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Sentencia CC-53-17 — Registro 8494

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria de reivindicación de dominio y pago de daños y perjuicios y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “1.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. El casacionista comparece denunciando infracción por la falta de aplicación del artículo 874 del Código Civil en la sentencia impetrada ya que en caso contrario el resultado del fallo le seria a favor de sus intereses, sin mayor motivación ni claridad de las razones por las cuales considera dicha afirmación. Confrontado el contenido del escrito del recurso con la sentencia objeto de casación es evidente que Ad Quem SI fundamenta su fallo en el articulo denunciado y teleológicamente abarca el contenido de la norma establecida en el mismo, por lo tanto, la infracción denunciada no es conforme a los hechos. El recurrente debe considerar que la falta de aplicación de una norma de fondo que pone fin al pleito consiste que el juzgador ha dejado de usar absolutamente la norma contenida en ella, por lo tanto, es distinto a la indebida aplicación o la interpretación errónea de la norma. Razones por las cuales este motivo no reúne los requisitos de admisibilidad contenidos en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“2.1. Respuesta de la Sala de lo Civil: Confusamente el recurrente comparece ante este Máximo Tribunal de Justicia denunciando como infringido el articulo 875 del Código Civil con una sutil motivación para que se inste la revisión de prueba aportada a juicio. Dicha afirmación se desprende del propio motivo, cuando el impetrante denuncia lo siguiente: “Demanda declara quien es el poseedor del inmueble que arrienda, cumpliendo de tal manera con la obligación que le impone el Artículo 875, del Código Civil, se declara Con Lugar la acción reivindicatoria de dominio promovida en su contra con fundamento en que la demandada no probó en juicio que no es poseedora del inmueble cuya reivindicación se le demando” (Lo sombreado es de la Sala). Por tanto, el recurrente inobserva la norma contenida en el articulo 720.1 del Código Procesal Civil que establece “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “3.1. Respuesta de la Sala de lo Civil: Se entiende que se considera infringido el artículo 876 del Código Civil, al igual que la causal recursiva es el numeral 2) del artículo 719 del mismo cuerpo legal.- Lo que no es claro son las razones por las cuales el impetrante considera que dicha norma pone fin al fondo del litigio. El recurrente inobserva los requisitos mínimos para el recurso de casación, tales como la fundamentación suficiente de la recurrencia; la claridad de la infracción, ya que en materia civil no basta con la transcripción de un artículo para considerar suficiencia en el recurso extraordinario de casación, y la precisión y justificación de la incidencia. 4. En vista de todo lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de los cuales esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que establecen las causales de inadmisión previstas en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ Y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La empresa mercantil denominada “EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA, S. de R.L. (EMTRATAL), representada en juicio por el abogado FAUSTO ENRIQUE PEÑA, como recurrente; siendo recurridos los señores LIZETH YAMILETH MARQUEZ PINTO, ARGELIA PINTO MORALES, también conocida como ARGELIA PINTO MORALES VIUDA DE MARQUEZ, BRENDA CAROLINA MARQUEZ PINTO, NANCY ALCIRA MARQUEZ PINTO, JOSUE MARQUEZ GUTIERREZ y PAULA MAGDALENA GIRON REYES como representante legal de su hija INDIRA MICHELLE MARQUEZ GIRON, representados en juicio por el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICATORIA DE DOMINIO DE BIEN INMUEBLE,” promovida en fecha tres de marzo de dos mil diez, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELASQUEZ, actuando en su condición de representante procesal de los señores: JOSUE LEONIDAS MARQUEZ GUTIERREZ, LIZETH YAMILETH MARQUEZ PINTO, quien actúa en su condición personal y como representante legal de las señoras ARGELIA PINTO MORALES, BRENDA CAROLINA y NANCY ALCIRA de apellidos MARQUEZ PINTO y PAULA MAGDALENA GIRON REYES, representante legal de la menor INDIRA MICHELLE MARQUEZ GIRON, contra la sociedad mercantil denominada EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA, S. de R.L. a través de su representante legal el señor HECTOR ORLANDO SALGADO CARIAS, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante, vecino de municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha once de agosto de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: 1°) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio y Pago de Daños y Perjuicios, de que se ha hecho mérito, promovida por los señores LEONIDAS MARQUEZ GUTIERREZ, LIZETH YAMILETH MARQUEZ PINTO, está a su vez como representante legal de los señores ARGELIA PINTO MORALES, BRENDA CAROLINA Y NANCY ALClRA todos de apellidos MARQUEZ PINTO y PAULA MAGDALENA GIRON REYES, quien actúa en Representación Legal de la menor INDIRA MICHELLE MARQUEZ GIRON, contra la Sociedad EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA S. DE R.L., como parte demandada, a través de su representante legal el Señor HECTOR ORLANDO SALGADO CARIAS, todos de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia; en