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Sentencia CC-38-15 — Registro 7824

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda de nulidad absoluta de un acto contractual de compra venta, la escritura pública que lo contiene y su inscripción en el instituto de la propiedad inmueble y mercantil de valle, misma que debe cancelarse.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “TERCERO: Las resoluciones judiciales son decisiones que adoptan los jueces y tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, son actos integrantes del proceso mismos que reciben la denominación de resoluciones judiciales, encontrando entre ellas las sentencias. Las sentencias se diferencian de las demás resoluciones en que son las únicas capaces de contener un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión litigiosa, ya que ponen fin al proceso declarativo de forma normal. Por su relevancia en el proceso, las mismas se encuentran comprendidas por dos elementos fundamentales que no deben faltar: el primero de ellos son el contenido formal de las sentencias mismo que es la estructura básica de redacción (artículo 200 del Código Procesal Civil) y los requisitos internos que comprenden la claridad, la precisión, la exhaustividad por si y como elemento de la motivación, congruencia (artículos 206-208 Código Procesal Civil) y dentro de cada una de ellas existe una serie de regulaciones que debe cumplir el juez o tribunal sentenciador con la finalidad que las partes comprendan las razones de convicción del juzgador y el alcance dispositivo-declarativo del fallo. La motivación comprende la expresión de los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, así como a la aplicación e interpretación del derecho, debiendo incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. La congruencia: Además de motivadas las sentencias habrán de ser igualmente claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, para lo cual tendrán que pronunciarse sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Como es sabido, tradicionalmente se han distinguido cuatro diferentes modalidades de incongruencias, a saber: a) Infra petita; b) Supra Petita ( o Ultra Petita); c) Extra Petita; d) Citra Petita (también conocida como incongruencia omisiva o ex silentio) que consiste en una ausencia de pronunciamiento, es decir en la emisión de una sentencia que no contiene fundamentación o pronunciamiento sobre todas o algunas de las pretensiones deducidas en tiempo y forma por las partes, dejando así sin juzgar alguna, o en caso extremo, todas las cuestiones objeto de debate; siendo el pronunciamiento parcial lo que afecta la sentencia impetrada ya que la misma no se pronuncia claramente sobre las pretensiones principales. La sentencia recurrida en casación no se encuentra conforme a derecho por no observar lo establecido en la ley para los requisitos internos de la misma, teniendo ésta defectos a corregir consistentes en la omisión de pronunciamientos a las pretensiones deducidas y además la defectuosa motivación fáctica, por lo cual se reenvía el expediente a la Corte de Apelaciones de su procedencia para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince (15) días.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de junio del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES EN EL PRESENTE RECURSO: la señora FERNANDA GARCIA, actuando como parte demandada-recurrente, representada en juicio por los abogados CARLOS HUMBERTO BRICEÑO TORRES Y MARCOS AUGUSTO CHIRINOS MARTINEZ, y la señora GLORIA MARÍA MENDOZA VELASQUEZ quien actúa en su condición de parte demandante-recurrida y se encuentra representada procesalmente por el abogado ROMMEL BLADIMIR ALVARENGA GONZALES. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UN ACTO CONTRACTUAL DE COMPRA VENTA, LA ESCRITURA PUBLICA QUE LO CONTIENE Y SU INSCRIPCION EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE VALLE, MISMA QUE DEBE CANCELARSE”, promovida en fecha quince de agosto del año dos mil once, ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, por la señora GLORIA MARIA MENDOZA VELASQUEZ, mayor de edad, hondureña, de oficios domésticos, casada, con domicilio en la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle, contra la señora FERNANDA GARCIA, con domicilio en la aldea Solubre, Aramecina, departamento de Valle; en el recurso de casación promovido en contra de la sentencia definitiva proferida por la honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de fecha dos de octubre del año dos mil catorce. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha 21 de septiembre del año 2017, esta Sala de lo Civil resolvió admitir parcialmente el presente recurso de casación de la manera siguiente: “…1.- Declarar inadmisible los cuatro motivos para la solución del fondo del litigio los cuales han sido interpuestos en contra de la sentencia definitiva proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, en la demanda pretendiendo la nulidad absoluta de un acto contractual de compra venta, la escritura que lo contiene y su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil promovida por la señora GLORIA MARÍA MENDOZA VELASQUEZ en contra de la señora FERNANDA GARCIA. 2.- Declarar inadmisible los motivos procesales PRIMERO, SEGUNDO Y QUINTO DEL RECURSO DE CASACIÓN impugnando la aplicación e interpretación de las normas de procedimiento usadas en la sentencia, los cuales han sido interpuestos en contra de la sentencia definitiva proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, en la demanda sobre la cual se ha hecho mérito 3. ADMITIR el TERCER Y CUARTO MOTIVO del recurso de casación impugnando la aplicación e interpretación de las normas de procedimiento usadas en la sentencia del presente recurso de casación. 4. Por la admisibilidad únicamente de motivos procesales, esta Sala de lo Civil considera innecesaria la celebración de la audiencia de vista, por lo tanto, señálese el día miércoles 22 de noviembre de 2017, a las 10:00 a.m., para la celebración de la audiencia de votación y fallo, debiéndose dictar sentencia dentro de los quince días posteriores a esa fecha. NOTIFÍQUESE”. SEGUNDO: En virtud de no haber sido posible notificar a uno de los representes procesales intervinientes en el presente recurso, esta Sala dispuso señalar nueva audiencia de votación y fallo para el día martes 15 de mayo de 2018, a las 9:00 A.M., la cual se llevó a cabo con la presencia de los Magistrados integrantes de la Sala Civil. TERCERO: En el tercer motivo de casación por infracción de normas procesales, el impetrante argumenta (sic): “No haber considerado la corte de apelaciones el Código Procesal Civil en relación con los fueros especiales del articulo 36 del mismo cuerpo legal, ya que la Juez de primera instancia ya no era la Juez Natural para conocer de la causa y emitir sentencia, ya que la Juez había sido separada de oficio de su destino en Nacaome, o sea por decisión de la Corte Suprema de Justicia a ese momento, argumento que planteamos puntualmente en nuestro escrito de Apelación y por lo consiguiente se hace una no se aplicó correctamente el principio de inmediación del Articulo 16 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Articulo 719 Nº 1), literal b), del Código Procesal Civil es el que nos da la autorización legal para poder invocar este Motivo de Casación. EXPLICACION DEL MOTIVO: Los artículos que se consideran violentados son el 36 en relación directa con el 16 del Código Procesal Civil. Estos Artículos en su parte conducente dicen: Articulo 16.- “El Juez que dicte la sentencia ha de ser, el juez que haya presenciado y dirigido la practica de las pruebas, salvo las excepciones previstas, so pena de nulidad desde la citación para audiencia probatoria o equivalente. ……..” Articulo 36.- “FUEROS LEGALES ESPECIALES. No se aplicaran los fueros establecidos en los artículos anteriores, y se determinara la competencia imperativamente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo en los casos siguiente: 1. En los procesos en que se ejerciten pretensiones reales sobre bienes inmuebles será el órgano Jurisdiccional competente el del lugar en que esta situada la cosa litigiosa. ………” En el caso de mérito se emitió sentencia por una Juez que ya no ejercía Jurisdicción ni material ni territorial sobre la causa que nos ocupa, ya que la misma había sido trasladada a otra jurisdicción aun así dándole un erróneo significado al articulo 16 del Código Procesal Civil procedió una Juez incompetente a dictar sentencia y esto violenta el debido proceso, ya que no podía seguir conociendo de la causa la Juez que observo las pruebas, así lo manifestamos desde primera instancia, y lo reafirmamos en nuestro escrito de apelación, y tampoco podía, dictar sentencia el nuevo Juez que llego a sustituir a la Juez de Garantías, en consecuencia lo que cabía era una nulidad de actuaciones hasta el momento inmediatamente previo, a la citación a la audiencia de pruebas, a pesar de ello la Corte recurrida obvio darnos argumentos sólidos de porque no nos tomó en cuenta este