Sentencia CC-80-16 — Registro 8146
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria de pago y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “A fin de establecer si el fallo proferido por el iudex ad-quem, vulnera o no el artículo 206.1 del Código Procesal Civil, esto es en cuanto que si el mismo carece del requisito interno de claridad, tal y lo señalado por el recurrente en el Primer Motivo admitido; la Sala de lo Civil a modo de introito en primer lugar tiene a bien señalar que “la congruencia, junto con la precisión y claridad son las características internas esenciales que impone la ley a este acto judicial”, y esto no puede ser de otra manera, puesto que una sentencia que careciese específicamente de claridad, indudablemente produce incertidumbre en cuanto a las relaciones y situaciones jurídicas, todo lo cual conlleva a la inseguridad jurídica, que deviene en la vulneración de la tutela judicial efectiva. En ese orden de ideas, le corresponde al juzgador al momento de redactar la sentencia, y una vez que ha llevado a cabo el examen crítico de los hechos, reducir estos a tipos jurídicos, para determinar entonces el derecho aplicable, en otras palabras determinar si al hecho reducido a tipo jurídico le es aplicable la norma A o la norma B; operación esta que doctrinalmente se conoce como subsunción, y que se define como “Operación lógica por la que se establece que un acto hecho ésta cobijado por una norma, dado que es muestra de la hipótesis de hecho a la que dicha norma somete su ámbito de aplicación.” ; ahora bien tal proceso plantea la duda de si la elección por parte del juzgador es totalmente libre o el mismo queda supeditado a optar por una o por otra de las normas enunciadas por las partes; situación solucionada por nuestra normativa procesal civil (artículo 701.2), ya que el juez es libre de elegir el derecho que cree aplicable, y que tiene acogida en el conocido aforismo del iura novit curia, (el derecho lo sabe el juez). En el caso de autos, llevado a cabo el juicio de confrontación del ya referido motivo y lo consignado en los numérales Tercero y Cuarto del fallo a los que hace alusión el recurrente, la Sala deviene entonces en pronunciarse sobre lo alegado por el impetrante; al respecto es menester señalar que si bien es cierto que el tribunal de segunda instancia hace cita y estima que la normativa del Código de Comercio en el caso de autos, es la que debió de haber regido la compra-venta de la Farmacia Yami a favor de la sociedad mercantil denominada Farmacias Pharmaster S.A. de C.V., por lo que las partes no debieron de haber pactado en forma verbal, tal y como lo hicieron en el caso de autos. Pronunciamiento del cual hay que señalar, en primer lugar que el mismo responde al Primer Agravio formulado por el abogado apelante Conrado Ernesto Rodríguez Contreras, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Farmacias Pharmaster, S.A. de C.V., quien esencialmente a argüido ante la segunda instancia que el fallo del a-quo, al no contemplar la normativa mercantil y aplicar solo la normativa civil ha causado agravios a su representada. En segundo lugar la Sala encuentra que tal pronunciamiento al relacionarse con lo señalado por la referida Corte de Apelaciones en el numeral Cuarto de su fallo, no resulta lo suficientemente claro, ello porque citando el contenido del 1610 del Código Civil concluye que la transacción entre las dos partes al hacerse de manera verbal, la misma se ha perfeccionado, por lo dispuesto en tal artículo, pero también estima que en el caso de autos es aplicable la normativa del Código de Comercio contenida en los artículos 649, 761, 762, 781 y 792, referente a que pueden asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato a futuro, aun y cuando en el presente caso no consta por escrito (requisito necesario para su formalización), tal dualidad normativa citada por la segunda instancia, al no ser manifiestamente explicada provoca que el fallo no resulte lo suficientemente claro, razón para estimar entonces que en el mismo no ha observado lo preceptuado en el artículo 206.1 del Código Procesal Civil, respecto de la claridad del fallo proferido. 8.- Que al tenor de lo estipulado en el acápite anterior, la Sala no se pronuncia sobre el Tercer Motivo de fondo admitido, ello por estarle vedado, tal y lo preceptuado en el artículo 726.2 del Código Procesal Civil, que posibilita que la Sala no se pronuncie sobre la probable infracción de normas materiales, si previamente se ha estimado la infracción de normas procesales; tal y como acontece con el Primer Motivo ya relacionado.