Sentencia CC-87-17 — Registro 8495
Resumen
En primera instancia se estima parcialmente la demanda de proceso declarativo ordinario de pago de sumas de dinero por concepto de daños y perjuicios derivados por incumplimiento de un contrato de arrendamiento y se declare la finalización del mismo y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “3.1. Respuesta de la Sala respecto al único motivo de casación formalizado por el abogado ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA. Al examinar el recurso precitado, esta Sala encuentra que para ser de recibo el mimso, el Censor debió cumplir con ciertos requisitos que se refieren a una adecuada técnica casacional, y no incurrir en los siguientes defectos que lo vuelven inadmisible: a. El Recurrente hace uso de una cita de manera indiscriminada de preceptos legales, que se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente establece: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[1]. b. En el desarrollo del cargo el Impetrante, contrario a lo dispuesto en el artículo 717 del Código Procesal Civil, en lo referente a que solo son recurribles en casación las sentencias que pongan termino al pleito, dictadas en apelación por las Cortes de Apelaciones, impugna directamente la sentencia dictada por el aquo, mediante el cuestionamiento a la motivación fáctica y jurídica de está. c. Además de los defectos antes señalados, recurre el Censor al amparo de la causal recursiva contenida en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil y solicitando la revisión de la motivación fáctica de la sentencia lo que resulta inapropiado, existiendo en el Código Procesal Civil una causal propia que autoriza dicha revisión. 4. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte de los impetrantes, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los dos recursos planteados, la causal prevista en el artículo 723.2. literal a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO, como Coordinadora y designada ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ Y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLOS ALIMENTICIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (COHDESA), representada en juicio por el abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, y la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PIEDRA SANTA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERSIONES PIEDRA SANTA S.A. DE C.V.) representada en juicio por el abogado ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA ambos como recurrentes-recurridos. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA EN PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA EL PAGO DE SUMAS DE DINERO POR INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO”, promovida en fecha treinta de noviembre de dos mil quince, ante el Juzgado de Letras Civil de la Seccional Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PIEDRA SANTA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERSIONES PIEDRA SANTA S.A. DE C.V.), contra la sociedad mercantil denominada CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLO ALIMENTICIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (COHDESA), a través del Presidente del Consejo de Administración, el señor MARTIN MANUEL ERNESTO ZEPEDA FLORES, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Economía y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: 1. ESTIMANDO PARCIALMENTE la Demanda de Proceso Declarativo la Demanda de proceso declarativo Ordinario de Pago de sumas de dinero por concepto de Daños y Perjuicios derivados por incumplimiento de un contrato de arrendamiento y se declare la finalización del mismo, promovida por el abogado Ariel Edmundo Fajardo Rivera, en su condición de apoderado legal de Sociedad mercantil INVERSIONES PIEDRA SANTA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, (INVERSIONES PIEDRA SANTA, S.A. de C.V.), representada por el Presidente del Consejo de Administración y Gerente General el señor Roberto Moreira Riego, contra La Sociedad Mercantil CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLO ALIMENTICIO S.A. de C.V. (COHDESA), representada por el señor Martin Manuel Ernesto Zepeda Flores, todos de generales conocidas. 2. CONDENA a La Sociedad Mercantil CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLO ALIMENTICIO S.A. de C.V. (COHDESA) a PAGAR en CONCEPTO DE DAÑOS a Sociedad mercantil INVERSIONES PIEDRA SANTA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, (INVERSIONES PIEDRA SANTA, S.A de C.V.), la cantidad de setecientos setenta y cinco mil cientos veintisiete con siete centavos (L.775, 127.07) Y los servicios públicos (agua potable) de los meses de diciembre del dos mil catorce (2014) a enero del dos mil quince (2015). 3- ABSUELVE a La Sociedad Mercantil CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLO ALIMENTICIO S.A. de C.V. (COHDESA) a PAGAR Sociedad mercantil INVERSIONES PIEDRA SANTA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, (INVERSIONES PIEDRA SANTA, S.A. De C.V.) la cantidad de tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil doce lempiras con sesenta y siete centavos (L.3, 744,012.67) en concepto de perjuicios y rentas caídas, recargo mensual del tres por ciento (3%), impuestos sobre venta. 3.1 Asimismo se absuelve al pago de la cantidad de sesenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho lempiras con cinco centavos (L. 73,668.05), en concepto de gastos incurridos por seguridad, como al pago en concepto de pago de servicios públicos, municipales de enero a septiembre del dos mil quince (2015), pago de ENEE, aguas de San Pedro, Hondutel. 4. ABSUELVE a la demandada entregar del inmueble a la Sociedad mercantil INVERSIONES PIEDRA SANTA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, (INVERSIONES PIEDRA SANTA, S.A. de C.V.), por estimar que la misma ya se encuentra en posesión del mismo. 5. COSTAS: Sin costas para la demandada. 