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Sentencia CC-39-17 — Registro 7839

Resumen

En primera instancia se declarando con lugar la demanda ordinaria de resolución del contrato de compra venta por falta de consentimiento en el acto y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“3.1. La Sala de lo Civil al hacer el estudio del Primer Motivo de casación planteado, encuentra que el mismo no concita su admisión, toda vez que se detectan como defectos casacionales en la interposición del motivo, los siguientes: a) Carece de la separación y claridad que exige el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, así tenemos que él impetrante expone que el fallo del tribunal de alzada ha supuesto la vulneración por falta de aplicación de los artículos 723 párrafos primero, segundo y tercero, 1586, 1589 y 1599 del Código Civil, y aplicando de forma indebida los artículos 745, 747, 752, 784, 786, 789 del citado Código, 4 del Código Procesal Civil y 93 del Código de Procedimientos Civiles; al respecto la Sala considera que el recurrente no ha hecho la separación debida en cuanto a cada uno de los artículos que estima vulnerados, es menester recordar al respecto que una adecuada técnica de casación al momento de interponer el recurso, pasa porque indefectiblemente el recurrente cite cada uno de los artículos vulnerados en motivos diferentes haciendo la invocación del precepto autorizante y explicando a la Sala la incidencia de tal vulneración en el sentido de la resolución impugnada; por otra parte es prudente recordar que no se puede hacer invocación conjunta en un mismo motivo de la probable vulneración de los artículos 723 párrafos primero, segundo y tercero, 745, 747, 752, 784, 786, 789, 1586, 1589 y 1599 del Código Civil, que resultan ser normas sustantivas, y los artículos 4 del Código Procesal Civil, y 93 del Código de Procedimientos Civiles; que resultan ser normas procesales, ello porque para alegar la vulneración de normas procesales o sustantivas, el artículo 719 del Código Procesal Civil delimita las causales especificas para cada una de dichas normas; b) Amen de lo anterior denuncia el recurrente también la infracción por aplicación indebida, de los artículos 723, 745, 747, 752, 784, 786, 789, 1586, 1589 y 1599 del Código Civil y los artículos 4 del Código Procesal Civil, y 93 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República. Tal cita que el recurrente hace de una manera indiscriminada de preceptos legales, se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente establece: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[1]; en ese sentido la Sala estima que el recurrente en el primer motivo planteado al hacer cita de varias normas jurídicas, de carácter adjetivo, sustantivo y constitucional, mismas que difieren en rango y protección recursiva, no cumple entonces con su deber de haberlas planteado en forma separada cada una de ellas en motivos distintos, y cumplir así con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa….”; en el presente motivo la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones (usus fori).[2]; y c) El recurrente confunde la causal o precepto autorizante al plantear el motivo, ello porque cita como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, pero erradamente lo establece como: “b) los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”, causal esta que corresponde a lo preceptuado en el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “4.1. Respecto de lo expuesto en el Segundo Motivo, la Sala encuentra que el recurrente nuevamente incurre en las mismas falencias expuestas en el motivo anterior a saber: a) Señala que el fallo del iudex ad-quem ha vulnerado en perjuicio de su representada, por aplicación indebida de los artículos 745, 747, 752, 784, 786, 798 del Código Civil, que fueron empleados para la solución de fondo del litigio; y que en ese mismo fallo se ha obviado u inobservado aplicar debidamente los artículos 750, 786, 1551 del citado Código Civil. Al respecto de tal planteamiento el recurrente hace cita indiscriminada de preceptos en un solo motivo, y como ya se ha señalado en el motivo anterior, concita que sea inadmisible, se apunta por parte de la Sala, que si se estimaba que los citados artículos del Código Civil se habían aplicado indebidamente o inobservado en el fallo impugnado, devenía entonces en señalar tal vulneración para cada artículo en forma separada y en motivos distintos y haciendo señalamiento a la Sala de la justificación de la incidencia de la vulneración en el sentido de la resolución impugnada; b) Nuevamente el recurrente cita como causal del motivo lo dispuesto en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, pero erradamente hace cita literal de: “b) los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”, causal esta que corresponde a lo preceptuado en el artículo 719.1 literal b), del Código Procesal Civil; y c) El recurrente en el motivo impetrado no solo hace referencia, sino que también cuestiona la sentencia proferida por el juzgado a-quo al expresar: “….hubo indefensión desde el momento en que el Juez de Letras Civil, dicta la correspondiente Sentencia Definitiva, en la que ordenó rescindir el referido Contrato de Compraventa descrito en el numeral Primero………”; o cuando expresa “……Ninguno de estos posibles escenarios puede ser aplicable al caso que nos ocupa, debido a ello ni el Juez de Letras, ni la Corte Primera de Apelaciones pueden o deben de premiar al Demandado con este tipo de fallos que ahora es objeto de impugnación ….”; de la cita de tales aseveraciones resulta prudente recordar que el Código Procesal Civil es por demás claro al determinar cuáles son las clases de recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal como lo establece el artículo 691.1 del citado texto legal, amén de que solo son susceptibles de ser recurridas en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de apelaciones, tal y lo señalado por el artículo 717 de la misma normativa; de todo lo cual se colige que la Sala solo podrá revisar la sentencia o auto que bajo el precepto anteriormente citado, sea proferido por el iudex ad-quem, así que al hacerse el planteamiento del recurso de casación se deberá tener cuidado de no hacer referencia o cuestionamiento alguno contra el fallo dictado en primera instancia, ello porque tal y como se ha dejado señalado el fallo de primera instancia no es susceptible del recurso extraordinario de Casación”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “5.1.- Del estudio del Tercer Motivo la Sala encuentra que el impetrante vuelve a plantear éste motivo de manera similar a los dos anteriores, esto es de una manera que no resulta acorde con la debida técnica de casación, así tenemos que erra en lo siguiente: a) En un solo motivo, y sin hacer la separación debida, alega que el fallo proferido por el Tribunal de Alzada hace aplicación indebida de cuatro artículos de la Constitución de la República (90, 183, 303 y 321), y también señala que se inobserva el artículo 1551 del Código Civil; asunto sobre el cual se tiene a bien señalar que tal cita indiscriminada de normativas que difieren en carácter normativo, provocan que el recurrente no ha hecho uso de una correcta técnica de casación, que impone que la probable vulneración de cada uno de los artículos citados, deba ser expuesta en un motivo distinto para cada uno; explicando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; b) Aunado a tal cita conjunta, encuentra la Sala que el recurrente señala la inobservancia del artículo 1551 del Código Civil, con lo cual la Sala entiende que tal articulo no fue aplicado en el fallo, pero después arguye sobre el mismo artículo que “…este fundamento a todas luces es inaplicable….”; con lo cual el recurrente no es lo suficientemente claro en el planteamiento al no definir y explicar a la Sala si el referido artículo no se aplico, o si fue indebidamente aplicado en el fallo impugnado; c) Nuevamente cuestiona el fallo proferido por la primera instancia cuando señala que “…la Sentencia de primera instancia ya tantas veces relacionada y que fue declarada Con Lugar, infringió un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución en su artículo 90……..”; con lo cual olvida que solo es viable impugnar mediante el recurso extraordinario de casación “las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones….” (Artículo 717 del Código Procesal Civil), de todo lo cual se establece que corresponde a la Sala revisar la sentencia o auto que bajo el precepto anteriormente citado, sea proferido por el iudex ad-quem, en ese sentido se reitera que el recurrente en casación deberá tener sumo cuidado al exponer su motivo y no cuestionar el fallo dictado en primera instancia, ello porque tal y como se ha dejado señalado el fallo de primera instancia no es susceptible del recurso extraordinario de Casación; y d) Finalmente la Sala observa que el recurrente en la exposición de éste Tercer Motivo cuestiona actuaciones procesales en el desarrollo del proceso, alegando la vulneración de derechos fundamentales tales como el de defensa y debido proceso en perjuicio de su representada, amén de recalcar que a favor de la misma existe una sentencia de amparo otorgado por esa misma Corte de Apelaciones, misma que resulto confirmada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sobre lo anterior se estima oportuno recordar al impetrante que en vía casacional, entre otras “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de normas procesales que regulan. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión.” (Artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil), entendiéndose entonces que las mismas se suscitan antes de la sentencia definitiva, por lo que, quien pretenda alegar tales vulneraciones indefectiblemente tendrá que invocar como precepto autorizante del motivo el ya citado artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil, en el presente motivo erróneamente el recurrente invoca como Precepto Autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MENDEZ ROMERO, el tercero designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en el recurso de casación impetrado, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora Gloria Marina María de los Ángeles Castillo Zuniga, representada en juicio por el abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor Guillermo Edgardo Velasco Castillo, representado en juicio por el abogado Walter Enrique Pineda Paredes. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE RESOLUCION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA POR FALTA DE CONSENTIMIENTO EN EL ACTO”, promovida en fecha 25 de febrero del año 2010, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado Carlos Enrique Vallejo Cerrato, en su condición de representante procesal del señor Guillermo Velasco Laínez, mayor de edad, hondureño, casado, Licenciado en Administración de Empresas y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, contra el señor Guillermo Edgardo Velasco Castillo, mayor de edad, soltero, estudiante, hondureño y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha 08 de abril del año 2010, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia de la siguiente manera: (Sic.) “FALLA: 1º) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria de Resolución del Contrato de Compra Venta por Falta de Consentimiento en el Acto que le promoviera El Abogado CARLOS ENRIQUE VALLEJO CERRATO en su condición de Apoderado Legal del señor GUILLERMO VELASCO LAINEZ, contra el señor GUILLERMO EDGARDO VELASCO CASTILLO.- 2) En consecuencia CONDENA a la parte demandada a la Resolución y Cancelación en el Registro respectivo del Contrato de Compra Venta suscrito en fecha 29 de febrero del 2000, entre el señor Guillermo Velasco Laínez y la señora Gloria Marina María De los Ángeles Castillo Zuniga por el cual le otorga al demandado GUILLERMO EDGARDO VELASCO CASTILLO la mitad de unos derechos sobre un bien inmueble identificado con el lote número siete (7) del bloque M, de la Colonia Montecarlo de la ciudad de Tegucigalpa, que se encuentra inscrito bajo el número 20 del tomo 3297 del Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil de este Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que si dentro del término de ley, no se interpone recurso alguno, contra este fallo, quede firme el mismo.- SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El día 08 de noviembre del año 2016, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia confirmando la del a-quo, fallo del tribunal de alzada que en su parte dispositiva señala lo siguiente: (Sic.) “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR, el recurso de apelación, interpuesto por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, en su condición de representante procesal de la señora GLORIA MARINA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO ZUNIGA, contra la sentencia de fecha 8 de abril de 2010, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia recurrida.- TERCERO: Con costas en esta instancia, por verse visto desestimada sus pretensiones.- Y MANDA: Que una vez notificadas y comunicadas a las partes esta resolución, y si no se interpone recurso alguno, quede firme la misma, y se devuelva la primera pieza al Juzgado de su procedencia con certificación de la presente sentencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFÍQUESE.” TERCERO: El día 26 de enero del año de 2017, el representante procesal de la señora Gloria Marina Maria de los Ángeles Castillo Zuniga, abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 08 de noviembre del año 2016, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha 30 de enero del año 2017, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraría el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: En fecha 28 de febrero del año 2017, el representante procesal del señor Guillermo Edgardo Velasco Castillo, abogado Walter Enrique Pineda Paredes, presento escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, los abogados Jaime Erick Rodríguez Ordoñez y Walter Enrique Pineda Paredes, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron respectivamente escritos de personamiento en fechas 15 y 17 de marzo del año 2017, por lo que, una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, mediante proveído de fecha 03 de mayo del año 2017, se les tuvo por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: El abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de la siguiente manera: (Sic.) “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. Se impugna la falta de aplicación del artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil; 4 del Código Procesal Civil; 93 del Código de Procedimientos Civiles, que han debido emplearse para la solución del fondo del litigio; en relación con el Debido Proceso contenido en el Artículo 90 primer párrafo de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. - “b) Los Actos y garantías procesales cuando su infracción suponga LA NULIDAD o produjera INDEFENSIÓN”. - DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO SUFRIDO E IDENTIFICACIÓN DEL VICIO O ERROR QUE LO CAUSA. La Sentencia recurrida ahora en Casación perjudica a mí representada porque ante la falta de aplicación del artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil, se le despoja de un Derecho Real de USUFRUCTO, adquirido de forma correcta, idónea mediante un Contrato de Compraventa otorgado ante Notario Público, Derecho que venía gozando desde hace más de doce (12) años y del cual fue despojada en enero del año 2015, tal y como se expone en el concepto de la Infracción.- Adicionalmente, nuestro Código Procesal Civil en su artículo 4 establece claramente: “Todas las partes, considerando la dualidad de posiciones, tiene derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión que afecte directa o indirectamente a la resolución que ponga fin al proceso que deba dictarse”.- Finalmente el artículo 93 párrafo segundo del Código de Procedimientos Comunes, ley aplicable en aquel momento, claramente establece lo siguiente: “También se notificaran (Las Sentencias), cuando así se mande, a quienes se refieran o puedan perjudicar”, coligiéndose que la arbitraria Sentencia solo debe o debió surtir efecto con respecto de las personas que intervinieron en ese proceso, concluyendo que jamás esa Sentencia debió de cercenar los derechos de mí representada.- IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA.- Se impugna la parte dispositiva de la Sentencia que declara Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el suscrito (JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ) y que confirma la Sentencia recurrida en sus demás pronunciamientos, ilógicamente ésta Corte de Apelaciones como corolario de su irresponsabilidad, Condena en Costas a ésta representación, esto a todas luces es inconcebible, recordemos que ya la misma Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia conocieron de la presente causa y emitieron resoluciones favorables a los intereses de mí representada, en la que establecen con claridad que a ella se le vulneraron sus derechos.- CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.- El artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil prescribe: “La Buena Fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de Fraude y todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de Dominio, la Buena Fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido Fraude ni otro vicio en el Acto o Contrato. El justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe”.- Mí representada la señora GLORIA MARINA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO ZUNIGA, nunca fue Demandada, nunca Contestó ninguna Demanda, ni nunca Renunció al Derecho Real de Usufructo que le fue otorgado por su difunto esposo, extremo que consta en el Testimonio de la Escritura Pública Número 72, autorizado por el Notario Milton Rubén Sandoval, el señor GUILLERMO VELASCO LAINEZ (Q.D.D.G.), en el que consta que se celebró un Contrato de Promesa de Venta de un Inmueble, con NUDA PROPIEDAD y un DERECHO REAL DE USUFRUCTO, con el entonces menor de edad GUILLERMO EDGARDO VELASCO CASTILLO, quien en ese acto fue representado por su madre, la señora GLORIA MARINA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO ZUNIGA y ésta a su vez compareció por sí como USUFRUCTUARIA; transacción que fue debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, bajo el Número 20 del Tomo 3297.- Nuestra Constitución de la República es clara, puntual al establecer: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, de igual forma el Código de Procedimientos Comunes, es puntual al establecer en su artículo 93 lo siguiente: “También se notificaran (Las Sentencias), cuando así se mande, a quienes se refieran o puedan perjudicar”.- No obstante lo anterior, la Corte de Apelaciones, en fecha 8 de noviembre del 2016, dictó Sentencia conociendo del proceso por Vía de Apelación, aplicando de forma indebida los artículos 745, 747, 752, 784, 786, 789 del Código Civil, omitiendo por completo lo dispuesto en el artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero, 1586, 1589, 1599 del Código Civil, el que prescribe: “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el Dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de Fraude y de todo otro vicio.- Mí representada siempre ha actuado de buena fe y adquirió ese Derecho Real de USUFRUCTO por parte de su esposo el señor GUILLERMO VELASCO LAINEZ (Q.D.D.G.), cuando éste estaba en vida y en el pleno ejercicio de funciones físicas y mentales, ella estuvo gozando de ese derecho por más de doce (12) años y esa coartada utilizada en la Demanda “Ordinaria de Resolución de un Contrato de Compraventa” a todas luces no es aplicable, la ESTIPULACION no se aplicó en el Contrato de Compraventa que nos ocupa.