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Sentencia CC-36-17 — Registro 8505

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia y se declara con lugar la demanda de reclamación de pago por importe de TRES MILLONES DE LEMPIRAS, (L.3, 000.000.00).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Respuesta de la Sala de lo Civil referente al primer motivo enunciado: En lo que respecta a la declaración de hechos probados en la forma como cuestiona el Impetrante esa ausencia o falta de redacción de los mismos por parte de la Corte sentenciadora, es menester señalar que la mayoría de las sentencias no contienen un relato diferenciado de hechos probados y, si lo contienen, suele aparecer en la fundamentación jurídica; siendo lo normal que los hechos relevantes que se han considerado como probados se reflejen en distintos lugares de la fundamentación acompañados de la expresión de los medios por los que se consideran acreditados y la mención de las consecuencias jurídicas que se extraen de los mismos. Por lo que no parece ser un requisito insoslayable para las sentencias siempre y cuando de la lectura del fallo se comprenda que fueron relacionados en la fundamentación jurídica del mismo. Además de lo antes señalado, indica el Censor que ocurrió una infracción por parte del ad quem al artículo 715.3 del Código Procesal Civil, norma está que se refiere al alcance que deberá observar el Tribunal al momento de emitir su fallo; no obstante, de la lectura del motivo se desprende de que el petente no es claro en señalar con precisión y claridad de qué manera ocurre la infracción denunciada al precitado artículo 715.3 del Código Procesal Civil. Asimismo, tampoco menciona la infracción relacionada a la norma citada como infringida, a saber, el artículo 200.2 literal b) del Código Procesal Civil, es decir cómo ocurrió por parte del sentenciador de segundo grado una falta de aplicación, aplicación indebida o bien una interpretación errónea de la misma a efecto de llevar a esta Sala al convencimiento que esa infracción cambiaría el sentido de la resolución impugnada. Finalmente, en el mismo motivo señala infracción del artículo 478.1 del Código Procesal Civil que se refiere a las presunciones judiciales, sin dejar establecido si esa norma la impugna por alguna de las causas señaladas en la ley. Es por todos y cada uno de los defectos enunciados que procede declarar inadmisible el primer motivo casacional conforme al artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Jerarquía: Reiterativa

… “Respuesta de la Sala de lo Civil referente al primer motivo enunciado: En lo que respecta a la declaración de hechos probados en la forma como cuestiona el Impetrante esa ausencia o falta de redacción de los mismos por parte de la Corte sentenciadora, es menester señalar que la mayoría de las sentencias no contienen un relato diferenciado de hechos probados y, si lo contienen, suele aparecer en la fundamentación jurídica; siendo lo normal que los hechos relevantes que se han considerado como probados se reflejen en distintos lugares de la fundamentación acompañados de la expresión de los medios por los que se consideran acreditados y la mención de las consecuencias jurídicas que se extraen de los mismos. Por lo que no parece ser un requisito insoslayable para las sentencias siempre y cuando de la lectura del fallo se comprenda que fueron relacionados en la fundamentación jurídica del mismo. Además de lo antes señalado, indica el Censor que ocurrió una infracción por parte del ad quem al artículo 715.3 del Código Procesal Civil, norma está que se refiere al alcance que deberá observar el Tribunal al momento de emitir su fallo; no obstante, de la lectura del motivo se desprende de que el petente no es claro en señalar con precisión y claridad de qué manera ocurre la infracción denunciada al precitado artículo 715.3 del Código Procesal Civil. Asimismo, tampoco menciona la infracción relacionada a la norma citada como infringida, a saber, el artículo 200.2 literal b) del Código Procesal Civil, es decir cómo ocurrió por parte del sentenciador de segundo grado una falta de aplicación, aplicación indebida o bien una interpretación errónea de la misma a efecto de llevar a esta Sala al convencimiento que esa infracción cambiaría el sentido de la resolución impugnada. Finalmente, en el mismo motivo señala infracción del artículo 478.1 del Código Procesal Civil que se refiere a las presunciones judiciales, sin dejar establecido si esa norma la impugna por alguna de las causas señaladas en la ley. Es por todos y cada uno de los defectos enunciados que procede declarar inadmisible el primer motivo casacional conforme al artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Respuesta de la Sala en lo que se refiere al segundo motivo de casación. De la lectura del segundo motivo casacional no encuentra está Sala qué tipo de infracción considera el Recurrente cometió el tribunal sentenciador relacionado con la norma o normas consideradas como infringidas, es decir si hubo una falta de aplicación, una aplicación indebida o una interpretación errónea de las mismas. También aprecia la Sala que en la formulación del motivo de casación segundo el Impetrante no ataca la ratio decidendi de la sentencia sino otro razonamiento accidental, tal es el razonamiento referente a dos pagarés que no constituyen el objeto del proceso. Así lo viene señalando la doctrina que se trata de consideraciones estériles, por “carencia de efecto útil”, las consideraciones sobre argumentos expuestos a modo de refuerzo o a mayor abundamiento. Es por lo anterior que para este Tribunal de Casación no se cumple con la incidencia de la infracción de la resolución impugnada en que no lleva a la Sala al convencimiento en como dicha infracción cambiaría el sentido diferente del fallo. Además, que más que cuestionar la motivación por insuficiente o irracional, junto con los requisitos internos en la sentencia bajo la causal en lo que respecta a la forma y contenido de la sentencia, lo que hace es discutir sobre la interpretación que se hace en la aplicación del Código de Comercio por parte del juzgador de instancia. Es por los defectos enunciados que procede inadmitir el segundo motivo de casación en aplicación del artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.””

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Respuesta de la Sala de lo Civil referente al tercer motivo de casación. No resulta ser de recibo este tercer motivo casacional para la Sala, en virtud de que señala como norma infringida por falta de aplicación el artículo 594 párrafo tercero del Código de Comercio, en lo que respecta a que “el suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo que se ejercite en su contra la acción causal o la de enriquecimiento, casos en los que se equipara al girador”, norma está que ostenta el carácter de general, y aunado a esto la relaciona con el artículo 13 de la Ley Sobre Normas de Contabilidad y Auditoría que se refiere a que “…los comerciantes y demás personas jurídicas pueden llevar su contabilidad en forma manual, en hojas sueltas o por sistemas mecanizados, magnéticos, electrónicos o cualquier otro sistema, siempre que el sistema que se adopte, asegure una visión clara, rápida, completa de la situación contable de la empresa. En todo caso, los comerciantes y demás personas jurídicas están en la obligación de notificar al Servicio de Administración de Rentas (SAR), antes Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), cuál será el sistema que adoptará para llevar su contabilidad, en caso de no llevarse en forma manual…”, una norma específica en lo que respecta a la causa pretendi en el presente proceso; no obstante, ambas normas entre sí no guardan ninguna relación, ya que la primera de ellas se refiere a las disposiciones aplicables según el Código de Comercio a los pagarés y la segunda a las normas de contabilidad en una empresa; es decir, el Impetrante debió desarrollar la violación a dichas normas de manera separada e independiente, a efecto de no viciar la claridad y precisión del motivo enunciado. Finalmente, al explicar el motivo precitado lo dirige única y exclusivamente refiriéndose a la suscripción de dos pagarés que no son objeto del proceso y su valoración dentro del mismo, lo que resulta ser inútil por no llevar al tribunal al convencimiento en como esa infracción cambiaría la decisión a que llega el juzgador en el sentido de la resolución adoptada. Por lo antes señalado procede desestimar el tercer motivo de casación al tenor de lo dispuesto en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“…Respuesta de la Sala con respecto al cuarto y último motivo de casación. Este Tribunal de Casación encuentra que el Censor señala como normas infringidas por falta de aplicación los artículos 14.2 de la Ley del Notariado, 713, 1422, 1435, 1576 primer párrafo del Código Civil, resultando impropio para efectos de casación el fundar la recurrencia en un conjunto indiscriminado de normas que se refieren a distintas situaciones jurídicas respecto de los contratos y la tradición de bienes; es decir, hace una cita indiscriminada de normas en un solo motivo, las que debió desarrollar de manera separada e independiente. El Impetrante cuestiona los hechos de la demanda y la contestación cuya revisión constituye una exclusión en casación como lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. Por lo antes señalado procede desestimar el cuarto motivo de casación al tenor de lo dispuesto en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO, como Coordinadora y designada ponente para la redacción de la presente resolución, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ Y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada “SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A. (SEAGRO)”, representada en juicio por el abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ como recurrente; siendo recurrido el señor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS, representado en juicio por los abogados NERY ESTEBAN BACA MONDRAGON y DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO, RECLAMACION DE PAGO POR IMPORTE DE TRES MILLONES DE LEMPIRAS, (L.3,000.000.00).