia de conformidad a la legislación procesal civil anterior, y a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el presente Código.” “FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS. 1. Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste y de la identidad de los fedatarios y demás personas que en su caso, intervengan en el.2...3..4..”, CONCEPTO DE LA INFRACCION: El señor Benjamín Munguía promovió su demanda de nulidad absoluta de un contrato de compraventa, del instrumento público que lo contiene y de su inscripción registral, así como sus notas marginales y demás ventas que aparezcan en el tracto sucesivo, indemnización de daños y perjuicios y costas del juicio contra la Alcaldía Municipal de La Ceiba y la señora María Enma Sarmiento, afianzado el demandante en estos hechos: 1°) Adquirió el lote de terreno por compra que hizo a la empresa Inmobiliaria Palmira S. A. de C. V., mediante escritura pública autorizada el 27 de octubre de 1989 por el Notario José Luís Cobos, en el ejercicio de su profesión, e inscrita con NUMERO 100 TOMO CXCIX del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba y se rectificó dicha escritura en instrumento público número 9 autorizado en esta ciudad el 10 de agosto de 1992 por el Notario José Luís Cobos e inscrita con el NUMERO 40 TOMO CCLXXVIII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, subsanando la omisión del límite Oeste, con la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y la persuasión de haber recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, con un tracto sucesivo registral completo e identificado plenamente el lote de terreno: FRENTE AL PORTON DEL AEROPUERTO GOLOSON. 2°) La Alcaldía Municipal de La Ceiba no podía otorgar escritura pública de compraventa en dominio pleno SIN antes haberse agotado el trámite administrativo municipal de la solicitud de dominio pleno, identificación del terreno municipal objeto de la solicitud como ejido y cumplimentado de las demás exigencias previstas en la Ley; por una parte, y por otra, en 1988 las Municipalidades NO estaban autorizadas por la Ley para ceder en dominio pleno sus ejidos, por cuanto, fue hasta en la actual Ley de Municipalidades que contempla en su artículo 70 conceder ese derecho; y, así lo reconoce la demandada Alcaldía Municipal de La Ceiba contestando el hecho tercero del libelo y aunque no fuese así, son disposiciones de la ley que manda, prohíbe o permite, especialmente que, cito: TERCERO: Ningún derecho real sobre bienes inmuebles propios de la Alcaldía puede ser traspasado por la Corporación Municipal, sin antes haber seguido el trámite Legal respectivo y ser autorizado en sesión de la Corporación’ en pleno para autorizar la venta en Dominio Pleno de un terreno ejidal, SIN EMBARGO, se ha buscado afanosamente el acta y punto correspondiente en los tres años anteriores y los tres posteriores a la fecha del otorgamiento de la escritura pública donde la Alcaldía le traspasa a la señora María Enma Sarmiento derechos de propiedad sobre el inmueble descrito en el Hecho 1° de este escrito, y no se ha encontrado ninguna autorización de la Corporación Municipal para otorgar dicha escritura, como se acredita con la Constancia extendida por la misma Secretaria Municipal que se acompaña; y, la demandada Alcaldía Municipal, contestando la demanda, respecto al hecho 3°, en lo conducente dice:..3) Es cierto no puede otorgarse ninguna Escritura en donde se transfiere venda en Dominio Pleno de un terreno ejidal, sin que previamente sea aprobado por el Pleno de la Corporación; habría que determinar como el Sindico que era el Representante Legal de la Municipalidad. De acuerdo a la Ley Vigente en ese Momento, quien lo autorizo para otorgar la escritura antes aludida...(fin de la cita), quedando de esta manera manifestado, en dicha contestación, el allanamiento de la demandada a la disposición de la Ley, para encausar la nulidad de la escritura pública otorgada el 27 de enero de 1988, en esta ciudad, por el Notario Luis Felipe Tercero Flores e inscrita con el Numero 42 Tomo CLXII del Registro de La Propiedad y Mercantil de La Ceiba, por la sencilla razón de NO EXISTIR JURIDICAMENTE al faltarle la raíz de donde debió desprenderse: APROBACION de la Corporación Municipal en pleno; y, naturalmente el demandante esta eximido de probar ese hecho porque NADIE puede argüir ignorancia de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en enero de 1988; y, para acreditar que él es el legítimo dueño y que en el otorgamiento de la escritura de la demandada Municipalidad a la señora María Enma Sarmiento se violó la Ley, propuso los siguientes medios de prueba: 1) MEDIO DE PRUEBA NUMERO UNO: INSTRUMENTOS PUBLICOS en escrito fechado el 16 de marzo de 2012 visible a folio 88 y vuelto, detallando en forma pormenorizada los documentos públicos a que se contrae la misma, acreditando: a) El origen del derecho de propiedad del lote de terreno situado frente al portón del Aeropuerto Golozón objeto de la demanda, que se desprende del terreno adquirido por la empresa Inmobiliaria Palmira S. A. de C. V. por compra que hizo al señor Roberto Ochoa Amador, el día 08 de marzo de 1979 en escritura pública autorizada en La Ceiba, Atlántida, por el Notario Miguel Angel Castillo e inscrita con el Numero 78 Tomo 37 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba y entre sus notas marginales aparece …VENDIDO A FAVOR DE BENJAMIN MUNGUIA UNA FRACCION DEL REMANENTE DE LA INMOBILIARIA PALMIRA S.A. DE C.V. BAJO EL NUMERO 100 DEL TOMO CXCIX… y que, conforme a la copia, debidamente autenticada, de la escritura pública autorizada en esta ciudad, el 10 de agosto de 1992, por el Notario José Luis Cobos e inscrita con el NUMERO 40 DEL TOMO CCLXXVIII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, rectificando el límite OESTE, propuesta en dicho medio de prueba en el literal b) del mismo, quedando descrito, definitivamente, el lote de terreno, así: AL NORTE: 338.5 pies con terreno de Inmobiliaria Palmira; AL SUR: 334.5 pies con derecho de vía Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) y carretera Ceiba/Tela; AL ESTE: 144 pies con propiedad de Danilo Ponce, lote de terreno que es parte de una extensión mayor; y, AL OESTE: 144 pies con propiedad de Alberto Fiallos y, dicha inscripción, no tiene ninguna NOTA MARGINAL, o sea que, por VEINTISEIS AÑOS. el lote de terreno, en forma continua y pacifica ha sido y es propiedad del señor Benjamín Munguía (ver folio 88/90-94 1º pieza de autos); c) EL génesis de la nulidad absoluta demandada de la inexistente escritura pública autorizada por el Notario Luis Felipe Tercero Flores e inscrita con el NUMERO 42 DEL TOMO CLXII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, relacionado con la propiedad del lote de terreno situado frente al portón del Aeropuerto Golozón de esta ciudad, objeto de la demanda, que se desprende del hecho de haberse ignorado el procedimiento administrativo municipal prescrito en el artículo 61.1 de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en 1988 y que la Constancia expedida por la Secretaría Municipal demuestra categóricamente que NO se cumplió con dicha Ley previo al otorgamiento de la escritura pública de compraventa celebrado entre la Alcaldía Municipal de La Ceiba y la señora María Enma Sarmiento, consecuentemente, es innegable que NO podía otorgarse el instrumento público en referencia sin observarse las disposiciones legales que mandan el trámite previo municipal para vender los bienes ejidales, que concurre con la falta de autorización legal para vender en dominio pleno cuando esa figura NO existía legalmente en 1988 (ver folio 88/5 1a pieza). 2) MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOS: CONFESION JUDICIAL: propuesto en escrito fechado el 16 de marzo de 2012, no fue evacuado (ver folio 100 1ª pieza). 3) MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES: INSPECCION PERSONAL DEL JUEZ. Dentro de las pruebas aportadas en el presente juicio por la parte actora, se encuentra el medio de prueba Inspección Personal del Juez mediante el cual se pudo constatar en la Alcaldía Municipal de La Ceiba: CATASTRO MUNICIPAL: NO tiene el Departamento de Catastro Municipal de La Ceiba NINGUNA referencia de los bienes inmuebles ejidales existentes en la colonia EL Confite en los anos de 1985 a 1988 inscritos bajo asiento NUMERO 75 DEL TOMO 52 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba. Que desde el 1º de Septiembre de 1997 el demandante catastró un lote de terreno ubicado en Colonia Palmira con un área de 4,501.35 metros cuadrados, no constatando que está situado frente al Portón del Aeropuerto Golosón, no obstante estar catastrado, es decir, registrado municipalmente, con número y tomo como dice la Juez actuante, NO se consignaron las colindancias del lote de terreno; SI existió la Lotificación Palmira PERO no se tienen los planos de la misma. INSTITUTO DE LA PROPIEDAD: Se comprobó que es una reinscripción. Se verificó el tracto sucesivo registral del asiento NUMERO 100 DEL TOMO CXCIX correspondiente al bien inmueble objeto de la Litis hasta llegar a la inscripción primigenia NUMERO 7156 FOLIOS 61 AL 103 DEL TOMO 16. En el lote de terreno objeto de la litis se comprobó LO ELEMENTAL el lote de terreno objeto de la litis, está situado frente al portón del Aeropuerto Golozón de La Ceiba tal como lo identifican los documentos a) y b) del Medio de Prueba Número Uno: Instrumentos Públicos visible a folios 90) síntesis, la Juez de primera instancia constató, evacuando la prueba de inspección en las audiencias cuyas actas son visibles a folios 117 a 121 y vuelto de los autos de la primera pieza, la verdad indubitada de que el lote de terreno del demandante consta en documento público, autorizado por Notario y está inscrito en el Instituto de la Propiedad y, que está situado frente al portón del Aeropuerto Golozón, además de haber demostrado el tracto sucesivo registral del asiento NUMERO 100 DEL TOMO CXCIX correspondiente a la compraventa del lote de terreno celebrada entre el actor y la sociedad Inmobiliaria Palmira S. A. de C. V.; se comprobó con la inspección ocular al lote de terreno objeto de la litis su existencia real, aunque la Juez se asesora de una persona que encontró vagabundeando allí y no como manda el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles, legislación conforme a la cual se tramitó el juicio, UNA PERSONA PRACTICA EN EL TERRENO, en cuyo caso, incluso, si la juez estimaba conveniente oír las observaciones o declaraciones de estas personas, les recibirá previamente juramente de decir verdad. DEMOSTRACION DEL ERROR: El error de derecho se produce en virtud de un proceso de razonamiento y entrana forzosamente la infracción de leyes o de doctrinas legales determinadores del valor y la oportunidad de la clase de prueba de que se trate, cada prueba está regulada por preceptos legales distintos, de manera que para los efectos de admisión del recurso que tenga por fundamento el error de derecho en la apreciación de la prueba, es indispensable citar como infringida la regla legal concreta relativa al valor de la prueba de que se trate, explicando debidamente la infracción y el concepto de ella, requisitos que deben hacer resplandecer la claridad y precisión del motivo. Del análisis de los considerandos del fallo recurrido se colige que en su parte dispositiva se declaró NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OMAR PENA ORELLANA contra la sentencia definitiva dictada en fecha quince de mayo del ano dos mil trece por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en la cual declara sin lugar la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de una Escritura de Contrato de Compraventa, del Instrumento que la Contiene y de su Inscripción Registral promovida por Benjamín Munguía contra la Alcaldía Municipal de La Ceiba y María Enma Sarmiento, todo debido a un error de derecho en la apreciación dela prueba documental e inspección personal del Juez, error este en que incurrió la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, cuando al CONFIRMAR el fallo de primera instancia, que se funda principalmente en que “CONSIDERANDO (16): Que el Juzgador debe formar su convencimiento atendiendo al origen, alcance, valor y efecto jurídico de todos los medios de prueba allegados al juicio y se decidirá lo procedente en derecho atendiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de juicio, que al hacer un análisis de las pruebas aportadas al proceso con las mismas no se logró acreditar que el instrumento objeto de nulidad al no haber sido propuesto ni siquiera se puede ver si cumple con los requisitos para su validez o nulidad: y que de acuerdo al artículo 1586 del Código Civil que contiene la disposición cuando procede la Nulidad Absoluta de actos y contratos tales como: 1.) Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación.- 2) Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza del acto y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene.- y 3.) Cuando se celebran o ejecutan por personas relativamente incapaces.- En este orden de ideas y unido a lo preceptuado en los artículos 1552, 1562, 1586, todos del código civil, se deduce que los instrumentos públicos que pretende anular es improcedente en virtud de que el mismo no pudo ser examinado por no encontrarse dentro del proceso el referido instrumento como prueba aportada.- esto en relación con el artículo 1575 del Código Civil, el que establece que deberán constar en documento público los actos y contratos que tengan por objeto la creación , trasmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.” (énfasis añadido) Y, que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, en su séptimo fundamento de derecho, afirma: “CONSlDERANDO: Que en materia probatoria es principio universal que quien afirma un hecho está obligado a probarlo ya que es a través de la prueba el medio legal que sirve para demostrar la verdad de los hechos que se alegan ante la autoridad judicial y en su momento pueda esta darle el valor jurídico probatorio. En tal sentido quien solicita la tutela jurídica debe tener muy en cuenta que las pruebas que hará valer en juicio deben resultar eficaces para demostrar la existencia del derecho demandado y que a través de los medios de prueba las partes acreditan las afirmaciones de hecho alegadas que sean controvertidas, convencen al juez o tribunal de la verdad o certeza de un hecho, o lo verifican como ciertos a los efectos del proceso en la presente causa no ha quedado acreditado que se trate del mismo bien con las mismas características y ubicación geográfica por no haberse haber acreditado en el proceso el instrumento público que pretende se anule, aunado a lo anterior no se pudo constatar en la oficina de catastro la ubicación geográfica del inmueble del señor Benjamín Munguía lo cual este ad-quem considera debió ser imprescindible aun cuando el demandante considera que no es necesario a los efectos del proceso.