6. Y MANDA: Que este fallo quede firme si dentro del término legal no se interpone recurso alguno. Esta sentencia es susceptible de recurso de apelación, pudiendo interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación. Se resuelve hasta esta por exceso de trabajo; asimismo en amparo a la ética judicial en el cual el juez está obligado a emitir sus resoluciones con calidad (Declaración de Campeche). Redacto Abg. Msc. Therlyn Ventura Mejia de Mendoza. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: Que en fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia confirmando la del A-quo, fallando de la siguiente manera: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO como apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLO ALIMENTICIO SA DE CV (COHDESA), contra la sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis (F 231), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la demanda ordinaria para el pago de sumas de dinero por incumplimiento de contrato d arrendamiento, se declare la finalización del contrato de arrendamiento y a la vez se reclaman daños y perjuicios, promovida en su contra por el abogado ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA como apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES PIEDRA SANTA SA DE CV.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA como apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES PIEDRA SANTA SA DE CV, contra la sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis (F 231), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la demanda ordinaria para el pago de sumas de dinero por incumplimiento de contrato de arrendamiento, se declare la finalización del contrato de arrendamiento y a la vez se reclaman daños y perjuicios, promovida contra la sociedad mercantil CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLO ALIMENTICIO SA DE CV (COHDESA).- TERCERO: CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis (F 231), dictada por el Juzgado de Letras Civil e la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, venida en apelación.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.-Es ponente el abogado CLEMENTE JESUS GAMEZ PERALTA, Magistrado Propietario.- CON COSTAS PARA AMBAS PARTES. NOTIFÍQUESE.-” TERCERO: El abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada “CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLO ALIMENTICIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, (COHDESA), en fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, y el abogado ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PIEDRA SANTA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERSIONES PIEDRA SANTA S.A. DE C.V.), presentaron escritos de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de los Recurrentes y acordó conceder a las partes contrarias el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: Los representantes procesales de la sociedades mercantiles denominadas INVERSIONES PIEDRA SANTA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERSIONES PIEDRA SANTA S.A. DE C.V.), y la sociedad mercantil denominada “CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLO ALIMENTICIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, (COHDESA), abogados ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA y SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, presentaron escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tenerlos por pronunciados, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO y ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas diez y once de mayo de dos mil diecisiete, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que el abogado Sigberto Eduardo Lozano Castro plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la siguiente manera “MOTIVOS EN QUE LA CASACION SE BASA UNICO MOTIVO: EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA EL MOTIVO.- Falta de Aplicación de los artículos del Código Civil y Código Procesal Civil, que a continuación detallo, en la Sentencia dictada el 20 de Febrero del año 2017 por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, y la vinculación de tales artículos con los hechos ocurridos en el proceso, sustentan el presente motivo: ARTICULADO DEL CODIGO CIVIL: Art. 1495: Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que las opone. Arte 1496: Las pruebas pueden hacerse: por instrumentos, por confesión, por inspección personal del Juez, por peritos, por testigos y por presunciones. Este artículo derogado tácitamente por el artículo 251 del Código Procesal Civil, contenido en el Decreto número 111-2016 del Soberano Congreso Nacional de la Republica, el cual señalare en adelante. ARTICULADO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL: Articulo 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo. 2……3……- Articulo 251.- MEDIOS DE PRUEBA. 1. Son medios de prueba admisibles en el proceso civil los siguientes: a) Interrogatorio de partes. B) Documentos Públicos. C) Documentos Privados. D) Medios técnicos de reproducción del sonido y de la imagen, e instrumentos técnicos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a. cabo con fines contables o de otra clase. E) Testifical. F) Peritaje. G) Reconocimiento Judicial. 2…. Articulo 315.- PROCEDENCIA: 1. La pericia será procedente cuando, para valorar los hechos o circunstancias relevantes en el asunto o para adquirir certeza sobre ellos, se requieran conocimientos científicos, artísticos, técnicos, tecnológicos, prácticos u otros análogos. 2. La prueba pericial será propuesta por las partes que podrán optar entre aportar al proceso el dictamen de perito privado que posea los conocimientos correspondientes, o solicitar que se emita dictamen por perito oficial designado por el Tribunal. Articulo 332.