- DAÑOS Y PERJUICIOS”, promovida en fecha veinte de junio de dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por la abogada DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO, actuando en su condición de representante procesal del señor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS, quien es mayor de edad, casado, hondureño, Empresario, con domicilio en el departamento de Francisco Morazán, contra la sociedad mercantil denominada “SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A. (SEAGRO)”, a través de su representante el señor DAVID RICARDO HERNANDEZ SEGURA. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria de Pago, promovida por la Abogada Delcy Agripina Oliva Guifarro en su condición de representante procesal de Ruiz Pastor Canales Fiallos, contra Servicios Agropecuarios S.A. (SEAGRO), en virtud de no hacer acreditado la certeza de los hechos constitutivos de su demanda, ni las afirmaciones de hechos alegadas que eran controvertidas.- 2) Desestimar las pretensiones del actor. - 3) Con costas a la parte demandante. - Y MANDA: Que este fallo quede firme, si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: Que en fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la del A-quo, fallando de la siguiente manera: “FALLA: 1) Declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por los abogados NERY ESTEBAN BACA MONDRAGON Y DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO, en su condición de Representantes Procesales del señor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS.- 2) Se revoca la sentencia recurrida de fecha 14 de junio de 2016 dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.- 3) En consecuencia se declara con lugar la demanda de reclamación de pago por importe de TRES MILLONES DE LEMPIRAS, (L.3,000.000.00) promovida por la abogada DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO, en su condición de Apoderada Legal del señor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS.- 4) Condena a la sociedad mercantil SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. (SEAGRO), a través de su Representante Legal, señor DAVID RICARDO HERNANDEZ SEGURA, al pago de la cantidad de TRES MILLONES DE LEMPIRAS, (L. 3,000,000.00), al señor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS.- 5).- Con costas a la parte demandada en primera instancia 6).- Sin costas en esta instancia .- Y MANDA: Que una vez firme la presente sentencia se devuelva al Juzgado de su procedencia junto con la certificación de estilo correspondiente para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE”. TERCERO: El abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad “SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A. (SEAGRO), en fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: Los representantes procesales del señor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS, abogados NERY ESTEBAN BACA MONDRAGON y DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO, presentaron escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados NERY ESTEBAN BACA MONDRAGON, DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO y RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas siete de marzo de dos mil diecisiete, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “ 5°.- MOTIVOS DE CASACIÓN IMPUGNANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE NORMAS PROCESALES Y DE NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. PRIMER MOTIVO: POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción del Art. 200.2 literal b), del Código Procesal Civil, o sea, en las partes que dicen: “...2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: ...b. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados,…los hechos probados en su caso (el subrayado es mío). La infracción procesal señalada se produjo en la sentencia por infracción de normas procesales que regulan su forma y contenido; son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, o sea, al elaborarla. El Art. 200 del Código Procesal Civil, en el numeral 2, preceptúa “en particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente” y al final de la letra b), exige como parte de los antecedentes de hecho, la declaración de “los hechos probados”, frase ésta que se subrayó en el enunciado del motivo para indicar donde se efectuó la infracción procesal. Al leer detenidamente la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto, pues la Corte recurrida la omitió. Es una práctica viciosa en muchas Cortes de Apelaciones que declaran con lugar los recursos de apelación y, desde luego, revocan el fallo de primera instancia, omiten hacer la declaración de hechos probados creyéndola innecesaria, cuando ninguna norma del CPC prescribe desobligarse de tal exigencia; esta brecha de arbitrariedad afecta el debido proceso y dado que en nuestra regulación de la casación ya no existen las impugnaciones por infracciones de error de derecho y de hecho, esto de alguna manera posibilita la distorsión, mutilación o tergiversación de las pruebas, o la no atribución o disminución del valor probatorio que les corresponde. Para evitar esta arbitrariedad la declaración de hechos probados es trascendental y obligatoria en los casos donde se practicó prueba y especialmente para un tribunal de alzada que revoca el fallo de primera instancia, por haber llegado a una conclusión distinta con el mismo material probatorio. La declaración de hechos probados es un requisito formal de la estructura de la sentencia, cuya exigencia se colige también claramente del Art. 715.3 del Código Procesal Civil y su omisión dificulta ostensiblemente el desarrollo de la impugnación tanto por infracción de normas procesales como de normas materiales; tal omisión se ha dado en el presente caso porque la Corte recurrida al hacer los pronunciamientos del fallo, restó total y absoluta importancia a la declaración de hechos probados que al revocar el fallo apelado estaba obligado a hacer, o sea, a reformularlos que el juez declaró en primera instancia. Se constata esta infracción al contrastar lo que se afirma en este motivo y los antecedentes de hecho de la sentencia ahora impugnada. Además, la sentencia debe contener la declaración de hechos probados, porque esta fijación es parte esencial de la expresión de los razonamientos fácticos, los que junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la aplicación e interpretación del Derecho; pero en este caso concreto la Corte recurrida argumentó“...ya que la existencia de dichos pagarés más que un egreso representa un crédito pendiente de cobro a favor de dicha sociedad, y. a cargo de los señores JUAN JOSÉ OSORTO ORDOÑEZ y DAVID HERNÁNDEZ, quienes a consecuencia de la suscripción de los mencionados pagarés, se vuelven deudores de la sociedad…” (ver últimos párrafos del PRIMERO de los fundamentos de derecho de la sentencia acusada);pero esos señores el 6 de septiembre de 2010 subscribieron esos pagarés en calidad o carácter de representantes de la sociedad SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A., SEAGRO, resultando esta sociedad la verdadera subscriptora, que el Código de Comercio como regla general lo considera como aceptante, lo que debió ser fijado en los hechos probados; es decir, la deudora cambiaria es dicha sociedad, porque a ella se le atribuye la promesa incondicional de pago a favor de DAVID RICARDO HERNÁNDEZ SEGURA de la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,500,000.00) y, en el otro, a JUAN JOSÉ OSORTO ORDOÑEZ la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,500,000.00); de esa manera, tales pagarés representan un egreso del patrimonio de esos señores en su carácter personal y a favor de ellos resulta un crédito pendiente de cobro. Siendo la naturaleza jurídica de los títulos valores “cosa mercantil”, el tribunal de alzada descartó el registro de los pagarés de la contabilidad de la expresada sociedad y su vinculación al registro en partida única de la operación de compraventa de mérito ya manera de presunción también argumentó: “…si bien se puede colegir que con dichos títulos valores se puede representar que SEAGRO, o, ha brindado un crédito representado en productos a los señores OSORTO Y HERNÁNDEZ, o les ha brindado un préstamo garantizado con los pagarés referidos; no se refleja con dichos documentos que el señor PASTOR RUIZ CANALES, haya recibido valor alguno por la transacción de compra venta de los terrenos consignados en el Instrumento Público autorizado por el Notario HERNÁNDEZ VELÀSQUEZ…”. Todo esto. la Corte recurrida estaba obligada a fijarlo en la declaración de hechos probados, pues así se deduce del Art. 478.1.2 del CPC. Sin duda esta controversia es uno de los supuestos en que la estructura de la sentencia, conforme al Art. 200.2 letra b) del CPC, encuadra en la hipótesis jurídica “en su caso”, por ende, sí es necesaria la fijación o declaración de “hechos probados”. Al no entenderlo así la Corte recurrida infringió la relación de los preceptos procesales expresados en el enunciado de este motivo, afectando el debido proceso porque no cumple con una importante formalidad en los antecedentes de hecho establecidos en la ley procesal, incurriendo en irracionalidad y arbitrariedad. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil, en su Art. 719.1.c) Causales del Recurso, en la parte que dice: “...c) La forma y contenido de la sentencia”. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto la infracción de omitir en la sentencia impugnada la declaración de los hechos probados, permitió a la Corte recurrida que arbitrariamente distorsionara, tergiversara y mutilara el material probatorio, y, consecuentemente, disminuyó, complicó y frustró el derecho al recurso perjudicado el planteamiento de los recursos devolutivos. SEGUNDO MOTIVO: POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción del Art. 200.1.2 literal c) del Código Procesal Civil, o sea, en las partes que dicen: “1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados…2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: ...c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso…”; en relación con el Art. 207.2 del mismo Código Procesal Civil. También como el anterior motivo, se trata de errores producidos en la sentencia por infracción de normas procesales que regulan su forma y contenido; por consiguiente, son vicios internos producidos al estructurar la sentencia, es decir, en su elaboración, incurriendo en infracciones que la invalidan. Con mucho respeto hago notar a los ilustres Magistrados de la Sala Civil, que muchos órganos judiciales tanto de primera y segunda instancia, al dar las razones y fundamentos legales del fallo que dictaron, tergiversan, mutilan o ignoran el material probatorio, llegando a estructurar o dictar sentencias sin motivación fáctica, o ésta es insuficiente, irracional o carente de carácter lógico. En el caso de autos se sostiene que la motivación es irracional y carece de carácter lógico. Sin lugar a dudas que la sentencia impugnada no cumple con el Art. 200.1 y .2literal c) del Código Procesal Civil en relación con el Art. 207.2. del mismo Código, porque la adecuada motivación al estructurar la sentencia, conlleva para el órgano jurisdiccional la obligación de pronunciarse sin tergiversar los hechos. Sorprendentemente en el caso de autos, la Corte recurrida argumentó “...ya que la existencia de dichos pagarés más que un egreso representa un crédito pendiente de cobro a favor de dicha sociedad, y. a cargo de los señores JUAN JOSÉ OSORTO ORDOÑEZ y DAVID HERNÁNDEZ, quienes a consecuencia de la suscripción de los mencionados pagares, se vuelven deudores de la sociedad…” (ver últimos párrafos del PRIMERO de los fundamentos de derecho de la sentencia); esta tergiversación del tribunal de alzada cae por su propio peso, porque esos señores, DAVID RICARDO HERNÁNDEZ SEGURA y JUAN JOSÉ OSORTO ORDOÑEZ, el 6 de septiembre de 2010 subscribieron los pagarés por un importe de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,500,000.00),en calidad o carácter de representantes de la sociedad SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A., SEAGRO, resultando esta sociedad la verdadera subscriptora, sujeto cambiario a quien el Código de Comercio por regla general considera como aceptante; es decir, realmente la deudora cambiaria es dicha sociedad, porque a ella se le atribuye la promesa incondicional de pago a favor de DAVID RICARDO HERNÁNDEZ SEGURA de la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,500,000.00) en un pagaré y, en el otro, a JUAN JOSÉ OSORTO ORDOÑEZ la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,500,000.00);así las obligaciones cambiarias que se derivan de la subscripción de tales títulos valores están a cargo de SEAGRO, porque ellos actuaron en representación de dicha sociedad y dichos señores son los beneficiarios de tales títulos, de esa manera, conforme a las normas que rigen el razonamiento lógico dichos pagarés sí representan un egreso del patrimonio de tales señores en su carácter personal y a favor de ellos resulta un crédito pendiente de cobro y, por ende, existe la respectiva obligación cambiaria a cargo de la susodicha sociedad (seagro), de tal manera que ellos son acreedores de ésta y no deudores como irracional o ilógicamente concluyó el tribunal recurrido. Además, si la naturaleza jurídica de los títulos valores es ser “cosa mercantil”, los referidos pagarés cuyos importes suman L.3,000,000.00, el tribunal de alzada no debió descartar su registro de la contabilidad de SEAGRO y su vinculación al registro en partida única de la operación de compraventa de los cuatro inmuebles. Sin duda tales títulos valores respaldan la cantidad de dinero proporcionada por los socios para pagar el precio de la compraventa de los cuatro inmuebles, pero arbitrariamente el tribunal de alzada descartó su registro de la contabilidad de SEAGRO y su vinculación al registro en partida única de la operación de compraventa de los cuatro inmuebles. Queda demostrada que la sentencia tiene el vicio interno de haberse consignado argumentación irracional y contra el carácter lógico de los efectos de la suscripción de los pagarés, ya que el tribunal de alzada actuó distorsionando principios de derecho cambiario que dominan la regulación en el Código de Comercio, como es el caso de la literalidad y la legitimidad en tales documentos cambiarios que, como cosas mercantiles, inciden sobre el alcance y modalidad de los derechos incorporados en ellos, atinentes a la calidad de aceptante de esta sociedad y, por ende, de deudora, en virtud de que la Corte recurrida arbitrariamente les atribuyó la calidad de deudores a quienes aparecen en los pagarés como beneficiarios o tenedores. Esas argumentaciones erradas consignadas en el fundamento “PRIMERO” de los Fundamentos de Derecho de la sentencia impugnada, configuran la motivación irracional y contraria a la lógica jurídica en la búsqueda de la verdad, pues el mismo tribunal de alzada distorsionó los principios aludidos por alterar la literalidad en la forma explicada y de paso atribuyendo a un sujeto cambiario una calidad distinta, SEAGRO, a quien la calificó como acreedora cuando carece de legitimación como dueña del pagaré, e inmediatamente distorsionó el registro contable, desconociendo como ingreso el importe de los pagarés y su contrapartida de una deuda a favor de los beneficiarios y tenedores de ellos, los señores OSORTO Y HERNÁNDEZ, quienes tienen un crédito a su favor y contra dicha sociedad; evidenciándose más la arbitrariedad de la Corte recurrida, en el argumento subjetivo de suponer o especular que dicha sociedad les ha brindado un crédito en productos a dichos señores o un préstamo garantizado con tales pagarés. Al no entenderlo así, la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo, afectando la tutela judicial efectiva. Así queda precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil, en su Art. 719.1.c) Causales del Recurso, en la parte que dice: “...c) La forma y contenido de la sentencia”, por la remisión que hace el 720.2 del mismo Código. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto, como la argumentación contenida en la motivación de la sentencia es contradictoria y tergiversadora, que afecta directamente el patrimonio de mi representada por no reconocer el pago del precio, se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, porque ello es determinante de un sentido diferente del fallo. TERCER MOTIVO: IMPUGNANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. Infracción por falta de aplicación del Art. 13 de la Ley Sobre Normas de Contabilidad y Auditoría, Decreto N° 189-2004, y 594 tercer párrafo del Código de Comercio, en la parte que dice: “El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo que se ejercite en su contra la acción causal o la de enriquecimiento, casos en los que se equipará al girador”. Establece esa Ley Sobre Normas de Contabilidad y Auditoría en su “Art. 13. Contabilidad por Medio Electrónico Similar. Los comerciantes y demás personas jurídicas pueden llevar su contabilidad en forma manual, en hojas sueltas o por sistemas mecanizados, magnéticos, electrónicos o cualquier otro sistema, siempre que el sistema que se adopte, asegure una visión clara, rápida, completa de la situación contable de la empresa. En todo caso, los comerciantes y demás personas jurídicas están en la obligación de notificar al Servicio de Administración de Rentas (SAR), antes Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), cual será el sistema que adoptará para llevar su contabilidad, en caso de no llevarse en forma manual”. Por su parte el Art. 594 tercer párrafo del Código de Comercio, en la parte infraccionada dice: “El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo que se ejercite en su contra la acción causal o la de enriquecimiento, casos en los que se equipara al girador”. Para estimar el recurso de apelación y revocar la sentencia de primera instancia, la Corte recurrida se fundamentó en el Art. 9 de la Ley Sobre Normas de Contabilidad y Auditoría, en lo atinente a que “…Todo comerciante y demás personas jurídicas están obligadas a llevar y mantener en sus establecimientos registros de contabilidad debidamente organizados en forma íntegra, de tal manera que indique en forma clara, razonable y precisa los resultados de sus operaciones anuales o fracción de año…” y afirmó que se pudo constatar que la sociedad SEAGRO no puso a la vista de la jueza encomendada para tal diligencia los libros contables, asimismo que en la documentación que le brindaron no aparece reflejada en las partidas contables respectivas la transacción de compraventa, realizada por la sociedad mercantil SEAGRO; pero ignoró la existencia del Art. 13 de la Ley Sobre Normas de Contabilidad y Auditoría, que permite llevar la contabilidad por medios mecanizados, magnéticos, electrónicos o cualquier otro sistema; y teniendo la demandada SEAGRO, S.A., debidamente organizada su contabilidad, que lleva en forma electrónica conforme a éste último Art., registró en una sola partida la operación contable relativa a la venta de los inmuebles que le hizo el demandante, incluyendo el registro de los dos pagarés referidos en los últimos párrafos del fundamento PRIMERO de la sentencia recurrida; luego, electrónicamente se registró en una sola partida el crédito que resulta del contenido de los derechos que incorporan los pagarés a favor de sus beneficiarios, JUAN JOSÉ OSORTO ORDÓÑEZ Y DAVID HERNÁNDEZ, porque resulta de dichos pagarés que estos señores son acreedores cambiarios de la sociedad, porque suscribieron esos títulos valores en carácter de representantes de la sociedad SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A., SEAGRO, por lo que a ésta se le atribuye el concepto de suscriptora, con la calidad de aceptante según el tercer párrafo del Art. 594 de nuestro Código de Comercio; pero aun existiendo, esta norma fue ignorada por completo por el tribunal de alzada en la sentencia recurrida, y yerra al calificarla como acreedora, equivocando la imputación de los efectos de la firma del subscriptor de un pagaré, quien es el principal obligado en este título valor; en consecuencia, es irrazonable y contraria a las máximas de experiencia, como se colige del fundamento Primero de la sentencia impugnada, que en el corto lapso de tiempo de un mes, el comerciante SEAGRO, S.A., deba al vendedor de los inmuebles el precio de TRES MILLONES DE LEMPIRAS y que también deba esa misma cantidad a sus principales socios JUAN JOSÉ OSORTO ORDOÑEZ y DAVID HERNÁNDEZ, quienes por virtud de los pagarés más bien proporcionaron esa cantidad de dinero a la sociedad Seagro para el pago por la compra de los inmuebles precitados. Este motivo se halla comprendido en el “Art. 719. Causales del Recurso…2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, del Código Procesal Civil. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto la sentencia al no reconocer que la sociedad SEAGRO lleva su contabilidad en registros contables en forma electrónica, no reconoció la partida única y violó el contenido del tercer párrafo del Art. 594 del Código de Comercio, descartando el pago del precio reconocido por el demandante en la escritura de compraventa. CUARTO MOTIVO: IMPUGNANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. Infracción de ley material por falta de aplicación, al no haber sido empleados en la solución del fondo del litigio los siguientes artículos: Del segundo párrafo del Art. 14 de la Ley del Notariado; del1422, 1435 del primer párrafo que dice: ”…El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada…”, y primer párrafo del 1576, estos tres últimos del Código Civil. El Art. 14, segundo párrafo, de La Ley del Notariado dice: “…El contenido de las escrituras públicas son las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento y los contratos de toda clase”. El Art. 1422 del Código Civil dice: “Se entenderá pagada una deuda cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía”. El Art. 1435 del Código Civil, en lo pertinente de su primer párrafo dice:“…El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada…”. El Art. 1576 del Código Civil, en su primer párrafo dice: “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas…”. El primer hecho de la demanda se rechazó por parte de mi representada, al contestar la demanda en el acápite donde expresamente contestó la relación de hechos de la demanda, pues en la fecha en que se presentó la demanda la titularidad de los cuatro inmuebles corresponde a mi poderdante, SEAGRO, como la misma parte demandante en el segundo hecho de la demanda reconoció esto al celebrar el contrato de compraventa sobre los cuatro inmuebles, a favor de SEAGRO, quien adquirió legítimamente la titularidad sobre los inmuebles objeto de la compraventa. El texto del Art. 14, segundo párrafo, de la Ley del Notariado es bastante claro y, en el caso concreto, efectivamente la escritura pública N° 1212 que autorizó el Notario, abogado José Roberto Hernández Velásquez, uno de sus contenidos es el contrato de compraventa aludido, porque en la “Cláusula Primero”, que forma parte de la estipulación de dicha escritura pública, se describen los inmuebles que pertenecían al demandante Ruiz Pastor Canales Fiallos y, en la cláusula segundo continúa consignándose la declaración de voluntad del vendedor concluyendo la venta de los cuatro lotes de terreno y se determina el precio convenido con la sociedad compradora igual a TRES MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 3,000,000.00), donde él declara: “…los que confiesa tener recibidos a su entera satisfacción de manos del comprador…”; y luego termina esa parte de la escritura, o sea, la estipulación, con la cláusula ”Tercero”, donde la sociedad compradora por intermedio de su representante declara que es cierto lo manifestado por el señor Ruiz Pastor Canales Fiallos y acepta la venta de los cuatro lotes de terrenos, siendo posteriormente inscrito el dominio a favor de SEAGRO bajo asientos N° 42 del tomo 242 del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad y Mercantil con sede en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, y el N° 15 del tomo 632 del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad y Mercantil con sede en la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá; todo lo cual indica que se cumplió con las formalidades que establece el Art. 713 del Código Civil, relativas a la tradición de bienes raíces a favor de mi representada SEAGRO. De lo expuesto, sin duda que la Corte recurrida debió aplicar el Art. 14 segundo párrafo de la Ley del Notariado, puesto el contenido de esa escritura pública está regulado por tal precepto. Del contexto del contrato de compraventa de los cuatro lotes de terreno, aludido en el párrafo anterior, y dada la declaración del vendedor ante un Notario que está en el ejercicio de sus funciones, se colige que el pago que el vendedor declaró, confesó tener recibidos a su entera satisfacción de manos del comprador, encaja o se subsume en la hipótesis o concepto jurídico del Art. 1422 del Código Civil, por lo que tanto los otorgantes y el Notario, así como todos los terceros entendemos que el comprador, SEAGRO, ha pagado el precio adeudado, o sea, que el precio fue completamente entregado, por ende, este Art. lo debió aplicar el tribunal recurrido. Además, siendo la compraventa un contrato consensual porque se perfeccionó con el consentimiento del vendedor y comprador sobre el precio y objeto de la compraventa; bilateral, porque ambas partes se obligaron recíprocamente; oneroso, porque ambos contratantes teniendo por objeto su utilidad, se gravaron cada uno en beneficio del otro; y, es conmutativo, porque los cuatro lotes de terreno que hizo tradición el vendedor, a favor de la sociedad compradora, se mira como equivalente al precio que declaró el vendedor, confesó haberlo recibido de manos del comprador, en principio entendiéndose en “Lempiras”, que fue la especie pactada, tal como lo prevé el Art. 1435 del Código Civil, que en lo pertinente de su primer párrafo dice: “…El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada…”; y después de haber transcurrido prácticamente tres años de que en este caso particular, el vendedor demandante confesara ante el Notario que recibió el precio de manos del comprador, o sea, los tres millones en Lempiras, que es la moneda pactada de curso legal en nuestro país, entendemos que tal declaración consignada en la escritura pública también encaja en ese supuesto jurídico del Art. 1435 recién citado, deduciéndose que el comprador tuvo por pagado el precio aunque no haya expresado el motivo de recibirlo en efectivo o mediante otra modalidad; precepto este que también debió aplicar la Corte recurrida en el fallo ahora impugnado. En este caso particular, lo expuesto responde a una interpretación fiel literal del contrato de compraventa de mérito, tal como fue consignado en la escritura pública referida al principio de este motivo, lo que hace las veces de recibo para la sociedad compradora, aunque el vendedor haya omitido extenderle otro por aparte, porque le estaba haciendo tradición de los inmuebles con la escritura pública y la inscripción registral; interpretación prevista en el Art. 1576 del Código Civil, cuya existencia ignoró la Corte recurrida al no aplicarlo en la sentencia recurrida; Art. que en su primer párrafo dice: “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas…”; tal violación, al igual con las otras relativas al conjunto de los Arts. citados como infringidos en este motivo, constituyen infracciones a normas que debieron emplearse en la solución del fondo de este litigio, pero resulta evidente que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, ignoró la existencia de los mismos omitiendo aplicarlos en la sentencia recurrida; o sea, arbitrariamente no citó o invocó ningún Art. del Código Civil para resolver el caso, violando las normas de derecho expresadas en el enunciado, cuya infracción sustenta este motivo, lo cual es censurable en un asunto esencialmente civil. Este motivo se halla comprendido en el “Art. 719. Causales del Recurso…2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, del Código Procesal Civil. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: Este caso concreto, el tribunal de alzada al no entenderlo según las normas señaladas como infringidas, en la sentencia impugnada agravia a la parte demandada, por no reconocer que la sociedad SEAGRO cumplió con su prestación pagando el precio, como lo declaró el vendedor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS, en la estipulación de la escritura pública donde se consignó la compraventa de los cuatro inmuebles, y al descartar lo confesado por el vendedor sobre el pago del precio de la compraventa, le causó perjuicio porque la tiene como deudora del precio, afectando su patrimonio”. SEPTIMO: Que los abogados NERY ESTEBAN BACA MONDRAGON y DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO, plantean su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: se rechaza totalmente, artículo que citan referente al 220.2 numeral b b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso.. Honorables Magistrados tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda instancia no se encuentran como acápite “LA DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS O HECHOS PROBADOS”, la razón es simple esta declaración de hechos o hechos probados se encuentra intrínsecamente plasmada en los ANTECEDENTES DE HECHO y relacionado con los fundamentos de derechos. De la redacción del artículo precedente se puede deducir que los hechos probados están forjados en el contenido del acápite antecedente de hecho; no se entiende en el precitado artículo como un apartado dentro del contenido de la sentencia “los hechos probados” La parte recurrente expone como motivo de casación ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA, sin tener un argumento factico jurídico, en virtud porque no señala si son errores formales o materiales, por otro lado no señala con claridad el PERCEPTO AUTORIZANTE, en cada uno de los motivos de casación. Los cuales deben estar íntimamente relacionados con el motivo de casación. En cuanto a la determinación del perjuicio o agravio sufrido. SEGUNDO MOTIVO: se rechaza, artículo que citan referente al 220.1.2 numeral C c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. Los