- En todo proceso nos encontramos ante la presencia de PARTES, las cuales están vinculadas por la determinación de su posición jurídica en el proceso. Es así que hablamos de QUIEN RECLAMA, frente de a QUIEN SE LE RECLAMA UNA DETERMINADA PRETENSIÓN; la presencia de las partes en los procesos se debe al cumplimiento del Principio de CONTRADICCIÓN que debe imperar en todo proceso Contencioso y cuya calidad de PARTE está dada por la titularidad activa o pasiva de una pretensión. Verbigracia en un Contrato de Compraventa las partes son el COMPRADOR y el VENDEDOR y específicamente en el caso que nos ocupa, es decir en la “Demanda Ordinaria de Resolución de un Contrato de Compraventa”, las partes intervinientes claramente se identifican en el preámbulo de la Demanda, así como en el preámbulo de la Sentencia de Primera Instancia, no pudiéndose ubicar en ninguna parte de la referida Demanda el nombre de mí representada, la señora GLORIA MARINA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO ZUNIGA, coligiéndose que ella podría ser considerada como un “Tercero”, que fue afectada con la Sentencia sin que hubiese sido notificada en ningún momento de que le sería arrebatado de forma ilegal su Derecho Real de USUFRUCTO, en tal sentido el Allanamiento del Demandado, bajo ninguna forma puede o podía perjudicar a mí representada, resultando evidente que la Anulación y posterior Cancelación registral del Instrumento Público del cual se desprende el derecho Real de Usufructo tantas veces relacionado, es un acto Ilegal, Ilegitimo y sobre todo reprochable al ser realizado por el hijo de mí representada, quien es la única y exclusiva persona que se beneficia de esa arbitrariedad.- De la simple lectura del presente expediente, se puede determinar que la presente Demanda inició durante la vigencia del Código de Procedimientos Civiles de 1906, siendo partes únicamente los señores GUILLERMO VELASCO LAINEZ, (Q.D.D.G.), como Demandante y el señor GUILLERMO EDGARDO VELASCO CASTILLO, como Demandado, en consecuencia claramente se puede concluir que mí representada, la señora GLORIA MARINA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO ZUNIGA, nunca tuvo participación alguna, ni como Demandante, ni como Demandada, mucho menos como Tercero, a ella nunca se le Notifico o Emplazo en relación a alguna resolución o puntualmente esa Sentencia Definitiva que le ha cercenado su Derecho Real de Usufructo, como debió de haberse hecho en estricto derecho desde el auto de Admisión de la Demanda, en estricta aplicación del artículo 93 párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles de 1906 que literalmente dice: “También se Notificaran, cuando así se mande, a quienes se refieran o puedan perjudicar”, debemos de entender que esa ilegal, injusta y arbitraria Sentencia debió de surtir efectos únicamente respecto a las partes que intervinieron en dicho proceso, pues son los únicos que tuvieron la oportunidad de ejercer el Derecho de Contradicción, entonces a mí representada la señora GLORIA MARINA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO ZUNIGA, no puede ni debe de ser condenada o sancionada de manera alguna, no obstante fue directamente perjudicada sin haber podido tener derecho a Defenderse o interponer las acciones que estimara procedentes, causándole enormes perjuicios y sobre todo siendo objeto de una INDEFENSIÓN deliberada.- Artículo 1586 Código Civil.- Hay NULIDAD ABSOLUTA en los Actos o Contratos: 1°.-… ; 2°.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos Actos o contratos, en consideración a la naturaleza del Acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene.- 3°.-…… Resulta más que evidente que en la tramitación del expediente que ahora nos ocupa, hubo violaciones de Principios y Garantías que tutelan nuestro ordenamiento jurídico, tanto La Constitución de la República, el Código de Procedimientos Comunes de 1906, así como el actual Código Procesal Civil, tienen claramente establecido que ninguna persona (Natural o Jurídica), pueden ser sancionadas sin haber sido parte en un juicio en el que se le respeten sus derechos.- (Debido Proceso).- Artículo 1589 Código Civil.- La NULIDAD ABSOLUTA puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste en autos, Declararse de Oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.- Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de este expediente, en el cual de forma arbitraria se le despojo a mí representada, la señora GLORIA MARINA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO ZUNIGA, de su derecho real de USUFRUCTO, hemos solicitado que se proceda a decretar la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES desde el auto de admisión de la presente Demanda, el Juez de Letras declaró SIN LUGAR tal petitoria y a la Corte de Apelaciones de igual manera se le solicitó que decretase la correspondiente NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, al amparo de lo establecido en el artículo 715 del Código Procesal Civil y que ordenasen la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó y evidente no lo hizo, es obvio que mí representada tiene un interés directo, ya que a ella se le ha despojado de una renta mensual que ahora disfruta el señor GUILLERMO EDGARDO VELASCO CASTILLO.- Artículo 1596 Código Civil.- La NULIDAD ABSOLUTA, lo mismo que la RELATIVA, declarada por Sentencia firme, dan derecho a las partes para restituidas al mismo Estado en que se hallaban si no hubiese existido el Acto o contrato nulo; siempre que la NULIDAD no sea por lo ilícito del objeto o de la causa, en cuyo caso no podrá repetirse lo que ha dado o pagado a sabiendas.- Siendo que el suscrito, claramente le solicito a la Corte de Apelaciones, en base a lo establecido en el artículo 715 del Código Procesal Civil, que restituyeran a mí representada en lo relativo a su Derecho Real de Usufructo, del cual ha sido arbitrariamente despojada, acción a la que se han prestado Funcionarios del Poder Judicial, al emitir resoluciones como la que ahora impugnamos; lo correcto, lo justo, lo legal sería que la Corte Primera de Apelaciones dictara un fallo diametralmente opuesto al que ahora es impugnado.- Artículo 211 Código Procesal Civil.- NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES. (CLASES).- El incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su NULIDAD o a su ANULABILIDAD, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes. Artículo 212 N°4, Código Procesal Civil. - CLASES Y CAUSAS DE NULIDAD. NULIDAD. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1°.-….., 2°.-….., 3°.-….., 4°.- Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido INDEFENSIÓN.- 5°.-….., 6°.-……. Mi representada, la señora CASTILLO ZUNIGA, al ser despojada de esa Renta Mensual de la cual gozo por más de doce años, de la forma en que ocurrió, sin haber participado en el proceso, fue objeto de una deliberada INDEFENSIÓN, misma que ha sido convalidada por el Juez de Letras, así como por la Corte Primera de Apelaciones, extremo que la Corte Suprema de Justicia ha dejado claramente establecido en su resolución.- Artículo 213 Código Procesal Civil.- ANULABILIDAD.- 1°.- Los actos procesales que contengan irregularidades serán anulables a instancia de parte y, siempre que no sea posible, subsanarlos.- 2°.- Si la parte a quien interese no impugna un acto anulable, quedara sanado al tiempo de la firmeza de la resolución.- 3°-…. Esta representación no ha dejado de insistir en primera y segunda instancia, sobre lo procedente que es que la Justicia hondureña imparta Justicia a la viuda que represento, decretando la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES DESDE EL AUTO DE ADMISION DE LA PRESENTE DEMANDA.- Artículo 214 Código Procesal Civil.- MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACIÓN DE UN ACTO PROCESAL.- 1°.- La NULIDAD, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva INDEFENSIÓN, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate.- 2°.- Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la NULIDAD de todas las actuaciones o de alguna en particular.- 3°.-… Repito, consta en autos que el suscrito, en dos (2) ocasiones, una dirigida al Juez de Letras y la otra dirigida a la Corte de Apelaciones, planteo lo procedente que era decretar la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, ambas petitorias fueron desestimadas.- Artículo 215 Código Procesal Civil.- NULIDAD DE LAS ACTUACIONES.- 1°.- ….., 2°.-……, 3°.-…..,4°.-…., 5°.- Si se estimara la NULIDAD, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. Este fundamento de derecho, es precisamente el que fue invocado por el suscrito en el escrito de Apelación que fue declarado SIN LUGAR y que ahora es recurrido.- SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN.- Se impugna la aplicación indebida de los artículos 745,747, 752, 784, 786, 798 del Código Civil, empleados para la solución de fondo del litigio; obviando u inobservando el aplicar debidamente los artículos 750, 786, 1551 siempre del Código Civil.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil.- “b) Los Actos y garantías procesales cuando su infracción suponga LA NULIDAD o produjera INDEFENSIÓN”.- DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO SUFRIDO E IDENTIFICACIÓN DEL VICIO O ERROR QUE LO CAUSA.- La Sentencia recurrida ahora en Casación perjudica a mí representada, porque han permitido o avalado la aplicación indebida de los artículos 745, 750, 760, 784, 786 del Código Civil y allanan el camino para que a mí representada se le despoje de un Derecho Real como ser el “USUFRUCTO”, curiosamente es ésta misma Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, quien originalmente se pronunció en éste mismo expediente otorgando un Recurso de AMPARO a favor de mí representada y ahora es esa misma Corte Primera de Apelaciones quienes por factores “exógenos” se contradice y pretenden justificar su reprochable accionar señalando al suscrito como el responsable de su indigno accionar.