- DEBERES DE LOS PERITOS PRIVADOS Y OFICIALES. Al emitir el dictamen el perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir la verdad, que ha actuado y, en su caso, actuara con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como perjudicar a cualquiera de las partes y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. EXPLICACION DE LA INFRACCION PRECISANDO Y JUSTIFICANDO LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA Y FUNDAMENTACION DE LO PEDIDO: Honorables Señores Magistrados, en el caso de marras, durante la evacuación de la audiencia preliminar, la parte demandante presento corno Medio de Prueba Pericial, un Análisis de Presupuesto de Reparación General de Edificio Comercial (Cotización) elaborado por el señor Hugo Flores; el cual no reunió los requisitos establecidos en el artículo 332 del Código Procesal Civil, antes transcrito, tal como fue aceptado por la Juzgadora de primera instancia en la señalada audiencia preliminar y a petición de esta parte; sin embargo, en la misma audiencia la A-Quo acepto que ese medio de prueba Pericial se convirtiera en Testigo Perito, a lo que la parte demandante se comprometió a aportar su declaración en la siguiente audiencia.- Llegada la fecha de la audiencia donde debió rendir su declaración el Testigo Perito, y ante la incomparecencia del mismo, este fue renunciado por la parte demandante, y así lo tuvo por renunciado la Juez A-Quo, razón por la cual resulto claro y evidente que el valor de los daños que pretendía probar la parte demandante con la declaración del testigo perito, NUNCA se acreditaron en el proceso.- Ante tal omisión probatoria es evidente que resultaba imposible jurídicamente hablando que se condenara a la demandada al pago de los mismos.- Así las cosas, la Juez de primera instancia con fecha 30 de Septiembre del 2016, emite sentencia definitiva absolviendo a la demandada del pago de los Perjuicios y Rentas caídas y del recargo mensual del 3% y del Impuesto Sobre Ventas; pero condenándola al pago de la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L.775,127.07), en concepto de pago de daños, y servicios públicos; fundamentándose para determinar la cuantía de los daños, en un medio de prueba inexistente, ya que el mismo no fue admitido como tal; y este mismo argumento, fue tomado como suyo por la Corte de Apelaciones sentenciadora, incurriendo en un grave error en perjuicio de mi representada quien ha sido condenada al pago de una suma de dinero violentándose el debido proceso; siendo esta apreciación de la prueba pericial la que ha incidido en el sentido de la Resolución Impugnada.-Honorables Magistrados, aunado a lo anterior, la sentencia de segunda instancia, ahora impugnada, no está prevista de los elementos necesarios que permitan examinar y analizar las razones de las que normalmente se valen las decisiones legales como medios legítimos de la función jurisdiccional, de manera que permitan no solo un control democrático a lo interno del proceso, o sea para permitir el control de las partes y al tribunal en la vía de recurso, sino también un control generalizado que se difunde al aspecto extraprocesal. La motivación debe de contener la declaración de hechos probados que es parte de la expresión de los razonamientos fácticos que junto con los razonamientos jurídicos deben de conducir a la apreciación de la prueba en su conjunto y armónicamente, así como la interpretación y aplicación del derecho.- Cabe señalar que la sentencia impugnada no se logra apreciar estos elementos en consideración a ambos como en su conjunto, con ajuste a las reglas de la lógica y la razón; al no estar planteado de esa forma la Corte de Apelaciones de lo Civil han infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo, para concluir que tampoco señala la sentencia impugnada en casación, los fundamentos de derecho en que se basa la parte dispositiva o fallo, conforme lo prescribe el articulo 200 numeral 1. Del Código Procesal Civil. Por lo anterior expuesto, queda así precisada y justificada la incidencia de esa infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada; ya que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil. - CAUSALES DEL RECURSO. - Inciso 1.) A... B.... C...- Inciso 2) Igualmente se podrá impugnar la aplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. AGRAVIO OCASIONADO A LA DEMANDADA La sentencia definitiva impugnada en casación, de fecha 20 de febrero del 2017, que confirma la dictada en primera instancia de fecha 30 de Septiembre del 2016, causa serios agravios a mis representados, por cuanto se le condena al pago de la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VElNTISIETE LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L.775,127.07), en concepto de pago de daños, y servicios públicos; en forma injustificada por la apreciación de un medio de prueba que no fue admitido en el proceso y que por tanto no es válido; cantidad de dinero que impacta fuertemente en las finanzas de la demandada.- IDENTIFICACION DEL VICIO O ERROR QUE CAUSA EL AGRAVIO El vicio o error que causa el agravio, lo constituye la apreciación indebida de un de prueba (Peritaje), que ni siquiera fue admitido en el juicio; lo que derivó en la al pago de unos daños que nunca fueron acreditados en el proceso.- IDENTIFICACION PRECISA DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA impugno la sentencia definitiva de fecha 20 de Febrero del 2017, en su PARTE RESOLUTIVA, específicamente en cuanto a sus numerales PRIMERO Y TERCERO que establecen lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, como apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLOS ALIMENTICIOS, SA. DE C.V. (COHDESA), contra la sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre del dos mii dieciséis (F231), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la demanda ordinaria para el pago de sumas de dinero por incumplimiento de contrato de arrendamiento, se declare la finalización del contrato de arrendamiento y a la vez se reclaman daños y perjuicios, promovida en su contra por el Abogado ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA corno Apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES PIEDRA SANTA, S.A. DE C.V. .