consecuencia CONDENA. a la parte demandada Sociedad EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA S. DE R. L., como parte demandada a través de su representante legal el Señor HECTOR ORLANDO SALGADO CARIAS: a) Restituir a favor de la parte demandante Señores JOSUE LEONIDAS MARQUEZ GUTIERRREZ, LIZETH YAMILETH MARQUEZ PINTO, está a su vez como representante legal de los Señores ARGELIA PINTO MORALES, BRENDA CAROLINA Y NANCY ALClRA todos de apellidos MARQUEZ PINTO y PAULA MAGDALENA GIRON REYES, quien actúa en Representación Legal de la menor INDIRA MICHELLE MARQUEZ GIRON, un inmueble ubicado en el lugar denominado GUAYABILLAS, localizado en el Municipio de Talanga, con una extensión superficial de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PUNTO SETENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS (43,968.75 Vrs2), siendo su descripción: NORTE: mide trescientos treinta y seis varas, colinda con las propiedades de GUILLERMO LIMA Y HUGO ERAZO, con calle pavimentada de por medio, AGUSTIN HENRIQUEZ, travesía de por medio y propiedad de JAVIER GAYTAN, con travesía de por medio; AL SUR: mide CIENTO OCHENTA Y NUEVE VARAS, colinda con propiedad de los herederos de Don MARIANO LOPEZ, con travesía de por medio; AL ESTE: mide DOSCIENTAS VEINTITRES VARAS, colinda con propiedad de MANUEL URBINA, ABRAHAM SILVA, calle de por medio y AGUSTIN HENRIQUEZ, travesía de por medio y AL OESTE: mide CIENTO DOCE VARAS, colinda con propiedad de JAVIER GAYTAN, con travesía de por medio, este inmueble está enmarcado dentro de lo que era el titulo territorial denominado “SAN JOSE DE BUENA VISTA”, Municipio de Talanga; que adquirieron por declaratoria de Herederos Ab Intestato debidamente inscritas las Tradiciones de Dominio bajo los números 96 tomo 3632, numero 30 tomo 3517 y 54 del tomo 4262 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Francisco Morazán, .b) En virtud de encontrarse el desarrollo del presente Juicio Declarativo de conformidad a la Legislación Procesal Civil, del Código de Procedimientos Civiles de 1906, también SE CONDENA a la parte Demandada EMPRESA DE TRANSPORTE TALANGA S. de R.L, a pagar a favor de la parte Demandante Señores JOSUE LEONIDAS MARQUEZ GUTIERRREZ, LIZETH YAMILETH MARQUEZ PINTO, está a su vez como Apoderada de los Señores ARGELIA PINTO MORALES, BRENDA CAROLINA Y NANCY ALCIRA todos de apellidos MARQUEZ PINTO y PAULA MAGDALENA GIRON REYES, quien actúa en Representación Legal de la menor INDIRA MICHELLE MARQUEZ GIRON, la cantidad que arroje el cálculo o liquidación de los daños y perjuicios causados en su contra, por culpa de la demandada, al despojar ilegalmente de su propiedad al demandante, cuyo importe o cuantía por no haber sido determinada en la secuela del juicio, se fijara en la etapa de ejecución de esta sentencia, mediante el dictamen correspondiente que deberá rendir un perito experto en la materia- c) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE FALTA DE ACCION PARA DEMANDAR, en virtud de los argumentos y fundamentaciones señalados en los considerandos 4 y 15 de la presente sentencia de mérito, siendo que la referida excepción tiene como finalidad extinguir el proceso por la destrucción de la acción del actor, en este caso la presente acción reivindicatoria o de dominio, concurriendo que en el caso de mérito, no es procedente tal excepción, en virtud de que con las pruebas aportadas se constató que la parte demandada es la poseedora del inmueble con ánimo propio de dueño, al no tener las justificaciones ni la documentación eficaz oponible a los demandantes para desvirtuar las pretensiones de éstos. Y MANDA: Que quede firme el presente fallo, si dentro del término de ley, no se interpone recurso alguno contra el mismo.- CON COSTAS.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: Que en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia confirmando la del A-quo, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación del que se ha hecho mérito; SEGUNDO: CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA, de fecha once (11) de agosto, del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la "DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION DE DOMINIO DE BIEN INMUEBLE.- PAGO POR DAÑOS Y PERJUICIOS" promovida por el Abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELASQUEZ, Apoderado Legal de los Señores JOSUE LEONIDAS MARQUEZ GUTIERREZ, LIZETH YAMILETH MARQUEZ PINTO,, apoderada de ANGELICA PINTO MORALES, BRENDA CAROLINA Y NANCY ALCIRA de apellidos MARQUEZ PINTO, y PAULA MAGDALENA GIRON REYES, representante legal de la menor INDIRA MICHELLE MARQUEZ GIRON, contra la Sociedad Mercantil denominada "EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA, S. DE R.L." a través de su representante legal el señor HECTOR ORLANDO SALGADO CARIAS, todos de generales expresadas en el preámbulo de este fallo.- CON COSTAS.- Y MANDA: Que esta sentencia se notifique a las partes y una vez que la misma adquiera el carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al Órgano Jurisdiccional del que proceden, para su ejecución y demás efectos legales.