- A mí representada la señora GLORIA MARINA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO ZUNIGA, fue su esposo el señor GUILLERMO VELASCO LAINEZ, quien le concedió el Derecho Real de Usufructo sobre las Rentas o Alquileres que genera el bien inmueble ubicado en la colonia Montecarlo, bloque “M”, lote número 7 en esta ciudad capital, derecho del cual fue beneficiaria mí representada durante doce (12) años más o menos, hubo INDEFENSIÓN desde el momento en que el Juez de Letras Civil, dicta la correspondiente Sentencia Definitiva, en la que ordenó RESCINDIR el referido Contrato de Compraventa descrito en el numeral PRIMERO, esta Sentencia lógicamente no conto con oposición alguna y como consecuencia quedo firme, ordenando que Anularan la inscripción del Asiento Número 20 del Tomo 3297 y que el Inmueble volviera a su estado inmediato anterior, entiéndase a nombre de GUILLERMO VELASCO LAINEZ, bajo Asiento Número 7 del Tomo Número 2086 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán (I. P.), como se expone en el desarrollo del concepto de la Infracción.- El Argumento o mejor dicho el Fundamento de Derecho Principal de la simulada Demanda que nos ocupa, lo constituye supuestamente el artículo 1551 del Código Civil, no obstante cualquier profesional del Derecho con una mediana experiencia, sabe o entiende que la figura jurídica de la ESTIPULACIÓN, no fue aplicada en el Contrato de Compraventa que ahora nos ocupa, en Primer Lugar para que en un Contrato de Compraventa exista la figura de la ESTIPULACIÓN, se debe de expresar claramente que una de las partes comparecientes está Estipulando a favor de un tercero, y en la Escritura Pública que nos ocupa no aparece relacionado que uno de los comparecientes haya estado Estipulando a favor de otra persona o en su defecto debe de constar en la Escritura Pública de Compraventa, como lo contempla el artículo 1551 del Código Civil, extremo que tampoco aconteció; en Segundo Lugar mí representada, la señora GLORIA MARINA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO ZUNIGA, si tenía derecho a representar a su menor hijo (Ahora supuesto Demandado), ya que ella es su madre, ello implica que era su representante legal debido a la edad que él tenía en aquel entonces, pero recordemos que ella también compareció por sí; en Tercer Lugar mí representada la señora GLORIA MARINA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO ZUNIGA, compareció en ese referido Contrato de Compraventa como beneficiaria directa del mismo, mediante la figura jurídica del USUFRUCTO, el cual no es revocable por esa irregular vía que se utilizó.- Artículo 1551 Código Civil.- Cualquiera puede ESTIPULAR a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero solo ésta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el Contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron en él.- Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del Contrato.- Es evidente que esa Demanda que ahora nos ocupa, está impregnada de Fraude Procesal, carece de pruebas, el fundamento de Derecho invocado para pretender Anular el Contrato de Compraventa, a todas luces no es aplicable y lo único que si se ve clarito es que son cómplices (Demandante y Demandado), todo por el afán del Demandado se despojar a su madre de bienes que a él no le corresponden y de los cuales habrá un momento en el que tendrá que rendir cuentas, así como los funcionarios corruptos que se han prestado para perjudicar deliberadamente a una viuda a cambio de canonjías.- El Código Civil de 1906, en su artículo 745, establece lo siguiente: El USUFRUCTO es un Derecho Real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño, aunado a lo anterior el artículo 786, establece el catálogo de causas que extinguen este derecho y son: 1) Por la muerte del Usufructuario, cuando el Usufructo no se ha constituido por tiempo determinado. 2) Por la Cesación del derecho del derecho del que constituyo el Usufructo, cuando teniendo un dominio revocable llega el caso de la revocación. 3) Por la consolidación del Usufructo con la propiedad. 4) Por la prescripción. 5) Por la Renuncia del Usufructuario.- Ninguno de estos posibles escenarios puede ser aplicable al caso que nos ocupa, debido a ello ni el Juez de Letras, ni la Corte Primera de Apelaciones pueden o deben de premiar al “Demandado” con este tipo de fallos que ahora es objeto de impugnación.- La presente causa también es peculiar por lo siguiente, en el preámbulo de la Sentencia aparece el nombre del Abogado FREDY JAVIER MENDOZA FUNEZ como la persona que representa al señor GUILLERMO EDGARDO VELASCO CASTILLO, no obstante de la Sentencia apareció notificándose el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, entendería el suscrito que éste último colega al presentar su poder, revocó el poder del otro colega, esperaremos a ver quién continua compareciendo en el presente expediente, esto solo es otra muestra más de lo peculiar por así decirlo, que ha sido el accionar de la Corte de Apelaciones, intentare creer que eso fue un “error involuntario”.- TERCER MOTIVO DE CASACIÓN.- Se impugna la aplicación indebida de los artículos 90, 183, 303, 321 de la Constitución de la República, empleados para la solución de fondo del litigio; asimismo la inobservancia del artículo 1551 del Código Civil.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil.- “2) Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO SUFRIDO E IDENTIFICACIÓN DEL VICIO O ERROR QUE LO CAUSA.- La Sentencia recurrida ahora en Casación perjudica a mí representada, porque han permitido o avalado la aplicación indebida de los Artículo 90 de la Constitución de la República: Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece., este fundamento de derecho es clave, en la presente causa es evidente que existió un desarrollo inapropiado de la actividad procesal, estamos en la posición de asegurar con grado de certeza que a mí representada, la señora GLORIA MARINA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO ZUNIGA, no ha gozado de principios y garantías tutelados por nuestra carta Magna, el Código de Procedimientos Comunes de 1906, así como el Código Procesal Civil en el desarrollo de la causa de mérito, lo que evidencia un marcado irrespeto de tales ordenamientos jurídicos ya que no ha existido igualdad, la Sentencia de primera instancia ya tantas veces relacionada y que fue declarada Con Lugar, infringió un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución en su artículo 90 y esas infracciones al no ser reconocidas en la Segunda Instancia, le son imputables a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este Departamento, como Tribunal ahora recurrido y obviamente con base en el artículo 6.2 del Código Procesal Civil, relativo al Principio de la Buena Fe, Conducta y Ejercicio de la Vía Procesal adecuada, “El Órgano Jurisdiccional, en este caso la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, seguros estamos que hará uso de su poder para prevenir y sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del Debido Proceso, que son una clara manifestación de infracciones de normas que rigen los Actos y Garantías del procedimiento, entonces procede ordenar el REPONER LAS ACTUACIONES AL MOMENTO Y ESTADO INMEDIATAMENTE ANTERIOR A AQUEL EN QUE SE HUBIERA PRODUCIDO LA FALTA. Al no entenderlo así la Corte recurrida, en vez de Anular las actuaciones con base en el artículo 715.1 del Código de Procesal Civil, declaró SIN LUGAR la Apelación presentada por el suscrito, consecuentemente incurrió en mala interpretación de los artículos citados como infringidos, porque ante las evidentes infracciones a tramites esenciales del procedimiento, lo procedente en derecho ES ANULAR ABSOLUTAMENTE las actuaciones procesales que violentaron las normas procesales citadas.- Artículo 183 de la Constitución de la República: El Estado reconoce la Garantía de Amparo.- En consecuencia toda persona agraviada o cualquier en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de Amparo: 1.- Para que se mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y 2.- Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución. Resulta evidente la violación a los Principios del Derecho de Defensa, Debido Proceso, Contradicción, Legalidad y el Derecho a Recurrir a mi representada la señora GLORIA MARINA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO ZUNIGA, prueba de ello la misma Corte Primera de Apelaciones procedió a declarar CON LUGAR el recurso de AMPARO impetrado por el suscrito, lo anterior debido a que pudieron constatar que mí representada fue objeto de violaciones a sus derechos Constitucionales; recordemos que Artículo 82 de la Constitución de la República: claramente establece que “El derecho de Defensa es Inviolable”. Esta Disposición Constitucional sustenta principios fundamentales que rigen la vida jurídica de nuestro país, entre los cuales el Principio Universal reconocido como parte de los Derechos Humanos de toda persona así: “Principio de Prohibición de INDEFENSIÓN, por el cual se atribuye a toda persona el derecho al ejercicio efectivo de su Defensa”. El Artículo 1551 del Código Civil establece: Cualquiera puede ESTIPULAR a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero solo ésta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el Contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron en él.-Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del Contrato.- El Argumento o mejor dicho el Fundamento de Derecho Principal de la simulada Demanda que nos ocupa, lo constituye supuestamente el artículo 1551 del Código Civil, no obstante cualquier profesional del Derecho con una mediana experiencia y no digamos un Notario, sabe o entiende que la figura jurídica de la ESTIPULACIÓN, no fue aplicada en el Contrato de Compraventa que ahora nos ocupa, este fundamento a todas luces es inaplicable y solo ante la presencia de medios exógenos fue que se procedió a revocar por esa irregular vía que se utilizó, recordemos que esa Compra Venta tenia o tiene implícita un derecho real de USUFRUCTO y de eso el Juez curiosamente no se percató.- Es evidente que esa Demanda que ahora nos ocupa, está impregnada de Fraude Procesal, carece de pruebas, el fundamento de Derecho invocado para pretender Anular el Contrato de Compraventa, a todas luces no es aplicable y lo único que si es evidente es que ellos son cómplices (Demandante y Demandado), todo por el afán del Demandado se despojar a su madre de bienes que a él no le corresponden y de los cuales habrá un momento en el que tendrá que rendir cuentas. Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional, ya emitió un pronunciamiento claro, CONFIRMÓ el recurso de Amparo que le fue remitido en CONSULTA, ambas Cortes fueron contestes al establecer que a mí representada se le vulneraron derechos, por lo tanto es completamente procedente el acceder a este recurso.” SEPTIMO: El abogado Walter Enrique Pineda Paredes, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: (Sic.) “SOBRE EL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN 1º.- Debemos apuntar que el Apoderado Legal de la parte recurrente al momento de formalizar este primer motivo de casación, lo hace, bajo el argumento de que no se aplicó el artículo 723 en sus párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil, olvidando que tal disposición, no ostenta carácter de norma sustantiva, por el contrario, es un precepto material que se limita a definir fenómenos jurídicos, y a precisar los elementos estructurales de los mismos, puramente enunciativos y enumerativos, en consecuencia no siendo susceptible de infracción en los términos que exige la norma procesal civil. 2º.- Luego, la disposición recogida en el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles, carece también de naturaleza sustancial para el asunto que se resuelve, toda vez que Je ella no podría predicarse que en razón de la situación fáctica materia del proceso, declare, cree, modifique o extinga relaciones jurídicas concretas entre las personas implicadas en la situación sometida a composición judicial. 3º.- Tal disposición establece (art. 723), que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa, de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. 4º.- Se trata, por lo tanto, de una norma que independientemente de la aplicabilidad que pueda tener en el ordenamiento jurídico nacional, resulta completamente impertinente en el proceso que ocupa la atención de la Sala de lo Civil, dado que el debate gira en torno de un tema muy diferente. De igual forma, la mención genérica de la disposición contenida en el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles, riñe con las exigencias formales del recurso extraordinario de casación, enmarcado en el principio dispositivo que impide al juzgador ir más allá de lo que expone o solicita el impugnante. 5°.- No resulta suficiente la enunciación en abstracto de un conjunto de preceptos para que pueda considerarse cumplido el requisito formal de señalar las normas sustanciales que se consideran violadas, puesto que para cada una de ellas es necesario demostrar el quebranto denunciado junto “con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa. Es necesario que la norma sustancial que se denuncia como vulnerada sea, o haya debido ser, base fundamental del fallo censurado, requisito que no cumple la disposición citada en la demanda de casación que se estudia. 6º.- Es que, tratándose de la vía directa, la dialéctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considera no aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas, como ocurre en el caso de marras. 7º.- En ese sentido, si la causal primera de casación tiene como premisa la violación de una norma sustancial, es apenas lógico que el impugnador indique cuál o cuáles disposiciones de esa estirpe entiende vulneradas por la sentencia que combate, axioma que se explica en la medida en que sólo de esa manera pueden cumplirse los fines de la casación en cuanto concierne a la nomofilaquia y a la unificación de la jurisprudencia; en últimas, si el recurrente no señala el precepto sustancial que considera vulnerado, ¿cómo la Corte podría propender por una defensa concreta y específica del derecho objetivo, sentando criterios de autoridad en relación con la hermenéutica de las normas en un tiempo y en un contexto determinado? 8º.- Ya en lo que tiene que ver con este motivo de casación, la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, debe observar que existe una deficiencia común que impide admitirlo a trámite. 9º.- En efecto, en las citadas acusaciones, sustentadas con arreglo al primer motivo de casación, el recurrente alegó la falta de aplicación de los artículos 723 del Código Civil, y 93 del Código de Procedimientos Civiles, normas que no constituyen una norma sustancial, en la medida en que a partir de la aplicación de esos preceptos no se crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas de carácter concreto. Por el contrario, se trata de disposiciones, que precisan elementos estructurales de fenómenos jurídicos y disposiciones de cariz procesal, particularmente probatorio. 10º.- Finalmente, el Apoderado Legal de la parte recurrente, no es claro, en cuanto al precepto autorizante, del motivo en relación, ya que por una parte, indica, que el mismo, se encuentra comprendido en el artículo 792 numeral dos del Código Procesal Civil, y por la otra, transcribe literalmente el inciso b) del numeral 1) de la misma norma procesal, lo cual sin duda alguna, impide a esta Honorable Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, poder pronunciarse.- II SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN 1°.- Planteado este Motivo de la forma propuesta por el Recurrente, se observa que no cumple las exigencias formales de un recurso extraordinario, como es la aplicación indebida de los artículos 745, 747, 752, 784,786, 798 del Código Civil, en lo concerniente a precisar el concreto causal en que se ampara el Motivo, ya que el tema central de impugnación lo viene a constituir la supuesta aplicación indebida de las normas antes referidas, pero al momento de indicar el precepto autorizante del precitado motivo de casación, la parte recurrente, incurre en yerro nuevamente, al señalar que el mismo, se encuentra comprendido en el artículo 719.2 y consecuentemente cita textualmente el inciso b) del numeral primero (1) del artículo antes indicado, constituyendo dicho planteamiento inobservancia de los requisitos exigidos en el Artículo 721 del Código Procesal Civil, dando lugar a la consiguiente inadmisibilidad, la falta de claridad en la cita del precepto autorizante en que se funda el Motivo de Casación, y en el caso sub iúdice, la exposición del referido Motivo es un alegato de instancia como se desprende la lectura del mismo, al tiempo que ataca la Sentencia Acusada por las causas determinadas en el numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil; y por la supuesta infracción de los artículos 745, 747, 752, 784, 786 y 798 del Código Civil, así como también, la falta de aplicación de los artículos 750,786, y 1551 del Código Civil (norma sustantiva de derecho para resolver la cuestión del fondo del litigio) que, siendo causales diferentes, debió de haber desarrollado con la debida separación, claridad y precisión que la Técnica de Casación impone para haber determinado exactamente su Pretensión Impugnatoria, en relación con las infracciones a normas sustantivas y adjetivas alegadas en su escrito de interposición y formalización del Recurso, explicando en detalle en que sentido se produjeron las infracciones. Asimismo, el tema central del recurrente, en este segundo Motivo, como lo es la impugnación de la aplicación indebida de normas del Código Civil, en ningún momento se ve desarrollado de una manera precisa, clara y determinada el concepto de su infracción, ya que ninguna de las aludidas cuestiones alegadas en el Motivo, hacen referencia a los conceptos de infracción de que ha sido objeto. 2. º- En este sentido, si del derecho de impugnación se trata, por lo regular -y tanto más frente al recurso extraordinario el recurrente ha de señalar, por sobre todo, cuáles son los argumentos que a su juicio ponen al descubierto la desviación jurídica en que incurrió el juzgador y que precisamente justifican la enmienda que reclama a través del recurso respectivo. Tarea en la que debe destacarse, por lo mismo, una labor dialéctica de confrontación, pues del más acendrado concepto de impugnación brota la idea elemental de contradecir, refutar y rebatir en tanto por vía de casación, por lo tanto, no cualquier motivo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan solo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en ésta; de allí que haya predicado repetidamente [la Corte] que los motivos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura, tal y como ocurre con el segundo motivo desarrollado por el Apoderado Legal de la señora GLORIA MARINA MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO ZUNIGA, lo que en estricto derecho, conlleva la inadmisión del mismo.- III SOBRE EL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN El Apoderado Legal de la parte recurrente, motiva el mismo, en la supuesta aplicación indebida de los artículos 90,183,303 y 321 de la Constitución de la República, sosteniendo que la Honorable Corte Primera de Apelaciones, no debió aplicar los artículos antes indicados, así como también, que en el referido fallo, se inobservó el artículo 1551 del Código Civil, señalando como precepto autorizante, la norma procesal contenida en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que dispone: “…CAUSALES DE CASACIÓN. 1...2. Igualmente, podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio...” olvidando que las tres normas constitucionales, no son susceptibles de impugnación a través del recurso de casación, puesto que, la causal de aplicación indebida de una norma de derecho constitucional, se presenta generalmente cuando existe error en el diagnóstico de los hechos obrantes en el proceso materia de juzgamiento, aplicándose por tanto una norma impertinente y dejándose de aplicar la norma correspondiente. En ese sentido, habrá aplicación indebida de una norma de derecho cuando se aplica al caso una norma que no lo regula, dejando de observar la norma verdaderamente aplicable, la cual es violada lógicamente por inaplicación. Es decir, se aplica una norma impertinente en vez de la que jurídicamente corresponde. En el caso concreto, las cuatro normas constitucionales, impugnadas por el recurrente, no pueden ser consideradas como normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, razón por la cual, es procedente desestimar este último motivo de casación.