—.. TERCERO: CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre del dos mil dieciséis (F23 1), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, venida en Apelación. -....” SEPTIMO: Que el abogado Ariel Edmundo Fajardo Rivera plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACION: La parte que represento recurre la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, de fecha 20 Febrero del 2017, que confirma la sentencia dictada por el Juzgado Aquo, de fecha 30 de Septiembre del 2016, en cuanto a la parte del fallo que se impugna en lo relativo a Absolver a la demandada del pago de los Perjuicios causados a mi representada por el incumplimiento del Contrato, sin embargo acepta la parte del fallo que concede a mi representada el pago de los daños a la condena CORPORACION HONDUREÑA DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (COHDESA). Estimo que dicha Sentencia, en la parte apelada por el suscrito es violatoria de normas del ordenamiento jurídico nacional, infringe eh perjuicio de mi representada el Articulo 11 de la Ley de Inquilinato, que establece que el Contrato de Arrendamiento suscrito por mi representada y la sociedad demandada es de “LIBRE CONTRATACION”, ya que el establece que: “Será de libre contratación el alquiler de las viviendas o locales cuando el valor real y total de inmueble en que estén comprendidas exceda de CUARENTA MIL LEMPIRAS, exceptuándose de esta disposición los mesones o cuarterías.” Por tanto las cláusulas que se encuentran plasmadas en el contrato fueron acordadas y aceptadas por ambas partes y es evidente que no son dañinas, lesivas o leoninas, olvidándose también el Juzgador que, de la no aplicación de los Artículos 1346, l348 y 1360 del Código Civil, la sentencia recurrida en su “Motivación Fáctica y Jurídica” numeral “TERCERO”, infringe, además de los artículos pre citados, la protección que debe dársele a las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación del derecho objetivo y de lo cual existe profusa jurisprudencia nacional; y al privársele a mi representada de la aplicación correcta de tales normas, no concedió en el fallo recurrido la indemnización de los perjuicios contractuales a que tenía derecho, negativa por infracción de tales normas legales que, consta en los “antecedentes de Hecho” numeral tercero de la Sentencia del Juzgado AQUO de fecha 30 de Septiembre del 2016, y que fuera confirmada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, con fecha 20 de Febrero del 2017. Con lo anterior hago constar los motivos en que fundo el Recurso de Casación expresando las normas de Derecho cuya infracción sustento y justificando que tales infracciones contenidas en la resolución impugnada y expresada anteriormente, pretenden privar, insisto, a mi representada del pago de las indemnizaciones contractuales reclamadas. En relación a la cláusula Indemnizatoria o clausula Penal, según la doctrina hondureña al respecto, la liquidación convencional o cláusula penal, es la que hacen ¡as partes en el contrato. Es el pacto por el cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer asgo en caso de no ejecutar o de retardar el cumplimiento de la obligación principal. La Legislación civil hondureña no es ajena a esta institución del derecho de contratos, puesto que en su artículo 1417 del Código Civil establece que: “En las obligaciones con cláusula penal substituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses el caso de falta de cumplimiento, SI OTRA COSA NO SE HUBIERE PACTADO.” Entendida, pues, la cláusula penal como el negocio constitutivo de una prestación penal de contenido patrimonial, fijada por los contratantes de ordinario con la intención de indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de una obligación. por norma general se le aprecia a dicha prestación como compensatoria de los daños y perjuicios que sufre el, contratante cumplido, los cuales, en virtud de la convención celebrada previamente entre las partes, no tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo, toda vez que, como se dijo, la pena estipulada es una apreciación anticipada de los susodichos perjuicios, destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad. Es propia del derecho contractual, por ende se entiende que es lícita en cualquier contrato que se celebre, o negocio jurídico que se estipule ínter-partes. Y como propia del derecho contractual, la cláusula penal es una legal y legítima fuente de obligación, pues nace de la voluntad de las partes según el Artículo 1346 del Código Civil y de la libre contratación civil. La infracción de dicha norma al no aplicarse en la sentencia recurrida constituye motivo en que la casación se basa, ya que genera una perdida pecuniaria enorme a mi representada al privársele de los perjuicios generados como clausula penal o indemnizatoria; precisando y justificando la incidencia de la infracción por indebida aplicación de la norma en el sentido de la resolución impugnada en los términos expuestos. EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA EL MOTIVO: La norma infringida que sustenta este motivo en los artículos: artículo 11 de la Ley de Inquilinato; Artículos 1346, 1348, 1360, 1417, 1419, 1539, 1547 del Código Civil y, 719.2 del Código Procesal Civil. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO QUE SE ÍMPUGNA Los pronunciamientos del fallo que se impugnan son los ordinales SEGUNDO, TERCERO. y CUARTO de la Motivación Fáctica y Jurídica, así como el numeral SEGUNDO de la parte Resolutiva del fallo por ser consecuencia inmediata de los mismos.” OCTAVO: Que el abogado ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “SOBRE LA CAUSAL DE CASACION EN QUE SE BASA EL RECURSO El recurso de Casación, tal y como ha siclo planteado, esta incorrectamente fundamentado, es confuso y carente de la observancia del rito o rigor procesal que exige el artículo 719y 721.2 de Código Procesal Civil, lo que paso a explicar de la siguiente manera: Sobre lo dicho en la: PRIMERA CAUSAL: El impetrante, en este apartado omite el rigor procesal que exige el artículo 721.2 de Código Procesal Civil, en el sentido de que si muy bien declara en su Único Motivo” inicia a realizar expresiones de las Normas de Derecho cuya infracción Sustenta el Motivo; el mismo aun no identifica cual es la causal que invoca del Recurso de Casación; omitiendo así, señalar, cual es el «Preceptor Autorizante” del recurso Interpuesto; pues el artículo 719 del Código Procesal Civil, nos señala que pueden ser: “Articulo 719.