- y que si bien es cierto el recurrente en su agravio impugna la motivación fáctica de la sentencia este ad-quem considera que la A-quo en la presente causa se ha limitado al examen crítico de la prueba ofertada al proceso, observándose además que la A-quo hace un recuento de los medios de prueba presentados y evacuados de la parte demandante dándoles el valor como lo considero pertinente a lo cual est3e ad quem considera que los mismos no sido suficiente para demostrar la verdad de los hechos que alega como también en el recurso impetrado; por tales consideraciones este ad-quem considera que la A-quo ha realizado una valoración conjunta de la prueba ha sido suficiente para llegar al convencimiento de la decisión tomada razón por la cual este de ad quem comparte el criterio de la A-quo que debe declararse sin lugar la pretensión del demandante.- Que en referencia a que el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable en el momento de dictar la sentencia prescribe que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate; no obstante que el recurrente no especifica de que carece la sentencia si es que la misma no es clara, no es precisa o no es congruente lo cierto que este Ad-quem considera que no existe vulneración a dicho artículo como lo pretende el recurrente, aunado a lo anterior este Ad-quem considera que es errado lo pretendido por el recurrente al considerar que la Juez esta errada al exigir al actor la proposición de una prueba de la que el código lo exime por el hecho de considerar qu4e existe un allanamiento parcial de la municipalidad en su condición de demandada, que esta corte considera que no existe violación de garantías como lo pretende el recurrente y el hecho de que no le haya dado la razón no significa que exista violación al derecho de defensa, debido proceso y legalidad como tampoco que haya menosprecio de la justicia por la A-quo: En referencia al agravio tercero este considera que no obstante el artículo 301 del código de Procedimientos Civiles prescribe “la prueba debe recaer sobre los hechos substanciales controvertidos en los escritos”, lo cierto es que para este Ad-quem no exime de probar al demandante en el bien inmueble de su propiedad es el mismo bien inmueble del que se pretende la nulidad con sus mismas características y ubicación geográfica pues el hecho que el demandado establezca en su contestación en el numeral “2” que lo consignado en este hecho por la parte demandante, en parte es cierto, como ser que, el señor Humberto Carranza Rivera actuando como síndico municipal otorga una escritura en donde le otorgo el dominio pleno de un lote de terreno a la señora María Enma Sarmiento; y en referencia a que en la contestación en el hecho “3” la demandada establece “Es cierto no puede otorgarse ninguna escritura en donde se transfiera venda en dominio pleno de un terreno ejidal, sin que previamente sea aprobado por el pleno la corporación” desprendiéndose de lo anterior que no existe en si un allanamiento sino un cuestionamiento al procedimiento utilizado para otorgarse dicho dominio pleno por lo que solamente se está reconociendo que existió un mal procedimiento en cuanto al otorgamiento pero en ningún momento está reconociendo que sea el mismo bien inmueble o que se encuentre dentro del inmueble del señor Benjamín Munguía por lo cual resulta errado el creer que se esté ante un allanamiento de la demanda y que por ello no tenga que acreditarse en autos el instrumento que se pretende anular ha efecto de ser examinado para establecer los extremos antes mencionados por lo cual resultan improcedentes los agravios del recurrente.” ( el resaltado es nuestro) (fin de la cita). Salta a la vista que ambos operadores de justicia primera y segunda instancia predican una cosa pero hacen otra, hay una pretensión con su respectiva prueba y disposición legal que la respalda, pero paso desapercibido para el juzgador: no se siguió el procedimiento administrativo municipal para obtener la aprobación de la Corporación Municipal en pleno, hecho reconocido por la parte demandada, pero el A-quo y el Ad-quem desestimando la razón, la justicia y el derecho del demandante, no tuvieron en cuenta la referida pretensión, la prueba de instrumentos públicos auténticos, porque no fueron impugnados por la contra parte, y de inspección del Juez, que demostraron plenamente la ubicación del terreno del demandante y de su derecho de propiedad acreditado hasta con el tracto sucesivo, y tampoco vieron ambos Operadores de Justicia, que el documento otorgado por la Municipalidad de La Ceiba a favor de la señora María Enma Sarmiento es nulo, porque NO existió, al haber omitido el requisito dispuesto por el artículo 61.1 de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político atinente a la enajenación de los bienes inmuebles municipales que, en este caso, no se observó el trámite administrativo municipal, previo al otorgamiento de la escritura pública autorizada en La Ceiba, Atlántida, el 27 de enero de 1988 por el Notario Luis Felipe Tercero Flores e inscrito con el Número 42 Tomo CLXII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, que por consiguiente, el instrumento público NO es nulo solamente por venta de cosa ajena sino y, más gravemente, porque se violentó la normativa reguladora de la venta de bienes municipales y, aunque el bien inmueble objeto de la litis, no integra los ejidos de la Municipalidad de La Ceiba, como se comprobó en el Departamento de Catastro Municipal, donde desconocían la existencia, en la Colonia El Confite, de tales bienes en 1988 y que en el Registro de la Propiedad no se identificó un inmueble determinado en dicha colonia, sino el universo desde los límites con el Municipio de Jutiapa hasta el Río Bonito y desde la montana de Pico Bonito hasta el mar, quedando demostrado fehacientemente que la demandada Alcaldía Municipal NI sabe de qué terrenos dispone en calidad de ejidos ni donde están situados, porque no están identificados catastralmente, pero el Tribunal de Apelación, violando lo que disponen los artículos señalados como infringidos en el acápite respectivo anterior, no expresa los razonamientos fácticos y jurídicos que lo llevaron a no apreciar ni valorar la prueba del documento público visible a folio 5) de la primera pieza de autos consistente en la Constancia extendida por el Secretario Municipal que según el artículo 271.3 del Código Procesal Civil es un documento público expedido por funcionario o empleado público legalmente facultado para dar fe en ejercicio de sus funciones, incurriendo en error de derecho en la valoración de la prueba documental e inspección personal del Juez, cuando al confirmar el fallo de primera instancia, reconociendo que los documentos públicos hacen prueba aún contra terceros del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, pero, violentando lo que preceptúan los artículos 913, 273.1 del Código Procesal Civil en relación al 1499, 1522 y 1525 del Código Civil que prescriben: “JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los juicios declarativos que se encontraren en primera instancia al entrar en vigencia éste Código, se continuarán tramitando hasta que recaiga sentencia o auto que le ponga fin a dicha instancia de conformidad a la legislación procesal civil anterior, y a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el presente Código.” “FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS. 1. Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en el.2...3. .4..”, “Los documen6tos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.”, “La prueba de inspección personal del Juez sólo será eficaz en cuanto claramente permita al Tribunal apreciar, por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el hecho que trate de averiguar.” Y “El valor de esta prueba y la forma en que haya de practicarse, son objeto de las disposiciones del Código de Procedimientos.” Tampoco tuvo en consideración el Tribunal recurrido lo preceptuado en los artículos 321 ordinal 1) y 352 del Código de Procedimientos Comunes, que respectivamente prevén: “Bajo la denominación de instrumentos o documentos públicos se comprenden: 1) Las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho…” y “ Cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario que el Juez examine por sí mismo algún sitio o la cosa litigiosa, se decretare el reconocimiento judicial a instancia de cualquiera de las partes. Para llevarlo a efecto, señalara el Juez, con tres días de anticipación, por lo menos, el día y hora en que haya de practicarse.”, por cuanto, aparece plenamente evidenciado, con la prueba documental e inspeccional y la disposición de la Ley respecto a la normativa aplicable para adquirir bienes inmuebles de las municipalidades en 1988, aportada oportunamente, la adquisición legal y la identificación e individualización completa del lote de terreno adquirido por mi mandante, acreditaron, sin lugar a ninguna duda, que el señor Humberto Carranza Rivera compareció DESAUTORIZADAMENTE el 27 de enero de 1988 ante Notario traspasándole a la señora María Enma Sarmiento un supuesto terreno ejidal de la Municipalidad de La Ceiba SIN LA APROBACION DE ESTA, pues no conoció de ninguna solicitud que describiera el terreno solicitado, que lo singularizara, para ceder en dominio pleno, un bien inmueble de sus ejidos y, ni la Alcaldía demandada o María Enma Sarmiento aportaron prueba en contrario que demostrará haber tramitado, administrativamente, en la Alcaldía Municipal, la solicitud de enajenación, en dominio pleno, de un lote de terreno ejidal y resuelto conceder, en sesión ordinaria o extraordinaria de la Corporación, el dominio pleno de algún bien inmueble propiedad de la Alcaldía y autorizando el otorgamiento de la escritura púbIica sin embargo, el Tribunal Sentenciador denegó la demanda ordinaria de nulidad basándose que entre la prueba aportada por el demandante NO incluyó copia de la escritura pública otorgada por la Alcaldía Municipal de La Ceiba a la señora María Enma Sarmiento, sin enterarse que ese documento es ilegal al haberse otorgado violentando el artículo 61.1 de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en 1988, prefiriendo asumir en el SEPTIMO FUNDAMENTO DE DERECHO del fallo recurrido, la ambigua y absurda explicación de que la demandada Alcaldía Municipal NO SE ALLANO A LA PRETENSION de que la Municipalidad no aprobó ceder, en dominio pleno, el bien inmueble, a sabiendas que no se trata de un allanamiento, sino sumisión a lo que prescribe la Ley respecto a enajenar bienes inmuebles propios de las municipalidades, porque según aquel, no encontró demostrado que la Ley exija requisitos para que las municipalidades vendan sus bienes ejidales, aunque la misma parte demandada lo reconoce y acepta en las contestación de la demanda, las sentenciadoras omitieron, deliberadamente, ignorar la pretensión y su amplia demostración en juicio por error de derecho en la apreciación de la prueba. También la falta de aquel documento ilícito, bastó para declarar improcedente, como único dueño del inmueble al señor Benjamín Munguía, la falta de apreciación probatoria de los instrumentos públicos de la prueba documental y de la inspección personal del Juez de la parte actora, que acreditan ser el lote de terreno identificado frente al portón del Aeropuerto Golozón el mismo descrito en la escritura pública de compraventa inscrita con el Número 40 Tomo 228 del Libro Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, que debió preferirse para declarar el derecho sobre la fracción de terreno objeto de esta Litis porque la otra escritura pública relativa a ese terreno NO EXISTE JURIDICAMENTE al tenor del Artículo 1586.2 del Código Civil: y, al no ser tomadas en cuenta esas pruebas y la Ley por la Juzgadora, se desvió de la notoria evidencia respecto a todo lo debatido incluyendo que la Alcaldía Municipal no aprobó la venta a María Enma Sarmiento y que la omisión de ese requisito produce la nulidad absoluta del contrato de compraventa, para pronunciarse extra petita sobre cuestiones que no fueron discutidas en juicio, diciendo “...no ha quedado acreditado que se trate del mismo bien con las mismas características y ubicación geográfica por no haberse acreditado en el proceso el instrumento público que pretende se anule, aunado a lo anterior no se pudo constatar en la oficina de catastro la ubicación geográfica del inmueble del señor Benjamín Munguía lo cual este ad-quem considera debió ser imprescindible aun cuando el demandante considera que no es necesario a los efectos del proceso...”, sobreponiendo el ilegal documento a la ley y dándole al desastroso Catastro Municipal de La Ceiba mayor credibilidad que al documento inscrito en el Instituto de la Propiedad, sección La Ceiba, y a la misma Inspección Personal del Juez, DONDE SI SE UBICO EL LOTE DE TERRENO PROPIEDAD DEL ACTOR, lo que es ir francamente contra la evidencia notoria en el juicio de que el Síndico de la Municipalidad de La Ceiba otorgó una escritura pública, vendiendo, en dominio pleno, una fracción de terreno sin haberse observado lo ordenado en la Ley: aprobar en el pleno de la Corporación la enajenación del bien inmueble CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL, y, QUE EN 1988 NO TENIAN FACULTADES LAS MUNICIPALIDADES PARA CEDER SUS INMUEBLES EN DOMINIO PLENO SINO UTIL, lo que ES UN ACTO, NO SOLAMENTE NULO. SINO ILEGAL y para acreditar ese acto ilegal se presentó la Constancia expedida por autoridad competente: EL SECRETARIO MUNICIPAL, que por tanto es un documento público que hace prueba hasta contra tercero y dice: QUE EN LOS LIBROS DE ACTAS PERTENCIENTES A LOS ANOS 1985 A 1988, QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA MUINICIPAL, NO SE ENCUENTRA NINGUN REGISTRO RELACIONADO A LA APROBACION DE DOMINIO PLENO A NOMBRE DE LA SENORA: MARIA ENMA SARMIENTO, SOBRE UN TERRENO UBICADO EN LA COLONIA EL CONFITE... (énfasis agregado), pero la Corte Sentenciadora declaró sin lugar la demanda debido al error de derecho en la apreciación y valoración de la prueba. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Se señala como Precepto Autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Se considera infringidas las disposiciones de los artículos 200.2.c 208.1 del Código Procesal Civil que prescriben…CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS.1…2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)… b)…c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso... ...Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito... CONCEPTO DE LA INFRACCION: Contra la sentencia pronunciada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba interpuse recurso de apelación por el hecho de haber declarado aquel sin lugar la demanda fundada en que ... “CONSIDERANDO (16): Que el Juzgador debe formar su convencimiento atendiendo al origen, alcance, valor y efecto jurídico de todos los medios de prueba allegados al juicio y se decidirá lo procedente en derecho atendiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de juicio, que al hacer un análisis de las pruebas aportadas al proceso con las mismas no se logró acreditar que el instrumento objeto de nulidad al no haber sido propuesto ni siquiera se puede ver si cumple con los requisitos para su validez o nulidad: y que de acuerdo al artículo 1586 del Código Civil que contiene la disposición cuando procede la Nulidad Absoluta de actos y contratos tales como: 1.) Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación. - 2.) Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza del acto y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. - y 3.) Cuando se celebran o ejecutan por personas relativamente incapaces.- En este orden de ideas y unido a lo preceptuado en los artículos 1552, 1562, 1586, todos del código civil, se deduce que los instrumentos públicos que pretende anular es improcedente en virtud de que el mismo no pudo ser examinado por no encontrarse dentro del proceso el referido instrumento como prueba aportada.- esto en relación con el artículo 1575 del Código Civil, el que establece que deberán constar en documento público los actos y contratos que tengan por objeto la creación , trasmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.” La demanda se planteó tanto por la venta de cosa ajena como por haberse omitido el trámite administrativo municipal previo al otorgamiento de la escritura pública de compraventa celebrada, en esta ciudad, el 27 de enero de 1988 entre el señor Humberto Carranza Rivera, a la sazón Sindico de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, y la señora María Enma Sarmiento ante el Notario Luis Felipe Tercero Flores e inscrita con el Número 42 Tomo CLXII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba como resulta de los hechos 1), 2) y 3) de la demanda visibles a folios 1 al 4 de la 1ª pieza de autos y, que la demandada Alcaldía Municipal de La Ceiba al contestar la demanda. acepta lo que la Ley establece en relación a que, cito: ...3) Es cierto no puede otorgarse ninguna Escritura en donde se transfiere venta en Dominio Pleno de un terreno ejidal, sin que previamente sea aprobado por el Pleno de la Corporación:... y que, además del allanamiento de la demandada Alcaldía Municipal a la disposición legal, también se demostró ampliamente en el proceso, así: MEDIO DE PRUEBA NUMERO UNO: INSTRUMENTOS PUBLICOS consistentes: a) y b) Copias, debidamente autenticadas, de las escrituras públicas autorizadas en esta ciudad el 27 de octubre de 1989 y 10 de agosto de 1992 respectivamente por el Notario José Luís Cobos e inscritas con el Número 40 Tomo CXCIC y Número 40 Tomo CCLXXVIII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba visibles a folios 88 al 94 de la 1ªPieza de Autos, acreditando el derecho indiscutible de propiedad del demandante de un lote de terreno de 4,501.35 situado frente al portón del Aeropuerto Golozón de esta ciudad; c) Constancia extendida el 7 de abril de 2006 por el Abogado Lucas Flores, en su condición de Secretario Municipal, certificando que en los Libros de Actas correspondientes a los anos 1985 a 1988 no se encuentra ningún registro relacionado a la aprobación de Dominio Pleno a favor de la señora María Enma Sarmiento agregada a folio 5 de la 1ª Pieza de Autos; MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOS: CONFESION EN JUICIO: que no se evacuo; y, MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES: INSPECCION PERSONAL DEL JUEZ: A) en las oficinas de la Secretaría y Catastro de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, se comprobó: 1) La Alcaldía demandada no tiene identificados los terrenos ejidales que le pertenecen y menos los que habrían en el sector de El Confite entre 1985 a 1988 inscritos en el asiento Número 75 Tomo 52 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba. 2) Desde septiembre de 1992 el demandante tenía catastrado su lote de terreno situado en Colonia Palmira, sin embargo, no confirman lo expresado en la escritura pública de compraventa de dicho lote: portón frente al Aeropuerto Golozón y tampoco sus colindancias. 3) Si existió la Lotificación Palmira pero no tienen planos (ver folio 117 1ª Pieza de Autos). B) En las oficinas del Instituto de la Propiedad: 1) El tracto sucesivo registral del asiento Número 100 Tomo CXCIC inscrito a favor del señor Benjamín Munguía. 2) Las colindancias del asiento Número 12,371 Tomo 28 que es la reinscripción de la inscripción Número 1068 folios 316 al 318 del Tomo IV (ver folios 119 a 120 1ª Pieza de Autos). C) El terreno propiedad del actor, efectivamente se ubica frente al portón del Aeropuerto Golozón. Estos son los hechos y las pruebas que los han demostrado, que según el artículo 273.1 del Código Procesal Civil “Los documentos públicos hacen prueba, aún contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento...” y el artículo 270.2 del citado Código Procesal Civil dispone “Son documentos públicos los autorizados por un funcionario judicial, por notario o por un funcionario público competente...”, en consecuencia, las escrituras públicas y la constancia expedida por el Secretario Municipal, HACEN PRUEBA AUN CONTRA TERCERO, DEL HECHO, ACTO O ESTADO DE COSAS QUE DOCUMENTEN Y QUE MOTIVÓ SU OTORGAMIENTO, no obstante, la juzgadora da por probado que ...se deduce que los instrumentos públicos que pretende anular es improcedente en virtud de que el mismo no pudo ser examinado por no encontrarse dentro del proceso el referido instrumento como prueba aportada... sin darse cuenta que ese instrumento a que se refiere ES NULO DE NACIMIENTO porque ante sus ojos tenía la Constancia y la contestación de la demanda con que se probó que ese documento: NO TENIA PARTIDA DE NACIMIENTO porque se omitió la observancia de lo prescrito en el artículo 61.1 de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en 1988, en consecuencia, el fallo es contra la Ley y, sin embargo, ni la Juez de primera instancia ni el Tribunal de ApeIación se dignan tomar esto como una pretensión del demandante, declarar probado que la demandada María Enma Sarmiento NO observó el procedimiento administrativo municipal previo al otorgamiento de la escritura pública y con eso se privó a la Municipalidad comprobar que el bien inmueble solicitado efectivamente es ejidal y, con la obligación de publicitar esas solicitudes, se privó al dueño de oponerse a la solicitud demostrando que ese terreno le pertenecía; pero, todo esto para la Corte Sentenciadora carece de valor en juicio y olvidándose de lo dispuesto en el Artículo 208.1 del Código Procesal Civil que le manda: “CONGRUENCIA. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente. (énfasis añadido) “ bajo el acápite “FUNDAMENTOS DE DERECHO” punto SEPTIMO, al respecto, dice:…. - Que en referencia a que el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable en el momento de dictar la sentencia prescribe que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate; no obstante que el recurrente no especifica de que carece la sentencia si es que la misma no es clara, no es precisa o no es congruente lo cierto que este Ad-quem considera que no hay vulneración a dicho artículo como lo pretende el recurrente... cuando en nuestra expresión de agravios expusimos que:... La Juez principalmente declara sin lugar la demanda fundada en que “....al hacer un análisis de las pruebas aportadas al proceso con las mismas no se logró acreditar que el instrumento objeto de nulidad al no haber sido propuesto ni siquiera se puede ver si cumple con los requisitos para su validez o nulidad; y que de acuerdo al artículo 1586 del Código Civil que contiene la disposición cuando procede la Nulidad Absoluta de actos y contratos tales como: 1) Cuando falta alguna de las condiciones... En ese orden de ideas y unido a lo preceptuado en los artículos 1552, 1562, 1586, todos del Código Civil, se deduce que los instrumentos públicos que pretende anular es improcedente en virtud que el mismo no pudo ser examinado por no encontrarse dentro del proceso el referido instrumento como prueba aportada...” Los Artículos 170, 171 y 172 del Código de Procedimientos Comunes, aplicable al caso, en lo conducente, prevén: “Después de la vista o de la citación para sentencia, y antes de pronunciar su fallo, podrán los jueces y Tribunales acordar autos, para mejor proveer: 1) que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes... Contra esta clase de providencias no se admitirá recurso alguno, salvo el de responsabilidad...”, “En la misma providencia se fijará el plazo dentro del cual haya de ejecutarse lo acordado para mejor proveer y si no fuere posible determinarlo, el Juez o Tribunal cuidará de qu3e se ejecute sin demora, expidiendo de oficio los apremios que sean necesarios.” Y “En estos casos quedará en suspenso el término para dictar sentencia, desde el día en que se acuerde la providencia para mejor proveer, hasta que sea ejecutada: y luego que lo sea, en el plazo que reste se pronunciará la sentencia que corresponda, sin nueva vista.”, pero ambos Operadores de Justicia >primera y segunda instancia< prefirieron manifestar que el demandante no aportó copia de la escritura objeto de la nulidad, a sabiendas que NO EXISTE NINGUNA COPIA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD como lo comprobó la Juez de primera instancia y se negó a insertarlo en el acta de inspección visible a folios 118 a 120 de la 1ª pieza de autos. No obstante lo anterior, en la expresión de agravios como en la presentación de conclusiones, sostuvimos que la Juez ignora lo dispuesto en el artículo 301 del Código de Procedimientos Civiles, que volvemos a recordar aquí, cito: “La prueba debe recaer sobre los hechos sustanciales controvertidos en los escritos anteriores al auto que se ordena…” (énfasis añadido) como puede la Juez exigir una prueba de la que el Código del Rito EXIME? porque consta de autos que tal escritura pública JURIDICAMENTE NO EXISTE y físicamente TAMPOCO, jurídicamente por cuanto no existe en los libros de actas de la Municipalidad de La Ceiba, de 1985 a 1988, punto de acta alguno donde se haya aprobado venderle a la demandada María Enma Sarmiento lote de terreno ejidal alguno en el área de La Ceiba, requisito legal sin cuya observancia no puede otorgarse ninguna escritura de compraventa que verse sobre bienes ejidales: y, físicamente pues no hay en el Registro de la Propiedad ninguna copia a manera de registro, pero elementalmente la parte demandada reconoce que legalmente no podía otorgarse la escritura pública de compraventa a la demandada María Enma Sarmiento sin haber conocido y aprobado, el pleno de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, la solicitud de venta en dominio pleno de algún terreno ejidal, decía Piero Calamandrei que EL DEBIDO PROCESO ES UN PRINCIPIO JURÍDICO PROCESAL O SUSTANTIVO SEGÚN EL CUAL TODA PERSONA TIENE DERECHO A CIERTAS GARANTIAS MINIMAS, TENDIENTES A ASEGURAR UN RESULTADO JUSTO Y EQUITATIVO DENTRO DEL PROCESO, Y A PERMITIRLE TENER OPORTUNIDAD DE SER OIDO Y HACER VALER SUS PRETENSIONES FRENTE AL JUEZ (fin de la cita), por tanto, la administración de justicia se realiza mediante la aplicación del derecho invocado por las partes, para que al poner fin a la contienda, NO SALTE A LA VISTA LA PARCIALIDAD DEL JUEZ, sino que, a través de la identidad o conformidad entre lo resuelto y controvertido por los litigantes y en relación con las facultades atribuidas por la ley a los jueces y tribunales. Trajimos a colación lo que la regla general espera, que los jueces y tribunales deben juzgar de acuerdo a lo que resulte probado en juicio; y, si los hechos controvertidos no resultaren probados sin culpa de los litigantes, procede dictar cualquiera de las medidas que la ley señala para completar la verdad de los hechos alegados y no probados satisfactoriamente, que aunque no es el caso, es la solución, debemos llegar a la conclusión: El debate en el Tribunal Sentenciador se sostuvo en derredor de que la Demanda Ordinaria de Nulidad está afianzada en los dos hechos elementales consignados en los hechos 1, 2 y 3 de la demanda, lo que no quiere decir que necesariamente deben concurrir los tres presupuestos para dar por resultado la nulidad absoluta demandada, simplemente, si es una disposición de la Ley el trámite administrativo municipal y en este caso no se verificó, pues eso basta y sobra para entender que no existiendo la aprobación por el pleno municipal de la venta del bien ejidal, la nulidad no procede por ese motivo más no por haberse probado la existencia de dicho documento que definitivamente NO existió nunca. En ese orden de ideas, se infiere, que al pronunciarse sobre el derecho de propiedad o dominio del señor Benjamín Munguía, la supeditó a una pretensión no deducida en el debate del Recurso de Apelación como es que la demandada María Enma Sarmiento es dueña del terreno objeto de la Litis, por lo que ha infringido lo dispuesto en el artículo 208.1 del Código Procesal Civil, por falta de congruencia, entre la sentencia recurrida y las pretensiones deducidas por las partes litigantes en dicho Recurso. El Doctor Antonio Bermúdez M., en su obra EL RECURSO DE CASACION EN MATERIA CIVIL expresa que: “Es de advertir, en estos casos estudiados, como el que nos ocupa, que aunque ellos dan motivo de casación por infracción de ley, sería imposible citar ley sustantiva infringida, ya que se refieren a cuestiones de hecho que se comprueban con la simple comparación de la parte petitoria de la demanda y contestación con la parte dispositiva del fallo: y, solo se encontraría aplicable para fundamentar el recurso, un precepto de la ley adjetiva (artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles) que ordena que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito...”; J. RAMIRO PODETTI, procesalista argentino en su Tratado de los Recurso explica que “..en la alzada no puede haber pronunciamiento fuera de las cuestiones planteadas...”; ALEJANDRO ESPINOZA SOLIS DE OVANDO, procesalista chileno dice que “En líneas generales nos limitaremos a decir ahora que la competencia del Tribunal de alzada queda determinada por los escritos de expresión de agravios y su