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este Alto Tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3.- De lo expuesto por el abogado recurrente don Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, en el escrito de interposición de los motivos de casación, la Sala de lo Civil en forma sucinta resume los alegatos planteados, los cuales básicamente se contraen en señalar que se impugna la sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. Expone el Primer Motivo arguyendo que el Tribunal de Alzada en el fallo proferido no ha hecho aplicación de los siguientes artículos: 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil; 4 del Código Procesal Civil; 93 del Código de Procedimientos Civiles; normas que dice han debido emplearse para la solución del fondo del litigio; en relación con el debido proceso contenido en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República. Invoca como precepto autorizante, el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece como causal del recurso: “b) los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. En explicación del motivo, dice que tal vulneración omisiva por parte del iudex ad-quem, se da porque la falta de aplicación del artículo 723 del Código Civil, en sus párrafos primero, segundo y tercero, lo que concita que a su representada se le despoja de un derecho real de usufructo, mismo que adquirió de forma correcta, mediante un contrato de compraventa otorgado ante Notario Público, derecho que venía gozando desde hace más de doce (12) años y del cual fue despojada en enero del año 2015. Dice que adicionalmente, el Código Procesal Civil en su artículo 4 establece claramente: “Todas las partes, considerando la dualidad de posiciones, tiene derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión que afecte directa o indirectamente a la resolución que ponga fin al proceso que deba dictarse”; y finalmente hace cita del artículo 93 párrafo segundo del Código de Procedimientos Comunes, (ley aplicable en aquel momento), que claramente establece: “También se notificaran (Las Sentencias), cuando así se mande, a quienes se refieran o puedan perjudicar”, por lo que se colige que la arbitraria sentencia solo debe o debió surtir efecto con respecto de las personas que intervinieron en ese proceso, concluyendo que jamás esa sentencia debió de cercenar los derechos de su representada. Que impugna la parte dispositiva de la sentencia que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por esa representación procesal y que confirma la sentencia recurrida, y que ilógicamente la referida Corte de Apelaciones como corolario de su irresponsabilidad, condena en costas a ésa representación, todo lo cual es inconcebible, ya que la misma Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia conocieron de la presente causa y emitieron resoluciones favorables a los intereses de su representada, en la que establecen con claridad que a ella se le vulneraron sus derechos. Sigue exponiendo el impetrante que el artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil prescribe: “La Buena Fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de Fraude y todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de Dominio, la Buena Fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido Fraude ni otro vicio en el Acto o Contrato. El justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe”; por lo que su representada la señora Gloria Marina Maria de los Ángeles Castillo Zuniga, nunca fue demandada, nunca contestó ninguna demanda, ni nunca renunció al derecho real de usufructo que le fue otorgado por su difunto esposo, extremo este que consta en el Testimonio de la Escritura Pública, Número 72, autorizado por el Notario Milton Rubén Sandoval, y por el cual el señor Guillermo Velasco Laínez (Q.D.D.G.), celebró un Contrato de Promesa de Venta de un Inmueble, con Nuda Propiedad y un Derecho Real de Usufructo, con el entonces menor de edad Guillermo Edgardo Velasco Castillo, quien en ese acto fue representado por su madre, la señora Gloria Marina Maria de los Ángeles Castillo Zuniga, y ésta a su vez compareció por sí como usufructuaria; instrumento público que fue debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, bajo el Número 20 del Tomo 3297. Que la Constitución de la República es clara y puntual al establecer en el artículo 90: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, no obstante lo anterior, la Corte de Apelaciones, en fecha 8 de noviembre del 2016, dictó sentencia conociendo del proceso por vía de apelación, aplicando de forma indebida los artículos 745, 747, 752, 784, 786, 789 del Código Civil, omitiendo por completo lo dispuesto en el artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero, y 1586, 1589, 1599 del Código Civil; señala que se ha hecho uso de una coartada en la demanda “Ordinaria de Resolución de un Contrato de Compraventa” y que a todas luces no es aplicable la Estipulación porque esta no se aplicó en el Contrato de Compraventa que nos ocupa. Que en todo proceso nos encontramos ante la presencia de las Partes, las cuales están vinculadas por la determinación de su posición jurídica en el proceso, es así que se habla de quien reclama, frente de a quien se le reclama una determinada pretensión; tal presencia de las partes en los procesos se debe al cumplimiento del Principio de Contradicción que debe imperar en todo proceso contencioso y cuya calidad de Parte está dada por la titularidad activa o pasiva de una pretensión, en el caso que nos ocupa, esto es la “Demanda Ordinaria de Resolución de un Contrato de Compraventa”, las partes intervinientes claramente se identifican en el preámbulo de la demanda, así como en el preámbulo de la sentencia de primera instancia; no pudiéndose ubicar en ninguna parte de la referida Demanda el nombre de su representada, la señora Gloria Marina Maria de los Ángeles Castillo Zuniga, de todo lo cual podría colegirse que ella podría ser considerada como un “Tercero”, que fue afectada con la sentencia sin que hubiese sido notificada en ningún momento de que le sería arrebatado de forma ilegal su derecho real de Usufructo, y que en tal sentido el allanamiento del demandado evidencia al dar como resultado en la sentencia la anulación y posterior cancelación registral del Instrumento Público del cual se desprende el derecho real de usufructo, es un acto Ilegal y sobre todo reprochable al ser realizado por el hijo de su representada, quien resulta ser la única y exclusiva persona que se beneficia de esa arbitrariedad. Que la ya referida demanda dio inicio durante la vigencia del Código de Procedimientos Civiles de 1906, siendo partes únicamente los ya referidos señores, no siendo parte su representada la señora Gloria Marina Maria de los Ángeles Castillo Zuniga, ni aun en calidad de tercero; por lo debió de habérsele notificado la misma desde el auto de admisión de la demanda, ello en estricta aplicación del artículo 93 párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles de 1906 que literalmente dice: “También se Notificaran, cuando así se mande, a quienes se refieran o puedan perjudicar”, al no ser así, la sentencia impugnada resulta ser injusta y arbitraria para su representada, al ser directamente perjudicada y por no poder hacer uso de su derecho a defenderse o interponer las acciones que estimara procedentes, esto es que se la causo una Indefensión deliberada. Que la falta de requisitos que provoca la nulidad absoluta, y que se preceptúa el numeral dos del artículo 1586 Código Civil, ha resultado más que evidente en la tramitación del expediente, ya que hubo violaciones de principios y garantías que tutelan nuestro ordenamiento jurídico, consagrados tanto en la Constitución de la República, el Código de Procedimientos Comunes de 1906, así como el actual Código Procesal Civil, en cuanto que ninguna persona (Natural o Jurídica), pueden ser sancionadas sin haber sido parte en un juicio en el que se le respeten sus derechos (Debido Proceso). Que respecto de la nulidad absoluta preceptuada en el artículo 1589 Código Civil, esa representación procesal desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de ese expediente, han procedido a solicitar que se proceda a decretar la nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de admisión de la demanda, misma que el Juez de Letras declaró sin lugar, y que a la Corte de Apelaciones de igual manera se le hizo la misma solicitud al amparo de lo establecido en el artículo 715 del Código Procesal Civil y que ordenasen la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó y evidente no lo hizo, aun y cuando su representada tiene un interés directo, ya que a ella se le ha despojado de una renta mensual que ahora disfruta el señor Guillermo Edgardo Velasco Castillo. Que el artículo 1596 del Código Civil, señala que la nulidad absoluta, lo mismo que la relativa, declarada por sentencia firme, dan derecho a las partes para restituidas al mismo Estado en que se hallaban si no hubiese existido el Acto o contrato nulo; siempre que la NULIDAD no sea por lo ilícito del objeto o de la causa, en cuyo caso no podrá repetirse lo que ha dado o pagado a sabiendas: Que siendo que la nulidad ha sido solicitado al tribunal de alzada, para que le restituyeran a su representada lo relativo a su derecho real de usufructo, lo justo y lo legal hubiera sido que la Corte Primera de Apelaciones dictara un fallo diametralmente opuesto al que ahora es impugnado. Todo lo anterior en consonancia con lo dispuesto en los artículos 211, 212.4 213, 214 y 215 del Código Procesal Civil. 