- causales del Recurso. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las……a) b) c) 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación. Por lo tanto, primeramente, debió el recurrente señalar la Causal del Recurso de Casación ha de invocar según artículo 719 del Código Procesal Civil; y, señalar si esta es por impugnación a la Aplicación o impugnación a la interpretación, para posteriormente hacer la expresión de las normas que se encuentran relacionadas con la causal. SOBRE LA EXPLICACIÓN DEL MOTIVO En este acápite, el recurrente no hace otra cosa que realizar expresiones generales y amplias, sin darle explicaciones concretas y claras al Tribunal de Casación, como o porque se dio el perjuicio, y, en qué forma debieron de interpretarse las violaciones invocadas, así mismo, confundiéndose el mismo en cómo fueron admitidos los medios de prueba que obran en el proceso, pues si muy bien el Medio de Prueba denominado primeramente como Pericial , no se admitió como tal, el mismo, si fue admitido como Documental Privado, a lo que el recurrente no presentó ninguna objeción, así como tampoco presento documentación u otro medio de prueba que desacreditara el presentado por esta parte demandante Adicionalmente señores magistrados, haciendo un análisis de la explicación del recurso presentada por el recurrente, se observa que lo que el mismo desea es que el medio de prueba en cuestión se interprete de forma diferente a la ya valorada por el Juzgado A-Quo y Corte de Apelaciones Civil, y en tal sentido el Código Procesal Civil, en su artículo 720, claramente señala: “Articulo 720 - EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION 1. Por medio del Recuso de Casación, no se podrá instar la revisión de los hechos, ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del Literal “C”, del numeral 1, del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Por lo tanto la aplicación del precepto autorizante que el recurrente debió aplicar es el contenido en el artículo 719, numeral 1, letra “c”; y no, el artículo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil; Convirtiendo así el recurso de casación interpuesto corno inadmisible, pues no cumple el mismo con el rito o rigor que exige la Ley. Por todo lo anterior, debe de desestimarse este motivo.” NOVENO: Que el abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “CONTESTACION AL UNICO AGRAVIO DEL RECURRENTE Para iniciar Honorable Corte el recurrente comete infracción del artículo 721 numeral 2 DeI Código Procesal Civil, al no presentar en forma clara y precisa el motivo en que la casación se basa; y de igual forma no señala en forma precisa la norma de derecho que sustenta su aparente motivo.- Dicho lo anterior, esta parte, Rechaza enfáticamente el único Motivo de Casación y me permito con todo respeto individualizar mi rechazo y oposición en los siguientes términos: CONTESTACION AL UNICO MOTIVO: El recurrente, enfatiza en solicitar el pago de una indemnización que no está considerada ni el contrato ni mucho menos en la Ley, y alega la infracción directa de los artículos 11 de la Ley de Inquilinato, que no guarda ninguna relación ni directa ni indirecta con el caso que nos ocupa, puesto que en ningún momento se ha limitado a las partes la posibilidad de libre contratación, ya que existe un contrato en escritura pública al cual se ha puesto fin conforme a los motivos y procedimientos establecidos en la Ley; y, además señala como violados los artículos 1346, 1348, 1360, 1417, 1419, 1539, 1547 del Código Civil, los cuales tampoco son aplicables en su beneficio, por cuanto la demandada en ningún momento ha violentado cláusulas contractuales ni mucho menos la Ley en perjuicio de la demandante, sucediendo todo lo contrario, y es que la demandante pretende obtener una ganancia ilegal e improcedente al solicitar el pago de una indemnización que no le corresponde. – CONTESTACION A LAS NORMAS DE DERECHO QUE EL RECURRENTE CONSIDERA INFRIGIDAS: Se rechaza este acápite, por cuanto el artículo 11 de la Ley de Inquilinato, no es aplicable en el presente caso; al igual que los artículos del Código Civil señalados por el recurrente, por tanto la Corte de Apelaciones sentenciadora no estaba en la obligatoriedad de observarlos.– CONTESTACION A LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA: Igualmente se rechaza el contenido de este acápite, por cuanto, es falso que la motivación fáctica y jurídica del fallo y el ordinal Segundo del Fallo mismo, se encuentren al margen de la Ley, por el contrario se han apegado estrictamente a derecho y por ello deberán ser confirmados. Es preciso señalar Honorable Corte, que el recurso que ahora se contesta, no reúne los requisitos establecidos en los artículos 704; 719, 721 numeral 2 del Código Procesal Civil, y siendo que el Recurso de Casación es un recurso extraordinario y sumamente formalista, es procedente en derecho que el mismo sea desestimado en todas sus partes.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortés, con fecha treinta de marzo del dos mil diecisiete, tuvo por interpuestos y formalizados en tiempo y forma el recurso de casación, presentado por el abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, representante procesal de la sociedad CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLOS ALIMENTICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (COHDESA), así como por el abogado ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA, en su condición de apoderado de la sociedad PIEDRA SANTA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERSIONES PIEDRA SANTA S.A. DE C.V.), contra la sentencia dictada por la misma Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortés, el día veinte de febrero del dos mil diecisiete, en la demanda en proceso declarativo ordinario para el pago de sumas de dinero por incumplimiento de un contrato de arrendamiento, promovida ante el Juzgado de Letras Civil de la seccional Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PIEDRA SANTA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERSIONES PIEDRA SANTA S.A. DE C.V.), contra la sociedad mercantil denominada “CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLO ALIMENTICIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, (COHDESA), a través de presidente del consejo de administración el señor MARTIN MANUEL ERNESTO ZEPEDA FLORES. 2. RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, representante procesal de COHDESA: MOTIVO UNICO. “Falta de aplicación de los artículos del Código Civil y Código Procesal Civil, que a continuación detallo, en la sentencia dictada el 20 de febrero del año 2017 por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, y la vinculación de tales artículos con los hechos ocurridos en el proceso, sustentan el presente motivo: ARTICULADO DEL CODIGO CIVIL: Art. 1495: Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que las opone. Art. 1496: Las pruebas pueden hacerse: por instrumentos, por confesión, por inspección personal del Juez, por peritos, por testigos y por presunciones. Este artículo derogado tácitamente por el artículo 251 del Código Procesal Civil, contenido en el Decreto número 111-2016 del Soberano Congreso Nacional de la Republica, el cual señalare en adelante. ARTICULADO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL: Articulo 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo. 2……3……- Articulo 251.- MEDIOS DE PRUEBA. 1. Son medios de prueba admisibles en el proceso civil los siguientes: a) Interrogatorio de partes. B) Documentos Públicos. C) Documentos Privados. D) Medios técnicos de reproducción del sonido y de la imagen, e instrumentos técnicos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a. cabo con fines contables o de otra clase. E) Testifical. F) Peritaje. G) Reconocimiento Judicial. 2…. Articulo 315.- PROCEDENCIA: 1. La pericia será procedente cuando, para valorar los hechos o circunstancias relevantes en el asunto o para adquirir certeza sobre ellos, se requieran conocimientos científicos, artísticos, técnicos, tecnológicos, prácticos u otros análogos. 2. La prueba pericial será propuesta por las partes que podrán optar entre aportar al proceso el dictamen de perito privado que posea los conocimientos correspondientes, o solicitar que se emita dictamen por perito oficial designado por el Tribunal. Articulo 332.- DEBERES DE LOS PERITOS PRIVADOS Y OFICIALES. Al emitir el dictamen el perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir la verdad, que ha actuado y, en su caso, actuara con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como perjudicar a cualquiera de las partes y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. EXPLICACION DE LA INFRACCION… Honorables Señores Magistrados, en el caso de marras, durante la evacuación de la audiencia preliminar, la parte demandante presento como Medio de Prueba Pericial, un Análisis de Presupuesto de Reparación General de Edificio Comercial (Cotización) elaborado por el señor Hugo Flores; el cual no reunió los requisitos establecidos en el artículo 332 del Código Procesal Civil, antes transcrito, tal como fue aceptado por la Juzgadora de primera instancia en la señalada audiencia preliminar y a petición de esta parte; sin embargo, en la misma audiencia la A-Quo acepto que ese medio de prueba Pericial se convirtiera en Testigo Perito, a lo que la parte demandante se comprometió a aportar su declaración en la siguiente audiencia.- Llegada la fecha de la audiencia donde debió rendir su declaración el Testigo Perito, y ante la incomparecencia del mismo, este fue renunciado por la parte demandante, y así lo tuvo por renunciado la Juez A-Quo, razón por la cual resulto claro y evidente que el valor de los daños que pretendía probar la parte demandante con la declaración del testigo perito, NUNCA se acreditaron en el proceso.- Ante tal omisión probatoria es evidente que resultaba imposible jurídicamente hablando que se condenara a la demandada al pago de los mismos.- Así las cosas, la Juez de primera instancia con fecha 30 de Septiembre del 2016, emite sentencia definitiva absolviendo a la demandada del pago de los Perjuicios y Rentas caídas y del recargo mensual del 3% y del Impuesto Sobre Ventas; pero condenándola al pago de la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L.775,127.07), en concepto de pago de daños, y servicios públicos; fundamentándose para determinar la cuantía de los daños, en un medio de prueba inexistente, ya que el mismo no fue admitido como tal; y este mismo argumento, fue tomado como suyo por la Corte de Apelaciones sentenciadora, incurriendo en un grave error en perjuicio de mi representada quien ha sido condenada al pago de una suma de dinero violentándose el debido proceso; siendo esta apreciación de la prueba pericial la que ha incidido en el sentido de la Resolución Impugnada.- Honorables Magistrados, aunado a lo anterior, la sentencia de segunda instancia, ahora impugnada, no está prevista de los elementos necesarios que permitan examinar y analizar las razones de las que normalmente se valen las decisiones legales como medios legítimos de la función jurisdiccional, de manera que permitan no solo un control democrático a lo interno del proceso, o sea para permitir el control de las partes y al tribunal en la vía de recurso, sino también un control generalizado que se difunde al aspecto extraprocesal. La motivación debe de contener la declaración de hechos probados que es parte de la expresión de los razonamientos fácticos que junto con los razonamientos jurídicos deben de conducir a la apreciación de la prueba en su conjunto y armónicamente, así como la interpretación y aplicación del derecho.- Cabe señalar que la sentencia impugnada no se logra apreciar estos elementos en consideración a ambos como en su conjunto, con ajuste a las reglas de la lógica y la razón; al no estar planteado de esa forma la Corte de Apelaciones de lo Civil han infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo, para concluir que tampoco señala la sentencia impugnada en casación, los fundamentos de derecho en que se basa la parte dispositiva o fallo, conforme lo prescribe el articulo 200 numeral 1. Del Código Procesal Civil. Por lo anterior expuesto, queda así precisada y justificada la incidencia de esa infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada; ya que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil. - CAUSALES DEL RECURSO. - Inciso 1.) A,... B.... C...