- NOTIFIQUESE.” TERCERO: El abogado FAUSTO ENRIQUE PEÑA, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada “EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA S. de R.L., (EMTRATAL), en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El representante procesal de los señores LIZETH YAMILETH MARQUEZ PINTO, ARGELIA PINTO MORALES también conocida como ARGELIA PINTO MORALES VIUDA DE MARQUEZ, BRENDA CAROLINA MARQUEZ PINTO, NANCY ALCIRA MARQUEZ PINTO, JOSUE MARQUEZ GUTIERREZ y PAULA MAGDALENA GIRON REYES como representante legal de su hija INDIRA MICHELLE MARQUEZ GIRON., presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados FAUSTO ENRIQUE PEÑA y JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, actuando en sus condiciones ya indicadas, presentaron escrito de personamiento en fechas veintidós y veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.2 del Código Procesal Civil en lo concerniente a falta de aplicación de la norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio, DISPOSICON INFRINGIDA: Infracción por falta de aplicación del Artículo 874, del Código Civil, en cuanto ordena que: "La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor" CONCEPTO DE LA INFRACCION: Dado que el Artículo 874, del Código Civil, expresamente ordena que: "La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor"; y dado también que en el presente caso la demandada Sociedad Mercantil "EMPRESA DE TRANSPORTES T ALANGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" (EMTRATAL), desde su Escrito de Contestación de la Demanda Reivindicatoria de Dominio promovida en su contra, no solo alegó que no era la poseedora del inmueble que se pretende reivindicar, sino que también indicó expresamente, que el dueño del referido bien inmueble es la Sociedad Mercantil "PETROLERA HONDUREÑA,S.A.DE C.V." PEHON, por lo tanto es a quien se debe dirigir la demanda; Resulta evidente, que la aplicación del Artículo 874, del Código Civil, del Código Civil, es obligatoria en la solución de fondo de los Juicios Reivindicatorios de Dominio. Ahora bien, en virtud de que en el presente Juicio, el Fallo recurrido en Casación, que al Confirmar hizo suya la Sentencia de Primera Instancia, en que se declaró con lugar la acción reivindicatoria de dominio promovida contra la "EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" (EMTRATAL), a pesar de que esta alego no ser poseedora del inmueble cuya reivindicación se le demanda, RESULTA EVIDENTE: que en dicho Fallo se incurrió en falta de aplicación del Artículo 874, del Código Civil, que como se repite, su aplicación era jurídicamente indispensable para la solución de fondo del presente litigio; por lo tanto, la Sentencia recurrida no se encuentra ajustada a derecho. SEGUNDO MOTIVO PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.2 del Código Procesal Civil en lo concerniente a falta de aplicación de la norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio, DISPOSICON INFRINGIDA: Infracción por falta de aplicación del Artículo 875, del Código Civil, en cuanto ordena que: "El mero tenedor de la cosa que se reivindica es obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene" CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Artículo 875, del Código Civil, al disponer expresamente que le impone al tenedor del inmueble cuya reivindicación se le demanda, la obligación de declarar el nombre de la persona a cuyo nombre la tiene; a su vez, lo está liberando· de probar tal extremo, únicamente le impone la obligación de declarar el nombre del dueño o poseedor del inmueble de que es tenedor; o sea, no le impone la obligación de probar en juicio quien es el poseedor de dicho inmueble, sino que simplemente le impone la obligación de declarar quien es el poseedor del mismo.- Ahora bien dado que en la Sentencia recurrida en Casación, que al Confirmar hizo suya la Sentencia de Primera Instancia, a pesar de que la demandada "EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" (EMTRA TAL), al contestar la Demanda declara quien es el poseedor del inmueble que arrienda, cumpliendo de tal manera con la obligación que le impone el Artículo 875, del Código Civil, se declara Con Lugar la acción reivindicatoria de dominio promovida en su contra con fundamento en que la demandada no probó en juicio que no es poseedora del inmueble cuya reivindicación se le demando; RESULTA EVIDENTE, que dicha Sentencia no se encuentra ajustadaa derecho, porque se omitió la aplicación del referido Artículo 875, del Código Civil. Para ilustrar lo expuesto en el contenido de los Motivos de Casación que anteceden, se acompaña una Certificación de la Sentencia dictada por la Honorable Sala de lo Constitucional en el Recurso de Amparo No. 1457-05, interpuesto a favor de la Sociedad Mercantil "Standard Fruit De Honduras, S.A." TERCER MOTIVO PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.2 del Código Procesal Civil en lo concerniente a falta de aplicación de la norma de derecho indispensable para la solución de fondo del litigio, DISPOSICON INFRINGIDA: Infracción por falta de aplicación del Artículo 876, del Código Civil, en cuanto ordena que: "Si alguien, de mala fe, se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo, será condenado a la indemnización de todo perjuicio que de este engaño haya resultado al actor." CONCEPTO DE LA INFRACCION: De conformidad con el Artículo 876, del Código Civil, en los Juicios de Reivindicación de Dominio procede la condena a indemnizar daños y perjuicios, cuando el demandado de mala fe, se da por poseedor del bien que se reivindica sin serlo dado que en el presente caso, en la Sentencia recurrida en casación, que al Confirmar hizo suya la Sentencia de Primera Instancia en que se condena a la demandada "EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" (EMTRATAL), al pago· de Daños y Perjuicios, a pesar de que desde su Escrito de Contestación de la Demanda, no solo negó ser poseedora del inmueble que se pretende reivindicar, sino que también declaró quien era el poseedor del mismo; resulta evidente que en dicha Sentencia al condenar a la parte demandada al pago de daños y perjuicios no se encuentra ajustada a derecho, porque se omitió la aplicación del Artículo 876, del Código Civil, que expresamente regula la procedencia de la condena de daños y perjuicios en los juicios de reivindicación de dominio.” SEPTIMO: Que el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “II.