errores expresados por la parte recurrente referentes a la forma y contenido de las sentencias carecen de fundamento legal, pues estos errores se enfrascan en que la sentencia recurrida de segunda instancia, no ha hecho pronunciamientos en cuanto a su motivación en infracción a normas procesales, estos señalamientos y pronunciamientos hechos por la parte demandada – recurrente, no ha sido preciso en señalar especificadamente que errores de forma afecta de forma sustancia el fondo del asunto, Además de la crítica expresada por la parte recurrente ante ustedes honorables magistrados sobre que muchos órganos jurisdiccionales tergiversan, mutilan, o ignoran el material probatorio, no merece comentario alguno en vista que lo que se dirime ante esta Honorable Corte Suprema de Justicia, es el fallo en base a justicia del Recurso de Casación interpuesto por los diferentes motivos enunciados. Por otro lado, la sentencia recurrida, contiene los elementos y requisitos tanto formales y materiales. En virtud que a través de proceso de primera instancia y así como la revisión de los medios probatorios en segunda instancia se pudo constatar que por parte de la empresa mercantil SERIVICIOS AGROPECUARIOS S.A. (SEAGRO); no ha existido un pago a favor del señor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS, por la cantidad de TRES MILLONES DE LEMPIRAS, derivados de la compra venta de los inmuebles en el instrumento público número 1212. Erróneamente la parte demandada, quiere establecer el nexo o conexión de dos pagares por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS, cada uno y que se encuentra a nombres de DAVID RICARDO HERNANDEZ SEGURA Y JUAN JOSE OSORTO ORDOÑEZ, con la operación contable de compra veta de cuatro inmuebles que vendió nuestro representado y por el cual no ha recibido hasta pago alguno; esta vinculación no es procedentes ni lógica en vista que por parte de la empresa mercantil en sus operaciones contables no existe pago a favor del señor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS, por ningún concepto. TERCERO Y CUARTO MOTIVO: se rechaza totalmente, la ley sobre normas de contabilidad y auditoría, decreto 189-2004, como norma de carácter imperativo, establece derechos y obligaciones tanto para los comerciantes y demás personas jurídicas, a tal efecto de llevar sus libros contables ya sea de manera manual o electrónica. MOTIVO UNICO, Expresado por la parte recurrente, se rechaza, Que virtud que el precepto autorizante y las disposiciones infringidas carecen de sustento legal; por tanto, la parte actora en el presente recurso señala como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1, literal c del Código Procesal Civil en lo concerniente a la forma y contenido de las sentencias. El cual literalmente dice así: Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia, genérica, objetiva, funcional, y adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Desde el punto de vista objetivo de la norma procesal en cuanto a la forma y contenido de la sentencia, es esencial antes de hacer referencia a tal punto de vista: que las sentencias como resoluciones en la que pone fin a un proceso en determinada instancia, deben de reunir una serie de requisitos tanto de forma como de fondo. La forma referente a los requisitos formales en cuanto a sus diferentes apartados es decir su parte externa; y el fondo referente a los requisitos internos de la sentencia las cuales deben de ser claras, precisas y exhaustivas según nuestra norma adjetiva; por otro lado a parte de estos requisitos de forma y de fondo llevan aparejado la obligación de ser motivadas, congruentes y debidamente fundamentadas apegado al caso concreto según las normas sustantivas y a lo probado en juicio norma adjetiva, tomando como base las pretensiones y oposiciones presentadas en la Litis. Dicho esto es claro refutar el precepto autorizante de la parte recurrente; en vista que tanto las sentencia de primera instancia, como la de segunda instancia cumplieron a cabalidad los requisitos de forma y de fondo de las precitadas sentencias. Por otro lado, en cuanto a las disipaciones infringidas el casacionista expone las siguientes normas artículo 200.2 literal C; 720.2 del Código Procesal Civil; articulo 747 del Código de Comercio; 1360,1386 y 1386 del Código Civil. Asimismo hace una relación de título valores consistentes en PAGARES, que están a nombre de terceras personas que no guardan relación como motivo de oposición a favor de la parte demandada, en virtud que la parte recurrente trata de relacionar estos títulos valores aseverando que fue el medio por el cual su representada erogo la cantidad pactada en el contrato de compra venta en la escritura 1212 a favor de nuestro representado el señor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS, argumento que no tiene sustento en vista que se acredito en juicio que jamás ha existido pago alguno a favor de nuestro representado por la venta de los inmuebles. Por otro lado la declaración en sede jurisdiccional del Ministro de Fe publica, que celebro el contrato de compra venta de la escritura 1212, es totalmente adversa e incongruente, a lo estipulado en dicho instrumento, por lo cual se demostró tanto en primera instancia como en la segunda que la sociedad mercantil SEAGRO, se encuentra en mora con nuestro representado, en virtud que jamás le pago la cantidad pactada, asimismo no existe registro contable de manera física o electrónica en los libros contables que demuestren que se ha realizado pago alguno al señor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS La sentencia de segunda instancia a cual es objeto del recurso de casación, contiene todos los requisitos de forma y de fondo, específicamente en el caso del contenido formal es un requisito subjetivo al estilo de la redacción de las sentencias, con la salvedad que existen tal como lo señale anteriormente requisitos formales que hay que cumplir, mismo que la referida sentencia cumplió a cabalidad, y al ser una sentencia de estar apagada al derecho y la justicia. En base a los argumentos anteriormente expuestos y refutar los alegatos y contenido del Recurso de Casación planteado por la parte demandante- recurrente, sin tener los motivos y preceptos autorizantes relacionados con las infracciones legales, para la sustentación del presente recurso. Por no ajustarse a la clínica procesal formal; hago la siguiente petición.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, con fecha treinta de enero del dos mil diecisiete, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo el recurso de casación presentado por el abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, representante procesal de la sociedad SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. (SEAGRO), contra la sentencia dictada por la misma Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, el día treinta de noviembre del dos mil diecisiete, en la DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO, RECLAMACION DE PAGO POR IMPORTE DE TRES MILLONES DE LEMPIRAS, (L.3,000.000.00) promovida ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por la abogada DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO, actuando en su condición de representante procesal del señor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS, contra la sociedad mercantil denominada “SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A. (SEAGRO)”, a través de su representante el señor DAVID RICARDO HERNANDEZ SEGURA. 2. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ. “PRIMER MOTIVO: POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción del Art. 200.2 literal b), del Código Procesal Civil. La infracción procesal señalada se produjo en la sentencia por infracción de normas procesales que regulan su forma y contenido; son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, o sea, al elaborarla. El Art. 200 del Código Procesal Civil, en el numeral 2, preceptúa “en particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente” y al final de la letra b), exige como parte de los antecedentes de hecho, la declaración de “los hechos probados”, frase ésta que se subrayó en el enunciado del motivo para indicar donde se efectuó la infracción procesal. Al leer detenidamente la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto, pues la Corte recurrida la omitió. Es una práctica viciosa en muchas Cortes de Apelaciones que declaran con lugar los recursos de apelación y, desde luego, revocan el fallo de primera instancia, omiten hacer la declaración de hechos probados creyéndola innecesaria, cuando ninguna norma del CPC prescribe desobligarse de tal exigencia; esta brecha de arbitrariedad afecta el debido proceso y dado que en nuestra regulación de la casación ya no existen las impugnaciones por infracciones de error de derecho y de hecho, esto de alguna manera posibilita la distorsión, mutilación o tergiversación de las pruebas, o la no atribución o disminución del valor probatorio que les corresponde. Para evitar esta arbitrariedad la declaración de hechos probados es trascendental y obligatoria en los casos donde se practicó prueba y especialmente para un tribunal de alzada que revoca el fallo de primera instancia, por haber llegado a una conclusión distinta con el mismo material probatorio. La declaración de hechos probados es un requisito formal de la estructura de la sentencia, cuya exigencia se colige también claramente del Art. 715.3 del Código Procesal Civil y su omisión dificulta ostensiblemente el desarrollo de la impugnación tanto por infracción de normas procesales como de normas materiales; tal omisión se ha dado en el presente caso porque la Corte recurrida al hacer los pronunciamientos del fallo, restó total y absoluta importancia a la declaración de hechos probados que al revocar el fallo apelado estaba obligado a hacer, o sea, a reformularlos que el juez declaró en primera instancia. Se constata esta infracción al contrastar lo que se afirma en este motivo y los antecedentes de hecho de la sentencia ahora impugnada. Además, la sentencia debe contener la declaración de hechos probados, porque esta