alegato, Podemos ver en la sentencia que no se refirió por ningún lugar ya fuera en negativo, a este aspecto de la que fuere nuestra apelación. Por lo tanto nosotros los recurrentes planteamos que se debe de interpretar el Articulo 36 del Código Procesal Civil, relativo a los fueros legales especiales, en el sentido de que siendo que nosotros impugnamos por el recurso de apelación el hecho mismo de que la Juez sentenciadora no tenía ya competencia ni jurisdicción sobre la demanda al momento de que ella emite su sentencia; por lo tanto estaríamos ante la infracción de una garantía procesal la cual no es más que la violación del debido proceso, y esta infracción debe de causar una nulidad hasta inmediatamente antes de la citación para audiencia probatoria, porque la Juez que emite sentencia ya no podía realizar actuación alguna y nos encontramos ante el camino sin salida de que tampoco el actual juez puede dictar nueva sentencia.” CUARTO: En el cuarto motivo de casación por infracción de normas procesales, el impetrante argumentó (Sic): “No haber consignado en forma clara y concisa las pretensiones de nuestra parte y algunos de los hechos en que las queríamos fundar. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Articulo 719, N° 1), Literal c) del Código Procesal Civil, es la norma procesal que nos permite invocar este motivo de Casación. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Norma Procesal que no ha sido aplicada a cabalidad es la del Articulo 200, N° 2), literal b) del Código Procesal Civil, este articulo en su parte conducente dice: “…CONTENIDO FORMAL DE LA SENTENCIA.- 1)……... 2) En particular la redacción de la sentencia se ajustara al contendido formal siguiente: a)……. B) En los antecedentes de hecho se consignaran con la claridad y la concisión posible y en párrafos separados y numerados las pretensiones de las partes o interesados los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, c)………...d)………” En la sentencia de la Corte de apelaciones, en los antecedentes de hecho, no sabemos la razón, aunque creemos que hay un cierto grado de malicia, en que la misma dice que nuestros alegatos se basan en el hecho de el invento de secuestro del nieto de nuestra cliente por parte de la demandante, y “por causalidad” obvia mencionar en su resolución otros puntos de hechos alegados por nosotros, cómo ser la no existencia de capitulaciones matrimoniales, que no se había constituido patrimonio familiar sobre el bien inmueble en, y el hecho más que evidente que aún no estaban (ni lo están ahora) divorciados el hijo de nuestra poderdante y la demandante; todos estos hechos iban referidos a nuestros alegatos de los puntos en litigio, ya que si bien es cierto la pretensión principal es la anulatoria, nuestras pretensiones iban dirigidas a atacar tal petición anulatoria por diversas vías estas pretensiones de nuestra parte basadas en los hechos que hemos referido se demostraban con la amplia prueba presentada por nuestra parte; era obligación procesal de la corte impugnada hacer una referencia exhaustiva a todos nuestros pretensiones de hecho en su sentencia, obligación que la impugnada no cumplió en su sentencia. Por nuestra parte planteamos a esa Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, que la norma procesal se debió de interpretar en él sentido que es taxativa la orden procesal de que la sentencia debe de recoger TODAS LAS ALEGACIONES Y PRETENSIONES CON SU HECHOS de las partes, en la sentencia de mérito lo que hace la corte recurrida es descuartizarnos nuestras pretensiones y dejar plasmado en la sentencia una imagen errónea de nuestros alegatos ya que si leemos la sentencia así como está redactada pareciera que lo único que alegamos por nuestra parte es lo referente al secuestro de su propio hijo, inventado por la demandante, lo cual es incorrecto, le discutimos de las más variadas formas a la contraparte y luego en apelación nos sostuvimos en tales alegados, las pretensiones anulatorias; la corte no coloca completos nuestros alegatos solo porque sabe que lo mismos los hechos que los sustentan hacen inaplicable la tesis anulatoria de la demandante: La aplicación del articulo 73 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.” QUINTO: En cuanto a HECHOS PROBADOS no se precisa una valoración probatoria ya que por la naturaleza de los motivos admitidos las infracciones denunciadas son de naturaleza normativa. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO: PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA DE LO CIVIL AL MOTIVO TERCERO POR INFRACCIÓN DE NORMAS PROCESALES: En este motivo se considera como infringido: “No haber considerado la corte de apelaciones el Código Procesal Civil en relación con los fueros especiales del articulo 36 con relación al articulo 16 del mismo cuerpo legal, ya que la Juez de primera instancia ya no era la Juez Natural para conocer de la causa y emitir sentencia…”. El recurrente denuncia que la sentencia de fecha dos de octubre del año dos mil catorce dictada por la honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle omite el pronunciamiento sobre el agravio denunciado en apelación consistente en que la juez A Quo que presenció y dirigió toda la prueba evacuada en el proceso fue trasladada a otro juzgado previo dictar sentencia y ya estando en sus nuevas funciones fue vuelta a llamar al juzgado donde ejerció la función jurisdiccional con anterioridad para el solo efecto de dictar la resolución definitiva, lo que según el impetrante desvirtúa la figura de juez natural y a su vez considera que ha infringido el articulo 36 con relación al 16 ambos del Código Procesal Civil. Una vez estudiada la sentencia recurrida, esta Sala ha observado que efectivamente existe falta de motivación suficiente en la argumentación a lo largo de la sentencia dictada por el Ad-quem para establecer si es correcto o no lo suscitado con la juzgadora. En el caso particular que nos ocupa, si bien resulta cierto que no se estima la existencia de infracción en la sentencia contra las normas de competencia imperativa contenidas en el artículo 36 del Código Procesal Civil, si se reconoce que existe silencio absoluto en lo referente a la inmediación procesal relacionada con la sentencia (articulo 16), particularmente respecto al agravio consistente en la posibilidad condicional que permite la movilidad interna del juzgador que ha presenciado y dirigido la práctica de la prueba para que dicte la pertinente sentencia, según el alcance del articulo 181.2 del cuerpo legal en referencia. Es preciso recordar a la Corte sentenciadora que el deber de motivar las resoluciones judiciales exige del juez o tribunal una descripción del proceso intelectual motivando las razones que le ha llevado a resolver en un determinado sentido con la suficiencia que conste de modo razonablemente claro cual ha sido el fundamento de derecho de la decisión adoptada en relación directa con el agravio presentado (articulo 207 Código Procesal Civil); criterio de razonabilidad que ha de medirse congruentemente en atención a la finalidad del proceso y en su caso al recurso. Esta obligación se encuentra en nuestro estamento jurídico vía convencional en el artículo 8.1 de la Convección Americana Sobre Derechos Humanos, que preceptúa: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” En tal sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de la sociedad democrática.” SEGUNDO: PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA DE LO CIVIL AL MOTIVO CUARTO POR INFRACCIÓN DE NORMAS PROCESALES. En este motivo el casacionista en esencia denuncia que recurre la sentencia porque la misma no resuelve pretensiones incoadas y omite pronunciamiento del recurrente entre los cuales sustenta su derecho a un debido proceso. Al respecto la Sala de lo Civil ha estudiado tanto la controversia procesal como la sentencia recurrida en donde claramente se observa que el tribunal sentenciador limitó su fundamentación jurídica en base a una muy limitada valoración probatoria, centrándose en asunto no controvertido y no debatido cual es la contravención del articulo 73 de la Ley de Igualdad de Oportunidad para la Mujer, sustento que termina en estimar la sentencia del A Quo, sin mayor explicación que determine las razones fácticas y probatorias que llevan a dicho órgano Judicial a su convicción dispositiva, guardando silencio en contradictorios tales como el hecho de un “secuestro” del nieto por parte de la demandante; omite pronunciarse sobre la no existencia de capitulaciones matrimoniales; la no constitución de patrimonio familiar sobre el bien inmueble y en el hecho que si aún no estaban divorciadas las partes, todas estas pretensiones recurridas que deben tener respuesta congruente por parte del órgano jurisdiccional. TERCERO: Las resoluciones judiciales son decisiones que adoptan los jueces y tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, son actos integrantes del proceso mismos que reciben la denominación de resoluciones judiciales, encontrando entre ellas las sentencias. Las sentencias se diferencian de las demás resoluciones