- PRONUNCIAMIENTO DANDO CONTESTACION Y RECHAZANDO LOS MOTIVOS DE CASACION PLANTEADOS POR EL RECURRENTE: Ahora bien, sin perjuicio de la existencia de la causa o motivo de inadmisibilidad y de desestimación que afecta a la alegación del recurrente, por cuya una razón la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA a través de la Sala de lo Civil debe INADMITIR el RECURSO DE CASACION, en este acto procedo a pronunciarme dando CONTESTACION y rechazando los motivos expuestos por el recurrente, los cuales contesto de la manera siguiente: SOBRE EL PRIMER MOTIVO: Bajo este acápite la parte demandada/recurrente en Casación aduce infundadamente que la demandada la sociedad mercantil EMPRESA DE TRANSPORTE TALANGA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (EMTRATAL) no es la poseedora del inmueble objeto de reivindicación, sino que simple ARRENDATARIA, y que la supuesta propietaria que supuestamente se lo arrendó es la sociedad mercantil PETROLERA HONDUREÑA, S. A. DE C. V. (PEHON), habiendo presentado el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de fecha 1 de abril del 2002. A lo anterior contestamos lo siguiente: La parte demandada/recurrente presentó en juicio el testimonio de la escritura pública No. 17 autorizado por el Notario GUILLERMO COINDET C. del 12 de julio del 1978 de compraventa a favor de la sociedad PETROLERA HONDUREÑA, S. A. DE C. V. que contiene 2 bienes inmuebles identificados en 2 LITERALES: “A” ubicado en el lugar llamado EL GUANACASTAL de Talanga y “B” ubicado en el lugar llamado LAS ANIMAS, ALDEA DE CERRO GRANDE, JURISDICCION DE TEGUCIGALPA, de tal manera que solo nos referiremos al inmueble “A” ya que el inmueble objeto de reivindicación se encuentra ubicado en el municipio de TALANGA. Con respecto del inmueble descrito en el literal “A” se refiere a un inmueble ubicado en el lugar llamado EL GUANACASTAL y en el Testimonio de la misma escritura pública No. 17 autorizada por el Notario GUILLERMO COINDET C. del 12 de julio del 1978 se especifica lo siguiente: “Dicho inmueble no cuenta con antecedente de dominio inscrito” Por esa razón las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Francisco Morazán al inscribir dicho instrumento No. 17 autorizado por el Notario GUILLERMO COINDET C. del 12 de julio del 1978 anotaron la aclaración siguiente: “Inscrito en el Libro Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas bajo el No. 22 del tomo 263 en cuanto al inmueble descrito en la letra “B” que es el que tiene antecedente”. En vista de lo anterior expongo: 1.- Que el instrumento público No. 17 autorizado por el Notario GUILLERMO COINDET C. del 12 de julio del 1978 al no tener antecedente registral inscrito del dominio sobre el inmueble del literal “A” ubicado en el lugar llamado el GUANACASTAL, no cumple las formalidades que la ley exige para la tradición de bienes raíces, cuales son el otorgamiento de instrumento público y estar éste debidamente inscrito en Registro de la Propiedad de Francisco Morazán tal y como lo ordena el artículo 713 del Código Civil, cuyo requisito legal no cumple el citado instrumento, por lo cual no se le puede atribuir la calidad de propietaria del inmueble frente a TERCEROS a la sociedad mercantil PETROLERA HONDUREÑA, S. A. DE C. V. como pretende el demandado; en ese sentido los demandantes son TERCERAS personas a los que no les es oponible en juicio el testimonio No. 17 autorizado por el Notario GUILLERMO COINDET C. del 12 de julio del 1978, en cuanto al inmueble del literal “A” que NO tiene inscripción registral.- En ese mismo sentido se expresa el artículo 27 de la LEY DE PROPIEDAD que ordena la inscripción del Derecho de Propiedad para que surta efectos legales frente a terceras personas. 2.- Adviértase que el inmueble del literal “A” cuyo antecedente registral no existe y que aduce el demandado ser propiedad de su arrendador se ubica en el lugar llamado EL GUANACASTAL y que, el inmueble objeto de reivindicación, se ubica en el sitio llamado GUAYABILLAS del municipio de Talanga y al realizarse la ejecución del medio de prueba No. 2 de INSPECCION DEL SEÑOR JUEZ ASOCIADO DE SU SECRETARIO DE ACTUACIONES de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil quince (2,015) en las oficinas de la ALCALDIA MUNICIPAL de TALANGA al ser atendidos por el señor RAMON VARELA, Jefe de Catastro, éste manifestó lo siguiente: a.- Que el inmueble objeto de litigio se ubica en GUAYABILLAS por la Ermita y que hasta ahora escucha del GUANACASTAL (o sea, las autoridades de la Alcaldía desconocen la existencia del sitio llamado el GUANACASTAL). b.- Que los Directivos de los Terrenos Comuneros del Título CARIAS Y RODRIGUEZ son quienes determinan la ubicación de esos inmuebles (éstos son los Tradentes del sr. LEONIDAS MARQUEZ, causante de los demandantes) c.