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 206, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MENDEZ ROMERO, el tercero designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en el recurso de casación impetrado, en la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES: La sociedad FARMACIAS PHARMASTER, S.A. DE C.V., a través de su representante legal y Presidente del Consejo Administración, el señor Jesús Fuad Hasbun Touche, representada en juicio por el abogado Conrado Ernesto Rodríguez Contreras, en su condición de recurrente; siendo recurrida la señora Claudia Rosario Murillo Torres, quien actúa en su condición de Gerente Propietaria de la Farmacia Yami, representada en juicio por el abogado Hugo Leonardo Mateo Ferrera. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA DE PAGO POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO. promovida en fecha 12 de marzo del año 2014, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por la señora Claudia Rosario Murillo Torres, mayor de edad, hondureña, soltera, Doctora en Química y Farmacia y de este domicilio, quien actúa en su condición de Gerente Propietaria de la Farmacia Yami, representada en juicio por el abogado Hugo Leonardo Mateo Ferrera, contra la sociedad Farmacias Pharmaster, S.A. de C.V., a través de su representante legal y Presidente del Consejo Administración el señor Jesús Fuad Hasbun Touche, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante, y con domicilio en el Departamento de Francisco Morazán. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: El día 12 marzo del año 2014, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la señora Claudia Rosario Murillo Torres, promovió Demanda Ordinaria de Pago, contra la sociedad mercantil denominada Farmacias Pharmaster, S.A. de C.V., a través de su representante legal y Presidente del Consejo Administración el señor Jesús Fuad Hasbun Touche. SEGUNDO: Una vez citada y emplazada la parte demandada, la misma en fecha 15 de mayo de 2014, contesto oponiéndose a la demanda incoada en su contra. TERCERO: Concluido el periodo de evacuación de pruebas y expuestos los alegatos finales de cada una de las partes en litigio, se citó para sentencia definitiva, la cual se dictó en fecha 13 de enero de 2015. La sentencia del a-quo en su parte dispositiva señala literalmente lo siguiente: (Sic.) “FALLA: PRIMERO: Declarando Con lugar la demanda ordinaria DE PAGO, promovida por la señora CLAUDIA ROSARIO MURILLO TORRES, contra la sociedad mercantil Farmacias Pharmaster S.A. de C.V., a través de su representante legal y presidente del Consejo de Administración señor JESUS FUAD HASBUN TOUCHE también conocido como FUAD HASBUN TOUCHE.- SEGUNDO: En consecuencia CONDENA a la Sociedad mercantil Farmacias Pharmaster S.A. de C.V., a través de su representante legal y presidente del Consejo de Administración señor JESUS FUAD HASBUN TOUCHE también conocido como FUAD HASBUN TOUCHE a pagar a la señora CLAUDIA ROSARIO MORILLO TORRES la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 276,597.55). SEGUNDO: Declarando CON LUGAR la tacha del testigo señor JESUS FUAD HASBUN RIVERA también conocido como JESUS FOAD HASBUN RIVERA formulada en su momento por el apoderado legal de la parte demandante. - TERCERO: Manda que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme el presente fallo. - CON COSTAS. - NOTIFIQUESE.” CUARTO: El día 30 de octubre del año 2015, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva dictada el día 13 de enero de 2015, por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito dictó sentencia, misma que en su parte resolutiva establece lo siguiente: (Sic.) “FALLA: I ) DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CONRADO ERNESTO RODRIGUEZ, quien actúa como representante procesal de la sociedad FARMACIAS PHARMASTER, S.A. DE C.V., contra la sentencia dictada el 13 de enero de 2015, por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la demanda de pago, que en contra de su representada promoviera la señora CLAUDIA ROSARIO MORILLO TORRES, en su condición de propietaria de FARMACIA YAMI. II ) Confirmando la sentencia referida en el numeral anterior. III ) Se impone el pago de Costas a la parte apelante.- Y MANDA: Que una vez notificadas las partes de esta resolución, se devuelva la primera pieza al Juzgado de su procedencia con certificación de la presente sentencia para su ejecución. NOTIFIQUESE”. QUINTO: El representante procesal de la sociedad Farmacias Pharmaster, S.A. DE C.V., abogado Conrado Ernesto Rodríguez Contreras, presentó en fecha 15 de febrero del año 2016, escrito de interposición y formalización del recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fecha 30 de octubre del año 2015, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha 16 de febrero del año 2016, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. SEXTO: El abogado Hugo Leonardo Mateo Ferrera, en su condición de representante procesal de la señora Claudia Rosario Murillo Torres, quien a su vez actúa en su condición de Gerente Propietaria de la FARMACIA YAMI, presentó en fecha 04 de marzo del año 2016, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. El día 07 de febrero del año 2018, esta Sala de lo Civil profirió por unanimidad de votos auto irrecurrible y declaro lo siguiente: “I.