contestación, cuando ellos fueren procedentes”. Queda demostrado que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la sentencia recurrida, al conocer y declarar sin lugar la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de Contrato de Compraventa, del Instrumento Contentivo y de su inscripción en el Registro de la Propiedad reconociendo expresamente la existencia de la escritura pública que supone otorgada por la Alcaldía Municipal de La Ceiba a favor de María Enma Sarmiento, solamente porque consideró improbado en los autos, que tal escritura sea nula al tenor del artículo 1586 del Código Civil por no estar incorporado, materialmente, ese documento al proceso, cuando lo debatido, demostrado en juicio y aceptado por la demandada Alcaldía Municipal de La Ceiba, es que esa escritura, jurídicamente, NO EXISTE, debido a la inobservancia de lo prescito en el artículo 61.1 de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en 1988, por tanto, se ha infringido, por incongruencia, el artículo 208.1 del Código Procesal Civil porque dicho Tribunal de alzada se pronunció sobre extremos que no fueron objeto de debate en la segunda instancia. La sentencia recurrida es incongruente porque no coincide o concuerda con las pretensiones aducidas por las partes en el juicio es decir, con la demanda y la contestación porque se alteran los conceptos de los puntos debatidos al tomarlos en un aspecto jurídico que no fue el planteado por las partes. La parte actora sustenta su demanda de nulidad absoluta de un contrato de compraventa, el instrumento público que lo contiene, su inscripción registral y demás notas marginales, creyendo que dicho contrato, escritura, inscripción y notas marginales provienen de un acto ilegitimo como es que la Corporación Municipal de La Ceiba NO aprobó la venta legítimo derecho, existiendo la prueba suficiente para demostrar que el otorgamiento de la escritura, tantas veces referido, fue sin la aprobación de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, que declara expresamente la demandada Corporación Municipal contestando el hecho 3° de la demanda, por tanto, NO HAY CONTRADICCION ENTRE LAS PARTES LITIGANTES, en consecuencia debió ser un hecho probado tanto en la sentencia emitida el 15 de mayo de 2015 como la que se recurre, porque la prueba es un documento que durante la sustanciación del presente juicio no ha sido cuestionado ni puesto en duda su veracidad y autenticidad en este proceso y ese antecedente, debió ser el más cercano para el otorgamiento de la escritura autorizada el 27 de enero de 1988 por el Notario Luís Felipe Tercero Flores. TERCER MOTIVO. Infracción, por falta de aplicación de los artículos 61 preámbulo y ordinal 1 y 71 primer párrafo de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en 1988 en relación con el 200.2.c y 206.1, del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La infracción la explico de la siguiente manera: Disponen las normas señaladas como infringidas: “Art. 61.- Corresponde a las Municipalidades finalmente: I.- Prescribir reglas para la administración de los bienes municipales. La enajenación de los bienes inmuebles solo podrá hacerse en licitación pública, por causas de necesidad o de utilidad, previo consentimiento del Concejo Departamental: II…III…IV…V…VI..VII..VIII..IX..X...”; “Art.. 71.- “El libro de actas es un instrumento público y auténtico y ningún acuerdo que no conste explícita y terminantemente en el acta tendrá valor legal…”; 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SETENCIAS. 1.-... 2. C.- En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.”; y, 206.1.- CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas.” DEMOSTRACION DE LA INFRACCION. El Tribunal de Alzada se pronunció sobre extremos que no fueron objeto de debate en la segunda instancia, la sentencia recurrida no coincide o concuerda con las pretensiones aducidas por las partes en el juicio, es decir, con la demanda y la contestación porque se alteran los conceptos de los puntos debatidos al tomarlos en un aspecto jurídico que no fue planteado por las partes, es decir, con la demanda y la contestación porque se alteran los conceptos de los puntos debatidos al tomarlos en un aspecto jurídico que no fue el planteado por las partes. La parte actora sustenta su demanda de nulidad absoluta de un contrato de compraventa, el instrumento público que lo contiene, su inscripción registral y demás notas marginales, creyendo que dicho contrato, escritura, inscripción y notas marginales provienen de un acto ilegitimo como es que la Corporación Municipal de La Ceiba NO aprobó la venta en dominio pleno a favor de María Enma Sarmiento y que, en el ejercicio de su legítimo derecho, existiendo la prueba suficiente para demostrar que el otorgamiento de la escritura, antes referida, fue sin la aprobación de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, lo que acepta expresamente la demandada Corporación Municipal contestando el hecho 3º de la demanda, por tanto, NO HAY CONTRADICCION ENTRE LAS PARTES LITIGANTES respecto a este hecho, porque es la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en 1988 la que prescribe ese proceso administrativo municipal, norma de observancia general, en consecuencia debió integrar el contenido del principio de la motivación de la resolución judicial recurrida, por cuanto, es obligación del juzgador expresar la razón o motivo de su decisión y en este caso, al fijar el motivo por el cual desestima la pretensión del demandante, se debe a no haber aplicado en su fallo el artículo 61 preámbulo y numeral 1) de la Ley de Municipalidades, ya que, según el artículo 71 primer párrafo de dicha Ley, el libro de actas es un instrumento público y auténtico y NINGUN ACUERDO que no conste explícita y terminantemente en el acta tendrá valor y resulta que se le acreditó, suficientemente, pues se usó un documento público, que NO constaba en los Libros de Actas de 1985 a 1988 ningún acuerdo respecto a venderle un bien inmueble municipal a la señora María Enma Sarmiento, por tanto, el Ad-quem no podía evadir la aplicación de ambas disposiciones invocadas como infringidas de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político cuando se lo manda categóricamente el artículo 200.2.c del Código Procesal Civil: y ese antecedente, el proceso administrativo municipal, debió ser el más cercano para el otorgamiento de la escritura autorizada el 27 de enero de 1988 por el Notario Luís Felipe Tercero Flores. El artículo 206.1 del Código Procesal Civil le exige al juzgador, como requisito interno de la sentencia, que esta sea precisa para que se entienda plenamente la decisión judicial, pero la Corte Sentenciadora, en lugar de emitir un pronunciamiento entendible, en su lugar nos da, bajo el acápite “FUNDAMENTOS DE DERECHO” punto SEPTIMO, al respecto, dice:…- Que en referencia a que el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable en el momento de dictar la sentencia prescribe que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate; no obstante que el recurrente no especifica de que carece la sentencia si es que la misma no es clara, no es precisa o no es congruente lo cierto que este Ad-quem considera que no hay vulneración a dicho artículo como lo pretende el recurrente... cuando en nuestra expresión de agravios expusimos que:... La Juez principalmente declara sin lugar la demanda fundada en que “....al hacer un análisis de las pruebas aportadas al proceso con las mismas no se logró acreditar que el instrumento objeto de nulidad al no haber sido propuesto ni siquiera se puede ver si cumple con los requisitos para su validez o nulidad; y que de acuerdo al artículo 1586 del Código Civil que contiene la disposición cuando procede la Nulidad Absoluta de actos y contratos tales como: 1) Cuando falta alguna de las condiciones..En ese orden de ideas y unido a lo preceptuado en los artículos 1552, 1562, 1586, todos del Código Civil, se deduce que los instrumentos públicos que pretende anular es improcedente en virtud que el mismo no pudo ser examinado por no encontrarse dentro del proceso el referido instrumento como prueba aportada...” entonces, en estos fallos, no es necesario fundamentarlos en la Ley, pues es obligación del Juez dar respuesta a todas las pretensiones de las partes, no obstante, el Tribunal de Alzada, dejó fuera de la sentencia la pretensión del actor de declarar la nulidad de la escritura porque se acredito en juicio con documento indubitado, extendido por autoridad competente, que previo al otorgamiento de la escritura pública de compraventa autorizada en esta ciudad el 27 de enero de 1988 por el Notario Luís Felipe Tercero e inscrita con el Número 42 Tomo CLXII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, NO SE AGOTO EL PROCESO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. En armonía con lo anteriormente expuesto, la sentencia recurrida infringe las disposiciones de los artículos 200.c y 206.1 del Código Procesal Civil al haber desechado, en los fundamentos de derecho de esa resolución, a un hecho plenamente acreditado, lo dispuesto en los artículos 61.1 y 70 primer párrafo de la Ley de Municipalidades y del Régimen vigente en 1988 y por eso desestimó la demanda, pero se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho utilizadas para la solución del fondo del litigio, alegando, conforme lo previsto en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho utilizadas para la solución del fondo del litigio; y, haciendo evidente que la sentenciadora se olvidó que la sentencia debe abarcar las pretensiones de ambas partes; también el hecho incuestionable, que la Corporación Municipal de La Ceiba, Atlántida, JAMAS tramitó la enajenación de ningún bien inmueble municipal entre los años 1985 a 1988 a favor de la señora María Enma Sarmiento y naturalmente, esa omisión violenta normas adjetivas y sustantivas que deben repararse.” SEXTO: Que el abogado MARLON JOEL MUNGUIA ROSALES, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “PRONUNCIAMIENTO 1) Se rechazan todos y cada uno de los argumentos y motivos de casación pues el recurrente únicamente hace una relación confusa de las actuaciones judiciales, que no tienen fundamento legal, como podrán observar los Honorable Magistrados de la Sala de lo Civil, el proceso fue evacuado totalmente apegado a nuestras normas procesales vigentes, siendo garantizados el debido proceso y la igualdad procesal de las partes, no logra observarse ninguna violación procesal que sea objeto de casación, la parte demandante no pudo probar lo extremos de los hechos que alego de su pretensión por lo cual, la sentencia no le fue favorable y como expone la Corte de Apelaciones en el respectivo fallo en su motivación séptima que en cuanto a la materia probatoria cuya carga recae sobre quien afirma un hecho debe ofertar el medio de prueba idóneo para probarlo, situación que no ocurrió, pues debió esclarecerse la ubicación geográfica del inmueble objeto de litigio, pero no consta dicha diligencia en los autos, por lo cual correctamente la Juez A-Quo y el A-Quen fallaron en contra de las pretensiones del señor Benjamín Munguía, en lo demás alegado por el recurrente únicamente se observa una redacción confusa tal como lo fue en el libelo de la demanda. 2) En conclusión estamos muy de acuerdo en con las Sentencias dictadas por las Instancias Judiciales conocedoras han sido conforme a derecho, valorando la prueba de forma objetiva, no existe ninguno de los causales señalados en el artículo 719 del código Procesal Civil vigente que haya sido objeto de inobservancia, a Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, como puede observarse corroboro cualquier en todas y cada una de sus partes la Sentencia de primera instancia, dejando intacto el fondo de la misma al igual que la forma. 3) Por otro lado Honorable Sala de lo Civil de la corte de Apelaciones, el Recurso extraordinario de Casación interpuesto por el demandante, debe ser declarado inadmisible por falta de relación de las normas de derechos citadas como infringidas con las cuestiones debatidas, de acuerdo al artículo 723 del Código Procesal Civil, así como la reiterada pretensión del casacionista de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas, de igual forma el recurso carece de fundamento. Por todo lo anterior rechazamos todos y cada uno de los agravios expresados por el Abogado Omar Peña Orellana en este Recurso Extraordinario de Casación.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, con ocho de marzo del dos mil dieciséis, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación presentado por el abogado OMAR PEÑA ORELLANA, representante procesal del señor BENJAMIN MUNGUIA, contra la sentencia dictada por la misma Corte de Apelaciones el día tres de diciembre del dos mil quince, en la demanda ordinaria de nulidad absoluta de un contrato de compraventa del instrumento público que lo contiene y de su inscripción registral, así como sus notas marginales y demás ventas de cosa ajena que aparezcan en el tracto sucesivo, indemnización de daños y perjuicios promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba Departamento de Atlántida, por el señor BENJAMIN MUNGUIA, representado en juicio por el abogado OMAR PEÑA ORELLANA, contra LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA, por medio del señor MILTON SIMON GONZALEZ, y la señora MARIA ENMA SARMIENTO; recurso de casación éste que se formalizó en tres motivos de casación. 2. DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION. Se impugna el fallo porque: … Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho… Artículo 207.1 del Código Procesal Civil. Acuso la sentencia de error de derecho en la apreciación de las pruebas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículos 719.1.c y 720.2 del Código Procesal Civil. DISPOSICIONES INFRINGIDAS… 1499, 1522 y 1525 del Código Civil y 321 numeral 1 y 352 del Código de Procedimientos Civiles en relación a los artículos 913 y 273.1 del Código Procesal Civil, que respectivamente prescriben: “Los documentos públicos hacen prueba, aún contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.”, “La prueba de inspección personal del Juez sólo será eficaz en cuanto claramente permita al Tribunal apreciar, por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el hecho que trate de averiguar.” Y “El valor de esta prueba y la forma en que haya de practicarse, son objeto de las disposiciones del Código de Procedimientos.”, “JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los juicios declarativos que se encontraren en primera instancia al entrar en vigencia éste Código, se continuarán tramitando hasta que recaiga sentencia o auto que le ponga fin a dicha instancia de conformidad a la legislación procesal civil anterior, y a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el presente Código.” “FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS. 1. Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste y de la identidad de los fedatarios y demás personas que en su caso, intervengan en el .2...3..4..”, CONCEPTO DE LA INFRACCION: El señor Benjamín Munguía promovió su demanda de nulidad absoluta de un contrato de compraventa, del instrumento público que lo contiene y de su inscripción registral, así como sus notas marginales y demás ventas que aparezcan en el tracto sucesivo, indemnización de daños y perjuicios y costas del juicio contra la Alcaldía Municipal de La Ceiba y la señora María Enma Sarmiento, afianzado el demandante en estos hechos: 1°) Adquirió el lote de terreno por compra que hizo a la empresa Inmobiliaria Palmira S. A. de C. V., mediante escritura pública autorizada el 27 de octubre de 1989 por el Notario José Luís Cobos, en el ejercicio de su profesión, e inscrita con NUMERO 100 TOMO CXCIX del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba y se rectificó dicha escritura en instrumento público número 9 autorizado en esta ciudad el 10 de agosto de 1992 por el Notario José Luís Cobos e inscrita con el NUMERO 40 TOMO CCLXXVIII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, subsanando la omisión del límite Oeste, con la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y la persuasión de haber recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, con un tracto sucesivo registral completo e identificado plenamente el lote de terreno: FRENTE AL PORTON DEL AEROPUERTO GOLOSON. 2°) La Alcaldía Municipal de La Ceiba no podía otorgar escritura pública de compraventa en dominio pleno SIN antes haberse agotado el trámite administrativo municipal de la solicitud de dominio pleno, identificación del terreno municipal objeto de la solicitud como ejido y cumplimentado de las demás exigencias previstas en la Ley; por una parte, y por otra, en 1988 las Municipalidades NO estaban autorizadas por la Ley para ceder en dominio pleno sus ejidos, por cuanto, fue hasta en la actual Ley de Municipalidades que contempla en su artículo 70 conceder ese derecho; y, así lo reconoce la demandada Alcaldía Municipal de La Ceiba contestando el hecho tercero del libelo y aunque no fuese así, son disposiciones de la ley que manda, prohíbe o permite, especialmente que, cito: TERCERO: Ningún derecho real sobre bienes inmuebles propios de la Alcaldía puede ser traspasado por la Corporación Municipal, sin antes haber seguido el trámite Legal respectivo y ser autorizado en sesión de la Corporación’ en pleno para autorizar la venta en Dominio Pleno de un terreno ejidal, SIN EMBARGO, se ha buscado afanosamente el acta y punto correspondiente en los tres años anteriores y los tres posteriores a la fecha del otorgamiento de la escritura pública donde la Alcaldía le traspasa a la señora María Enma Sarmiento derechos de propiedad sobre el inmueble descrito en el Hecho 1° de este escrito, y no se ha encontrado ninguna autorización de la Corporación Municipal para otorgar dicha escritura, como se acredita con la Constancia extendida por la misma Secretaria Municipal que se acompaña; y, la demandada Alcaldía Municipal, contestando la demanda, respecto al hecho 3°, en lo conducente dice:..3) Es cierto no puede otorgarse ninguna Escritura en donde se transfiere venda en Dominio Pleno de un terreno ejidal, sin que previamente sea aprobado por el Pleno de la Corporación; habría que determinar como el Síndico que era el Representante Legal de la Municipalidad. De acuerdo a la Ley Vigente en ese Momento, quien lo autorizo para otorgar la escritura antes aludida...(fin de la cita), quedando de esta manera manifestado, en dicha contestación, el allanamiento de la demandada a la disposición de la Ley, para encausar la nulidad de la escritura pública otorgada el 27 de enero de 1988, en esta ciudad, por el Notario Luis Felipe Tercero Flores e inscrita con el Numero 42 Tomo CLXII del Registro de La Propiedad y Mercantil de La Ceiba, por la sencilla razón de NO EXISTIR JURIDICAMENTE al faltarle la raíz de donde debió desprenderse: APROBACION de la Corporación Municipal en pleno; y, naturalmente el demandante esta eximido de probar ese hecho porque NADIE puede argüir ignorancia de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en enero de 1988; y, para acreditar que él es el legítimo dueño y que en el otorgamiento de la escritura de la demandada Municipalidad a la señora María Enma Sarmiento se violó la Ley, propuso los siguientes medios de prueba: 1) MEDIO DE PRUEBA NUMERO UNO: INSTRUMENTOS PUBLICOS en escrito fechado el 16 de marzo de 2012 visible a folio 88 y vuelto, detallando en forma pormenorizada los documentos públicos a que se contrae la misma, acreditando: a) El origen del derecho de propiedad del lote de terreno situado frente al portón del Aeropuerto Golozón objeto de la demanda, que se desprende del terreno adquirido por la empresa Inmobiliaria Palmira S. A. de C. V. por compra que hizo al señor Roberto Ochoa Amador, el día 08 de marzo de 1979 en escritura pública autorizada en La Ceiba, Atlántida, por el Notario Miguel Angel Castillo e inscrita con el Numero 78 Tomo 37 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba y entre sus notas marginales aparece …VENDIDO A FAVOR DE BENJAMIN MUNGUIA UNA FRACCION DEL REMANENTE DE LA INMOBILIARIA PALMIRA S.A. DE C.V. BAJO EL NUMERO 100 DEL TOMO CXCIX… y que, conforme a la copia, debidamente autenticada, de la escritura pública autorizada en esta ciudad, el 10 de agosto de 1992, por el Notario José Luis Cobos e inscrita con el NUMERO 40 DEL TOMO CCLXXVIII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, rectificando el límite OESTE, propuesta en dicho medio de prueba en el literal b) del mismo, quedando descrito, definitivamente, el lote de terreno, así: AL NORTE: 338.5 pies con terreno de Inmobiliaria Palmira; AL SUR: 334.5 pies con derecho de vía Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) y carretera Ceiba/Tela; AL ESTE: 144 pies con propiedad de Danilo Ponce, lote de terreno que es parte de una extensión mayor; y, AL OESTE: 144 pies con propiedad de Alberto Fiallos y, dicha inscripción, no tiene ninguna NOTA MARGINAL, o sea que, por VEINTISEIS AÑOS. el lote de terreno, en forma continua y pacifica ha sido y es propiedad del señor Benjamín Munguía (ver folio 88/90-94 1º pieza de autos); c) EL génesis de la nulidad absoluta demandada de la inexistente escritura pública autorizada por el Notario Luis Felipe Tercero Flores e inscrita con el NUMERO 42 DEL TOMO CLXII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, relacionado con la propiedad del lote de terreno situado frente al portón del Aeropuerto Golozón de esta ciudad, objeto de la demanda, que se desprende del hecho de haberse ignorado el procedimiento administrativo municipal prescrito en el artículo 61.1 de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en 1988 y que la Constancia expedida por la Secretaría Municipal demuestra categóricamente que NO se cumplió con dicha Ley previo al otorgamiento de la escritura pública de compraventa celebrado entre la Alcaldía Municipal de La Ceiba y la señora María Enma Sarmiento, consecuentemente, es innegable que NO podía otorgarse el instrumento público en referencia sin observarse las disposiciones legales que mandan el trámite previo municipal para vender los bienes ejidales, que concurre con la falta de autorización legal para vender en dominio pleno cuando esa figura NO existía legalmente en 1988 (ver folio 88/5 1a pieza). 2) MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOS: CONFESION JUDICIAL: propuesto en escrito fechado el 16 de marzo de 2012, no fue evacuado (ver folio 100 1ª pieza). 3) MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES: INSPECCION PERSONAL DEL JUEZ. Dentro de las pruebas aportadas en el presente juicio por la parte actora, se encuentra el medio de prueba Inspección Personal del Juez mediante el cual se pudo constatar en la Alcaldía Municipal de La Ceiba: CATASTRO MUNICIPAL: NO tiene el Departamento de Catastro Municipal de La Ceiba NINGUNA referencia de los bienes inmuebles ejidales existentes en la colonia EL Confite en los anos de 1985 a 1988 inscritos bajo asiento NUMERO 75 DEL TOMO 52 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba. Que desde el 1º de septiembre de 1997 el demandante catastró un lote de terreno ubicado en Colonia Palmira con un área de 4,501.35 metros cuadrados, no constatando que está situado frente al Portón del Aeropuerto Golosón, no obstante estar catastrado, es decir, registrado municipalmente, con número y tomo como dice la Juez actuante, NO se consignaron las colindancias del lote de terreno; SI existió la Lotificación Palmira PERO no se tienen los planos de la misma. INSTITUTO DE LA PROPIEDAD: Se comprobó que es una reinscripción. Se verificó el tracto sucesivo registral del asiento NUMERO 100 DEL TOMO CXCIX correspondiente al bien inmueble objeto de la Litis hasta llegar a la inscripción primigenia NUMERO 7156 FOLIOS 61 AL 103 DEL TOMO 16. En el lote de terreno objeto de la litis se comprobó LO ELEMENTAL el lote de terreno objeto de la litis, está situado frente al portón del Aeropuerto Golozón de La Ceiba tal como lo identifican los documentos a) y b) del Medio de Prueba Número Uno: Instrumentos Públicos visible a folios 90) síntesis, la Juez de primera instancia constató, evacuando la prueba de inspección en las audiencias cuyas actas son visibles a folios 117 a 121 y vuelto de los autos de la primera pieza, la verdad indubitada de que el lote de terreno del demandante consta en documento público, autorizado por Notario y está inscrito en el Instituto de la Propiedad y, que está situado frente al portón del Aeropuerto Golozón, además de haber demostrado el tracto sucesivo registral del asiento NUMERO 100 DEL TOMO CXCIX correspondiente a la compraventa del lote de terreno celebrada entre el actor y la sociedad Inmobiliaria Palmira S. A. de C. V.; se comprobó con la inspección ocular al lote de terreno objeto de la litis su existencia real, aunque la Juez se asesora de una persona que encontró vagabundeando allí y no como manda el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles, legislación conforme a la cual se tramitó el juicio, UNA PERSONA PRACTICA EN EL TERRENO, en cuyo caso, incluso, si la juez estimaba conveniente oír las observaciones o declaraciones de estas personas, les recibirá previamente juramente de decir verdad. DEMOSTRACION DEL ERROR: El error de derecho se produce en virtud de un proceso de razonamiento y entrana forzosamente la infracción de leyes o de doctrinas legales determinadores del valor y la oportunidad de la clase de prueba de que se trate, cada prueba está regulada por preceptos legales distintos, de manera que para los efectos de admisión del recurso que tenga por fundamento el error de derecho en la apreciación de la prueba, es indispensable citar como infringida la regla legal concreta relativa al valor de la prueba de que se trate, explicando debidamente la infracción y el concepto de ella, requisitos que deben hacer resplandecer la claridad y precisión del motivo. Del análisis de los considerandos del fallo recurrido se colige que en su parte dispositiva se declaró NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OMAR PENA ORELLANA contra la sentencia definitiva dictada en fecha quince de mayo del año dos mil trece por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en la cual declara sin lugar la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de una Escritura de Contrato de Compraventa, del Instrumento que la Contiene y de su Inscripción Registral promovida por Benjamín Munguía contra la Alcaldía Municipal de La Ceiba y María Enma Sarmiento, todo debido a un error de derecho en la apreciación dela prueba documental e inspección personal del Juez, error este en que incurrió la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, cuando al CONFIRMAR el fallo de primera instancia, que se funda principalmente en que “CONSIDERANDO (16): Que el Juzgador debe formar su convencimiento atendiendo al origen, alcance, valor y efecto jurídico de todos los medios de prueba allegados al juicio y se decidirá lo procedente en derecho atendiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de juicio, que al hacer un análisis de las pruebas aportadas al proceso con las mismas no se logró acreditar que el instrumento objeto de nulidad al no haber sido propuesto ni siquiera se puede ver si cumple con los requisitos para su validez o nulidad: y que de acuerdo al artículo 1586 del Código Civil que contiene la disposición cuando procede la Nulidad Absoluta de actos y contratos tales como: 1.) Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación. - 2) Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza del acto y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene.- y 3.) Cuando se celebran o ejecutan por personas relativamente incapaces.- En este orden de ideas y unido a lo preceptuado en los artículos 1552, 1562, 1586, todos del código civil, se deduce que los instrumentos públicos que pretende anular es improcedente en virtud de que el mismo no pudo ser examinado por no encontrarse dentro del proceso el referido instrumento como prueba aportada.- esto en relación con el artículo 1575 del Código Civil, el que establece que deberán constar en documento público los actos y contratos que tengan por objeto la creación , trasmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.” (énfasis añadido) Y, que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, en su séptimo fundamento de derecho, afirma: “CONSlDERANDO: Que en materia probatoria es principio universal que quien afirma un hecho está obligado a probarlo ya que es a través de la prueba el medio legal que sirve para demostrar la verdad de los hechos que se alegan ante la autoridad judicial y en su momento pueda esta darle el valor jurídico probatorio. En tal sentido quien solicita la tutela jurídica debe tener muy en cuenta que las pruebas que hará valer en juicio deben resultar eficaces para demostrar la existencia del derecho demandado y que a través de los medios de prueba las partes acreditan las afirmaciones de hecho alegadas que sean controvertidas, convencen al juez o tribunal de la verdad o certeza de un hecho, o lo verifican como ciertos a los efectos del proceso en la presente causa no ha quedado acreditado que se trate del mismo bien con las mismas características y ubicación geográfica por no haberse haber acreditado en el proceso el instrumento público que pretende se anule, aunado a lo anterior no se pudo constatar en la oficina de catastro la ubicación geográfica del inmueble del señor Benjamín Munguía lo cual este ad-quem considera debió ser imprescindible aun cuando el demandante considera que no es necesario a los efectos del proceso.