- Que el señor MARQUEZ inició el negocio (gasolinera) hace más de veinte (20) años Véase ACTA que obra a folio 309 y vuelta. 3.- En cuanto al CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de fecha 1 de abril del 2002 suscrito entre las sociedades mercantiles PETROLERA HONDUREÑA, S. A. DE C. V. (PEHON) y EMPRESA DE TRANSPORTE DE TALANGA, S. DE R. L. (EMTRATAL) se estableció por el documento mismo que este es copia de un DOCUMENTO PRIVADO estableciendo entre las condiciones de su contratación el precio IRRISORIO de UN LEMPIRA (L. 1.00) MENSUAL, por el PLAZO contractual para el supuesto arrendamiento por DIEZ (10) AÑOS comprendido del uno (1) de abril del año dos mil dos (2,002) al treinta (30) de abril del año dos mil doce (2,012), careciendo dicho contrato de validez y de eficacia legal frente a mis representados procesales y no oponible en juicio a los demandantes ya que el artículo 1,575 numeral 2 del Código Civil establece que deberán constar en DOCUMENTO PÚBLICO LOS ARRENDAMIENTOS SOBRE BIENES INMUEBLES POR TRES (3) AÑOS O MÁS, SIEMPRE QUE DEBAN PERJUDICAR A TERCEROS. El CONTRATO DE ARRENDAMIENTO aportado por la parte demandada consta en DOCUMENTO PRIVADO, careciendo de eficacia y no oponible a terceras personas (como lo son los demandantes) por tener un PLAZO de DIEZ (10) AÑOS, estando el mismo vencido desde el treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012), no obstante lo cual la sociedad mercantil EMPRESA DE TRANSPORTE DE TALANGA, S. DE R. L. (EMTRATAL) aún hoy sigue poseyendo el inmueble objeto de reivindicación, sin tener ninguna justificación legal que desvirtúe que la misma no es la poseedora del inmueble, ya que la misma no tiene el respaldo legal de documentación valida y eficaz frente a mis representados para establecer que ésta no es la responsable de la ocupación ilegal del inmueble y, por tanto, a ella debe dirigirse la ACCION de REIVINDICACION para la restitución del inmueble. 4.- Por parte de mis representados procesales se acreditó el antecedente de propiedad del inmueble objeto de reivindicación y las tradiciones de dominio por causas de sucesión debidamente inscritas bajo los asientos 96 Tomo 3632, 30 Tomo 3517 y 54 Tomo 4262 del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán, cuyo dominio adquirieron por sucesión por causa de muerte de su causante el sr. LEONIDAS MARQUEZ. SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO: Bajo éste acápite la parte demandada/recurrente nuevamente se refiere a su supuesta calidad de ARRENDADORA y simple tenedora del inmueble objeto de reivindicación, cuya postura es rechazada por el suscrito en vista que, como ya se expuso en el numeral anterior, las razones son las siguientes: 1.- El DERECHO DE PROPIEDAD de los demandantes sobre el inmueble objeto del juicio, hace procedente la acción reivindicatoria promovida por éstos y dirigido su accionar contra cualquier poseedor del inmueble de su propiedad, en este caso, la sociedad mercantil EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA, S. DE R. L. (EMTRATAL) como poseedora establecida en el predio objeto del juicio de reivindicación, ya que el supuesto derecho de propiedad de la sociedad PETROLERA HONDUREÑA, S. A. DE C. V. (PEHON) NO es oponible a los demandantes por no cumplir su tradición las formalidades de ley, ya que el instrumento de adquisición del testimonio No. 17 autorizado por el Notario GUILLERMO COINDET C. del 12 de julio del 1978 y asimismo NO es oponible a los demandantes el CONTRATO (PRIVADO) DE ARRENDAMIENTO por carecer de eficacia y validez legal frente a terceras personas, es decir, frente a mis representados procesales, por las razones siguientes: a) El inmueble identificado como lote “A” del testimonio No. 17 autorizado por el Notario GUILLERMO COINDET C. del 12 de julio del 1978 NO esta inscrito en el Registro de la Propiedad competente, tal y como lo ordenan las NORMAS DE ORDEN PUBLICO de los artículos _713 del CODIGO CIVIL y artículo 27 de la LEY DE PROPIEDAD, que mandan la inscripción del dominio para que surta efectos frente a TERCEROS. En la INSPECCION realizada en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil quince (2,015) que obra a folio 309 y vuelta las autoridades del CATASTRO MUNICIPAL DE TALANGA manifestaron desconocer la ubicación del sitio llamado EL GUANACASTAL. 2.- El CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de fecha 01 de abril del 2002 suscrito entre las sociedades mercantiles PETROLERA HONDUREÑA, S. A. DE C. V. (PEHON) y EMPRESA DE TRANSPORTE DE TALANGA, S. DE R. L. (EMTRATAL) consta en un DOCUMENTO PRIVADO en el cual se pactaron las condiciones de su contratación: el precio IRRISORIO de UN LEMPIRA (L. 1.00) MENSUAL, y el PLAZO contractual del supuesto arrendamiento es de DIEZ (10) AÑOS, comprendido del uno (1) de abril del año dos mil dos (2,002) al treinta (30) de abril del año dos mil doce (2,012) cuyo contrato fue desestimado por el Juez de primera instancia y confirmada la desestimación por el Tribunal se segunda instancia por carecer dicho contrato de validez y de eficacia legal frente a mis representados procesales ya que el artículo 1,575 numeral 2 del Código Civil establece que deberán constar en DOCUMENTO PÚBLICO los ARRENDAMIENTOS SOBRE BIENES INMUEBLES POR TRES (3) AÑOS O MÁS, SIEMPRE QUE DEBAN PERJUDICAR A TERCEROS; y en el presente caso el supuesto arrendamiento es por un plazo de diez (10) años y el mismo