- LA ADMISION del recurso de casación en el Primer y Tercer Motivo, formalizado por el abogado Conrado Ernesto Rodríguez Contreras, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada FARMACIAS PHARMASTER, S.A. DE C.V., II.- LA INADMISION del recurso de casación en los motivos Segundo, Cuarto y Quinto, formalizado por el abogado Conrado Ernesto Rodríguez Contreras, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada FARMACIAS PHARMASTER, S.A. DE C.V., en contra de la sentencia definitiva dictada el día 30 de octubre de 2015, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación con la Demanda Ordinaria de Pago, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por la señora Claudia Rosario Murillo Torres, actuando en su condición de Gerente Propietaria de la Farmacia Yami, contra la sociedad mercantil denominada Farmacias PHARMASTER, S.A. DE C.V., y III.- SEÑÁLESE el día miércoles 21 de febrero de 2018, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) para la votación y fallo, debiéndose dictar sentencia dentro de los quince días posteriores a esta fecha. NOTIFIQUESE.” II. MOTIVACIÓN JURÍDICA 1.- El recurso de casación al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, tiene dos fines expresos, el primero de ellos se encamina a la protección de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica), esto se hace procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin tiene que ver con la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación únicamente la vinculación que nace en el caso de autos, respecto del Primer y Tercer Motivo del recurso casación formalizado por el censor y que fueron admitidos por este tribunal; en consecuencia sólo se podrá decidir en relación a los pronunciamientos recurridos, y por cuestión de derecho mediante el principio iura novit curiae, todo ello de conformidad a los artículos 701.1, 701.2 y 726.1 del Código Procesal Civil. 3.- De lo anteriormente señalado y al tenor de lo dispuesto en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, corresponde a la Sala de lo Civil confrontar el Primer y Tercer Motivo admitidos, mismos que versan sobre la probable infracción de normas procesales y sustantivas; con la sentencia dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de octubre del año 2015. 4.- La Sala retoma el planteamiento del Primer Motivo expuesto por el recurrente en el recurso impetrado, y en el cual deja expuesto que el fallo proferido por el iudex ad-quem infringe el artículo 206.1 del Código Procesal Civil, que establece: “Las sentencias deben de ser claras, precisas y exhaustivas.”; invoca para ello como causal o motivo de casación, lo dispuesto en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, que señala que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: “la forma y contenido de la sentencia”. La vulneración dice que se suscita porque en el fallo de la segunda instancia, por un lado se dice que entre las partes existió una compraventa, para lo cual invoca el contenido del artículo 1610 del Código Civil, que preceptúa que: “La venta se perfecciona entre comprador y vendedor y será obligatoria para ambos si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni la otra se hayan entregado.”; por lo que con tal pronunciamiento, sí se estima la existencia de un contrato de compraventa con sus obligaciones inherentes entre ambas partes; pero que también en el fallo referido se hace cita de lo preceptuado en el artículo 1 del Código de Comercio, señalando que en el caso de autos, la demanda se contrae a pedir el pago por la cantidad de L.276,597.55, suma que comprende al valor de venta del derecho de llave e inventario de la FARMACIA YAMI (L.273,590.55) y en concepto de indemnización por el uso del mobiliario la cantidad de L.3,007.00, pretendiendo además el pago de los intereses legales y las costas del juicio; razón para estimar que se está ante una compraventa mercantilque implica la transmisión de la empresa individual que actúa con el nombre comercial “Farmacia Yami”, debiendo cumplirse las normas establecidas para la fusión y transformación de sociedades, en lo que resultare procedente, tal como lo dispone el artículo 649 tercer párrafo del Código de Comercio, por lo que, para la formalización del contrato debió hacerse la modificación de los estatutos de la sociedad incorporante Farmacias Pharmaster S.A. de C.V., tal como lo disponen los artículos 344, 345, 346, 347 y demás aplicables del Código de Comercio y no pactar con la empresa de manera verbal. Que por tales razones se estima que la sentencia no es clara; al determinar en el numeral Tercero de los Fundamentos de Derecho que las reglas que deben regir la transmisión de la empresa “Farmacia Yami” son las establecidas en los artículos 344, 345, 346, 347 del Código de Comercio y los artículos 649, 763.3, 764 y 792, del mismo Código; pero por otra parte en el numeral Cuarto de la sentencia recurrida, dice que existía una intención por ambas partes de transmitir la empresa por medio de una compraventa y que la misma se perfeccionó de acuerdo a la disposición del artículo 1610 del Código Civil. Dice que la falta de claridad de la sentencia se evidencia porque, por una parte establece que la operación entre la demandante y el demandado era una compraventa mercantil, sin embargo después aplica conceptos y disposiciones de una compraventa civil (art.1610) y al final dice que no es una compraventa, sino un contrato de compraventa a futuro. 