fijación es parte esencial de la expresión de los razonamientos fácticos, los que junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la aplicación e interpretación del Derecho; pero en este caso concreto la Corte recurrida argumentó“...ya que la existencia de dichos pagarés más que un egreso representa un crédito pendiente de cobro a favor de dicha sociedad, y. a cargo de los señores JUAN JOSÉ OSORTO ORDOÑEZ y DAVID HERNÁNDEZ, quienes a consecuencia de la suscripción de los mencionados pagarés, se vuelven deudores de la sociedad…” (ver últimos párrafos del PRIMERO de los fundamentos de derecho de la sentencia acusada); pero esos señores el 6 de septiembre de 2010 subscribieron esos pagarés en calidad o carácter de representantes de la sociedad SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A., SEAGRO, resultando esta sociedad la verdadera subscriptora, que el Código de Comercio como regla general lo considera como aceptante, lo que debió ser fijado en los hechos probados; es decir, la deudora cambiaria es dicha sociedad, porque a ella se le atribuye la promesa incondicional de pago a favor de DAVID RICARDO HERNÁNDEZ SEGURA de la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,500,000.00) y, en el otro, a JUAN JOSÉ OSORTO ORDOÑEZ la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,500,000.00); de esa manera, tales pagarés representan un egreso del patrimonio de esos señores en su carácter personal y a favor de ellos resulta un crédito pendiente de cobro. Siendo la naturaleza jurídica de los títulos valores “cosa mercantil”, el tribunal de alzada descartó el registro de los pagarés de la contabilidad de la expresada sociedad y su vinculación al registro en partida única de la operación de compraventa de mérito ya manera de presunción también argumentó: “… si bien se puede colegir que con dichos títulos valores se puede representar que SEAGRO, o, ha brindado un crédito representado en productos a los señores OSORTO Y HERNÁNDEZ, o les ha brindado un préstamo garantizado con los pagarés referidos; no se refleja con dichos documentos que el señor PASTOR RUIZ CANALES, haya recibido valor alguno por la transacción de compra venta de los terrenos consignados en el Instrumento Público autorizado por el Notario HERNÁNDEZ VELÀSQUEZ…”. Todo esto la Corte recurrida estaba obligada a fijarlo en la declaración de hechos probados, pues así se deduce del Art. 478.1.2 del CPC. Sin duda esta controversia es uno de los supuestos en que la estructura de la sentencia, conforme al Art. 200.2 letra b) del CPC, encuadra en la hipótesis jurídica “en su caso”, por ende, sí es necesaria la fijación o declaración de “hechos probados”. Al no entenderlo así la Corte recurrida infringió la relación de los preceptos procesales expresados en el enunciado de este motivo, afectando el de hecho establecido en la ley procesal, incurriendo en irracionalidad y arbitrariedad. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción debido proceso porque no cumple con una importante formalidad en los antecedentes en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil, en su Art. 719.1.c) Causales del Recurso, en la parte que dice: “...c) La forma y contenido de la sentencia”. Respuesta de la Sala de lo Civil referente al primer motivo enunciado: En lo que respecta a la declaración de hechos probados en la forma como cuestiona el Impetrante esa ausencia o falta de redacción de los mismos por parte de la Corte sentenciadora, es menester señalar que la mayoría de las sentencias no contienen un relato diferenciado de hechos probados y, si lo contienen, suele aparecer en la fundamentación jurídica; siendo lo normal que los hechos relevantes que se han considerado como probados se reflejen en distintos lugares de la fundamentación acompañados de la expresión de los medios por los que se consideran acreditados y la mención de las consecuencias jurídicas que se extraen de los mismos. Por lo que no parece ser un requisito insoslayable para las sentencias siempre y cuando de la lectura del fallo se comprenda que fueron relacionados en la fundamentación jurídica del mismo. Además de lo antes señalado, indica el Censor que ocurrió una infracción por parte del ad quem al artículo 715.3 del Código Procesal Civil, norma está que se refiere al alcance que deberá observar el Tribunal al momento de emitir su fallo; no obstante, de la lectura del motivo se desprende de que el petente no es claro en señalar con precisión y claridad de qué manera ocurre la infracción denunciada al precitado artículo 715.3 del Código Procesal Civil. Asimismo, tampoco menciona la infracción relacionada a la norma citada como infringida, a saber, el artículo 200.2 literal b) del Código Procesal Civil, es decir cómo ocurrió por parte del sentenciador de segundo grado una falta de aplicación, aplicación indebida o bien una interpretación errónea de la misma a efecto de llevar a esta Sala al convencimiento que esa infracción cambiaría el sentido de la resolución impugnada. Finalmente, en el mismo motivo señala infracción del artículo 478.1 del Código Procesal Civil que se refiere a las presunciones judiciales, sin dejar establecido si esa norma la impugna por alguna de las causas señaladas en la ley. Es por todos y cada uno de los defectos enunciados que procede declarar inadmisible el primer motivo casacional conforme al artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. 3. “SEGUNDO MOTIVO. POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción del Art. 200.1.2 literal c) del Código Procesal Civil, o sea, en las partes que dicen: “1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados…2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: ...c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso…”; en relación con el Art. 207.2 del mismo Código Procesal Civil. También como el anterior motivo, se trata de errores producidos en la sentencia por infracción de normas procesales que regulan su forma y contenido; por consiguiente, son vicios internos producidos al estructurar la sentencia, es decir, en su elaboración, incurriendo en infracciones que la invalidan. Con mucho respeto hago notar a los ilustres Magistrados de la Sala Civil, que muchos órganos judiciales tanto de primera y segunda instancia, al dar las razones y fundamentos legales del fallo que dictaron, tergiversan, mutilan o ignoran el material probatorio, llegando a estructurar o dictar sentencias sin motivación fáctica, o ésta es insuficiente, irracional o carente de carácter lógico. En el caso de autos se sostiene que la motivación es irracional y carece de carácter lógico. Sin lugar a dudas que la sentencia impugnada no cumple con el Art. 200.1 y .2 literal c) del Código Procesal Civil en relación con el Art. 207.2. del mismo Código, porque la adecuada motivación al estructurar la sentencia, conlleva para el órgano jurisdiccional la obligación de pronunciarse sin tergiversar los hechos. Sorprendentemente en el caso de autos, la Corte recurrida argumentó “... ya que la existencia de dichos pagarés más que un egreso representa un crédito pendiente de cobro a favor de dicha sociedad, y a cargo de los señores JUAN JOSÉ OSORTO ORDOÑEZ y DAVID HERNÁNDEZ, quienes a consecuencia de la suscripción de los mencionados pagares, se vuelven deudores de la sociedad…” (ver últimos párrafos del PRIMERO de los fundamentos de derecho de la sentencia); esta tergiversación del tribunal de alzada cae por su propio peso, porque esos señores, DAVID RICARDO HERNÁNDEZ SEGURA y JUAN JOSÉ OSORTO ORDOÑEZ, el 6 de septiembre de 2010 subscribieron los pagarés por un importe de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,500,000.00), en calidad o carácter de representantes de la sociedad SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A., SEAGRO, resultando esta sociedad la verdadera subscriptora, sujeto cambiario a quien el Código de Comercio por regla general considera como aceptante; es decir, realmente la deudora cambiaria es dicha sociedad, porque a ella se le atribuye la promesa incondicional de pago a favor de DAVID RICARDO HERNÁNDEZ SEGURA de la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,500,000.00) en un pagaré y, en el otro, a JUAN JOSÉ OSORTO ORDOÑEZ la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,500,000.00); así las obligaciones cambiarias que se derivan de la subscripción de tales títulos valores están a cargo de SEAGRO, porque ellos actuaron en representación de dicha sociedad y dichos señores son los beneficiarios de tales títulos, de esa manera, conforme a las normas que rigen el razonamiento lógico dichos pagarés sí representan un egreso del patrimonio de tales señores en su carácter personal y a favor de ellos resulta un crédito pendiente de cobro y, por ende, existe la respectiva obligación cambiaria a cargo de la susodicha sociedad (seagro), de tal manera que ellos son acreedores de ésta y no deudores como irracional o ilógicamente concluyó el tribunal recurrido. Además, si la naturaleza jurídica de los títulos valores es ser “cosa mercantil”, los referidos pagarés cuyos importes suman L 3,000,000.00, el tribunal de alzada no debió descartar su registro de la contabilidad de SEAGRO y su vinculación al registro en partida única de la operación de compraventa de los cuatro inmuebles. Sin duda tales títulos valores respaldan la cantidad de dinero proporcionada por los socios para pagar el precio de la compraventa de los cuatro inmuebles, pero arbitrariamente el tribunal de alzada descartó su registro de la contabilidad de SEAGRO y su vinculación al registro en partida única de la operación de compraventa de los cuatro inmuebles. Queda demostrada que la sentencia tiene el vicio interno de haberse consignado argumentación irracional y contra el carácter lógico de los efectos de la suscripción de los pagarés, ya que el tribunal de alzada actuó distorsionando principios de derecho cambiario que dominan la regulación en el Código de Comercio, como es el caso de la literalidad y la legitimidad en tales documentos cambiarios que, como cosas mercantiles, inciden sobre el alcance y modalidad de los derechos incorporados en ellos, atinentes a la calidad de aceptante de