consta en DOCUMENTO PRIVADO no oponible a terceras personas. Es más, dicho contrato de arrendamiento esta vencido desde el treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012), no obstante lo cual la sociedad mercantil EMPRESA DE TRANSPORTE DE TALANGA, S. DE R. L. (EMTRATAL) sigue poseyendo el inmueble objeto de reivindicación, sin tener ninguna justificación legal que desvirtúe que la misma no es la poseedora del inmueble, ya que la misma no tiene el respaldo legal de documentación valida y eficaz frente a mis representados para establecer que ésta no es la responsable de la ocupación ilegal del inmueble y, por tanto, a ella debe dirigirse la ACCION de REIVINDICACION para la restitución del inmueble. SOBRE EL TERCER MOTIVO: Bajo éste acápite la parte demandada/recurrente aduce no ser la responsable para el pago de los daños y perjuicios por la ilegal posesión y explotación que ha hecho del inmueble objeto de reivindicación aduce que la demandada la sociedad mercantil EMPRESA DE TRANSPORTE TALANGA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (EMTRATAL) no es la poseedora del inmueble objeto de reivindicación, sino que simple ARRENDATARIA, y que por lo mismo no corresponde que la misma sea condenada al PAGO DE DAÑOS y PERJUICIOS, argumentando que la supuesta propietaria que le arrendó el inmueble es la sociedad mercantil PETROLERA HONDUREÑA, S. A. DE C. V. (PEHON), con respecto de lo cual expongo lo siguiente: 1.- La parte demandada/recurrente presentó en juicio el testimonio de la escritura pública No. 17 autorizado por el Notario GUILLERMO COINDET C. del 12 de julio del 1978 de compraventa a favor de la sociedad PETROLERA HONDUREÑA, S. A. DE C. V. que contiene 2 bienes inmuebles identificados en 2 LITERALES: “A” ubicado en el lugar llamado EL GUANACASTAL de Talanga y “B” ubicado en el lugar llamado LAS ANIMAS, ALDEA DE CERRO GRANDE, JURISDICCION DE TEGUCIGALPA, de tal manera que solo nos referiremos al inmueble “A” ya que el inmueble objeto de reivindicación se encuentra ubicado en el municipio de TALANGA. Con respecto del inmueble descrito en el literal “A” se refiere a un inmueble ubicado en el lugar llamado EL GUANACASTAL y en el Testimonio de la misma escritura pública No. 17 autorizada por el Notario GUILLERMO COINDET C. del 12 de julio del 1978 se especifica lo siguiente: “Dicho inmueble no cuenta con antecedente de dominio inscrito” Por esa razón las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Francisco Morazán al inscribir dicho instrumento No. 17 autorizado por el Notario GUILLERMO COINDET C. del 12 de julio del 1978 anotaron la aclaración siguiente: “Inscrito en el Libro Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas bajo el No. 22 del tomo 263 en cuanto al inmueble descrito en la letra “B” que es el que tiene antecedente”. En vista de lo anterior expongo: 1.- Que el instrumento público No. 17 autorizado por el Notario GUILLERMO COINDET C. del 12 de julio del 1978 al no tener antecedente registral inscrito del dominio sobre el inmueble del literal “A” ubicado en el lugar llamado el GUANACASTAL, no cumple las formalidades que la ley exige para la tradición de bienes raíces, cuales son el otorgamiento de instrumento público y estar éste debidamente inscrito en Registro de la Propiedad de Francisco Morazán tal y como lo ordena el artículo 713 del Código Civil, cuyo requisito legal no cumple el citado instrumento, por lo cual no se le puede atribuir la calidad de propietaria del inmueble frente a TERCEROS a la sociedad mercantil PETROLERA HONDUREÑA, S. A. DE C. V. como pretende el demandado; en ese sentido los demandantes son TERCERAS personas a los que no les es oponible el testimonio No. 17 autorizado por el Notario GUILLERMO COINDET C. del 12 de julio del 1978, en cuanto al inmueble del literal “A” que NO tiene inscripción registral.- En ese mismo sentido se expresa el artículo 27 de la LEY DE PROPIEDAD que ordena la inscripción del Derecho de Propiedad para que surta efectos legales frente a terceras personas. Adviértase que el inmueble del literal “A” cuyo antecedente registral no existe y que aduce el demandado ser propiedad de su arrendador se ubica en el lugar llamado EL GUANACASTAL y que, el inmueble objeto de reivindicación, se ubica en el sitio llamado GUAYABILLAS del municipio de Talanga. 2.- En cuanto al CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de fecha 1 de abril del 2002 suscrito entre las sociedades mercantiles PETROLERA HONDUREÑA, S. A. DE C. V. (PEHON) y EMPRESA DE TRANSPORTE DE TALANGA, S. DE R. L. (EMTRATAL) se estableció por el documento mismo que este es copia de un DOCUMENTO PRIVADO estableciendo entre las condiciones de su contratación el precio IRRISORIO de UN LEMPIRA (L. 1.00) MENSUAL, por el PLAZO contractual para el supuesto arrendamiento por DIEZ (10) AÑOS comprendido del uno (1) de abril del año dos mil dos (2,002) al treinta (30) de abril del año dos mil doce (2,012), careciendo dicho contrato de validez y de eficacia legal frente a mis representados procesales y no oponible en juicio a los demandantes ya que el artículo 1,575 numeral 2 del Código Civil establece que deberán constar en DOCUMENTO PÚBLICO LOS ARRENDAMIENTOS SOBRE BIENES INMUEBLES POR TRES (3) AÑOS O MÁS, SIEMPRE QUE DEBAN PERJUDICAR A TERCEROS. 3.