5.- Respecto del Tercer Motivo admitido, la Sala retoma también lo que en su oportunidad planteo el recurrente, esto es que invoca como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, referido a que: “Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.”; estima que en la sentencia impugnada se vulnera, por omisión o falta de aplicación del precepto contenido en el artículo 347 del Código de Comercio, que establece: “El acuerdo de fusión debe inscribirse en el Registro Público de Comercio del domicilio de cada una de las sociedades fusionadas. Hecho el registro deberá de publicarse dicho acuerdo y el último balance de las sociedades; la sociedad o sociedades que dejen de existir publicarán además el sistema establecido para la extinción del pasivo.” En explicación del concepto de infracción señala que la misma se habría producido porque de acuerdo al numeral Tercero de los Fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida, el tribunal ad-quem reconoce que el hecho que ocasiona la demanda es una compraventa mercantil y por lo tanto, para la transmisión de la misma será aplicable el artículo 649 del Código de Comercio, que manda que en esta se deberán cumplir las formalidades establecidas para la fusión y transformación de las sociedades; que en ese sentido la Corte de Apelaciones violó por no aplicar el ya citado artículo 347 del Código de Comercio, mismo que si lo hubiese aplicado, le habría arrojado como conclusión lógica de que no existió una compraventa y por ende la inexistencia de una obligación. 6.- Habiéndose dejado señalado en los acápites anteriores el argumento expuesto en el Primer y Tercer Motivo admitidos del recurso de casación impetrado; este Alto Tribunal con respecto del Primer Motivo y luego del examen exhaustivo del fallo proferido por el iudex ad-quem, constata que efectivamente en el numeral Tercero de los Fundamentos de Derecho, la corte sentenciadora hace cita de una serie de artículos del Código de Comercio, de los cuales rescata que los mismos debieron haber regido la transacción de venta de la Farmacia Yami a la sociedad mercantil Farmacias Pharmaster S.A. de C.V., esto es que debió de haberse cumplido con la normativa para la fusión y transformación de sociedades, debiendo la sociedad compradora (Farmacias Pharmaster), haber hecho modificación de sus estatutos para incorporar la comprada; y no pactar la compra-venta de manera verbal. Así mismo la Sala constata que en el numeral Cuarto de la referida sentencia, ese tribunal colige que en el caso de autos la intención de ambas partes era precisamente la compra-venta de la Farmacia Yami, y que la misma se perfecciona entre ambos, y será obligatoria si hubiesen convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque la una ni la otra se hayan entregado tal y lo dispuesto en el artículo 1610 del Código Civil; finalmente señala el fallo que por las razones expuestas y en base a lo dispuesto en los artículos 649, 761, 762 781 y 792 del Código de Comercio referentes a que puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato a futuro (en el caso de autos no consta por escrito, como requisito para su formalización), por lo que la demandada al haber realizado pagos a la parte demandante, y a su vez realizar negocios con terceros referente a la venta de medicamentos, publicitando el nombre de Farmacias Pharmaster, en un establecimiento abierto al público, por ello asume obligaciones frente a la demandante Dra. Claudia Rosario Murillo Torres, quien a su vez asume la obligación de traspasar la empresa a la sociedad demandada. 7.- A fin de establecer si el fallo proferido por el iudex ad-quem, vulnera o no el artículo 206.1 del Código Procesal Civil, esto es en cuanto que si el mismo carece del requisito interno de claridad, tal y lo señalado por el recurrente en el Primer Motivo admitido; la Sala de lo Civil a modo de introito en primer lugar tiene a bien señalar que “la congruencia, junto con la precisión y claridad son las características internas esenciales que impone la ley a este acto judicial”[1], y esto no puede ser de otra manera, puesto que una sentencia que careciese específicamente de claridad, indudablemente produce incertidumbre en cuanto a las relaciones y situaciones jurídicas, todo lo cual conlleva a la inseguridad jurídica, que deviene en la vulneración de la tutela judicial efectiva. En ese orden de ideas, le corresponde al juzgador al momento de redactar la sentencia, y una vez que ha llevado a cabo el examen crítico de