esta sociedad y, por ende, de deudora, en virtud de que la Corte recurrida arbitrariamente les atribuyó la calidad de deudores a quienes aparecen en los pagarés como beneficiarios o tenedores. Esas argumentaciones erradas consignadas en el fundamento “PRIMERO” de los Fundamentos de Derecho de la sentencia impugnada, configuran la motivación irracional y contraria a la lógica jurídica en la búsqueda de la verdad, pues el mismo tribunal de alzada distorsionó los principios aludidos por alterar la literalidad en la forma explicada y de paso atribuyendo a un sujeto cambiario una calidad distinta, SEAGRO, a quien la calificó como acreedora cuando carece de legitimación como dueña del pagaré, e inmediatamente distorsionó el registro contable, desconociendo como ingreso el importe de los pagarés y su contrapartida de una deuda a favor de los beneficiarios y tenedores de ellos, los señores OSORTO Y HERNÁNDEZ, quienes tienen un crédito a su favor y contra dicha sociedad; evidenciándose más la arbitrariedad de la Corte recurrida, en el argumento subjetivo de suponer o especular que dicha sociedad les ha brindado un crédito en productos a dichos señores o un préstamo garantizado con tales pagarés. Al no entenderlo así, la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo, afectando la tutela judicial efectiva. Así queda precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Código Procesal Civil, en su Art. 719.1.c) Causales del Recurso, en la parte que dice: “...c) La forma y contenido de la sentencia”, por la remisión que hace el 720.2 del mismo Código. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto, como la argumentación contenida en la motivación de la sentencia es contradictoria y tergiversadora, que afecta directamente el patrimonio de mi representada por no reconocer el pago del precio, se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, porque ello es determinante de un sentido diferente del fallo”. Respuesta de la Sala en lo que se refiere al segundo motivo de casación. De la lectura del segundo motivo casacional no encuentra está Sala qué tipo de infracción considera el Recurrente cometió el tribunal sentenciador relacionado con la norma o normas consideradas como infringidas, es decir si hubo una falta de aplicación, una aplicación indebida o una interpretación errónea de las mismas. También aprecia la Sala que en la formulación del motivo de casación segundo el Impetrante no ataca la ratio decidendi de la sentencia sino otro razonamiento accidental, tal es el razonamiento referente a dos pagarés que no constituyen el objeto del proceso. Así lo viene señalando la doctrina que se trata de consideraciones estériles, por “carencia de efecto útil”, las consideraciones sobre argumentos expuestos a modo de refuerzo o a mayor abundamiento.[1] Es por lo anterior que para este Tribunal de Casación no se cumple con la incidencia de la infracción de la resolución impugnada en que no lleva a la Sala al convencimiento en como dicha infracción cambiaría el sentido diferente del fallo. Además, que más que cuestionar la motivación por insuficiente o irracional, junto con los requisitos internos en la sentencia bajo la causal en lo que respecta a la forma y contenido de la sentencia, lo que hace es discutir sobre la interpretación que se hace en la aplicación del Código de Comercio por parte del juzgador de instancia. Es por los defectos enunciados que procede inadmitir el segundo motivo de casación en aplicación del artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. 4. “TERCER MOTIVO. IMPUGNANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. Infracción por falta de aplicación del Art. 13 de la Ley Sobre Normas de Contabilidad y Auditoría, Decreto N° 189-2004, y 594 tercer párrafo del Código de Comercio, en la parte que dice: “El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo que se ejercite en su contra la acción causal o la de enriquecimiento, casos en los que se equipara al girador”. Establece esa Ley Sobre Normas de Contabilidad y Auditoría en su “Art. 13. Contabilidad por Medio Electrónico Similar. “Los comerciantes y demás personas jurídicas pueden llevar su contabilidad en forma manual, en hojas sueltas o por sistemas mecanizados, magnéticos, electrónicos o cualquier otro sistema, siempre que el sistema que se adopte, asegure una visión clara, rápida, completa de la situación contable de la empresa. En todo caso, los comerciantes y demás personas jurídicas están en la obligación de notificar al Servicio de Administración de Rentas (SAR), antes Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), cuál será el sistema que adoptará para llevar su contabilidad, en caso de no llevarse en forma manual”. Por su parte el Art. 594 tercer párrafo del Código de Comercio, en la parte infraccionada dice: “El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo que se ejercite en su contra la acción causal o la de enriquecimiento, casos en los que se equipara al girador”. Para estimar el recurso de apelación y revocar la sentencia de primera instancia, la Corte recurrida se fundamentó en el Art. 9 de la Ley Sobre Normas de Contabilidad y Auditoría, en lo atinente a que “…Todo comerciante y demás personas jurídicas están obligadas a llevar y mantener en sus establecimientos registros de contabilidad debidamente organizados en forma íntegra, de tal manera que indique en forma clara, razonable y precisa los resultados de sus operaciones anuales o fracción de año…” y afirmó que se pudo constatar que la sociedad SEAGRO no puso a la vista de la jueza encomendada para tal diligencia los libros contables, asimismo que en la documentación que le brindaron no aparece reflejada en las partidas contables respectivas la transacción de compraventa, realizada por la sociedad mercantil SEAGRO; pero ignoró la existencia del Art. 13 de la Ley Sobre Normas de Contabilidad y Auditoría, que permite llevar la contabilidad por medios mecanizados, magnéticos, electrónicos o cualquier otro sistema; y teniendo la demandada SEAGRO, S.A., debidamente organizada su contabilidad, que lleva en forma electrónica conforme a éste último Art., registró en una sola partida la operación contable relativa a la venta de los inmuebles que le hizo el demandante, incluyendo el registro de los dos pagarés referidos en los últimos párrafos del fundamento PRIMERO de la sentencia recurrida; luego, electrónicamente se registró en una sola partida el crédito que resulta del contenido de los derechos que incorporan los pagarés a favor de sus beneficiarios, JUAN JOSÉ OSORTO ORDÓÑEZ Y DAVID HERNÁNDEZ, porque resulta de dichos pagarés que estos señores son acreedores cambiarios de la sociedad, porque suscribieron esos títulos valores en carácter de representantes de la sociedad SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A., SEAGRO, por lo que a ésta se le atribuye el concepto de suscriptora, con la calidad de aceptante según el tercer párrafo del Art. 594 de nuestro Código de Comercio; pero aun existiendo, esta norma fue ignorada por completo por el tribunal de alzada en la sentencia recurrida, y yerra al calificarla como acreedora, equivocando la imputación de los efectos de la firma del subscriptor de un pagaré, quien es el principal obligado en este título valor; en consecuencia, es irrazonable y contraria a las máximas de experiencia, como se colige del fundamento Primero de la sentencia impugnada, que en el corto lapso de tiempo de un mes, el comerciante SEAGRO, S.A., deba al vendedor de los inmuebles el precio de TRES MILLONES DE LEMPIRAS y que también deba esa misma cantidad a sus principales socios JUAN JOSÉ OSORTO ORDOÑEZ y DAVID HERNÁNDEZ, quienes por virtud de los pagarés más bien proporcionaron esa cantidad de dinero a la sociedad Seagro para el pago por la compra de los inmuebles precitados. Este motivo se halla comprendido en el “Art. 719. Causales del Recurso…2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, del Código Procesal Civil. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto la sentencia al no reconocer que la sociedad SEAGRO lleva su contabilidad en registros contables en forma electrónica, no reconoció la partida única y violó el contenido del tercer párrafo del Art. 594 del Código de Comercio, descartando el pago del precio reconocido por el demandante en la escritura de compraventa”. Respuesta de la Sala de lo Civil referente al tercer motivo de casación. No resulta ser de recibo este tercer motivo casacional para la Sala, en virtud de que señala como norma infringida por falta de aplicación el artículo 594 párrafo tercero del Código de Comercio, en lo que respecta a que “el suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo que se ejercite en su contra la acción causal o la de enriquecimiento, casos en los que se equipara al girador”, norma está que ostenta el carácter de general, y aunado a esto la relaciona con el artículo 13 de la Ley Sobre Normas de Contabilidad y Auditoría que se refiere a que “…los comerciantes y demás personas jurídicas pueden llevar su contabilidad en forma manual, en hojas sueltas o por sistemas mecanizados, magnéticos, electrónicos o cualquier otro sistema, siempre que el sistema que se adopte, asegure una visión clara, rápida, completa de la situación contable de la empresa. En todo caso, los comerciantes y demás personas jurídicas están en la obligación de notificar al Servicio de Administración de Rentas (SAR), antes Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), cuál será el sistema que adoptará para llevar su contabilidad, en caso de no llevarse en forma manual…”, una norma específica en lo que respecta a la causa pretendi en el presente proceso; no obstante, ambas normas entre sí no guardan ninguna relación, ya que la primera de ellas se refiere a las disposiciones aplicables según el Código de Comercio a los pagarés y la segunda a las normas de contabilidad en una empresa; es decir, el Impetrante debió desarrollar la violación a dichas normas de manera separada e independiente, a efecto de no viciar la claridad y precisión del motivo enunciado. Finalmente, al explicar el motivo precitado lo dirige única y exclusivamente refiriéndose a la suscripción de dos pagarés que no son objeto del proceso y su valoración dentro del mismo, lo que resulta ser inútil por no llevar al tribunal al convencimiento en como esa infracción cambiaría la decisión a que llega el juzgador en el sentido de la resolución adoptada. Por lo antes señalado procede desestimar el tercer motivo de casación al tenor de lo dispuesto en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. 