- Por parte de mis representados procesales se acreditó el antecedente de propiedad del inmueble objeto de reivindicación y las tradiciones de dominio por causas de sucesión debidamente inscritas bajo los asientos 96 Tomo 3632, 30 Tomo 3517 y 54 Tomo 4262 del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán, cuyo dominio adquirieron por sucesión por causa de muerte de su causante el sr. LEONIDAS MARQUEZ, acreditándose que el causante de mis representados fue el fundador del negocio de distribución de combustible existente en el inmueble objeto de reivindicación. El contrato de arrendamiento por medio del cual la parte demandada pretende acreditar su calidad de ARRENDATARIO además de carecer de eficacia frente a TERCRAS PERSONAS, por no constar el DOCUMENTO PUBLICO, esta vencido desde el treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012), no obstante lo cual la sociedad mercantil EMPRESA DE TRANSPORTE DE TALANGA, S. DE R. L. (EMTRATAL) sigue poseyendo el inmueble objeto de reivindicación y explotándolo con la gasolinera que opera en el predio, sin tener ninguna justificación legal que desvirtúe que la misma no es la poseedora del inmueble, ya que la misma no tiene el respaldo legal de documentación valida y eficaz frente a mis representados para establecer que ésta no es la responsable de la ocupación ilegal del inmueble y, por tanto, a ella debe dirigirse la ACCION de REIVINDICACION para la restitución del inmueble y el correspondiente pago de los DAÑOS y PERJUICIOS causados a los demandantes”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. SOBRE EL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. El recurrente expone: “PRIMER MOTIVO PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.2 del Código Procesal Civil en lo concerniente a falta de aplicación de la norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio, DISPOSICION INFRINGIDA: Infracción por falta de aplicación del Artículo 874, del Código Civil, en cuanto ordena que: "La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor" CONCEPTO DE LA INFRACCION: Dado que el Artículo 874 del Código Civil, expresamente ordena que: "La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor"; y dado también que en el presente caso la demandada Sociedad Mercantil "EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" (EMTRATAL), desde su Escrito de Contestación de la Demanda Reivindicatoria de Dominio promovida en su contra, no solo alegó que no era la poseedora del inmueble que se pretende reivindicar, sino que también indicó expresamente, que el dueño del referido bien inmueble es la Sociedad Mercantil "PETROLERA HONDUREÑA,S.A.DE C.V." PEHON, por lo tanto es a quien se debe dirigir la demanda; Resulta evidente, que la aplicación del Artículo 874, del Código Civil, es obligatoria en la solución de fondo en los Juicios Reivindicatorios de Dominio. Ahora bien, en virtud de que en el presente Juicio, el Fallo recurrido en Casación, que al Confirmar hizo suya la Sentencia de Primera Instancia, en que se declaró con lugar la acción reivindicatoria de dominio promovida contra la "EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" (EMTRATAL), a pesar de que esta alego no ser poseedora del inmueble cuya reivindicación se le demanda, RESULTA EVIDENTE: que en dicho Fallo se incurrió en falta de aplicación del Artículo 874, del Código Civil, que como se repite, su aplicación era jurídicamente indispensable para la solución de fondo del presente litigio; por lo tanto, la Sentencia recurrida no se encuentra ajustada a derecho”. 1.1. Respuesta de la Sala de lo Civil. El casacionista comparece denunciando infracción por la falta de aplicación del artículo 874 del Código Civil en la sentencia impetrada ya que en caso contrario el resultado del fallo le seria a favor de sus intereses, sin mayor motivación ni claridad de las razones por las cuales considera dicha afirmación. Confrontado el contenido del escrito del recurso con la sentencia objeto de casación es evidente que Ad Quem SI fundamenta su fallo en el articulo denunciado y teleológicamente abarca el contenido de la norma establecida en el mismo, por lo tanto, la infracción denunciada no es conforme a los hechos. El recurrente debe considerar que la falta de aplicación de una norma de fondo que pone fin al pleito consiste que el juzgador ha dejado de usar absolutamente la norma contenida en ella, por lo tanto, es distinto a la indebida aplicación o la interpretación errónea de la norma. Razones por las cuales este motivo no reúne los requisitos de admisibilidad contenidos en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. 2. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: El recurrente expone: “Infracción por falta de aplicación del Artículo 875 del Código Civil, en cuanto ordena que: "El mero tenedor de la cosa que se reivindica es obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene" CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Artículo 875, del Código Civil, al disponer expresamente que le impone al tenedor del inmueble cuya reivindicación se le demanda, la obligación de declarar el nombre de la persona a cuyo nombre la tiene; a su vez, lo está liberando de probar tal extremo, únicamente le impone la obligación de declarar el nombre del dueño o poseedor del inmueble de que es tenedor; o sea, no le impone la obligación de probar en juicio quien es el poseedor de dicho inmueble, sino que simplemente le impone la obligación de declarar quien es el poseedor del mismo.