- Inciso 2) Igualmente se podrá impugnar la aplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. AGRAVIO OCASIONADO A LA DEMANDADA La sentencia definitiva impugnada en casación, de fecha 20 de febrero del 2017, que confirma la dictada en primera instancia de fecha 30 de Septiembre del 2016, causa serios agravios a mis representados, por cuanto se le condena al pago de la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VElNTISIETE LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L.775,127.07), en concepto de pago de daños, y servicios públicos; en forma injustificada por la apreciación de un medio de prueba que no fue admitido en el proceso y que por tanto no es válido; cantidad de dinero que impacta fuertemente en las finanzas de la demandada.- IDENTIFICACION DEL VICIO O ERROR QUE CAUSA EL AGRAVIO El vicio o error que causa el agravio, lo constituye la apreciación indebida de un de prueba (Peritaje), que ni siquiera fue admitido en el juicio; lo que derivó en la al pago de unos daños que nunca fueron acreditados en el proceso.- IDENTIFICACION PRECISA DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA impugno la sentencia definitiva de fecha 20 de Febrero del 2017, en su PARTE RESOLUTIVA, específicamente en cuanto a sus numerales PRIMERO Y TERCERO que establecen lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, como apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLOS ALIMENTICIOS, SA. DE C.V. (COHDESA), contra la sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre del dos mii dieciséis (F231), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la demanda ordinaria para el pago de sumas de dinero por incumplimiento de contrato de arrendamiento, se declare la finalización del contrato de arrendamiento y a la vez se reclaman daños y perjuicios, promovida en su contra por el Abogado ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA corno Apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES PIEDRA SANTA, S.A. DE C.V... TERCERO: CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre del dos mil dieciséis (F23 1), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, venida en Apelación.”
2.1. Respuesta de la Sala de lo Civil con respecto al único motivo de casación en el recurso formalizado por el abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, al examinar este motivo de casación el Tribunal considera que el Recurrente inobserva la debida técnica casacional por las razones siguientes: a. El motivo se articula por medio del cauce casacional previsto en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, es decir impugna la aplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio; no obstante, señala como normas infringidas los artículos 200, 251, 315 y 332 del Código Procesal Civil los que ostentan la calidad de normas con carácter procesal en conjunto con los artículos 1495 y 1496 del Código Civil, lo cual resulta impropio. b. Además, es oportuno recordarle al Impetrante que no se puede, en estos casos, relacionar normas ya derogadas tal y como resultan ser los artículos 1495 y 1496 del Código Civil, mismos que por disposición del artículo 921.2 del Código Procesal Civil, fueron derogado. c. Pretende el Recurrente que la Sala se pronuncie sobre la valoración de medios de prueba en los fallos proferidos, tanto por la primera instancia, como el dictado por el tribunal ad-quem, con lo cual incurre en un doble error, por una parte no se puede impugnar en casación las sentencias proferidas en primera instancia, ello por estarle vedado su conocimiento a la Sala, al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de Apelaciones; y por otra parte tenemos la exclusión de la revisión probatoria en casación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, que establece que por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia; obviar o inobservar estas reglas conduce al recurrente a no dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. 3. RECURSO DE CASACION FORMALIZADO POR EL ABOGADO ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA, representante procesal de INVERSIONES PIEDRA SANTA: MOTIVO UNICO. La parte que represento recurre la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de fecha 20 Febrero del 2017, que confirma la sentencia dictada por el Juzgado Aquo, de fecha 30 de Septiembre del 2016, en cuanto a la parte del fallo que se impugna en lo relativo a Absolver a la demandada del pago de los Perjuicios causados a mi representada por el incumplimiento del Contrato, sin embargo acepta la parte del fallo que concede a mi representada el pago de los daños a la condena CORPORACION HONDUREÑA DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (COHDESA). Estimo que dicha Sentencia, en la parte apelada por el suscrito es violatoria de normas del ordenamiento jurídico nacional, infringe en perjuicio de mi representada el Articulo 11 de la Ley de Inquilinato, que establece que el Contrato de Arrendamiento suscrito por mi representada y la sociedad demandada es de “LIBRE CONTRATACION”, ya que el establece que: “Será de libre contratación el alquiler de las viviendas o locales cuando el valor real y total de inmueble en que estén comprendidas exceda de CUARENTA MIL LEMPIRAS, exceptuándose de esta disposición los mesones o cuarterías.” Por tanto las cláusulas que se encuentran plasmadas en el contrato fueron acordadas y aceptadas por ambas partes y es evidente que no son dañinas, lesivas o leoninas, olvidándose también el Juzgador que, de la no aplicación de los Artículos 1346, 1348 y 1360 del Código Civil, la sentencia recurrida en su “Motivación Fáctica y Jurídica” numeral “TERCERO”, infringe, además de los artículos pre citados, la protección que debe dársele a las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación del derecho