- y que si bien es cierto el recurrente en su agravio impugna la motivación fáctica de la sentencia este ad-quem considera que la A-quo en la presente causa se ha limitado al examen crítico de la prueba ofertada al proceso, observándose además que la A-quo hace un recuento de los medios de prueba presentados y evacuados de la parte demandante dándoles el valor como lo considero pertinente a lo cual est3e ad quem considera que los mismos no sido suficiente para demostrar la verdad de los hechos que alega como también en el recurso impetrado; por tales consideraciones este ad-quem considera que la A-quo ha realizado una valoración conjunta de la prueba ha sido suficiente para llegar al convencimiento de la decisión tomada razón por la cual este de ad quem comparte el criterio de la A-quo que debe declararse sin lugar la pretensión del demandante.- Que en referencia a que el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable en el momento de dictar la sentencia prescribe que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate; no obstante que el recurrente no especifica de que carece la sentencia si es que la misma no es clara, no es precisa o no es congruente lo cierto que este Ad-quem considera que no existe vulneración a dicho artículo como lo pretende el recurrente, aunado a lo anterior este Ad-quem considera que es errado lo pretendido por el recurrente al considerar que la Juez esta errada al exigir al actor la proposición de una prueba de la que el código lo exime por el hecho de considerar qu4e existe un allanamiento parcial de la municipalidad en su condición de demandada, que esta corte considera que no existe violación de garantías como lo pretende el recurrente y el hecho de que no le haya dado la razón no significa que exista violación al derecho de defensa, debido proceso y legalidad como tampoco que haya menosprecio de la justicia por la A-quo: En referencia al agravio tercero este considera que no obstante el artículo 301 del código de Procedimientos Civiles prescribe “la prueba debe recaer sobre los hechos substanciales controvertidos en los escritos”, lo cierto es que para este Ad-quem no exime de probar al demandante en el bien inmueble de su propiedad es el mismo bien inmueble del que se pretende la nulidad con sus mismas características y ubicación geográfica pues el hecho que el demandado establezca en su contestación en el numeral “2” que lo consignado en este hecho por la parte demandante, en parte es cierto, como ser que, el señor Humberto Carranza Rivera actuando como síndico municipal otorga una escritura en donde le otorgo el dominio pleno de un lote de terreno a la señora María Enma Sarmiento; y en referencia a que en la contestación en el hecho “3” la demandada establece “Es cierto no puede otorgarse ninguna escritura en donde se transfiera venda en dominio pleno de un terreno ejidal, sin que previamente sea aprobado por el pleno la corporación” desprendiéndose de lo anterior que no existe en si un allanamiento sino un cuestionamiento al procedimiento utilizado para otorgarse dicho dominio pleno por lo que solamente se está reconociendo que existió un mal procedimiento en cuanto al otorgamiento pero en ningún momento está reconociendo que sea el mismo bien inmueble o que se encuentre dentro del inmueble del señor Benjamín Munguía por lo cual resulta errado el creer que se esté ante un allanamiento de la demanda y que por ello no tenga que acreditarse en autos el instrumento que se pretende anular ha efecto de ser examinado para establecer los extremos antes mencionados por lo cual resultan improcedentes los agravios del recurrente.” ( el resaltado es nuestro) (fin de la cita). Salta a la vista que ambos operadores de justicia primera y segunda instancia predican una cosa pero hacen otra, hay una pretensión con su respectiva prueba y disposición legal que la respalda, pero paso desapercibido para el juzgador: no se siguió el procedimiento administrativo municipal para obtener la aprobación de la Corporación Municipal en pleno, hecho reconocido por la parte demandada, pero el A-quo y el Ad-quem desestimando la razón, la justicia y el derecho del demandante, no tuvieron en cuenta la referida pretensión, la prueba de instrumentos públicos auténticos, porque no fueron impugnados por la contra parte, y de inspección del Juez, que demostraron plenamente la ubicación del terreno del demandante y de su derecho de propiedad acreditado hasta con el tracto sucesivo, y tampoco vieron ambos Operadores de Justicia, que el documento otorgado por la Municipalidad de La Ceiba a favor de la señora María Enma Sarmiento es nulo, porque NO existió, al haber omitido el requisito dispuesto por el artículo 61.1 de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político atinente a la enajenación de los bienes inmuebles municipales que, en este caso, no se observó el trámite administrativo municipal, previo al otorgamiento de la escritura pública autorizada en La Ceiba, Atlántida, el 27 de enero de 1988 por el Notario Luis Felipe Tercero Flores e inscrito con el Número 42 Tomo CLXII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, que por consiguiente, el instrumento público NO es nulo solamente por venta de cosa ajena sino y, más gravemente, porque se violentó la normativa reguladora de la venta de bienes municipales y, aunque el bien inmueble objeto de la litis, no integra los ejidos de la Municipalidad de La Ceiba, como se comprobó en el Departamento de Catastro Municipal, donde desconocían la existencia, en la Colonia El Confite, de tales bienes en 1988 y que en el Registro de la Propiedad no se identificó un inmueble determinado en dicha colonia, sino el universo desde los límites con el Municipio de Jutiapa hasta el Río Bonito y desde la montana de Pico Bonito hasta el mar, quedando demostrado fehacientemente que la demandada Alcaldía Municipal NI sabe de qué terrenos dispone en calidad de ejidos ni donde están situados, porque no están identificados catastralmente, pero el Tribunal de Apelación, violando lo que disponen los artículos señalados como infringidos en el acápite respectivo anterior, no expresa los razonamientos fácticos y jurídicos que lo llevaron a no apreciar ni valorar la prueba del documento público visible a folio 5) de la primera pieza de autos consistente en la Constancia extendida por el Secretario Municipal que según el artículo 271.3 del Código Procesal Civil es un documento público expedido por funcionario o empleado público legalmente facultado para dar fe en ejercicio de sus funciones, incurriendo en error de derecho en la valoración de la prueba documental e inspección personal del Juez, cuando al confirmar el fallo de primera instancia, reconociendo que los documentos públicos hacen prueba aún contra terceros del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, pero, violentando lo que preceptúan los artículos 913, 273.1 del Código Procesal Civil en relación al 1499, 1522 y 1525 del Código Civil que prescriben: “JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los juicios declarativos que se encontraren en primera instancia al entrar en vigencia éste Código, se continuarán tramitando hasta que recaiga sentencia o auto que le ponga fin a dicha instancia de conformidad a la legislación procesal civil anterior, y a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el presente Código.” “FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS. 1. Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste y de la identidad de los fedatarios y demás personas que en su caso, intervengan en el.2...3.. 4..”, “Los documen6tos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.”, “La prueba de inspección personal del Juez sólo será eficaz en cuanto claramente permita al Tribunal apreciar, por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el hecho que trate de averiguar.” Y “El valor de esta prueba y la forma en que haya de practicarse, son objeto de las disposiciones del Código de Procedimientos.” Tampoco tuvo en consideración el Tribunal recurrido lo preceptuado en los artículos 321 ordinal 1) y 352 del Código de Procedimientos Comunes, que respectivamente prevén: “Bajo la denominación de instrumentos o documentos públicos se comprenden: 1) Las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho…” y “ Cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario que el Juez examine por sí mismo algún sitio o la cosa litigiosa, se decretare el reconocimiento judicial a instancia de cualquiera de las partes. Para llevarlo a efecto, señalara el Juez, con tres días de anticipación, por lo menos, el día y hora en que haya de practicarse.”, por cuanto, aparece plenamente evidenciado, con la prueba documental e inspeccional y la disposición de la Ley respecto a la normativa aplicable para adquirir bienes inmuebles de las municipalidades en 1988, aportada oportunamente, la adquisición legal y la identificación e individualización completa del lote de terreno adquirido por mi mandante, acreditaron, sin lugar a ninguna duda, que el señor Humberto Carranza Rivera compareció DESAUTORIZADAMENTE el 27 de enero de 1988 ante Notario traspasándole a la señora María Enma Sarmiento un supuesto terreno ejidal de la Municipalidad de La Ceiba SIN LA APROBACION DE ESTA, pues no conoció de ninguna solicitud que describiera el terreno solicitado, que lo singularizara, para ceder en dominio pleno, un bien inmueble de sus ejidos y, ni la Alcaldía demandada o María Enma Sarmiento aportaron prueba en contrario que demostrará haber tramitado, administrativamente, en la Alcaldía Municipal, la solicitud de enajenación, en dominio pleno, de un lote de terreno ejidal y resuelto conceder, en sesión ordinaria o extraordinaria de la Corporación, el dominio pleno de algún bien inmueble propiedad de la Alcaldía y autorizando el otorgamiento de la escritura púbIica sin embargo, el Tribunal Sentenciador denegó la demanda ordinaria de nulidad basándose que entre la prueba aportada por el demandante NO incluyó copia de la escritura pública otorgada por la Alcaldía Municipal de La Ceiba a la señora María Enma Sarmiento, sin enterarse que ese documento es ilegal al haberse otorgado violentando el artículo 61.1 de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en 1988, prefiriendo asumir en el SEPTIMO FUNDAMENTO DE DERECHO del fallo recurrido, la ambigua y absurda explicación de que la demandada Alcaldía Municipal NO SE ALLANO A LA PRETENSION de que la Municipalidad no aprobó ceder, en dominio pleno, el bien inmueble, a sabiendas que no se trata de un allanamiento, sino sumisión a lo que prescribe la Ley respecto a enajenar bienes inmuebles propios de las municipalidades, porque según aquel, no encontró demostrado que la Ley exija requisitos para que las municipalidades vendan sus bienes ejidales, aunque la misma parte demandada lo reconoce y acepta en las contestación de la demanda, las sentenciadoras omitieron, deliberadamente, ignorar la pretensión y su amplia demostración en juicio por error de derecho en la apreciación de la prueba. También la falta de aquel documento ilícito, bastó para declarar improcedente, como único dueño del inmueble al señor Benjamín Munguía, la falta de apreciación probatoria de los instrumentos públicos de la prueba documental y de la inspección personal del Juez de la parte actora, que acreditan ser el lote de terreno identificado frente al portón del Aeropuerto Golozón el mismo descrito en la escritura pública de compraventa inscrita con el Número 40 Tomo 228 del Libro Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, que debió preferirse para declarar el derecho sobre la fracción de terreno objeto de esta Litis porque la otra escritura pública relativa a ese terreno NO EXISTE JURIDICAMENTE al tenor del Artículo 1586.2 del Código Civil: y, al no ser tomadas en cuenta esas pruebas y la Ley por la Juzgadora, se desvió de la notoria evidencia respecto a todo lo debatido incluyendo que la Alcaldía Municipal no aprobó la venta a María Enma Sarmiento y que la omisión de ese requisito produce la nulidad absoluta del contrato de compraventa, para pronunciarse extra petita sobre cuestiones que no fueron discutidas en juicio, diciendo “...no ha quedado acreditado que se trate del mismo bien con las mismas características y ubicación geográfica por no haberse acreditado en el proceso el instrumento público que pretende se anule, aunado a lo anterior no se pudo constatar en la oficina de catastro la ubicación geográfica del inmueble del señor Benjamín Munguía lo cual este ad-quem considera debió ser imprescindible aun cuando el demandante considera que no es necesario a los efectos del proceso...”, sobreponiendo el ilegal documento a la ley y dándole al desastroso Catastro Municipal de La Ceiba mayor credibilidad que al documento inscrito en el Instituto de la Propiedad, sección La Ceiba, y a la misma Inspección Personal del Juez, DONDE SI SE UBICO EL LOTE DE TERRENO PROPIEDAD DEL ACTOR, lo que es ir francamente contra la evidencia notoria en el juicio de que el Síndico de la Municipalidad de La Ceiba otorgó una escritura pública, vendiendo, en dominio pleno, una fracción de terreno sin haberse observado lo ordenado en la Ley: aprobar en el pleno de la Corporación la enajenación del bien inmueble CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL, y, QUE EN 1988 NO TENIAN FACULTADES LAS MUNICIPALIDADES PARA CEDER SUS INMUEBLES EN DOMINIO PLENO SINO UTIL, lo que ES UN ACTO, NO SOLAMENTE NULO. SINO ILEGAL y para acreditar ese acto ilegal se presentó la Constancia expedida por autoridad competente: EL SECRETARIO MUNICIPAL, que por tanto es un documento público que hace prueba hasta contra tercero y dice: QUE EN LOS LIBROS DE ACTAS PERTENCIENTES A LOS ANOS 1985 A 1988, QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA MUINICIPAL, NO SE ENCUENTRA NINGUN REGISTRO RELACIONADO A LA APROBACION DE DOMINIO PLENO A NOMBRE DE LA SEÑORA: MARIA ENMA SARMIENTO, SOBRE UN TERRENO UBICADO EN LA COLONIA EL CONFITE... (énfasis agregado), pero la Corte Sentenciadora declaró sin lugar la demanda debido al error de derecho en la apreciación y valoración de la prueba. De conformidad a lo expuesto encuentra esta Sala de Casación que el motivo en examen, adolece de los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, así: Cita como precepto autorizante el artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil en cuanto a la forma y contenido de la sentencia se refiere, no obstante, lo relaciona con un número indiscriminado de normas como infringidas como lo son los artículos “1499, 1522 y 1525 del Código Civil y 321 numeral 1 y 352 del Código de Procedimientos Civiles en relación a los artículos 913 y 273.1 del Código Procesal Civil”; lo cual resulta impropio porque en dichas normas se encuentran unas con carácter sustantivo y otras procesales, además de que todas y cada una de ellas se refieren a distintas situaciones jurídicas, las que debió desarrollar en motivos separados a efecto de no viciar la precisión y claridad del motivo señalado. Impugna el Recurrente en este motivo de casación el error de derecho en la apreciación de ciertos medios de prueba, cuando establecía como uno de los motivos de casación en el fondo, el error de derecho y el error de hecho en la apreciación de la prueba, puesto que sobre todo el primero, — el error de derecho — devenía forzosamente la infracción de leyes determinadoras del valor y oportunidad de la clase de prueba que se trate, es decir, referente a la infracción de normas sustantivas o de fondo, que el actual Código Procesal Civil permite también impugnar según el artículo 719.2, que sería la norma autorizante de este motivo y no el artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil que tiene relación con la forma y contenido de la sentencia que encontramos en los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. Finalmente, por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia, artículo 720 del Código Procesal Civil. 3. DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE. - Se señala como Precepto Autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Se considera infringidas las disposiciones de los artículos 200.2.c 208.1 del Código Procesal Civil que prescriben…CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1…2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)… b)…c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso... ...Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito... CONCEPTO DE LA INFRACCION: Contra la sentencia pronunciada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba interpuse recurso de apelación por el hecho de haber declarado aquel sin lugar la demanda fundada en que ... “CONSIDERANDO (16): Que el Juzgador debe formar su convencimiento atendiendo al origen, alcance, valor y efecto jurídico de todos los medios de prueba allegados al juicio y se decidirá lo procedente en derecho atendiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de juicio, que al hacer un análisis de las pruebas aportadas al proceso con las mismas no se logró acreditar que el instrumento objeto de nulidad al no haber sido propuesto ni siquiera se puede ver si cumple con los requisitos para su validez o nulidad: y que de acuerdo al artículo 1586 del Código Civil que contiene la disposición cuando procede la Nulidad Absoluta de actos y contratos tales como: 1.) Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación. - 2.) Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza del acto y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. - y 3.) Cuando se celebran o ejecutan por personas relativamente incapaces.- En este orden de ideas y unido a lo preceptuado en los artículos 1552, 1562, 1586, todos del código civil, se deduce que los instrumentos públicos que pretende anular es improcedente en virtud de que el mismo no pudo ser examinado por no encontrarse dentro del proceso el referido instrumento como prueba aportada.- esto en relación con el artículo 1575 del Código Civil, el que establece que deberán constar en documento público los actos y contratos que tengan por objeto la creación , trasmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.” La demanda se planteó tanto por la venta de cosa ajena como por haberse omitido el trámite administrativo municipal previo al otorgamiento de la escritura pública de compraventa celebrada, en esta ciudad, el 27 de enero de 1988 entre el señor Humberto Carranza Rivera, a la sazón Sindico de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, y la señora María Enma Sarmiento ante el Notario Luis Felipe Tercero Flores e inscrita con el Número 42 Tomo CLXII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba como resulta de los hechos 1), 2) y 3) de la demanda visibles a folios 1 al 4 de la 1ª pieza de autos y, que la demandada Alcaldía Municipal de La Ceiba al contestar la demanda. acepta lo que la Ley establece en relación a que, cito: ...3) Es cierto no puede otorgarse ninguna Escritura en donde se transfiere venta en Dominio Pleno de un terreno ejidal, sin que previamente sea aprobado por el Pleno de la Corporación:... y que, además del allanamiento de la demandada Alcaldía Municipal a la disposición legal, también se demostró ampliamente en el proceso, así: MEDIO DE PRUEBA NUMERO UNO: INSTRUMENTOS PUBLICOS consistentes: a) y b) Copias, debidamente autenticadas, de las escrituras públicas autorizadas en esta ciudad el 27 de octubre de 1989 y 10 de agosto de 1992 respectivamente por el Notario José Luís Cobos e inscritas con el Número 40 Tomo CXCIC y Número 40 Tomo CCLXXVIII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba visibles a folios 88 al 94 de la 1ªPieza de Autos, acreditando el derecho indiscutible de propiedad del demandante de un lote de terreno de 4,501.35 situado frente al portón del Aeropuerto Golozón de esta ciudad; c) Constancia extendida el 7 de abril de 2006 por el Abogado Lucas Flores, en su condición de Secretario Municipal, certificando que en los Libros de Actas correspondientes a los años 1985 a 1988 no se encuentra ningún registro relacionado a la aprobación de Dominio Pleno a favor de la señora María Enma Sarmiento agregada a folio 5 de la 1ª Pieza de Autos; MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOS: CONFESION EN JUICIO: que no se evacuo; y, MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES: INSPECCION PERSONAL DEL JUEZ: A) en las oficinas de la Secretaría y Catastro de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, se comprobó: 1) La Alcaldía demandada no tiene identificados los terrenos ejidales que le pertenecen y menos los que habrían en el sector de El Confite entre 1985 a 1988 inscritos en el asiento Número 75 Tomo 52 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba. 2) Desde septiembre de 1992 el demandante tenía catastrado su lote de terreno situado en Colonia Palmira, sin embargo, no confirman lo expresado en la escritura pública de compraventa de dicho lote: portón frente al Aeropuerto Golozón y tampoco sus colindancias. 3) Si existió la Lotificación Palmira pero no tienen planos (ver folio 117 1ª Pieza de Autos). B) En las oficinas del Instituto de la Propiedad: 1) El tracto sucesivo registral del asiento Número 100 Tomo CXCIC inscrito a favor del señor Benjamín Munguía. 2) Las colindancias del asiento Número 12,371 Tomo 28 que es la reinscripción de la inscripción Número 1068 folios 316 al 318 del Tomo IV (ver folios 119 a 120 1ª Pieza de Autos). C) El terreno propiedad del actor, efectivamente se ubica frente al portón del Aeropuerto Golozón. Estos son los hechos y las pruebas que los han demostrado, que según el artículo 273.1 del Código Procesal Civil “Los documentos públicos hacen prueba, aún contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento...” y el artículo 270.2 del citado Código Procesal Civil dispone “Son documentos públicos los autorizados por un funcionario judicial, por notario o por un funcionario público competente...”, en consecuencia, las escrituras públicas y la constancia expedida por el Secretario Municipal, HACEN PRUEBA AUN CONTRA TERCERO, DEL HECHO, ACTO O ESTADO DE COSAS QUE DOCUMENTEN Y QUE MOTIVÓ SU OTORGAMIENTO, no obstante, la juzgadora da por probado que ...se deduce que los instrumentos públicos que pretende anular es improcedente en virtud de que el mismo no pudo ser examinado por no encontrarse dentro del proceso el referido instrumento como prueba aportada... sin darse cuenta que ese instrumento a que se refiere ES NULO DE NACIMIENTO porque ante sus ojos tenía la Constancia y la contestación de la demanda con que se probó que ese documento: NO TENIA PARTIDA DE NACIMIENTO porque se omitió la observancia de lo prescrito en el artículo 61.1 de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en 1988, en consecuencia, el fallo es contra la Ley y, sin embargo, ni la Juez de primera instancia ni el Tribunal de ApeIación se dignan tomar esto como una pretensión del demandante, declarar probado que la demandada María Enma Sarmiento NO observó el procedimiento administrativo municipal previo al otorgamiento de la escritura pública y con eso se privó a la Municipalidad comprobar que el bien inmueble solicitado efectivamente es ejidal y, con la obligación de publicitar esas solicitudes, se privó al dueño de oponerse a la solicitud demostrando que ese terreno le pertenecía; pero, todo esto para la Corte Sentenciadora carece de valor en juicio y olvidándose de lo dispuesto en el Artículo 208.1 del Código Procesal Civil que le manda: “CONGRUENCIA. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente. (énfasis añadido) “bajo el acápite “FUNDAMENTOS DE DERECHO” punto SEPTIMO, al respecto, dice…. - Que en referencia a que el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable en el momento de dictar la sentencia prescribe que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate; no obstante que el recurrente no especifica de que carece la sentencia si es que la misma no es clara, no es precisa o no es congruente lo cierto que este Ad-quem considera que no hay vulneración a dicho artículo como lo pretende el recurrente... cuando en nuestra expresión de agravios expusimos que:... La Juez principalmente declara sin lugar la demanda fundada en que “....al hacer un análisis de las pruebas aportadas al proceso con las mismas no se logró acreditar que el instrumento objeto de nulidad al no haber sido propuesto ni siquiera se puede ver si cumple con los requisitos para su validez o nulidad; y que de acuerdo al artículo 1586 del Código Civil que contiene la disposición cuando procede la Nulidad Absoluta de actos y contratos tales como: 1) Cuando falta alguna de las condiciones... En ese orden de ideas y unido a lo preceptuado en los artículos 1552, 1562, 1586, todos del Código Civil, se deduce que los instrumentos públicos que pretende anular es improcedente en virtud que el mismo no pudo ser examinado por no encontrarse dentro del proceso el referido instrumento como prueba aportada...” Los Artículos 170, 171 y 172 del Código de Procedimientos Comunes, aplicable al caso, en lo conducente, prevén: “Después de la vista o de la citación para sentencia, y antes de pronunciar su fallo, podrán los jueces y Tribunales acordar autos, para mejor proveer: 1) que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes... Contra esta clase de providencias no se admitirá recurso alguno, salvo el de responsabilidad...”, “En la misma providencia se fijará el plazo dentro del cual haya de ejecutarse lo acordado para mejor proveer y si no fuere posible determinarlo, el Juez o Tribunal cuidará de qu3e se ejecute sin demora, expidiendo de oficio los apremios que sean necesarios.” Y “En estos casos quedará en suspenso el término para dictar sentencia, desde el día en que se acuerde la providencia para mejor proveer, hasta que sea ejecutada: y luego que lo sea, en el plazo que reste se pronunciará la sentencia que corresponda, sin nueva vista.”, pero ambos Operadores de Justicia >primera y segunda instancia< prefirieron manifestar que el demandante no aportó copia de la escritura objeto de la nulidad, a sabiendas que NO EXISTE NINGUNA COPIA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD como lo comprobó la Juez de primera instancia y se negó a insertarlo en el acta de inspección visible a folios 118 a 120 de la 1ª pieza de autos. No obstante lo anterior, en la expresión de agravios como en la presentación de conclusiones, sostuvimos que la Juez ignora lo dispuesto en el artículo 301 del Código de Procedimientos Civiles, que volvemos a recordar aquí, cito: “La prueba debe recaer sobre los hechos sustanciales controvertidos en los escritos anteriores al auto que se ordena…” (énfasis añadido) como puede la Juez exigir una prueba de la que el Código del Rito EXIME? porque consta de autos que tal escritura pública JURIDICAMENTE NO EXISTE y físicamente TAMPOCO, jurídicamente por cuanto no existe en los libros de actas de la Municipalidad de La Ceiba, de 1985 a 1988, punto de acta alguno donde se haya aprobado venderle a la demandada María Enma Sarmiento lote de terreno ejidal alguno en el área de La Ceiba, requisito legal sin cuya observancia no puede otorgarse ninguna escritura de compraventa que verse sobre bienes ejidales: y, físicamente pues no hay en el Registro de la Propiedad ninguna copia a manera de registro, pero elementalmente la parte demandada reconoce que legalmente no podía otorgarse la escritura pública de compraventa a la demandada María Enma Sarmiento sin haber conocido y aprobado, el pleno de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, la solicitud de venta en dominio pleno de algún terreno ejidal, decía Piero Calamandrei que EL DEBIDO PROCESO ES UN PRINCIPIO JURÍDICO PROCESAL O SUSTANTIVO SEGÚN EL CUAL TODA PERSONA TIENE DERECHO A CIERTAS GARANTIAS MINIMAS, TENDIENTES A ASEGURAR UN RESULTADO JUSTO Y EQUITATIVO DENTRO DEL PROCESO, Y A PERMITIRLE TENER OPORTUNIDAD DE SER OIDO Y HACER VALER SUS PRETENSIONES FRENTE AL JUEZ (fin de la cita), por tanto, la administración de justicia se realiza mediante la aplicación del derecho invocado por las partes, para que al poner fin a la contienda, NO SALTE A LA VISTA LA PARCIALIDAD DEL JUEZ, sino que, a través de la identidad o conformidad entre lo resuelto y controvertido por los litigantes y en relación con las facultades atribuidas por la ley a los jueces y tribunales. Trajimos a colación lo que la regla general espera, que los jueces y tribunales deben juzgar de acuerdo a lo que resulte probado en juicio; y, si los hechos controvertidos no resultaren probados sin culpa de los litigantes, procede dictar cualquiera de las medidas que la ley señala para completar la verdad de los hechos alegados y no probados satisfactoriamente, que aunque no es el caso, es la solución, debemos llegar a la conclusión: El debate en el Tribunal Sentenciador se sostuvo en derredor de que la Demanda Ordinaria de Nulidad está afianzada en los dos hechos elementales consignados en los hechos 1, 2 y 3 de la demanda, lo que no quiere decir que necesariamente deben concurrir los tres presupuestos para dar por resultado la