los hechos, reducir estos a tipos jurídicos, para determinar entonces el derecho aplicable, en otras palabras determinar si al hecho reducido a tipo jurídico le es aplicable la norma A o la norma B; operación esta que doctrinalmente se conoce como subsunción, y que se define como “Operación lógica por la que se establece que un acto hecho ésta cobijado por una norma, dado que es muestra de la hipótesis de hecho a la que dicha norma somete su ámbito de aplicación[2].” ; ahora bien tal proceso plantea la duda de si la elección por parte del juzgador es totalmente libre o el mismo queda supeditado a optar por una o por otra de las normas enunciadas por las partes; situación solucionada por nuestra normativa procesal civil (artículo 701.2), ya que el juez es libre de elegir el derecho que cree aplicable, y que tiene acogida en el conocido aforismo del iura novit curia, (el derecho lo sabe el juez). En el caso de autos, llevado a cabo el juicio de confrontación del ya referido motivo y lo consignado en los numérales Tercero y Cuarto del fallo a los que hace alusión el recurrente, la Sala deviene entonces en pronunciarse sobre lo alegado por el impetrante; al respecto es menester señalar que si bien es cierto que el tribunal de segunda instancia hace cita y estima que la normativa del Código de Comercio en el caso de autos, es la que debió de haber regido la compra-venta de la Farmacia Yami a favor de la sociedad mercantil denominada Farmacias Pharmaster S.A. de C.V., por lo que las partes no debieron de haber pactado en forma verbal, tal y como lo hicieron en el caso de autos. Pronunciamiento del cual hay que señalar, en primer lugar que el mismo responde al Primer Agravio formulado por el abogado apelante Conrado Ernesto Rodríguez Contreras, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Farmacias Pharmaster, S.A. de C.V., quien esencialmente a argüido ante la segunda instancia que el fallo del a-quo, al no contemplar la normativa mercantil y aplicar solo la normativa civil ha causado agravios a su representada. En segundo lugar la Sala encuentra que tal pronunciamiento al relacionarse con lo señalado por la referida Corte de Apelaciones en el numeral Cuarto de su fallo, no resulta lo suficientemente claro, ello porque citando el contenido del 1610 del Código Civil concluye que la transacción entre las dos partes al hacerse de manera verbal, la misma se ha perfeccionado, por lo dispuesto en tal artículo, pero también estima que en el caso de autos es aplicable la normativa del Código de Comercio contenida en los artículos 649, 761, 762, 781 y 792, referente a que pueden asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato a futuro, aun y cuando en el presente caso no consta por escrito (requisito necesario para su formalización), tal dualidad normativa citada por la segunda instancia, al no ser manifiestamente explicada provoca que el fallo no resulte lo suficientemente claro, razón para estimar entonces que en el mismo no ha observado lo preceptuado en el artículo 206.1 del Código Procesal Civil, respecto de la claridad del fallo proferido. 8.- Que al tenor de lo estipulado en el acápite anterior, la Sala no se pronuncia sobre el Tercer Motivo de fondo admitido, ello por estarle vedado, tal y lo preceptuado en el artículo 726.2 del Código Procesal Civil, que posibilita que la Sala no se pronuncie sobre la probable infracción de normas materiales, si previamente se ha estimado la infracción de normas procesales; tal y como acontece con el Primer Motivo ya relacionado. III.- PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193, 197, 200, 716, 717, 718, 719.2, 721, 722, 725, 726.1, 727.4, 728.1 y 729 del Código Procesal Civil; dicta SENTENCIA IRRECURRIBLE y DECLARA: I.- ESTIMAR el recurso de casación en su Primer Motivo interpuesto y formalizado por el abogado Conrado Ernesto Rodríguez Contreras, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Farmacias Pharmaster, S.A. de C.V., II.- CASA la sentencia recurrida de fecha 30 de octubre del año 2015, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en consecuencia, reenvíese el expediente de mérito a la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, para que emita nueva sentencia dentro de los quince (15) días hábiles al recibo del expediente, fallo que se deberá dictar conforme lo ya señalado. Y MANDA: Que una vez notificada la presente sentencia se devuelvan los antecedentes a la Corte de su procedencia, para los efectos consecuentes. Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciocho; Certificación de la sentencia de fecha siete de marzo del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 80=2016.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1] Cortes Dominguez Valentín; Sendra Vicente Gimeno y Catena Víctor Moreno. Derecho Procesal Civil. Parte General. Pag. 339. 5ª Edición 2003. Colex.
[2] Diccionario Hispanoamericano de Derecho. Págs. 2215-2216. Tomo II, Grupo Latino Editores Ltada. 2008. Colombia.