5. CUARTO MOTIVO DE CASACION. “IMPUGNANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. Infracción de ley material por falta de aplicación, al no haber sido empleados en la solución del fondo del litigio los siguientes artículos: Del segundo párrafo del Art. 14 de la Ley del Notariado; del 1422, 1435 del primer párrafo que dice: “…El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada…”, y primer párrafo del 1576, estos tres últimos del Código Civil. El Art. 14, segundo párrafo, de La Ley del Notariado dice: “…El contenido de las escrituras públicas son las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento y los contratos de toda clase”. El Art. 1422 del Código Civil dice: “Se entenderá pagada una deuda cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía”. El Art. 1435 del Código Civil, en lo pertinente de su primer párrafo dice: “…El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada…”. El Art. 1576 del Código Civil, en su primer párrafo dice: “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas…”. El primer hecho de la demanda se rechazó por parte de mi representada, al contestar la demanda en el acápite donde expresamente contestó la relación de hechos de la demanda, pues en la fecha en que se presentó la demanda la titularidad de los cuatro inmuebles corresponde a mi poderdante, SEAGRO, como la misma parte demandante en el segundo hecho de la demanda reconoció esto al celebrar el contrato de compraventa sobre los cuatro inmuebles, a favor de SEAGRO, quien adquirió legítimamente la titularidad sobre los inmuebles objeto de la compraventa. El texto del Art. 14, segundo párrafo, de la Ley del Notariado es bastante claro y, en el caso concreto, efectivamente la escritura pública N° 1212 que autorizó el Notario, abogado José Roberto Hernández Velásquez, uno de sus contenidos es el contrato de compraventa aludido, porque en la “Cláusula Primero”, que forma parte de la estipulación de dicha escritura pública, se describen los inmuebles que pertenecían al demandante Ruiz Pastor Canales Fiallos y, en la cláusula segunda continúa consignándose la declaración de voluntad del vendedor concluyendo la venta de los cuatro lotes de terreno y se determina el precio convenido con la sociedad compradora igual a TRES MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 3,000,000.00), donde él declara: “…los que confiesa tener recibidos a su entera satisfacción de manos del comprador…”; y luego termina esa parte de la escritura, o sea, la estipulación, con la cláusula ”Tercero”, donde la sociedad compradora por intermedio de su representante declara que es cierto lo manifestado por el señor Ruiz Pastor Canales Fiallos y acepta la venta de los cuatro lotes de terrenos, siendo posteriormente inscrito el dominio a favor de SEAGRO bajo asientos N° 42 del tomo 242 del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad y Mercantil con sede en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, y el N° 15 del tomo 632 del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad y Mercantil con sede en la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá; todo lo cual indica que se cumplió con las formalidades que establece el Art. 713 del Código Civil, relativas a la tradición de bienes raíces a favor de mi representada SEAGRO. De lo expuesto, sin duda que la Corte recurrida debió aplicar el Art. 14 segundo párrafo de la Ley del Notariado, puesto el contenido de esa escritura pública está regulado por tal precepto. Del contexto del contrato de compraventa de los cuatro lotes de terreno, aludido en el párrafo anterior, y dada la declaración del vendedor ante un Notario que está en el ejercicio de sus funciones, se colige que el pago que el vendedor declaró, confesó tener recibidos a su entera satisfacción de manos del comprador, encaja o se subsume en la hipótesis o concepto jurídico del Art. 1422 del Código Civil, por lo que tanto los otorgantes y el Notario, así como todos los terceros entendemos que el comprador, SEAGRO, ha pagado el precio adeudado, o sea, que el precio fue completamente entregado, por ende, este Art. lo debió aplicar el tribunal recurrido. Además, siendo la compraventa un contrato consensual porque se perfeccionó con el consentimiento del vendedor y comprador sobre el precio y objeto de la compraventa; bilateral, porque ambas partes se obligaron recíprocamente; oneroso, porque ambos contratantes teniendo por objeto su utilidad, se gravaron cada uno en beneficio del otro; y, es conmutativo, porque los cuatro lotes de terreno que hizo tradición el vendedor, a favor de la sociedad compradora, se mira como equivalente al precio que declaró el vendedor, confesó haberlo recibido de manos del comprador, en principio entendiéndose en “Lempiras”, que fue la especie pactada, tal como lo prevé el Art. 1435 del Código Civil, que en lo pertinente de su primer párrafo dice: “…El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada…”; y después de haber transcurrido prácticamente tres años de que en este caso particular, el vendedor demandante confesara ante el Notario que recibió el precio de manos del comprador, o sea, los tres millones en Lempiras, que es la moneda pactada de curso legal en nuestro país, entendemos que tal declaración consignada en la escritura pública también encaja en ese supuesto jurídico del Art. 1435 recién citado, deduciéndose que el comprador tuvo por pagado el precio aunque no haya expresado el motivo de recibirlo en efectivo o mediante otra modalidad; precepto este que también debió aplicar la Corte recurrida en el fallo ahora impugnado. En este caso particular, lo expuesto responde a una interpretación fiel literal del contrato de compraventa de mérito, tal como fue consignado en la escritura pública referida al principio de este motivo, lo que hace las veces de recibo para la sociedad compradora, aunque el vendedor haya omitido extenderle otro por aparte, porque le estaba haciendo tradición de los inmuebles con la escritura pública y la inscripción registral; interpretación prevista en el Art. 1576 del Código Civil, cuya existencia ignoró la Corte recurrida al no aplicarlo en la sentencia recurrida; Art. que en su primer párrafo dice: “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas…”; tal violación, al igual con las otras relativas al conjunto de los Arts. citados como infringidos en este motivo, constituyen infracciones a normas que debieron emplearse en la solución del fondo de este litigio, pero resulta evidente que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, ignoró la existencia de los mismos omitiendo aplicarlos en la sentencia recurrida; o sea, arbitrariamente no citó o invocó ningún Art. del Código Civil para resolver el caso, violando las normas de derecho expresadas en el enunciado, cuya infracción sustenta este motivo, lo cual es censurable en un asunto esencialmente civil. Este motivo se halla comprendido en el “Art. 719. Causales del Recurso…2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, del Código Procesal Civil. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: Este caso concreto, el tribunal de alzada al no entenderlo según las normas señaladas como infringidas, en la sentencia impugnada agravia a la parte demandada, por no reconocer que la sociedad SEAGRO cumplió con su prestación pagando el precio, como lo declaró el vendedor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS, en la estipulación de la escritura pública donde se consignó la compraventa de los cuatro inmuebles, y al descartar lo confesado por el vendedor sobre el pago del precio de la compraventa, le causó perjuicio porque la tiene como deudora del precio, afectando su patrimonio”. Respuesta de la Sala con respecto al cuarto y último motivo de casación. Este Tribunal de Casación encuentra que el Censor señala como normas infringidas por falta de aplicación los artículos 14.2 de la Ley del Notariado, 713, 1422, 1435, 1576 primer párrafo del Código Civil, resultando impropio para efectos de casación el fundar la recurrencia en un conjunto indiscriminado de normas que se refieren a distintas situaciones jurídicas respecto de los contratos y la tradición de bienes; es decir, hace una cita indiscriminada de normas en un solo motivo, las que debió desarrollar de manera separada e independiente. El Impetrante cuestiona los hechos de la demanda y la contestación cuya revisión constituye una exclusión en casación como lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. Por lo antes señalado procede desestimar el cuarto motivo de casación al tenor de lo dispuesto en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Civil, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 199, 206, 207, 208, 245, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 numeral 2) inciso a), 724, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus cuatro motivos interpuesto por el abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, representando en juicio a la sociedad SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A. (SEAGRO). 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, el treinta de noviembre del dos mil dieciséis, en el expediente de apelación número 0801-2013-03984-CPCO, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2013-03984-CPCO del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán. 3) Condena en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. Redactó la Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil diecinueve; Certificación del auto de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 36=2017.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Práctica Procesal Civil de los Recursos de Casación y Extraordinario por Infracción Procesal. Antonio Salas Carceller. Pag. 81