objetivo y de lo cual existe profusa jurisprudencia nacional; y al privársele a mi representada de la aplicación correcta de tales normas, no concedió en el fallo recurrido la indemnización de los perjuicios contractuales a que tenía derecho, negativa por infracción de tales normas legales que, consta en los “antecedentes de Hecho” numeral tercero de la Sentencia del Juzgado AQUO de fecha 30 de Septiembre del 2016, y que fuera confirmada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, con fecha 20 de Febrero del 2017. Con lo anterior hago constar los motivos en que fundo el Recurso de Casación expresando las normas de Derecho cuya infracción sustento y justificando que tales infracciones contenidas en la resolución impugnada y expresada anteriormente, pretenden privar, insisto, a mi representada del pago de las indemnizaciones contractuales reclamadas. En relación a la cláusula Indemnizatoria o clausula Penal, según la doctrina hondureña al respecto, la liquidación convencional o cláusula penal, es la que hacen las partes en el contrato. Es el pacto por el cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o de retardar el cumplimiento de la obligación principal. La Legislación civil hondureña no es ajena a esta institución del derecho de contratos, puesto que en su artículo 1417 del Código Civil establece que: “En las obligaciones con cláusula penal substituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses el caso de falta de cumplimiento, SI OTRA COSA NO SE HUBIERE PACTADO.” Entendida, pues, la cláusula penal como el negocio constitutivo de una prestación penal de contenido patrimonial, fijada por los contratantes de ordinario con la intención de indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de una obligación. Por norma general se le aprecia a dicha prestación como compensatoria de los daños y perjuicios que sufre el contratante cumplido, los cuales, en virtud de la convención celebrada previamente entre las partes, no tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo, toda vez que, como se dijo, la pena estipulada es una apreciación anticipada de los susodichos perjuicios, destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad. Es propia del derecho contractual, por ende se entiende que es lícita en cualquier contrato que se celebre, o negocio jurídico que se estipule ínter-partes. Y como propia del derecho contractual, la cláusula penal es una legal y legítima fuente de obligación, pues nace de la voluntad de las partes según el Artículo 1346 del Código Civil y de la libre contratación civil. La infracción de dicha norma al no aplicarse en la sentencia recurrida constituye motivo en que la casación se basa, ya que genera una perdida pecuniaria enorme a mi representada al privársele de los perjuicios generados como clausula penal o indemnizatoria; precisando y justificando la incidencia de la infracción por indebida aplicación de la norma en el sentido de la resolución impugnada en los términos expuestos. EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA EL MOTIVO: La norma infringida que sustenta este motivo en los artículos: artículo 11 de la Ley de Inquilinato; Artículos 1346, 1348, 1360, 1417, 1419, 1539, 1547 del Código Civil y, 719.2 del Código Procesal Civil. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO QUE SE ÍMPUGNA Los pronunciamientos del fallo que se impugnan son los ordinales SEGUNDO, TERCERO, y CUARTO de la Motivación Fáctica y Jurídica, así como el numeral SEGUNDO de la parte Resolutiva del fallo por ser consecuencia inmediata de los mismos. 3.1. Respuesta de la Sala respecto al único motivo de casación formalizado por el abogado ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA. Al examinar el recurso precitado, esta Sala encuentra que para ser de recibo el mimso, el Censor debió cumplir con ciertos requisitos que se refieren a una adecuada técnica casacional, y no incurrir en los siguientes defectos que lo vuelven inadmisible: a. El Recurrente hace uso de una cita de manera indiscriminada de preceptos legales, que se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente establece: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[1]. b. En el desarrollo del cargo el Impetrante, contrario a lo dispuesto en el artículo 717 del Código Procesal Civil, en lo referente a que solo son recurribles en casación las sentencias que pongan termino al pleito, dictadas en apelación por las Cortes de Apelaciones, impugna directamente la sentencia dictada por el aquo, mediante el cuestionamiento a la motivación fáctica y jurídica de está. c. Además de los defectos antes señalados, recurre el Censor al amparo de la causal recursiva contenida en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil y solicitando la revisión de la motivación fáctica de la sentencia lo que resulta inapropiado, existiendo en el Código Procesal Civil una causal propia que autoriza dicha revisión. 4. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte de los impetrantes, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los dos recursos planteados, la causal prevista en el artículo 723.2. literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación interpuesto por el abogado SIGBERTO LOZANO CASTRO, en su condición de representante procesal de la sociedad Corporación Hondureña de Desarrollo Alimenticios, S.A. de C.V.. 2) La inadmisión del recurso de casación interpuesto por el abogado ARIEL EDMUNDO FAJARDO RIVERA, en su condición de representante procesal de la sociedad Inversiones Piedra Santa, S.A. de C.V. 3) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de fecha veinte de febrero del dos mil diecisiete, en el expediente de apelación número 07-17 C.V., originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2015-05159-LCO del Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés. 4) Condenar en costas a las partes recurrentes. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 87-2017.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1]1 Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thomson Reuters ARAZANDI. Pag. 64 y ss.