en que son las únicas capaces de contener un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión litigiosa, ya que ponen fin al proceso declarativo de forma normal. Por su relevancia en el proceso, las mismas se encuentran comprendidas por dos elementos fundamentales que no deben faltar: el primero de ellos son el contenido formal de las sentencias mismo que es la estructura básica de redacción (artículo 200 del Código Procesal Civil) y los requisitos internos que comprenden la claridad, la precisión, la exhaustividad por si y como elemento de la motivación, congruencia (artículos 206-208 Código Procesal Civil) y dentro de cada una de ellas existe una serie de regulaciones que debe cumplir el juez o tribunal sentenciador con la finalidad que las partes comprendan las razones de convicción del juzgador y el alcance dispositivo-declarativo del fallo. La motivación comprende la expresión de los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, así como a la aplicación e interpretación del derecho, debiendo incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. La congruencia: Además de motivadas las sentencias habrán de ser igualmente claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, para lo cual tendrán que pronunciarse sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Como es sabido, tradicionalmente se han distinguido cuatro diferentes modalidades de incongruencias, a saber: a) Infra petita; b) Supra Petita ( o Ultra Petita); c) Extra Petita; d) Citra Petita (también conocida como incongruencia omisiva o ex silentio) que consiste en una ausencia de pronunciamiento, es decir en la emisión de una sentencia que no contiene fundamentación o pronunciamiento sobre todas o algunas de las pretensiones deducidas en tiempo y forma por las partes, dejando así sin juzgar alguna, o en caso extremo, todas las cuestiones objeto de debate; siendo el pronunciamiento parcial lo que afecta la sentencia impetrada ya que la misma no se pronuncia claramente sobre las pretensiones principales. La sentencia recurrida en casación no se encuentra conforme a derecho por no observar lo establecido en la ley para los requisitos internos de la misma, teniendo ésta defectos a corregir consistentes en la omisión de pronunciamientos a las pretensiones deducidas y además la defectuosa motivación fáctica, por lo cual se reenvía el expediente a la Corte de Apelaciones de su procedencia para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince (15) días. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 194, 197, 200 numeral 2), 206, 207, 208, 228, 716, 718, 725 numeral 2), 193.2 literal c), 701, 716, 718, 719, 725, 726.1, 727.4, 729 del Código Procesal Civil; profiere el presente FALLO: 1) Estima procedente y DECLARA HA LUGAR el TERCERO Y CUARTO MOTIVOS admitidos en el recurso de casación impugnando la aplicación e interpretación de las normas de procedimiento usadas, en el recurso de casación interpuesto por los abogados CARLOS HUMBERTO BRICEÑO TORRES y MARCOS AUGUSTO CHIRINOS MARTINEZ en su condición de apoderados legales de la señora FERNANDA GARCIA. 2) CASA la sentencia proferida en fecha dos de octubre de dos mil catorce, por la honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle. 3) ORDENA EL REENVÍO a la honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle del expediente contentivo a la demanda de nulidad absoluta de un acto contractual de compra venta, la escritura pública que lo contiene y su inscripción en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Valle, promovido ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, por la señora GLORIA MARIA MENDOZA VELASQUEZ, contra la señora FERNANDA GARCIA, a fin de que la honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle dicte nueva sentencia conforme a derecho, debiendo pronunciarse sobre todas las pretensiones y argumentos contradictorios del proceso dentro del plazo de quince (15) días hábiles. 4) CONDENA EN COSTAS. Y MANDA: Que la presente sentencia sea notificada a las partes y que las presentes diligencias sean devueltas a la honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, para que disponga el curso a seguir de conformidad con la ley. Se resuelve hasta esta fecha en virtud de mediar justa causa. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho; Certificación de la sentencia de fecha trece de junio de dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 38-2015.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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