- Ahora bien dado que en la Sentencia recurrida en Casación, que al Confirmar hizo suya la Sentencia de Primera Instancia, a pesar de que la demandada "EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" (EMTRATAL), al contestar la Demanda declara quien es el poseedor del inmueble que arrienda, cumpliendo de tal manera con la obligación que le impone el Artículo 875, del Código Civil, se declara Con Lugar la acción reivindicatoria de dominio promovida en su contra con fundamento en que la demandada no probó en juicio que no es poseedora del inmueble cuya reivindicación se le demando; RESULTA EVIDENTE, que dicha Sentencia no se encuentra ajustada derecho, porque se omitió la aplicación del referido Artículo 875, del Código Civil. Para ilustrar lo expuesto en el contenido de los Motivos de Casación que anteceden, se acompaña una Certificación de la Sentencia dictada por la Honorable Sala de lo Constitucional en el Recurso de Amparo No. 1457-05, interpuesto a favor de la Sociedad Mercantil "Standard Fruit De Honduras, S.A." PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.2 del Código Procesal Civil en lo concerniente a falta de aplicación de la norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio”. 2.1. Respuesta de la Sala de lo Civil: Confusamente el recurrente comparece ante este Máximo Tribunal de Justicia denunciando como infringido el articulo 875 del Código Civil con una sutil motivación para que se inste la revisión de prueba aportada a juicio. Dicha afirmación se desprende del propio motivo, cuando el impetrante denuncia lo siguiente: “Demanda declara quien es el poseedor del inmueble que arrienda, cumpliendo de tal manera con la obligación que le impone el Artículo 875, del Código Civil, se declara Con Lugar la acción reivindicatoria de dominio promovida en su contra con fundamento en que la demandada no probó en juicio que no es poseedora del inmueble cuya reivindicación se le demando” (Lo sombreado es de la Sala). Por tanto, el recurrente inobserva la norma contenida en el articulo 720.1 del Código Procesal Civil que establece “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”. 3. EN CUANTO AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: El impetrante expone: “PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.2 del Código Procesal Civil en lo concerniente a falta de aplicación de la norma de derecho indispensable para la solución de fondo del litigio, DISPOSICION INFRINGIDA: Infracción por falta de aplicación del Artículo 876 del Código Civil, en cuanto ordena que: "Si alguien, de mala fe, se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo, será condenado a la indemnización de todo perjuicio que de este engaño haya resultado al actor." De conformidad con el Artículo 876, del Código Civil, en los Juicios de Reivindicación de Dominio procede la condena a indemnizar daños y perjuicios, cuando el demandado de mala fe, se da por poseedor del bien que se reivindica sin serlo dado que en el presente caso, en la Sentencia recurrida en casación, que al Confirmar hizo suya la Sentencia de Primera Instancia en que se condena a la demandada "EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" (EMTRATAL), al pago de Daños y Perjuicios, a pesar de que desde su Escrito de Contestación de la Demanda, no solo negó ser poseedora del inmueble que se pretende reivindicar, sino que también declaró quien era el poseedor del mismo; resulta evidente que en dicha Sentencia al condenar a la parte demandada al pago de daños y perjuicios no se encuentra ajustada a derecho, porque se omitió la aplicación del Artículo 876, del Código Civil, que expresamente regula la procedencia de la condena de daños y perjuicios en los juicios de reivindicación de dominio.” 3.1. Respuesta de la Sala de lo Civil: Se entiende que se considera infringido el articulo 876 del Código Civil, al igual que la causal recursiva es el numeral 2) del articulo 719 del mismo cuerpo legal.- Lo que no es claro son las razones por las cuales el impetrante considera que dicha norma pone fin al fondo del litigio. El recurrente inobserva los requisitos mínimos para el recurso de casación, tales como la fundamentación suficiente de la recurrencia; la claridad de la infracción, ya que en materia civil no basta con la transcripción de un articulo para considerar suficiencia en el recurso extraordinario de casación, y la precisión y justificación de la incidencia. 4. En vista de todo lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de los cuales esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que establecen las causales de inadmisión previstas en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARAR INADMISIBLE el escrito contentivo del recurso de casación interpuesto por el abogado FAUSTO ENRIQUE PEÑA en su condición de representante judicial de la sociedad EMPRESA DE TRANSPORTES TALANGA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (EMTRATAL), en contra de la sentencia proferida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha siete de noviembre del año dos mil dieciséis. 2.- Declarar firme la sentencia recurrida de la cual se ha hecho mención, contentiva en el expediente de apelación número 01301-10, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2010-01301-CO. 3.- Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Magistrado Ponente Reynaldo Antonio Hernández. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 53-2017.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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