nulidad absoluta demandada, simplemente, si es una disposición de la Ley el trámite administrativo municipal y en este caso no se verificó, pues eso basta y sobra para entender que no existiendo la aprobación por el pleno municipal de la venta del bien ejidal, la nulidad no procede por ese motivo más no por haberse probado la existencia de dicho documento que definitivamente NO existió nunca. En ese orden de ideas, se infiere, que al pronunciarse sobre el derecho de propiedad o dominio del señor Benjamín Munguía, la supeditó a una pretensión no deducida en el debate del Recurso de Apelación como es que la demandada María Enma Sarmiento es dueña del terreno objeto de la Litis, por lo que ha infringido lo dispuesto en el artículo 208.1 del Código Procesal Civil, por falta de congruencia, entre la sentencia recurrida y las pretensiones deducidas por las partes litigantes en dicho Recurso. El Doctor Antonio Bermúdez M., en su obra EL RECURSO DE CASACION EN MATERIA CIVIL expresa que: “Es de advertir, en estos casos estudiados, como el que nos ocupa, que aunque ellos dan motivo de casación por infracción de ley, sería imposible citar ley sustantiva infringida, ya que se refieren a cuestiones de hecho que se comprueban con la simple comparación de la parte petitoria de la demanda y contestación con la parte dispositiva del fallo: y, solo se encontraría aplicable para fundamentar el recurso, un precepto de la ley adjetiva (artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles) que ordena que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito...”; J. RAMIRO PODETTI, procesalista argentino en su Tratado de los Recurso explica que “..en la alzada no puede haber pronunciamiento fuera de las cuestiones planteadas...”; ALEJANDRO ESPINOZA SOLIS DE OVANDO, procesalista chileno dice que “En líneas generales nos limitaremos a decir ahora que la competencia del Tribunal de alzada queda determinada por los escritos de expresión de agravios y su contestación, cuando ellos fueren procedentes”. Queda demostrado que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la sentencia recurrida, al conocer y declarar sin lugar la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de Contrato de Compraventa, del Instrumento Contentivo y de su inscripción en el Registro de la Propiedad reconociendo expresamente la existencia de la escritura pública que supone otorgada por la Alcaldía Municipal de La Ceiba a favor de María Enma Sarmiento, solamente porque consideró improbado en los autos, que tal escritura sea nula al tenor del artículo 1586 del Código Civil por no estar incorporado, materialmente, ese documento al proceso, cuando lo debatido, demostrado en juicio y aceptado por la demandada Alcaldía Municipal de La Ceiba, es que esa escritura, jurídicamente, NO EXISTE, debido a la inobservancia de lo prescito en el artículo 61.1 de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en 1988, por tanto, se ha infringido, por incongruencia, el artículo 208.1 del Código Procesal Civil porque dicho Tribunal de alzada se pronunció sobre extremos que no fueron objeto de debate en la segunda instancia. La sentencia recurrida es incongruente porque no coincide o concuerda con las pretensiones aducidas por las partes en el juicio, es decir, con la demanda y la contestación porque se alteran los conceptos de los puntos debatidos al tomarlos en un aspecto jurídico que no fue el planteado por las partes. La parte actora sustenta su demanda de nulidad absoluta de un contrato de compraventa, el instrumento público que lo contiene, su inscripción registral y demás notas marginales, creyendo que dicho contrato, escritura, inscripción y notas marginales provienen de un acto ilegitimo como es que la Corporación Municipal de La Ceiba NO aprobó la venta legítimo derecho, existiendo la prueba suficiente para demostrar que el otorgamiento de la escritura, tantas veces referido, fue sin la aprobación de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, que declara expresamente la demandada Corporación Municipal contestando el hecho 3° de la demanda, por tanto, NO HAY CONTRADICCION ENTRE LAS PARTES LITIGANTES, en consecuencia debió ser un hecho probado tanto en la sentencia emitida el 15 de mayo de 2015 como la que se recurre, porque la prueba es un documento que durante la sustanciación del presente juicio no ha sido cuestionado ni puesto en duda su veracidad y autenticidad en este proceso y ese antecedente, debió ser el más cercano para el otorgamiento de la escritura autorizada el 27 de enero de 1988 por el Notario Luís Felipe Tercero Flores. 3.1 Respuesta de Sala Civil Estima esta Sala de Casación en cuanto al segundo motivo lo siguiente: Ampara el Recurrente su segundo motivo de casación en la causal prescrita en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil sobre la impugnación en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio y como normas infringidas los artículos 200.2 letra c y 208.1 del Código Procesal Civil, referentes al contenido formal de las sentencias, específicamente los fundamentos de derecho, y el artículo 208 como requisito interno de la sentencia y que a la congruencia se refiere, siendo estas normas de carácter procesal para las cuales ya la legislación procesal vigente taxativamente señala la causal apropiada para dicha infracción. Además de los defectos señalados, insta la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de las instancias. En base a lo que prescribe el artículo 723.2 letra a) del Código Procesal Civil, no procede la admisión a trámite del segundo motivo enunciado. 4. DEL TERCER MOTIVO DE CASACION. Infracción, por falta de aplicación de los artículos 61 preámbulo y ordinal 1 y 71 primer párrafo de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en 1988 en relación con el 200.2.c y 206.1, del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La infracción la explico de la siguiente manera: Disponen las normas señaladas como infringidas: “Art. 61.- Corresponde a las Municipalidades finalmente: I.- Prescribir reglas para la administración de los bienes municipales. La enajenación de los bienes inmuebles solo podrá hacerse en licitación pública, por causas de necesidad o de utilidad, previo consentimiento del Concejo Departamental: II…III…IV…V…VI..VII..VIII..IX..X...”; “Art.. 71.- “El libro de actas es un instrumento público y auténtico y ningún acuerdo que no conste explícita y terminantemente en el acta tendrá valor legal…”; 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SETENCIAS. 1.-... 2. C.- En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.”; y, 206.1.- CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas.” DEMOSTRACION DE LA INFRACCION. El Tribunal de Alzada se pronunció sobre extremos que no fueron objeto de debate en la segunda instancia, la sentencia recurrida no coincide o concuerda con las pretensiones aducidas por las partes en el juicio, es decir, con la demanda y la contestación porque se alteran los conceptos de los puntos debatidos al tomarlos en un aspecto jurídico que no fue planteado por las partes, es decir, con la demanda y la contestación porque se alteran los conceptos de los puntos debatidos al tomarlos en un aspecto jurídico que no fue el planteado por las partes. La parte actora sustenta su demanda de nulidad absoluta de un contrato de compraventa, el instrumento público que lo contiene, su inscripción registral y demás notas marginales, creyendo que dicho contrato, escritura, inscripción y notas marginales provienen de un acto ilegitimo como es que la Corporación Municipal de La Ceiba NO aprobó la venta en dominio pleno a favor de María Enma Sarmiento y que, en el ejercicio de su legítimo derecho, existiendo la prueba suficiente para demostrar que el otorgamiento de la escritura, antes referida, fue sin la aprobación de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, lo que acepta expresamente la demandada Corporación Municipal contestando el hecho 3º de la demanda, por tanto, NO HAY CONTRADICCION ENTRE LAS PARTES LITIGANTES respecto a este hecho, porque es la Ley de Municipalidades y del Régimen Político vigente en 1988 la que prescribe ese proceso administrativo municipal, norma de observancia general, en consecuencia debió integrar el contenido del principio de la motivación de la resolución judicial recurrida, por cuanto, es obligación del juzgador expresar la razón o motivo de su decisión y en este caso, al fijar el motivo por el cual desestima la pretensión del demandante, se debe a no haber aplicado en su fallo el artículo 61 preámbulo y numeral 1) de la Ley de Municipalidades, ya que, según el artículo 71 primer párrafo de dicha Ley, el libro de actas es un instrumento público y auténtico y NINGUN ACUERDO que no conste explícita y terminantemente en el acta tendrá valor y resulta que se le acreditó, suficientemente, pues se usó un documento público, que NO constaba en los Libros de Actas de 1985 a 1988 ningún acuerdo respecto a venderle un bien inmueble municipal a la señora María Enma Sarmiento, por tanto, el Ad-quem no podía evadir la aplicación de ambas disposiciones invocadas como infringidas de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político cuando se lo manda categóricamente el artículo 200.2.c del Código Procesal Civil: y ese antecedente, el proceso administrativo municipal, debió ser el más cercano para el otorgamiento de la escritura autorizada el 27 de enero de 1988 por el Notario Luís Felipe Tercero Flores. El artículo 206.1 del Código Procesal Civil le exige al juzgador, como requisito interno de la sentencia, que esta sea precisa para que se entienda plenamente la decisión judicial, pero la Corte Sentenciadora, en lugar de emitir un pronunciamiento entendible, en su lugar nos da, bajo el acápite “FUNDAMENTOS DE DERECHO” punto SEPTIMO, al respecto, dice:…- Que en referencia a que el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable en el momento de dictar la sentencia prescribe que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate; no obstante que el recurrente no especifica de que carece la sentencia si es que la misma no es clara, no es precisa o no es congruente lo cierto que este Ad-quem considera que no hay vulneración a dicho artículo como lo pretende el recurrente... cuando en nuestra expresión de agravios expusimos que:... La Juez principalmente declara sin lugar la demanda fundada en que “....al hacer un análisis de las pruebas aportadas al proceso con las mismas no se logró acreditar que el instrumento objeto de nulidad al no haber sido propuesto ni siquiera se puede ver si cumple con los requisitos para su validez o nulidad; y que de acuerdo al artículo 1586 del Código Civil que contiene la disposición cuando procede la Nulidad Absoluta de actos y contratos tales como: 1) Cuando falta alguna de las condiciones. En ese orden de ideas y unido a lo preceptuado en los artículos 1552, 1562, 1586, todos del Código Civil, se deduce que los instrumentos públicos que pretende anular es improcedente en virtud que el mismo no pudo ser examinado por no encontrarse dentro del proceso el referido instrumento como prueba aportada...” entonces, en estos fallos, no es necesario fundamentarlos en la Ley, pues es obligación del Juez dar respuesta a todas las pretensiones de las partes, no obstante, el Tribunal de Alzada, dejó fuera de la sentencia la pretensión del actor de declarar la nulidad de la escritura porque se acredito en juicio con documento indubitado, extendido por autoridad competente, que previo al otorgamiento de la escritura pública de compraventa autorizada en esta ciudad el 27 de enero de 1988 por el Notario Luís Felipe Tercero e inscrita con el Número 42 Tomo CLXII del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, NO SE AGOTO EL PROCESO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. En armonía con lo anteriormente expuesto, la sentencia recurrida infringe las disposiciones de los artículos 200.c y 206.1 del Código Procesal Civil al haber desechado, en los fundamentos de derecho de esa resolución, a un hecho plenamente acreditado, lo dispuesto en los artículos 61.1 y 70 primer párrafo de la Ley de Municipalidades y del Régimen vigente en 1988 y por eso desestimó la demanda, pero se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho utilizadas para la solución del fondo del litigio, alegando, conforme lo previsto en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho utilizadas para la solución del fondo del litigio; y, haciendo evidente que la sentenciadora se olvidó que la sentencia debe abarcar las pretensiones de ambas partes; también el hecho incuestionable, que la Corporación Municipal de La Ceiba, Atlántida, JAMAS tramitó la enajenación de ningún bien inmueble municipal entre los años 1985 a 1988 a favor de la señora María Enma Sarmiento y naturalmente, esa omisión violenta normas adjetivas y sustantivas que deben repararse. 4.1 Esta Sala de lo Civil al examinar el tercer motivo de casación encuentra que el Impetrante erra al desarrollar el mismo, así: Mezcla de manera indiscriminada normas con carácter sustantivo y procesal, al señalar la infracción por falta de aplicación de los artículos 61.1 y 71 de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político relacionadas con los artículos 200.2 letra c y 206.1 del Código Procesal Civil que se refieren al contenido formal de las sentencia y a los requisitos internos de las mismas como ser la claridad, precisión y exhaustividad y como causal autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil que es referente a las normas empleadas para la solución del fondo del litigio. Al igual que en los anteriores motivos, insta la revisión de los hechos y la valoración probatoria en las instancias cuya restricción se encuentra consignada en el artículo 720. 1 del Código Procesal Civil. Es por lo antes señalado que procede inadmitir el tercer motivo de casación conforme el artículo 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, en los tres motivos planteados por el abogado OMAR PEÑA ORELLANA, en su condición de apoderado del señor BENJAMIN MUNGUIA, contra LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA, por medio del señor MILTON SIMON GONZALEZ, y la señora MARIA ENMA SARMIENTO. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, el tres de diciembre del dos mil quince, agregada a la pieza de apelaciones con número 0101-2014-00076, dimanante de la primera pieza de autos registrada con número 0101-2008-01232 del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha ocho de agosto del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 94=2016.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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