3.1. La Sala de lo Civil al hacer el estudio del Primer Motivo de casación planteado, encuentra que el mismo no concita su admisión, toda vez que se detectan como defectos casacionales en la interposición del motivo, los siguientes: a) Carece de la separación y claridad que exige el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, así tenemos que él impetrante expone que el fallo del tribunal de alzada ha supuesto la vulneración por falta de aplicación de los artículos 723 párrafos primero, segundo y tercero, 1586, 1589 y 1599 del Código Civil, y aplicando de forma indebida los artículos 745, 747, 752, 784, 786, 789 del citado Código, 4 del Código Procesal Civil y 93 del Código de Procedimientos Civiles; al respecto la Sala considera que el recurrente no ha hecho la separación debida en cuanto a cada uno de los artículos que estima vulnerados, es menester recordar al respecto que una adecuada técnica de casación al momento de interponer el recurso, pasa porque indefectiblemente el recurrente cite cada uno de los artículos vulnerados en motivos diferentes haciendo la invocación del precepto autorizante y explicando a la Sala la incidencia de tal vulneración en el sentido de la resolución impugnada; por otra parte es prudente recordar que no se puede hacer invocación conjunta en un mismo motivo de la probable vulneración de los artículos 723 párrafos primero, segundo y tercero, 745, 747, 752, 784, 786, 789, 1586, 1589 y 1599 del Código Civil, que resultan ser normas sustantivas, y los artículos 4 del Código Procesal Civil, y 93 del Código de Procedimientos Civiles; que resultan ser normas procesales, ello porque para alegar la vulneración de normas procesales o sustantivas, el artículo 719 del Código Procesal Civil delimita las causales especificas para cada una de dichas normas; b) Amen de lo anterior denuncia el recurrente también la infracción por aplicación indebida, de los artículos 723, 745, 747, 752, 784, 786, 789, 1586, 1589 y 1599 del Código Civil y los artículos 4 del Código Procesal Civil, y 93 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República. Tal cita que el recurrente hace de una manera indiscriminada de preceptos legales, se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente establece: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[1]; en ese sentido la Sala estima que el recurrente en el primer motivo planteado al hacer cita de varias normas jurídicas, de carácter adjetivo, sustantivo y constitucional, mismas que difieren en rango y protección recursiva, no cumple entonces con su deber de haberlas planteado en forma separada cada una de ellas en motivos distintos, y cumplir así con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa….”; en el presente motivo la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones (usus fori).[2]; y c) El recurrente confunde la causal o precepto autorizante al plantear el motivo, ello porque cita como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, pero erradamente lo establece como: “b) los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”, causal esta que corresponde a lo preceptuado en el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil. 4.- Plantea el impetrante el Segundo Motivo señalando que la sentencia impugnada ha vulnerado por aplicación indebida de los artículos 745,747, 752, 784, 786, 798 del Código Civil, que fueron empleados para la solución de fondo del litigio; obviando u inobservando el aplicar debidamente los artículos 750, 786, 1551 del Código Civil. Cita como Precepto Autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que preceptúa: “b) los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. En explicación del motivo señala que la sentencia impugnada perjudica a su representada, al hacer aplicación de los citados artículos del Código Civil allanando con ello el camino para que se le despoje de un derecho real de usufructo, aduce que precisamente es ésa misma Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, quien originalmente se pronunció en éste mismo expediente otorgando un recurso de amparo a favor de su representada y ahora esa misma Corte influenciada por “factores exógenos” se contradice y pretenden justificar su reprochable accionar señalándolo a él como responsable de su indigno accionar. Reitera el impetrante que a su representada la señora Gloria Marina Maria de los Ángeles Castillo Zuniga, su esposo el señor Guillermo Velasco Laínez, le concedió derecho de Usufructo sobre las Rentas o Alquileres que genera el bien inmueble ubicado en la colonia Montecarlo, bloque “M”, lote número 7 en esta ciudad, derecho del cual fue beneficiaria durante más o menos doce años, y que contra de la misma se produce indefensión desde el momento en que el Juez de Letras Civil, dicta sentencia definitiva, en la que ordena rescindir el contrato de compraventa descrito en el numeral Primero; sentencia esta que lógicamente no conto con oposición alguna y como consecuencia quedo firme, ordenando que anularan la inscripción del asiento número 20 del Tomo 3297 y que el Inmueble volviera a su estado inmediato anterior, entiéndase a nombre de Guillermo Velasco Laínez, bajo el Asiento Número 7 del Tomo Número 2086 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán (I. P.). Que en el caso de autos el fundamento de derecho principal de la simulada demanda lo constituye supuestamente el artículo 1551 del Código Civil, no obstante cualquier profesional del derecho sabe o entiende que la figura jurídica de la Estipulación, no fue aplicada en el Contrato de Compraventa, ello por lo siguiente: a) Para que en un contrato de compraventa exista la figura de la Estipulación, se debe de expresar claramente que una de las partes comparecientes está estipulando a favor de un tercero, y debe quedar plasmado en la escritura pública, y en el caso de autos no aparece relacionado que uno de los comparecientes haya estipulando a favor de otra persona, como lo contempla el citado artículo 1551 del Código Civil; b) Su representada, la señora Gloria Marina Maria de los Ángeles Castillo Zuniga, si tenía derecho a representar en ese tiempo a su menor hijo (ahora supuesto Demandado), ya que ella es su madre, ello implica que era su representante legal debido a la edad que él tenía, pero hay que recordar que ella también compareció por sí; y c) Que su representada compareció en ese referido Contrato de Compraventa como beneficiaria directa del mismo, mediante la figura jurídica del Usufructo, el cual no es revocable por esa irregular vía que se utilizó. Continua el recurrente haciendo cita literal de lo preceptuado en el artículo 1551 del Código Civil, y señala que resulta evidente que la referida demanda está impregnada de Fraude Procesal, carece de pruebas, y el fundamento de derecho invocado para pretender anular el contrato de compraventa, no es aplicable y que lo único que si se ve clarito es que son cómplices (Demandante y Demandado), para despojar el demandado a su madre de bienes que a él no le corresponden. Cita los artículos 745 y 746 del Código Civil, el primero que define el usufructo y el segundo que establece las causas que lo extinguen, y de este ultimo dice que ninguno de estos posibles escenarios puede ser aplicable, razón por la cual ni el Juez de Letras, ni la Corte Primera de Apelaciones pueden o deben de premiar al “Demandado” con este tipo de fallos. Finalmente aduce que resulta peculiar que en el preámbulo de la sentencia aparece el nombre del abogado Fredy Javier Mendoza Funez como la persona que representa al señor Guillermo Edgardo Velasco Castillo, no obstante, de la sentencia apareció notificándose el abogado Walter Enrique Pineda Paredes, por lo que entendería que éste último colega al presentar su poder, revocó el poder del otro colega, por lo que cabe esperar a ver quién continua compareciendo en el presente expediente, y que lo anterior es otra muestra más de lo peculiar que ha sido el accionar de la Corte de Apelaciones, por lo que intentara creer que eso fue un “error involuntario”. 4.1. Respecto de lo expuesto en el Segundo Motivo, la Sala encuentra que el recurrente nuevamente incurre en las mismas falencias expuestas en el motivo anterior a saber: a) Señala que el fallo del iudex ad-quem ha vulnerado en perjuicio de su representada, por aplicación indebida de los artículos 745, 747, 752, 784, 786, 798 del Código Civil, que fueron empleados para la solución de fondo del litigio; y que en ese mismo fallo se ha obviado u inobservado aplicar debidamente los artículos 750, 786, 1551 del citado Código Civil. Al respecto de tal planteamiento el recurrente hace cita indiscriminada de preceptos en un solo motivo, y como ya se ha señalado en el motivo anterior, concita que sea inadmisible, se apunta por parte de la Sala, que si se estimaba que los citados artículos del Código Civil se habían aplicado indebidamente o inobservado en el fallo impugnado, devenía entonces en señalar tal vulneración para cada artículo en forma separada y en motivos distintos y haciendo señalamiento a la Sala de la justificación de la incidencia de la vulneración en el sentido de la resolución impugnada; b) Nuevamente el recurrente cita como causal del motivo lo dispuesto en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, pero erradamente hace cita literal de: “b) los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”, causal esta que corresponde a lo preceptuado en el artículo 719.1 literal b), del Código Procesal Civil; y c) El recurrente en el motivo impetrado no solo hace referencia, sino que también cuestiona la sentencia proferida por el juzgado a-quo al expresar: “….hubo indefensión desde el momento en que el Juez de Letras Civil, dicta la correspondiente Sentencia Definitiva, en la que ordenó rescindir el referido Contrato de Compraventa descrito en el numeral Primero………”; o cuando expresa “……Ninguno de estos posibles escenarios puede ser aplicable al caso que nos ocupa, debido a ello ni el Juez de Letras, ni la Corte Primera de Apelaciones pueden o deben de premiar al Demandado con este tipo de fallos que ahora es objeto de impugnación ….”; de la cita de tales aseveraciones resulta prudente recordar que el Código Procesal Civil es por demás claro al determinar cuáles son las clases de recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal como lo establece el artículo 691.1 del citado texto legal, amén de que solo son susceptibles de ser recurridas en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de apelaciones, tal y lo señalado por el artículo 717 de la misma normativa; de todo lo cual se colige que la Sala solo podrá revisar la sentencia o auto que bajo el precepto anteriormente citado, sea proferido por el iudex ad-quem, así que al hacerse el planteamiento del recurso de casación se deberá tener cuidado de no hacer referencia o cuestionamiento alguno contra el fallo dictado en primera instancia, ello porque tal y como se ha dejado señalado el fallo de primera instancia no es susceptible del recurso extraordinario de Casación[3]. 5.- El Tercer Motivo se plantea aduciéndose que la sentencia proferida por el iudex ad-quem infringe por aplicación indebida de los artículos 90, 183, 303 y 321 de la Constitución de la República, empleados para la solución de fondo del litigio; asimismo el fallo inobserva el artículo 1551 del Código Civil; se invoca asimismo como Precepto Autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que dice: “2) Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Explica el recurrente que la sentencia que hoy se impugna en Casación perjudica a su representada, porque ha permitido o avalado la aplicación indebida de los referidos artículos de la Constitución de la República, así señala específicamente que respecto del artículo 90 de la Constitución de la República, la misma se produce porque siendo clave este fundamento de derecho en la presente causa, es evidente que existió un desarrollo inapropiado de la actividad procesal, ya que su representada la señora Gloria Marina María de los Ángeles Castillo Zuniga, no ha gozado de principios y garantías tutelados por la carta magna, el Código de Procedimientos Comunes de 1906, así como el Código Procesal Civil, lo que evidencia un marcado irrespeto de tales ordenamientos jurídicos ya que no ha existido igualdad, por lo que la citada norma constitucional fue infringida por la Sentencia de primera instancia que fue declarada con lugar, infracción esta que al no ser reconocidas en la segunda instancia, le son imputables a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este Departamento, esto con base en el artículo 6.2 del Código Procesal Civil, relativo al Principio de la buena fe, conducta y ejercicio de la vía procesal adecuada. Continua el recurrente manifestando que en este caso la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, esta llamada para hacer uso de su poder para prevenir y sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del debido proceso, procediendo entonces ordenar el reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiera producido la falta. Que al no entenderlo así la Corte recurrida, en vez de anular las actuaciones con base en el artículo 715.1 del Código de Procesal Civil, declaró sin lugar la apelación presentada por esa representación procesal, consecuentemente incurrió en mala interpretación de los artículos citados como infringidos, ello porque ante las evidentes infracciones a tramites esenciales del procedimiento, lo procedente resulta ser anular absolutamente las actuaciones procesales que violentaron las normas procesales citadas. Cita el impetrante el artículo 183 de la Constitución de la República, mediante el cual se reconoce la Garantía de Amparo, y manifiesta que en el caso de su representada resulta evidente la violación a los Principios del Derecho de Defensa, Debido Proceso, Contradicción, Legalidad y el Derecho a Recurrir, y que prueba de ello es que la misma Corte Primera de Apelaciones procedió a declarar Con Lugar el recurso de Amparo impetrado por él, lo anterior debido a que pudieron constatar que su representada fue objeto de violaciones a sus derechos constitucionales; cita el artículo 1551 del Código Civil, y reitera nuevamente en señalar que el Fundamento de Derecho Principal de la simulada demanda lo constituye supuestamente la citada norma civil, pero no obstante, cualquier profesional del derecho con una mediana experiencia y no digamos un Notario, sabe o entiende que la figura jurídica de la Estipulación, no fue aplicada en el Contrato de Compraventa, por lo que el referido fundamento jurídico a todas luces es inaplicable y solo ante la presencia de medios exógenos fue que se procedió a revocar por esa vía irregular que se utilizó. Que es menester recordar que esa Compra Venta tenía o tiene implícita un derecho real de Usufructo y de eso el Juez curiosamente no se percató, por lo que la referida demanda que ahora nos ocupa, está impregnada de Fraude Procesal, carece de pruebas, el fundamento de derecho invocado para pretender anular el Contrato de Compraventa, a todas luces no es aplicable y lo único evidente es que demandante y demandado son cómplices, con el único fin de despojar, por parte del demandado a su madre de bienes que a él no le corresponden y de los cuales habrá un momento en el que tendrá que rendir cuentas. Que aunado a todo lo señalado ya la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional, emitió un pronunciamiento claro, y confirmó el recurso de Amparo que le fue remitido en consulta, ambas Cortes fueron contestes al establecer que a su representada se le vulneraron derechos, por lo tanto es completamente procedente el acceder a este recurso de casación. 5.1.- Del estudio del Tercer Motivo la Sala encuentra que el impetrante vuelve a plantear éste motivo de manera similar a los dos anteriores, esto es de una manera que no resulta acorde con la debida técnica de casación, así tenemos que erra en lo siguiente: a) En un solo motivo, y sin hacer la separación debida, alega que el fallo proferido por el Tribunal de Alzada hace aplicación indebida de cuatro artículos de la Constitución de la República (90, 183, 303 y 321), y también señala que se inobserva el artículo 1551 del Código Civil; asunto sobre el cual se tiene a bien señalar que tal cita indiscriminada de normativas que difieren en carácter normativo, provocan que el recurrente no ha hecho uso de una correcta técnica de casación, que impone que la probable vulneración de cada uno de los artículos citados, deba ser expuesta en un motivo distinto para cada uno; explicando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; b) Aunado a tal cita conjunta, encuentra la Sala que el recurrente señala la inobservancia del artículo 1551 del Código Civil, con lo cual la Sala entiende que tal articulo no fue aplicado en el fallo, pero después arguye sobre el mismo artículo que “…este fundamento a todas luces es inaplicable….”; con lo cual el recurrente no es lo suficientemente claro en el planteamiento al no definir y explicar a la Sala si el referido artículo no se aplico, o si fue indebidamente aplicado en el fallo impugnado; c) Nuevamente cuestiona el fallo proferido por la primera instancia cuando señala que “…la Sentencia de primera instancia ya tantas veces relacionada y que fue declarada Con Lugar, infringió un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución en su artículo 90……..”; con lo cual olvida que solo es viable impugnar mediante el recurso extraordinario de casación “las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones….” (Artículo 717 del Código Procesal Civil), de todo lo cual se establece que corresponde a la Sala revisar la sentencia o auto que bajo el precepto anteriormente citado, sea proferido por el iudex ad-quem, en ese sentido se reitera que el recurrente en casación deberá tener sumo cuidado al exponer su motivo y no cuestionar el fallo dictado en primera instancia, ello porque tal y como se ha dejado señalado el fallo de primera instancia no es susceptible del recurso extraordinario de Casación; y d) Finalmente la Sala observa que el recurrente en la exposición de éste Tercer Motivo cuestiona actuaciones procesales en el desarrollo del proceso, alegando la vulneración de derechos fundamentales tales como el de defensa y debido proceso en perjuicio de su representada, amén de recalcar que a favor de la misma existe una sentencia de amparo otorgado por esa misma Corte de Apelaciones, misma que resulto confirmada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sobre lo anterior se estima oportuno recordar al impetrante que en vía casacional, entre otras “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de normas procesales que regulan. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión.” (Artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil), entendiéndose entonces que las mismas se suscitan antes de la sentencia definitiva, por lo que, quien pretenda alegar tales vulneraciones indefectiblemente tendrá que invocar como precepto autorizante del motivo el ya citado artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil, en el presente motivo erróneamente el recurrente invoca como Precepto Autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. 6.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación que nos ocupa en sus tres motivos, conforme las causales previstas en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización…”. En consecuencia, es procedente declarar su inadmisión. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 701, 703, 704, 716, 717, 718, 719, 720, 721.2, 723.2 literal a) y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y DECLARA: I. LA INADMISIÓN de los tres motivos de casación formalizados por el abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, en su condición de representante procesal de la señora Gloria Marina María de los Ángeles Castillo Zuniga, contra la sentencia dictada el 08 de noviembre del año 2016, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento Francisco Morazán. II. FIRME la sentencia recurrida dictada en fecha 08 de noviembre del año 2016, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el expediente de segunda instancia bajo número de registro 0801-2010-01164-CO originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2010-01164-CO del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. III. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 39=2017.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1]1 Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thomson Reuters ARAZANDI. Pag. 64 y ss.

[2] Resoluciones 192-2012 de fecha 13-2013 de fecha 3 de junio del año 2014; 215-2014 de fecha 25 de agosto 2015.

[3] La amplia jurisprudencia de la Sala así lo ha dejado establecido. Véase entre otras, las resoluciones: CC-89- 2013 y CC- 123-2013.